|
Boletín del
WRM
Para bajar el boletín como archivo en formato pdf hacer click
aquí
Para
suscribirse gratuitamente
Números anteriores
|
|
|
Para bajar el boletín como archivo en formato pdf hacer click
aquí
Para
suscribirse gratuitamente
Números anteriores
|
|
LUCHAS
LOCALES Y NOTICIAS Bolivia: indígenas Toromonas en aislamiento voluntario en grave peligro de desaparición El mundo está tomando conciencia de la problemática de los Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía. Parece increíble, pero algunos animales son mejor protegidos que los grupos humanos que buscan preservar su aislamiento. Esto es, sin dudas, un derecho humano fundamental que los pueblos aislados tienen facultad de ejercer y de defender y nosotros de respetar. Sin embargo –y a pesar de las recomendaciones de la ONU, la OEA, la COICA, la UICN y otras instituciones globales y regionales- la situación de dichos pueblos que habitan la Amazonía continental –el mayor reservorio mundial de pueblos sin contacto- es alarmante. Todos los pueblos, sin excepción, se encuentran en peligro de desaparición forzada. Es preciso alentar acciones urgentes para evitar que un nuevo genocidio termine de consumarse. Los Pueblos Indígenas Aislados Amazónicos que aún existen son un patrimonio humano y cultural único que no deberían seguir el camino que ya sufrieron centenas de pueblos de los bosques: el exterminio lento, la desaparición violenta y silenciosa, un genocidio vergonzante y siniestro. A pesar de ser un país de mayoría indígena, la situación en Bolivia no escapa a la situación descripta. Existe poca conciencia sobre el drama, los esfuerzos son aislados y falta una visión integral que movilice a quienes puedan contribuir a brindar soluciones. Si bien los pueblos aislados están incluidos en los informes oficiales, el abordaje de su problemática está limitado por la burocracia y la incomprensión de la gravedad de la misma. Esto contrasta con la fortaleza que exhiben incluso las propias organizaciones indígenas de la Amazonía, cuya capacidad de acción quedó demostrada desde 1990 con la llamada Marcha por el Territorio y la Dignidad, un hito en la historia de Bolivia, ya que inscribió la problemática de los pueblos indígenas amazónicos del país en la agenda nacional. Sin embargo, 16 años después, el tema de los pueblos aislados sigue siendo marginal, anecdótico y casi invisible, incluyendo a muchas de las organizaciones que trabajan en la misma Amazonía. Los Toromonas son un caso arquetípico de lo que afirmamos. Parte de la familia lingüística Tacana, su incuestionable existencia histórica apenas es conocida y valorada. Hoy, un grupo de la etnia se presume habitando en el sector del valle del río Colorado y las cabeceras del río Sonene (o Heath), al interior del Parque Nacional Madidi, en el norte amazónico del Departamento de La Paz. Es urgente certificar esa presencia para poder encarar acciones de protección estricta. Nosotros, como Expedición Madidi, venimos luchando porque eso suceda desde el año 2000, cuando nos informamos del tema trabajando en las comunidades mestizas adyacentes al supuesto territorio toromona. En octubre del año pasado, comprobamos y denunciamos públicamente, con verdadera alarma, que la región se encontraba infestada de madereros que, en sus incursiones para hallar árboles de madera preciosa, podían tomar contacto violento con el grupo aislado, por lo cual su existencia estaba seriamente amenazada. En ese sentido, estamos preparando para la temporada seca una nueva expedición a la región para poder completar nuestro trabajo de campo y presentar los indicios y/o evidencias materiales y/o visuales suficientes que prueben la sobrevivencia de los Toromonas históricos, respetando su derecho al aislamiento, es decir evitando cualquier contacto físico de parte nuestra o de cualquiera. Esta nueva expedición se inscribirá en un contexto diferente. Bolivia como nación vive tiempos de cambios históricos. Es la primera vez que un indígena asumió la Presidencia de la