NUESTRA
OPINIÓN
- Proceso de revisión
de certificación de plantaciones: el futuro del FSC en juego
En
materia de certificación de plantaciones, el FSC ha llegado a
una encrucijada, en la que se juega nada menos que su credibilidad.
El proceso interno de revisión de la certificación de plantaciones
ya está bastante avanzado y en setiembre de este año el Grupo
de Trabajo conformado a tales efectos planteará sus recomendaciones.
En
ese sentido, interesa destacar que hay varios aspectos preocupantes
en ese proceso. Por un lado, que desde que se inició, el FSC ha
seguido certificando grandes extensiones de plantaciones. En 2002,
cuando la Asamblea decidió iniciar el proceso, había 3,3 millones
de hectáreas certificadas. En 2004, cuando finalmente se instrumentó
el proceso de revisión, había pasado a 4,9 millones y hoy ha alcanzado
la cifra de 7,4 millones de hectáreas. Pese a que el WRM y otras
organizaciones solicitaron formalmente una moratoria a la certificación
de plantaciones hasta tanto no culminara el proceso de revisión
(ver http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/moratoria.html),
el pedido no fue aceptado.
Más
preocupante aún es el hecho de que se está hablando de eliminar
totalmente el Principio 10 (que se refiere expresamente a plantaciones).
Durante años hemos estado señalando las graves carencias de dicho
principio -que permite certificar prácticamente cualquier plantación-
apuntando a su mejoramiento sustancial (ver
http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/principio10.html). Pretender
–como ahora se pretende– que eliminarlo sería la solución resulta
insólito. Por otro lado, ello llevaría a una mayor confusión conceptual,
ya que definitivamente el FSC pasaría a considerar a bosques y
plantaciones como sinónimos.
Cabe
además señalar que en el actual proceso de revisión no se está
analizando un tema muy importante: el de los intereses creados
de las empresas certificadoras, cuyas ganancias dependen más de
la cantidad de hectáreas certificadas que de la calidad de la
certificación que llevan a cabo (ver
artículo "Un
gusano en el corazón de la manzana del FSC:
intereses creados y la llamada “certificación independiente”"
).
Como
evidencia de lo anterior resulta ilustrativa la reacción del FSC
y de las empresas certificadoras ante la publicación de una investigación
del WRM sobre cuatro plantaciones certificadas en Uruguay (ver
http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.pdf).
La respuesta de Smartwood no solo falsea la realidad, sino que
además no responde a las críticas hechas en el informe (ver -en
inglés-
http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/fymnsa_clarifications.pdf).
La otra empresa involucrada (SGS) elabora una respuesta, que entrega
al FSC, pero no la hace pública. En base a la respuesta de las
partes involucradas en la denuncia y sin contactar ni al WRM ni
al autor del estudio, ni iniciar una investigación interna, el
Director de FSC Internacional, Heiko Liedeker, desestima públicamente
el informe en una declaración con fecha 14 de julio de este año,
titulada “El FSC garantiza tranquilidad de espíritu
a los consumidores” (FSC guarantees peace of mind to consumers
–disponible en inglés en la siguiente dirección
http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/Peace_mind.pdf). Como autores
del informe, les podemos garantizar que ninguna de esas plantaciones
debería estar certificada.
También
resulta preocupante el intento de reinterpretar criterios existentes
–que en los hechos no se cumplen- como forma de adecuar los criterios
a las plantaciones y no las plantaciones a los criterios (ver
el comentario sobre el criterio 6.3 en el artículo "El
proceso del FSC de Revisión
de Plantaciones: ¿aumentar las exigencias o rebajar las normas?").
De hecho, si el cumplimiento estricto de todos los principios
y criterios del FSC fuera una exigencia para la certificación
de plantaciones, ningún monocultivo de árboles a gran escala podría
recibir el sello del FSC. Sin embargo, gracias a la “flexibilidad”
de las certificadoras, logran obtenerlo en la mayoría de los casos.
Por
otro lado, ni el FSC ni el Grupo de Trabajo parecen tomar seriamente
en cuenta la evidencia documentada sobre el impacto de las plantaciones
en general y de las certificadas en particular. Sin embargo, abunda
la evidencia que muestra el impacto acumulado de plantaciones,
en particular sobre flora, fauna, agua y sociedad, que muestra
la necesidad de tomar en cuenta el impacto conjunto de todas las
plantaciones en una región y no solo de una en particular.
Por
supuesto que no nos corresponde a nosotros decirle al Grupo de
Trabajo lo que debe hacer. Pero sí podemos pedirle que el resultado
de su trabajo sirva para asegurar el cumplimiento del mandato
expreso del FSC en cuanto a que todas las operaciones certificadas
(sean bosques o plantaciones) sean “socialmente beneficiosas,
ambientalmente adecuadas y económicamente viables”. Dado que muchas
de las plantaciones actualmente certificadas no cumplen con uno,
dos o todos esos tres elementos, correspondería que sus recomendaciones
incluyeran:
-
la inmediata de-certificación de las plantaciones más cuestionadas,
cuyos impactos sociales y ambientales hayan sido suficientemente
documentados
-
el inmediato inicio de una investigación independiente acerca
de todas las demás plantaciones cuestionadas
-
la implementación de una moratoria a nuevas certificaciones de
grandes plantaciones hasta que se estudie seriamente si este tipo
de monocultivos a gran escala puede o no cumplir con los tres
elementos del mandato del FSC.
Es
bien conocida la posición del WRM en cuanto a la certificación
de plantaciones por el FSC y nuestra oposición a la expansión
de monocultivos de árboles en general. Pero lo que nos importa
en el actual proceso de revisión es que se introduzcan cambios
profundos que eviten que –sin quererlo- el FSC siga debilitando
las luchas locales contra empresas que impactan sobre el ambiente
y los medios de vida de las comunidades locales. No nos preocupan
las definiciones. Nos preocupa la gente y su ambiente.
Si
de este proceso no resultan exigencias mucho mayores para certificar
plantaciones, entonces no habrá servido de nada. Sería una derrota
para el propio FSC, ya que aceleraría la pérdida de apoyo a nivel
de las organizaciones sociales y ambientales que le aseguran su
credibilidad. El caso de España, donde hay organizaciones haciendo
campaña para convencer a las demás a retirarse del FSC (ver artículo
en este boletín) debería ser tomado seriamente en cuenta.
En
definitiva, el Grupo de Trabajo tiene en estos momentos una enorme
responsabilidad. Puede optar por “cambiar algo para que nada cambie”
o introducir cambios profundos a la política hasta ahora vigente.
De la opción que elija dependerá la credibilidad futura de la
organización.
inicio
APORTES
AL PROCESO DE REVISIÓN
- El proceso del FSC de
Revisión de Plantaciones: ¿aumentar
las exigencias o rebajar las normas?
En
noviembre de 2002, la Asamblea General del Consejo de Manejo Forestal
(FSC) aprobó una moción que exige que el organismo revise su política
de plantaciones. En aquel momento la superficie de plantaciones
certificadas como bien manejadas bajo el sello del FSC llegaba
a 3,3 millones de hectáreas.
