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LUCHAS
LOCALES Y NOTICIAS Las represas como limpieza étnica: la guerra de la junta birmana contra el pueblo Karenni Aung Ngyeh, un Karenni de 31 años, huyó a Tailandia en 2002, obligado a abandonar su hogar en el estado de Karenni por la guerra de las fuerzas armadas de Birmania contra las poblaciones étnicas. Hoy vive en el campo de refugiados sobre la frontera con Tailandia y trabaja con el Grupo Karenni de Investigación para el Desarrollo (KDRG) en la campaña para detener las inversiones extranjeras en los proyectos de “desarrollo” del régimen birmano. Para Aung Ngyeh y miles de desplazados como él, los proyectos de “desarrollo” de la dictadura militar de Birmania tales como las represas en el río Salween (así como ferrocarriles, carreteras, minas y gasoductos), son armas de guerra utilizadas por la junta para acosar y expulsar a los pueblos étnicos. A la edad de 16 años, Aung Ngyeh realizó trabajos forzados en la construcción de las ferrovías no muy alejadas de la zona de la represa de Mobye, que alimenta las usinas hidroeléctricas de Lawpita. Construida a principios de 1960 con financiación japonesa en las cataratas de Lawpita, en el río Balu Chuang, estado de Karenni, la represa de Mobye fue el primer proyecto hidroeléctrico birmano. El embalse de la represa, que abarca cerca de 207 kilómetros cuadrados, implicó que alrededor de 12.500 Karenni perdieran para siempre sus hogares y campos. Las personas que vivían cerca de las usinas fueron obligadas a irse a punta de revólver y sus campos fueron minados. A partir de 1960, y debido principalmente a los esfuerzos por controlar la zona de Lawpita, las fuerzas militares de Birmania aumentaron su presencia en el estado de Karenni a más de 24 batallones permanentes. Los soldados que merodean la zona mantienen a la población en un estado constante de terror. El trabajo forzado y el transporte obligado de cargas, el acoso, la extorsión y los asesinatos aleatorios son comunes, así como la violencia sexual dirigida específicamente a las mujeres de grupos étnicos. Los militares han llegado incluso a perpetrar violaciones en grupo. A pesar de las penurias que deben soportar, los Karenni obtienen escaso beneficio de la represa de Lawpita. Por lo menos el 8% del estado de Karenni no recibe electricidad, que se destina a Rangún (Yangón) y Mandalay; de cualquier forma, para la mayoría de los pobladores rurales el precio de la energía es inaccesible. Además, como el caudal del río Balu Chaung se desvía a las turbinas de la represa, los pobladores no pueden obtener agua para sus campos cuando la necesitan y para ellos la escasez de agua es crónica. El estado de Karenni se sitúa en el borde oriental de Birmania, entre la provincia tailandesa de Mae Hong Son al este y los estados de Shan al norte y Karen al sur. Este estado, muy diverso culturalmente, tiene siete municipios con una población local de cerca de 300.000 personas que también incluye “poblaciones desplazadas internas”. Los pueblos Kayah constituyen la mayoría de los habitantes del estado pero hay otros grupos étnicos como los Gekho, Geba, Karen, Kayan (Paduang), Kayaw, Bre, Manumanaw, Shan, Yinbaw y Yintalai. Cada grupo tiene su propio lenguaje, sus costumbres y sus creencias; dentro de cada grupo pueden existir también dialectos distintos y otras diferencias. La mayoría de la gente practica el cultivo de arroz de montaña y de tierras bajas junto con la pesca, la caza y la recolección de productos del bosque. Los siete municipios del estado de Karenni se corresponden a grandes rasgos con los antiguos reinos de los reyes Karenni o Sawphyas, que gobernaban en forma independiente. Los reinos Karenni nunca fueron subyugados, ni siquiera bajo el dominio colonial británico, y permanecieron separados e independientes hasta 1948, cuando Birmania obtuvo su independencia de los británicos, hecho que refleja las tensiones que hoy existen con la dictadura birmana. Después de la independencia los birmanos establecieron el gobierno de la Liga Popular Anti Fascista para la Libertad, en tanto los Karenni formaron un gobierno paralelo, el Gobierno Karenni de Resistencia encabezado por U Be Tu Re. En 1948 el ejército birmano invadió los estados Karenni y asesinó a U Be Tu Re. Desde entonces, varios grupos armados Karenni --como el Frente de Liberación Popular de las Nacionalidades Karenni-- han combatido a los birmanos. A partir de 2002, todos los grupos salvo el Partido Nacional Progresista Karenni, formado en 1957 a partir del Gobierno Karenni de Resistencia, han firmado acuerdos de alto el fuego con la junta de Birmania. La junta se sirvió del alto el fuego como pretexto para ganar