En este artículo se resumen las principales conclusiones del análisis de los proyectos de SEP (federación de empresas eléctricas holandesas) en Ecuador. El objetivo es determinar la dificultad de aplicación de políticas locales derivadas de acuerdos internacionales sobre la reducción del Cambio Climático. Siguiendo el principio de ‘responsabilidad común pero diferenciada’ establecido en el Convenio Marco de Cambio Climático, las naciones ratificantes de dicho Convenio, se han comprometido a la adopción de medidas tendientes a la reducción del calentamiento del planeta.

Aquí se analiza el supuesto de la compensación del exceso del CO₂, a través de la creación de nuevas sumideros, por el incremento de la fotosíntesis neta actual mediante plantaciones forestales, y su aplicación en Ecuador.

El estudio demuestra la falta de evidencias científicas de este supuesto, y como la rápida aceptación de instrumentos que permitan evadir o por lo menos postergar las responsabilidades de los países del norte, provoca situaciones "irracionales" desde el punto de vista de la población-sujeto de los proyectos, del balance del carbono y hasta de la justicia ambiental. ¿Quién se hará cargo finalmente de esta mala captación del carbono? ¿Quién recibe, mientras tanto, los efectos de unos proyectos mal planteados? ¿Cómo resolverá la comunidad internacional sobre unos instrumentos, de los que no se ha demostrado la efectividad ambiental? Lamentablemente, debido a la presión de los países del norte (y de sus grandes industrias) estas respuestas tardarán mucho en darse, en una especie de carrera para ganar tiempo a los acuerdos internacionales sobre responsabilidad ambiental.

Metodología

Para la realización de este trabajo se han aplicado conceptos y métodos de disciplinas muy dispares, poniendo de relieve una de las características principales de las Ciencias Ambientales: la transdisciplinariedad. Si los límites de las diferentes disciplinas estuvieran claramente delimitados, pudiera decirse que se ha analizado desde la perspectiva de la economía ecológica, la política ambiental y las relaciones internacionales, la ecoantropología (o etnoecología), la geografía humana, la antropología económica, la química atmosférica y la ecología de montaña. Lamentablemente, esta delimitación aparece desdibujada cuando nos enfrentamos a un ejemplo concreto de Gestión Ambiental.

La metodología usada es diversa: revisión bibliográfica, entrevistas personales, talleres participativos en comunidades (gracias al trabajo en la institución Acción Ecológica), etc., con la base conseguida a raíz de los diversos estudios realizados por la autora, entre los que se destacan los cursos del Doctorado de Gestión Ambiental y Economía Ecológica, de la Universidad Autònoma de Barcelona, y la asignatura de Ecoantropología, en la Universidad San Francisco de Quito. El trabajo ha sido posible gracias al imprescindible apoyo del Dr. Joan Martínez Alier, de la Universidad Autònoma de Barcelona.

El cambio climático

El efecto invernadero es un fenómeno de calentamiento natural de la atmósfera terrestre, que se produce al ser absorbida la radiación solar infrarroja por determinados componentes atmosféricos, llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI). Este fenómeno da al planeta una de las más importantes condiciones de ‘habitabilidad’, pero ha aumentado considerablemente desde la revolución industrial, produciendo reajustes en el clima, a efectos de equilibrar la energía que llega del sol y la que escapa nuevamente al espacio. Es lo que se ha llamado cambio climático.

Existe mucha incertidumbre tanto en lo que refiere a la escala como a los impactos del cambio climático. Las proyecciones se basan en tendencias de emisión actuales y dan por sentado que no se realizaran esfuerzos para limitar las emisiones de GEI. Utilizando modelos de circulación global se prevé un aumento adicional de 3,5º C en la mediana de la temperatura global para el año 2100, en caso de no tomar medidas (SBSTA, 1996), acompañado de una intensificación de los ciclos hidrológicos, de consecuencias desconocidas. Se espera también, que para el año 2100 el nivel promedio del mar se eleve entre 15 y 95 cm, lo que causará, entre otros daños, inundaciones en zonas costeras bajas. En las regiones de latitud media, las zonas climáticas (y en consecuencia los ecosistemas y las áreas agrícolas) pueden verse desplazadas hacia los polos entre 150 y 550 Km, aproximadamente (UNFCCC, 1998), con la consiguiente pérdida de biodiversidad.

