NUESTRA
OPINIÓN
- Proceso de revisión
de certificación de plantaciones: el futuro del FSC en juego
En
materia de certificación de plantaciones, el FSC ha llegado a
una encrucijada, en la que se juega nada menos que su credibilidad.
El proceso interno de revisión de la certificación de plantaciones
ya está bastante avanzado y en setiembre de este año el Grupo
de Trabajo conformado a tales efectos planteará sus recomendaciones.
En
ese sentido, interesa destacar que hay varios aspectos preocupantes
en ese proceso. Por un lado, que desde que se inició, el FSC ha
seguido certificando grandes extensiones de plantaciones. En 2002,
cuando la Asamblea decidió iniciar el proceso, había 3,3 millones
de hectáreas certificadas. En 2004, cuando finalmente se instrumentó
el proceso de revisión, había pasado a 4,9 millones y hoy ha alcanzado
la cifra de 7,4 millones de hectáreas. Pese a que el WRM y otras
organizaciones solicitaron formalmente una moratoria a la certificación
de plantaciones hasta tanto no culminara el proceso de revisión
(ver http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/moratoria.html),
el pedido no fue aceptado.
Más
preocupante aún es el hecho de que se está hablando de eliminar
totalmente el Principio 10 (que se refiere expresamente a plantaciones).
Durante años hemos estado señalando las graves carencias de dicho
principio -que permite certificar prácticamente cualquier plantación-
apuntando a su mejoramiento sustancial (ver
http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/principio10.html). Pretender
–como ahora se pretende– que eliminarlo sería la solución resulta
insólito. Por otro lado, ello llevaría a una mayor confusión conceptual,
ya que definitivamente el FSC pasaría a considerar a bosques y
plantaciones como sinónimos.
Cabe
además señalar que en el actual proceso de revisión no se está
analizando un tema muy importante: el de los intereses creados
de las empresas certificadoras, cuyas ganancias dependen más de
la cantidad de hectáreas certificadas que de la calidad de la
certificación que llevan a cabo (ver
artículo "Un
gusano en el corazón de la manzana del FSC:
intereses creados y la llamada “certificación independiente”"
).
Como
evidencia de lo anterior resulta ilustrativa la reacción del FSC
y de las empresas certificadoras ante la publicación de una investigación
del WRM sobre cuatro plantaciones certificadas en Uruguay (ver
http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.pdf).
La respuesta de Smartwood no solo falsea la realidad, sino que
además no responde a las críticas hechas en el informe (ver -en
inglés-
http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/fymnsa_clarifications.pdf).
La otra empresa involucrada (SGS) elabora una respuesta, que entrega
al FSC, pero no la hace pública. En base a la respuesta de las
partes involucradas en la denuncia y sin contactar ni al WRM ni
al autor del estudio, ni iniciar una investigación interna, el
Director de FSC Internacional, Heiko Liedeker, desestima públicamente
el informe en una declaración con fecha 14 de julio de este año,
titulada “El FSC garantiza tranquilidad de espíritu
a los consumidores” (FSC guarantees peace of mind to consumers
–disponible en inglés en la siguiente dirección
http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/Peace_mind.pdf). Como autores
del informe, les podemos garantizar que ninguna de esas plantaciones
debería estar certificada.
También
resulta preocupante el intento de reinterpretar criterios existentes
–que en los hechos no se cumplen- como forma de adecuar los criterios
a las plantaciones y no las plantaciones a los criterios (ver
el comentario sobre el criterio 6.3 en el artículo "El
proceso del FSC de Revisión
de Plantaciones: ¿aumentar las exigencias o rebajar las normas?").
De hecho, si el cumplimiento estricto de todos los principios
y criterios del FSC fuera una exigencia para la certificación
de plantaciones, ningún monocultivo de árboles a gran escala podría
recibir el sello del FSC. Sin embargo, gracias a la “flexibilidad”
de las certificadoras, logran obtenerlo en la mayoría de los casos.
Por
otro lado, ni el FSC ni el Grupo de Trabajo parecen tomar seriamente
en cuenta la evidencia documentada sobre el impacto de las plantaciones
en general y de las certificadas en particular. Sin embargo, abunda
la evidencia que muestra el impacto acumulado de plantaciones,
en particular sobre flora, fauna, agua y sociedad, que muestra
la necesidad de tomar en cuenta el impacto conjunto de todas las
plantaciones en una región y no solo de una en particular.
Por
supuesto que no nos corresponde a nosotros decirle al Grupo de
Trabajo lo que debe hacer. Pero sí podemos pedirle que el resultado
de su trabajo sirva para asegurar el cumplimiento del mandato
expreso del FSC en cuanto a que todas las operaciones certificadas
(sean bosques o plantaciones) sean “socialmente beneficiosas,
ambientalmente adecuadas y económicamente viables”. Dado que muchas
de las plantaciones actualmente certificadas no cumplen con uno,
dos o todos esos tres elementos, correspondería que sus recomendaciones
incluyeran:
-
la inmediata de-certificación de las plantaciones más cuestionadas,
cuyos impactos sociales y ambientales hayan sido suficientemente
documentados
-
el inmediato inicio de una investigación independiente acerca
de todas las demás plantaciones cuestionadas
-
la implementación de una moratoria a nuevas certificaciones de
grandes plantaciones hasta que se estudie seriamente si este tipo
de monocultivos a gran escala puede o no cumplir con los tres
elementos del mandato del FSC.
Es
bien conocida la posición del WRM en cuanto a la certificación
de plantaciones por el FSC y nuestra oposición a la expansión
de monocultivos de árboles en general. Pero lo que nos importa
en el actual proceso de revisión es que se introduzcan cambios
profundos que eviten que –sin quererlo- el FSC siga debilitando
las luchas locales contra empresas que impactan sobre el ambiente
y los medios de vida de las comunidades locales. No nos preocupan
las definiciones. Nos preocupa la gente y su ambiente.
Si
de este proceso no resultan exigencias mucho mayores para certificar
plantaciones, entonces no habrá servido de nada. Sería una derrota
para el propio FSC, ya que aceleraría la pérdida de apoyo a nivel
de las organizaciones sociales y ambientales que le aseguran su
credibilidad. El caso de España, donde hay organizaciones haciendo
campaña para convencer a las demás a retirarse del FSC (ver artículo
en este boletín) debería ser tomado seriamente en cuenta.
En
definitiva, el Grupo de Trabajo tiene en estos momentos una enorme
responsabilidad. Puede optar por “cambiar algo para que nada cambie”
o introducir cambios profundos a la política hasta ahora vigente.
De la opción que elija dependerá la credibilidad futura de la
organización.
inicio
APORTES
AL PROCESO DE REVISIÓN
- El proceso del FSC de
Revisión de Plantaciones: ¿aumentar
las exigencias o rebajar las normas?
En
noviembre de 2002, la Asamblea General del Consejo de Manejo Forestal
(FSC) aprobó una moción que exige que el organismo revise su política
de plantaciones. En aquel momento la superficie de plantaciones
certificadas como bien manejadas bajo el sello del FSC llegaba
a 3,3 millones de hectáreas.
Casi
dos años después el FSC lanzó una Revisión de Plantaciones durante
una reunión celebrada en Bonn, Alemania. Para ese entonces la
superficie de las plantaciones certificadas por el FSC había ascendido
a 4,9 millones de hectáreas.
La
Revisión de Plantaciones consiste en dos fases: la Fase de Política
y la Fase Técnica. Actualmente la Fase de Política está llegando
a su fin. En su cuarta reunión celebrada en abril de 2006, el
Grupo de Trabajo sobre Políticas elaboró un “Borrador de Recomendaciones”.
La superficie de plantaciones certificadas por el FSC alcanza
hoy los 7,4 millones de hectáreas.
Desde
noviembre de 2002 y la moción de la Asamblea General, el FSC
certificó otros 4,1 millones de hectáreas. Para hacerlo
se sirvió de la versión actual de un borrador de política de plantaciones
que “no es lo suficientemente clara y necesita mejorarse”, en
palabras de la moción aprobada por los integrantes del FSC.
En
su cuarta reunión el Grupo de Trabajo sobre Políticas elaboró
su visión en cuanto a lo que le gustaría que el FSC lograra en
los próximos diez años. El Grupo de Trabajo describe su visión
como “aumentar las exigencias”, lo que implica que como resultado
del proceso de Revisión de Plantaciones las normas del FSC mejorarán.
Pero la visión y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sugieren
que poco cambiará para las personas locales afectadas por las
plantaciones industriales de árboles.
El
Grupo de Trabajo sugiere que el FSC introduzca un “Sistema de
Gestión Social” que los encargados de bosques y plantaciones puedan
usar “para abordar temas sociales dentro del manejo de bosques
y plantaciones, el cual será auditado, a su vez, por las entidades
de certificación”. Esta propuesta pasa por alto el hecho de que
a veces las comunidades locales están en oposición directa con
los encargados de las plantaciones. En algunos casos, expresarse
en contra de las empresas de plantaciones puede resultarles extremadamente
peligroso. Sugerir que los encargados de manejo de las plantaciones
tan solo tengan que referirse a un Sistema
de Gestión Social es absurdo.
Según
el Grupo de Trabajo, los encargados de manejo de las plantaciones
serán los responsables de las “consultas”. Se supone que los organismos
certificadores del FSC serán capaces de “determinar si la aceptación
ha sido 'fabricada'” y si “la investigación realizada por los
encargados del manejo respecto a las comunidades
locales ha identificado a todos los afectados”. Pero los encargados
de las plantaciones tienen poco interés en descubrir los problemas
de sus operaciones de plantaciones. Entre tanto, determinar si
todas las partes afectadas han sido identificadas y si la aceptación
fue o no fabricada puede requerir meses y años de estudio; en
todo caso, más que los pocos días que las entidades certificadoras
del FSC ocupan en evaluar las operaciones de plantaciones.
Si
para establecer las plantaciones se talaron bosques después de
noviembre de 1994, esa operación no puede recibir la certificación
del FSC. Con esto hay problemas, pues no se excluye la certificación
de las plantaciones establecidas después de 1994 en, por ejemplo,
praderas. Aumentar las exigencias podría significar prohibir la
conversión de praderas y otros ecosistemas a plantaciones.
