ASIA

• China: el viejo dilema de las plantaciones de eucalipto y el agua
• India: nueva ley forestal: ¿fin de las expulsiones de los bosques?
• Indonesia: la acacia y la expansión de las plantaciones con destino a celulosa
• Laos: Suez Energy International y la represa de Houay Ho

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LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

China: el viejo dilema de las plantaciones de eucalipto y el agua

Los eucaliptos entraron a China por primera vez en torno a 1890; originariamente se los plantaba con fines ornamentales y para sombra al borde de los caminos. La primera ola de plantaciones de eucaliptos en China, principalmente para la producción de madera, llegó después de la fundación de la República Popular China. No fue sino hasta los años 1950 que con las granjas forestales estatales se establecieron extensas áreas de plantaciones con el propósito de suministrar maderas para minas, postes para la construcción y combustible. Los programas de plantaciones patrocinados por el gobierno durante las décadas de 1970 y 1980 hicieron aumentar la superficie de plantaciones hasta cerca de 600.000 hectáreas. En 1954 se estableció una zona grande de plantaciones de eucalipto en la península de Leizhou, provincia de Guangdong. El eucalipto comenzó a introducirse por las ciudades de la bahía y la costa este y sudeste, convenientemente ubicadas para el tráfico internacional.

Hoy se pone énfasis en el establecimiento de plantaciones a corto plazo, principalmente de eucalipto, con métodos de manejo intensivo, y se alienta a los Departamentos de cada nivel a administrarlas, estimular las exportaciones, instalar fábricas para la producción de chips de eucalipto y también fábricas de celulosa de eucalipto. Como resultado, hoy China tiene una superficie plantada con árboles de casi un millón y medio de hectáreas (cifra de 2004).

La sureña provincia de Guangdong tiene más de 677.300 hectáreas plantadas con eucalipto. Al mismo tiempo, en los últimos años la provincia ha sufrido una sequía cada vez peor. Diputados locales del Congreso Popular de la provincia de Guangdong e integrantes de la Conferencia Consultiva Política de la provincia de Guangdong presentaron sus observaciones sobre el daño ocasionado por los eucaliptos al medio ambiente de la provincia.

Incluso voces académicas están dando la alarma. Li Sidong, catedrático de la Universidad Oceánica de Guangdong y también miembro de la Conferencia Consultiva Política de la provincia, exhortó al departamento forestal a endurecer la reglamentación sobre la gestión de las plantaciones de eucaliptos. Li manifestó estar preocupado porque la plantación a gran escala de eucaliptos rebajaría la calidad del suelo, absorbería la humedad y crearía “un desierto verde”.

Según el periódico China Daily, en marzo de este año el gobierno de la ciudad de Yunfu puso en vigor la prohibición de plantar eucaliptos; Zengcheng, ciudad satelital de [el Municipio de] Guangzhou [capital de la provincia], decidió imitar esta medida.

Pero, como suele ocurrir, muchos expertos en forestación se negaron a creer que los eucaliptos hubieran absorbido aguas subterráneas y contribuido a la sequía. El especialista forestal Xu Daping, por ejemplo, rechazó la posibilidad de que el eucalipto hubiera dañado los ambientes ecológicos locales y que los árboles fueran perjudiciales para la fauna, con el argumento de que “En Australia los eucaliptos albergan gran cantidad de zarigüeyas y canguros pequeños”. El argumento de este especialista forestal se basa en una concepción absolutamente errónea: ¡que las plantaciones en gran escala de árboles pueden equipararse a los bosques!

Más allá del enfoque académico, este error (repetido todo el tiempo por los promotores de los monocultivos de árboles a gran escala, dicho sea de paso) carece de nociones básicas de los ecosistemas y la biodiversidad. El eucalipto, nacido entre 35 y 50 millones de años atrás, domina la flora arbórea de los bosques australianos. Muchos eucaliptos crecen sobre un contrapiso de madreselvas australianas (flores silvestres nativas) y grevilleas (arbustos pequeños con hermosas flores) y existen cerca de 600 especies que se encuentran en casi todas las partes del continente, adaptadas a todas las condiciones climáticas de Australia. ¿Cómo puede compararse este paisaje con las extensas plantaciones de alto rendimiento, manejo intensivo y turnos de rotación cortos de cuatro o cinco especies de eucaliptos?

