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LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS Bolivia: asamblea del pueblo Guaraní denuncia a REPSOL-YPF por violar sus derechos En el mes de noviembre del año en curso, el Pueblo Guaraní del Itika Guasu, que habita en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, donde se encuentra el megacampo gasífero Margarita, se reunió en Asamblea. El motivo fue denunciar ante la opinión pública nacional e internacional los atropellos que viene cometiendo la empresa REPSOL-YPF en contra de las comunidades guaraníes que habitan el territorio TCO Itika Guasu, en violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales establecidos en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT (Ley 1257), la Ley de Hidrocarburos (3058). De la Asamblea surgió el siguiente comunicado: “La Asamblea del Pueblo Guaraní [APG] de Itika Guasu, denuncia a la opinión pública nacional e internacional que la empresa REPSOL YPF, en Bolivia, viola los derechos que como pueblo indígena tenemos. Denuncia también, que la empresa REPSOL YPF al iniciar nuevos trabajos dentro de nuestra TCO sin la consulta previa e informada, está violando la Ley de Hidrocarburos 3058 del 17 de Mayo de 2005, en los artículos referidos a los derechos de los pueblos indígenas. Hacemos saber que REPSOL YPF, sin respetar a la cultura guaraní, ha ingresado al territorio de Itika Guasu, ubicado en la provincia O´Connor, Departamento de Tarija, provocando una serie de daños a nuestro medio ambiente, destruyendo nuestros bosques, ahuyentando a los animales silvestres que son fuente de nuestra subsistencia y violentando nuestra forma de vida comunal, es decir, REPSOL YPF está matando nuestra cultura. Denunciamos que la empresa española REPSOL YPF ha ingresado a nuestro territorio TCO Itika Guasu a realizar operaciones de prospección, exploración y explotación, y lo ha hecho violando de manera sistemática nuestro derecho a la consulta previa e informada, establecida en el Convenio 169 de la OIT que es Ley de la República desde 1991, Ley 1257. Desde 1997 REPSOL YPF viola nuestros derechos, porque en lugar de respetar nuestra estructura organizacional desde la autoridad comunal, zonal y regional, promueve la división de nuestras comunidades utilizando para ello a su relacionador comunitario, a su relacionador social y al propio gerente de Comunicación y Relaciones Externas. Para eso REPSOL YPF utiliza propaganda engañosa que busca hacer creer que el pueblo guaraní está conforme con el accionar de la petrolera, cuando en realidad en la TCO existe rechazo a que la empresa siga operando de esa manera. En Marzo de 2003, luego de muchas presiones por parte nuestra, REPSOL YPF ha establecido un convenio con el Pueblo Guaraní de Itika Guasu, convenio que no ha sido cumplido por la empresa, porque a pesar del compromiso de respeto a nuestra TCO, la petrolera ha seguido dañando nuestro territorio, dividiendo a nuestras comunidades, violando así sus compromisos no sólo con el pueblo guaraní sino también con el Estado Boliviano, establecidos en los estudios de impacto ambiental y las leyes nacionales. Hoy, a pesar de que los monitores indígenas de la TCO Itika Guasu han elaborado una docena de informes donde se solicita a la empresa que cumpla con la protección al medio ambiente, modifique su conducta de atropello a nuestras comunidades, deje de violar las leyes nacionales y convenios internacionales, los atropellos a nuestro territorio siguen y suman, aprovechándose la empresa de la actitud permisiva del Estado boliviano que siendo conocedor de nuestras denuncias no ha hecho nada para proteger los derechos indígenas que REPSOL YPR está violando. Desde el 17 de mayo de 20005 en nuestro país rige la nueva ley de Hidrocarburos, la Ley 3058, la misma que en sus títulos VII y VIII establece de manera clara, cómo es que las actividades petroleras deben realizarse en territorios indígenas. A pesar de ello, REPSOL YPF en la TCO de Itika Guasu sigue actuando en contra de lo establecido en la Ley, y por lo mismo, violando nuestros derechos. Por todo ello hacemos saber a la opinión pública nacional e internacional que REPSOL YPF es una empresa petrolera que en el territorio de Itika Guasu tiene prácticas contrarias a las que publicita en los periódicos, la radio y la televisión. No es cierto que REPSOL YPF haya traído beneficios al pueblo guaraní, todo lo contrario, está destruyendo nuestro territorio y lo hace violando de manera franca las leyes nacionales y los convenios internacionales. Por todo ello, hacemos un llamado a la
