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Queja formal contra la empresa Pizano S.A. (Colombia) certificado con el FSC por SmartWood desde el año 2001.


 

 

Madrid, 5 de diciembre de 2005

Para: SmartWood
Programa de la Rainforest Alliance
Katherine Pierront
kpierront@smartwood.org
Directora de la Oficina Regional de América Latina

Cc: - Ariel Zorrilla (Argentina)
argentina@smartwood.org
- Jaime Micah Lawrence (Coordinador de Europa)
jlawrence@smartwood.org
- FSC - Latinoamérica

Estimada Katherine Pierront:

En el mes de febrero del presente año las organizaciones españolas GREENPEACE - ESPAÑA; ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR); ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-ARAGÓN; ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN LAS SEGOVIAS (ACSUR); PAZ CON DIGNIDAD; la organización inglesa COLOMBIAN SOLIDARITY CAMPAIGN, así como las COMUNIDADES DE AUTODETERMINACIÓN, VIDA Y DIGNIDAD DEL CACARICA CAVIDA (Colombia) y la COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ (Colombia), presentaron una queja formal contra la empresa colombiana PIZANO S.A., que cuenta con una certificación de SmartWood, en la que se solicitó que:

- Se revoquen las certificaciones otorgadas por el Programa SmartWood de la Rainforest Alliance a las operaciones forestales realizadas por la Compañía Pizano S.A., sin perjuicio de las demás acciones legales e internacionales que el Programa SmartWood y la Rainforest Alliance estimen pertinentes en el presente caso.
- Se declare y publique que la compañía Pizano S.A. ha realizado operaciones de manejo forestal ilegales, extractivas, indiscriminadas y no sostenibles sobre territorios de propiedad colectiva de una minoría étnica en la Cuenca del Río Cacarica, Chocó, Colombia.
- Se declare y publique que la Compañía Pizano S.A. ha generado la destrucción sistemática y a gran escala de especies forestales frágiles, protegidas y en peligro de extinción, tales como el cativo (prioria copaifera) sobre dichos territorios.
- Se declare y publique que la compañía Pizano S.A. ha generado graves impactos sobre la biodiversidad y el entorno vital de las minorías étnicas dependientes de las especies forestales explotadas.

Después de seis meses de espera y varias cartas dirigidas a ustedes (1), SmartWood decidió dar seguimiento a la queja y adelantó una visita a Colombia entre el pasado 5 y 12 de septiembre, en la que, por primera vez, las comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica (CAVIDA), ex funcionarias de la Defensoría del Pueblo, representantes del sector sindical, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, las ONGs ambientalistas Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia y la Fundación Natura, así como otras instituciones como la Iniciativa Nacional del FSC-Grupo de Trabajo Certificación Forestal Voluntaria, bajo la observación de Greenpeace-España, pudieron dar a conocer sus denuncias, análisis, documentos y testimonios sobre la extracción de madera en el Bajo Atrato y en los municipios de Zambrano y Córdoba en el Departamento de Bolívar por parte de la empresa Maderas del Darién - Pizano S.A.

Las organizaciones abajo firmantes nos ponemos nuevamente en contacto con SmartWood con el objetivo de solicitar información sobre los resultados que ha arrojada la auditoria celebrada en septiembre. Lastimosamente tenemos que decir públicamente que hasta la fecha las organizaciones firmantes de la queja no han recibido ninguna información acerca del proceso de auditoria ni sobre sus resultados. Entendemos que tanto las organizaciones firmantes de la queja formal en concreto como la sociedad civil en general tienen derecho a saber qué se ha hecho en relación a la queja y cuales fueron las acciones emprendidas por SmartWood a raíz de la misma y las conclusiones resultantes de ellas.

Según las propias definiciones, el Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council - FSC) se ha creado como una entidad internacional para acreditar a las organizaciones certificadoras, con el objeto de garantizar la autenticidad de sus certificaciones (2). Entendemos que el FSC implica un manejo público de la información y los propios certificados (3) lo que obliga a las certificadoras informar a las partes interesadas sobre el estado de certificación y los resultados de las auditorias realizadas. Más aun cuando se trata, como en el presente caso, de una empresa certificada que está acusada de estar vinculada con atroces violaciones de los derechos humanos y el grave incumplimiento de los principios del FSC.