Mientras los especialistas forestales chinos inician una investigación con el fin de determinar si los eucaliptos han dañado el medio ambiente basándose en que no hay suficientes pruebas de que estos árboles “chupen” grandes cantidades de agua, la gente que sufre los efectos directamente sí tiene una idea clara al respecto. Ya han experimentado y denunciado que el aumento de los eucaliptos ha contribuido a la sequía, que sigue empeorando, en la sureña provincia china de Guangdong.

La experiencia directa ha enseñado a las personas lo que normalmente los expertos forestales se niegan a aceptar: que las plantaciones a gran escala de eucaliptos tienen impactos terribles sobre el agua. Ya hay muchos casos en el mundo entero que lo demuestran. ¿Qué más necesitan?

Artículo basado en información de: “Eucalypts blamed for worsening drought”, Zheng Caixiong, China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2006-04/10/content_563658.htm ; Eucalypt tree improvement in China, Martin van Bueren, Centre for International Economics, diciembre de 2004, http://www.aciar.gov.au/web.nsf/att/JFRN-6BN9E8/$file/ias30.pdf

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India: nueva ley forestal: ¿fin de las expulsiones de los bosques?

Desde que India obtuvo su independencia política en 1947, las Zonas Protegidas y los proyectos de desarrollo --como grandes represas, minas, industrias, carreteras y cantones militares-- han desplazado a millones de personas en el país. Cifras de la Comisión de Planeamiento dan a entender que solamente entre 1951 y 1990 los proyectos de desarrollo desplazaron a 21,3 millones de personas. No hay cifras disponibles en cuanto a la cantidad de personas expulsadas por el Departamento Forestal (para crear nuevas Zonas Protegidas y desalojar a los “invasores de los bosques”). Según varios grupos que trabajan con las comunidades de los bosques de India, en los últimos cinco años se expulsaron unas 300.000 familias. No hubo compensaciones y se obligó a personas de todas las edades a abandonar sus hogares, bosques y tierras agrícolas para dejar lugar a plantaciones y zonas de vida silvestre.

Para la gente que vive en los bosques de India, se trata de la continuación de una vieja historia de persecución, represión y expulsión. Históricamente, el concepto de bosque quedó enraizado en la “otredad” social y política, el espacio que alberga a los animales salvajes, los marginales y los vencidos, y por lo tanto algo que hay que destruir (o combatir) en tanto extraño y maligno. De modo inverso, los bosques también han sido “valorados” en tanto tierra: para anexar, colonizar y asentar sujetos que el Estado pueda controlar. No importó que los pobladores autóctonos de los bosques tuvieran que morir, tanto física como culturalmente, en el proceso; esto es válido para cualquier período de la historia india.

La independencia del país acarreó mayor miseria para la gente que vivía en los bosques. El nuevo Estado endureció las viejas leyes forestales coloniales, limitando el acceso de las personas a los bosques. Entre tanto, en el nombre de la forestación productiva, se continuó con la destrucción de los bosques, que siguieron desapareciendo. El Raj de la “mafia forestal” dio inicio cuando una nueva generación de comerciantes y contratistas se unió a una burocracia forestal cada vez más corrupta. El saqueo oficial y extraoficial de los bosques destruyó la ecología de las comunidades tradicionales. La pobreza, el desempleo y el hambre obligaron tanto a inmigrantes como a nativos a convertirse en trabajadores a sueldo de la mafia forestal, y es así como comienza el proceso de proletarización de los habitantes de los bosques del país.

