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Boletín del
WRM
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LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS Brasil: entonces, Sr. Liedeker, ¿es Aracruz una empresa polémica? En 2003 la empresa brasileña Aracruz Celulose pagó US$ 610 millones a Klabin para quedarse con las operaciones en celulosa de Riocell, en [el estado de] Rio Grande do Sul. Junto con la fábrica de celulosa capaz de producir 400.000 toneladas anuales y las 40.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto vino también un certificado del Consejo de Manejo Forestal (FSC) de buen manejo de las plantaciones. Este certificado ha significado un dolor de cabeza para Heiko Liedeker, el director ejecutivo del FSC. Simplificando, el problema es que Aracruz es una de las empresas de pulpa y papel más polémicas del mundo. Las plantaciones de la empresa en Espírito Santo se encuentran en tierras pertenecientes a los pueblos indígenas Tupinikim y Guaraní. La empresa está investigando en árboles de ingeniería genética. El tratamiento que reciben los trabajadores de las plantaciones de Aracruz es espantoso. Las plantaciones han secado arroyos y cursos de agua. Y en enero de 2006, Aracruz estuvo involucrada en una violenta acción policial para desalojar dos aldeas reconstruidas por los Tupinikim y Guaraní en tierras recuperadas de manos de Aracruz. En mayo de 2006, Heiko Liedeker conoció a dos brasileños de Espírito Santo en la secretaría internacional del FSC, en la ciudad de Bonn. Se trataba de Paulo de Oliveira, Tupinikim de la aldea Caieira Velha, y Wera Kwaray, Guaraní de la aldea Boa Esperança, quienes se encontraban en Europa para dar publicidad a los impactos de Aracruz sobre su sustento, cultura, bosques y tierra. Las ONG alemanas Urgewald y Robin Wood se organizaron y enviaron representantes a la reunión; Geertje van der Pas, de la ONG brasileña CIMI, actuó como intérprete. También yo participé de la reunión. Paulo de Oliveira describió la forma en que Aracruz, en la década de 1970, había cortado la selva Atlántica y luego la había incendiado. “Los animales desaparecieron”, dijo De Oliveira. “Antes de que llegara Aracruz nosotros cazábamos y encontrábamos comida”. Luego explicó que la FUNAI, el departamento del gobierno encargado de los asuntos indígenas en Brasil, había producido una serie de informes (el más reciente de ellos publicado este año) que reconocían los derechos de los Pueblos Indígenas a su tierra en Espírito Santo. Describió también cómo los Tupinikim y Guaraní habían demarcado por sí mismos su tierra y explicó la forma en que la policía le había roto un brazo durante el desalojo en enero de 2006 y que había estado preso en la Casa de Huéspedes de Aracruz. “¿Por qué la policía usa esta casa, si existe una comisaría?”, preguntó. “Lo primero tiene que ver con la certificación de Aracruz”, respondió Liedeker. “Aracruz no está certificada, sino que una sola plantación está certificada”. Aracruz tiene un certificado correspondiente a sus operaciones en Rio Grande do Sul, explicó, no por sus operaciones en Espírito Santo. Wera Kwaray señaló que hace dos meses unas 2.000 mujeres de Vía Campesina habían ocupado un vivero de árboles de Aracruz en Rio Grande do Sul. Según Vía Campesina, esta manifestación fue “una protesta contra las graves consecuencias sociales y ambientales que causa la expansión del ‘desierto verde', como llaman a las extensas áreas de monocultivos de eucalipto”. “Si Aracruz no ha hecho nada malo en el sur, ¿por qué ocurrió esto?” preguntó Kwaray. “Es un signo de que algo está mal”. Hubert de Bonafos, oficial de acreditación del FSC, explicó que en diciembre de 2004 el FSC había llevado a cabo su auditoría anual de [el Programa de certificación] SmartWood examinando la certificación de Riocell. Dijo que “como resultado, el FSC identificó algunos puntos débiles, que incluyó en un informe para SmartWood”. El FSC concedió a SmartWood un año para resolver los problemas. Aunque SmartWood no cumplió con este generoso plazo el FSC no tomó ninguna medida pública. Liedeker prometió que el informe del FSC sobre Aracruz y SmartWood sería “hecho público muy pronto”. Basándose en este informe Liedeker decidirá si recomendar que la Junta del FSC tome alguna medida, como