Aprovechamos la ocasión para informarles que el conflicto que se vive en la región del Cacarica –Bajo Atrato donde la empresa Pizano S.A. es responsable de tala ilegal de madera, se empeora día tras día. Según el Informe 50 de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que les adjuntamos con esta carta, un paramilitar quien participó en la estructura criminal que desarrolló la operación ‘Génesis’ al mando del ex General del ejército colombiano RITO ALEJO DEL RIO en febrero de 1997 (4), y que hoy se encuentra vinculado en el desarrollo de obras de infraestructura en Bocas de El Limón en el Cacarica, el pasado 21 de noviembre expresó: “Yo jugué fútbol con la cabeza de alguien en la comunidad de Bijao en 1997” e indicando a los soldados de la Brigada 17 agregó: “si los soldados me entregaran un arma, yo haría que las cosas se manejaran mejor aquí en estas comunidades”.

La sola tentación del uso de las armas para “ordenar” las Zonas Humanitarias, como la de CAVIDA en el Cacarica, según él supuesto paramilitar “desmovilizado”, coincide con las concepciones militares sobre las mismas. Desde que estas Zonas Humanitarias fueron constituidas en junio del 2001 por las comunidades de CAVIDA han sido descalificadas. De ellas se ha afirmado que son lugares de refugio de terroristas, campos de concentración, sitios de tortura, espacios de desinstitucionalización, “zonas vedadas” y de sometimiento a la población para la adquisición de recursos de la comunidad internacional. A eso se ha sumado una serie de montajes judiciales y campañas de desprestigio mediático a nivel nacional e internacional en los Estados Unidos.

En esta misma línea puede interpretarse las reacciones de un oficial del ejército, Coronel DUQUE (5), quien ante el Informe Ejecutivo 48 de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, pretendió desvirtuarlo, tergiversando sus contenidos centrales, justificando el consumo de marihuana en el ejercicio de sus responsabilidades, negando las actuaciones aberrantes de la Brigada 17 contra los niños y mujeres que habitan en la Zona Humanitaria.

Los habitantes de las dos primeras Zonas Humanitarias creadas en Colombia, las del Cacarica, concreción del Derecho Humanitario y reconocidas en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2003, son blanco de falsos procesos judiciales, de hostigamientos militares en los que se niega su derecho a la memoria y a la verdad. Las agresiones contra estas comunidades, son muestra de un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que imposibilita la afirmación de la Justicia y de la Reparación Integral, según las normas de DDHH de las NNUU.

Por otra parte informarles sobre la mercantilización de los territorios a través de leyes, como la llamada Ley Forestal colombiana. Se trata no solo de una flexibilización de los derechos sobre la tierra reconocida a los pueblos afrodescendientes e indígenas sino de una negación profunda de sus derechos ancestrales, su identidad socio cultural, el desconocimiento de la igualdad y de la biodiversidad cultural que consagra la Constitución colombiana y el Derecho Internacional. La derogación sutil –pues se disfraza en discursos de participación y calidad de vida, conservación y desarrollo sustentable- de los derechos de los pueblos tribales coincide con el proceso de institucionalización paramilitar a través del cual se instaura un nuevo mecanismo de impunidad por medio de la ley 975 de “Justicia y Paz” y las lógicas del mercado global excluyente, antes incluso que se apruebe el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los EEUU.

Mientras la militarización territorial avanza con la reestructuración de los “civiles” armados desmovilizados, la reconfiguración en cuerpos policiales cívicos, participación de los civiles en los esquemas de funciones represivas, así como en las gestación empresarial de intervención de los paramilitares vinculados a economías, en apariencia legales, como el aprovechamiento forestal, el despojo de propiedades y la privatización territorial continúa abriéndose caminos a través de los proyectos de ley y de la legitimación con discursos de “reconciliación”, “paz”, “desarrollo sustentable”, “generación de empleo”.