El
Grupo de Trabajo propone un proceso aparte de revisión para el
tema de la conversión, que considerará otros ecosistemas. Sin
embargo, el Grupo de Trabajo propone que la revisión reconsidere
la fecha límite de 1994, en parte sobre la base de que el sistema
actual “puede excluir a algunos encargados responsables que no
sabían de la existencia del FSC, en 1994, y que convirtieron bosques
naturales a plantaciones actuando de buena fe, pero que ahora
se ven marginados del proceso de certificación”.
Durante
la reunión de 2004 realizada para lanzar la Revisión FSC de Plantaciones
una de las personas que cuestionó la fecha límite de 1994 fue
Arian Ardie, director de sustentabilidad de Asia Pulp and Paper
(APP). Obviamente APP tiene interés en cambiar esta fecha. APP
es responsable de la tala de cerca de 450.000 hectáreas de bosques
en los últimos cinco años para alimentar su planta de Indah Kiat
en Riau, según Nazir Foead, de WWF Indonesia. Pero en el extraño
mundo del FSC, APP es una parte interesada cuyas opiniones es
necesario tomar en cuenta.
Ya
en julio de 2002 Tim Synnott, entonces director de Políticas Forestales
del FSC, escribió: “Los Principios y Criterios y las directrices
del FSC no son siempre claros o precisos, lo que lleva a interpretaciones
diferentes y contradictorias por parte de evaluadores, encargados
e integrantes del FSC”. Cuatro años más tarde el Grupo de Trabajo
no ha aclarado la situación. En su lugar, en el informe de su
cuarta reunión el grupo declara que “la falta de confianza en
la certificación de plantaciones por el FSC no se debe a
la estructura ni el contenido de los P&C”. El Grupo de Trabajo
sugiere dejar todos los cambios en los Principios y Criterios
a un proceso de revisión aparte.
El
criterio 6.3 del FSC declara que: “Las funciones ecológicas vitales
deberán mantenerse intactas, aumentarse o reponerse. Estas incluyen:
a) La regeneración natural y la sucesión de los bosques; b) La
diversidad genética de las especies y de los ecosistemas; c) Los
ciclos naturales que afectan la productividad del ecosistema forestal”.
Este criterio debería excluir de la certificación del FSC a todas
las plantaciones industriales.
Pero
en lugar de recomendar que los organismos certificadores del FSC
apliquen rigurosamente este criterio, tal como está escrito, el
Grupo de Trabajo propone que se interprete de la siguiente manera:
“Las plantaciones certificadas por el FSC deberán asumir un método
activo para optimizar su estrategia de conservación”. Esto equivale
a un grave debilitamiento de este criterio.
En
su visión del FSC, el Grupo de Trabajo espera que en el correr
de diez años se genere “una demanda pública significativa de productos
forestales certificados”. En el contexto de la Revisión de Plantaciones,
esta es una declaración extraordinaria. Muchas plantaciones industriales
de árboles suministran materia prima a la industria de la pulpa
y el papel. El Grupo de Trabajo espera por lo tanto una “demanda
significativa” de productos del papel. Esto socava tanto las luchas
locales contra las plantaciones industriales de árboles como las
campañas de las ONG para reducir el consumo de papel en el Norte.
En
lugar de excluir las plantaciones industriales de árboles del
sistema del FSC, el Grupo de Trabajo está haciendo que la certificación
de dichas plantaciones resulte más fácil. El Grupo de Trabajo
no está aumentando las exigencias: está rebajando las normas.
De hecho tiene que hacerlo, si es que el FSC ha de tener ocasión
de cubrir la “demanda significativa de productos forestales certificados”
esperada en la visión del FSC del Grupo de Trabajo sobre Políticas.
Por:
Chris Lang, correo electrónico: http://chrislang.org
==
El
FSC invita a comentar el “Borrador de Recomendaciones” del Grupo
de Trabajo sobre Políticas:
http://www.fsc.org/plantations/public_consultation/idiomas/ESP/01.php
inicio
- Un
gusano en el corazón de la manzana del FSC: intereses creados
y la llamada “certificación independiente”
En
tanto uno de sus fundadores, soy responsable al menos en parte
de haber permitido que el sistema del FSC adoleciera de una falla
fatal en el momento de su establecimiento: dicho en forma simple,
las llamadas entidades certificadoras “independientes” acreditadas
por el FSC no son, de hecho, para nada independientes. Dado que
he sido un atento observador del FSC desde que éste se estableció,
hoy me queda claro que en muchas de las cosas que luego salieron
mal subyace esta misma falla y comprendo por qué hoy se entregan
tantos certificados completamente injustificados a empresas de
madereo y plantaciones que no cumplen con la mayoría de los Principios
y Criterios del FSC.
El
problema es que hoy los contratos que rigen las evaluaciones previas
a la certificación se acuerdan directamente entre las empresas
de madereo o plantaciones y las empresas certificadoras acreditadas
por el FSC. A causa de esto, y especialmente porque un certificado
otorgado es garantía de ganancias futuras para las empresas certificadoras
(gracias a las visitas de supervisión y las reevaluaciones), éstas
tienen un fuerte incentivo financiero para otorgar certificados
incluso cuando la empresa de madereo o plantaciones no cumple
los Principios y Criterios del FSC.
Otra
consecuencia es que estas empresas efectivamente compiten entre
sí para demostrar a los potenciales “certificandos” que cada cual
tiene la mayor probabilidad de otorgar la certificación, y la
forma de hacerlo es rebajando las normas en la evaluación, “haciendo
la vista gorda” a todos los problemas grandes que encuentran o
“simpatizando” con la empresa de madereo o plantaciones en escrutinio.
Efectivamente, en términos del rigor de sus evaluaciones las entidades
certificadoras acreditadas están corriendo una “carrera para bajar
los requerimientos”. Esto
sirve para minar por completo la integridad del sistema del FSC.
Las
pruebas abundan. Por ejemplo, hace cuatro años la Fundación por
los Bosques Tropicales (Rainforest Foundation) obtuvo de uno de
los certificadores acreditados documentos internos que demostraban
que la entidad había ignorado deliberadamente las demandas de
ONGs ambientalistas y sociales de Indonesia, que exhortaban a
la moratoria completa de la certificación, en pos de sus propios
“intereses económicos estratégicos”. Esto incluía, entre otras
cosas, la emisión de lucrativas certificaciones FSC a por lo menos
una empresa que estaba manifiestamente en grave incumplimiento
de los Principios y Criterios (y que más tarde, tras una prolongada
campaña, fueron retiradas).
En
otros casos, los sistemas internos de evaluación de los certificadores
parecen haber sido manipulados para garantizar que la empresa
de madereo/plantaciones que se inspecciona logre llegar a la “nota
mínima” necesaria para la certificación. Y en otros casos, los
supuestamente independientes “consejos de certificación”, que
existen para supervisar las decisiones de cada una de las empresas
certificadoras, han ignorado descaradamente los verdaderos datos
proporcionados por los asesores o cualquier recomendación adversa
para aconsejar en su lugar que de todos modos se otorgue el certificado,
priorizando así los intereses económicos de la empresa certificadora
para la cual, en realidad, están trabajando.
El
FSC debería encarar estos problemas a través de sus procedimientos
de supervisión y acreditación. Sin embargo, en la práctica no
puede ni lo hace. El contrato jurídicamente vinculante con las
empresas certificadoras le impide hacer nada que pudiera “perjudicar
los intereses económicos” de las certificadoras. Además, algunos
de las ‘Cuatro Grandes’ certificadoras (SGS, SCS, SmartWood y
Soil Association Woodmark) simplemente amenazaron con abandonar
el FSC si se pone muy estricto en la aplicación de las normas.
Consciente sin duda de la impresión que esto causaría entre sus
competidores y financiadores, el FSC fue así forzado a la más
completa sumisión. El resultado es que sigue otorgando certificados
completamente inapropiados en todo el mundo, por ejemplo en Brasil,
Camerún, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Indonesia, Irlanda,
Sudáfrica…
Otra
consecuencia de la estructura actual es que los certificadores
captan la mayor parte del “flujo de ingresos” de la certificación,
en tanto el FSC está permanentemente escaso de fondos y depende
de donantes, que a su vez tienen sus propios planes para
la organización.
Sin
duda alguna, poder aprender lecciones del pasado es maravilloso.
Pero parece claro que hay que resolver este problema de conflicto
de intereses en el corazón del FSC si se quiere algún avance significativo
en cuanto a que el FSC trabaje por los objetivos que la gran mayoría
de los lectores de este boletín comparten. Por ejemplo, hay que
cuestionarse el valor de invertir tanto esfuerzo en el proceso
de Revisión de Plantaciones cuando, incluso en el caso de que
el Principio 10 se mejorara radicalmente, se permitirá que los
certificadores sigan ignorándolo olímpicamente.
Es
necesario romper el vínculo financiero directo entre empresas
certificadoras y empresas madereras y de plantaciones. Una forma
de hacerlo sería que las empresas de madereo/plantaciones tuvieran
que contratar directamente a la Secretaría del FSC para las evaluaciones
con miras a la certificación. El FSC podría adjudicar a
los certificadores los subcontratos para la realización de las
evaluaciones (y la subsiguiente supervisión) sobre la base de
licitaciones competitivas de modo que el certificador que ofrezca
las normas más altas para la evaluación al mejor precio obtenga
el contrato para cualquier evaluación dada. La actual “carrera
para bajar los requerimientos” entonces se transformaría inmediatamente
en una “carrera para aumentarlos”. Podría obligarse a los certificadores,
por ejemplo, a incluir en su “carpeta” de contratos determinado
porcentaje de certificaciones de bosques comunitarios para poder
participar de la licitación para la certificación de operaciones
forestales industriales mayores y más lucrativas.
La
Junta del FSC sería responsable de encargar una evaluación independiente
de un muestreo aleatorio de certificaciones por año para garantizar
que los certificadores cumplieron con sus contratos. Todo
aquel que no lo hubiere hecho recibiría duras sanciones o se le
retendrían sus pagos contractuales. La
Secretaría del FSC cobraría por sus servicios, garantizando así
un flujo regular de ingresos y disminuyendo su dependencia de
la financiación externa.
Claro
está que los certificadores resistirán encarnizadamente estos
cambios, pues los obligarían a ser más rigurosos en sus evaluaciones.
Pero la elección parece sencilla: o bien el FSC se libera de la
presión asfixiante de las empresas certificadoras, o seguirá cayendo
hasta que su credibilidad colapse por completo.
