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Brasil: la lucha de la Red Alerta contra el Desierto Verde La reciente reunión internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales para hacer un balance de sus actividades y reelaborar sus estrategias en la lucha contra las plantaciones industriales de monocultivos de árboles en gran escala, escogió un lugar simbólico para su encuentro - el Estado de Espírito Santo en Brasil Fue en este Estado en el cual, en 1999, nació una red de resistencia contra las plantaciones de eucalipto: la Rede Alerta contra o Deserto Verde (Red Alerta contra el Desierto Verde). Esta red se constituyó a partir de la lucha concreta de comunidades que sufren el impacto del monocultivo del eucalipto, que se sumó a un amplio grupo de ciudadanos, entidades, movimientos sociales, pastorales e iglesias, dispuestos a apoyar esa lucha y convencidos de que es preciso enfrentar el actual modelo de desarrollo, basado en grandes proyectos concentradores de renta y tierras, como es el eucalipto usado en la producción de celulosa de exportación. Este modelo que separa al ser humano de la naturaleza, forma los llamados ‘desiertos verdes’, enormes plantaciones de árboles de rápido crecimiento, pero sin fauna, sin flora y sin gente. El año 2005 fue fértil para la Red Alerta contra el Desierto Verde, con grandes movilizaciones contra las plantaciones industriales de árboles, principalmente en Espírito Santo, con las luchas por la tierra de las comunidades indígenas Tupinikim y Guaraní y del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST). En las visitas de campo que formaron parte de la programación del encuentro, los participantes conocieron la aldea Córrego do Ouro, en el municipio de Aracruz, reconstruida dentro de las 11.009 hectáreas de tierra indígena Tupinikim y Guaraní, autodemarcadas por los propios indígenas en mayo de este año. En la nueva aldea ya viven cuatro familias Tupinikim sin agua ni luz y con poca comida, pero con mucha esperanza, mostrando en la práctica la viabilidad de la alternativa por la cual luchan: sustituir las plantaciones de eucalipto por plantaciones de alimentos y árboles nativos y desarrollar las condiciones para vivir en libertad. Los líderes indígenas relataron como el monocultivo del eucalipto, sobre las tierras indígenas, alteró su conducta, sus tradiciones y su modo de vida y destruyó la naturaleza de la que dependían para sobrevivir. Estos impactos los obligaron a llegar a un acuerdo de ‘Fomento Forestal’ con Aracruz Celulose. El ‘Fomento Forestal’ es a nivel global, la más reciente estrategia de las empresas del sector para ‘integrar’ al productor rural al agronegocio del eucalipto y de la celulosa. Los indígenas Tupinikim y Guaraní continúan luchando por la demarcación oficial de sus tierras, todavía no llevada a cabo por el Gobierno Federal. Precisan del apoyo de todos(as) en esta pulseada con la mayor productora mundial de celulosa de eucalipto. En la segunda visita de campo, se conoció otra experiencia de lucha concreta, ahora en el campamento de trabajadores rurales sin tierra, vinculados al MST, en Vila do Riacho, Aracruz. Más de 100 familias ocupan desde el mes de setiembre un área de Aracruz Celulose de 8.500 hectáreas en el municipio de Aracruz. Los ocupantes son trabajadores expulsados de la tierra por el agronegocio, que sueñan con retornar al medio rural y producir su propio alimento. Solamente en esta área, por lo menos 400 familias podrían asentarse. Cabe destacar que en este momento, el gobierno federal y el gobierno del estado estarían realizando estudios, según prometieron, para identificar si esta área es productiva y cuánto de las llamadas ‘tierras fiscales’ (tierras sin documentación que por ley pertenecen al Estado) están entre las 8.500 hectáreas. Las ‘tierras fiscales’ no pueden ser entregadas a empresas privadas, sino que tienen que ser usadas con fines sociales, o sea, para la reforma agraria. La resistencia del MST da esperanza a estas familias. Ellas relatan las persecuciones sufridas por recoger restos de eucalipto en las plantaciones de la empresa. Con estos restos, las familias producen carbón para contribuir con el sustento de sus hijos. Hablan con dignidad y firmeza de la importancia de la organización para enfrentar la lucha contra el modelo de desarrollo del campo brasileño: el del agronegocio y del latifundio. La organización es el camino para que las comunidades que sufren el impacto del desierto verde luchen por sus derechos y para mostrar a la sociedad que, si por un lado los grandes proyectos industriales como el de Aracruz Celulose son perversos y sin futuro, por otro lado existen alternativas justas y posibles que pueden surgir de la articulación e intercambio de aquellas personas privadas de sus tierras - indígenas, trabajadores sin tierra, campesinos y quilombolas (descendientes de esclavos) La Red Alerta contra el Desierto Verde se propone ser un espacio que permita el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las luchas de quienes resisten. Por Winfried Overbeek, FASE-ES, e-mail: winnie.fase@terra.com.br