La ley forestal ‘332’ de 2005, que como lo expresó el diario El Tiempo, es mejor llamar ley maderera, es la negación de los derechos de los pueblos y de los sujetos colectivos negros e indígenas y el desarrollo de un nuevo mecanismo de exclusión que convierte el potencial forestal que aun hoy existe en Colombia en rentabilidad y en ganancia empresarial. De la discusión abierta y pública de la ley han sido sistemáticamente excluidos los pueblos afrodescendientes e indígenas que cuestionan de fondo la ley, se abrió el espacio a empresarios y sectores que los apoyan dentro y fuera del congreso. La empresa Pizano S.A. ha sido una de las empresas impulsoras de esta ley y participó activamente en los debates del parlamento y del senado colombiano con el fin de lograr enormes beneficios para su empresa con esta futura legislación que nada tiene en común con los principios consagrados en el FSC (6) .

El especialista en manejo de recursos naturales del Banco Mundial, Juan Pablo Ruiz Soto, explicó en El Espectador del 21 de agosto de 2005: “En Colombia donde: (i) cerca del 40% de la superficie del país son bosques naturales, (ii) donde dichos bosques contienen biodiversidad de importancia planetaria, pues Colombia es uno de los cinco países megadiversos del mundo, (iii) donde las aguas superficiales y sus bosques asociados son la fuente primordial de agua para consumo humano y sistemas de riego, (iv) donde el ecoturismo articulado a los paisajes y bosques naturales representa un gran potencial para el desarrollo futuro del país, (v) siendo Colombia una estrella hídrica de importancia estratégica para todos los países vecinos, (vi) donde más del 30% del país está asociado a Resguardos Indígenas y Tierras de Comunidades Negras y, (vii) donde la explotación de las maderas en los bosques naturales es importante, pero marginal, al lado del valor económico, cultural y estratégico de los servicios ambientales de nuestros bosques, es clara la trascendencia nacional e internacional de la Ley de Bosques.” Según Soto la ley "habla del fomento de las actividades forestales en términos de cultivo, manejo y extracción de maderas; (...) abre vacíos interpretativos que pueden generar una apropiación peligrosa por agentes privados (...) sin duda, favorece a los actores económicos dedicados a la extracción de maderas, pero puede tener un impacto neto negativo sobre el desarrollo y el bienestar nacional".

En el trámite de la ley se ha negado el derecho a la consulta que contemplan los tratados internacionales ratificados por Colombia, se priorizó el derecho e intereses privados sobre los colectivos. En la misma se concibe por su valor mercantil la reserva forestal y no como un ecosistema, por eso se habla de “sector estratégico”, “oferta ambiental” o “generación de ingreso”.

Se da un revés a la comprensión de lo colectivo de los territorios de las comunidades afrodecendientes, se desconoce el valor tradicional de los pueblos tribales que han protegido los bosques primarios y la conservación de bosques secundarios. Oculta además que los territorios destruidos de bosque tropical no es responsabilidad de las comunidades sino del sector empresarial que por ejemplo en el Bajo Atrato y sobre la Costa Pacífica ha realizado una expoliación, explotación de los recursos forestales, saltándose por encima las disposiciones legales ambientales, los sellos de certificación -por ejemplo el FSC-, presionando a las comunidades, creando testaferratos y generando cadenas de corrupción en las corporaciones regionales ambientales, así como violando la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional y el Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica.

La ley pretenderá legalizar las prácticas empresariales existentes, favorecer su experiencia acumulada sin intermediaciones de corrupción y propiciar bajo la figura de concesiones unas supuestas condiciones de igualdad y de simetría con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Bajo la ley no se crearán límites sino reglamentaciones que posibilitan normativizar el desbordamiento, la destrucción y la aniquilación de los bosques y de quienes en ellos habitan. La ley se convertirá en una herramienta de legitimación de la arbitrariedad, hoy existente.