posiciones más estratégicas para un mayor control de la zona Karenni. Después del alto el fuego, la junta también recogió los nombres de las personas que participaban en diversos grupos de liberación Karenni. He aquí por qué, explica Aung Ngyeh, él todavía no puede regresar a su hogar en el estado de Karenni, pues ha sido marcado por el ejército de Birmania. Sin embargo, esto no le impidió volver hace un tiempo a otras partes del estado, escondiéndose en el bosque y caminando o viajando con los aldeanos que lo recogían, haciendo todo el camino hasta el estado de Shan para observar las condiciones actuales. Aung Ngyeh dice que una gran cantidad de Karenni ya se han ido del estado: algunos a zonas fronterizas en Tailandia, otros a esconderse en los bosques cercanos a las aldeas destruidas y la gran mayoría forzados a trasladarse a campos de reasentamiento donde la junta los utiliza como mano de obra. Las aldeas afectadas por los reasentamientos forzados cubren por lo menos la mitad de la superficie de estado de Karenni y son el hogar de entre 20.000 y 30.000 personas como mínimo. La junta no les dio más que una semana para mudarse a los lugares especificados y declaró que si se los encontraba fuera de estos sitios se los consideraría soldados enemigos y se les dispararía en el acto. Durante el reasentamiento los militares saquearon e incendiaron graneros, mataron ganado y obligaron a todos, incluso niños, embarazadas y ancianos, a caminar por las montañas hasta los lejanos lugares de reasentamiento. Cerca de los abarrotados campos de reasentamiento hay poca tierra cultivable para poder plantar. Sin alimentos adecuados ni asistencia médica, la gente sufre de desnutrición y enfermedades como la malaria; las mujeres son violadas constantemente por soldados armados y se asesina a quienes intentan escapar y son capturados. Dados los impactos de la represa de Lawpita y la continuación de la guerra y los realojamientos forzosos por parte de la junta, Aung Ngyeh opina que los proyectos futuros como las represas en el río Salween solamente pueden empeorar la situación de por sí insoportable de los pueblos Karenni. Ahora Tailandia y Birmania han acordado la construcción de cuatro represas a lo largo del río Salween en Birmania, específicamente en Tasang (estado de Shan) y en Hatgyi, Weigyi y Dagwin (estado de Karen). Las represas del Salween producirán en total entre 15.000 y 20.000 megavatios de electricidad que se venderán a Tailandia. La represa de Weigyi, cuya construcción empezaría en 2007, es por lo menos diez veces mayor que la represa de Mobye y los peores impactos los sufrirán los Karenni. Aunque se construirá en el estado de Karen, el embalse de la represa inundará más de 640 kilómetros cuadrados en el estado de Karenni, que incluyen la mayor parte de los bosques de tierras bajas y las tierras agrícolas de la zona, y alterará la pesca fluvial. Aunque no hay estudios disponibles sobre los bosques en la zona de Salween en el estado de Karenni, se sabe que el embalse de Weigyi sumergirá cientos de kilómetros cuadrados de bosques de tierras bajas situados en una ecorregión que se considera rica en biodiversidad. La represa de Weigyi sumergiría completamente 28 aldeas en cuatro municipios Karenni, incluidas las ciudades de Pasaung y Bawlake; aunque muchos pobladores ya han sido forzados a reasentarse a lo largo de los años, se calcula que la represa todavía afectaría directamente a unas 30.000 personas. Esta cifra incluye la totalidad de la tribu de los Yintalai, de cerca de mil personas, un grupo subétnico de los Kayah cuyas tierras ancestrales están en Pasaung y Bawlake. Mientras tanto, se calcula que un tercio de la población ya ha sido reasentada o desplazada forzosamente y hay más de 22.000 refugiados Karenni registrados en los campos tailandeses. Si se sigue adelante con la construcción de las represas del Salween, muchas de estas personas nunca podrán regresar a sus hogares. Los grupos Karenni están exhortando a Tailandia y otros inversores como China que detengan todos los planes de represas en el río Salween, incluso la represa de Weigyi. Para los Karenni, diezmados por medio siglo de guerra y violencia de parte de la junta birmana, las represas del Salween prometen solamente más sufrimiento. Por Noel Rajesh, correo-e: rajesh@sea-user.org La información sobre los
pueblos Karenni y las represas de Lawpita y Salween se basan en el
informe “Dammed by Burma’s Generals: The Karenni experience
with hydropower development – from Lawpita to the Salween”
publicado por el Grupo Karenni de Investigación para el Desarrollo
(KDRG). Para obtener el informe completo, visite
www.salweenwatch.org o escriba a kdrg05@yahoo.com.