Casi
dos años después el FSC lanzó una Revisión de Plantaciones durante
una reunión celebrada en Bonn, Alemania. Para ese entonces la
superficie de las plantaciones certificadas por el FSC había ascendido
a 4,9 millones de hectáreas.
La
Revisión de Plantaciones consiste en dos fases: la Fase de Política
y la Fase Técnica. Actualmente la Fase de Política está llegando
a su fin. En su cuarta reunión celebrada en abril de 2006, el
Grupo de Trabajo sobre Políticas elaboró un “Borrador de Recomendaciones”.
La superficie de plantaciones certificadas por el FSC alcanza
hoy los 7,4 millones de hectáreas.
Desde
noviembre de 2002 y la moción de la Asamblea General, el FSC
certificó otros 4,1 millones de hectáreas. Para hacerlo
se sirvió de la versión actual de un borrador de política de plantaciones
que “no es lo suficientemente clara y necesita mejorarse”, en
palabras de la moción aprobada por los integrantes del FSC.
En
su cuarta reunión el Grupo de Trabajo sobre Políticas elaboró
su visión en cuanto a lo que le gustaría que el FSC lograra en
los próximos diez años. El Grupo de Trabajo describe su visión
como “aumentar las exigencias”, lo que implica que como resultado
del proceso de Revisión de Plantaciones las normas del FSC mejorarán.
Pero la visión y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sugieren
que poco cambiará para las personas locales afectadas por las
plantaciones industriales de árboles.
El
Grupo de Trabajo sugiere que el FSC introduzca un “Sistema de
Gestión Social” que los encargados de bosques y plantaciones puedan
usar “para abordar temas sociales dentro del manejo de bosques
y plantaciones, el cual será auditado, a su vez, por las entidades
de certificación”. Esta propuesta pasa por alto el hecho de que
a veces las comunidades locales están en oposición directa con
los encargados de las plantaciones. En algunos casos, expresarse
en contra de las empresas de plantaciones puede resultarles extremadamente
peligroso. Sugerir que los encargados de manejo de las plantaciones
tan solo tengan que referirse a un Sistema
de Gestión Social es absurdo.
Según
el Grupo de Trabajo, los encargados de manejo de las plantaciones
serán los responsables de las “consultas”. Se supone que los organismos
certificadores del FSC serán capaces de “determinar si la aceptación
ha sido 'fabricada'” y si “la investigación realizada por los
encargados del manejo respecto a las comunidades
locales ha identificado a todos los afectados”. Pero los encargados
de las plantaciones tienen poco interés en descubrir los problemas
de sus operaciones de plantaciones. Entre tanto, determinar si
todas las partes afectadas han sido identificadas y si la aceptación
fue o no fabricada puede requerir meses y años de estudio; en
todo caso, más que los pocos días que las entidades certificadoras
del FSC ocupan en evaluar las operaciones de plantaciones.
Si
para establecer las plantaciones se talaron bosques después de
noviembre de 1994, esa operación no puede recibir la certificación
del FSC. Con esto hay problemas, pues no se excluye la certificación
de las plantaciones establecidas después de 1994 en, por ejemplo,
praderas. Aumentar las exigencias podría significar prohibir la
conversión de praderas y otros ecosistemas a plantaciones.
El
Grupo de Trabajo propone un proceso aparte de revisión para el
tema de la conversión, que considerará otros ecosistemas. Sin
embargo, el Grupo de Trabajo propone que la revisión reconsidere
la fecha límite de 1994, en parte sobre la base de que el sistema
actual “puede excluir a algunos encargados responsables que no
sabían de la existencia del FSC, en 1994, y que convirtieron bosques
naturales a plantaciones actuando de buena fe, pero que ahora
se ven marginados del proceso de certificación”.
Durante
la reunión de 2004 realizada para lanzar la Revisión FSC de Plantaciones
una de las personas que cuestionó la fecha límite de 1994 fue
Arian Ardie, director de sustentabilidad de Asia Pulp and Paper
(APP). Obviamente APP tiene interés en cambiar esta fecha. APP
es responsable de la tala de cerca de 450.000 hectáreas de bosques
en los últimos cinco años para alimentar su planta de Indah Kiat
en Riau, según Nazir Foead, de WWF Indonesia. Pero en el extraño
mundo del FSC, APP es una parte interesada cuyas opiniones es
necesario tomar en cuenta.
Ya
en julio de 2002 Tim Synnott, entonces director de Políticas Forestales
del FSC, escribió: “Los Principios y Criterios y las directrices
del FSC no son siempre claros o precisos, lo que lleva a interpretaciones
diferentes y contradictorias por parte de evaluadores, encargados
e integrantes del FSC”. Cuatro años más tarde el Grupo de Trabajo
no ha aclarado la situación. En su lugar, en el informe de su
cuarta reunión el grupo declara que “la falta de confianza en
la certificación de plantaciones por el FSC no se debe a
la estructura ni el contenido de los P&C”. El Grupo de Trabajo
sugiere dejar todos los cambios en los Principios y Criterios
a un proceso de revisión aparte.
El
criterio 6.3 del FSC declara que: “Las funciones ecológicas vitales
deberán mantenerse intactas, aumentarse o reponerse. Estas incluyen:
a) La regeneración natural y la sucesión de los bosques; b) La
diversidad genética de las especies y de los ecosistemas; c) Los
ciclos naturales que afectan la productividad del ecosistema forestal”.
Este criterio debería excluir de la certificación del FSC a todas
las plantaciones industriales.
Pero
en lugar de recomendar que los organismos certificadores del FSC
apliquen rigurosamente este criterio, tal como está escrito, el
Grupo de Trabajo propone que se interprete de la siguiente manera:
“Las plantaciones certificadas por el FSC deberán asumir un método
activo para optimizar su estrategia de conservación”. Esto equivale
a un grave debilitamiento de este criterio.
En
su visión del FSC, el Grupo de Trabajo espera que en el correr
de diez años se genere “una demanda pública significativa de productos
forestales certificados”. En el contexto de la Revisión de Plantaciones,
esta es una declaración extraordinaria. Muchas plantaciones industriales
de árboles suministran materia prima a la industria de la pulpa
y el papel. El Grupo de Trabajo espera por lo tanto una “demanda
significativa” de productos del papel. Esto socava tanto las luchas
locales contra las plantaciones industriales de árboles como las
campañas de las ONG para reducir el consumo de papel en el Norte.
En
lugar de excluir las plantaciones industriales de árboles del
sistema del FSC, el Grupo de Trabajo está haciendo que la certificación
de dichas plantaciones resulte más fácil. El Grupo de Trabajo
no está aumentando las exigencias: está rebajando las normas.
De hecho tiene que hacerlo, si es que el FSC ha de tener ocasión
de cubrir la “demanda significativa de productos forestales certificados”
esperada en la visión del FSC del Grupo de Trabajo sobre Políticas.