También estaba, oficialmente, la “necesidad” de hacer que el 33 % de la superficie geográfica de India fuera bosque, en cumplimiento de la nueva Política Nacional Forestal de 1988, y el nuevo avatar “conservacionista” del Departamento Forestal, que hasta entonces había trozado y talado más de la mitad de los bosques de India (entre 1951 y 1979 se talaron más de 3,33 millones de bosques naturales para hacer sitio a las plantaciones “industriales”), aceptó el “desafío”. En lugar de evaluar los diversos factores socioeconómicos detrás de la deforestación, el Departamento apareció con la lógica simplificada de la “usurpación”, como si la cobertura forestal del país fuese a aumentar milagrosamente si se pudiera expulsar a las comunidades de personas sin tierras que ocupan y usan las tierras de los bosques para la agricultura de subsistencia. La irresistible fuerza de la conservación siguió adelante, empezaron los desalojos a gran escala y ni el gobierno de India ni las ONG conservacionistas prestaron atención alguna al hecho de que el gobierno colonial estaba quitando a las comunidades la mayor parte de los bosques de India sin reconocerles derecho alguno, y que el verdadero y principal invasor es el propio Departamento Forestal. El proceso de Establecimiento de Derechos, que en virtud de la Ley Forestal india de 1927 es obligatorio previo a declarar cualquier zona como Bosque del Estado, en muchos lugares nunca llegó a tener lugar, en tanto en muchos otros los procesos quedaron incompletos.

Personas cuyos derechos no figuran en los registros habitan en un estricto “espacio estatal” donde se los trata como intrusos, invasores y enemigos del bosque y de la vida silvestre. El gobierno no necesita justificar las acciones coercitivas en su contra e incluso abundan los abusos físicos, la violencia sexual y los asesinatos. En India los desalojos de los bosques llevan la marca de la brutalidad ejemplar que los acompaña. El reciente informe (2005) de Tiger Task Force (designado por el primer ministro de India para investigar la muerte de tigres en varias reservas de tigres) describe la situación como “una verdadera guerra intestina, que implota dentro de las reservas y arrastra todo consigo.”

A esta confusión se sumó el Comité Central Facultativo (CEC) creado por la Suprema Corte y repleto de funcionarios forestales y conservacionistas y defensores de la vida silvestre puros y duros. El CEC ha estado dando vueltas por el país, emitiendo órdenes de desalojo a voluntad. Bajo sus órdenes se expulsaron cerca de 10.000 trabajadores de la pesca, que secaban pescado en Jambudwip, una isla en el sur de los Sunderbans, en el estado de Bengala Occidental. La policía de Bengala Occidental apaleó a los pescadores que volvieron a la isla el 16 de octubre de 2003, Día Mundial de la Alimentación. Destruyeron y tiraron al mar sus herramientas y paquetes de alimentos. El CEC también fue considerado responsable por la masacre de los Adivasi, inocentes y sin tierra, que se refugiaron en el Refugio de vida silvestre de Muthanga, en el distrito de Wayanad, Kerala.

En una medida coordinada para frustrar las expulsiones a gran escala, los Adivasi y otras comunidades de los bosques de los estados de Orissa, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan y Tamil Nadu, Bengala Occidental y Madhya Pradesh comenzaron a presentar miles de demandas relativas a la posesión de sus tierras ante los respectivos Recaudadores de Distrito. Este proceso de presentar demandas sobre sus tierras se convirtió en un movimiento masivo. La Campaña por la Supervivencia y la Dignidad, una plataforma de organizaciones de masas de los Adivasi y los habitantes de los bosques de 11 estados, empezó a organizar manifestaciones de protesta, explicando los detalles de lo que estaba sucediendo, la situación legal, cómo se violaba sistemáticamente las leyes y qué debería hacerse.