Por
Simon Counsell, Rainforest Foundation.
Nota: Existe una versión más detallada del informe y la propuesta
en relación con este asunto que puede solicitarse al autor a través
del correo electrónico: simonc@rainforestuk.com.
inicio
-
Brasil: pidiendo explicaciones al
FSC, Imaflora/Smartwood y Aracruz
El
1º de junio de 2006 se llevó a cabo el seminario “Los Derechos
de los Pueblos Indígenas y el Avance del Agronegocio: preguntas
y desafíos” en la ciudad de Vitória, estado de Espírito Santo,
Brasil. Gracias al seminario, las comunidades Tupinikim y Guaraní
y otras afectadas por los monocultivos a gran escala, además de
varios sectores de la sociedad civil el estado de Espírito Santo,
se reunieron para una reflexión profunda sobre este tema.
Se
discutió la completa inadecuación del actual modelo de desarrollo
basado en la expansión de grandes monocultivos como el eucalipto,
el pino, la soja y la caña de azúcar en el campo brasileño. Se
afirmó que es urgente reformar este modelo y empezar por la financiación
de actividades productivas que deben seguir otros parámetros,
dando prioridad a la vida, la diversidad y las personas y comunidades
afectadas por los monocultivos de árboles a gran escala, en especial
las mujeres, que son quienes más sufren estos impactos.
Durante
la reunión se destacó el caso de Aracruz Celulose, que en 1999
intentó obtener la certificación FSC de sus plantaciones de eucalipto
en el estado de Bahía. En aquel entonces la movilización fuerte
y masiva de organizaciones, comunidades, movimientos e individuos
impidió a Aracruz obtener el certificado. Luego la empresa “adquirió”
la certificación en 2003, cuando compró unas 40.000 hectáreas
en el estado de Río Grande do Sul a la empresa Riocell, que había
obtenido el certificado del FSC para sus plantaciones en 2001.
Sin embargo, la acción de los Tupinikim y Guaraní ante la Secretaría
Internacional del FSC llevó a la empresa a anunciar que ella misma
había “solicitado la cancelación de la certificación del FSC”.
Sin
embargo Aracruz siguió impune y las comunidades locales se preguntan
cómo es posible que la empresa haya podido mantener en la región
donde opera una certificación que exige respeto hacia los pueblos
indígenas y sus tierras al tiempo que viola estos mismos derechos
en otra región donde también opera.
Ahora
exigen “una explicación de estos hechos por parte de los involucrados:
FSC
– ¿Por qué permitió el FSC que desde el 2003
Aracruz mantuviera la certificación al mismo tiempo que ocupaba
tierras indígenas? ¿Por qué el FSC no tomó medidas después de
que los indígenas autodemarcaran sus tierras en mayo de 2005 ni
después de que se los expulsara violentamente de dos aldeas en
enero de 2006, cuando la casa de huéspedes de la empresa se transformó
en cuartel general de la Policía Federal y en comisaría donde
se mantuvo a dos indígenas presos durante horas? ¿Piensa el FSC
que una empresa así mereció alguna vez ese certificado?
Aracruz
Celulose – Si la empresa garantiza que nunca hubo indígenas
en sus tierras, si afirma con tanta convicción que compró legalmente
sus tierras en Espírito Santo, inclusive las que son indígenas,
¿por qué resolvió renunciar al certificado del FSC?
Imaflora/Smartwood
– ¿Por qué Imaflora/Smartwood no investigó a la empresa Aracruz
Celulose cuando ésta adquirió la empresa Riocell? ¿Por qué durante
cerca de dos años permitió que Aracruz Celulose se quedara con
la certificación al mismo tiempo que ocupaba tierras indígenas
en Espírito Santo, hecho sobre el que abunda la información en
internet?
Quedamos
a la espera de las debidas explicaciones públicas de las partes
involucradas. Esperamos que en el futuro el FSC no siga permitiendo
la certificación de las empresas que violan los derechos humanos
o perjudican las comunidades locales, sean éstas indígenas, quilombolas,
pescadoras o campesinas. De hecho, llegó la hora de que el FSC
promueva un buen manejo forestal que sea diversificado y garantice
beneficios para todos. Con el proceso internacional en curso de
revisión de la práctica de certificación de plantaciones de árboles
el FSC dispone, en este momento, de una excelente oportunidad”.
Extractos
de la carta abierta “A dureza do capital contra a vida - mas a
Aracruz Celulose perdeu o selo FSC!” publicada por la Red Alerta
contra el Desierto Verde el 4 de julio de 2006 (disponible –en
inglés- en:
http://www.wrm.org.uy/countries/Brazil/Open_Letter_Aracruz.html).
Por más información sobre el Proceso de Revisión del FSC en Brasil,
véase el “Documento para o Grupo Internacional de Revisão dos
Princípios e Critérios do FSC para plantações de árvores” (disponible
en portugués en:
http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Carta_Revisao_FSC.pdf)
inicio
-
Plantaciones certificadas en Uruguay: ¿puede el FSC garantizar
tranquilidad de espíritu
a los consumidores?
En
marzo de 2006 el WRM publicó “Maquillaje
verde. Análisis crítico
de la certificación de monocultivos de árboles en Uruguay por
el FSC” (véase
http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.html).
Este informe concierne a las cuatro principales empresas con plantaciones
certificadas e incluye una crítica muy detallada de los informes
de las empresas certificadoras que se complementa con entrevistas
a trabajadores y gente de las comunidades locales de las zonas
vecinas a las plantaciones. La conclusión es que ninguna de estas
plantaciones cumple el mandato del FSC, pues no están manejadas
de modo “ambientalmente apropiado,
socialmente benéfico y económicamente viable”.
Las dos empresas
certificadoras involucradas (SGS y Smartwood) reaccionaron al
informe enviando su respuesta al FSC. Basándose
en esas “pruebas” el FSC difundió una declaración titulada “El
FSC garantiza tranquilidad de espíritu
a los consumidores” (véase --en inglés--
en http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/Peace_mind.pdf).
Allí se cita a Heiko Liedeker, director de FSC Internacional,
quien declara que “Al leer los informes de las empresas certificadoras
se ve que en el documento del WRM hay información que se funda
en equívocos o en algunos casos se presenta fuera de contexto”
y termina prometiendo que “Los consumidores pueden contar con
el sistema del FSC como garantía de buen manejo forestal”.
Creemos honestamente
que al actuar de esta forma el FSC se pierde una buena oportunidad
de cambio, especialmente en el contexto de la revisión de la certificación
de plantaciones en la que la organización está hoy trabajando.
El informe del WRM no “se funda en equívocos” en modo alguno,
ni presenta nada “fuera de contexto”; se basa en los hechos.
Desgraciadamente,
por mucho que quisiéramos no podemos comentar la respuesta de
SGS por la sencilla razón de que el documento presentado ante
el FSC no está disponible para el público. Podemos sin embargo
comentar la de Smartwood (disponible –en inglés-- en http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/fymnsa_clarifications.pdf),
que expresa que “Las conclusiones del informe del WRM relativas
a la interacción entre partes interesadas no concuerdan en numerosos
puntos con los registros o la información que posee SW”.
A este respecto, Smartwood brinda la siguiente información:
“El
informe del WRM declara que el dirigente de un sindicato local
(José Bautista) indicó a SW sus opiniones respecto de la certificación
de FYMNSA y SW las ignoró (“lo que dije a SmartWood sobre la certificación
de FYMNSA no lo tuvieron en cuenta para nada" y que “luego
que vino SmartWood a los pocos días había un gran cartel de la
certificadora en las oficinas de la empresa"). Queremos aclarar
lo siguiente: SOIMANORPA, que Bautista dirige, se fundó en 2003.
Bautista nunca fue entrevistado durante la evaluación inicial
de FYMNSA simplemente porque esta organización no existía en aquel
momento. Se lo entrevistó después, durante la evaluación de otra
operación, Villa Luz, donde se reunió con los auditores de SW
Jacques Boutmy y Rolyn Medina. En esa reunión indicó que en su
opinión el WRM no estaba actualizado respecto de la realidad social
o laboral de las operaciones en el propio campo. Indicó también
que FYMNSA era [una empresa] líder en permitir al sindicato la
interacción con los trabajadores de FYMNSA y que su sindicato
mantiene una comunicación constante y muy abierta con FYMNSA.”
Esa es la versión
de Smartwood, que aparentemente Heiko Liedeker considera verdadera.
El día jueves 20 de julio de 2006 me comuniqué con Bautista y
le pregunté si estaba de acuerdo con lo que planteaba Smartwood.
Su respuesta fue: “Es todo falso”. Bautista es un hombre muy organizado
y lleva un registro de todo lo que hace. Por lo tanto pudo rastrear
la mencionada reunión con Jacques Boutmy
y Rolyn Medina ¡y descubrió que ésta se llevó a cabo el 20 de
octubre de 2004, mucho antes de que al WRM siquiera se le ocurriera
hacer esta investigación!
Le pregunté
más específicamente si en su opinión “FYMNSA
era líder en permitir al sindicato la interacción con los trabajadores
de FYMNSA”. Una
vez más, Bautista respondió: “Es falso”. Con relación
a la afirmación de SW de que “su
sindicato mantiene una comunicación constante y muy abierta con
FYMNSA” Bautista explicó que si bien la compañía
recibe al sindicato, se trata tan sólo de una mera formalidad.
Y añadió: “hace tres días me entrevistaron
en Rivera [capital del departamento donde FYMNSA
tiene su sede] el Canal 6 de televisión y cuatro radios locales
y dije que la empresa estaba violando las normas laborales y que
nunca tendría que haber sido certificada. Quizás sea por eso que
SmartWood reaccionó así”.
En
su informe ante el FSC, Smartwood añade que “Ahora FYMNSA contrató
un auditor laboral externo para garantizar el cumplimiento de
las leyes, reglamentos y procedimientos laborales para todo el
personal y los contratistas. Este auditor envía a FYMNSA informes
mensuales sobre estos temas, incluidas las solicitudes de acción
correctiva (CARs)”.
También
le pregunté acerca de esto a Bautista, que me respondió: “De eso
no sé nada”. Podría suponerse que el dirigente sindical con quien
aparentemente FYMNSA mantiene tan buena comunicación sería la
primera persona a quien se informaría de tan buenas noticias.