Por:
Chris Lang, correo electrónico: http://chrislang.org
==
El
FSC invita a comentar el “Borrador de Recomendaciones” del Grupo
de Trabajo sobre Políticas:
http://www.fsc.org/plantations/public_consultation/idiomas/ESP/01.php
inicio
- Un
gusano en el corazón de la manzana del FSC: intereses creados
y la llamada “certificación independiente”
En
tanto uno de sus fundadores, soy responsable al menos en parte
de haber permitido que el sistema del FSC adoleciera de una falla
fatal en el momento de su establecimiento: dicho en forma simple,
las llamadas entidades certificadoras “independientes” acreditadas
por el FSC no son, de hecho, para nada independientes. Dado que
he sido un atento observador del FSC desde que éste se estableció,
hoy me queda claro que en muchas de las cosas que luego salieron
mal subyace esta misma falla y comprendo por qué hoy se entregan
tantos certificados completamente injustificados a empresas de
madereo y plantaciones que no cumplen con la mayoría de los Principios
y Criterios del FSC.
El
problema es que hoy los contratos que rigen las evaluaciones previas
a la certificación se acuerdan directamente entre las empresas
de madereo o plantaciones y las empresas certificadoras acreditadas
por el FSC. A causa de esto, y especialmente porque un certificado
otorgado es garantía de ganancias futuras para las empresas certificadoras
(gracias a las visitas de supervisión y las reevaluaciones), éstas
tienen un fuerte incentivo financiero para otorgar certificados
incluso cuando la empresa de madereo o plantaciones no cumple
los Principios y Criterios del FSC.
Otra
consecuencia es que estas empresas efectivamente compiten entre
sí para demostrar a los potenciales “certificandos” que cada cual
tiene la mayor probabilidad de otorgar la certificación, y la
forma de hacerlo es rebajando las normas en la evaluación, “haciendo
la vista gorda” a todos los problemas grandes que encuentran o
“simpatizando” con la empresa de madereo o plantaciones en escrutinio.
Efectivamente, en términos del rigor de sus evaluaciones las entidades
certificadoras acreditadas están corriendo una “carrera para bajar
los requerimientos”. Esto
sirve para minar por completo la integridad del sistema del FSC.
Las
pruebas abundan. Por ejemplo, hace cuatro años la Fundación por
los Bosques Tropicales (Rainforest Foundation) obtuvo de uno de
los certificadores acreditados documentos internos que demostraban
que la entidad había ignorado deliberadamente las demandas de
ONGs ambientalistas y sociales de Indonesia, que exhortaban a
la moratoria completa de la certificación, en pos de sus propios
“intereses económicos estratégicos”. Esto incluía, entre otras
cosas, la emisión de lucrativas certificaciones FSC a por lo menos
una empresa que estaba manifiestamente en grave incumplimiento
de los Principios y Criterios (y que más tarde, tras una prolongada
campaña, fueron retiradas).
En
otros casos, los sistemas internos de evaluación de los certificadores
parecen haber sido manipulados para garantizar que la empresa
de madereo/plantaciones que se inspecciona logre llegar a la “nota
mínima” necesaria para la certificación. Y en otros casos, los
supuestamente independientes “consejos de certificación”, que
existen para supervisar las decisiones de cada una de las empresas
certificadoras, han ignorado descaradamente los verdaderos datos
proporcionados por los asesores o cualquier recomendación adversa
para aconsejar en su lugar que de todos modos se otorgue el certificado,
priorizando así los intereses económicos de la empresa certificadora
para la cual, en realidad, están trabajando.
El
FSC debería encarar estos problemas a través de sus procedimientos
de supervisión y acreditación. Sin embargo, en la práctica no
puede ni lo hace. El contrato jurídicamente vinculante con las
empresas certificadoras le impide hacer nada que pudiera “perjudicar
los intereses económicos” de las certificadoras. Además, algunos
de las ‘Cuatro Grandes’ certificadoras (SGS, SCS, SmartWood y
Soil Association Woodmark) simplemente amenazaron con abandonar
el FSC si se pone muy estricto en la aplicación de las normas.
Consciente sin duda de la impresión que esto causaría entre sus
competidores y financiadores, el FSC fue así forzado a la más
completa sumisión. El resultado es que sigue otorgando certificados
completamente inapropiados en todo el mundo, por ejemplo en Brasil,
Camerún, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Indonesia, Irlanda,
Sudáfrica…
Otra
consecuencia de la estructura actual es que los certificadores
captan la mayor parte del “flujo de ingresos” de la certificación,
en tanto el FSC está permanentemente escaso de fondos y depende
de donantes, que a su vez tienen sus propios planes para
la organización.
Sin
duda alguna, poder aprender lecciones del pasado es maravilloso.
Pero parece claro que hay que resolver este problema de conflicto
de intereses en el corazón del FSC si se quiere algún avance significativo
en cuanto a que el FSC trabaje por los objetivos que la gran mayoría
de los lectores de este boletín comparten. Por ejemplo, hay que
cuestionarse el valor de invertir tanto esfuerzo en el proceso
de Revisión de Plantaciones cuando, incluso en el caso de que
el Principio 10 se mejorara radicalmente, se permitirá que los
certificadores sigan ignorándolo olímpicamente.
Es
necesario romper el vínculo financiero directo entre empresas
certificadoras y empresas madereras y de plantaciones. Una forma
de hacerlo sería que las empresas de madereo/plantaciones tuvieran
que contratar directamente a la Secretaría del FSC para las evaluaciones
con miras a la certificación. El FSC podría adjudicar a
los certificadores los subcontratos para la realización de las
evaluaciones (y la subsiguiente supervisión) sobre la base de
licitaciones competitivas de modo que el certificador que ofrezca
las normas más altas para la evaluación al mejor precio obtenga
el contrato para cualquier evaluación dada. La actual “carrera
para bajar los requerimientos” entonces se transformaría inmediatamente
en una “carrera para aumentarlos”. Podría obligarse a los certificadores,
por ejemplo, a incluir en su “carpeta” de contratos determinado
porcentaje de certificaciones de bosques comunitarios para poder
participar de la licitación para la certificación de operaciones
forestales industriales mayores y más lucrativas.
La
Junta del FSC sería responsable de encargar una evaluación independiente
de un muestreo aleatorio de certificaciones por año para garantizar
que los certificadores cumplieron con sus contratos. Todo
aquel que no lo hubiere hecho recibiría duras sanciones o se le
retendrían sus pagos contractuales. La
Secretaría del FSC cobraría por sus servicios, garantizando así
un flujo regular de ingresos y disminuyendo su dependencia de
la financiación externa.
Claro
está que los certificadores resistirán encarnizadamente estos
cambios, pues los obligarían a ser más rigurosos en sus evaluaciones.
Pero la elección parece sencilla: o bien el FSC se libera de la
presión asfixiante de las empresas certificadoras, o seguirá cayendo
hasta que su credibilidad colapse por completo.
Por
Simon Counsell, Rainforest Foundation.