Creando bosques “gestionables”: las plantaciones y los trabajadores de las plantaciones de India Cuando hace 250 años los británicos invadieron India, se encontraron con que el subcontinente estaba cubierto por un mosaico de vegetación que no pudieron comprender. Árboles altos y oscuros, plantas trepadoras llenas de nudos, praderas silvestres... la propia abundancia tropical de los bosques indios los impactó y los anonadó. Los bosques terminaron significando una cantidad de asuntos (o cosas) más simples: serpientes, tigres, salvajes o rebeldes, plagas y aventuras. Sin embargo, los colonos y comerciantes británicos nunca pasaron por alto lo que había de mundano y práctico detrás de lo “exótico” y “oriental”. La East India Company siguió “construyendo el imperio” y los primeros cien años de dominio británico fueron testigo del saqueo colosal de la mitad de la vegetación forestal de la India. Las maderas resultantes terminaban alimentando las vías de ferrocarril y los astilleros nuevos y antiguos tanto en India como en Inglaterra. La tierra “desbrozada” se adjudicó a plantadores blancos (té, café, índigo y caña de azúcar) y a los “zamindars” nativos, la nueva clase de señores feudales creada por los británicos. El despojo no habría de detenerse antes de 1860, cuando un siglo de construcción del imperio y las presiones y compulsiones políticas asociadas habían resultado en gobernantes más sensatos y en muchos lugares se dejó a los bosques en paz, por ejemplo aquellas zonas bajo el control administrativo de reyes y nawabs “nativos”. A los bosques dentro del imperio les aguardaba otro destino. En 1864 se creó el Imperial Forest Service, la primera administración de bosques para el Imperio Británico. En 1868 y 1878, India fue “obsequiada” con su primera política sobre bosques y su primera ley sobre bosques [respectivamente], que prescribían, entre otras cosas, la prohibición a las comunidades indígenas de vivir en el bosque y restringir el uso del bosque por parte de éstas. En el interés de la reina y el imperio, los británicos declararon “dominio eminente” a todos los recursos de propiedad colectiva “sin asentamientos” y “sin propietario”, como las praderas y los bosques, lo que significaba que el Estado colonial los “gestionaría” como mejor entendiera. La “gestión” de los recursos (los británicos la llamaban manejo forestal científico) era la llave que, según la política india para los bosques, haría que los bosques fueran más homogéneos y productivos. “Homogeneización” era la palabra mágica con la que empezaba cada plan de trabajo relativo a los bosques de India (hasta muy recientemente: 1988). Quizás la verdadera urgencia residía en la forma de pensar colonialista, que prescribía domesticar o amansar lo salvaje, es decir hacer de un paisaje pagano algo civilizado. De modo que entre 1864 y 1947 (cuando los británicos se fueron de India) a los bosques indios se les enseñó el “orden”, con prolijas filas de pinos altos y elegantes rellenando las laderas y los monocultivos de sal (Shorea robusta) y teca (Tectona grandis), en lugar de la “chusma” (‘jhar’ en hindi vernáculo). De hecho, los bosques se administraban cada vez más como haciendas y en ellos comenzaron a establecerse poblados (nuevas colonias de trabajadores de las plantaciones). Más tarde, cuando Dietrich Brandis, el “padre de la forestación india”, desarrolló el sistema ‘taungya’ de plantación, muchos de estos poblados pasaron a ser conocidos como ‘taungyas’. El sistema taungya se convirtió en el principal método de plantación no solamente en India sino también en varios países asiáticos y africanos. Desde el punto de vista ecológico, el sistema taungya devolvió a los sistemas de bosques tanto tropicales como templados el componente del fuego que tanto se necesitaba. En lo socio-político, brindó una solución temporaria al problema de la creciente intranquilidad tribal en las zonas boscosas de la India británica. Las aldeas taungya tenían una suerte de espacio de “rehabilitación” para los ‘jhumiyas’ (agricultores itinerantes) desplazados, donde podían talar bosques y quemar la zona para cultivar alimentos. Después los agricultores tenían que establecer plantaciones en esa tierra. En los primeros años de taungya este trabajo era obligatoriamente “pordiosero”, es decir que los cultivadores no recibían salario. No obstante esto, los poblados taungyas tenían algunas mejoras respecto de las aldeas pre-taungya de los bosques. En Bengala, por ejemplo, empezaron a surgir aldeas “permanentes” en los bosques a partir de 1910 y los pobladores firmaron acuerdos o pactos con el Departmento. En estos acuerdos se estipulaban algunos privilegios para los habitantes de las aldeas de los bosques tales como madera y otros implementos para la construcción de viviendas, leña y forraje gratuitos, además de tierra cultivable. El departamento forestal de la India independiente continuó con la tarea de