Desgraciadamente,
no es el caso.
Peor
todavía, Bautista me explicó en detalle la muy conflictiva situación
actual resultante de la violación de normas laborales por parte
de la empresa y me envió un resumen escrito con los principales
puntos del conflicto (véase
http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/Carta_Batista.html).
Contrariamente a lo que la respuesta de Smartwood parece implicar,
el documento termina declarando que “El diálogo con el
Sindicato existe pero a través de él no se ha conseguido revertir
los incumplimientos laborales de FYMNSA ni el respeto a la organización
sindical y al trabajador”.
Incluso sin
tomar en cuenta todos los demás impactos ambientales y sociales
detallados en el informe del WRM, lo anterior alcanza para enfatizar
que en ese caso, donde hay una violación de derechos laborales,
el FSC no puede tener la pretensión de creer que puede “garantizar
la tranquilidad de espíritu de los consumidores”.
Por
Ricardo Carrere, autor del informe mencionado en este artículo.
Correo-e: rcarrere@wrm.org.uy
inicio
- El poder de los grupos empresariales.
El caso del FSC local de Ecuador
Ecuador
es uno de los países con una de las mayores tasas de deforestación
a nivel mundial. En este proceso actúan diversos actores entre
los que se encuentran no solamente las grandes empresas madereras
que típicamente realizan sus actividades de extracción de madera
fluctuando entre la legalidad y la ilegalidad, sino también las
empresas que deforestan para instalar grandes monocultivos de
árboles, desde palma africana hasta pinos y eucaliptos.
Para
calmar a la opinión mundial que se ha sensibilizado ante estos
problemas y los rechaza, el mercado ha encontrado una solución:
la certificación. Es así que en Ecuador tanto proyectos con un
gran impacto ambiental como empresas muy destructivas tienen hoy
un certificado FSC, como es el caso de las plantaciones en gran
escala de monocultivos de árboles para sumideros
de carbono de la empresa PROFAFOR del Ecuador
S.A. y las plantaciones industriales de árboles de las empresas
ENDESA y BOTROSA.
El
grupo nacional legalmente reconocido por el FSC en Ecuador es
el Consejo Ecuatoriano para la Certificación Forestal Voluntaria
(CEFOVE). Al igual que el FSC, está compuesto por una cámara ambiental,
una económica y una social. La presidencia en el Consejo Directivo
del CEFOVE rota regularmente cada año entre las tres cámaras y
el poder de decisión en teoría se reparte equitativamente entre
las tres cámaras. Sin embargo, no se tomaron medidas para asegurarse
que los integrantes de las cámaras ocupen realmente la posición
que les corresponde y es así que existen varias irregularidades
y atropellos cometidos por las compañías madereras del Grupo Durini
(Setrafor, Endesa, Botrosa, Acosa) y sus organizaciones de lobby:
Fundación Forestal Juan Manuel Durini (FFJMD),
Corporación de Manejo Forestal Sustentable
(COMAFORS) y Asociación Ecuatoriana de Industriales
de la Madera (AIMA). Además la cámara económica está totalmente
dominada por el GRUPO DURINI, que mediante la afiliación de cuatro
de sus empresas y dos de sus organizaciones de lobby tiene la
mayoría absoluta de voto en la cámara.
A
modo de ejemplo: la empresa PROFAFOR del Ecuador S.A., encargada
de generar y negociar bonos de carbono en la bolsa de valores,
se encuentra en la cámara ambiental cuando su sitio debería ser
la cámara económica. Este hecho ha sido reclamado por los otros
miembros de la cámara ambiental, pero PROFAFOR ha rehusado hacer
el cambio respectivo. Para el año 2006 la presidencia del CEFOVE
le corresponde a la cámara ambiental, y PROFAFOR ha sido designado
como presidente. Como el año pasado la presidencia la tuvo Juan
Carlos Palacios, de COMAFORS, por la cámara económica, eso
significa que durante dos años consecutivos han primado los grupos
económicos.
Por
otra parte, la coordinadora del CEFOVE trabaja media jornada en
su función en el CEFOVE y la otra media jornada en el despacho
del Director Nacional Forestal, en el Ministerio del Ambiente.
De esta situación surge un grave conflicto de intereses y la posibilidad
de que los intereses públicos del Ministerio del Ambiente puedan
influenciar la política del CEFOVE y viceversa.
A
mediados del 2005, Acción Ecológica y el WRM publicaron el libro
“Sumideros de Carbono en los Andes Ecuatorianos”, un profundo
estudio sobre los impactos de las plantaciones de PROFAFOR. Sin
embargo, entre los miembros del CEFOVE no se ha tratado el estudio
y no se han formulado comentarios con respecto a los cuestionamientos
que revelan que sería imposible conceder la certificación a estos
monocultivos. Por el contrario, la elección de PROFAFOR a la presidencia
del Consejo Directivo del CEFOVE solo se explica como un respaldo
institucional a esta empresa cuestionada.
La
cámara económica ha pasado a tener el poder del CEFOVE, lo cual
quedó claramente reflejado cuando en 2005 la Federación del Centro
Awá del Ecuador (FCAE) --que forma parte de la cámara ambiental--
presenta una denuncia contra las empresas Setrafor, Endesa/Botrosa
--miembros de la cámara económica-- y Plywood Ecuatoriana y CODESA
--miembros indirectos mediante su afiliación a COMAFORS y AIMA--
por invadir su territorio y sus bosques, legalmente reconocidos
como Reserva Etnobotánica de Asentamiento Ancestral Awá, provocar
graves daños ambientales y sociales dentro del territorio Awá
y las zonas directamente colindantes consideradas zona de amortiguamiento,
y extraer árboles sin contar con los debidos permisos de los representantes
legales de la FCAE.
Irónicamente,
en este caso fue FCAE quien finalmente resultó cuestionada, por
denunciar a uno de los miembros del CEFOVE. En cambio, no se adoptó
ninguna medida para paralizar a las empresas madereras.
Por el contrario, el CEFOVE resolvió que “las empresas SETRAFOR,
CODESA y PLYWOOD, no tienen un control absoluto sobre los procedimientos
y actitudes de sus empleados y contratistas en el campo”. Peor
aún, Endesa/Botrosa, con el respaldo del CEFOVE, recibió este
año una certificación FSC expedida por GFA Consulting Group para
sus plantaciones de árboles. Este certificado borra de un
plumazo el historial de más de 40 años de violaciones de los derechos
humanos de poblaciones locales y sistemática degradación ambiental
por parte de las empresas del Grupo Durini. El amplio mercado
internacional queda abierto para una de las empresas más destructora
de los bosques primarios ecuatorianos.
No
obstante, la falta de credibilidad del CEFOVE se ha puesto en
evidencia con la reciente renuncia de la FCAE y la Fundación Altropico,
quien fuera uno de los miembros fundadores e impulsadores de esta
iniciativa. Jaime Levy, su director ejecutivo lo explica en la
carta pública enviada a miembros del FSC y a CEVOFE el 13 de julio
2006: “Consideramos que es imposible seguir compartiendo
un espacio cuyos objetivos están enmarcados en lograr un mejor
manejo ambiental de los bosques, un respeto real para sus dueños
y una repartición justa de las ganancias económicas de las operaciones
forestales, con miembros como COMAFORS y las empresas productoras
de contrachapados, quienes a nuestro juicio son los responsables
de la ya casi desaparición de los bosques del Chocó de Esmeraldas”.
“Este Patrimonio de los Ecuatorianos y del mundo se encuentra
ahora severamente amenazado por las acciones de estas empresas,
y a pesar de sus discursos sobre la conservación y el manejo sostenible
de los bosques nativos restantes, y sus membresías en CEFOVE y
el FSC, lo que hemos visto en los últimos años en el norte de
Esmeraldas es una realidad muy, muy distinta. Y en la actualidad,
en estos momentos, la explotación con maquinaria pesada de los
bosques remanentes sigue a un ritmo acelerado y con poco control
del Ministerio de Ambiente.”
Las
plantaciones certificadas en el Ecuador son una muestra de las
falencias del sistema, el cual está en manos de los poderes económicos
que dominan el grupo del FSC para el Ecuador --CEFOVE--. Su
enorme poder e influencia va en detrimento de los pobladores locales
y de la necesidad de la conservación de los bosques.
Por
Nathalia Bonilla, Acción Ecológica, correo electrónico:
foresta@accionecologica.org, y Klaus Schenck, correo electrónico:
klaus@regenwald.org
inicio
INVESTIGACIONES
SOBRE PLANTACIONES CERTIFICADAS
En
los últimos años el WRM ha coordinado con organizaciones locales
de varios países de África, Asia y América Latina varias investigaciones
para documentar los impactos de los monocultivos a gran escala
sobre la gente y la naturaleza (véase
http://www.wrm.org.uy/publicaciones/inicio.html#libros). En
algunos de los estudios de caso se incluían plantaciones certificadas,
en tanto uno de ellos (Uruguay) se centró exclusivamente en plantaciones
certificadas por el FSC. Esta sección del boletín incluye breves
resúmenes de los estudios de caso y evidencia algunas certificaciones
problemáticas.
-
Brasil: la certificación de las plantaciones de V&M y Plantar
El “Movimiento
Alerta contra el Desierto Verde” es una amplia red de oposición
a la expansión de las plantaciones en gran escala de eucaliptos
en la región que comprende los Estados de Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahía, rio Grande do Sul y Río de
Janeiro. Su existencia y lucha se originan en los impactos sociales
y ambientales comprobados de esas plantaciones, algunas de las
cuales actualmente cuentan con la certificación del FSC.
Un equipo de
dicha red participó en un estudio de caso realizado a fines de
2003 (“Certificando lo incertificable. Certificación del
FSC de plantaciones de árboles en Tailandia y Brasil” (http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/texto.pdf)
e investigó las plantaciones de las empresas V&M y Plantar
S.A. Reflorestamentos, certificadas por el FSC a través de las
certificadoras Société Générale de Surveillance (SGS) y Scientific
Certification Systems (SCS).
La empresa
V&M posee 235.886 hectáreas de tierra en el Estado
de Minas Gerais, distribuidas en 25 propiedades, cuyo tamaño oscila
entre 1.000 y 36.000 hectáreas. Plantar es propietaria de unos
15 predios rurales, que totalizan 280.000 hectáreas.