Nota: Existe una versión más detallada del informe y la propuesta
en relación con este asunto que puede solicitarse al autor a través
del correo electrónico: simonc@rainforestuk.com.
inicio
-
Brasil: pidiendo explicaciones al
FSC, Imaflora/Smartwood y Aracruz
El
1º de junio de 2006 se llevó a cabo el seminario “Los Derechos
de los Pueblos Indígenas y el Avance del Agronegocio: preguntas
y desafíos” en la ciudad de Vitória, estado de Espírito Santo,
Brasil. Gracias al seminario, las comunidades Tupinikim y Guaraní
y otras afectadas por los monocultivos a gran escala, además de
varios sectores de la sociedad civil el estado de Espírito Santo,
se reunieron para una reflexión profunda sobre este tema.
Se
discutió la completa inadecuación del actual modelo de desarrollo
basado en la expansión de grandes monocultivos como el eucalipto,
el pino, la soja y la caña de azúcar en el campo brasileño. Se
afirmó que es urgente reformar este modelo y empezar por la financiación
de actividades productivas que deben seguir otros parámetros,
dando prioridad a la vida, la diversidad y las personas y comunidades
afectadas por los monocultivos de árboles a gran escala, en especial
las mujeres, que son quienes más sufren estos impactos.
Durante
la reunión se destacó el caso de Aracruz Celulose, que en 1999
intentó obtener la certificación FSC de sus plantaciones de eucalipto
en el estado de Bahía. En aquel entonces la movilización fuerte
y masiva de organizaciones, comunidades, movimientos e individuos
impidió a Aracruz obtener el certificado. Luego la empresa “adquirió”
la certificación en 2003, cuando compró unas 40.000 hectáreas
en el estado de Río Grande do Sul a la empresa Riocell, que había
obtenido el certificado del FSC para sus plantaciones en 2001.
Sin embargo, la acción de los Tupinikim y Guaraní ante la Secretaría
Internacional del FSC llevó a la empresa a anunciar que ella misma
había “solicitado la cancelación de la certificación del FSC”.
Sin
embargo Aracruz siguió impune y las comunidades locales se preguntan
cómo es posible que la empresa haya podido mantener en la región
donde opera una certificación que exige respeto hacia los pueblos
indígenas y sus tierras al tiempo que viola estos mismos derechos
en otra región donde también opera.
Ahora
exigen “una explicación de estos hechos por parte de los involucrados:
FSC
– ¿Por qué permitió el FSC que desde el 2003
Aracruz mantuviera la certificación al mismo tiempo que ocupaba
tierras indígenas? ¿Por qué el FSC no tomó medidas después de
que los indígenas autodemarcaran sus tierras en mayo de 2005 ni
después de que se los expulsara violentamente de dos aldeas en
enero de 2006, cuando la casa de huéspedes de la empresa se transformó
en cuartel general de la Policía Federal y en comisaría donde
se mantuvo a dos indígenas presos durante horas? ¿Piensa el FSC
que una empresa así mereció alguna vez ese certificado?
Aracruz
Celulose – Si la empresa garantiza que nunca hubo indígenas
en sus tierras, si afirma con tanta convicción que compró legalmente
sus tierras en Espírito Santo, inclusive las que son indígenas,
¿por qué resolvió renunciar al certificado del FSC?
Imaflora/Smartwood
– ¿Por qué Imaflora/Smartwood no investigó a la empresa Aracruz
Celulose cuando ésta adquirió la empresa Riocell? ¿Por qué durante
cerca de dos años permitió que Aracruz Celulose se quedara con
la certificación al mismo tiempo que ocupaba tierras indígenas
en Espírito Santo, hecho sobre el que abunda la información en
internet?
Quedamos
a la espera de las debidas explicaciones públicas de las partes
involucradas. Esperamos que en el futuro el FSC no siga permitiendo
la certificación de las empresas que violan los derechos humanos
o perjudican las comunidades locales, sean éstas indígenas, quilombolas,
pescadoras o campesinas. De hecho, llegó la hora de que el FSC
promueva un buen manejo forestal que sea diversificado y garantice
beneficios para todos. Con el proceso internacional en curso de
revisión de la práctica de certificación de plantaciones de árboles
el FSC dispone, en este momento, de una excelente oportunidad”.
Extractos
de la carta abierta “A dureza do capital contra a vida - mas a
Aracruz Celulose perdeu o selo FSC!” publicada por la Red Alerta
contra el Desierto Verde el 4 de julio de 2006 (disponible –en
inglés- en:
http://www.wrm.org.uy/countries/Brazil/Open_Letter_Aracruz.html).
Por más información sobre el Proceso de Revisión del FSC en Brasil,
véase el “Documento para o Grupo Internacional de Revisão dos
Princípios e Critérios do FSC para plantações de árvores” (disponible
en portugués en:
http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Carta_Revisao_FSC.pdf)
inicio
-
Plantaciones certificadas en Uruguay: ¿puede el FSC garantizar
tranquilidad de espíritu
a los consumidores?
En
marzo de 2006 el WRM publicó “Maquillaje
verde. Análisis crítico
de la certificación de monocultivos de árboles en Uruguay por
el FSC” (véase
http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.html).
Este informe concierne a las cuatro principales empresas con plantaciones
certificadas e incluye una crítica muy detallada de los informes
de las empresas certificadoras que se complementa con entrevistas
a trabajadores y gente de las comunidades locales de las zonas
vecinas a las plantaciones. La conclusión es que ninguna de estas
plantaciones cumple el mandato del FSC, pues no están manejadas
de modo “ambientalmente apropiado,
socialmente benéfico y económicamente viable”.
Las dos empresas
certificadoras involucradas (SGS y Smartwood) reaccionaron al
informe enviando su respuesta al FSC. Basándose
en esas “pruebas” el FSC difundió una declaración titulada “El
FSC garantiza tranquilidad de espíritu
a los consumidores” (véase --en inglés--
en http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/Peace_mind.pdf).
Allí se cita a Heiko Liedeker, director de FSC Internacional,
quien declara que “Al leer los informes de las empresas certificadoras
se ve que en el documento del WRM hay información que se funda
en equívocos o en algunos casos se presenta fuera de contexto”
y termina prometiendo que “Los consumidores pueden contar con
el sistema del FSC como garantía de buen manejo forestal”.
Creemos honestamente
que al actuar de esta forma el FSC se pierde una buena oportunidad
de cambio, especialmente en el contexto de la revisión de la certificación
de plantaciones en la que la organización está hoy trabajando.
El informe del WRM no “se funda en equívocos” en modo alguno,
ni presenta nada “fuera de contexto”; se basa en los hechos.
Desgraciadamente,
por mucho que quisiéramos no podemos comentar la respuesta de
SGS por la sencilla razón de que el documento presentado ante
el FSC no está disponible para el público. Podemos sin embargo
comentar la de Smartwood (disponible –en inglés-- en http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/fymnsa_clarifications.pdf),
que expresa que “Las conclusiones del informe del WRM relativas
a la interacción entre partes interesadas no concuerdan en numerosos
puntos con los registros o la información que posee SW”.
A este respecto, Smartwood brinda la siguiente información:
“El
informe del WRM declara que el dirigente de un sindicato local
(José Bautista) indicó a SW sus opiniones respecto de la certificación
de FYMNSA y SW las ignoró (“lo que dije a SmartWood sobre la certificación
de FYMNSA no lo tuvieron en cuenta para nada" y que “luego
que vino SmartWood a los pocos días había un gran cartel de la
certificadora en las oficinas de la empresa"). Queremos aclarar
lo siguiente: SOIMANORPA, que Bautista dirige, se fundó en 2003.