rescindir el certificado de Aracruz o penalizar a SmartWood. Según las normas del FSC, para poder postularse a un certificado FSC las empresas tienen que “mostrar un compromiso a largo plazo de adhesión a los Principios y Criterios del FSC”. Eso incluye reconocer y respetar “Los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus tierras, territorios y recursos”. Aracruz ha violado este principio desde el inicio de sus operaciones en Espírito Santo, a fines de los años 1960. Por lo tanto, según las normas del propio FSC el certificado de Aracruz debería rescindirse. En febrero de 2006 le escribí a Liedeker para hacerle algunas preguntas relativas al certificado FSC de Aracruz. Una de mis preguntas era si el FSC consideraba que Aracruz era [una empresa] polémica. Liedeker eludió la pregunta explicando que el FSC no declara polémicas o no polémicas a las empresas. En su respuesta figuraba esta extraordinaria declaración: “El FSC se reserva todos los derechos en relación con este documento. Este documento o cualquier parte del mismo solamente puede reproducirse acompañado de las preguntas originales y solamente con permiso escrito del FSC”. Durante la reunión de Bonn, Peter Gerhardt y Lydia Bartz, de las organizaciones Robin Wood y Urgewald respectivamente, preguntaron varias veces a Liedeker si Aracruz era una empresa polémica. Una vez más, Liedeker evadió las preguntas. Claro, no podía decirles a Paulo de Oliveira y Wera Kwaray que Aracruz no es una empresa polémica, pero reconocer que sí lo es implicaba tener que admitir que ya hace mucho tiempo que debería haber insistido para que se rescindiera la certificación. Con esta certificación parcial de Aracruz el FSC está estimulando las ventas de productos de Aracruz. “Cuantos más productos de Aracruz compres, más grande se volverá esta empresa”, dice un habitante de Espírito Santo en un video-clip en el sitio web de Robin Wood. “Cuantos más productos se compren, más tendremos que sufrir”. Al no rescindir la certificación de Aracruz, el FSC está empeorando las cosas para los residentes locales. “Les juro que nos estamos tomando esto muy en serio. Ya estamos encaminados”, nos dijo Liedeker. Pero han pasado tres años desde que Aracruz compró su certificado FSC. El FSC debe rescindir esta certificación de inmediato. Por Chris Lang, correo-e: http://chrislang.org , www.chrislang.blogspot.com
Chile: la resistencia del pueblo Mapuche a la invasión forestal La comuna de Lumaco, con 11.405 habitantes, se ubica en la novena región de Chile. Desde las perspectivas de la antigua territorialidad mapuche y de las actuales identidades territoriales mapuche reivindicadas en esta región, Lumaco corresponde al centro político del territorio mapuche-Nalche (también denominado “nagche” y “nag-che”) A pesar de que actualmente la comuna presenta superficies de bosque nativo muy disminuido (14.982 hectáreas que representan un 13,4% de la superficie), con un preocupante estado de conservación y gran fragmentación, el bosque de Lumaco pertenece a uno de los últimos y más extensos Bosques Húmedos de la Región Templada Fría del planeta. Desde el punto de vista de los recursos alimenticios humanos, pese a encontrar un número menor de especies vegetales alimenticias que en bosques tropicales, en estos bosques existen múltiples plantas aprovechables como alimento (frutos, tallos, tubérculos, raíces carnosas y semillas), así como también un considerable número y cantidad de hongos. Es en esta región que durante la dictadura militar se produjo una violenta introducción de plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles, impuestos desde un marco institucional que aún se mantiene y cuyo principal instrumento es el Decreto Ley 701, desplazando a los sistemas agropecuarios y al bosque nativo. La fragilidad ecológica y la escasa aptitud agrícola de las tierras sirvió para calificarlas de aptitud forestal, lo cual permitió promover a las plantaciones forestales como la única actividad viable para combatir y frenar la erosión. Sin embargo estas apreciaciones no consideran la existencia de formas y técnicas alternativas de producción agrícola apropiadas para estas condiciones, ni el desarrollo de rubros productivos alternativos a la forestación industrializada, tales como algunas especies