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• Nueva política sobre Pueblos Indígenas del BID: ¿valió la pena esperarla?
• Informe de CIFOR: de cómo los inversores ignoran los graves problemas de las plantas de celulosa

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LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

Nueva política sobre Pueblos Indígenas del BID: ¿valió la pena esperarla?

El próximo mes de agosto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) logrará finalmente alcanzar al pelotón al poner en efecto su primera Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765). Sumándose al Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y numerosos bancos privados, el BID finalmente ocupa su lugar entre las instituciones financieras internacionales que a lo largo de la última década han adoptado políticas que reconocen el vínculo innegable entre los derechos de los Pueblos Indígenas, el desarrollo sustentable y la reducción de la pobreza. Los Pueblos Indígenas y sus defensores se preguntan ahora si la política resultante ameritaba la espera.

Tras las duras críticas recibidas a causa de los devastadores impactos que han tenido sobre los Pueblos Indígenas los megaproyectos energéticos como el gasoducto de Camisea en Perú, la usina hidroeléctrica de Caña Brava en el Amazonas brasileño y el proyecto de represa hidroeléctrica de Yaciretá, a lo largo de la frontera entre Argentina y Paraguay, en 2004 el BID anunció públicamente que elaboraría, en consulta con los pueblos indígenas, una “estrategia” no vinculante de desarrollo que tratara los derechos y las inquietudes de los indígenas. En una única y clara voz, los pueblos indígenas se mofaron del Banco e insistieron en que solamente celebrarían consultas relativas a la redacción de una política vinculante que obligara al Banco y sus prestatarios a respetar sus derechos. Frente a una defensa indígena fuerte y organizada, el Banco cedió.

Se ha informado que entre la primavera de 2004 y el verano de 2005 (boreales) el Banco realizó más de 40 “reuniones de consulta” con Pueblos Indígenas. Estas consultas se basaban en gran medida en un “perfil” de la política que se pretendía (una especie de boceto narrativo) y no sobre el verdadero texto de la política. Estos intentos fueron criticados duramente por los Pueblos Indígenas, que denunciaron que no se había brindado la información pertinente con suficiente anticipación como para permitir un diálogo informado. Añadieron que sus comentarios no habían sido incorporados a los documentos de trabajo y que se dejó al margen del proceso final de redacción a integrantes del “Consejo Asesor Indígena” establecido por el Banco. Llamativamente, cuando el Banco finalmente mostró un verdadero texto de política, éste fue objeto de una sola consulta cara a cara con los Pueblos Indígenas, que tuvo lugar en Costa Rica en agosto de 2005.

Bajo esta lluvia de críticas, el 22 de febrero de este año los directores ejecutivos del Banco adoptaron un texto y así nació una nueva política. En sus propias palabras, la política propone iniciar una nueva era de “desarrollo con identidad de los pueblos indígenas” y “salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos de impactos adversos potenciales y de la exclusión en los proyectos de desarrollo financiados por el Banco”. La política contiene varios elementos positivos que demuestran los avances logrados por los Pueblos Indígenas en la sensibilización de directores y funcionarios del Banco en cuanto a sus necesidades y derechos. Por ejemplo, la nueva política incluye el reconocimiento claro de los derechos colectivos, la prohibición del reasentamiento forzado y la prohibición de financiar proyectos que excluyan a las comunidades por motivos étnicos o que no respeten el derecho de los Pueblos Indígenas no contactados a vivir como les parezca. La política reconoce también que la jurisprudencia correspondiente del sistema interamericano es aplicable a todas las operaciones y actividades apoyadas por el Banco (no solamente a proyectos específicos) y exige alguna forma de acuerdo previo con los indígenas en caso de: (i) impactos adversos potenciales significativos, (ii) desarrollo comercial de la cultura y el conocimiento indígenas, (iii) operaciones destinadas específicamente a beneficiarios indígenas y (iv) reasentamiento.