Bautista nunca fue entrevistado durante la evaluación inicial
de FYMNSA simplemente porque esta organización no existía en aquel
momento. Se lo entrevistó después, durante la evaluación de otra
operación, Villa Luz, donde se reunió con los auditores de SW
Jacques Boutmy y Rolyn Medina. En esa reunión indicó que en su
opinión el WRM no estaba actualizado respecto de la realidad social
o laboral de las operaciones en el propio campo. Indicó también
que FYMNSA era [una empresa] líder en permitir al sindicato la
interacción con los trabajadores de FYMNSA y que su sindicato
mantiene una comunicación constante y muy abierta con FYMNSA.”
Esa es la versión
de Smartwood, que aparentemente Heiko Liedeker considera verdadera.
El día jueves 20 de julio de 2006 me comuniqué con Bautista y
le pregunté si estaba de acuerdo con lo que planteaba Smartwood.
Su respuesta fue: “Es todo falso”. Bautista es un hombre muy organizado
y lleva un registro de todo lo que hace. Por lo tanto pudo rastrear
la mencionada reunión con Jacques Boutmy
y Rolyn Medina ¡y descubrió que ésta se llevó a cabo el 20 de
octubre de 2004, mucho antes de que al WRM siquiera se le ocurriera
hacer esta investigación!
Le pregunté
más específicamente si en su opinión “FYMNSA
era líder en permitir al sindicato la interacción con los trabajadores
de FYMNSA”. Una
vez más, Bautista respondió: “Es falso”. Con relación
a la afirmación de SW de que “su
sindicato mantiene una comunicación constante y muy abierta con
FYMNSA” Bautista explicó que si bien la compañía
recibe al sindicato, se trata tan sólo de una mera formalidad.
Y añadió: “hace tres días me entrevistaron
en Rivera [capital del departamento donde FYMNSA
tiene su sede] el Canal 6 de televisión y cuatro radios locales
y dije que la empresa estaba violando las normas laborales y que
nunca tendría que haber sido certificada. Quizás sea por eso que
SmartWood reaccionó así”.
En
su informe ante el FSC, Smartwood añade que “Ahora FYMNSA contrató
un auditor laboral externo para garantizar el cumplimiento de
las leyes, reglamentos y procedimientos laborales para todo el
personal y los contratistas. Este auditor envía a FYMNSA informes
mensuales sobre estos temas, incluidas las solicitudes de acción
correctiva (CARs)”.
También
le pregunté acerca de esto a Bautista, que me respondió: “De eso
no sé nada”. Podría suponerse que el dirigente sindical con quien
aparentemente FYMNSA mantiene tan buena comunicación sería la
primera persona a quien se informaría de tan buenas noticias.
Desgraciadamente,
no es el caso.
Peor
todavía, Bautista me explicó en detalle la muy conflictiva situación
actual resultante de la violación de normas laborales por parte
de la empresa y me envió un resumen escrito con los principales
puntos del conflicto (véase
http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/Carta_Batista.html).
Contrariamente a lo que la respuesta de Smartwood parece implicar,
el documento termina declarando que “El diálogo con el
Sindicato existe pero a través de él no se ha conseguido revertir
los incumplimientos laborales de FYMNSA ni el respeto a la organización
sindical y al trabajador”.
Incluso sin
tomar en cuenta todos los demás impactos ambientales y sociales
detallados en el informe del WRM, lo anterior alcanza para enfatizar
que en ese caso, donde hay una violación de derechos laborales,
el FSC no puede tener la pretensión de creer que puede “garantizar
la tranquilidad de espíritu de los consumidores”.
Por
Ricardo Carrere, autor del informe mencionado en este artículo.
Correo-e: rcarrere@wrm.org.uy
inicio
- El poder de los grupos empresariales.
El caso del FSC local de Ecuador
Ecuador
es uno de los países con una de las mayores tasas de deforestación
a nivel mundial. En este proceso actúan diversos actores entre
los que se encuentran no solamente las grandes empresas madereras
que típicamente realizan sus actividades de extracción de madera
fluctuando entre la legalidad y la ilegalidad, sino también las
empresas que deforestan para instalar grandes monocultivos de
árboles, desde palma africana hasta pinos y eucaliptos.
Para
calmar a la opinión mundial que se ha sensibilizado ante estos
problemas y los rechaza, el mercado ha encontrado una solución:
la certificación. Es así que en Ecuador tanto proyectos con un
gran impacto ambiental como empresas muy destructivas tienen hoy
un certificado FSC, como es el caso de las plantaciones en gran
escala de monocultivos de árboles para sumideros
de carbono de la empresa PROFAFOR del Ecuador
S.A. y las plantaciones industriales de árboles de las empresas
ENDESA y BOTROSA.
El
grupo nacional legalmente reconocido por el FSC en Ecuador es
el Consejo Ecuatoriano para la Certificación Forestal Voluntaria
(CEFOVE). Al igual que el FSC, está compuesto por una cámara ambiental,
una económica y una social. La presidencia en el Consejo Directivo
del CEFOVE rota regularmente cada año entre las tres cámaras y
el poder de decisión en teoría se reparte equitativamente entre
las tres cámaras. Sin embargo, no se tomaron medidas para asegurarse
que los integrantes de las cámaras ocupen realmente la posición
que les corresponde y es así que existen varias irregularidades
y atropellos cometidos por las compañías madereras del Grupo Durini
(Setrafor, Endesa, Botrosa, Acosa) y sus organizaciones de lobby:
Fundación Forestal Juan Manuel Durini (FFJMD),
Corporación de Manejo Forestal Sustentable
(COMAFORS) y Asociación Ecuatoriana de Industriales
de la Madera (AIMA). Además la cámara económica está totalmente
dominada por el GRUPO DURINI, que mediante la afiliación de cuatro
de sus empresas y dos de sus organizaciones de lobby tiene la
mayoría absoluta de voto en la cámara.
A
modo de ejemplo: la empresa PROFAFOR del Ecuador S.A., encargada
de generar y negociar bonos de carbono en la bolsa de valores,
se encuentra en la cámara ambiental cuando su sitio debería ser
la cámara económica. Este hecho ha sido reclamado por los otros
miembros de la cámara ambiental, pero PROFAFOR ha rehusado hacer
el cambio respectivo. Para el año 2006 la presidencia del CEFOVE
le corresponde a la cámara ambiental, y PROFAFOR ha sido designado
como presidente. Como el año pasado la presidencia la tuvo Juan
Carlos Palacios, de COMAFORS, por la cámara económica, eso
significa que durante dos años consecutivos han primado los grupos
económicos.
Por
otra parte, la coordinadora del CEFOVE trabaja media jornada en
su función en el CEFOVE y la otra media jornada en el despacho
del Director Nacional Forestal, en el Ministerio del Ambiente.