frutales (cerezos, arándanos, olivos), entre otras alternativas En un territorio en que más del 70% de la población es mapuche, solo el 15% de las 111.900 hectáreas de superficie de la comuna son ocupadas por las comunidades mapuche. Para esta mayoría de la población, la actividad forestal ha sido nefasta. En primer lugar, contribuyó a una fuerte reducción de la población rural, rompiendo sistemas económicos y estrategias de subsistencia de esta población. Por otro lado, no obstante a las promesas de bienestar económico publicitadas por los impulsores de este modelo forestal, la población que habita las zonas en las cuales se desarrolla no tiene acceso a estos supuestos beneficios. Según una encuesta de 2000, Lumaco presenta elevados índices de pobreza: el 60% de su población se encuentra bajo la línea de la pobreza y el 33% de ésta, en extrema pobreza. Otros índices asociados son: 23,7% de analfabetismo; 26.3% de deserción escolar; y una tasa de mortalidad infantil de 17,05%. Según el PNUD (2000), el Índice de Desarrollo Humano de la comuna de Lumaco es de 31,9%, cuyo valor es considerado como muy bajo y deja a Lumaco como una de las comunas de Chile peor evaluadas bajo este indicador. La expansión explosiva de las superficies plantadas con pinos y eucaliptos en Lumaco se asocia, además, a una serie de procesos de degradación ambiental graves de la comuna: destrucción del bosque nativo, la pérdida de biodiversidad, la reducción y contaminación de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, procesos erosivos y otros procesos de degradación del suelo tales como la compactación. También se han registrado problemas de salud en las comunidades circundantes a las plantaciones. Mientras un pequeño grupo de medianos y grandes productores madereros (que residen principalmente en las zonas urbanas de Lumaco y comunas vecinas) y empresarios de la celulosa (grupos nacionales y trasnacionales) son los beneficiados, la población local rural recibe los impactos negativos del modelo en sus sistemas económico-productivos, medioambiente, salud (física y mental) y cultura, implicando en conjunto un severo perjuicio en su calidad de vida. Desde el punto de vista cultural, la expansión forestal ha provocado el empobrecimiento de la cultura mapuche en el plano del conocimiento y ha impedido la reproducción de sus modos de vida propios. Un ejemplo de esta situación serían los impactos socioculturales de la pérdida del bosque nativo: los cambios en las pautas de alimentación, el abandono progresivo de la medicina tradicional, el derrumbe de creencias y relaciones establecidas con el mundo espiritual, entre otros. A este proceso nefasto las organizaciones mapuche han opuesto una lucha basada en argumentos étnicos y políticos en defensa de su patrimonio cultural, demostrando así que el resguardo cultural puede ser una estrategia importante para enfrentar al modelo forestal. En diciembre de 1997, comuneros mapuche de Lumaco procedieron a la ocupación de tierras forestadas y la posterior quema de dos camiones que sacaban madera desde el Fundo Pidenco, en la comuna de Lumaco. Este incidente marcó el inicio de una relación de diálogo directo entre los empresarios y el Estado, el cual asumió un rol defensivo y ofensivo que tomó forma a través de la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Se inició también una nueva etapa en las denuncias de la población mapuche. Miembros y dirigentes de organizaciones mapuche han sostenido una crítica profunda a la presencia de las empresas forestales en la zona, siendo esta crítica la única manifestación organizada en contra de la presencia forestal en la comuna. Ésta se organiza en torno a diversos ejes que, desde la perspectiva cultural mapuche, se reconocen como integrados entre sí. Entre tales ejes se destaca la relación entre lo ambiental y lo cultural, en tanto la pérdida de recursos implica también la pérdida de conocimiento, y con ello la pauperización de sus condiciones de vida. A través de sus propuestas han buscado salida a los problemas de pérdida de tierra, escasez de agua y disminución de la producción agrícola, de los que identifican a las empresas forestales como un responsable directo, y al Estado como un responsable encubierto. Es así que han enfrentado numerosos procesamientos