Camboya: las plantaciones y la muerte de los bosques Los defensores de las plantaciones industriales de árboles alegan que las plantaciones son “reforestación” que aumenta la superficie de bosque, brinda empleo a la población local o reduce la presión sobre los bosques naturales. La realidad de Camboya demuestra que estos argumentos son pura propaganda. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, ha otorgado en concesión grandes superficies de tierra, muchas veces a sus amistades y relaciones comerciales. Aunque la Ley de Tierras de 2001 de Camboya limita la superficie de las concesiones a 10.000 hectáreas, muchas de las concesiones superan por lejos esta extensión. En noviembre de 2004, Peter Leuprecht, representante especial para los derechos humanos en Camboya del secretario general de Naciones Unidas, publicó un informe sobre las concesiones de tierras desde la perspectiva de los derechos humanos. En el prólogo, Leuprecht escribió: "Me encontré con una situación chocante. Los derechos sobre la tierra otorgados a las empresas se parecen mucho a la propiedad. Sin embargo [las empresas] tienen poca o ninguna consideración por el bienestar y contribuyen poco, si contribuyen, a las rentas generales del Estado. He concluido que las políticas son incorrectas. No están reduciendo la pobreza en Camboya y permiten la continuación del saqueo de sus recursos naturales". Las recientes investigaciones encargadas por el WRM en las provincias de Koh Kong, Pursat y Kompong Chhnang confirmaron los problemas. Las comunidades locales se enteraron del plan de establecer una plantación de acacias de 18.300 hectáreas en el parque nacional de Bokum Sakor cuando una caravana de camiones y excavadoras irrumpió en el parque en marzo de 2004. La empresa que tiene la concesión, Green Rich (actualmente conocida como Green Elite) es propiedad de Freeland Universal Limited, una empresa registrada en las Islas Vírgenes británicas con oficinas en Hong Kong. Las oficinas de Hong Kong de Asia Pulp and Paper figuran con la misma dirección que Freeland Universal Limited. Green Rich estableció un campamento maderero dentro de Bokum Sakor, en una zona de bosque primario de melaleuca, en la margen sur del río Prek Khai. Los trabajadores empezaron a talar el bosque, construir oficinas y casas y establecer los cimientos de una planta para la producción de astillas (chips) de madera. Green Rich no contaba con las aprobaciones necesarias exigidas por la Ley Forestal, la Ley de Protección de los Recursos Naturales y el decreto relativo a las evaluaciones de impacto ambiental. La empresa taló varios cientos de hectáreas de bosque de melaleuca y mangle, dentro de un parque nacional. Las condiciones de trabajo eran espantosas. Green Rich recurrió a subcontratistas madereros del noreste de Camboya para llevar trabajadores y equipo a Bokum Sakor. Los subcontratistas inflaron los precios del agua y los alimentos para los trabajadores, muchos de los cuales se encontraron con que permanentemente tenían que pedir dinero prestado a los subcontratistas para poder sobrevivir. Muchos trabajadores huyeron, cruzando a nado el río Prek Khai por la noche o caminando kilómetros y kilómetros por el manglar. Decenas de trabajadores pudieron escapar gracias a la ayuda de trabajadores por los derechos humanos y la policía local. En mayo de 2004, Mok Mareth, ministro de Medio Ambiente, ordenó a la gerencia de Green Rich el cese de todas las actividades hasta no haber presentado la evaluación de impacto ambiental. Green Rich ignoró la orden y continuó las operaciones. Por fin en diciembre de 2004 el Ministerio de Medio Ambiente anunció que iniciaría un proceso contra Green Rich por US$ 1 millón en concepto de daños y compensaciones. El proceso fue abandonado cuando a fines de 2005 el ministro de Agricultura, Bosques y Pesca declaró al tribunal que había autorizado a la empresa a llevar a cabo sus operaciones. En 2004 comenzaron también las operaciones de plantaciones de la empresa china Wuzhishan en las provincias de Pursat y Kompong Chhnang. En 1997, Pheapimex, la empresa camboyana socia de Wuzhishan, obtuvo una concesión de 300.000 hectáreas para una plantación de eucaliptos, en medio de un período de desorden poco después de un golpe mediante el cual Hun Sen desbancó a su compañero de coalición Norodom Ranariddh. También fue durante ese período que Green Rich firmó el acuerdo para su concesión. Wuzhishan, Pheapimex y Green Rich tienen vínculos estrechos con el primer ministro o su entorno. Las concesiones de Pheapimex abarcan el 7% de Camboya; la empresa tiene los derechos de todos los yacimientos de oro (salvo uno) del país. En el historial de Pheapimex figuran actividades de madereo ilegal, evasión fiscal y de regalías y haber obligado a los residentes locales a entregar los bosques de los que dependen. En 2000, cuando Pheapimex empezó a talar una zona de bosque comunitario de la Comuna Ansar Chambok, provincia de Pursat, los pobladores resistieron con éxito, presentando demandas para exigir al gobierno que hiciera valer la ley y cortando físicamente la carretera que lleva al bosque. Durante tres años Pheapimex no hizo más trabajos en el lugar. Sin embargo, en noviembre de 2004 cientos de trabajadores de Wuzhishan llegaron a Ansar Chambok. Empezaron a cortar el bosque, construir carreteras dentro del bosque y montar un vivero de árboles. En la vecina provincia de Kompong Chhnang se vieron escenas similares. "Tengo ocho hijos. Si el bosque se va y me quitan mi tierra, no tendré nada para ellos", dijo a los investigadores una persona de la aldea. Una vez más, los pobladores de Ansar Chambok intentaron detener la destrucción de su bosque comunitario. Organizaron la vigilancia de la maquinaria para impedir que las excavadoras entraran a la zona de la concesión. Una noche alguien tiró una granada en medio de un grupo de aldeanos que dormían, hiriendo a ocho de ellos. La policía local acusó a los aldeanos de haber lanzado la granada contra sí mismos. El primer ministro restó importancia al incidente, calificándolo de golpe publicitario: "El propósito del ataque con la granada, que dejó algunos heridos y ningún muerto, apuntaba simplemente a amplificar su propaganda". La recolección de resina es una de las fuentes de ingresos más importantes de los aldeanos. Wuzhishan les cortó sus árboles de resina. "Tengo miedo de perder todo. Tengo tres hectáreas de tierras, pero el jefe de la aldea me dijo que todas están en la concesión. Tenía 50 árboles de resina, pero ahora quedan solamente 20. La semana pasada me cortaron 30 árboles", dijo a los investigadores un recolector de resina. Los trabajos han vuelto ha detenerse, al menos por el momento. En marzo de 2005, Wuzhishan despidió a sus trabajadores y retiró la maquinaria pesada de sus sitios en Pursat y Kompong Chhnang. Por Chris Lang, correo-e: http://chrislang.org