Con el fin de disipar la tensión creciente en las zonas tribales del país y de hacer modificaciones, el gobierno emitió en 2004 dos nuevas circulares que prescribían la regularización de las tierras cultivadas por los grupos indígenas desde 1993 y la conversión de todas las aldeas de los bosques (colonias de los trabajadores de las plantaciones, en tierras boscosas) en aldeas contribuyentes en el lapso de seis meses. Las mismas fueron ratificadas por la Suprema Corte de India. En diciembre de 2004 un nuevo conjunto de directrices prohibió el desalojo de los integrantes de tribus, salvo los “usurpadores no aptos” (lo que significaba que los desalojos continuarían). El 12 de mayo de 2005 otra nueva directriz prohibía el desalojo de cualquier habitante del bosque sin el debido proceso de verificación. El 3 de noviembre de 2005 se publicaron las directrices definitivas, que por primera vez disponían un proceso de reconocimiento de derechos a nivel de aldeas. Sin embargo, hasta hoy sigue habiendo expulsiones y este mismo mes hubo desalojos de personas de los bosques en el pequeño estado de Sikkim, en el Himalaya.

Las presiones políticas del actual gobierno y la presión sostenida y efectiva de parte de los movimientos por los bosques llevaron a la controvertida Ley de Reconocimiento de derechos sobre los bosques de 2005, que por primera vez en la historia india trata de los intereses y derechos tribales en los bosques y promete salvaguardarlos.

El proyecto propone 13 derechos específicos, heredables pero no enajenables ni transferibles, como por ejemplo la propiedad de hasta 2,5 hectáreas de tierra, derecho a los productos del bosque y al pastoreo, restauración de la cancelación ilegítima de títulos, cesión y arrendamiento de tierras, derechos tradicionales y consuetudinarios, derecho a los recursos comunitarios comunes, derecho al hábitat para los grupos tribales primitivos, acceso a la biodiversidad y derecho comunitario a la propiedad intelectual y el conocimiento tradicional, y el derecho a proteger los bosques.

Esta ley hizo que el grupo de presión “conservacionista” indio se alzara en armas, mientras las ONG y los funcionarios forestales ponían el grito en el cielo. Objetaron el proyecto de ley sobre la base de que éste distribuiría tierras boscosas a familias tribales y debilitaría la protección de los bosques y también porque la vida silvestre y la gente no pueden coexistir. ¡El proyecto se interpretó como “el fin del tigre indio”! Los movimientos por los bosques también se opusieron a la ley por encontrarla demasiado vaga. El gobierno tuvo que enviar el proyecto a un Comité Parlamentario Conjunto que recién ahora ha concluido su Informe sobre el Proyecto de Ley, luego de recoger declaraciones tanto de los movimientos por los bosques como de los “conservacionistas” durante los últimos tres meses. El Informe aún no se ha hecho público, y habrá que esperar para ver qué es lo que el gobierno indio decide hacer con eso. Pero no hay dudas de que este proyecto de ley anuncia un nuevo comienzo en la historia forestal india y que las cosas van a cambiar, para bien o para mal.

Con la Ley de Reconocimiento de los derechos sobre los bosques que se propone, la lucha de las comunidades de los bosques de India entra en una “fase política” más decisiva, en la que los movimientos por los bosques deben estar constantemente vigilantes para lograr posibles beneficios y ayuda a los oprimidos y los pobres entre los grupos étnica y económicamente diversos de personas que viven en los bosques indios y sus alrededores. Es necesario garantizar que este plan de poner el control social de los bosques de India en manos de las comunidades de los bosques no sea eclipsado por la dudosa y repentina “comunalización” del poderoso grupo de presión de la celulosa y el papel de este país y del Banco Mundial, ni que este empeño en ver el fin de la hegemonía estatal sobre los bosques signifique caer en manos de esas fuerzas que también trabajan por las reformas legislativas y políticas “pro comunidades” en el sector forestal. La lucha por los derechos de las personas y la ley forestal se convierte así en una lucha contra la inminente corporatización o privatización de los bosques. Aunque el contorno físico de esta lucha todavía no está definido, lo más sensato será estar en guardia y no dejarse adormecer por el sentimiento de falsa seguridad y euforia que la Ley podría brindar.