República. En ese sentido, estamos seguros de contar con la comprensión y el apoyo de Evo Morales, la primera autoridad del país. A la vez, deseamos que la problemática de los Pueblos Indígenas Aislados y los Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad se incluya en el texto de la nueva Constitución Política del Estado boliviano que empezará a discutirse a partir del 6 de agosto próximo en la ciudad de Sucre en el marco de una Asamblea Constituyente. A través de este artículo, no sólo queremos alertar y difundir el riesgo en que viven los pueblos aislados de Bolivia, sino convocar a quienes quieran ayudar a los Toromonas, a que se pongan en contacto con nosotros. Pueden hacerlo al correo electrónico pablocingolani@yahoo.com.ar . La lucha por la protección de los últimos pueblos aislados de la Amazonía boliviana no puede esperar. Es ahora o nunca. Por: Pablo Cingolani, correo electrónico: pablocingolani@yahoo.com.ar, Fundación Expedición Madidi Quienes deseen leer más
información sobre la temática, pueden hacerlo en www.bolpress.com
o en el blog www.cingolani.ssolucion.com
donde se encuentra publicado el documento “Sobre antropología
de urgencia en Bolivia: Pueblos étnicos de tierras bajas en
situación de alta vulnerabilidad y en aislamiento voluntario”
elaborado por el antropólogo Álvaro Díez Astete.
El documento también está disponible en la página
web del WRM en la siguiente dirección: http://www.wrm.org.uy/paises/Bolivia/ANTROPOLOGIA_URGENCIA_BOLIVIA.pdf
El Ministerio Público Federal, a través de la Procuraduría de la República en Ilhéus-Bahia, según Recomendación nº 01 de fecha 18 de noviembre de 2005, exige el retiro de plantaciones de eucalipto en un radio de 10 (diez) kilómetros, en las zonas de amortiguación de las Unidades de Conservación de los Parques Nacionales “Do Descobrimento”, “Monte Pascoal” y “Pau Brasil”, según determina la legislación brasileña. El documento dice asimismo que los emprendedores, o sea, las empresas de celulosa, deben elaborar un Plan de Recuperación de Área Degradada - PRAD, inmediatamente después del retiro del eucalipto, para recuperar el medio ambiente. Hace casi quince años, el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo del Extremo Sur de Bahia (CEPEDES), junto con otras entidades, viene denunciando las irregularidades cometidas por las empresas de celulosa en Bahia y en Espírito Santo. En Bahia, entre muchas otras irregularidades están las plantaciones de eucalipto alrededor de las Unidades de Conservación (UCs), contraviniendo lo establecido por la Ley Federal nº 9.985 de 18 de julio de 2000, que dispone sobre el Sistema Nacional de Unidad de Conservación - SNUC, donde prevé la existencia de zonas de amortiguación para el entorno de los parques. Estas zonas de amortiguación deberán ser utilizadas como corredores ecológicos que puedan garantizar la supervivencia de especies de la fauna y flora locales, así como el mantenimiento y fortalecimiento de la biodiversidad. Esta decisión del Ministerio Público Federal es consecuencia de la audiencia pública realizada en octubre de 2005 en el Centro de Convenciones de Porto Seguro. En esa oportunidad, las organizaciones de la sociedad civil exigieron medidas con respecto a las irregularidades cometidas por las empresas de celulosa, mediante peticiones formales destinadas al Ministerio Público Federal y de los Estados, además del IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente) y CRA (Centro de Recursos Ambientales), organismos responsables de la autorización y seguimiento de las plantaciones. La recomendación destaca que “la Mata Atlántica es patrimonio nacional, según lo establece la Constitución de la República Federativa del Brasil en su artículo 224, inciso 4º, y su utilización deberá seguir los dictámenes legales establecidos, con el fin de asegurar la conservación del medio ambiente, y el Decreto 750/1993 prohíbe terminantemente la tala, explotación y remoción de vegetación primaria o en estado avanzado o intermedio de