Chile: la sed infinita de los forestales Lumaco (que significa “Agua de Luma”) es una comuna de paso dibujada en una gran zona de plantaciones forestales y comunidades empobrecidas. Ofrece muy poco para quedarse. Lumaco es parte de las comunas conocidas en Chile como forestales. La visión de futuro de la comunidad expresada en su Plan de Desarrollo Comunal 2000-2006 dice anhelar “una comuna con pobreza superada, limpia y ordenada, fructífera y progresista, con desarrollo y unidad, con expectativas, con educación intercultural, diversa, con buena calidad de vida para sus habitantes mapuche y no mapuche”. Pasemos breve revista a su historia. Lumaco, ubicada en el centro sur del país, fue conocida como el “granero de Chile”. La degradación de décadas de agricultura intensiva, la transformación económica tras el golpe militar de 1973 que implementando el llamado “modelo exportador” hicieron que la actividad agrícola dejara de ser viable social y económicamente. Fue el contexto propicio para la imposición de un nuevo modelo productivo. La condiciones macroeconómicas más subsidios estatales alentaron el desarrollo de la industria forestal basada en monocultivos para exportación. No obstante, Lumaco con una superficie de 111.500 hectáreas, en los últimos treinta años ha sufrido una importante reducción de su población; si en 1970 tenía 16.184 habitantes ya al 2002 eran solo 12.792, hecho que hay que comparar con un aumento en un 68% de la población nacional en general. Actualmente, el 68% es población rural y el 70% es indígena mapuche. Hay un intenso proceso migratorio vinculado a la búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo. Lumaco también presenta elevados índices de pobreza, siendo una de las comunas más pobres de Chile. Así, el 60% de su población se encuentra bajo la línea de la pobreza y el 33% de ésta en extrema pobreza. Indicadores sociales relevantes son: el 23,7% de analfabetismo; el 26,3% de deserción escolar y una tasa de mortalidad infantil de 17,05 por mil. Esto pone en cuestión los supuestos beneficios del modelo forestal imperante en el país. La expansión da las plantaciones ha sido un proceso explosivo. El 1988 el 14% de la superficie de la comuna tenía plantaciones, en tanto que al año 2003 ya llegaba al 52,5%, todo esto en desmedro del suelo de uso agropecuario y de bosque nativo. La transformación en las formas de utilización del suelo trajo como consecuencia cambios drásticos en la vida, la cultura y los ecosistemas. Si se analiza la distribución de la tierra, nos encontramos con graves problemas en la desigualdad. El 50% de los predios ocupa el 10% de la superficie comunal donde habita el 80% de la población rural. En contraste, el 10% de los predios de mayor superficie representan el 55% de la superficie comunal. Si incorporamos al análisis la calidad de las tierras la desigualdad se incrementa aún más, el 85% de las pequeñas propiedades se encuentran en suelos con escasa aptitud agrícola y alta fragilidad ecológica. Como en otras zonas de plantación intensiva, se puede observar los impactos ambientales severos que genera esta actividad: destrucción del bosque nativo (queda un 13% de la superficie original), disminución de la biodiversidad, problemas de salud en comunidades circundantes, contaminación del agua por plaguicidas y polen del pino, degradación de suelos entre otros. Un aspecto crítico es la desaparición de fuentes de agua en este sector. Las comunidades rurales se quedan sin abastecimiento de agua desde fines de la primavera hasta el inicio del otoño. Desaparecen las vertientes, los cursos superficiales, baja el nivel de los pozos; en definitiva las comunidades en el campo no tienen suficiente agua para sus actividades agrícolas y ganaderas y ni para el consumo humano. El gobierno y el Municipio, ante la situación de emergencia, se ven obligados a destinar gran cantidad de recursos públicos para distribuir y abastecer de agua para consumo básico a las familias vecinas a las plantaciones En el caso de la comunidad indígena los efectos toman otras dimensiones en lo territorial, cultural y espiritual, pues el deterioro del mundo natural mapuche afecta la convivencia humana con lo espiritual. Cambios estructurales en la cultura mapuche, modifican el modo equilibrado de vivir y de solucionar los problemas. La pérdida de espacio territorial, agravado por los fuertes impactos y degradación ambiental producida por la expansión de las plantaciones, han abierto un conflicto entre la comunidad mapuche, las empresas forestales y el gobierno. Los procesos de recuperación de tierras por parte del pueblo mapuche a partir de 1997 ponen en evidencia sus precarias condiciones de vida. También ha sido un espacio propicio para poner de relieve sus demandas político históricas, tanto territoriales como de reconocimiento