Por Soumitra Ghosh , correo-e: soumitrag@gmail.com y C.R. Bijoy. Basado en información de : Campaña por la Supervivencia y la Dignidad, National Forum of Forest People and Forest Workers

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Indonesia: la acacia y la expansión de las plantaciones con destino a celulosa

En 2004, el Ministro de Forestación, a través del Decreto Nº 101/Menhut-II/2004, aprobó una medida relativa a la aceleración del avance de las plantaciones de árboles para abastecer la industria de la celulosa y el papel. En la provincia de Jambi la medida tuvo gran receptividad por parte de PT Wira Karya Sakti (PT WKS), una compañía forestal subsidiaria del Grupo Sinar Mas (SMG).

SMG es un importante conglomerado que funciona en Estados Unidos, Australia, Singapur, China, Hong Kong y Holanda, abarcando una amplia gama de negocios: plantaciones de palma aceitera, inmuebles, actividades financieras a través del Banco Internacional de Indonesia /BII, y la industria celulósica. Asia Pulp & Paper (APP) es el grupo comercial de SMG vinculado a la celulosa y el papel (ver Boletín Nº 101 del WRM). Este grupo gigante tiene dos industrias celulósicas en Indonesia --PT Lontar Papyrus en Jambi y PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) en Riau-- y ha recibido dos concesiones para plantaciones de árboles para celulosa: PT Arara Abadi (Riau) y PT Wira Karya Sakti (Jambi).

En realidad, el suministro para APP proviene no de esas dos concesiones sino también de zonas de bosques naturales convertidos a plantaciones. APP se derrumbó a lo largo del año 2000, la Bolsa de Nueva York incluso suspendió la venta de sus acciones en enero de 2001, y su deuda trepó a 13.400 millones de dólares. A pesar de todo ello, logró “mantener” su reinado comercial.

Actualmente amplía su actividad (plantaciones de árboles para celulosa), abarcando más tierras. En Jambi y Riau, solamente, logró expandir sus concesiones a 490.000 hectáreas. En el sur de Sumatra su nueva concesión abarca 380.000 hectáreas. También absorbió PT Finnantara en el occidente de Kalimantán, antiguamente propiedad de la compañía finlandesa Stora-Enso. Más de doce financiadoras y Agencias de Crédito a la Exportación participan en su crecimiento, entre otros Barclays (Reino Unido), Norddeuschthe Landesbank (Alemania), Dresdner Kleiwort (Reino Unido/Alemania), ING (Holanda), Credit Suisse (Suiza) y Hermes (Alemania).

PT WKS en Jambi trabaja con Acacia mangium como materia prima de la celulosa, y es el principal abastecedor de la compañía de celulosa y papel PT Lontar Papyrus Pulp and Paper (LPPI), que actualmente está expandiendo en gran forma su zona de operaciones. Hasta el momento, la superficie ya convertida y por convertirse en “tierra de acacias” por la compañía, llega a 500.000 hectáreas en la provincia, un incremento drástico desde 2004. Las concesiones de esta filial de Sinar Mas se ubican en 4 distritos dentro de Jambi: Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi y Batanghari.

Más de 100.000 hectáreas de plantaciones que fueron anteriormente concesiones madereras pasarán a ser parte de las plantaciones madereras industriales del Grupo Sinar Mas. Hace algún tiempo, PT WKS absorbió 38.000 hectáreas que correspondían a una concesión de madereo. Aparentemente eso no era suficiente: PT WKS también tomó 65.000 hectáreas de concesiones que habían pertenecido a PT Sadarnilla y PT Lokarahayu y fueron luego controladas por la compañía estatal PT Inhutani V. La empresa justifica su expansión con el argumento de que se trata de tierras abandonadas, descuidadas, en “estado crítico”, donde se lleva a cabo madereo ilegal. De hecho, PT WKS ya controla una concesión maderera industrial de 190.000 hectáreas.