De esta situación surge un grave conflicto de intereses y la posibilidad
de que los intereses públicos del Ministerio del Ambiente puedan
influenciar la política del CEFOVE y viceversa.
A
mediados del 2005, Acción Ecológica y el WRM publicaron el libro
“Sumideros de Carbono en los Andes Ecuatorianos”, un profundo
estudio sobre los impactos de las plantaciones de PROFAFOR. Sin
embargo, entre los miembros del CEFOVE no se ha tratado el estudio
y no se han formulado comentarios con respecto a los cuestionamientos
que revelan que sería imposible conceder la certificación a estos
monocultivos. Por el contrario, la elección de PROFAFOR a la presidencia
del Consejo Directivo del CEFOVE solo se explica como un respaldo
institucional a esta empresa cuestionada.
La
cámara económica ha pasado a tener el poder del CEFOVE, lo cual
quedó claramente reflejado cuando en 2005 la Federación del Centro
Awá del Ecuador (FCAE) --que forma parte de la cámara ambiental--
presenta una denuncia contra las empresas Setrafor, Endesa/Botrosa
--miembros de la cámara económica-- y Plywood Ecuatoriana y CODESA
--miembros indirectos mediante su afiliación a COMAFORS y AIMA--
por invadir su territorio y sus bosques, legalmente reconocidos
como Reserva Etnobotánica de Asentamiento Ancestral Awá, provocar
graves daños ambientales y sociales dentro del territorio Awá
y las zonas directamente colindantes consideradas zona de amortiguamiento,
y extraer árboles sin contar con los debidos permisos de los representantes
legales de la FCAE.
Irónicamente,
en este caso fue FCAE quien finalmente resultó cuestionada, por
denunciar a uno de los miembros del CEFOVE. En cambio, no se adoptó
ninguna medida para paralizar a las empresas madereras.
Por el contrario, el CEFOVE resolvió que “las empresas SETRAFOR,
CODESA y PLYWOOD, no tienen un control absoluto sobre los procedimientos
y actitudes de sus empleados y contratistas en el campo”. Peor
aún, Endesa/Botrosa, con el respaldo del CEFOVE, recibió este
año una certificación FSC expedida por GFA Consulting Group para
sus plantaciones de árboles. Este certificado borra de un
plumazo el historial de más de 40 años de violaciones de los derechos
humanos de poblaciones locales y sistemática degradación ambiental
por parte de las empresas del Grupo Durini. El amplio mercado
internacional queda abierto para una de las empresas más destructora
de los bosques primarios ecuatorianos.
No
obstante, la falta de credibilidad del CEFOVE se ha puesto en
evidencia con la reciente renuncia de la FCAE y la Fundación Altropico,
quien fuera uno de los miembros fundadores e impulsadores de esta
iniciativa. Jaime Levy, su director ejecutivo lo explica en la
carta pública enviada a miembros del FSC y a CEVOFE el 13 de julio
2006: “Consideramos que es imposible seguir compartiendo
un espacio cuyos objetivos están enmarcados en lograr un mejor
manejo ambiental de los bosques, un respeto real para sus dueños
y una repartición justa de las ganancias económicas de las operaciones
forestales, con miembros como COMAFORS y las empresas productoras
de contrachapados, quienes a nuestro juicio son los responsables
de la ya casi desaparición de los bosques del Chocó de Esmeraldas”.
“Este Patrimonio de los Ecuatorianos y del mundo se encuentra
ahora severamente amenazado por las acciones de estas empresas,
y a pesar de sus discursos sobre la conservación y el manejo sostenible
de los bosques nativos restantes, y sus membresías en CEFOVE y
el FSC, lo que hemos visto en los últimos años en el norte de
Esmeraldas es una realidad muy, muy distinta. Y en la actualidad,
en estos momentos, la explotación con maquinaria pesada de los
bosques remanentes sigue a un ritmo acelerado y con poco control
del Ministerio de Ambiente.”
Las
plantaciones certificadas en el Ecuador son una muestra de las
falencias del sistema, el cual está en manos de los poderes económicos
que dominan el grupo del FSC para el Ecuador --CEFOVE--. Su
enorme poder e influencia va en detrimento de los pobladores locales
y de la necesidad de la conservación de los bosques.
Por
Nathalia Bonilla, Acción Ecológica, correo electrónico:
foresta@accionecologica.org, y Klaus Schenck, correo electrónico:
klaus@regenwald.org
inicio
INVESTIGACIONES
SOBRE PLANTACIONES CERTIFICADAS
En
los últimos años el WRM ha coordinado con organizaciones locales
de varios países de África, Asia y América Latina varias investigaciones
para documentar los impactos de los monocultivos a gran escala
sobre la gente y la naturaleza (véase
http://www.wrm.org.uy/publicaciones/inicio.html#libros). En
algunos de los estudios de caso se incluían plantaciones certificadas,
en tanto uno de ellos (Uruguay) se centró exclusivamente en plantaciones
certificadas por el FSC. Esta sección del boletín incluye breves
resúmenes de los estudios de caso y evidencia algunas certificaciones
problemáticas.
-
Brasil: la certificación de las plantaciones de V&M y Plantar
El “Movimiento
Alerta contra el Desierto Verde” es una amplia red de oposición
a la expansión de las plantaciones en gran escala de eucaliptos
en la región que comprende los Estados de Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahía, rio Grande do Sul y Río de
Janeiro. Su existencia y lucha se originan en los impactos sociales
y ambientales comprobados de esas plantaciones, algunas de las
cuales actualmente cuentan con la certificación del FSC.
Un equipo de
dicha red participó en un estudio de caso realizado a fines de
2003 (“Certificando lo incertificable. Certificación del
FSC de plantaciones de árboles en Tailandia y Brasil” (http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/texto.pdf)
e investigó las plantaciones de las empresas V&M y Plantar
S.A. Reflorestamentos, certificadas por el FSC a través de las
certificadoras Société Générale de Surveillance (SGS) y Scientific
Certification Systems (SCS).
La empresa
V&M posee 235.886 hectáreas de tierra en el Estado
de Minas Gerais, distribuidas en 25 propiedades, cuyo tamaño oscila
entre 1.000 y 36.000 hectáreas. Plantar es propietaria de unos
15 predios rurales, que totalizan 280.000 hectáreas.
El estudio
comprobó que algunas de las plantaciones certificadas ocupan tierras
usurpadas a sus habitantes originarios, con lo cual la certificación
ha socavado las luchas de los pueblos locales por la recuperación
de sus tierras. Se identificó, además, que existen otras disputas
entre los pequeños agricultores y las compañías en relación con
el uso de agroquímicos, el bloqueo de carreteras o la alteración
del acceso y el manejo de los recursos hídricos.