como pueblo. La respuesta del Estado ha sido propiciar condiciones jurídicas y sociales para que los empresarios forestales cumplan sus metas productivas y continúen con la expansión. Por un lado represión y criminalización: Por otro, resolver puntualmente algunos problemas que provocan que las comunidades se levanten y critiquen el modelo forestal. En esta dirección apunta la modificación del decreto Ley 701 que reorienta subsidios destinados antes a las grandes empresas forestales hacia pequeños propietarios agrícolas e indígenas, y el Programa Orígenes, de carácter asistencial, dirigido a la comunidad indígena y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Adicionalmente, se promueven proyectos locales que desnaturalizan incentivos públicos y que obligan a la reconversión de antiguos agricultores a la actividad forestal. Así, esta estrategia de expansión se hace más compleja, opera a través del chantaje político y económico que no deja caminos alternativos. Se impone a la población la obligación de pensar su supervivencia y su futuro en el marco de las plantaciones. En la actualidad la comuna de Lumaco vive bajo condiciones contrarias a los anhelos expresados por la comunidad al comienzo de este artículo. No obstante, en esta zona el pueblo mapuche ha puesto de manifiesto que el resguardo cultural puede ser una estrategia relevante para enfrentar al modelo forestal, defendiendo su derecho a pensar el paisaje y la naturaleza desde criterios propios, y al denunciar la presencia forestal como una invasión de sus territorios y de sus formas de vida. Elaborado por Lucio Cuenca B. a partir del estudio de caso “Contexto económico y social de las plantaciones forestales en Chile: el caso de la comuna de Lumaco Región de la Araucanía”. WRM – OLCA, agosto 2005. Correo electrónico: l.cuenca@olca.cl
Ecuador: impactos de la empresa Eucapacific sobre la gente y su ambiente En Ecuador conviven tres modelos de monocultivos de árboles: el de los mal llamados “sumideros de carbono” de la fundación holandesa FACE, el de las plantaciones de pinos en comunidades andinas promovidas por organizaciones vinculadas a la iglesia y el modelo de plantaciones para celulosa. En el presente artículo nos concentramos en este último y más reciente modelo. En la provincia de Esmeraldas, la empresa Eucapacific (Eucalyptus Pacífico S.A.) está activamente plantando eucaliptos. Esta es una nueva empresa que se constituyó a finales del 2000 para realizar un gran proyecto de plantaciones de eucalipto. El proyecto reúne a cuatro compañías japonesas (Mitsubishi Paper Mills, Sumitomo Corporation, Electric Power Development, Environmental Engineering Service) y Waltz internacional y se plantea plantar miles de hectáreas de eucaliptos. El objetivo es producir pulpa y papel a partir
de los eucaliptos. La madera será transformada en astillas en
el puerto de Esmeraldas para después ser exportada a Japón
donde se la convertirá en celulosa y papel. Eucapacific se instala mediante un proceso agresivo de compra de tierras, inicialmente a propietarios de extensiones medianas de entre 500 a 2000 has. y posteriormente, a pequeños propietarios. A éstos se les ofreció pagar buenos precios por la tierra y se les hizo promesas de empleo. Para expandir su control sobre toda la zona. Eucapacific presionó a los campesinos para que vendieran las fincas que quedaban aisladas en medio de las propiedades de la empresa. Esto lo hizo cercando los terrenos y poniendo guardias de seguridad para impedir el libre tránsito de los campesinos por los caminos vecinales que la transnacional había ya obstaculizado con plantaciones. Frecuentemente se han dado casos en que los campesinos son obligados a aceptar precios irrisorios por sus tierras con el simple recurso de impedirles el acceso a sus propiedades comprando los terrenos adyacentes. Así, a la vez, la empresa torna en ilegal el paso por sus dominios. Existe otro tipo de presiones por parte de Eucapacific. Éstas incluyen el abierto boicot a la producción campesina, el robo a sus propiedades, la muerte de sus animales y el incumplimiento de acuerdos específicos. A esto se añade, el amedrentamiento mediante amenazas de muerte y el acoso a los niños de la comunidad, situación denunciada en la comunidad de Matambal. El trabajo prometido a la población
local brilla por su ausencia. En la siembra del 2003 “entraron
300 personas de afuera”. Plantaron y la gente se fue “porque
ya no hubo más trabajo”. De esas 300 personas hoy solo
quedan 10. La ayuda prometida al momento de la compra de tierras, en
particular referida a la creación de fuentes de trabajo se reduce
a “cero ayuda hasta ahorita”. En cuanto a condiciones reales de trabajo, las mismas son lamentables. En una hacienda de 400 has entran a laborar aproximadamente 400 trabajadores que viven en un solo campamento si la hacienda tiene acceso a caminos. En caso contrario son distribuidos en 3 o más campamentos en las áreas de plantación. Los campamentos con camino suelen ser grandes, separados en barracas para treinta a cuarenta hombres en literas de tres pisos. Hechos en madera de mala calidad con techos de zinc, no se dispone de baterías sanitarias y los que las tienen incluyen de seis a diez con pozos sépticos que a la semana ya están llenos, provocándose un grave problema de insalubridad: las aguas fecales rebosan convirtiéndose en los criaderos de mosquitos transmisores de fiebre tifoidea y malaria. Los insumos químicos (herbicidas,
insecticidas, fertilizantes) son colocados junto a los comedores y bajo
los campamentos exponiendo a los trabajadores a contaminación.