judiciales, encarcelamientos y persecuciones; allanamientos y vigilancia permanente en las comunidades; golpes, disparos, secuestros y amenazas de muerte por parte de carabineros, investigaciones y civiles no identificados; e incluso el asesinato de tres jóvenes Mapuche que han quedado en la más absoluta impunidad. Se han aplicado, también leyes de carácter especial creadas en el Régimen Militar para reprimir a la oposición de la dictadura, como son la Ley Antiterrorista (ley 18.314), además de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Actualmente, existen más de 200 comuneros mapuches procesados y se mantienen 11 presos políticos Mapuche en las Cárceles de Concepción, Angol, Traiguen y Lebu, entre los que se encuentran Lonko (autoridad tradicional), dirigentes y Werken de comunidades, además de otros en la clandestinidad o sujetos a medidas cautelares. Contra ellos existen acusaciones basadas en testigos sin rostro y testimonios falsos. El propio Ministro de Interior de Bachelet reconoció que había sentencias contradictorias, y el partido político de la Presidenta ha reconocido que durante el Gobierno de Lagos hubo un uso desproporcionado e injusto de la legislación antiterrorista, que permitió juicios aberrantes, lo cual fue denunciado por el Relator de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas. Es en este contexto que Patricia Troncoso, Juan Huenulao, Jaime Marileo y Juan Marileo, presos políticos Mapuche de la cárcel de Angol, acusados y condenados en la causa de Incendio Terrorista a 10 años y un día, además del pago de una indemnización de $ 424.964.798 a la empresa forestal MININCO, iniciaron el 13 de marzo una huelga de hambre indefinida para exigir la libertad de todos los presos políticos Mapuche, la no utilización de la ley antiterrorista y la revisión de la causa por la que han sido condenados injustamente. La huelga de hambre concitó numerosas movilizaciones en Chile, y protestas que acompañaron a la gira europea de la presidenta Michelle Bachelet, la que fue emplazada el pasado 10 de mayo en Madrid por el premio Nobel José Saramago a “mirar a los mapuches”. Mientras continúan los actos de represión y las detenciones en las comunidades mapuche, se llevaban a cabo tensas negociaciones, en medio de las cuales los huelguistas suspendieron la huelga el día 14 de mayo de 2006, ante el compromiso de parlamentarios oficialistas de aprobar una ley que les permitiría la libertad condicional en un régimen de vigilancia. Sin embargo, dicho proyecto no contaba con respaldo político en la propia coalición de Gobierno. La presidenta del principal partido de gobierno, la senadora Soledad Alvear (DC) declaró que el proyecto sería inconstitucional pues violaría la “igualdad ante la ley”. Asimismo, inmediatamente suspendida la huelga, el 16 de Mayo el Gobierno declaró a través de la Ministra Paulina Veloso que no respaldaba el proyecto de Ley. A su vez la Presidenta Michelle Bachelet declaró el pasado 23 de mayo que se trata de “delincuentes” condenados, y que no puede intervenir frente a las decisiones de los tribunales. Ante esta falta de cumplimiento de los acuerdos por parte de la clase política chilena, los cuatro prisioneros mapuches se han sentido engañados y víctimas de una operación política, y han reanudado la huelga de hambre. La situación de los huelguistas mapuches es muy delicada y se encuentran hospitalizados. Por su parte, la clase política chilena ha cerrado filas y pretende sindicar a los mapuches como los responsables de la ruptura de los acuerdos y el naufragio de una solución legal que no contaba con sustento político. En Chile se ha profundizado a un grado extremo la crisis de confianza entre indígenas y Estado, que sólo una mediación internacional podrá resolver y conducir por caminos de paz y primacía de los derechos humanos. La vida de cuatro mapuches en prisión peligra. Su huelga de hambre personifica en este momento la resistencia del Pueblo Mapuche a una legislación genocida, hecha a la medida de las grandes forestales. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales exhorta a sumarse a su reclamo de “ cierre del proceso a la injusta causa llamada ‘Incendio terrorista Poluko Pidenko' y la libertad inmediata de los Presos Políticos Mapuche” enviando adhesiones a: http://www.nodo50.org/varios/mapuches/index.php#4 DE ÚLTIMO MOMENTO: El día 26 de mayo, nuevas conversaciones llevaron a los mapuches en huelga de hambre a la decisión de deponer la huelga , depositando sus esperanzas en un acuerdo con cuatro garantes que les permitiría, a través de un proyecto de ley, obtener la libertad vigilada. Artículo basado en extractos de la investigación “ Contexto económico y social de las plantaciones forestales en Chile. El caso de la Comuna de Lumaco, región de la Araucanía”, a gosto de 2005, por René Montalba Navarro, Noelia Carrasco Henríquez y José Araya Cornejo (el trabajo completo está disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/LibroLumaco.pdf ); comunicados de la Agrupación De Familiares Y Amigos De Los Presos Políticos Mapuche, http://www.presospoliticosmapuche.org/index_archivos/Noticias.htm ; aportes de Víctor Toledo Llancaqueo, Centro de Políticas Publicas, correo electrónico: centro@politicaspublicas.cl , http://www.politicaspublicas.cl
Colombia: el Pueblo Indígena Motilón Bari se levanta por sus derechos contra los intereses petroleros El Pueblo Indígena Motilón Bari se asienta desde hace miles de años en la cuenca del río Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Es una zona selvática con una extensión aproximada de 126.600 ha y comparte frontera con Venezuela. Tiene un potencial importante en materia de biodiversidad, maderas y minerales, hidrocarburos y recursos hídricos en sus bosques húmedos que sirven de filtro natural para el lago de Maracaibo (Venezuela). Todo ello, y en especial la presencia de petróleo, es la razón por la cual los Motilón Bari están expuestos a permanentes incursiones de transnacionales, particularmente en los municipios de Tibú y el Tarra. Ya en 1904 ingresaron a la región empresas petroleras como la COLPET (Colombia Petroleum Company) y SAGO (South American Gulf Oil Company) y actualmente ECOPETROL. Todas las empresas han seguido un patrón extractivista que explota de manera desaforada los recursos no renovables, depredando los bienes naturales de la zona y menoscabando la biodiversidad. Los daños al medio ambiente han sido irreparables y han afectado la vegetación, la fauna y los acuíferos, generando o dinamizando procesos erosivos y contaminando el agua y el suelo, por citar algunos de los impactos. En ocasiones las actividades extractivas han implicado, además, el desplazamiento y desalojo de las comunidades indígenas Motilón Bari de sus territorios. La reducción del territorio ancestralmente ocupado por los indígenas, desconociendo y vulnerando constantemente sus derechos, ha traído aparejada una pérdida de valores naturales y culturales que pone en riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas. Al amparo de la Licencia Ambiental 0624 del 16 de mayo de 2005 se intenta imponer el proyecto de exploración y explotación de petróleo denominado ALAMO I en sus territorios. El proceso ha tenido varias irregularidades, entre ellas el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en los instrumentos y convenios internacionales y nacionales, la falta de consulta previa por parte de la empresa extractiva ECOPETROL y la presencia del Ejército Nacional de Colombia en la zona de influencia del proyecto con el objetivo de “resguardar” el pozo, pero que implica impedir el libre movimiento del pueblo Bari así como la realización de sus actividades productivas, sociales y culturales. El Pueblo Bari ha reaccionado iniciando un proceso de defensa de su territorio, una de cuyas medidas es una acción judicial denominada por las leyes nacionales “Acción de Tutela”, que busca la protección de los derechos humanos del pueblo Bari. Esta acción fue fallada en contra por los tribunales en primera y segunda instancia. Al momento, el fallo de la segunda instancia fue presentado ante la Corte Constitucional para su estudio y probable revisión. En esta acción la Asociación Comunidad Motilón Bari de Colombia solicita a la Corte Constitucional de Colombia que “ sea revisada la tutela de referencia que busca proteger los derechos fundamentales que actualmente se nos están violando con la ejecución del proyecto de exploración y explotación Álamo I en nuestro territorio ancestral y sagrado y el accionar arbitrario del Ejército Nacional que