La certificación
del FSC también ha debilitado gravemente los derechos de los trabajadores:
“No
hay disculpa posible para el silencio absoluto que mantienen la
SGS y la SCS en sus Resúmenes públicos y en los informes de control
anuales, sobre los graves problemas laborales de las unidades
de manejo forestal certificadas pertenecientes a las empresas
V&M y Plantar, en especial teniendo en cuenta la relevancia
del tema en la discusión política local y en la prensa y la televisión
del estado de Minas Gerais. Condiciones de trabajo infrahumanas,
jornadas excesivamente largas, trabajo infantil, tercerización
ilegal de la mano de obra, condiciones de sujeción de los trabajadores,
transporte irregular, trabajo insalubre y degradante, listas negras
de dirigentes sindicales, falta de libertad y ausencia de autonomía
sindical, son todos problemas que han sido objeto de innumerables
artículos en los medios de prensa regionales y han estado en el
centro de debates públicos en distintas municipalidades y en los
parlamentos estaduales y federal”.
La recuperación
de la tierra plantada con monocultivos de árboles para reconvertirla
a bosques no es una tarea fácil, ni políticamente, ni en la práctica.
En el caso de las plantaciones certificadas, la dificultad es
todavía mayor y la certificación se transforma en un argumento
del que se sirven los dueños de las plantaciones para enfrentarse
a las comunidades locales.
El estudio
de caso de Brasil también documenta cómo las plantaciones de eucalipto
–incluyendo las de las dos compañías certificadas (V&M y Plantar)–
han sido una de las causas principales de la destrucción de la
vegetación nativa de “cerrado”. Como resultado, las comunidades
locales se han visto privadas de sus formas de vida sostenibles.
A los efectos de la certificación del FSC puede importar poco
que las compañías de plantaciones hayan quemado el cerrado para
obtener carbón e instalar plantaciones de eucalipto, ya que la
destrucción tuvo lugar antes de noviembre de 1994. Sin embargo,
“...el impacto de la destrucción del bioma se siente hasta el
día de hoy; principalmente lo sienten los habitantes locales que
perdieron gran parte de su flora, fauna y recursos hídricos, y
sufrieron las consecuencias de la aplicación de los agroquímicos.
Lejos de proteger lo que queda de la vegetación nativa, las miles
de hectáreas plantadas con eucalipto terminaron convirtiéndose
en un peligro”.
El estudio
sostiene que los beneficios económicos y sociales provenientes
de productos como el carbón vegetal utilizado en la producción
de acero o la madera utilizada en la producción de celulosa para
la industria del papel, son “reducidos si se los compara con los
graves impactos producidos por las plantaciones industriales asociadas
que afectaron las vidas de los trabajadores o los impactos socioeconómicos
negativos que sufrieron las comunidades locales”.
Cabe destacar
también un tema que tiene relación con el proceso de certificación
en su conjunto: las irregularidades en el proceso de certificación
que llevaron a un
incumplimiento de los principios del FSC y a la influencia
de intereses creados de las firmas certificadoras. El estudio
concluye que el manejo forestal de V&M y Plantar infringe
legislación nacional e internacional, como es el caso de algunos
tratados de la Organización Internacional de Trabajo. En cuanto
a la legislación ambiental, V&M y Plantar han incumplido la
resolución que exige a emprendimientos de su tamaño, la obtención
de permisos a través de la presentación de un Estudio de Impacto
Ambiental.
El
informe documenta además que las plantaciones de V&M y Plantar
no cumplen con algunos principios del FSC en la medida que la
mayoría de las plantaciones se establecieron en tierras con vegetación
nativa de cerrado. Contribuyeron a destruir este bioma amenazado,
causando al mismo tiempo daños sociales, ambientales, culturales
y económicos.
El FSC se enorgullece
de la atención que dedica a los temas sociales. Su credibilidad
se basa en la consulta a las organizaciones, comunidades y poblaciones
locales. Sin embargo, en el caso de Brasil, el proceso de consulta
fue muy pobre. El Resumen público sobre V&M enumera distintas
“partes interesadas” con los que según la SGS se realizaron “reuniones
y discusiones”, pero no comenta los resultados de esas reuniones
y discusiones. Los miembros de los sindicatos de la lista de “partes
interesadas” supuestamente consultados por la SGS, niegan haber
sido consultados durante el proceso de certificación en 1998.
Por otra parte,
los servicios de las firmas certificadoras son pagados por las
compañías que desean obtener la certificación, con lo cual aquéllas
tienen un fuerte incentivo para certificar rápidamente sin imponer
demasiadas condiciones ni vigilar el cumplimiento de los principios
del FSC en forma muy estricta.
Por
último, los informes de las certificadoras con respecto a las
plantaciones de las empresas referidas carecen de un análisis
cuidadoso del universo socioeconómico de los lugares donde se
encuentran las plantaciones y de una contextualización. Los
informes reflejan que los auditores hicieron una interpretación
subjetiva, desde la elección del contenido y los puntos prioritarios
de su estudio, pasando por una selección de los interlocutores
menos críticos, realizaron visitas de campo orientadas por un
horizonte interpretativo sumamente estrecho e ignorando las referencias
temporales y espaciales del territorio.
La conclusión
del estudio es que: “Después de evaluar la certificación de las
compañías Plantar S. A. y V&M, podemos afirmar sin temor a
equivocarnos que esa garantía que se pretende dar a los consumidores,
hoy no existe”.
inicio
- Ecuador: beneficio cero para las comunidades
por las plantaciones certificadas de FACE-PROFAFOR
En
1999, la empresa Programa FACE de Forestación
(PROFAFOR) del Ecuador
S.A., contrató a la verificadora suiza SGS
(Société Générale de Surveillance)
para evaluar el manejo forestal de 20.000 ha de sus plantaciones
de monocultivos de árboles en la sierra ecuatoriana. SGS le otorga
en el año 2000 un certificado por plantaciones para absorción
de dióxido de carbono (se trata del primer caso en que se certifica
fijación y absorción de carbono en plantaciones forestales, no
en bosques reales), y en diciembre de 2001 el Sello de Certificación
Forestal que acredita que cumple con los “Principios y Criterios”
del FSC.
Pero,
¿qué es FACE-PROFAFOR? FACE (por sus siglas
en inglés Forest Absorbing Carbon Dioxide Emissions o “Bosques
para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono”), se creó
en 1990 por el Directorio de Empresas Holandesas Generadoras de
Electricidad, N.V. Sep, con el objetivo inicial de establecer
150.000 hectáreas de plantaciones forestales y así compensar las
emisiones de una nueva planta térmica de carbón que se construiría
en Holanda y que implicaría la emisión de millones de toneladas
de dióxido de carbono a la atmósfera. Por razones de costos, su
acción se orientó al establecimiento de proyectos de forestación
en países en desarrollo. Es así como FACE llega a Ecuador, donde
establece el Programa FACE de Forestación (PROFAFOR)
y financia a la empresa PROFAFOR del Ecuador S.A. para establecer
plantaciones de monocultivos forestales de especies exóticas (pinos
y eucaliptos) y “fijar” CO2 de la atmósfera.
A
raíz de las graves consecuencias ambientales y sociales generadas
por el establecimiento de plantaciones forestales, la organización
ecuatoriana Acción Ecológica realiza en 2005 una investigación
que dio como resultado el informe “Sumideros de carbono en los
Andes ecuatorianos. Los impactos de las
plantaciones forestales del proyecto holandés FACE-PROFAFOR sobre
comunidades indígenas y campesinas”, disponible en
http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/FACE2005.pdf
El
trabajo de campo identifica que la certificación
FSC no solamente no garantiza que las comunidades bajo un proyecto
forestal certificado reciban beneficios económicos, sociales y
ambientales, sino que en el caso de comunidades indígenas de los
Andes ecuatorianos ocurre precisamente lo contrario, en la medida
que se ven obligadas a absorber los costos del proyecto y sus
externalidades.