En general, podemos decir que nos encontramos frente a un problema ambiental con las siguientes características (PEARCE & TURNER, 1995):

• Externalidad mutua entre los países.
• Daño a comunes globales (bienes de libre acceso).
• Grandes incertidumbres.
• Costes y daños de carácter irreversible.
• Fuerte componente de equidad intergeneracional.
• Amplia variación regional y temporal de efectos.
• Múltiples gases implicados.
• Problema que debe ser entendido y tratado desde una perspectiva global.

Los problemas creados a partir del "uso del aire" y de la contaminación global exigen soluciones a través de acuerdos internacionales (voluntarios y siempre sectoriales), como es el Convenio Marco de Cambio Climático, firmado en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, y el posterior desarrollo en el Protocolo de Kioto, firmado en 1997.

Acuerdos internacionales sobre el Cambio Climático

El Convenio Marco sobre Cambio Climático (CMCC), nace con el objetivo de "conseguir […] la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático […] en un plazo suficiente para que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, para asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y para permitir que el desarrollo económico continúe de forma sostenible". (CMCC, art. 2)

Determinar cuál es este nivel de emisiones que impida las interferencias humanas, manteniendo un desarrollo sostenible, es una tarea que no puede ser decidida por los equipos científicos de dicho Convenio. Aún así, científicos del IPCC (International Panel on Climate Change), recomiendan una estabilización a los niveles de 1990 (aunque no haya evidencia de que cumplan los citados objetivos del CMCC), y para ello concluyen que se deben reducir las emisiones de CO₂, N₂O, y CFC en un 60%, y las emisiones de CH₄ en un 15-20%. Dichos niveles se han sugerido de forma exógena a los costos derivados de los efectos climáticos.

El CMCC permite la repartición de las cargas de reducción de emisiones, argumentando una mayor costo-efectividad "las Partes podrán aplicar tales políticas y medidas conjuntamente con otras partes y podrán ayudar a otras Partes a cumplir con el objetivo de la Convención..." (CMCC:art.4.2a). Esto permite a los países industrializados liberarse de una parte de su responsabilidad, y justifica medidas implementadas en otros países, a un costo mucho menor. Los mecanismos diseñados a este efecto se aprobaron en el Protocolo de Kioto (firmado en la Tercera Conferencia de las Partes del CMCC, en diciembre de 1997) y son: el Comercio de Reducción de Emisiones (Emission Trading), la Implementación Conjunta, - ambos solamente entre países del Anexo 1- y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (Clean Development Mechanism). En este último (MDL) pueden participar los países en vías de desarrollo. Sin embargo esta aprobación todavía no es definitiva debido a las dificultades en el establecimiento de criterios adecuados. El MDL debe comenzar a operar a partir del año 2000.

Estos tres mecanismos tienen el mismo fundamento: la teoría de los permisos negociables, introducida por J.H.Dales, en 1968. Esta teoría (al igual que los otros instrumentos de política económica ambiental) se basa en la búsqueda de la ‘contaminación óptima’ a través del mercado. La autoridad reguladora sólo permite un determinado nivel de emisiones y concede permisos por esta cantidad, que son negociables en un mercado de permisos (PEARCE & TURNER, 1995:151).

En el intento de resolución del problema del cambio climático, una de las cuestiones ampliamente debatidas es la absorción de dióxido de carbono (CO₂), principal gas de efecto invernadero. El aumento de CO₂ en la atmósfera, que ha pasado de 280 ppm en 1750 a 353 ppm en 1990 (SBSTA, 1996), es debido principalmente al uso de combustibles fósiles (se calcula que anualmente se emiten 5.500 millones de toneladas de carbono por combustibles fósiles), pero también al cambio en las prácticas agrícolas y deforestación (al que se atribuye una emisión anual de 1.500 millones de tn de carbono) y a determinados procesos industriales (FLAVIN, en BROWN, et al., 1996).

Instrumentos de política ambiental frente al Cambio Climático

Vemos que uno de los sectores de inversión se ubica dentro del sector forestal. El presente análisis se centra en la aplicación del MDL a través de plantaciones, en la alta sierra de Ecuador. El sector de las plantaciones forestales nace con el objetivo de aumentar los sumideros de CO₂ presentes en la tierra y referentes a la masa vegetal. Los fundamentos de este mecanismo son de tipo físico-biológico y económico, ya que persigue la compensación de los GEI (no la reducción de emisiones).

