Política de desalojo del Banco Mundial
Forest Peoples Programme / Center for International Environmental Law
agosto 2001

Debido a la presión que muchas organizaciones indígenas y no indígenas han hecho al Banco Mundial durante la primavera, el Banco ha hecho algunos pequeños cambios en su retrógrada política de desalojo. Pero, pese a ello, la Política Operativa contiene aún elementos que violan los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.

Es muy alarmante que en el borrador de esta política siga manteniéndose que se permitirá el realojo forzoso de pueblos indígenas incluso si ello puede tener como resultado "impactos adversos significativos sobre su identidad y supervivencia cultural" (par. 9: borrador OP4.12).

Esperamos que puedan participar en esta acción para persuadir al BM para que cambie esta política y adopte una postura clara en contra del realojo forzoso de la población indígena.

El borrador final de esta política será enviado a la Junta para su aprobación a finales de agosto o en septiembre de 2001.

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La presión de las organizaciones ha hecho que el Banco haya eliminado algunas de las medidas más ofensivas del borrador anterior. Por ejemplo, han eliminado la mención a "usos ilegales de los recursos naturales" y ahora se dice claramente que en el caso de las poblaciones afectadas negativamente por la creación de parques, se contará con su participación en el diseño del proyecto además de en su implementación.

La propuesta más peligrosa del borrador de Marzo de 2001, que permite que el Banco y sus prestatarios puedan desalojar forzosamente poblaciones indígenas incluso si esto tiene como resultado "efectos adversos significativos" para su "supervivencia cultural", SIGUE MANTENIÉNDOSE EN EL BORRADOR FINAL DE JULIO EN UN NUEVO PARRAFO, que admite que el Banco dará apoyo en esos desalojos forzosos "cuando no sea viable evitar el desplazamiento" (pár. 9:9 OP4.12).

El que hayan mantenido esta ofensiva medida en su borrador final sin modificarla es un desprecio total hacia las organizaciones que han intentado que se modificara o eliminara.

Hay otras preocupaciones de las organizaciones de los pueblos indígenas y de la sociedad civil que tampoco se han tenido en cuenta en este borrador final que se ha enviado a la Junta para su aprobación. En este borrador:

• no se incorpora el principio de consentimiento fundamentado previo y por tanto es contrario a estándares internacionales de derechos humanos como los de la OIT o los que se están desarrollando en la OEA o en las Naciones Unidas
   

• no se define reasentamiento voluntario. Esto puede ser un incentivo para los prestatarios, que pueden calificar cualquier desalojo como "voluntario" y así no tendrán que ajustarse a ningún otro requerimiento
   

• no exige evaluaciones previas de riesgos sociales y de pobreza. Estas son solo consideradas "buenas prácticas", es decir, recomendaciones pero no obligaciones (nota 4:OP4.12) 
   

• no cubre impactos indirectos

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