Por
otro lado, con la certificación, FACE PROFAFOR gana en imagen
y logra invisibilizar los impactos negativos generados por el
proyecto. Las comunidades locales afectadas por proyectos certificados
deben enfrentarse a la fuerza y el peso del “Sello Verde”, que
resta credibilidad a sus reclamos y luchas.
El
informe identifica qué obtiene PROFAFOR de las comunidades: tierra,
trabajo y dinero.
En
los contratos firmados, FACE-PROFAFOR no
paga ningún tipo de arriendo en las tierras de propiedad comunitaria
donde se produce la “Fijación y Absorción de Carbono” que negocia
en el mercado internacional. La empresa
se reserva el 100% de los Derechos por el Carbono absorbido mientras
que exige a las comunidades que esas tierras no sean usadas para
ninguna otra actividad fuera del mantenimiento de la plantación
y asuman la totalidad de las responsabilidades del mantenimiento
del sumidero por el plazo del contrato: de 25 a 30 años.
Por
otro lado, la oferta de “generación de empleo” del proyecto
es ficticia. Es más, la economía comunitaria debe absorber el
impacto negativo provocado por dicho proyecto ya que para cumplir
el contrato con FACE-PROFAFOR, las comunidades
han debido recurrir en ocasiones a contratar gente de fuera, ya
sea porque no poseen las destrezas necesarias para ejecutar determinado
trabajo conforme a las especificaciones técnicas o porque las
plantaciones se encuentran en terrenos de difícil acceso y sujetas
a condiciones climáticas extremas.
En
cuanto al dinero, de la cifra ofrecida inicialmente a la comunidad,
en los tres primeros años PROFAFOR le descuenta el “costo”
de las plantas y la asistencia técnica que le provee. Además
de que las comunidades terminan recibiendo casi la mitad de lo
ofrecido inicialmente, los contratos las comprometen a utilizar
los recursos financieros provistos por
FACE exclusivamente para el objeto del Contrato de Forestación,
pero esos recursos generalmente no alcanzan para cubrir los gastos
en los que las comunidades tienen que incurrir para completar
el establecimiento de las plantaciones.
Por
otro lado, los contratos prohíben actividades como el pastoreo,
lo que lleva en ocasiones a que las familias propietarias de ganado
tengan que arrendar terrenos para sus animales, un gasto que antes
no existía. También puede ocurrir que por falta de pastos tengan
que reducir el número de cabezas de ganado.
Para
mejorar su imagen, FACE aduce que sus actividades se realizan
en tierras degradadas y en altitudes en
las que la agricultura no es posible y el pastoreo no es rentable.
La
realidad es muy distinta. FACE introduce plantaciones de pino
en ecosistemas primarios, no en suelos degradados. Las
plantaciones se establecen en un ecosistema muy frágil y de gran
importancia hidrológica: el páramo, fundamental para la regulación
de la hidrología regional y fuente de agua para la mayoría de
la población de los Andes. La gran cantidad de materia orgánica
hace que estos suelos tengan una gran retención de agua. La implantación
de árboles, exóticos para el páramo, NO favorece la estabilidad
del ecosistema. Por el contrario, transforma y daña la frágil
estructura del suelo provocando un severo agrietamiento por los
cambios en el régimen hidrológico. También afecta la fauna y flora
del lugar y determina que se obtenga una plantación con un rendimiento
deficiente, lo que finalmente redunda en perjuicio de la fijación
de Carbono que se pretende lograr.
A
ocho años de iniciadas sus actividades, FACE obtuvo la Certificación
Forestal; poca relevancia tuvo el hecho de que para el establecimiento
de sus plantaciones se destruyeran ecosistemas primarios, tampoco
importó que no se demostraran medidas de mitigación de los impactos
generados.
En
resumen, la certificación del FSC en las
plantaciones de FACE-PROFAFOR en Ecuador
no garantiza que las comunidades “beneficiarias” del proyecto
reciban beneficios económicos, sociales y ambientales. Más bien
se demuestra una considerable --y cuestionable--
“flexibilidad” en la aplicación de los Principios
y Criterios del FSC.
inicio
-
Sudáfrica: investigación considera que
las plantaciones de árboles certificadas por el FSC son un legado
del apartheid
Una investigación
muy completa sobre los impactos de las plantaciones industriales
de árboles en una provincia de Sudáfrica (“A Study of the Social
and Economic Impacts of Industrial Tree Plantations in the KwaZulu-Natal
Province of South Africa”, disponible en
http://www.wrm.org.uy/countries/SouthAfrica/book.pdf),
realizada por John Blessing Karumbidza, ha permitido identificar
gran cantidad de impactos negativos de los monoculivos de árboles
--económicos, sociales y ambientales--
que afectan las comunidades locales, los recursos hídricos y los
ecosistemas.
En los años
1980 el país fue testigo de una nueva ola de plantaciones industriales
de árboles encabezada por las empresas madereras Sappi y Mondi,
ambas con certificación FSC. Mientras que Mondi Business Paper
y Mondi Millennium Newsprint (con 399.068 y 48.530 hectáreas respectivamente)
fueron certificadas por la empresa SGS, acreditada por el FSC;la
encargada de certificar a SAPPI Forests Group Scheme y SAPPI Forests
(con 76.041 y 383.164 hectáreas respectivamente) fue la empresa
Soil Association Woodmark (SA), también acreditada por el FSC.
El establecimiento
de grandes monocultivos de árboles fue posible gracias a que los
costos iniciales fueron mantenidos bajos artificialmente, en especial
los salarios y la adquisición de tierras, y también a los generosos
subsidios y otras disposiciones del gobierno en aquella época.
Como resultado se pusieron en marcha dos procesos: el desencadenamiento
de las relaciones rurales capitalistas y el uso intencional de
los árboles como modificadores del paisaje. Todo esto ocurrió
en el marco de las políticas de segregación y apartheid que han
sido los instrumentos en la determinación de la naturaleza racial
y espacial del paisaje agrario de Sudáfrica. A partir de las primeras
elecciones democráticas en Sudáfrica en 1994, la iniciativa principal
del sector industrial vinculado a plantaciones de árboles supone
dos estrategias particulares: el establecimiento de planes de
plantaciones que se promocionaban como responsabilidad social
o empresarial o como planes para la creación de empleos y el intento
de incluir un componente BEE (“Black Economic
Empowerment”, poderío económico para los
negros) en la estructura patrimonial existente de las principales
empresas de cultivo industrial de árboles. Sin embargo, cada vez
está más claro que estos programas han acrecentado la lista cada
vez más larga de impactos negativos sociales, económicos y ambientales
de las actividades del sector de las plantaciones industriales
de árboles.
Estas plantaciones
industriales han desplazado a la g