Mientras tanto, un activista radicado en Jambi, Deni Kurnia, denunció las “sorpresas” financieras que han dado PT. WKS y PT. LPPI, tanto para el Estado como para todas las partes y personas involucradas. No solamente que las supuestas ganancias financieras ofrecidas por las empresas no se comparan de modo alguno con las consecuencias ambientales de las prácticas destructivas y dañinas, sino que cada año el gobierno concede a las dos empresas enormes facilidades para que alcancen sus “objetivos de producción”. Además, la expansión comercial del grupo gigante ha entrado en conflicto con los límites y la tenencia de las poblaciones locales, de lo cual es indicio la enorme cantidad de “demandas” y “reclamaciones”.

El programa de plantaciones industriales llegó con promesas de generación de divisas para el Estado, pero los informes locales hablan de resultados que tienen que ver con digresiones jurídicas, complejidades burocráticas y degradación sociocultural, económica y ambiental.

Artículo basado en información obtenida de: “Cooking Acacia in Policy Spices. Policy and Social Analysis of PT Rimba Hutani Mas/Sinar Mas Group, Jambi”, Helmi Rivani Noor, Community Alliance for Pulp Paper Advocacy (CAPPA), diciembre de 2005; “ Position Statement for the withdrawal of the permit extending the area of PT WKS”, diciembre de 2004, presentado ante el Ministro Forestal de Indonesia, MS Kaban en Jakarta, por diversas organizaciones e individuos.

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Laos: Suez Energy International y la represa de Houay Ho

“Queremos hacer responsables a aquellas empresas que construyeron la represa o que lucraron con ella: la empresa coreana que la construyó o la empresa belga que hoy es dueña de la represa. Habría que enviar cartas que dijeran ‘Ustedes están ganando dinero con esto, ¿por qué no asumen un poco de responsabilidad y ayudan a todas las personas que sufrieron los impactos de este proyecto y les permiten regresar?' Necesitamos tener tierras suficientes para poder cultivar, lo que significa mudarnos a las zonas que consideramos nuestro antiguo territorio, y necesitamos que se nos conceda el derecho de vivir allí con dignidad e independencia”.

Un hombre Nya Heun de la provincia de Champasak, en el sur de Laos, hizo estas declaraciones a Melanie Scaife, de Oxfam Australia, en noviembre de 2005. La represa de la que habla es Houay Ho, construida por un consorcio formado por Daewoo (Corea del Sur), Loxley (Tailandia) y Electricité du Lao. La electricidad generada por la represa de 150 MW se exporta a Tailandia. En 2001, la empresa belga Tractebel Electricity and Gas International compró una parte mayoritaria de la represa. En 2003, tras una fusión, Tractebel EGI se convirtió en Suez Energy International, una subsidiaria que pertenece enteramente a la empresa multinacional Suez.

En la edición de abril de 2006 de [la revista] World Rivers Review, publicada por International Rivers Network, figura la entrevista de Melanie Scaife con un hombre Nya Huen al que ella llama Boun, para proteger su identidad.

“Antes de que se construyera la represa teníamos suficientes alimentos”, explicó Boun. “Pescábamos en los ríos, recogíamos verduras en el bosque y teníamos mucho arroz. Vivíamos solos, sin tener que depender de la ayuda o el apoyo de nadie más. Ahora, en las zonas de reasentamiento estamos totalmente empobrecidos y dependemos de otros”.

Boun fue trasladado a una zona de reasentamiento a unos 30 kilómetros de su hogar. “Necesitamos bastante tierra: este es el problema básico de nuestra gente”, dijo Boun. “Ahora no tenemos acceso a los recursos porque nos trasladaron a una zona sin bosques ni tierras que podamos considerar nuestros. Mi gente vivía en un bosque muy grande y estábamos acostumbrados a vivir en un lugar extenso, lleno de recursos naturales. Ahora nos metieron en una zona muy concentrada, donde todos los recursos que nos rodean son propiedad de otros y esto para nosotros es un gran golpe, un enorme cambio respecto de lo que estábamos acostumbrados a hacer”.