homogeneizar los bosques, lo que fue legitimado por la política forestal de 1952, según la cual los bosques se administrarían de forma de cubrir las “necesidades supremas” de la nación. Estas necesidades se tradujeron en forestación comercial agresiva y, según cifras de la Comisión de Planeamiento y la Encuesta Forestal India, en los 38 años siguientes surgieron más de 17 millones de hectáreas de plantaciones, hasta que la nueva Política Forestal de 1988 estableció una moratoria a la tala de bosques. Sin embargo, las plantaciones continuaron después de 1988 y en los períodos correspondientes a los planes quinquenales octavo y noveno se crearon cerca de 16 millones (!) de hectáreas de nuevas plantaciones. A pesar de que la política de 1988 hablaba de integrar las necesidades de biomasa y sustento de las comunidades de los bosques a los futuros planes y estrategias de manejo de los bosques, los programas de plantaciones en India siguen siendo gobernados por las necesidades de la industria y los consumidores urbanos. La elección de las especies deja esto en claro. Según cifras de 1999 de la Encuesta Forestal India, hasta 1997 el departamento forestal había creado 15 millones de hectáreas de plantaciones, que incluyen grandes bloques de plantaciones para celulosa y papel (el eucalipto y la teca constituyen cerca del 16% de la superficie total). En virtud de programas de forestación sociales o privados se establecieron cerca de 20 millones de hectáreas de plantaciones en tierras agrícolas. De acuerdo con la Evaluación de Recursos Forestales (2000) de la FAO, India tiene 34 millones de hectáreas de plantaciones, y si nos guiamos por los objetivos de los planes, es probable que pronto tenga otros 30 millones. Añádanse cuatro o más millones entre 2000 y 2005 y obtendremos para 2020 la gigantesca superficie de 65-70 millones [de hectáreas] de plantaciones, cerca del 36 % del total mundial. Como era de esperar, el gobierno de India preconiza la fórmula PPP (asociación público-privada) del Banco Mundial para cubrir los costos, lo que significa que el Estado firmaría contratos con empresas (o instituciones financieras internacionales o lo que sea) en nombre de las comunidades de usuarios movilizadas a través de la Ordenación Conjunta de los Recursos Forestales. Ya se han practicado experimentos así en el estado de Andhra Pradesh, donde se expulsó a comunidades enteras de sus tierras (oficialmente “invadidas”). El poderoso grupo de presión de la celulosa y el papel en India exige que las tierras boscosas “degradadas” se arrienden a las empresas para establecer plantaciones “protegidas”, y por el momento están pidiendo una “pequeña” cantidad de 1,6 millones de hectáreas. Esto ocurre a pesar de varios informes y recomendaciones de organismos del gobierno en cuanto a que tales acciones pueden tener impactos adversos sobre las comunidades de los bosques. Mientras las plantaciones crecen y cubren el país, los trabajadores originales de las plantaciones indias, los aldeanos de los bosques, siguen languideciendo en sus ghettos, privados de todo privilegio y despojados de todo derecho. Puesto que hoy la forestación es una industria sumamente mecanizada que exige una gran inversión de capital y que las prácticas de manejo forestal del país muestran un muy encomiado cambio de paradigma a favor de la “conservación de la biodiversidad”, la importancia del trabajo forestal ha decaído. Para los aldeanos del bosque esto se traduce en desempleo perpetuo, penurias económicas inenarrables y miseria. Los aldeanos no tienen acceso a diversos planes de desarrollo o préstamos bancarios ni ningún derecho de propiedad sobre sus tierras agrícolas o viviendas. En muchas zonas el Departamento Forestal los amenaza con la expulsión. Difícilmente haya mejores ejemplos de un Estado soberano que declara persona non grata a un cuerpo entero de sus ciudadanos y les declara la guerra. Listo el escenario para una invasión mercantil a gran escala en términos de comercio de carbono y de servicios ecosistémicos, los bosques y las comunidades de los bosques de India luchan contra la doble amenaza de la forestación de producción y protección. Por Soumitra Ghosh, correo-e:
soumitrag@gmail.com