regeneración”. Y agrega asimismo que la sustitución de miles de especies vegetales por solamente una especie de interés económico, orientada a la industria de la celulosa, promueve riesgos para la fauna y flora locales. Está siendo tramitado asimismo un expediente administrativo nº 1.14.001.000046/2001-67, que monitorea la autorización para la ubicación de la plantación irregular de 45.000 hectáreas de árboles de eucalipto de Aracruz Celulose en el extremo sur de Bahia. Entre 1970 y 1985 Bahia perdió el 70% de sus bosques nativos con la llegada de las empresas de papel y celulosa Suzano Bahia Sul, Aracruz, CAF Santa Bárbara Ltda y Veracel. De acuerdo con estudios recientes del Ministerio del Medio Ambiente, el extremo sur de Bahia tiene solamente el 4% de la Mata Atlántica original, en áreas de reserva. En esta región se estima que más de la mitad de las tierras cultivables está en manos de las empresas. Aproximadamente 12 mil familias están acampadas en las rutas. La expulsión de los trabajadores rurales, quilombolas (descendientes de esclavos), pequeños agricultores e indios del campo generó un crecimiento significativo de las favelas (villas miseria), desagregación de grupos y familias, violencia y miseria. El modelo de desarrollo impuesto por los gobiernos para esta región ha destruido sistemas enteros de vida vegetal y animal. La riqueza generada en el modelo económico que favorece la concentración de renta y de tierras, no impidió el crecimiento de la miseria y del hambre. Frente a esto, surgieron manifestaciones y movimientos que reflejan la conciencia de parte significativa de la población sobre la violencia ambiental y social que causan las grandes extensiones de monocultivos de eucalipto en la región. Por lo tanto, frente a esta determinación del Ministerio Público Federal para que el IBAMA, organismo ambiental, tome medidas en el sentido de hacer que las empresas de celulosa retiren las plantaciones de eucalipto en el entorno de los parques, resulta evidente una vez más que las declaraciones de carácter ambientalista que las empresas de celulosa vienen haciendo a través de los medios de comunicación, están cayendo por tierra. Las reuniones promovidas por empresas de celulosa, con el objetivo de disfrazar la realidad y discutir corredores ecológicos ya no tienen sentido. Lo que tenemos aquí en la región del extremo sur de Bahia no es un corredor central de Mata Atlántica; lo que tenemos aquí es un corredor central del monocultivo extensivo del eucalipto con pequeñas manchas, o sea, mosaicos, aislados de “Matorral” Atlántico. La decisión del Ministerio Público Federal es un hecho inusitado y muy significativo para la sociedad civil organizada del extremo sur de Bahia, ya que durante mucho tiempo ha venido solicitando medidas de los organismos competentes, que impidan la destrucción total del bioma. Ahora, corresponde no solamente al IBAMA y a las ONGs fiscalizar las actividades de estas empresas, sino también a la población, la mayor interesada en preservar lo que resta de Mata Atlántica. Por: Ivonete Gonçalves,
CEPEDES – Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento
do Extremo Sul/Bahia, cepedes@cepedes.org.br,
http://www.cepedes.org.br/
Colombia: a pupitrazo se aprobó la Ley (maderera) Forestal Luego de que la Ley Forestal fuera aprobada en el Congreso, fue enviada a sanción presidencial el 13 de diciembre de 2005. La Ley fue objetada en 12 de sus artículos por parte del Presidente Álvaro Uribe y lo que se esperaba después de ello era el retorno del texto con las objeciones para su discusión en el Congreso, como lo indica el trámite formal. Si bien las objeciones del gobierno -en el caso de ser aprobadas- no solucionan los problemas que tiene esta ley, puesto que ha sido diseñada para entregar los bosques del país a las empresas madereras, era de esperarse que por lo menos estas objeciones tuvieran un espacio para el debate por parte de los parlamentarios. Sin embargo, esto no sucedió. El 28 de marzo, durante las plenarias de Cámara, se