 La capacidad de absorción de carbono como recurso

Se calcula que la absorción de carbono por efecto de la fotosíntesis anual neta más la de los océanos es de 3.700 millones de tn C/año. Hasta el momento, esta capacidad de absorción neta ha sido aprovechada de forma gratuita, por tanto, los países la han considerado un recurso de libre acceso. El problema del libre acceso es que la lógica, por la que "cada usuario piensa que lo que no extraiga él (en este caso absorba) lo harán los otros, producirá una competencia individual por la apropiación de dicho recurso que podría finalizar en el agotamiento del mismo" (AGUILERA KLINK, 1987:140). Situación a la que se ha llegado en el caso de la absorción natural del carbono, visto el aumento de la concentración de CO₂ en la atmósfera, ya que el coste adicional de absover (incluyendo costes ambientales y sociales) recae en la sociedad y no en el usuario del recurso.

Se podría plantear que la propiedad del recurso o servicio "absorción de carbono" pasara a ser propiedad estatal, tal como pasó con la biodiversidad, a partir del Convenio sobre Diversidad Biológica firmado en Río. Dicho Convenio, reconoce formalmente el principio general de que "las naciones individuales tienen los derechos soberanos sobre sus recursos biológicos" (CDB: preámbulo) y por tanto, releva el principio de patrimonio común de la humanidad (es decir, de acceso libre y sin restricciones de uso). Entonces, a partir del CDB, la ejecución de esta responsabilidad queda sujeta a las leyes nacionales de cada país.

Esto, aplicado al cambio climático, implicaría que cada país pudiera hacer uso de su absorción de carbono, emitiendo en función de sus inventarios nacionales (que deberían estar haciendo los países firmantes, de acuerdo al CMCC) y la repartición de la absorción de los mares y océanos (que debería ser ampliamente discutida). Así las cuotas de emisión no estarían determinadas de forma exógena (tal como efectivamente se hace), sino de acuerdo a la capacidad efectiva de absorción de carbono de cada país.

De esta manera, países que están actuando como "sumideros netos" deberían ser compensados por su "exceso" de absorción, que en la actualidad está siendo igualmente utilizado por los países "netamente emisores", a través de algún mecanismo (por ejemplo, un fondo de carbono) que creara incentivos para la conservación o expansión de reservorios y la creación de sumideros. La dificultad sería entonces, identificar quién debería pagar, y como se repartiría este fondo. En esta línea está la propuesta de Agarwal y Narain: en ella proponen la creación de una cuota de emisión igual a su número de habitantes multiplicado por el nivel tolerable por persona (en función de la absorción de cada país), de forma que se podría vender la parte de la cuota que no es utilizada (MARTÍNEZ, 1999). Está claro, que los países industrializados no apoyarían esta propuesta, porque ninguno querría pagar por un servicio ambiental que hasta ahora ha estado utilizando y de forma gratuita.

Dejando de lado estas consideraciones, en la práctica estas cuotas de emisión tampoco se asignan de acuerdo a la realidad física de capacidad de absorción, sino de forma exógena, en un proceso de debate político. No es factible calcular el verdadero Coste Marginal Externo (CME), es decir, el valor del daño extraordinario causado a la sociedad por la contaminación. Debido a que el cálculo del CME es uno de los requisitos para aplicar la teoría de los permisos negociables, nos encontramos que el nivel de permisos concedidos por la autoridad reguladora se determina de forma externa a la ecología y a la economía. El nivel óptimo de contaminación, por tanto, no puede ser calculado y la estimación de la CME no tiene porqué ser aceptada socialmente (MARTÍNEZ ALIER, 1999:80).

Se puede estimar, en cambio, la curva de Coste Marginal de Reducción (CMR), a través de modelos que aproximan los costes de reducción de GEI. Hay que decir que estos modelos, en algunos casos, han identificado medidas de reducción con costes marginales negativos, medidas que se han llamado no-regrets o win-win, ya que además de cumplir con los objetivos ambientales consigue beneficios económicos. Una estrategia mal diseñada, en cambio, podría dar una situación lose-lose, en la que se produzca un perjuicio ambiental y además se pierda dinero. Este es el caso estudiado, ya que, como se va a ver, las plantaciones de pino en zonas de páramo tienen impactos ambientales y sociales y no logran los objetivos de captación de carbono deseados, por tanto se podrían considerar inversiones fallidas.