Indonesia: el dilema del FSC en el corazón de Borneo. ¿Bolsas de arena o traición? Otra nueva certificación del Consejo de Manejo Forestal (FSC), esta vez en Indonesia, es motivo de preocupación para quienes hacen un seguimiento de los procesos que afectan a los bosques. Cerca de las nacientes del río Mahakam, en Kalimantán Oriental, una de las cuatro actividades de madereo de la empresa PT Sumalindo Lestari Jaya (registrada en Yakarta) ha obtenido un certificado del FSC a través de SmartWood, el brazo de certificación forestal de la Rainforest Alliance, con sede en Nueva York (así como un certificado complementario emitido en virtud del Protocolo de Certificación Conjunta por el organismo certificador de Indonesia, PT Mutuagung Lestari, según el plan nacional de certificación Lembaga Ekolabel). Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) es una gran empresa con cuatro concesiones madereras activas, zonas adicionales de plantaciones madereras, una fábrica de contrachapado y otra que produce paneles de fibra de densidad media (MDF). El 75% de esta empresa es propiedad de PT Sumber Graha Sejahtera, que a su vez es parte de un conglomerado mayor de fabricación de contrachapado, el Grupo Hasko. El otro 25% de SLJ se reparte entre PT Barito Pacific, otra importante empresa maderera, y accionistas individuales. Que el certificado SLJ II se perciba o no como algo bueno para los bosques de Borneo depende en parte de la visión que se tenga en cuanto a lo que puede ocurrir y de lo que consideremos son las principales amenazas para esta región. Borneo ya ha experimentado la deforestación extensiva a través del madereo mal reglamentado o directamente ilegal y la tala para la agricultura, las plantaciones de árboles y las de palma aceitera. Más de la mitad de las zonas que se han talado son ahora tierras “abandonadas”, aunque gran parte de éstas sigue siendo disputada por las comunidades. Los grandes trozos de los bosques remanentes en Borneo ahora están, en su mayor parte, en las regiones más altas, en las cabeceras de los ríos. Si bien ya hace tiempo que se adjudicó a los madereros la mayoría de estas zonas, hasta el momento se las ha explotado muy poco debido a los costos prohibitivos del acceso y el transporte y la disponibilidad de zonas más accesibles y lucrativas aguas abajo. Los principales organismos internacionales de conservación activos en Indonesia intentan salvar “el corazón de Borneo” estableciendo un mosaico de bosques protegidos, parques nacionales y grandes concesiones forestales bajo “gestión sustentable de los bosques” y al mismo tiempo manteniendo al mínimo el desmonte de tierras para usos comunitarios e industriales. La amenaza de una tala masiva de bosques en las cabeceras de los ríos no es imaginaria. De hecho en julio de 2005 el presidente de Indonesia anunció planes para establecer la mayor plantación de palma aceitera del mundo en esa zona. Según el anuncio, alrededor de 1,8 millones de hectáreas de bosques a lo largo de la frontera entre Sarawak (Malasia) y Kalimantán (Borneo indonesio) se convertirán en plantaciones de palma aceitera financiadas por el Banco Internacional de Desarrollo de China. La concesión SLJ II queda a horcajadas de este corredor de palma aceitera que se propone. El gobierno local en el distrito de Malinau también tiene planes para convertir grandes tramos de bosques de la zona en palma aceitera. Las organizaciones conservacionistas como el WWF, que ha denunciado a grandes voces los planes para la palma aceitera, y The Nature Conservancy (TNC) están bien dispuestas a alentar a las empresas a que inviertan en madereo a largo plazo en esos bosques en lugar de que se los tale definitivamente. La pregunta es: ¿cuán creíbles son estos planes de madereo sustentable por parte de grandes empresas? Cuando sube la marea de la tala de bosques, ¿es posible proteger los bosques fronterizos con “bolsas de arena” mediante la certificación de las operaciones de madereo, o bien esto solamente fomentará aún más el saqueo, primero por los madereros y luego por otros? La búsqueda de la sustentabilidad: El madereo a escala industrial en las islas exteriores de Indonesia empezó a hacerse importante en los años 1970 y desde entonces ha contribuido a la destrucción de los bosques del país. La sobrexplotación, el mal manejo forestal, el no replantar o no aplicar la regeneración natural asistida así como las actividades claramente ilegales y la tala rasa han sido generalizados. La producción maderera se ha disparado hasta cinco o seis veces la corta permitida anual, impulsada por el exceso de capacidad de las fábricas de celulosa y chips y los aserraderos, en tanto continúan las exportaciones ilegales de troncos. La combinación de la forestación mal reglamentada, los caminos para la extracción de madera, la migración promovida por el gobierno y la conversión [de bosques] a plantaciones, incluidas las plantaciones de árboles, ha elevado la tasa de deforestación a 1,5 millones y hasta 3 millones de hectáreas por año, aunque no hay acuerdo en cuanto a las cifras exactas. En los últimos años Indonesia ha experimentado un cambio de rumbo general hacia el aumento del madereo ilegal y las operaciones a menor escala. El foro ambiental nacional WALHI (Amigos de la Tierra Indonesia) ha hecho un llamamiento a establecer una moratoria sobre todo el madereo a gran escala, proponiendo que en su lugar se promuevan operaciones certificadas con base en las comunidades. Las ONG conservacionistas más grandes, sin embargo, han estado trabajando con un grupo de las mayores empresas madereras, como SLJ, que intentan