En el Bajo Atrato está muy claro quienes son los beneficiarios de la deforestación extensiva y mecanizada, los mecanismos de control parainstitucional en la explotación forestal, las cadenas de proyección, la oferta de empleo a repobladores o las prácticas de apropiación de las tierras y de los recursos. Lo reflejan los convenios fácticos entre las empresas privadas tradicionales y las nuevas empresas paramilitares bajo el Proyecto de Alternatividad Social, PASO. Son los paramilitares “desmovilizados” responsables de atrocidades y crímenes de lesa humanidad documentados por diferentes organismos defensores de DDHH. Viendo los efectos de la deforestación extensiva, la sustitución de recursos forestales, el agotamiento de prácticas de soberanía alimentaría y de bosques primarios, así como la destrucción ambiental y de vidas humanas, se puede afirmar que las consecuencias de dicha ley serán lesivas no sólo para Colombia sino para toda la humanidad.

Las ONG europeas estiman que más del 50% de todas las importaciones de madera tropical de la Unión Europea provienen de fuentes ilegales; lo mismo ocurre con más del 20% de todas las importaciones procedentes de bosques boreales. Además en muchos países europeos, especialmente en los del Báltico y Europa del Este, el 50% de todo el maderero, según se estima, es ilegal. Puesto que la UE no tiene mecanismos para controlar las importaciones de madera, cada año “blanquea” grandes volúmenes de madera provenientes de fuentes ilegales.

Los abajo firmantes somos organizaciones comprometidas con la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. No queremos que se siga talando bosques para importar madera a Europa. Queremos conservar la biodiversidad del mundo y preservar los bosques para las futuras generaciones. Por esta y otras razones queremos impedir la destrucción del bosque natural en Colombia, y, muy especialmente, en el Chocó biogeográfico, considerado una de las zonas con más biodiversidad del mundo.

Las organizaciones abajo firmantes instamos a SmartWood publicar los resultados de la auditoria a Pizano S.A. antes que el FSC estará llevando a cabo su cuarta Asamblea General de Miembros en Manaus (Brasil) y responder a cada una de las peticiones formuladas en la queja formal de febrero, dando paso en primer lugar a la descertificación de Pizano S.A. En caso contrario nos vemos obligados a informar públicamente sobre el caso “Pizano” y las graves violaciones de DDHH en la región del Bajo Atrato desde donde esta empresa -certificada por SmartWood- recibe más del 40% de su materia prima. La certificación de SmartWood es responsable que “Pizano” figura en diferentes ámbitos como referencia sobre “Empresas certificadas en Colombia en manejo forestal” (7). Lo que no sólo cuestiona la autenticidad de los procesos de certificación bajo los criterios del FSC, sino perjudica el mismo proceso del FSC y toda su labor por conservar los bosques naturales. Es un ejemplo muy negativo que puede repercutir sobre todos los esfuerzos hechos en este sector. Pero también constituye un precedente para la lucha contra las malas prácticas de las empresas madereras en Colombia.

Ninguna iniciativa nacional del FSC puede permitir la existencia de casos tipo “Pizano”, es inconcebible si quiere seguir promoviendo la certificación forestal como una de las medidas para la protección de los bosques, el cumplimiento del Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica o alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las NNUU (8). Si la sociedad llega a saber que empresas como Pizano S.A. tienen un certificado que supuestamente “apoya el crecimiento del manejo forestal responsable” dejará a creer en iniciativas similares. Lo que supondría además un retroceso importante en la lucha medioambiental.


Esperamos su respuesta con la mayor brevedad en el tiempo.