A parte de estas puntuales medidas no-regrets, en general podemos pensar que los costes de la reducción van a ser importantes. Los modelos top-down, por ejemplo, estiman elevados costes de estabilización de emisiones a niveles de 1990, como el modelo GREEN de la OCDE que estima un coste para el año 2050 del 0,7% de la renta real actualizada en los países de la OCDE (RAMOS, 1998:6).

Al considerar medidas costo efectivas, como el MDL, hay que cuestionar qué pasa con la absorción de carbono, comparando la CMR con una posible curva de costes marginales de absorción (CMA), ofreciendo probablemente unos costes muy por debajo de la CMR (la absorción mediante plantaciones permitiría reducir los costos respecto de la reducción de emisiones en las propias industrias). Esta situación se muestra en la figura:

Figura 1: Permisos de emisión y absorción

En esta situación, dada una curva de oferta de permisos S₁, el precio de absorber es mucho menor que el precio de reducir, con lo cual empresas que tengan altos costes de reducción de emisiones preferirán comprar permisos de absorción. En una situación S₂, si existiera gran cantidad de permisos, la diferencia no sería tan grande, pero seguiría siendo ventajosa. En cualquier caso, esto comporta un fuerte aumento en la demanda de permisos de absorción, y por tanto a una posible alza del precio de estos, aunque es de suponer que, como la oferta es muy grande, se mantendrán baratos. Más, aún si se tiene en cuenta que la demanda, tarde o temprano, deberá limitarse (la cantidad de carbono que podrán compensar los países industrializados mediante absorción). De esto se deriva que los diferentes actores intentarán evadir responsabilidades ya que los incentivos a la reducción de emisiones no serán muy grandes.

Comparemos cuál puede ser la diferencia de estos costes (absorción y reducción). Según un estudio de la Universidad de Utrecht, encargado por FACE, el coste de la tonelada de carbono absorbida a través de plantaciones forestales en el trópico puede ser entre 50 y 200 veces más barato que la tonelada reducida en las mismas industrias.

El precio de la tonelada en las plantaciones de Ecuador todavía está por debajo del margen calculado. Esto no es nada nuevo, se ajusta al principio de "los pobres venden barato", y tiene fuertes implicaciones por lo que respecta a las posturas políticas de los países industrializados, a la vez que en países en vías de desarrollo, esta situación se interpreta como una "gran posibilidad de inversión extranjera". Este es el caso de Ecuador, que en estos momentos debate una Ley Forestal donde se favorece de forma casi incondicional los proyectos financiados a través del MDL. De esta forma, no se favorece un debate interno, ni con otros países en desarrollo, y se dificulta una mejor posición en las negociaciones. Sería interesante conseguir un posicionamiento conjunto de los países interesados, en el caso de Ecuador, por ejemplo dentro del marco de las naciones andinas, para lograr mejores precios, y sobretodo imponer una serie de requisitos o restricciones para asegurar verdaderos beneficios para el país.

Los proyectos de Desarrollo Limpio tienen el objetivo inicial y primordial de fijar carbono y deben demostrar que son nuevos (adicionales). Por tanto, no parten de un reconocimiento previo de la absorción realizada –de forma gratuita– desde la revolución industrial, teniendo en cuenta que en algunos países las emisiones han sido y siguen siendo muy por debajo de su capacidad de absorción, que ha sido usurpada por los países industrializados. Se trata de otro ejemplo de deuda ecológica (MARTÍNEZ ALIER, 1997).

La aplicación del MDL en Ecuador

En Ecuador existen diversas instituciones gubernamentales que tienen competencia en la aplicación de las políticas ambientales derivadas de los acuerdos sobre Cambio Climático. En primer lugar está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que de forma conjunta con la Cancillería participan activamente en los asuntos bilaterales, multilaterales y económicos del país. Debido a la temática ambiental, es fundamental el papel que juega el Ministerio de Medio Ambiente y anteriormente el INEFAN (Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Protegidas), ya que se trata mayormente de proyectos en el ámbito forestal. El sector energético es el principal causante del efecto invernadero, por lo que también participa el Ministerio de Energía y Minas en las negociaciones y en la concreción de acuerdos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) es la entidad que debe realizar los inventarios nacionales de emisiones de GEI, aparte de medir los posibles efectos del Cambio Climático.