Los campamentos dispersos en la selva son de techo y paredes de plástico
de no más de cinco por cinco metros en los que habitan seis personas.
No tienen ningún servicio básico. Se utilizan las casas
de los antiguos dueños de las fincas, y en los centros poblados
las casas comunales. No existe continuidad en el trabajo. Mucha gente es contratada en las fases iniciales de la plantación. Ello supone un período medio de tres a cuatro meses, tras el cual se produce un despido masivo de trabajadores. La remuneración por 22 días de trabajo continuo de 8 horas diarias es de entre cinco y seis dólares dando un promedio de 133 dólares, que es inferior al sueldo básico. Los días de descanso no son remunerados. Los días de enfermedad no son pagados. El costo de la comida es descontado del salario y es de pésima calidad. A lo anterior se suman otros impactos de
las plantaciones. A poco de implantados los eucaliptos, ya se empiezan
a notar sus impactos sobre el agua. La gente dice que “van quedando
ríos enteramente secos. Ya no hay pescaditos ni nada”.
A eso se agrega la contaminación y ahora el agua está
sucia y contaminada con productos químicos. Ello ha traído
aparejadas enfermedades entre la población local. En determinadas
ocasiones ha ocurrido que “el río apesta”, porque
“envenenaron el río y los camarones y pescados muertos
apestan”. Debido al uso de agroquímicos, se han registrado, casos de intoxicaciones producidas por el hecho de bañarse en los ríos Península y Tortuga. Un dato importante es que la población de Tortuga, consume el agua del río que lleva el mismo nombre, dónde siempre hay peces muertos por envenenamiento. Además, los cultivos como los bananos, se apestan por falta de agua, puesto que los eucaliptos secan el agua de las fuentes y ríos. Al disminuir los caudales de agua, ya casi
no se ven especies tales como los jaibos, cangrejos, guariches. La gente
del pueblo de Tortuga, dice: “Hemos tenido dos plagas, dos enemigos:
las camaroneras en ese tiempo, y ahora, los eucaliptos.¨ Por: Ivonne Ramos, Acción Ecológica, correo electrónico: cbosques@accionecologica.org
Indonesia: el insaciable apetito de la industria de la celulosa Asia Pulp and Paper (APP) es una de las mayores empresas de celulosa y papel del mundo. Esta empresa es responsable de la deforestación a gran escala de los bosques de Indonesia. Además, APP ha generado en Indonesia una cantidad de conflictos aún no resueltos con las comunidades locales. Una investigación de próxima publicación realizada por Rully Syumanda, activista por los bosques de Amigos de la Tierra Indonesia/WALHI, y Rivani Noor de la Alianza Comunitaria contra la Industria de la Celulosa (CAPPA), documenta el negro historial de la empresa en Sumatra. "Aquí en Indonesia nos estamos enfrentando a muchísimos desafíos en cuanto a la destrucción de los bosques, incluidas las plantaciones de árboles y la industria de la palma aceitera", dijo Syumanda al comenzar su presentación. En Indonesia hay siete plantas de celulosa, 65 fábricas de papel y 10 fábricas de celulosa y papel. Nos centraremos en la mayor de todas, la fábrica de celulosa y papel de APP en Riau. "Tendremos problemas a causa de los planes de APP de convertirse en el mayor exportador mundial de celulosa y papel", dijo Syumanda, y añadió: "El gobierno de Indonesia apoya el crecimiento de esta industria". Los técnicos forestales que trabajan en APP alegan que la empresa está estableciendo plantaciones con gran rapidez para poder alimentar sus fábricas de celulosa sin tener que seguir cortando los bosques primarios. "APP es el niño mimado del Departamento de Bosques", dijo Syumanda, "porque el madereo, las plantaciones, la pulpa y el papel lo dominan todo". Pero esta industria no es seria en cuanto al desarrollo de plantaciones. Las plantaciones siguen suministrando apenas el 30% de la materia prima necesaria. El madereo destructivo o ilegal proporciona gran parte del resto. APP está convirtiendo bosques en plantaciones. La empresa ha utilizado subsidios del fondo de rehabilitación que deberían haber sido usados para la recuperación de zonas de bosques. Grandes superficies de las concesiones de APP se superponen con tierras comunitarias. Syumanda explicó que el problema principal es el exceso de capacidad de la industria. Su mera escala significa que los conflictos por la tenencia de tierras no podrán resolverse en forma equitativa. No existe un protocolo para la resolución de los problemas causados. Pero al gobierno no le preocupa el exceso de capacidad. En su lugar prefiere mantener la atención en el madereo ilegal. "Esto tiene sus repercusiones", explicó Syumanda, "y muchos campesinos y agricultores fueron arrestados por cortar árboles en sus chacras para cubrir sus propias necesidades". Todas las ideas relativas a la reestructuración de la industria, con inclusión de la reducción de su tamaño, fueron dejadas de lado por la necesidad de dinero rápido, que se utilizará por lo menos parcialmente para pagar las elevadas deudas de la empresa. La deuda de APP, que asciende a casi US$ 14.000 millones, es la mayor entre las empresas del sudeste asiático. La violencia, las