El estudio
comprobó que algunas de las plantaciones certificadas ocupan tierras
usurpadas a sus habitantes originarios, con lo cual la certificación
ha socavado las luchas de los pueblos locales por la recuperación
de sus tierras. Se identificó, además, que existen otras disputas
entre los pequeños agricultores y las compañías en relación con
el uso de agroquímicos, el bloqueo de carreteras o la alteración
del acceso y el manejo de los recursos hídricos.
La certificación
del FSC también ha debilitado gravemente los derechos de los trabajadores:
“No
hay disculpa posible para el silencio absoluto que mantienen la
SGS y la SCS en sus Resúmenes públicos y en los informes de control
anuales, sobre los graves problemas laborales de las unidades
de manejo forestal certificadas pertenecientes a las empresas
V&M y Plantar, en especial teniendo en cuenta la relevancia
del tema en la discusión política local y en la prensa y la televisión
del estado de Minas Gerais. Condiciones de trabajo infrahumanas,
jornadas excesivamente largas, trabajo infantil, tercerización
ilegal de la mano de obra, condiciones de sujeción de los trabajadores,
transporte irregular, trabajo insalubre y degradante, listas negras
de dirigentes sindicales, falta de libertad y ausencia de autonomía
sindical, son todos problemas que han sido objeto de innumerables
artículos en los medios de prensa regionales y han estado en el
centro de debates públicos en distintas municipalidades y en los
parlamentos estaduales y federal”.
La recuperación
de la tierra plantada con monocultivos de árboles para reconvertirla
a bosques no es una tarea fácil, ni políticamente, ni en la práctica.
En el caso de las plantaciones certificadas, la dificultad es
todavía mayor y la certificación se transforma en un argumento
del que se sirven los dueños de las plantaciones para enfrentarse
a las comunidades locales.
El estudio
de caso de Brasil también documenta cómo las plantaciones de eucalipto
–incluyendo las de las dos compañías certificadas (V&M y Plantar)–
han sido una de las causas principales de la destrucción de la
vegetación nativa de “cerrado”. Como resultado, las comunidades
locales se han visto privadas de sus formas de vida sostenibles.
A los efectos de la certificación del FSC puede importar poco
que las compañías de plantaciones hayan quemado el cerrado para
obtener carbón e instalar plantaciones de eucalipto, ya que la
destrucción tuvo lugar antes de noviembre de 1994. Sin embargo,
“...el impacto de la destrucción del bioma se siente hasta el
día de hoy; principalmente lo sienten los habitantes locales que
perdieron gran parte de su flora, fauna y recursos hídricos, y
sufrieron las consecuencias de la aplicación de los agroquímicos.
Lejos de proteger lo que queda de la vegetación nativa, las miles
de hectáreas plantadas con eucalipto terminaron convirtiéndose
en un peligro”.
El estudio
sostiene que los beneficios económicos y sociales provenientes
de productos como el carbón vegetal utilizado en la producción
de acero o la madera utilizada en la producción de celulosa para
la industria del papel, son “reducidos si se los compara con los
graves impactos producidos por las plantaciones industriales asociadas
que afectaron las vidas de los trabajadores o los impactos socioeconómicos
negativos que sufrieron las comunidades locales”.
Cabe destacar
también un tema que tiene relación con el proceso de certificación
en su conjunto: las irregularidades en el proceso de certificación
que llevaron a un
incumplimiento de los principios del FSC y a la influencia
de intereses creados de las firmas certificadoras. El estudio
concluye que el manejo forestal de V&M y Plantar infringe
legislación nacional e internacional, como es el caso de algunos
tratados de la Organización Internacional de Trabajo. En cuanto
a la legislación ambiental, V&M y Plantar han incumplido la
resolución que exige a emprendimientos de su tamaño, la obtención
de permisos a través de la presentación de un Estudio de Impacto
Ambiental.
El
informe documenta además que las plantaciones de V&M y Plantar
no cumplen con algunos principios del FSC en la medida que la
mayoría de las plantaciones se establecieron en tierras con vegetación
nativa de cerrado. Contribuyeron a destruir este bioma amenazado,
causando al mismo tiempo daños sociales, ambientales, culturales
y económicos.
El FSC se enorgullece
de la atención que dedica a los temas sociales. Su credibilidad
se basa en la consulta a las organizaciones, comunidades y poblaciones
locales. Sin embargo, en el caso de Brasil, el proceso de consulta
fue muy pobre. El Resumen público sobre V&M enumera distintas
“partes interesadas” con los que según la SGS se realizaron “reuniones
y discusiones”, pero no comenta los resultados de esas reuniones
y discusiones. Los miembros de los sindicatos de la lista de “partes
interesadas” supuestamente consultados por la SGS, niegan haber
sido consultados durante el proceso de certificación en 1998.
Por otra parte,
los servicios de las firmas certificadoras son pagados por las
compañías que desean obtener la certificación, con lo cual aquéllas
tienen un fuerte incentivo para certificar rápidamente sin imponer
demasiadas condiciones ni vigilar el cumplimiento de los principios
del FSC en forma muy estricta.
Por
último, los informes de las certificadoras con respecto a las
plantaciones de las empresas referidas carecen de un análisis
cuidadoso del universo socioeconómico de los lugares donde se
encuentran las plantaciones y de una contextualización. Los
informes reflejan que los auditores hicieron una interpretación
subjetiva, desde la elección del contenido y los puntos prioritarios
de su estudio, pasando por una selección de los interlocutores
menos críticos, realizaron visitas de campo orientadas por un
horizonte interpretativo sumamente estrecho e ignorando las referencias
temporales y espaciales del territorio.
La conclusión
del estudio es que: “Después de evaluar la certificación de las
compañías Plantar S. A. y V&M, podemos afirmar sin temor a
equivocarnos que esa garantía que se pretende dar a los consumidores,
hoy no existe”.
inicio
- Ecuador: beneficio cero para las comunidades
por las plantaciones certificadas de FACE-PROFAFOR
En
1999, la empresa Programa FACE de Forestación
(PROFAFOR) del Ecuador
S.A., contrató a la verificadora suiza SGS
(Société Générale de Surveillance)
para evaluar el manejo forestal de 20.000 ha de sus plantaciones
de monocultivos de árboles en la sierra ecuatoriana. SGS le otorga
en el año 2000 un certificado por plantaciones para absorción
de dióxido de carbono (se trata del primer caso en que se certifica
fijación y absorción de carbono en plantaciones forestales, no
en bosques reales), y en diciembre de 2001 el Sello de Certificación
Forestal que acredita que cumple con los “Principios y Criterios”
del FSC.
Pero,
¿qué es FACE-PROFAFOR? FACE (por sus siglas
en inglés Forest Absorbing Carbon Dioxide Emissions o “Bosques
para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono”), se creó
en 1990 por el Directorio de Empresas Holandesas Generadoras de
Electricidad, N.V. Sep, con el objetivo inicial de establecer
150.000 hectáreas de plantaciones forestales y así compensar las
emisiones de una nueva planta térmica de carbón que se construiría
en Holanda y que implicaría la emisión de millones de toneladas
de dióxido de carbono a la atmósfera. Por razones de costos, su
acción se orientó al establecimiento de proyectos de forestación
en países en desarrollo. Es así como FACE llega a Ecuador, donde
establece el Programa FACE de Forestación (PROFAFOR)
y financia a la empresa PROFAFOR del Ecuador S.A. para establecer
plantaciones de monocultivos forestales de especies exóticas (pinos
y eucaliptos) y “fijar” CO2 de la atmósfera.
A
raíz de las graves consecuencias ambientales y sociales generadas
por el establecimiento de plantaciones forestales, la organización
ecuatoriana Acción Ecológica realiza en 2005 una investigación
que dio como resultado el informe “Sumideros de carbono en los
Andes ecuatorianos. Los impactos de las
plantaciones forestales del proyecto holandés FACE-PROFAFOR sobre
comunidades indígenas y campesinas”, disponible en
http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/FACE2005.pdf
El
trabajo de campo identifica que la certificación
FSC no solamente no garantiza que las comunidades bajo un proyecto
forestal certificado reciban beneficios económicos, sociales y
ambientales, sino que en el caso de comunidades indígenas de los
Andes ecuatorianos ocurre precisamente lo contrario, en la medida
que se ven obligadas a absorber los costos del proyecto y sus
externalidades.
Por
otro lado, con la certificación, FACE PROFAFOR gana en imagen
y logra invisibilizar los impactos negativos generados por el
proyecto. Las comunidades locales afectadas por proyectos certificados
deben enfrentarse a la fuerza y el peso del “Sello Verde”, que
resta credibilidad a sus reclamos y luchas.
El
informe identifica qué obtiene PROFAFOR de las comunidades: tierra,
trabajo y dinero.
En
los contratos firmados, FACE-PROFAFOR no
paga ningún tipo de arriendo en las tierras de propiedad comunitaria
donde se produce la “Fijación y Absorción de Carbono” que negocia
en el mercado internacional. La empresa
se reserva el 100% de los Derechos por el Carbono absorbido mientras
que exige a las comunidades que esas tierras no sean usadas para
ninguna otra actividad fuera del mantenimiento de la plantación
y asuman la totalidad de las responsabilidades del mantenimiento
del sumidero por el plazo del contrato: de 25 a 30 años.
Por
otro lado, la oferta de “generación de empleo” del proyecto
es ficticia. Es más, la economía comunitaria debe absorber el
impacto negativo provocado por dicho proyecto ya que para cumplir
el contrato con FACE-PROFAFOR, las comunidades
han debido recurrir en ocasiones a contratar gente de fuera, ya
sea porque no poseen las destrezas necesarias para ejecutar determinado
trabajo conforme a las especificaciones técnicas o porque las
plantaciones se encuentran en terrenos de difícil acceso y sujetas
a condiciones climáticas extremas.
En
cuanto al dinero, de la cifra ofrecida inicialmente a la comunidad,
en los tres primeros años PROFAFOR le descuenta el “costo”
de las plantas y la asistencia técnica que le provee. Además
de que las comunidades terminan recibiendo casi la mitad de lo
ofrecido inicialmente, los contratos las comprometen a utilizar
los recursos financieros provistos por
FACE exclusivamente para el objeto del Contrato de Forestación,
pero esos recursos generalmente no alcanzan para cubrir los gastos
en los que las comunidades tienen que incurrir para completar
el establecimiento de las plantaciones.