resistir la tendencia a la ilegalidad, ayudándolas a obtener la certificación. Desde hace unos cuantos años SLJ procura mejorar sus normas de manejo forestal con el fin de cubrir la demanda de madera certificada del mercado estadounidense, en particular de The Home Depot, centrándose en la mayor de sus cuatro concesiones, la llamada concesión SLJ II, que empezó a cortar en 1991. Hoy esta concesión de 270.000 hectáreas está siendo talada a partir de su borde sur, cerca del río Mahakam en el distrito de West Kutai, donde existe una laguna cerca de la comunidad de Long Bagun donde se tiran los troncos. Sin embargo, la mayor parte de la concesión se extiende más allá de la cabecera del río Kayan en el distrito de Malinau y casi alcanza la frontera con Malasia. Al avanzar con sus actividades de madereo, SLJ planea extender su red de caminos madereros hacia el norte, más allá de la línea divisoria de las aguas, hasta la parte más grande de su concesión en Malinau. En el caso de SLJ II, Sumalindo ha utilizado técnicas muy sofisticadas de inventario de bosques y ha dividido su concesión en zonas como Bosques de Alto Valor para la Conservación, y ha aplicado [técnicas de] madereo de impacto reducido como parte de un esfuerzo coordinado de TNC y el WWF-Indonesia, llamado la Alianza para Promover la Certificación de los Bosques y Combatir el Madereo Ilegal en Indonesia, financiado principalmente por USAID y The Home Depot. Este sistema también fue diseñado para complementar un programa existente de colaboración entre TNC y empresas madereras a gran escala, cuyo objetivo es la promoción de la forestación responsable mediante incentivos de mercado a las buenas prácticas. Dado que la fábrica de contrachapado y las plantas de procesamiento de MDF de SLJ en Samarinda utilizan madera procedente de varias concesiones, el desarrollo de una técnica que pueda diferenciar entre la madera de SLJ II y el resto de la madera es fundamental para el éxito de este esfuerzo de gestión y comercialización sustentables. Con este fin, TNC y SLJ, con asesoramiento técnico de SGS y la consultora URS, han estado experimentando los códigos de barras para colaborar con la trazabilidad de la madera. La idea es que los códigos de barras pueden engramparse a los troncos cuando se corta la madera, de modo que los aparatos de lectura de códigos de barras puedan detectarlos a lo largo de toda la “cadena de custodia”, y aplicarse solamente a los productos fabricados con estas maderas en las plantas procesadoras. Esto permitiría poder supervisar la madera desde el tocón hasta el punto de importación en los Estados Unidos. En enero de 2005, un grupo local que se hace llamar el “Grupo de trabajo de Kalimantán Occidental sobre los bosques” (Pokja Hutan Kaltim), que tiene vínculos con las comunidades locales de la cabecera del Mahakam, denunció que se estaba “blanqueando” madera obtenida fuera de la concesión SLJ II a través del estanque de troncos, madera a la que se le colocaban códigos de barras que no correspondían. Aunque en el informe de su auditoría SmartWood explica que atendió cuidadosamente estas inquietudes y se aseguró que los procedimientos de trazabilidad de la madera ahora se están aplicando como corresponde, Pokja Hutan Kaltim afirma que la mezcla de maderas todavía continúa. Preocupaciones de las comunidades: La competencia entre madereros y plantadores por el control de las tierras boscosas de Kalimantán se ha llevado a cabo con relativamente poca consideración para con los derechos y prioridades de los pueblos indígenas, que son los legítimos propietarios de estos bosques. Sin embargo, la totalidad de la concesión SLJ II ocupa las tierras de los territorios tradicionales de los indígenas de Borneo, hoy conocidos comúnmente como los Dayaks. Los que están en el sur de la concesión y hoy residen cerca de Long Bagun antes se conocían como Long Glats, en tanto en el norte los pueblos son los Kenyah y los Punan, quienes han vivido en estos bosques de cabecera desde los principios de la historia documentada (1) pero aparentemente se asentaron en sus cinco aldeas actuales, hoy accesibles solamente mediante canoa (una semana de viaje) o aviones misioneros, entre la década de 1950 y 2002. Los Principios y Criterios del FSC exigen que las actividades forestales sean legales, reconozcan y respeten los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas y procedan solamente si éstos han dado su consentimiento libre e informado. Una mirada atenta a la auditoría de SLJ II realizada por SmartWood demuestra que la empresa todavía tiene mucho por andar hasta que pueda decirse que cumple plenamente con estas condiciones. Al igual que con la mayoría de las operaciones de madereo en Indonesia, los límites de las “Zonas de bosques estatales” dentro de las cuales está la concesión SLJ II todavía no han sido debidamente examinados, acordados ni registrados. Esto es importante dado