violaciones de los derechos humanos, la contaminación del agua y el aire, los incendios forestales y las inundaciones se han convertido en moneda corriente para la industria de la celulosa y el papel en Indonesia. "Nos enfrentamos ahora al próximo desafío", dijo Syumanda. El gobierno programa establecer otros cinco millones de hectáreas de plantaciones de acacia para pulpa. Esto se suma a los planes de plantar dos millones de hectáreas de palma aceitera en el medio de Borneo y, tal vez, otros ocho millones de hectáreas de palma aceitera distribuidos por el archipiélago. "Es una locura", concluyó Syumanda. Durante la década de 1970 el gobierno de Indonesia declaró 140 millones de hectáreas de tierras como bosques estatales, “estableciendo de ese modo el control estatal sobre recursos forestales administrados tradicionalmente por decenas de miles de comunidades locales”, añadió Patrick Anderson, asesor sobre políticas de WALHI. Al igual que con las concesiones para el madereo industrial, el gobierno entrega concesiones a la industria de la pulpa y el papel sin considerar quién vive allí ni quiénes han usado tradicionalmente el bosque. Una de las pocas reglas que la industria de la pulpa y el papel sigue en Indonesia es que primero se construye la fábrica de celulosa y las plantaciones vienen después. “Entonces, por lo menos durante los primeros años, mientras se establecen las plantaciones y los árboles crecen, la fábrica utilizará los bosques naturales como materia prima”, explicó Anderson. Indonesia tiene cerca de 50 millones de indígenas y alrededor de 1.000 idiomas diferentes. Aunque teóricamente en Indonesia se reconocen los derechos de los indígenas a su tierra, el gobierno no cumple con sus leyes que reconocen los derechos consuetudinarios. Ahora que la industria del contrachapado está decayendo debido a la falta de árboles grandes, el gobierno está haciendo todo lo que puede para crear una economía de exportación basada en el sector de la celulosa y el papel. Rivani Noor señaló que en Sumatra simplemente no queda suficiente bosque para que la industria de la pulpa siga expandiéndose, por lo cual APP ha comenzado operaciones de fábricas de celulosa y plantaciones en China. El resultado es que las astillas de los bosques de Sumatra se exportarán para proveer las operaciones de APP en China. APP tiene además una nueva concesión en Kalimantán. Se proponen otras tres nuevas fábricas de pulpa para Kalimantán. El grupo Korindo de Corea del Sur ha realizado un estudio de factibilidad para una fábrica de celulosa y papel en Kalimantan Central. Un grupo de inversores indios y malayos presentó ante el Ministerio de Bosques una propuesta para construir una fábrica de celulosa y papel de US$ 1.300 millones. Si sale adelante, el proyecto convertirá unas 300.000 hectáreas de bosques en plantaciones. La empresa United Fibre Systems (UFS), con sede en Singapur, tiene un proyecto en Kalimantán del Sur y está buscando apoyo financiero europeo. UFS también está en proceso de apropiarse de una fábrica existente (Kiani Yertas) en Kalimantán del Este, con asesoría financiera del Deutsche Bank. Deseosa de no limitar la destrucción de los bosques a la isla de Sumatra, la industria de la pulpa y el papel está muy ocupada planeando su expansión en Kalimantán. Si lo hace, los resultados serán predecibles y desastrosos para la gente y los bosques. Por
Chris Lang, correo-e: http://chrislang.org
Sudáfrica: ¿son las plantaciones oro verde, o un desierto verde? “La gente rural es muy competente, pero no tiene diplomas. Además, no usa el lenguaje ‘correcto’. Este estudio me permite empoderar a la comunidad. Me veo como la voz de los que no la tienen, comprometido en la lucha por el logro de la dignidad de nuestra gente”, dijo John Blessing Karumbidza al iniciar su presentación en Vitória. Nacido en la zona rural de Zimbabwe, Karumbidza es profesor de historia de la economía en la Universidad de KwaZulu-Natal de la ciudad de Durban. Timberwatch le encomendó analizar los efectos de las plantaciones en las comunidades rurales de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal. Si bien los impactos ambientales no estaban específicamente incluidos en la investigación, Karumbidza observó que “las consideraciones y los impactos sobre el medio ambiente están presentes en todos los temas, por estar ligados a los impactos sociales, culturales y económicos. En lo que es la vida típica de esta región rural, no sólo es difícil separar entre sí los temas sociales, culturales, económicos y políticos, sino también distinguirlos de los temas ambientales”. La industria sudafricana de las plantaciones dice estar creando nuevos empleos. Cuando despide a trabajadores y encarga el trabajo a subcontratistas (pagando salarios menores), habla de “empoderamiento”. Dice que desarrolla la infraestructura, por ejemplo construyendo caminos. Dice estar poniendo dinero en los bolsillos de la gente y contribuyendo a mejorar la economía nacional. Dice que protege el medio ambiente. De la investigación de Karumbidza surge una historia diferente, llena de expulsiones, reubicaciones y rupturas. Las