Atentamente,

ACCIÓN ECOLOGISTA AGRO (VALENCIA)
ACTIO (VALENCIA)
ASOCIACION DE ASILADOS REFUGIADOS E INMIGRANTES EN ESPAÑA "MACONDOS"
CABO DA ROCA
CAMPAÑA ¿QUIÉN DEBE A QUIÉN? [ACSUR - LAS SEGOVIAS, ÀGORA NORD – SUD, AMIGOS DE LA TIERRA ESPAÑA, ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ PER LA PAU, ATTAC-MADRID, CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA, CRISTIANOS DE BASE DE MADRID, DERECHOS PARA TOD@S, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, EDUCACIÓ SENSE FRONTERES, ENGINYERIA SENSE FRONTERES, ENTREPOBLES, ENTREPUEBLOS – MADRID, ESPACIO ALTERNATIVO, ESPACIO HORIZONTAL CONTRA LA GUERRA, IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África), IZQUIERDA UNIDA – MADRID, JUSTICIA Y PAZ DE ESPAÑA, MON3, OBSERVATORI DESC – CATALUNYA, OBSERVATORIO DE LA DEUDA EN LA GLOBALIZACIÓN, OCSI (Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional), ONU VETO NO, PAZ CON DIGNIDAD, PLATAFORMA 0,7%, RED ÁFRICA-EUROPA, SETEM-Catalunya, VETERINARIOS SIN FRONTERAS, RED CIUDADANA POR LA ABOLICIÓN DE LA DEUDA EXTERNA (RCADE Madrid, XCADE Barcelona, RCADE Ciudad Real, RCADE Córdoba, RCADE Badajoz, RCADE Vigo, RCADE Cartagena, RCADE Palencia), SERVEI CIVIL INTERNACIONAL – Catalunya]
COMUNIDADES DE AUTODETERMINACIÓN, VIDA Y DIGNIDAD DEL CACARICA - CAVIDA (COLOMBIA)
CENSAT AGUA VIVA – AMIGOS DE LA TIERRA - COLOMBIA
COECOCEIBA - AMIGOS DE LA TIERRRA - COSTA RICA
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO - CEAR
CEDSALA (VALENCIA)
COLECTIVO SUR CACARICA (VALENCIA)
COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA (CHILE)
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ (COLOMBIA)
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON AFRICA NEGRA DE MADRID
COMITÉ OSCAR ROMERO DE MADRID
COMUNIDAD DE VANGUARDIA OBRERA
COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DEL ESTADO ESPAÑOL
COORDINADORA DE EX PRESAS Y EXPRESOS POLÍTICOS (CHILE)
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
ENTREPUEBLOS
ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIA
FOOD INTERNATIONAL ACTION NETWORK - INTERNATIONAL SECRETARY (ALEMANIA)
GRUPO ENTORNO (VALENCIA)
KOLKO - DERECHOS HUMANOS POR COLOMBIA, BERLIN, ALEMANIA
PAZ Y TERCER MUNDO - MUNDUBAT (PAÍS VASCO)
Movimento dos Trabalhadores Rureis Sem Terra (MST) - Brasil
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
REDE SOCIAL DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - BRASIL
SOBREVIVENCIA, AMIGOS DE LA TIERRA - PARAGUAY
SODEPAU - VALENCIA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Firmas personales:

LUDIBIA GIRALDO DÍAZ
PRESIDENTE ASOCIACIÓN ECATE (COLOMBIA)
FRANCISCO RAMÍREZ CUELLAR
PRESIDENTE DE FUNTRAENERGETICA-CUT (COLOMBIA)
LUIS ANTONIO AJIACO
SECRETARIO GENERAL SINTRAMINERCOL (COLOMBIA)
FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL FENASINTRAP (COLOMBIA)
YESENIA ECHAVARRIA ZULETA
FISCAL SINTRAMIN (COLOMBIA)
JUANA CALFUNAO
LONKO DE LA COMUNIDAD JUAN PAILLALEF Y MIEMBRO FUNDADORA DE LA COMISIÓN ÉTICA CONRA LA TORTURA – CHILE
ROSEMARY MCGEE
REPRESENTANTE EN COLOMBIA DE CHRISTIAN AID (REINO UNIDO)
MARTA ALICIA DUQUE
ECONOMISTA-ABOGADA-UNIVERSIDAD NACIONAL (COLOMBIA)
STEPHAN SUHNER
COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO SUIZA – COLOMBIA (SUIZA)

[siguen firmas adherentes]

 

inicio

Llamadas

1 - Ver por ejemplo carta del 16 de junio de 2005, firmada por 16 organizaciones nacionales e internacionales