solidaridad con el pueblo guaraní para exigir que la empresa
cambie su accionar en nuestra TCO y retire de todos los medios de
comunicación la propaganda engañosa que publicita, que
dice muy poco de su compromiso con la ética y transparencia
establecidos en su misión y visión empresarial. ¡Exigimos que REPSOL YPF no engañe más a sus accionistas con informes falsos sobre el pueblo guaraní! Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika
Guasu. Artículo basado en: “Bolivia:
la empresa REPSOL YPF viola los derechos indígenas y la Ley
de Hidrocarburos”, Biodiversidad en América Latina, http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/20273
Brasil: trabajar para Aracruz ... hasta morir No importa dónde lleve a cabo sus operaciones: la industria de la celulosa y el papel llega siempre con la promesa de crear empleos. Desgraciadamente, para las personas que viven en la zona que la industria ocupa estas promesas rara vez se traducen en empleos. En un informe reciente para el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales realizado por Alacri De'Nadai, Winfridus Overbeek y Luiz Alberto Soares se registra el fracaso de Aracruz Celulose, la mayor empresa productora de pulpa blanqueada de eucalipto, en cuanto a ofrecer trabajo a los residentes locales. El informe que lleva por título "Promesas de empleo y destrucción del trabajo: el caso de Aracruz Celulose en Brasil" documenta la caída constante de los empleos en esta empresa a partir de los años 1980, cuando 9.000 personas trabajaban para Aracruz. El aumento de la mecanización ha llevado a gran cantidad de despidos. Aracruz ha trasladado muchos de sus empleos a subcontratistas, lo que conlleva una menor seguridad laboral y salarios más bajos para aquellos trabajadores que pudieron conservar sus empleos. Hoy, Aracruz emplea directamente a solamente unos 2.000 trabajadores. En 2002, Aracruz abrió una nueva fábrica de pulpa de papel que aumentó la producción de celulosa de 1,2 millones a 2 millones de toneladas anuales. Esta inversión ascendió a US$ 600 millones y creó 173 nuevos empleos. Esto es, unos US$ 3,5 millones por empleo. Los empleos brindados por la empresa y los subcontratistas son a menudo peligrosos y tienen serias consecuencias para la salud de los trabajadores. En 2003, durante un juicio abierto en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Federal de Brasilia, un trabajador de Aracruz calificó a la empresa de “asesina”. Había visto morir a muchos compañeros a causa de problemas de salud ocasionados por trabajar en Aracruz. El año pasado, decenas de ex trabajadores de Aracruz con problemas de salud graves formaron un nuevo movimiento, el Movimiento de Trabajadores Perjudicados de Aracruz Celulose. En el Movimiento están también las viudas de antiguos trabajadores de Aracruz. Ninguna de estas personas recibió jamás ningún tipo de compensación por daños de parte de Aracruz. El Movimiento ha documentado en detalle los casos de 33 ex trabajadores de Aracruz. Los trabajadores tuvieron problemas de columna por haber cargado pesadas cajas de plantines o productos químicos. En la década de 1980 se transportaba a los trabajadores en camiones con tablas como asientos. Muchos sufrieron daños en la columna con el tránsito de los camiones por carreteras llenas de baches. Los accidentes con motosierras eran comunes y entre ellos se cuentan la pérdida de pies o dedos de los pies y cortes en el cuerpo y el rostro. Algunos trabajadores fueron aplastados por árboles y otros se lastimaron la columna al retirar los troncos de eucaliptos. Los encargados de mantener y llenar de combustible las motosierras y las máquinas sufrieron irritación ocular y una enfermedad llamada leucopenia (reducción de la cantidad de glóbulos blancos en la sangre). Especialmente de riesgo es la situación de los trabajadores de las plantaciones de Aracruz encargados de aplicar plaguicidas y herbicidas para garantizar que los monocultivos sigan siendo eso mismo: monocultivos. Entre los síntomas observados en estos trabajadores figuran vómitos, dolores en la boca y el estómago, uñas esponjosas y problemas de visión, incluso el riesgo de ceguera. Los trabajadores enfermos o lastimados comunicaban pocas veces los casos de accidente y enfermedad a los funcionarios de Aracruz. Los servicios médicos de la empresa se niegan a aceptar los partes de otros médicos como pruebas auténticas de enfermedad. Aracruz despidió a las 33 personas que se habían enfermado o accidentado mientras trabajaban para la empresa. En la actualidad muchos trabajadores manuales, en especial los operadores de motosierra, han sido sustituidos