comunidades que fueron expulsadas para hacer lugar a las plantaciones recibieron una indemnización inadecuada, o incluso ninguna. En su nuevo lugar de asentamiento las tierras eran insuficientes. La comunidad de Sabokwe, situada en Richards Bay, se encuentra hoy absolutamente rodeada por las plantaciones de eucaliptos. Uno de sus miembros las describe como “un mar de nada”. “Nos sentimos cercados al estar tan cerca de plantaciones tan enormes”, dijo a Karumbidza un poblador de Sabokwe. “Lloramos al ver que nuestros niños no tienen ropas ni zapatos”, añadió otro. “La vida se ha vuelto difícil desde que llegaron los árboles”. La escasez de tierras es otro tema de preocupación para ellos. No pueden cultivar suficientes alimentos y los jóvenes se preocupan pensando que, cuando sean mayores, sus padres no tendrán una parcela para darles. La Sra. Ziqubu, una de las mujeres mayores de Sabokwe, contó a Karumbidza sobre los problemas que tienen con el agua: “Lo que pasa es que tenemos que competir por el agua con las plantaciones. Estas consumen mucha agua. Yo recuerdo que cuando vinimos, en 1996, el arroyo que corre cerca de nuestro jardín siempre tenía agua, porque todavía no estaban los eucaliptos”. “El problema del agua es tan importante como la disponibilidad de tierras”, continuó diciendo. “Aunque uno tenga tierra, sin agua es poco lo que puede hacer con ella. Y así estamos, en medio de un desierto creado por la industria de las plantaciones”. Slovoville es un asentamiento irregular ubicado cerca de KwaMbonambi. Allí viven unas 2000 personas, en casitas diminutas hechas con restos de madera, plástico negro, neumáticos de auto y cualquier cosa que se encuentre. Hay sólo una entrada de agua para toda la población. Los primeros que se instalaron allí vinieron en los años 1980, cuando las empresas de celulosa y papel Mondi y Sappi empezaron a comprar tierras a diestra y siniestra. Los granjeros blancos vendieron las suyas, tomaron el dinero y se fueron. Los negros que trabajaban en las granjas no podían ir a ninguna parte, salvo a asentamientos como el de Slovoville. Desde entonces han venido otros, incluso gente de Mozambique que llegó a Sudáfrica en busca de trabajo, mientras otros huían de la violencia política que imperaba en Zululandia. Tanto Mondi como Sappi rechazan toda responsabilidad hacia la gente que vive en Slovoville. Cuando un incendio arrasó el asentamiento, ninguna de las dos compañías prestó ayuda alguna, ni siquiera donando postes para la reconstrucción de las viviendas. En noviembre de 2005 Timberwatch organizó una reunión con representantes de las comunidades y de las ONG locales, para comentar el informe de Karumbidza. Después de presentarlo, Karumbidza preguntó si las comunidades habían obtenido algún beneficio de las plantaciones de árboles. Ninguno de los presentes pudo mencionar siquiera uno. “Las plantaciones no trajeron beneficios, trajeron hambre”, dijo uno de los pobladores. “No tendría que haber plantaciones cerca de la comunidad o del pueblo”, añadió otro. Presentaron la lista de los problemas causados por las plantaciones: la falta de agua, la disminución de las pasturas y campos de cultivo, el deterioro de los suelos, la reducción del número de árboles nativos, frutales y plantas medicinales, y el hecho de que las plantaciones sean un refugio de delincuentes. En el transcurso de la discusión, una de las pobladoras explicó que ni siquiera quienes trabajaron durante 20 años para las compañías plantadoras se vieron beneficiados. “No pueden mostrar nada bueno, ningún bien, que hayan comprado con su salario, con el contrato que firmaron, no tienen nada”, dijo. “Tendríamos que librarnos de esas plantaciones.” Por Chris Lang, correo electrónico: http://chrislang.org
Uganda: la Fundación FACE, el conflicto del carbono y la certificación del FSC En 1994 la Fundación FACE firmó un acuerdo con las autoridades ugandesas para plantar 25.000 hectáreas de árboles dentro del Parque Nacional Monte Elgon, en Uganda. La Fundación FACE está trabajando con la Autoridad para la Vida Silvestre de Uganda (UWA), responsable de la administración de los parques nacionales del país. La Fundación FACE (sigla en inglés de “bosques que absorben emisiones de dióxido de carbono”) fue establecida en 1990 por el organismo holandés encargado de la generación de electricidad con el fin de plantar árboles para absorber y almacenar carbono, supuestamente como compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero de una nueva central energética que se construiría en Países Bajos. El proyecto UWA-FACE está plantando árboles en una faja de entre dos y tres kilómetros de ancho que bordea por dentro el límite del Parque Nacional Monte Elgon, de 211 kilómetros de largo. El proyecto obtuvo la certificación de buen manejo del Consejo de Manejo Forestal (FSC) en marzo de 2002, tras las evaluaciones realizadas en diciembre de 1999 y enero de 2002 por SGS Qualifor. Según el resumen público del informe de SGS, cuando los evaluadores visitaron la zona de Monte Elgon se había plantado una superficie de poco más de 7.000 hectáreas. Fred Kizza, coordinador del proyecto