que el proceso de delimitación es la forma principal del gobierno para controlar que las concesiones de bosques propuestas no se superpongan con las tierras de las comunidades. En el caso de SLJ II, solamente se ha registrado una parte muy pequeña del límite, con lo que técnicamente la concesión es ilegal. Sin embargo, SmartWood decidió que la empresa había hecho todo lo posible para persuadir al gobierno de que regularizara estos límites y otorgó la certificación con la condición de que la empresa continúe intentando que éstos se resuelvan. Del mismo modo, en lugar de esperar a que SLJ II cumpliera con los otros requisitos del FSC, los auditores decidieron otorgar la concesión a la empresa siempre y cuando ésta resuelva, dentro de los próximos seis meses o dos años, sus asuntos pendientes con las comunidades, por ejemplo finalizar los mapas de los territorios de las comunidades, acordar zonas de tenencia de las comunidades y métodos de resolución de conflictos y negociar convenios sobre el empleo y las compensaciones por el uso del conocimiento tradicional. Da la impresión de que están haciendo las cosas al revés. En efecto, Sumalindo está obteniendo la certificación del FSC para su operación SLJ II no tanto porque ésta cumpla con las normas del FSC sino para animar a la empresa a alcanzar gradualmente la meta. Parece que la “certificación escalonada” se está colando por la puerta trasera. Algunos podrán aducir que en las actuales circunstancias esto no es del todo malo. Hoy la principal amenaza para los bosques del “corazón de Borneo” son los planes para talar el bosque y establecer allí plantaciones de palma aceitera; en comparación, las operaciones de madereo pueden percibirse como un uso mejor de la tierra. Pero la decisión de dejar de lado los requisitos de legalidad, por ejemplo el registro [de los límites], ¿no debería ser una medida adoptada en el ámbito político en lugar de que sean los certificadores actuando por su propia cuenta quienes las introduzcan a presión? Y en cuanto a los pueblos indígenas, ¿cómo podrían negociar con la empresa desde una posición fuerte cuando los auditores ya han demostrado su reticencia a insistir en el cumplimiento pleno de la protección de los derechos de las comunidades si esto retrasa la certificación? Es una pena que estos asuntos
no se hayan discutido honestamente mediante un debate con la sociedad
civil o los miembros del FSC y Lembaga Ekolabel Indonesia antes del
otorgamiento de esta certificación. Ahora es casi inevitable
que el nuevo certificado se transforme en el centro de una disputa
prolongada entre distintas ONG, los auditores y el FSC. Para más detalles sobre la auditoría, véase: SmartWood, 5 de enero de 2006, Forest Management Public Summary for PT Sumalindo Lestari Jaya II. http://www.rainforest-alliance.org/programs/forestry/smartwood/public-summary-reports.html#indonesia (1) Carl Lumholtz, 1920, Through Central Borneo: an account of two years’ travel in the land of the head-hunters between the years 1913 and 1917. Oxford University Press, Singapur.
En Malasia, las trabajadoras de las plantaciones fueron dejadas de lado por los planes del gobierno para erradicar la pobreza y mejorar la situación de la mujer. Los avances realizados hasta la fecha en el empoderamiento de la mujer han sido desiguales. Las trabajadoras de las plantaciones siguen rezagadas, ya que no pueden liberarse del círculo vicioso de la pobreza en el que se encuentran. La industria de las plantaciones es una parte fundamental del desarrollo del país. Malasia es líder mundial en la producción de aceite de palma y de caucho natural, y su cultivo es una importante actividad agrícola del país. Aparte de los minifundistas (cuyo sustento depende de estas materias primas), también existen trabajadores asalariados empleados por las empresas de las plantaciones. Se calcula que en 2005 trabajaban 1.268.500 personas en el sector de la agricultura y la pesca, que incluye a los trabajadores agrícolas, de las plantaciones y forestales. Grandes segmentos de la población dedicada a los sectores de la agricultura y las plantaciones son pobres. En años recientes, la Asociación de Consumidores de Penang (CAP, por sus siglas en inglés) ha trabajado con los trabajadores de las plantaciones de aceite de palma y caucho en la península. Nos dedicamos a los temas de salud y seguridad en el trabajo, la lucha por mejores salarios, necesidades básicas como la vivienda, la salud y el saneamiento, y demás problemas sociales como la violencia doméstica y el abuso del alcohol. En el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, la principal preocupación es el uso de herbicidas sumamente peligrosos como el paraquat, de muy reciente prohibición en Malasia. En la actualidad las mujeres comprenden
casi la mitad de la mano de obra de las plantaciones donde se fumigan
diversos herbicidas como parte integral del trabajo en las mismas.