Por
otro lado, los contratos prohíben actividades como el pastoreo,
lo que lleva en ocasiones a que las familias propietarias de ganado
tengan que arrendar terrenos para sus animales, un gasto que antes
no existía. También puede ocurrir que por falta de pastos tengan
que reducir el número de cabezas de ganado.
Para
mejorar su imagen, FACE aduce que sus actividades se realizan
en tierras degradadas y en altitudes en
las que la agricultura no es posible y el pastoreo no es rentable.
La
realidad es muy distinta. FACE introduce plantaciones de pino
en ecosistemas primarios, no en suelos degradados. Las
plantaciones se establecen en un ecosistema muy frágil y de gran
importancia hidrológica: el páramo, fundamental para la regulación
de la hidrología regional y fuente de agua para la mayoría de
la población de los Andes. La gran cantidad de materia orgánica
hace que estos suelos tengan una gran retención de agua. La implantación
de árboles, exóticos para el páramo, NO favorece la estabilidad
del ecosistema. Por el contrario, transforma y daña la frágil
estructura del suelo provocando un severo agrietamiento por los
cambios en el régimen hidrológico. También afecta la fauna y flora
del lugar y determina que se obtenga una plantación con un rendimiento
deficiente, lo que finalmente redunda en perjuicio de la fijación
de Carbono que se pretende lograr.
A
ocho años de iniciadas sus actividades, FACE obtuvo la Certificación
Forestal; poca relevancia tuvo el hecho de que para el establecimiento
de sus plantaciones se destruyeran ecosistemas primarios, tampoco
importó que no se demostraran medidas de mitigación de los impactos
generados.
En
resumen, la certificación del FSC en las
plantaciones de FACE-PROFAFOR en Ecuador
no garantiza que las comunidades “beneficiarias” del proyecto
reciban beneficios económicos, sociales y ambientales. Más bien
se demuestra una considerable --y cuestionable--
“flexibilidad” en la aplicación de los Principios
y Criterios del FSC.
inicio
-
Sudáfrica: investigación considera que
las plantaciones de árboles certificadas por el FSC son un legado
del apartheid
Una investigación
muy completa sobre los impactos de las plantaciones industriales
de árboles en una provincia de Sudáfrica (“A Study of the Social
and Economic Impacts of Industrial Tree Plantations in the KwaZulu-Natal
Province of South Africa”, disponible en
http://www.wrm.org.uy/countries/SouthAfrica/book.pdf),
realizada por John Blessing Karumbidza, ha permitido identificar
gran cantidad de impactos negativos de los monoculivos de árboles
--económicos, sociales y ambientales--
que afectan las comunidades locales, los recursos hídricos y los
ecosistemas.
En los años
1980 el país fue testigo de una nueva ola de plantaciones industriales
de árboles encabezada por las empresas madereras Sappi y Mondi,
ambas con certificación FSC. Mientras que Mondi Business Paper
y Mondi Millennium Newsprint (con 399.068 y 48.530 hectáreas respectivamente)
fueron certificadas por la empresa SGS, acreditada por el FSC;la
encargada de certificar a SAPPI Forests Group Scheme y SAPPI Forests
(con 76.041 y 383.164 hectáreas respectivamente) fue la empresa
Soil Association Woodmark (SA), también acreditada por el FSC.
El establecimiento
de grandes monocultivos de árboles fue posible gracias a que los
costos iniciales fueron mantenidos bajos artificialmente, en especial
los salarios y la adquisición de tierras, y también a los generosos
subsidios y otras disposiciones del gobierno en aquella época.
Como resultado se pusieron en marcha dos procesos: el desencadenamiento
de las relaciones rurales capitalistas y el uso intencional de
los árboles como modificadores del paisaje. Todo esto ocurrió
en el marco de las políticas de segregación y apartheid que han
sido los instrumentos en la determinación de la naturaleza racial
y espacial del paisaje agrario de Sudáfrica. A partir de las primeras
elecciones democráticas en Sudáfrica en 1994, la iniciativa principal
del sector industrial vinculado a plantaciones de árboles supone
dos estrategias particulares: el establecimiento de planes de
plantaciones que se promocionaban como responsabilidad social
o empresarial o como planes para la creación de empleos y el intento
de incluir un componente BEE (“Black Economic
Empowerment”, poderío económico para los
negros) en la estructura patrimonial existente de las principales
empresas de cultivo industrial de árboles. Sin embargo, cada vez
está más claro que estos programas han acrecentado la lista cada
vez más larga de impactos negativos sociales, económicos y ambientales
de las actividades del sector de las plantaciones industriales
de árboles.
Estas plantaciones
industriales han desplazado a la gente de sus hogares originales,
perturbando los mecanismos tradicionales de sustento y sustituyendo
praderas ricas y biodiversas con un damero de plantaciones y campos.
Los insecticidas, herbicidas y otros contaminantes químicos que
se usan en las plantaciones madereras, incluidos los derrames
de combustible y aceite de vehículos y motosierras, están contaminando
el agua y el suelo. Los árboles de las plantaciones también cambian
el pH del suelo y todas las especies de árboles utilizadas en
las plantaciones industriales invaden los cursos de agua, bosques,
praderas y humedales, de modo que para erradicarlos se necesita
usar más productos químicos y combustible contaminantes. Es
poco común que se brinde el equipo de seguridad adecuado
a los trabajadores, que se exponen a las emanaciones provocadas
por la fumigación con plaguicidas y los pesados vehículos que
se usan en las plantaciones.
No obstante
todo esto y a pesar de los problemas con las plantaciones industriales
de árboles en Sudáfrica, el FSC ha certificado el buen manejo
de una superficie de 1.665.418 hectáreas.
El FSC menciona
el caso del grupo SiyaQhubeka Consortium, certificado por SGS,
que está “cambiando el paradigma del manejo de plantaciones” (FSC,
sin fecha). Sin embargo, el referido estudio revela que el emprendimiento
conjunto llamado SiyaQhubeka más que un consorcio es una sociedad
entre Mondi y el gobierno (entre los dos comparten el 90%) que
un auténtico acuerdo que redunde en un beneficio económico. Tampoco
se ha establecido un marco temporal determinado para la transferencia
de las acciones de Mondi a la comunidad, transferencia que llegará
por iniciativa de Mondi más que de la comunidad o el gobierno.
Con la transferencia
se acordó que toda vez que fuera posible “se brindará a las comunidades
locales y los sudafricanos negros oportunidades para beneficiarse
de las actividades industriales de la empresa”. Mucha de la madera
plantada por la empresa estatal South African Forestry Company
Limited (SAFCOL) no era adecuada para la celulosa que Mondi necesitaba,
puesto que se trataba más que nada de pinos. En lugar de investigar
usos alternativos de la tierra que pudieran dirigir a SiyaQhubeka
hacia el desarrollo de la agrosilvicultura, las tierras que se
limpiaron de pinos se están reconvirtiendo rápidamente al eucalipto,
tarea que llevará cinco años completar. En las zonas que no estaban
plantadas también se está plantando eucalipto, sin que exista
la opción de un uso alternativo de la tierra.
SiyaQhubeka
controla tres propiedades distintas. La plantación de St. Lucia,
en el norte, tiene 12.550 hectáreas cultivadas. Se extiende a
lo largo del límite occidental del parque de humedales Greater
St. Lucia Wetland Park y cae enteramente dentro de la cerca para
animales del parque. El razonamiento detrás de esta medida fue
permitir a elefantes, búfalos y rinocerontes el acceso a las tierras
de las plantaciones de SiyaQhubeka, incluidas 2.171 hectáreas
no plantadas. Al norte de Richards Bay está la plantación de KwaMbonambi,
con 6.257 hectáreas de árboles y 1.516 de hectáreas no plantadas.
Al sur de Empangeni se encuentra la plantación de Port Durnford,
de 3.010 hectáreas, con 947 hectáreas no plantadas. En conjunto,
SiyaQhubeka tiene 21.817 hectáreas de plantaciones madereras y
4.634 hectáreas sin plantaciones industriales. Las áreas no plantadas
son más que nada caminos, servidumbres, zonas de servicios, cortafuegos
y pendientes o humedales incultivables.
Al tomar la
decisión de otorgar el contrato a SiyaQhubeka, el Departamento
de Asuntos Hídricos y Forestales (DWAF) enfatizó que en las tres
zonas donde están las plantaciones, a saber Mtubatuba, KwaMbonambi
y Port Durnford, se subcontrataría a personas de las comunidades
locales para la provisión de servicios. Las actividades clave
materia de los contratos son plantar, desmalezar y, en cierta
medida, la tala rasa. Últimamente la tala de árboles se está volviendo
cada vez más mecanizada y la industria está adquiriendo máquinas
integradas que cortan, descortezan y apilan los troncos, dejándolos
prontos para la carga. La tala es uno de los procesos más caros
y que exige mayor cantidad de mano de obra. Al mecanizar esta
etapa del proceso de manejo de la madera se limita el potencial
de creación de empleos en el sector. No sorprende que los únicos
contratados de las comunidades que trabajan en las antiguas plantaciones
de SAFCOL solamente participan en las operaciones de plantación
y limpieza. Se trata de procesos que no exigen una gran inversión
de capital. De hecho, en muchos casos los trabajadores se sirven
de sus propias herramientas. Umbonambi Forestry Services (UFS),
que obtuvo el contrato para plantar los eucaliptos de SiyaQhubeka
en la plantación de KwaMbonambi, es uno de los ejemplos. UFS emplea
solamente 17 personas con un supervisor y pretende que su equipo
de trabajadores plante al ritmo de 6 hectáreas por día. En la
plantación de Mtubatuba, el contratista de tres empresarios de
la aldea Khula en Dukuduku, Thalaku, trabaja desmalezando y limpiando
las plantaciones. Thalaku emplea entre 40 y 45 personas, dependiendo
del contrato. También tiene contratos para retirar los pinitos
jóvenes de la zona de St. Lucia Eastern Shores que se está rehabilitando
con fines de conservación.