aprobó la Ley Forestal. La sesión se desarrolló de manera acelerada, confusa y nada entendible, y se enunciaron las objeciones presidenciales. Todas fueron aprobadas a pupitrazo en unos cuantos minutos, sin dar la posibilidad de que los interesados se enteraran de lo que se estaba aprobando. Lo más vergonzoso es que mientras se aprobaba, los parlamentarios, en grotesco espectáculo, se encontraban departiendo animadamente en corrillos, haciendo uso del celular o riendo. Varias personas que asistimos al recinto de la Cámara en calidad de observadores y que estábamos esperando el debate, tampoco nos enteramos del momento de su aprobación. El día siguiente, en Plenaria del Senado, la forma como se aprobó fue aun más aberrante, puesto que era una Plenaria con escasa asistencia de Senadores y sin haber verificado el quórum, solo se abordó la ley forestal en una sesión, de pocos minutos, en donde se presentó rápidamente y sin absolutamente ninguna discusión la aprobación de las objeciones del gobierno a la ley. Estos hechos reiteran el oscuro interés de pasar una ley totalmente deslegitimada, por debajo de la mesa, evadiendo el debate público. La forma lamentable como se aprobó deja serios cuestionamientos y la sensación de que se incurrió en un procedimiento irregular o por lo menos no ético. Ello demuestra una vez mas el afán del gobierno por poner en marcha una estrategia perversa y malintencionada que disuadiera las crecientes críticas a la ley forestal para que no se alterara en lo sustancial el marco jurídico para que los grandes inversionistas madereros accedan fácilmente y con privilegios al bosque del país. Esto se pudo evidenciar a lo largo del proceso de aprobación de la ley, donde los lobbystas que ejercieron presión fueron las principales empresas privadas, en estrecha colaboración con Chemonics (USAID) y los Ministerios de Agricultura y de Ambiente, para que fuera aprobada por el Congreso, pasando por encima de las serias y reiteradas criticas emitidas por diversos sectores de la sociedad colombiana. Se evidenció también que sólo hasta ese momento se hizo entrega a los parlamentarios de la Gaceta del Congreso N° 50, con fecha de 24 de marzo de 2006, que contiene las objeciones del gobierno. No hubo por lo tanto preparación para el debate. Aun con las 10 objeciones aceptadas de las 12 presentadas, la ley fue aprobada tal como salió de la Comisión V de la Cámara, que en esencia no cambia para nada la estructura, los objetivos y los alcances, puesto que finalmente lo que se trabajó fue en la “limpieza y adecuación del lenguaje” para superar los escollos formales de inconstitucionalidad que pueda tener la norma. El objetivo era maquillar algunos de los aspectos perversos de la Ley, especialmente lo relacionado con el futuro de los bosques tanto públicos, como los bosques de propiedad de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Se advierte claramente la irresponsabilidad de la mayor parte del Congreso y del gobierno nacional frente a un tema tan trascendental para el país, como es la preservación y manejo sostenible del patrimonio natural de la nación, uno de los ecosistemas de bosques de mayor importancia para el planeta. Luego de este aberrante procedimiento en las plenarias del Congreso, sólo queda pendiente la sanción presidencial. Hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas, ambientalistas y a las personas que sientan vulnerados los derechos patrimoniales de los bosques de la nación y de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, expresen su posición de rechazo frente a la lesiva Ley Forestal y realicen acciones que permitan preservar los bosques para las generaciones presentes y futuras del país. Igualmente para que se reconozca la importancia que tiene el manejo adecuado, sostenible, responsable, participativo y autónomo por parte de los verdaderos dueños, quienes conservan y enriquecen los bosques de Colombia. Diversas organizaciones Colombianas
están impulsando una campaña en contra de esta ley.