Sin embargo, en la Política persisten varios problemas que habrá que controlar de cerca, entre los cuales: la no aplicabilidad de las salvaguardias de la política a las tierras y los recursos respecto de los cuales todavía haya demandas indígenas pendientes o en disputa; el reconocimiento limitado de los sistemas jurídicos y las leyes consuetudinarias indígenas; la omisión de mecanismos independientes de verificación del cumplimiento de parte del Banco y del prestatario; la falta de disposiciones específicas en favor de la participación de los indígenas o su control sobre las decisiones relativas a la creación o designación de zonas protegidas; no exigir más ampliamente su previo consentimiento libre e informado cada vez que una actividad financiada por el Banco afecta sus tierras, territorios y recursos; y la presencia de una laguna jurídica (escondida en el fondo de dos notas al pie) que permite al prestatario cumplir esencialmente con los requisitos de consulta y negociación simplemente demostrando que los Pueblos Indígenas en cuestión no están interesados en las consultas o han acordado que se necesitan más negociaciones y acuerdos en el futuro.

Quizás la mayor debilidad de esta política es que contiene una gran cantidad de matices en cuanto a términos, calificativos y normas, en particular para los procesos de consulta, negociación y consentimiento y las fases de evaluación, a los que en la política se le asocian luego meras promesas de que el Banco brindará más tarde las directrices, los procedimientos, la supervisión y los mecanismos de verificación necesarios para instrumentar y hacer funcionar la Política.

Por consiguiente, la efectividad de la nueva política se determinará en gran medida mediante la forma en que los funcionarios del Banco y sus prestatarios interpreten sus disposiciones y las instrumenten basándose en diversas directrices, procedimientos y mecanismos que todavía no han sido elaborados ni escritos. El Banco declara estar trabajando ahora en esta redacción y promete un manual de mejores prácticas, algunas directrices internas del BID y un plan interno de instrumentación para el fin del próximo mes de agosto.

Entonces, ¿valió la pena esperar esta política? Desgraciadamente, tendremos que esperar y ver qué ocurre.

Por Vanessa Jiménez, abogada principal del Programa de Derechos Humanos y Legales del Programa para los Pueblos de los Bosques (Reino Unido).

La Política del BID se encuentra en http://www.iadb.org/sds/ind/site_401_e.htm (inglés) o http://www.iadb.org/sds/ind/site_401_s.htm (español).

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Informe de CIFOR: de cómo los inversores ignoran los graves problemas de las plantas de celulosa

En la última década las instituciones financieras internacionales y los bancos de inversiones han entregado más de US$ 40.000 millones para el establecimiento de nuevos proyectos de celulosa en el Sur. Según los analistas, para 2015 se habrán invertido otros US$ 54.000 millones en fábricas de celulosa en el Sur, en gran parte en Brasil, Uruguay, China, la región de Mekong y los Estados bálticos.

Podríamos asumir que, dada la gran cantidad de dinero de que se trata, los bancos llevan a cabo análisis cuidadosos antes de invertir. No es así, según un nuevo informe publicado por el Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR) sobre la evaluación del riesgo y los procedimientos de salvaguardia en relación con la financiación de las fábricas de celulosa ("Financing Pulp Mills: An Appraisal of Risk Assessment and Safeguard Procedures", disponible en: http://www.wrm.org.uy/plantations/FinancingPulpMills.pdf ). Según CIFOR, la investigación inadecuada de los proyectos de celulosa propuestos “podría llevar a una nueva ola de proyectos mal asesorados, poniendo a los inversores, las comunidades que dependen de los bosques y el medio ambiente ante el riesgo de una debacle precipitada”.

El incumplimiento de Asia Pulp and Paper, que en conjunto con sus subsidiarias tenía deudas por un monto de US$ 14.000 millones, afectó a instituciones financieras del mundo entero, pero como Chris Barr, de CIFOR, señaló al Financial Times, “el sector financiero se ha mostrado reticente a aprender la lección que nos enseña el colapso de APP”.

El informe de CIFOR, “Financing Pulp Mills: An Appraisal of Risk Assessment and Safeguard Procedures”, se basa en ocho años de investigaciones observando la financiación de 67 fábricas de celulosa. El autor de este informe, Machteld Spek, es un analista financiero con más de 20 años de experiencia.