por máquinas en Aracruz. Pero entre los trabajadores que manipulan productos químicos peligrosos, como plaguicidas y herbicidas, los problemas de salud siguen siendo corrientes. En el informe "Promesas de empleo y destrucción del trabajo” se incluye una entrevista con un hombre de 59 años que trabajó para Plantar, una de las empresas subcontratadas de Aracruz. Trabajó aplicando plaguicidas durante catorce meses en 2000 y 2001. Trabajó cuatro meses y un día se desmayó mientras trabajaba: “Mi amigo me arrastró a la sombra y me abanicó con un sombrero durante unos diez minutos hasta que me recuperé”, contó a los investigadores. “Luego trabajé toda la tarde. Pasaron dos o tres meses y volví a desmayarme”. Se enfermó, pero cuando se quejó a su supervisor, en lugar de recibir tratamiento fue despedido. Otro hombre que trabajó en las plantaciones de Aracruz describió la muerte de Junio, un compañero. A lo largo del día Junio se había quejado porque se sentía mal. Al terminar la jornada los trabajadores se dieron cuenta de que Junio no estaba y fueron a buscarlo: “Cuando regresaron Junio estaba tirado en el piso, con el pulverizador en la espalda”. En 2003 dos personas se enfermaron al mezclar tres plaguicidas en una de las plantaciones de Aracruz. Eran empleados de Emflora, otra de las empresas tercerizadas de Aracruz. Tras haber trabajado algunos días sin botas, delantales ni ropa de protección empezaron a sufrir dolores de cabeza, mareos, temblores y dolores de estómago. Se les diagnosticó leucopenia. Uno de ellos demandó a Emflora por daños físicos personales. Aracruz declara estar “mejorando la calidad de vida de sus empleados”. En realidad, al servirse de subcontratistas como Plantar y Emflora lo que está haciendo es intentar evadir sus responsabilidades. El informe “Promesas de empleo y destrucción de trabajo” concluye que “Aracruz Celulose se las ingenia para eludir demandas y responsabilidades, y mientras los trabajadores arriesgan su salud y su vida misma sin que se garanticen sus derechos, las plantaciones de eucaliptos siguen creciendo”. El informe "Promises of Jobs and Destruction
of Work: The case of Aracruz Por Chris Lang, correo-e:
http://chrislang.org
Colombia: plantaciones de palma aceitera en tierras comunales usurpadas Las selvas del Pacífico colombiano, que constituyen el Territorio Región del Pacífico, una de las zonas de mayor diversidad biológica del mundo, han sido habitadas desde hace muchos años por las comunidades ribereñas negras. Sus integrantes fueron los últimos ciudadanos colombianos a los que se les reconoció el derecho a la propiedad de los territorios que poseyeron y utilizaron durante siglos. La Constitución de 1991 les reconoció derechos colectivos sobre los territorios ocupados tradicionalmente, pero estuvo acompañada desde sus inicios por un feroz y sistemático proceso de desplazamiento forzado interno que aún continúa en muchos lugares de la región y que, incluso, se ha agravado con el número creciente de comunidades a las que se les impide su movilización y se les controla el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles. Como expresa Carlos Rosero, Candidato a la Cámara de Representantes de las Comunidades Negras: “El desplazamiento forzado interno es funcional, no sólo a la guerra, sino también al avance de los megaproyectos y monocultivos, que como la palma aceitera, avanzan con el apoyo del gobierno nacional al norte y al sur del Territorio Región del Pacífico y de otros asentamientos de comunidades negras en el país. El reconocimiento inicial por parte del INCODER [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] hecho en el mes de marzo de este año, del avance ilegal del monocultivo de la palma aceitera en los territorios colectivos de comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó y la reciente reversa que despoja a estas comunidades de parte de las tierras que les habían sido tituladas colectivamente con carácter inembargable, imprescriptible e inalienable, es un clarísimo ejemplo del modelo de inclusión y de inserción de la región, sus territorios y pobladores a la lógica económica predominante, de la gravísima incoherencia del Estado en definir entre la protección y conservación de la diversidad biológica y el simple y vulgar desarrollismo y, lo es que todavía más grave, una nueva demostración de que el Estado colombiano, que ha sido incapaz de proteger los derechos de los afrocolombianos, termina doblegándose ante los culpables de las violaciones de los derechos, no los castiga y de ñapa los premia.” En el año 2000, las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó (región del Chocó), tres años después de ser desplazadas, reciben la titulación de 101.000 hectáreas que ocupaban ancestralmente antes del desplazamiento. Pero al decidir retornar estas comunidades encuentran su territorio invadido por cultivos industriales de palma aceitera. Ante los intentos de los verdaderos propietarios de recuperar las fincas, cundieron amenazas de muerte de tipo paramilitar y del personal vinculado con las empresas palmicultoras (URAPALMA, Palmas De Curvaradó, Palmas S.A., y Palmadó), en medio de operaciones militares que han intentado hacerlos desistir de trabajar en las tierras que el gobierno destinó a la siembra de palma aceitera. A fines de abril de este año se intensificó la preparación de tierras para la siembra de palma aceitera, con deforestación de bosques nativos en los caseríos Caño Claro y La Cristalina dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y por el sector de Urada en el entorno del Jiguamiandó. Por su parte, INCODER terminó afirmando que se equivocó al otorgar el título colectivo y que hay 10.162 hectáreas de propiedad privada que en consecuencia deben ser descontadas del título colectivo. Como expresa la Comisión Intereclesial De Justicia Y Paz: “Es alarmante que después de más de 13 desplazamientos sufridos por las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, de más de 110 asesinatos y desapariciones y habiéndose constatado la ilegalidad de la siembra de palma aceitera en los territorios colectivos de las comunidades negras, hoy el Gobierno Nacional contradiga sus propias conclusiones para favorecer los intereses económicos de los palmicultores”. En una visión diametralmente opuesta, el movimiento social de las comunidades de toda el área de la selva húmeda del Pacífico conciben su territorio como una "región-territorio de grupos étnicos", es decir una unidad ecológica y cultural amalgamada por las prácticas cotidianas de las comunidades. La región-territorio se concibe asimismo en términos de "corredores de vida" que unen a las comunidades, sus actividades y el medio ambiente natural. Los corredores de vida pueden conectar ecosistemas de manglares o extenderse desde el medio de un río hasta el interior de la selva. Algunos se constituyen en torno a actividades particulares, como la minería de oro tradicional o la recolección de conchas por las mujeres en las zonas de manglares. La región-territorio, por otra parte, es concebida como una construcción política para la defensa de los territorios y su sustentabilidad. No se puede concebir la sustentabilidad en términos de retazos o actividades singulares, o solamente en términos económicos: debe responder al carácter multidimensional de las prácticas de apropiación efectiva del ecosistema. Así, se puede decir que la región-territorio articula el proyecto de vida de las comunidades con el proyecto político del movimiento social. Del mismo modo, la definición de biodiversidad incluye principios locales de autonomía, conocimiento, identidad y economía. La naturaleza no es "algo que está ahí afuera" sino que está profundamente arraigada en la práctica colectiva de seres humanos que se sienten conectados con ella en forma integral. Las comunidades negras tienen la convicción de que la tierra, como ente vivo, debe ser colectiva. Y así lo expresan: “Para nosotros, la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y miserias. Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está sometida, según la ley que se impone, tiene dueños, es propiedad privada. Al someterla como propiedad para explotarla, le quitaron la libertad de engendrar vida y de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo de todo lo que vive… Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad”. Artículo basado en información
obtenida de: “Decisión de INCODER, reversa y violación
de los derechos de los afrocolombianos y la Constitución”,
Carlos Rosero, enviado por Tatiana Roa Avendaño, Iniciativa
Ambiental Colombia, e-mail: bosques@censat.org;
“Comunidades negras de Colombia: en defensa de biodiversidad,
territotio y cultura”, Arturo Escobar, GRAIN, http://www.grain.org/biodiversidad/?id=87;