se encuentra en la zona con la misión de resguardar el proyecto”. Como denuncian en su demanda, el Ejército ha invadido sitios de caza y pesca y de celebración de rituales y ceremonias propias de su cultura --como las maratones ( una actividad cultural y sagrada en las que realizan un ejercicio de reconocimiento y contacto con su territorio)--, atenta contra la libre movilización de los Bari en su propio territorio y les impide el acceso a sus sitios sagrados. Esta situación ha llevado a que se realicen detenciones arbitrarias, malos tratos e incluso atentados contra la integridad personal y la vida de los Bari. Dicen los Motilón Bari: “Nuestros abuelos ya no saben qué hacer con esta situación. La madre tierra está llorando, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra etnia nuevamente están en peligro. Se está causando un perjuicio irremediable, porque los daños hasta ahora causados y los que se pueden causar a nuestra sacralidad no son reparables con dinero o cualquier otro bien”. En el documento “ La explotación petrolera en el Catatumbo - Colombia; Genocidio al Pueblo Bari” ( http://wrm.org.uy/paises/Colombia/Catatumbo.pdf ) su autor, Ashcayra Arabadora Acrora, Delegado del Consejo Autónomo de Caciques Bari, Asociación Comunidad Motilón Bari de Colombia, expresa: “La Madre Tierra es una persona viva, no podemos entender ese tipo de actividad y nos oponemos a eso, muchos animales de nuestra región han desaparecido, la vida es la tierra, ella mantiene la vida, la vida es agua y sol; para nosotros el petróleo es un problema. Nos trae mucha violencia; con las compañías petroleras vienen también los grupos armados”. Exhortamos a enviar adhesiones al Consejo Autónomo de Caciques Bari, Asociación Comunidad Motilon Bari de Colombia – ASOCBARI, correo electrónico: puebloindigenabari@yahoo.es , suscribiendo la solicitud a la corte Constitucional Colombiana que figura en: http://www.wrm.org.uy/paises/Colombia/Bari.pdf
Ecuador: acción y propuestas contra monocultivos de árboles Más de 400 jóvenes de ambos sexos participaron el 13 de mayo en una acción contra las plantaciones de la empresa japonesa EUCAPACIFIC en la localidad de Tortuga, localizada en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. La acción –anunciada públicamente el día anterior en Muisne- se enmarca en la creciente oposición contra los grandes monocultivos de eucalipto de esta empresa, que han afectado profundamente la región, acabando con el agua, la flora y la fauna que antes abundaban y que eran utilizadas por la población local y expulsando a los propios pobladores de la zona. Entre los numerosos testimonios recogidos en una investigación recientemente culminada y publicada por el WRM (Granda, Patricia.- Monocultivos de árboles en Ecuador), el siguiente resume la situación diciendo: “El pueblo se siente afectado… los ríos se están secando, los árboles, la naturaleza se acaba, los animales se ahuyentan, con eso que siembran derrumban todo, ya no hay las especies que había antes… La gente se iba a cazar la guanta, el conejo, todo eso, ya no pueden ir porque ya no hay montaña donde se pueda ir para cazar. Todo lo que es naturaleza se está ahuyentando, ellos [los animales] por lo menos tenían árboles donde podían vivir y hacer sus casas, ahora ya no hay nada de eso porque cortaron. Eso está puro eucalipto”. En el caso de Tortuga, el antiguo río que atraviesa el poblado es ahora apenas un hilo de agua estancada y la gente se ha visto obligada a hacer un pozo en el propio lecho del río para poder abastecerse de agua. Tal situación es consecuencia directa de la plantación de amplias áreas de eucaliptos en la zona. Al respecto, un poblador local dice: “Este es el río Tortuga, y mírelo está seco. ¿Cuánto hace que terminó el invierno? Casi nada, y mírelo como está. Más adelante ya no habrá agua. Yo no sabía y nos han hecho conocer. Si desde un principio nosotros hubiéramos sabido que esto nos hacía daño no sembraban, se los impedíamos…” La empresa ha sido acusada de infringir la ley al haber talado áreas de bosque tropical para sustituirlo por plantaciones de eucalipto. Un habitante de Tortuga cuenta que “botaron todo abajo y solo plantaron esa planta [el eucalipto]. La empresa botó bosque primario, porque aquí adentro, donde mí [en mi predio] había