El motivo por el cual las empresas de las plantaciones emplean mujeres
para fumigar los herbicidas se debe a que hay muchas mujeres disponibles
porque no pueden encontrar otros empleos. También se las considera
trabajadoras tímidas, dóciles y obedientes, ya que no
cuestionan a sus superiores y son fáciles de manipular. La falta de enseñanza y la exclusión social disminuyen las oportunidades de las mujeres y limitan sus posibilidades para acceder a empleos en los sectores industriales y de servicios. Como la mayoría de las empresas proporcionan viviendas a sus trabajadores, este es otro incentivo para que las mujeres sigan residiendo en las plantaciones. En 2004 CAP realizó un estudio de 11 plantaciones de aceite de palma en los estados septentrionales del país. El estudio se concentró en las mujeres fumigadoras de herbicidas, sus condiciones de trabajo y el consiguiente impacto para su salud. El trabajo en una plantación
de aceite de palma es agotador y peligroso. Las fumigadoras de herbicidas
deben cargar con un bidón de 18 litros de herbicida y realizar
de 14 a 16 rondas de fumigación por día. En algunas
plantaciones también se fumiga en tractores, y los bidones
de herbicida se colocan a ambos lados del tractor. Dos mujeres llevan
las bombas y fumigan a medida que se desplaza el tractor. La dirección de las plantaciones decide cuáles pesticidas o herbicidas se utilizan, así como la frecuencia de su aplicación. La mayoría de las trabajadoras entrevistadas ni siquiera sabía cuáles herbicidas utilizaban, y otras solo los identificaban por su color u olor. Las mujeres cumplían las instrucciones de sus supervisores relativas a las proporciones y la mezcla de los herbicidas. La mayoría de las mujeres ni siquiera sabía acerca de la toxicidad de los químicos y los peligros a los que estaban expuestas. La única protección que utilizan son botas de seguridad y ocasionalmente un pañuelo o toalla para cubrirse la boca y la nariz. Las mujeres se quejan de que la gerencia se muestra poco dispuesta a reemplazar el equipo protector personal y que les exigen que muestren el equipo dañado. Aun así, sólo sustituyen el equipo periódicamente. La mayoría de las mujeres debe adquirir sus propias botas de seguridad ya que no consiguen que los patrones les reemplacen las botas rotas. Otras ni siquiera reemplazan las botas ya que no tienen los medios para hacerlo. Las mujeres trabajan seis días
por semana de manera rotativa, y reciben sueldos de servidumbre a
cambio de su labor. Para ganarse el sueldo de la semana con frecuencia
tienen que trabajar largas horas bajo el sol abrasador. Asimismo,
el temor a perder el empleo las hace soportar condiciones ingratas,
como comentarios ofensivos y presiones indebidas, y en ocasiones son
sometidas a acoso sexual. Otra revelación inquietante es que, dado que no se les brinda equipo protector, las trabajadoras que son empleadas bajo contrato trabajan en peores condiciones y deben manipular herbicidas más potentes y dañinos y carecen de cobertura médica. ¿Por qué se quedan las mujeres en las plantaciones a pesar de la pobreza que padecen y de su exposición a los venenos? En la década de 1980 muchas plantaciones reemplazaron los árboles de caucho con palma aceitera porque rendían más económicamente. En consecuencia, las trabajadoras de las plantaciones que eran experimentadas extractoras de caucho perdieron su fuente de sustento. Algunas mujeres habían extraído caucho durante toda su vida, y quedaron en una difícil situación laboral. Con el fin de no ser expulsadas de la plantación, no tuvieron otra opción que aceptar cualquier empleo que les ofreciera la gerencia. Por lo tanto, se convirtieron en fumigadoras de herbicidas, aunque esta no fue su opción laboral. A medida que los precios del aceite de palma suban en los próximos años, cabe esperar que la producción malasia también aumente, ya que es uno de los principales cultivos del país. Esta situación intensificará la participación de las mujeres en este sector. Las mujeres tendrán cada vez más dificultades para escapar al círculo vicioso de la pobreza y su salud, cada vez más afectada, será el precio que deberán pagar. Es difícil salir de una situación de pobreza. La educación es uno de los medios por los cuales las familias de las plantaciones pueden escapar de ella. Por esta razón, es necesario que se realicen intervenciones políticas y programáticas para asistir y motivar a los hijos de los trabajadores de las plantaciones a continuar su educación. Extractado de: “Pobreza
y veneno para las trabajadoras en plantaciones”, por Mageswari
Sangaralingam, Consumers’ Association of Penang , http://www.socialwatch.org/es/informesNacionales/406.html
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