2 - El FSC es una organización internacional de miembros, no lucrativa, que convoca a distintos grupos de gente para participar en la solución de los problemas creados por malas prácticas forestales y recompensar el buen manejo forestal. (...) Su marca registrada provee reconocimiento internacional a las organizaciones que apoyan el crecimiento del manejo forestal responsable. (...) Para asegurar el continuo cumplimiento de los requerimientos del FSC, el Programa de Acreditación del FSC monitorea regularmente a las Entidades de Certificación acreditadas FSC. http://www.fsc.org/esp/que_es_fsc/

3 - “El FSC ha sido reconocido como una organización internacional que provee un sistema respetado que permite que diferentes grupos de interesados en los asuntos forestales trabajen para lograr un manejo forestal responsable. A través del sistema FSC, los dueños de bosques, administradores, fabricantes de productos forestales, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados, tienen acceso, voz y voto equitativo dentro de un mecanismo que es: Democrático, Inclusivo, Transparente.” Fuente: http://www.fsc.org/esp/que_es_fsc/sobre_el_fsc/beneficios

4 - Operación en la cual fueron desplazadas unas 10.000 personas en la región del Cacarica, entre ellas las comunidades y familias organizadas en CAVIDA, quienes han denunciado desde 1999 la tala ilegal de madera en el Bajo Atrato y han interpuesto la queja formal contra Pizano S.A. ante SmartWood. Debido a la operación militar fueron desplazadas 23 comunidades, asesinado MARINO LOPEZ después de ser descuartizado y los responsables de dicho crimen de Lesa Humanidad y 200 más, fueron absueltos de responsabilidad como el General RITO ALEJO DEL RIO y al parecer a través del Decreto 128 y la ley 782 los “civiles armados” desmovilizados.

5 - 27 de septiembre de 2005: En Bocas de El Limón, el oficial de la Brigada 17 Coronel DUQUE convocó a una reunión a un grupo de afrodescendientes leyendo fragmentariamente el Informe 48, del 21 de septiembre de 2005, escrito la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz referido a los abusos militares, el asesinato en La Balsa de un afrodescendiente por parte de los paramilitares, CARLOS ALBERTO RAMOS MARTINEZ, ocurrido el 20 de diciembre del 2000 en inmediaciones de las operaciones de la empresa Maderas del Darién, filial de Pizano S.A.; las acciones omisivas cuando no activas de la Brigada 17 con los paramilitares, la siembra de coca y la compra ilegal de mejoras dentro del Territorio Colectivo del Cacarica en la Zona de La Balsa y el consumo de marihuana en servicio por parte de militares acantonados en la Zona.

6 - Además, el FSC puede proveer beneficios adicionales, que incluyen: (...) La oportunidad de interacción y cooperación entre diversos actores involucrados en manejo forestal responsable – dueños de bosques, organizaciones sociales y ambientales – para resolver los problemas que enfrentan los bosques. La garantía de que las futuras generaciones disfrutarán de los beneficios de los bosques. La garantía de que las prácticas de manejo forestal son responsables y que serán mejoradas. La garantía de que los derechos de propiedad son respetados. La garantía de que la cosecha de madera es legal. La garantía de que los derechos de los trabajadores, indígenas y comunidades son respetados. La garantía de que las áreas de riqueza natural y el hábitat amenazado no tiene un impacto negativo. (...) http://www.fsc.org/esp/que_es_fsc/sobre_el_fsc/beneficios

7 - http://www.humboldt.org.co/biocomercio/certificacion/cer_cforestal.htm
http://www.pizano.com.co/actividad_forestal/articulos/3/default.asp
http://www.wwfca.org/php/fsc/fsc06operalat08.php
http://www.fsccolombia.org/casos_certificados.php
http://www.rainforest-alliance.org/programs/forestry/smartwood/public-summary-reports.html
http://www.fsc.org/keepout/en/content_areas/92/1/files/ABU_REP_70_2005_11_09_FSC_FM_
and_COC_registered_certificates.pdf

8 - http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/

 

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