A parte de estas instituciones "genéricas", en febrero de 1997 se aprobó la Oficina Ecuatoriana de Implementación Conjunta (OEIC), adscrita al Ministerio de Agricultura, que debía estar conformada por el Ministro de Agricultura y Ganadería, altos funcionarios de los organismos estatales interesados, entre ellos el INEFAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría General de Planificación, etc., con la coordinación de una ONG designada. La ONG designada es la Corporación de Cooperación y Desarrollo (CCD) y actualmente no ejecuta las funciones necesarias. El Ministerio de Medio Ambiente, a su vez, está conformando la Oficina Ecuatoriana de Desarrollo Limpio (OEDL). Entre esta oficina y la OEIC no existe actualmente ningún canal de coordinación, ni siquiera de comunicación, y es de suponer que estas dos oficinas están duplicando funciones.

Los proyectos oficiales aprobados o en trámites, son:

• PROFAFOR (Programa FACE de Forestación): Forestación en los Andes Ecuatorianos, a través de contratos privados. Sobre estos proyectos se realiza el presente estudio. Actualmente abordando también plantaciones en la costa, como el de la Reserva de Bilsa.
• Reserva de Bilsa - propiedad de la fundación Jatun Sacha. Conservación de una zona de alto valor natural. Actualmente se está estudiando la posibilidad de establecer un Convenio con PROFAFOR, ya que este proyecto está aprobado desde 1997, pero hasta el momento no han tenido financiamiento. Esto implicará la inclusión de proyectos de forestación.
• Conservación de una reserva de bosque húmedo tropical, proyecto de la FIPSE (Federación de Indígenas del Pueblo Shuar de Ecuador) y la Fundación Pacha Mama
• En proyecto: "Laderas del Pichincha", de Habitat y el Municipio de Quito

La absorción de carbono en plantaciones por FACE - PROFAFOR

La federación de empresas holandesas productoras de electricidad SEP N.V. decide crear en 1990 la Fundación FACE, Forest Absorbing Carbondioxyde Emission con el objetivo de realizar 150.000 ha de forestación en el mundo, habiendo estudiado que la re/forestación permitiría disminuir los costos respecto de una reducción en las emisiones de CO₂ en el mismo país.

FACE tiene en Ecuador el proyecto de mayor envergadura (véase tabla), esto es, la plantación de 75.000 ha de nueva vegetación (forestal). La empresa PROFAFOR (Programa FACE de Forestación) surge del convenio entre la fundación FACE y el INEFAN en junio de 1993. Su objetivo es plantar 75.000 Ha de árboles aproximadamente entre los 2.400 y los 3.500 metros de altitud en los Andes ecuatorianos en: "áreas deforestadas y no aptas para uso agrícola o ganadero" Con la forestación de los Andes Ecuatorianos se calcula una absorción de 35 millones de toneladas de CO₂. Dependiendo del proyecto en cuestión, los costes van desde USD 0.79 (Ecuador) a 8.04 (Holanda)/Tm de CO₂ (aunque existe un costo medio establecido por FACE en 1.5 US$/tonelada de CO2).

La determinación del carbono fijado en las plantaciones de FACE se realizó a través del modelo CO2FIX, desarrollado por el Institute for Forestry and Nature Research (IBN-DLO) en Wageningen. Este modelo dinámico computerizado calcula el incremento del carbono almacenado en ecosistemas forestales en base a 14 parámetros del ecosistema. Para ello se estudió la fijación de carbono en 16 tipos de ecosistemas forestales, escogidos de acuerdo a los criterios de: capacidad esperada de fijación de carbono y probabilidad de establecimiento (NABUURS & MOHREN, 1993:13). La cantidad de carbono que puede recibir un "crédito" (según el criterio de FACE) es la que se obtiene adicionalmente (C_ad). Esto es, la máxima cantidad presente en el escenario proyectado (C_tot), menos la cantidad que sería fijada sin una plantación forestal, en el escenario de base(C_ba). El estudio mostró que la cantidad de carbono fijada en un ecosistema forestal maduro, varía de 200 a 500 toneladas por hectárea, de acuerdo al tipo de árboles (especies pioneras o clímax) y al clima.