de FACE, dijo a Timothy Byakola, de la ONG ugandesa Climate and Development Initiatives, que el proyecto había mejorado los ingresos y nivel de vida de las comunidades cercanas a la zona del proyecto. Lo mismo dice SGS: “El proyecto ha brindado trabajo pago y capacitación en cantidades significativas a las comunidades circundantes en una zona donde existen muy pocas fuentes de trabajo pago”. Pero los funcionarios del consejo local dijeron a Byakola que la mayoría de los trabajos existen solamente durante el período de plantación y que emplean a muy pocas personas. Dijeron que el proyecto había quitado a las comunidades lo poco que tenían. Byakola informa que los recursos forestales necesarios para funciones culturales y leña son difíciles de encontrar. La gente ha dejado de preparar determinados alimentos, como los porotos, que deben cocinarse durante largo rato. Los aldeanos ya no pueden hacer pastar a sus cabras y vacas en el bosque, lo que resulta en un exceso de animales pastando en zonas cercanas al bosque y la consiguiente erosión del suelo. Cuando Monte Elgon fue declarado parque nacional en 1993, las personas que vivían dentro de los límites del parque nacional perdieron todos sus derechos. El gobierno los expulsó del parque “sin la debida compensación, lo que va directamente contra la Constitución de Uganda”, señaló Byakola. El resumen público de SGS reconoce que hubo “disputas relativas a los límites del parque en algunas zonas”. Sin embargo, según los evaluadores de SGS, “Los ocupantes nunca tuvieron derechos legales para trabajar la tierra y la UWA está habilitada legalmente a desalojar a los pobladores del lado de adentro del límite”. Los guardaparques de la UWA reciben instrucción paramilitar como preparación para cumplir sus obligaciones. En junio de 2004, David Wakikona, parlamentario por el condado de Manjiya, declaró al periódico ugandés New Vision que “Los límites se establecieron en forma unilateral, desplazando a más de 10.000 personas. Los guardianes de la vida silvestre que allí operan están muy militarizados y han matado a más de 50 personas. La gente siente que el gobierno protege a los animales más que a las personas”. En julio de 2002 un equipo que trabajaba en la demarcación del límite del parque encontró que dentro del mismo funcionaban dos escuelas y dos centros de intercambio comercial. El entonces guardián en jefe de la UWA, James Okonya, dijo a New Vision que los ocupantes serían desalojados. SGS estaría de acuerdo. El resumen público de SGS reconoce que para que el proyecto UWA-FACE continúe habrá que desalojar a más personas. SGS opina que “podría necesitarse [actuar con] más velocidad para garantizar que los desalojos se llevarán a cabo con éxito”. El mismo mes que el FSC otorgó su certificado, marzo de 2002, varios centenares de familias acamparon en un centro de intercambio comercial tras haber sido expulsados por la UWA de sus hogares y tierras en el Parque Nacional Monte Elgon. Aunque habían vivido en Monte Elgon por más de 40 años, para los guardaparques armados de la UWA se trataba de intrusos sin derechos sobre la tierra. Los guardias destruyeron casas y cultivos. Las personas desalojadas tuvieron que refugiarse en poblados vecinos. New Vision informó que muchas familias estaban viviendo en mezquitas y cuevas. UWA expulsó a más de 500 familias del parque nacional antes de que Edward Rugumayo, ministro de Comercio, Turismo e Industria, le ordenara detener los desalojos. Los Benet, conocidos también como Ndorobo, son indígenas de Monte Elgon. Luego de ser expulsados en 1983 y 1993 decidieron hacerle un juicio al gobierno para reclamar sus derechos sobre la tierra. En agosto de 2003 la alianza Uganda Land Alliance inició un proceso contra el fiscal general y la Autoridad para la Vida Silvestre de Uganda en nombre de los Benet. Los Benet acusaron a la UWA de hostigarlos constantemente. Mientras tanto, el gobierno interrumpió todos los servicios de educación y salud en la zona y prohibió a la gente toda actividad con la tierra. En octubre de 2005 el juez J.B Katutsi falló que los Benet “son los habitantes históricos e indígenas de las zonas mencionadas que fueron declaradas zonas de protección de la vida silvestre o parques nacionales”. El juez dictaminó que esta clasificación de la zona debía revertirse y que debía permitirse a los Benet vivir en su tierra y seguir trabajándola. En su resumen público SGS declara que “El proyecto no está plantando en zonas cuyos límites estén en disputa y el proyecto no está involucrado en ninguna disputa significativa”. Pero la Autoridad para la Vida Silvestre de Uganda es parte del proyecto UWA-FACE. Simplemente no es posible separar la plantación de árboles a lo largo del límite del parque nacional de la administración del resto del parque. En febrero de 2004, New Vision informó que la policía retenía a 45 personas “sospechosas de ocupar el Parque Nacional Monte Elgon y destruir 1.700 árboles”. Los árboles habían sido plantados en 1994 en virtud del proyecto UWA-Fundación FACE. Por Chris Lang, correo-e : http://chrislang.org
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