un bosque que había preservado”. EUCAPACIFIC también violó las normas legales al plantar a menos de 30 metros del río Tortuga. La acción llevada a cabo por los jóvenes consistió en talar –con machetes, hachas y motosierra- unos 2000 árboles de la franja plantada ilegalmente por la empresa cerca del curso de agua. Cada vez que un nuevo árbol caía, los aplausos y consignas de los jóvenes acompañaban la caída. José Bautista, un habitante de la zona, dijo que la tala de los árboles fue la última opción que tuvieron para que la empresa maderera tome en serio el tema ambiental. Al respecto cuenta: "Hablamos con la Ministra de Ambiente, ella vino acá y dijo que iba a suspender los permisos para la siembra de los árboles. Luego nos convocaron a una reunión con Eucapacific y ellos señalaron que no existen tales sembradíos y les creyeron". Es decir, que la acción no puede ser siquiera considerada ilegal, dado que –según la empresa- esos árboles “no existen”. A pesar de ello, los machetes y motosierras mostraban que efectivamente existían y que, si se aplicara la justicia, EUCAPAFIC no solo debería pagar las multas correspondientes, sino también los jornales de los jóvenes que eliminaron los árboles que la propia empresa debería haber cortado. Sin embargo, la empresa ya ha amenazado con iniciar acciones legales contra las personas y organizaciones involucradas. En este contexto de creciente oposición a las plantaciones, la ONG ecuatoriana Acción Ecológica hizo pública el 17 de mayo su “propuesta sobre plantaciones forestales”, que dice: “Acción Ecológica acaba de publicar los resultados de una investigación en la cual se documentan los graves impactos sociales y ambientales provocados por los monocultivos de pinos y eucaliptos, tanto en la zona andina como en Esmeraldas. Consideramos que los hallazgos de esta investigación ponen de manifiesto la inconveniencia de promover pinos y eucaliptos puesto que:
El Gobierno Nacional está discutiendo al momento la estrategia forestal. En base a lo arriba planteado, queremos manifestar públicamente nuestra propuesta en relación a plantaciones forestales, que consiste en:
En resumen, lo que Acción Ecológica está pidiendo es que se reconozca que estos monocultivos impactan gravemente sobre la gente y el ambiente y que el Estado tiene por ende la obligación de controlar los existentes y de impedir que se sigan expandiendo. Artículo elaborado en base a información de: informe de viaje a Ecuador de Ricardo Carrere, mayo 2006; Granda, Patricia.- Monocultivos de árboles en Ecuador (http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/Libro2.html); Acción Ecológica: “Nuestra propuesta sobre plantaciones forestales”; Diario El Comercio, “Una protesta contra la siembra de eucaliptos, 17/5/06 (http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=42461&seccion=8)
Ecuador: los Huaorani del Parque Yasuní atacados por grupos madereros y petroleros Al sur del Parque Nacional Yasuní (ver Boletín Nº 96 del WRM) se libra una guerra desigual. Lanzas contra escopetas. El Parque Nacional Yasuní tiene 982.000 hectáreas. Está localizado en territorio Huaorani, en las provincias de Napo y Pastaza, y forma parte de la llamada Zona Intangible, donde viven pueblos de las etnias Tagaeri y Taromenane en situación de aislamiento voluntario. Si bien en la Zona Intangible están prohibidas las actividades extractivas como la explotación petrolera y la tala de los bosques, lo cierto es que existe allí desde hace años una intensa y violenta explotación forestal a vista y paciencia de la policía, funcionarios de medio ambiente y militares. Los camiones cargados de madera recorren impunemente vías fluviales y terrestres y atraviesan el campamento militar. Cinco bloques petroleros se impusieron en territorio Huaorani y la compañía Petrobrás recibió licencia de explotación forestal. Las actividades petroleras requieren de vías de acceso por las que ingresan los madereros a los territorios de los Pueblos Indígenas Aislados. Las prolongadas presiones que éstos sufren, producto de la intervención maderera, petrolera y turística, han provocado el genocidio y la desaparición de varios de estos grupos en reiterados eventos violentos, tales como la masacre de mayo de 2003, cuando alrededor de 20 mujeres y niños del pueblo