El autor de
este estudio concluye que “de hecho, el FSC está certificando
un legado del apartheid”.
inicio
-
Swazilandia: los impactos de las plantaciones
de Mondi Peak certificadas por el FSC
Las plantaciones
madereras (de eucalipto, pino y acacia) cubren hoy cerca del 9%
de la superficie de Swazilandia. En diciembre de 2004 Wally Menne,
integrante de la coalición Timberwatch de Sudáfrica, publicó su
investigación sobre los impactos sociales y ambientales de las
grandes plantaciones madereras en Swazilandia: “Timber Plantations
in Swaziland: An investigation into the environmental and social
impacts of large-scale timber plantations in Swaziland” (disponible
en
http://www.wrm.org.uy/countries/Swaziland/Plantations.pdf
).
El estudio
de Menne abarca también las plantaciones de árboles certificadas
de Mondi Forests (socia de la gigante Anglo-American Corporation),
que opera en Swazilandia a través de su empresa asociada Peak
Timber Ltd, y Mondi Timber, empresa sudafricana perteneciente
al mismo grupo.
Mondi Forests
(también conocida como Mondi Peak) posee casi 32.000 hectáreas
de tierra en la aldea de Pigg’s Peak, en el norte de Swazilandia;
de éstas, cerca de 20.000 hectáreas son plantaciones (aproximadamente
el 90% de las plantaciones de la zona de Pigg’s Peak). Las mismas
consisten en casi 6.000 hectáreas de pino y 14.000 hectáreas de
eucalipto, así como una pequeña superficie de unas 30 hectáreas
plantadas con aromo australiano [Acacia melanoxylon]. La
mayor parte de los eucaliptos se exporta para la producción de
pulpa, y también se exporta alrededor del 75% de los pinos. En
los últimos diez años se ha dado una conversión sistemática del
pino al eucalipto, que se considera genera mayores ingresos debido
a la rotación más rápida y hoy constituye el 75% de las plantaciones
de Pigg's Peak.
Las plantaciones
de Mondi Peak fueron certificadas por primera vez por el FSC en
1996 como parte de las plantaciones de Mondi en Sudáfrica. Si
nos guiamos por el sitio web del FSC parece que Mondi no tuviera
plantaciones certificadas en Swazilandia, pues éstas se incluyen
en la superficie total certificada para Mondi en Sudáfrica. La
certificación se revisa cada cinco años y la próxima revisión
será en 2007. La empresa certificadora SGS, acreditada por el
FSC, realiza inspecciones anuales.
La investigación
de campo intentó determinar si estas tres plantaciones habían
beneficiado a las comunidades locales. Lo que
sigue son algunas de las respuestas recibidas:
Nhlanhla Msweli,
de la organización social Swaziland Campaign against Poverty and
Economic Inequality (SCAPEI), que trabaja contra la pobreza y
la desigualdad económica, recuerda que hacia 1997 hubo tres despidos
masivos en la industria maderera, con inclusión de Mondi. Como
motivo de la reducción de personal se adujeron problemas económicos,
pero al mismo tiempo el trabajo se “tercerizó” a contratistas,
a menudo ex empleados a quienes se había ayudado a establecer
sus propios “negocios contractuales”. Esto ha llevado a un mercado
laboral extremadamente competitivo. La tercerización del trabajo
por parte de las empresas no ha beneficiado a mucha gente, pues
en realidad se trata de una forma de traspasar riesgos y costos
a las nuevas empresas que se establecen. Cuando finalmente estas
empresas caen y se pierden las inversiones que se hicieron con
los pagos por despido, la pobreza aumenta.
La señora Duduzile
(Matilda) Zwane, directora de la escuela primaria de Ekuthuleni
(el pueblito de los trabajadores del principal aserradero de Mondi
Peak), tiene una visión negativa de las plantaciones madereras.
En su opinión, la comunidad no se ha beneficiado mucho con su
establecimiento, desde el punto de vista tanto de las personas
que trabajan en la industria como de quienes viven en la zona.
Los trabajadores recibían sueldos bajos, aunque también algunos
alimentos. Hace poco hubo una huelga en el aserradero, durante
la cual se desató un incendio accidental, provocado por una chispa
de una máquina de soldar, que encendió el aserrín y causó graves
daños a la fábrica. Aunque la huelga había terminado, después
de esto los trabajadores fueron despedidos. Iban a modernizar
el aserradero y se instalarían equipos de tecnología moderna.
El problema fue que la empresa usó grandes máquinas en lugar de
dar más trabajo a la gente.
La empresa
hizo muy poco para ayudar a la comunidad. Solamente los empleados
permanentes y sus familiares directos podían usar la clínica de
Mondi; los otros tenían que dirigirse al hospital público, en
Pigg’s Peak. Debido a la pobreza de la comunidad las muchachas
se estaban convirtiendo en prostitutas y llegaban a aceptar 2
emalangeni (un dólar estadounidense equivale a 6 emalangeni) a
cambio de relaciones sexuales, a menudo con hombres mayores empleados
en la planta. Zwane añadió que la mayoría de las muchachas de
la zona quedaron embarazadas antes de terminar séptimo de escuela.
No se ofrecieron
becas ni se brindó asistencia para la construcción de una iglesia
comunitaria. La escuela necesita desesperadamente más salones
de clase y alojamiento para los maestros. La escuela no tiene
patio y los caminos del poblado están en muy mal estado.
La condición general de los hogares de los trabajadores es muy
pobre.
Zwane declaró
haber notado que los ríos de la zonas madereras se habían ido
secando a lo largo de los años. Recordó que cuando era pequeña
se podía nadar en algunos lugares que hoy están secos.
Lo
anterior está de acuerdo con lo que Rex Brown, de la consultora
Environmental Consultancy Services, respondió durante la investigación.
Brown declaró que las tres principales plantaciones del país
(Shiselweni, Usutu y Mondi) se
establecieron sin considerar mucho sus impactos a corto y largo
plazo sobre el medio ambiente, el sustento, el agua y la contaminación.
En lo que atañe al agua, Brown dijo que las plantaciones parecen
actuar como esponjas y, en parte debido a las especies que las
componen, absorben grandes cantidades de agua que no se libera
a los ríos y arroyos. En combinación con la demanda siempre en
alza de agua en las zonas de captación, esto lleva a que todos
los años haya escasez de agua.
Para terminar,
el autor del estudio concluye: “Para describir las plantaciones
de la zona de Pigg’s Peak lo mejor que puede decirse es que están
muy mal manejadas y lo peor es que son un asco. Es increíble que
estas plantaciones, que en algunas zonas son una mezcla de especies
sin ningún manejo, infestadas de plantas invasivas exóticas, puedan
haber recibido la certificación del FSC”.
inicio
- Uruguay: cuatro
empresas que no deberían estar certificadas
En
1987 se aprueba en Uruguay una legislación que implica la promoción
--a través de exenciones impositivas y subvenciones-- de monocultivos
a gran escala de árboles exóticos (principalmente eucaliptos y
pinos) con destino a la exportación. Es así que el país, hasta
entonces agrícola-ganadero, comienza a convertir parte de sus
fértiles praderas en “desiertos verdes”, que actualmente superan
las 700.000 hectáreas.
Paralelamente
comienza una creciente oposición a los monocultivos de eucaliptos
y de pinos. Parte de esa oposición es el resultado de años de
campañas y denuncias concretas de organizaciones ambientalistas,
sociales y sindicales locales, que han venido documentando los
impactos de ese modelo forestal. Pero también les cabe “mérito”
a las propias empresas forestadoras, cuyas plantaciones han demostrado
tener los impactos anunciados por las organizaciones de la sociedad
civil y cuyas prácticas sociales han dejado mucho que desear.
A
partir del año 2001 aparece en escena el FSC certificando 5.000
hectáreas de plantaciones de la empresa Industrias Forestales
Arazatí (a través de la certificadora SmartWood). Entre quienes
conocían a esa empresa, con su larga tradición de destrucción
ambiental (desecamiento de humedales) y de política antisindical
(que llegó a amenazar a representantes del Sindicato de la Madera
con sacarlos a balazos), quedó de entrada muy claro que, si esa
empresa era certificada, todas las demás también lo serían. Y
efectivamente, así ha sido. Una tras otra, las empresas que solicitan
la certificación la logran, pero los impactos continúan y se agravan
a medida que las plantaciones –certificadas o no– cubren extensiones
cada vez mayores en distintas zonas del país.
En
agosto de 2005 había siete empresas con plantaciones certificadas
por el FSC en Uruguay, con un área total certificada de 133.711
hectáreas. De las mismas, cinco tenían áreas plantadas de más
de 5.000 hectáreas, en tanto que dos eran pequeñas plantaciones
(31 y 184 hectáreas respectivamente). En cuanto al origen del
capital, dos eran extranjeras (la finlandesa COFOSA y la española
EUFORES) y las restantes nacionales. Cinco fueron certificadas
por SGS Qualifor, en tanto que dos lo fueron por SmartWood (Rainforest
Alliance).
Un trabajo
de campo del WRM llevado a cabo a fines de 2005 y publicado en
marzo de 2006 ("Maquillaje Verde.
Análisis crítico de la certificación de monocultivos de árboles
en Uruguay por el FSC", al
que se puede acceder en
http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.pdf), describe
a las principales empresas certificadas en Uruguay (EUFORES, COFOSA,
FYMNSA, COFUSA) y llega a la conclusión de que ninguna de las
cuatro empresas analizadas cumple con el mandato explícito del
FSC, que plantea que “El Consejo de Manejo Forestal (FSC) promoverá
el manejo ambientalmente apropiado, socialmente
beneficioso y económicamente viable de los bosques [sic] del mundo”.
En
el boletín Nº 104 del WRM, sobre Uruguay, hicimos referencia a
los resultados del estudio. Los graves impactos sobre el agua,
la flora --con especial afectación de la pradera, principal ecosistema
del país y base de la producción agropecuaria--, la fauna y el
paisaje revelan que las plantaciones certificadas no cumplen las
condiciones de manejo “ambientalmente apropiado” de los recursos
naturales.
Por
otro lado, la promoción de las plantaciones de monocultivos de
árboles ha provocado diversas tendencias. Los beneficios empresariales
del modelo forestal se optimizan en condiciones de latifundio,
con lo cual se ha producido un incremento de la compra de grandes
extensiones de tierra –en gran medida por parte de empresas extranjeras.
A su vez, se trata de una actividad excluyente de otras actividades
productivas por los impactos que provoca en las mismas, contribuyendo
así al despoblamiento de la campaña. Además
el empleo que han generado ha sido precario, zafral y tercerizado.