Tal como se aprecia en la tabla, la línea de base para Ecuador se considera pasto, con 128 toneladas de carbono por hectárea. Después de 25 años, se calcula que una plantación de P. radiata contiene 267 toneladas de carbono por hectárea, lo que representa una fijación adicional de 138 toneladas de carbono por hectárea (o 507 toneladas de CO₂). La realidad es que el pasto natural altoandino (pajonal), como veremos, contiene una mediana de 25 Tm.C/Ha, mientras que una plantación de radiata puede llegar a retener como máximo 130TmC/ha, datos que están muy por debajo de lo estimado por FACE.

Ejecución de los proyectos

Desde enero de 1994 hasta el momento, PROFAFOR ha promovido la realización de 16.500 ha (re)forestadas en la Sierra Ecuatoriana, de las cuales 6.000 ha son proyectos establecidos con 30 comunidades campesinas e indígenas. Los beneficiarios son (respecto al número de proyectos): 36% comunitarios, en un 58% privados y en un 6% entidades legales y respecto al área (re)forestada: 75% privados, 21% comunidades, y 4% entidades legales.

En un caso estableció un convenio con Fundación Natura para la reforestación de 13.000 ha. en la zona de Chongón- Coloche, pero dicho proyecto no prosperó. Actualmente ha iniciado la colaboración con Jatun Sacha, institución de investigación y ecoturismo, para trabajar en la Estación Biológica de Bilsa (Cordillera de Mache Chindul, en Esmeraldas).

PROFAFOR trata directamente con los agricultores. Según su tipología contractual se pueden establecer contratos con comunidades (organizaciones campesinas), propietarios individuales, o con personas jurídicas (asociaciones, empresas, etc.).

PROFAFOR no compra tierra, ni árboles, sino que invierte en una función singular del bosque: la capacidad de secuestrar carbono, formalizándolo en una serie de contratos que establecen los derechos y obligaciones de las partes contratantes, y protegen los "derechos del CO₂". Se supone que las otras partes contratantes tienen derecho a extraer (o a usar) otros bienes o servicios del bosque, tales como la madera, las frutas, la vida salvaje, la protección del suelo, etc (VERWEIJ, 1997). Pero la densidad de árboles, más de 1.000 árboles por hectárea, y una cláusula de exclusividad, no permite por ejemplo la ganaderia o el manejo agrosilvo-pastoril de las tierras. El motivo es que estas actividades supondrían una liberación del carbono a la atmósfera, "propiedad" de PROFAFOR. Otra razón probable es que el control de estas plantaciones se realiza principalmente a través de imágenes de satélite, y por tanto, deben presentar cierta homogeneidad y densidad para ser monitoreadas.

Aparte de los contratos de forestación, existen otras tipologías contractuales para la producción de plántulas, para la asistencia técnica, y para la promoción de la forestación. PROFAFOR establece convenios para la producción de las plántulas con organizaciones existentes o con otras de nueva creación. Los productores de plantas con los que están trabajando son CEAS, IEDECA, DFC, FUNADE, FUNADICC, y también personas naturales. PROFAFOR participa también en un Proyecto de Mejoramiento Genético Forestal en la Región Interandina de Ecuador, y como respuesta a las críticas suscitadas sobre la plantación de eucaliptos y pinos en la Sierra ecuatoriana, creó en 1996 el Proyecto ECOPAR, dirigido al estudio de la ecología de los páramos en busca de alternativas para la reforestación con especies nativas y exóticas en los mismos.

Estas son algunas informaciones básicas sobre las actividades de PROFAFOR en Ecuador. A continuación se describe la zona en la que se realizan estos proyectos (se ha escogido como zona de estudio el páramo, por encima de los 3.000 metros aproximadamente), para pasar a determinar la viabilidad y el interés para las comunidades rurales de los proyectos de re/forestación de PROFAFOR.

El páramo

El páramo es un piso altoandino que se encuentra aproximadamente entre los 3.000 y los 4.800 msnm de los Andes septentrionales (norte del Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela), al cual corresponde una formación ecológica específica, el pasto natural altoandino.