Tagaeri fueron asesinados en Tigüino. Nunca se ubicó a los culpables. Las empresas madereras organizadas en la Asociación de Industriales de la Madera (AIMA), Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS) y la Corporación de Desarrollo Forestal y Maderero (CORMADERA) hicieron público a principios de este mes un comunicado en el que pretendieron deslindar los nexos entre la explotación maderera y las violaciones a los derechos humanos de los grupos Tagaeri y Taromenane. A la vez, exigen al Estado mayores prebendas para sus actividades, tales como dos millones de hectáreas para plantaciones, r ecursos económicos y canje de deuda externa para sus actividades de explotación de bosques y monocultivos de árboles, la desregulación de sus actividades y la desvinculación del Ministerio del Ambiente del control de las mismas, la entrega del control forestal a entidades privadas vinculadas a sus intereses, y la promoción de sistemas de venta anticipada de madera –todo ello supuestamente para una “explotación forestal sustentable”. Por su parte, los Huaorani habían decidido tomar el control de su territorio ancestral. En una asamblea realizada en la comunidad de Nemopari a fines del año pasado, resolvieron impedir la explotación de los recursos naturales. El cónclave Huaorani se realizó con la presencia de 60 ancianos sabios. Según Vicente Enomenga, presidente de la organización Huaorani, ellos recomendaron al Consejo de Gobierno, la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana (Onhae), el cuidado de su entorno y de su vida. Los Huaorani definieron que quedaba prohibido el ingreso de extraños a sus territorios, lo que incluye a los madereros procedentes tanto de Ecuador como de Colombia. El vicepresidente del Consejo de Gobierno advirtió que los habitantes indígenas no se responsabilizan por la seguridad de los foráneos. En ese contexto es que el pasado 12 de abril fueron lanceados dos madereros en el sector de Cononaco, en la provincia de Orellana, y el 27 de abril, al sur de la referida provincia, en los límites con Pastaza, fuentes del Vicariato de Orellana y un dirigente Huaorani informaron del asesinato de varios miembros de la comunidad Taromenane --denuncian una cifra de 30 víctimas. Pero ahora, según denuncias de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, un silencio cómplice se ha instalado en torno a la zona intangible. Las lanzas encontradas revelan que algo de extrema gravedad pasó, a pesar de lo cual se pretende ignorar la presencia de gente armada en la región. Los que dieron la voz de alarma y aquéllos que poseen información ahora estarían amordazados por el miedo. Nadie se atreve a hablar en contra de los madereros; su violencia, el poder económico que manejan parecen más fuertes que la justicia y el derecho. Acción Ecológica reclama que se realice una investigación seria e imparcial de los hechos y que se tomen medidas de protección. Dichas medidas deben empezar por establecer una clara política de respeto a las áreas protegidas y a los pueblos indígenas que las habitan y que se detenga todo tipo de actividad extractiva a gran escala en estos lugares. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario representan verdaderos tesoros culturales al constituir la voluntad de persistencia étnica de las sociedades de la cuenca amazónica y al defender a través de su cultura amplias regiones de bosque húmedo tropical. Respetarlos es también proteger los bosques. Artículo elaborado en base a información obtenida de: “ Ecuador: Denuncian genocidio de indígenas Taromenane, en aislamiento, por madereros ”, 12 de mayo de 2006, Ivonne Ramos, Acción Ecológica , cbosques@accionecologica.org, foresta@accionecologica.org ; “Conflicto en selva deja dos muertos de los Taromenane”, El Universo, y “ La violencia crece en el Yasuní” El Comercio , ambas noticias del 29 de abril de 2006, en http://www.llacta.org/notic/2006/not0429a.htm ; “ Los sabios huao, a favor de la selva”, El Comercio, 1/11/2006, http://www.saveamericasforests.org/Yasuni/News/Articles/2006/1-11-06%20El%20Comercio%20The%20Wise%20Huaorani,%20In%20Favor%20Of%20The%20Forest.htm
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Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
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