Quienes deseen adherir a la campaña por favor enviar su apoyo
a la siguiente dirección de correo electrónico: Grupo Semillas – Censat
Agua Viva, Amigos de la Tierra - Fundación Swissaid - Paula
Álvarez - Consejo Comunitario de la comunidad negra del río
Cajambre – Cecoin – Consejo comunitario del río
Naya – Consejo Comunitario de Cupica – Cabildo Embera
Katío del Alto San Jorge – Mesa de manglares del Pacífico
– Unión Territorial Interétnica del Naya –
Consejo Comunitario del Naya – Fundación Jenzerá
– REDJUAN – Re-movilidad Sustentable – Proceso de
Comunidades Negras PCN - Amigos de la Tierra Internacional - COECOCeiba
AT Costa Rica – Campaña de Bosques Amigos de la Tierra
Internacional – World Rainforest Movement WRM – RAPAL
Uruguay – REDES Amigos de la Tierra Uruguay – Eco La Paz
Argentina – Organización Nacional Indígena de
Colombia ONIC …siguen firmas
Guayana: la controvertida certificación de Barama es otra mancha en la reputación del FSC Un nuevo certificado
otorgado por el Consejo de Manejo Forestal (FSC) a una gran operación
de madereo hace que silvicultores, ambientalistas y activistas por los
derechos humanos vuelvan a fruncir el ceño. En Guayana, la empresa
suiza de certficación SGS Qualifor acaba de otorgar un certificado
del FSC a la gigante malayo-coreana del madereo Barama Company Limited
(BCL), que opera en una concesión de 1,69 millones de hectáreas
en el noroeste de Guayana. La empresa BCL es propiedad conjunta de la
transnacional sudcoreana Sun Kyong.y la controvertida maderera malaya
Samling Timbers Sdn Bhd, cuyas actividades de madereo en las tierras
ancestrales de los Penan de Sarawak, Malasia, siguen generando protestas.
En 1991 BCL obtuvo la concesión en Guayana en circunstancias poco transparentes; el acuerdo le proporcionó una importante exoneración fiscal en términos tan generosos que, además de haber sido denunciado a grandes voces como traición por políticos de la oposición en medio de alegaciones de corrupción, también llegó a ser cuestionado por instituciones como el World Resources Institute. Hasta el gobierno británico, que más tarde apoyó el “desarrollo” del sector forestal de Guayana, admitió que el contrato era demasiado generoso y debería ser revisado. Durante los años 1990, BCL llevó a cabo sus actividades de madereo desde el extremo norte de su concesión, desplazándose hacia el sur por carretera y entrando en los bosques cercanos a Arakaka y Matthew’s Ridge y despachando barcazas con los troncos extraídos desde Port Kaituma, río abajo, y luego hacia el este por la costa para procesarlos más cerca de Georgetown, la capital, en su fábrica de contrachapado de Land of Canaan. Las actividades de madereo fueron denunciadas por la Asociación de Pueblos Amerindios, la principal organización indígena nacional, que documentó la forma en que las operaciones de BCL habían ignorado los derechos indígenas, excavado en cementerios, realojado forzosamente a los pobladores amerindios para hacer lugar a la laguna donde generalmente se tiran los troncos, y habían permitido que cazadores y mineros se sirvieran de las carreteras madereras para destruir el medio ambiente del lugar. Al gobierno le llevó diez años regularizar la tenencia [de las tierras] de los indígenas Caribes de Baramita, en el borde occidental de la concesión, pero muchos otros asentamientos amerindios en la concesión carecen hasta ahora de títulos y reconocimiento. Entre tanto, la fábrica de contrachapado cerca de Georgetown es víctima del estruendo constante de conflictos laborales insolubles. BCL alegó que tenía problemas
para ganar dinero con su masiva concesión en el noroeste pues
en esos bosques solamente se obtenían árboles baromalli
de diámetros relativamente pequeños. Comenzó
a comprar maderas de mayor calidad a otros concesionarios, e incluso
entró en acuerdos controvertidos y mal reglamentados con comunidades
amerindias que conllevaron sobrexplotación y divisiones en