Spek señala que a la hora de financiar una fábrica de celulosa o en los informes de los analistas sobre las empresas de la celulosa a menudo se subestima la importancia del suministro de materia prima, a pesar de que éste corresponde a un gran porcentaje de los costos de la producción de pulpa de papel. Cuando los cuatro mayores productores de celulosa de Indonesia comenzaron sus actividades en los años 1980 y 1990, todos ellos predijeron que en un lapso de ocho años obtendrían la totalidad de su materia prima de sus propias plantaciones. Hoy, señala el estudio de CIFOR, la industria indonesia de la celulosa “sigue dependiendo de la madera de los bosques naturales para el 70% de sus necesidades de fibra”. Sin embargo, no poder asegurarse el suministro de materia prima no afectó la capacidad de estas empresas de seguir consiguiendo financiación.

El informe de Spek concluye que “La mayoría de las instituciones financieras y agencias de crédito para la exportación todavía carecen de la capacidad de evaluar los probables impactos sociales y ambientales de los proyectos”. En su lugar, confían en la información brindada por empresas y organismos multilaterales como la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial.

La CFI ha otorgado préstamos a una serie de proyectos de celulosa que han sido social y ambientalmente perjudiciales, entre los que se cuentan Arauco en Chile, Aracruz en Brasil y Advance Agro en Tailandia. Actualmente la CFI está considerando la financiación de dos enormes fábricas de celulosa en Uruguay.

La CFI, por supuesto, declara que no financia proyectos sin un estudio del impacto ambiental y social. El informe de Spek explica por qué esto no es suficiente: “Una debilidad estructural de la aplicación de políticas de salvaguardia es que éstas se guían por Evaluaciones Ambientales, por lo general encargadas por quienes financian el proyecto. Actualmente las Evaluaciones Ambientales son a menudo de mediocre calidad, pero esto pasa inadvertido al no haber una revisión a cargo de partes informadas”.

Cuando la junta de la CFI acordó prestar a Aracruz la suma de US$ 50 millones en noviembre de 2004, los estudios ambientales y sociales del Banco no alertaron a la junta del Banco de la grave y continuada disputa territorial entre Aracruz y los pueblos indígenas Tupinikim y Guaraní en el estado de Espíritu Santo. En mayo de 2005, seis meses después de que la junta de la CFI aprobara el préstamo, los Tupinikim y Guaraní recuperaron poco más de 11.000 hectáreas de su tierra que estaban en manos de Aracruz y construyeron allí dos aldeas. En enero de 2006 Aracruz tuvo que ver con una violenta acción policial destinada a expulsar a la gente de estas aldeas. Para destruir las aldeas se utilizó maquinaria de la empresa.

Poco después la CFI publicó una declaración según la cual Aracruz había “optado por adelantar el pago del préstamo otorgado por la CFI”, lo cual “pone fin a la relación de la CFI con su cliente”. Está claro que Aracruz pensó que el préstamo de la CFI conllevaba el riesgo de que la empresa pasara a ser el centro de la atención. Pero, para empezar, los análisis y las salvaguardias de la CFI deberían haber impedido ese préstamo.

En Uruguay, la empresa española ENCE y el conglomerado finlandés Botnia tienen planes, por separado, de construir dos fábricas de celulosa que en conjunto tendrían una capacidad de un millón y medio de toneladas anuales. La CFI está considerando otorgar préstamos a ambos proyectos por un total de US$ 400 millones. A partir de la participación de la CFI en el proyecto, seguramente le siga una serie de bancos comerciales y agencias de créditos para la exportación.

El informe de CIFOR comenta que la evaluación del impacto ambiental elaborada por Botnia como parte del proceso para postularse a un préstamo de la CFI no trató adecuadamente los asuntos de suministro de materia prima, uso de la tierra e infraestructura. Las importantes manifestaciones de protesta tanto en Uruguay como en Argentina llevaron a que los documentos del proyecto recibieran más atención que la que normalmente se les hubiera dado. La CFI elaboró recientemente un plan de acción que supuestamente tratará los puntos débiles de los estudios anteriores.

“El conflicto en relación con las fábricas de celulosa uruguayas ha puesto de relieve importantes asuntos sociales y ambientales”, comenta el director general de CIFOR, David Kaimowitz. “Un asunto clave al que en gran parte no se ha prestado atención, sin embargo, es si las fábricas de celulosa tendrán suficiente madera. La falta de un suministro de madera seguro y sustentable plantea enormes riesgos financieros”.

Por Chris Lang, correo-e: http://chrislang.org , www.chrislang.blogspot.com

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