Desde que fueron trasladados a las zonas de reasentamiento, muchos aldeanos se ven obligados a vender su trabajo para sobrevivir, y así trabajan en aldeas cercanas desmalezando la tierra de otros. Algunos han empezado a mudarse más cerca de sus antiguas aldeas. “Estamos regresando, acercándonos lo más que podemos a nuestro antiguo territorio, a las tierras que no se inundaron con el embalse de la represa”, explicó Boun. “No se nos permite regresar a nuestras antiguas zonas, es decir que oficialmente estamos viviendo en los lugares de reasentamiento, pero en realidad apenas si estamos allí. El año pasado cerca de la mitad de las familias abandonaron los lugares de reasentamiento, y este año son cerca de dos tercios. Hasta ahora el gobierno no nos ha impedido activamente que regresemos, pero ¿quién sabe qué ocurrirá en el futuro?”

En 2004 la ONG belga Proyecto Gato presentó una demanda en virtud de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, alegando que Suez Energy International debería hacerse responsable de compensar adecuadamente a las personas obligadas a desplazarse para dejar lugar a la represa. Proyecto Gato también pidió a Suez Energy International que pusiera servicios básicos de salud, material educativo y medicamentos a disposición de los aldeanos desplazados.

Suez Energy International alegó no ser responsable porque el reasentamiento se había llevado a cabo antes de que la empresa hubiera comprado el proyecto. La OCDE apoyó el argumento de la empresa citando una carta del ministro de Industria de Laos que declaraba que Suez Energy International había cumplido sus obligaciones contractuales para con el gobierno de Laos.

Como resultado de la presión ejercida por Proyecto Gato, en febrero de 2005 Suez Energy International reparó varios pozos de agua potable en la zona de reasentamientos de Houay Ho. Pero siguen sin resolverse los asuntos fundamentales para la subsistencia de los Nya Heun, por ejemplo la tierra.

En octubre de 2005, el periódico Vientiane Times informó que la empresa energética Houay Ho Power Company (el 70% de la cual es propiedad de Suez Energy International) tenía planes de invertir US$ 20 millones para extender la producción de electricidad de nueve horas diarias a 24. Para esto habría que desviar agua de otros dos ríos al reservorio de Houay Ho.

Por casualidad, antes de leer la entrevista de Melanie Scaife con Boun yo había escrito tres veces a Pascal Brancart, vicepresidente principal de la sección para el desarrollo comercial sustentable de Suez Energy International. Solicité a Brancart una copia de la evaluación del impacto ambiental de la expansión, así como la lista completa de todos los documentos elaborados sobre este proyecto. Le pregunté si el trabajo implicaba la construcción de alguna nueva represa (ya fuera a cargo de Suez Energy International o de cualquier otra empresa). Le pregunté si el trabajo provocaría alguna nueva expulsión. Pedí información sobre estudios de los impactos aguas abajo ocasionados por el desvío de agua hacia el embalse de Houay Ho. Le pregunté si Suez Energy International considera que los problemas de reasentamiento asociados con la represa de Houay Ho ya están resueltos. Y le pedí un ejemplar del informe de evaluación ambiental (que la consultora suiza Electrowatt completó cuando ya se había iniciado la construcción de la represa, en la década de 1990) así como el informe de la auditoría legal (que la empresa consultora en ingeniería Knight Piésold había hecho antes de que Tractebel comprara la parte mayoritaria de la represa), documentos que en repetidas oportunidades la empresa se ha negado a hacer públicos.

Brancart no respondió mis mensajes de correo electrónico. Hasta ahora no ha contestado mis llamadas telefónicas. Mi intención es seguir intentándolo. Cuando consiga hablar con él, le pasaré el mensaje de Boun para Suez Energy International: “Uno: asuman la responsabilidad por los impactos de la represa. Dos: ayúdennos a regresar a casa”.

Por Chris Lang, correo-e : http://chrislang.org , www.chrislang.blogspot.com

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