las comunidades, hechos que se han documentado. Los silvicultores locales se alarmaron con la apresurada carrera de BCL para obtener un certificado. Al mismo tiempo que se unía a otras empresas forestales y organizaciones conservacionistas en una iniciativa nacional para desarrollar normas FSC guayanesas, BCL procuraba la certificación bajo la norma genérica del FSC, que fue adaptada a Guayana por SGS Qualifor a través de consultas. Hubo un escándalo en 2003, cuando circularon versiones de que supuestamente BCL había insistido en eliminar de las actas de una reunión de múltiples partes interesadas todas las quejas expresadas por los amerindios. Los silvicultores guayaneses cuestionaron también la buena fe de BCL en cuanto al proceso de desarrollo de normas nacionales. ¿Por qué, preguntaron, la empresa no había esperado la interpretación nacional de la Iniciativa Nacional de Guayana para la Certificación Forestal y en su lugar intentaba obtener una certificación bajo la norma genérica de SGS Qualifor? SGS Qualifor emitió el certificado de BCL el 17 de febrero de 2006 y poco después publicó el resumen público en Internet. Se trata de un documento extraño. En lugar de examinar el plan de manejo y el desempeño de la unidad de manejo forestal completa, el certificado se aplica solamente a las 570.000 hectáreas en las subdivisiones cuarta y quinta (la concesión se ha dividido en siete partes). Por lo tanto la auditoría excluye de su consideración las tres primeras zonas madereras donde la empresa encontró tanta oposición, en la zona de Port Kaituma, en el norte de la concesión. Tampoco considera los dos últimos tramos, que también pondrán a la empresa en contacto con comunidades amerindias sobre el río Cuyuni, en el sur. La auditoría parece ignorar por completo las inquietudes surgidas en torno a los conflictos en la fábrica de contrachapado y la controvertida compra de madera de fuera de la concesión por parte de la empresa. Aparentemente, se ha llevado la “certificación parcial” a otro nivel. Al anunciar la certificación del FSC en una conferencia de prensa realizada el 26 de marzo en Georgetown, la capital de Guyana, BCL declaró que en sus 15 años sus operaciones no habían generado lucro (esto recordó las famosas operaciones de madereo japonesas y malayas en Papúa Nueva Guinea, que del mismo modo se las arreglaron para mostrar que no había ganancias, en gran parte gracias al truco de la ‘transferencia de precios’ de los auditores). La supuesta falta de rentabilidad de BCL nos obliga a preguntar cómo hizo la empresa para ser certificada siendo que uno de los principios claves del FSC es que las operaciones sean “económicamente viables”. Y si la empresa no se ha beneficiado con el madereo de cerca de un quinto de la “propiedad forestal permanente” de Guayana, ¿quién lo ha hecho entonces? La exoneración fiscal de la que goza la empresa significa que el tesoro guayanés ganó poco y nada. Los amerindios han expresado sus quejas a voces desde que empezó la operación. Por su parte, los residentes de Port Kaituma se lamentan de que se haya terminado la bonanza temporal de empleos de la década de 1990 y de haberse quedado con los bosques arruinados, la caza agotada y una infraestructura que se viene abajo. ¿Es este el “manejo forestal sustentable” que se supone que el FSC tiene que promover? La certificación de BCL fue saludada con bombos y platillos, como “el mayor bloque de bosques tropicales del mundo certificado por el FSC”. Como para ponerse a vomitar... Por Marcus Colchester, Programa para los Pueblos de los Bosques, correo-e: marcus@forestpeoples.org La auditoría de SGS puede
verse en: http://www.sgs.com/9205-gy_-_barama_ma2005-10_-_ad36a-03_gm.pdf
|
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Maldonado 1858
11200 Montevideo - Uruguay
tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985
wrm@wrm.org.uy