Comisión Intereclesial De Justicia Y Paz, El connotado proyecto de instalación de dos fábricas de celulosa en Uruguay, sobre el río del mismo nombre, ha provocado una firme oposición tanto dentro del país como entre la sociedad civil de la vecina provincia argentina de Entre Ríos, la cual está situada río de por medio, a escasos kilómetros de donde se instalarían las fábricas de la española Ence y la finlandesa Botnia. Sectores de la población uruguaya ven con gran preocupación los impactos sociales y ambientales que acarrearía la producción de lo que sería uno de los complejos celulósicos más grandes del mundo en uno de los países más chicos (ver boletines 83 y 94 del WRM). Por su parte, los vecinos argentinos también se verían lesionados en la medida que el ambiente no sabe de fronteras y tanto la atmósfera como el río compartido corren los graves peligros de contaminación que las experiencias cercanas de Chile y Brasil dejan de manifiesto (ver boletines 83 y 91 del WRM). En la medida que las empresas Botnia y Ence solicitaron créditos al Banco Mundial para la realización de su proyecto, el grupo uruguayo Guayubira, en el marco de una campaña de resistencia a la instalación de las referidas fábricas, promovió el envío de una carta ante dicho organismo. La Corporación Financiera Internacional, la rama del Banco encargada de los créditos a proyectos privados, recibió la carta que había circulado y firmaron cientos de organizaciones de Uruguay, Argentina y del mundo entero, en la que se reclama al Banco Mundial que no se involucre en los proyectos de Metsa Botnia y Ence y tampoco les otorgue crédito, ya que la instalación de las plantas de celulosa provocaría graves impactos ambientales y sociales que no sólo no resolverán, sino que agravarán los problemas que viven el país y su gente. Como respuesta, el Banco Mundial envió a un equipo de evaluación de la Oficina del Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia de la Corporación Financiera Mundial --que responde directamente ante el presidente del Banco Mundial-- para recabar información acerca del conflicto planteado. Recientemente, la Oficina del Ombudsman del Banco Mundial confirma muchas de las preocupaciones planteadas por el Grupo Guayubira. En un comunicado del 16 de noviembre de 2005 el grupo anuncia: “La Oficina del Ombudsman del Banco Mundial acaba de confirmar la relevancia de muchos de los planteos que ha venido haciendo el Grupo Guayubira desde tiempo atrás. Mientras tanto el gobierno anterior como el actual afirmaban que todo estaba bien, que se habían hecho todos los estudios, que todo estaba bajo control, ahora es esta oficina asesora del Banco Mundial quien dice que ello no es así. En su momento Guayubira cuestionó duramente las Evaluaciones de Impacto Ambiental llevadas a cabo por las empresas Ence y Botnia. Sin embargo, la DINAMA terminó aprobándolas rápidamente. ¿Qué dice el informe de la oficina del Ombudsman (CAO) del Banco Mundial? Dice textualmente que, ‘Basada en sus propias revisiones, la CAO encuentra que las EIAs para las plantas de celulosa no abordan adecuadamente las preocupaciones de las personas potencialmente afectadas. En particular: - las EIAs no proporcionan suficiente evidencia
de se hayan atendido las preocupaciones relacionadas con impactos
potenciales en el turismo y la agricultura; Resulta hasta triste constatar que la CAO sea capaz de percibir los impactos sociales y ambientales de la forestación y de vincular su expansión con los proyectos de plantas de celulosa y que tal problemática nunca haya sido evaluada y reconocida por nuestros gobiernos. Es más, el informe de la CAO agrega la necesidad de estudiar los ‘Impactos potenciales de las plantaciones de eucalipto … en la disponibilidad del agua’, sumándose también en esto a los planteos de Guayubira sobre los impactos de la forestación. En base a todas las omisiones constatadas
por la CAO, el informe plantea la necesidad de: i. Impactos potenciales de emisión
de agua en la calidad de agua y en las comunidades locales así
como en las comunidades de pesca turística; En resumidas cuentas, lo que la Oficina del Ombudsman del Banco Mundial está diciendo es que las Evaluaciones de Impacto Ambiental fueron totalmente insuficientes y que por ende han fallado los mecanismos de control del estado aún antes de que las plantas hayan entrado en funcionamiento. Al mismo tiempo, el informe también está señalando una serie de impactos sociales y ambientales que ocurrirán, tanto por la expansión de los monocultivos de árboles como por el proceso industrial de producción de celulosa. Estos puntos coinciden con lo que el Grupo Guayubira ha venido planteando en distintos ámbitos. ¿Se seguirá insistiendo en que estas plantas no contaminarán?” Artículo basado en información
obtenida de: “Comunicado de prensa – 16 de noviembre de
2005, Banco Mundial y plantas de celulosa: se confirman impactos”,
Grupo Guayubira, correo electrónico: info@guayubira.org.uy,
http://www.guayubira.org.uy
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