La Región Central o Andina de Ecuador está formada por dos cordilleras que corren casi paralelamente desde la frontera colombiana (al norte) hasta la peruana (al sur): la Cordillera Central (antiguamente llamada Oriental) y la Occidental. La región paramal del territorio ecuatoriano comprende los lomos y cúspides de las dos cordilleras y sus nudos o ramificaciones hacia el callejón interandino o hacia los lados externos o estribaciones, en una longitud de unos 600 km. (ACOSTA SOLÍS, 1984). Recientemente se ha determinado que el área de páramo en Ecuador es de 1.258.368 ha, que representa el 5% del total del país (MEDINA, 1999).

La vegetación de páramo y características del paisaje.

El páramo ecuatoriano está densamente cubierto con vegetación natural permanente y de tallo alto (0,5 hasta 1,5 m) –con la única excepción de lo que se ha denominado "superpáramo"–, compuesta principalmente por una asociación de gramíneas (asociación denominada por Acosta Solís como Graminetum andino) de tipo Festuca, Calamagrostis y Stipa ichu, que se denomina vulgarmente "pajonal". En asociación con estas "pajas" se encuentra la orejuela (Alchemilla orbiculata), y el sacha chocho (Lupinues alopecuroides). En las hondonadas altas y húmedas se encuentra en abundancia una vegetación arrosetada y las almohadillas, compuestas por Compositae (Lucilia aretiodes, Erneria nivigena, Baccharis servillifolia), Rosaceaes (Alchemilla orbiculata) y Polygonaceae (Erigonum pyrolactolium). En algunos lugares quedan todavía especies leñosas, arbustivas como Caulerpa sp., Calcitum reflexum y Chuquirahua insignis. También puede observarse la presencia de árboles nativos como el Quishuar (Budleia incana) hasta altitudes de 3.900 msnm, o algunos remanentes de Polylepis. En la actualidad también pueden observarse plantaciones de especies exóticas de diversa edad y grado de naturalización también diverso, especialmente de pino (Pinus patula y P. radiata) y eucalipto (Eucalypus globulus, principalmente).

No existe un inventario detallado de la flora de páramo en el país, pero se estiman en 400-600 las especies vegetales en el páramo, y se conoce que hay un elevado grado de endemismo. En general, las especies del páramo tienen las hojas cubiertas de pelos, o son duras y brillantes para evitar los efectos del sol. La propiedad que confiere un aspecto muy característico al paisaje del páramo es la asociación en penachos con hojas secas por fuera (la llamada paja), para evitar las bajas temperaturas y aprovechar mejor el agua (que es demasiado fría para el aprovechamiento fisiológico por la planta). Una excepción a esta descripción son los paisajes del páramo denominado "superpáramo azonal", localizado básicamente en las laderas del volcán Cotopaxi y del Antisana. Estos páramos ofrecen un paisaje desolado con suelos grises y desnudos, escasas plantas, y predominancia de un líquen de color blanco. Este tipo de páramo se origina por condiciones microclimáticas especiales, erupciones volcánicas y deshielos.

Otra característica de los páramos de Ecuador son las llamadas "almohadillas", que confieren una gran capacidad de absorción de agua al ecosistema. La estructura química del suelo, de origen volcánico, contiene una gran cantidad de aluminio y de fósforo, que se une en fosfatos de aluminio. Estos compuestos forman estructuras complejas con la materia orgánica de los restos vegetales (que no se descomponen por la baja temperatura y el poco oxígeno disponible), creando grandes cavidades en las que se acumula el agua. En estudios realizados en el Carchi, se determinó que el suelo puede captar el 200% de su peso en agua. Lo más destacable es que gracias a esta propiedad los páramos retienen agua de lluvia y de neblinas, y la liberan lentamente, actuando como reguladores permanentes del caudal de agua que después alimenta a casi todos los ríos del país. La función reguladora de la escorrentía hacia tierras bajas se ve amenazada por la alteración de su cubierta vegetal, que sucede cuando se altera la vegetación paramera por medio de prácticas agrícolas, ganaderas y forestales inadecuadas (MEDINA, 1999).

Los paisajes de los páramos tienen otra peculiaridad: la presencia de lagunas al pie de los grandes cerros y en las hondonadas de los lomos andinos, algunas veces agrupadas, otras no. Son depósitos de aguas frías y muy límpidas, que tienen una vegetación ribereña muy característica. Muchas de estas lagunas tienden a desaparecer por diversos motivos: la disminución de las aguas que las alimentan, la sedimentación, la toma para riego, etc. (ACOSTA-SOLÍS, 1984)