Todas estas circunstancias dan por tierra con el requisito de
manejo “socialmente beneficioso”.
En
cuanto al requisito de constituir una actividad “económicamente
viable”, lo constatado es que de no ser por la enorme subvención
directa e indirecta --desde exoneraciones hasta construcción y
mantenimiento de caminería-- recibida por el Estado, es decir,
el pueblo uruguayo, seguramente la forestación no se habría desarrollado
en el país.
Por
último, en el caso concreto de Uruguay, la certificación de estas
plantaciones no contribuye a promover el manejo sustentable de
los bosques (que están protegidos por ley) y en cambio, avala
la destrucción completa del principal ecosistema del país (la
pradera).
La
certificación implica, además, un debilitamiento de la oposición
local, puesto que las empresas reciben un sello supuestamente
“verde” otorgado por una institución prestigiosa en la que participan
activamente ONGs sociales y ambientales, que además fueron quienes
crearon y promovieron este esquema de certificación.
Por
otro lado, esas certificaciones erosionan la credibilidad del
FSC, cuyo cometido original apuntaba a la protección de los bosques
mediante su manejo adecuado. El propio hecho de que el FSC considere
que las plantaciones son “bosques” va en desmedro de su credibilidad,
a lo que se suma la certificación de grandes monocultivos de árboles,
que de hecho implica que los declara como “ambientalmente apropiados,
socialmente beneficiosos y económicamente viables” (tal como define
su mandato).
inicio
MÁS
CUESTIONAMIENTOS DE PLANTACIONES CERTIFICADAS
El WRM
ha difundido mucha información sobre la
certificación de plantaciones, la que incluye
dos libros, dos boletines especiales y numerosos artículos
sobre un gran número de países (véase
http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/inicio.html).
En esta sección se incluyen algunos casos recientes que en nuestra
opinión merecen ser atendidos en la revisión de la política de
plantaciones del FSC.
- Australia: monocultivos forestales certificados
en tela de juicio debido a las fumigaciones aéreas y la pérdida
de la biodiversidad
Actualmente
las principales empresas de plantaciones certificadas por el FSC
que operan en Australia son: Albany Plantation Forest Company
Pty Ltd (23.509 hectáreas), Timbercorp Forestry Pty Ltd
(97.000 hectáreas), Integrated Tree Cropping Limited (166.536
hectáreas) y Hancock Victorian Plantations Pty Limited (246.117
hectáreas).
Entre
los principales impactos concernientes a la certificación de las
plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus) recientemente
establecidas en Australia se cuentan los sistemas de fumigación
aérea con plaguicidas y la consiguiente contaminación del agua
potable. Puede hacerse por ejemplo un seguimiento
de los problemas en las zonas de captación de agua (que brindan
agua potable a miles de habitantes del estado
de Victoria) relacionados con las fumigaciones aéreas de
las plantaciones de Hancock en:
http://www.forest-network.org/Docs/amis_fsc_05-04.htm
Brenda
Rosser, de la red de defensa del agua Tasmanian Clean Water Network,
informó sobre los impactos sanitarios provocados por el uso incontrolado
de plaguicidas en Tasmania: una ola de casos de cáncer y complicaciones
neurológicas y el aumento de la tasa de incidencia del linfoma
no-Hodgkins, cáncer de próstata, cáncer de tiroides y todos los
cánceres combinados, así como el porcentaje más alto de diabéticos
de Australia y tasas de enfermedades coronarias, obesidad, hipertensión
y colesterol alto más elevadas que en los otros estados australianos
(véase el boletín Nº 97 del WRM).
La conclusión de Brenda Rosser sobre la Revisión FSC es que “Si
para el FSC la “sustentabilidad” sigue siendo un objetivo vago
y confuso, el FSC se transformará (y creo que ya puede haber ocurrido)
en nada más que un medio corporativo para mejorar la imagen de
la industria ‘forestal’ ”.
inicio
- Colombia: la increíble
y triste certificación de las plantaciones de Smurfit
En
el año 2003 el WRM realizó una visita de campo a Colombia para
conocer y recoger testimonios de las comunidades afectadas por
las plantaciones de la empresa Smurfit. En aquel momento, plasmábamos
en un artículo lo siguiente:
“
…La gente local nos dijo que ‘las plantaciones han acabado con
el agua’, que ‘las fumigaciones acaban con todo lo que hay en
el suelo’, que ‘casi no hay fauna’, que antes había ‘nubes de
pájaros’ y que ‘ahora sólo en verano aparece algún pájaro, pero
en invierno no’ y que ‘se acabó también el pescado’.
Con
respecto al empleo, nos informaron que ‘todo el trabajo se hace
a destajo’ (por contratistas) y que ‘el contrato implica trabajar
como dos y cobrar como uno’. Sólo sobrevive el más fuerte: ‘si
[el trabajador] no llega al rendimiento, lo sacan; la persona
no puede tener más de 40 años y todos tienen que ser fuertes para
llegar a ese rendimiento’. En materia de organizaciones de trabajadores,
no sólo no hay sindicato sino que ‘el que gruñe va para afuera’
y ‘por aquí no se comenta nada’.”
En
aquel momento pensábamos que, con ese currículum, era imposible
que alguna vez las plantaciones de la empresa pudiesen obtener
la certificación de una producción social y ambientalmente
responsable de la madera. Sin embargo, en ese mismo año, a pesar
de su nefasto historial, la Smurfit logró certificar 38.000 hectáreas
de plantaciones. Coincidentemente, en 2003 veíamos con suma preocupación
que, a pesar de sus antecedentes, la Smurfit --a
través de Víctor Giraldo-- integraba el Consejo Directivo del
FSC (Forest Stewardship Council), según datos de la página web
del FSC.
Recientemente
el WRM fue invitado nuevamente a Colombia a recorrer zonas donde
hay grandes extensiones de plantaciones de la misma empresa. La
situación no ha variado un ápice. Por el contrario, los impactos
se han profundizado. Mientras tanto, Smurfit continúa siendo integrante
del Consejo Directivo del FSC.
Por
más información sobre los impactos de las plantaciones de Smurfit
en Colombia, recomendamos leer:
http://www.wrm.org.uy/bulletin/77/Colombia.html
;
http://www.wrm.org.uy/bulletin/107/Colombia.html,
y “Cómo afecta a las comunidades campesinas y a la biodiversidad.
La industria papelera en la zona Andina”, Guillermo Castaño Arcila,
Revista Semillas en la economía campesina, Nº 20, diciembre
de 2005,
http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=24037
inicio
-
Ecuador: la plantación certificada Río Pitzara
de Endesa-Botrosa (*)
En Abril
de 2006, la empresa certificadora alemana GFA Consulting Group
otorgó el sello del FSC a las operaciones madereras de la empresa
Endesa-Botrosa y a sus plantaciones de árboles ubicadas en el
predio Río Pitzará, de 8.380 hectáreas situado en la costa del
Ecuador (GFA-FM/COC-1267). La certificación FSC de Endesa-Botrosa,
perteneciente al Grupo Maderero Durini, significa un duro golpe
para las cientos de comunidades locales campesinas, indígenas
y afroecuatorianas, cuyos bosques y modos de vida han sido devastados
por esta compañía durante décadas.
Desde el inicio,
el proceso de evaluación de Endesa-Botrosa por la certificadora
GFA ha sido superficial y la certificadora ha ignorado sistemáticamente
el incumplimiento de los Principios y Criterios del FSC por Endesa-Botrosa.
La evaluación se basó en la calificación de un cuestionario, que
GFA envió al inicio de 2005 por correo electrónico a un grupo
de unos 39 personas de ONGs, instituciones y compañías en Quito.
De esta manera GFA no recibió ninguna crítica importante acerca
de la maderera. Cabe señalar, que no todas las personas indicadas
en la lista proporcionada por GFA lo han recibido y otros no han
contestado el cuestionario.
Pero lo más
grave es que GFA no consultó a ni un solo representante de los
dueños de los bosques naturales de donde Endesa-Botrosa se abastece
con más del 73% de la madera utilizada. La mayoría de los bosques
naturales explotados por SETRAFOR, la empresa cosechadora del
Grupo Durini que abastece a Endesa-Botrosa, son degradados irreparablemente
o destruidos totalmente por los madereros, con graves impactos
negativos para la población local. Por otro lado, en Junio 2005
la organización ecuatoriana Acción Ecológica envió una queja detallada
y formal a la certificadora, disponible en http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/Botrosa.html.
En las semanas posteriores se realizaron reuniones con
GFA tanto en el Ecuador como en Alemania, donde se expusieron
las quejas en contra de Endesa-Botrosa.
Según el informe
de certificación de GFA, el predio Río Pitzara de Endesa-Botrosa
está localizado entre las provincias de Esmeraldas y Pichincha.
Su vegetación natural es de Bosque Húmedo Tropical y Bosque Húmedo
Premontano. La plantación ocupa 5.406 hectáreas, a las que se sumarán
otras
1.800 hectáreas en los próximos años.
En
el informe no se indican datos concretos y detallados sobre cuándo
y en qué circunstancias la tierra fue adquirida por y adjudicada
a Endesa-Botrosa, ni acerca de quiénes han sido los dueños anteriores
o su uso y vegetación original. Sin embargo, precisamente en esta
zona, la adjudicación de tierras a Endesa-Botrosa ha provocado
duros y todavía no resueltos conflictos, denuncias por parte de
campesinos locales y de la ONG Acción Ecológica, además de investigaciones
y fallos en contra de la compañía por parte de instituciones públicas.
Un caso bien
documentado es el del predio de 3.123 hectáreas El Pambilar, concedido
a Botrosa en 1998 por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
(INDA). Después de más de dos años de violentos enfrentamientos
entre campesinos y personal de la compañía, denuncias e investigaciones
oficiales, el Ministerio del Ambiente confirmó en 2000 que 90%
(2.830 has) de las tierras se encuentran dentro del Patrimonio
Forestal del Estado (PFE) y que fueron ilegalmente adjudicadas.
El Ministerio decidió que Botrosa debía devolver estas tierras
al Estado y el Tribunal Constitucional resolvió que los campesinos
debían ser indemnizados por la empresa por los daños causados.
Por otro lado,
el manejo de las plantaciones forestales de Endesa-Botrosa es
deficiente. Un estudio de la GTZ de plantaciones con la especie
Pachaco (Schizolobium parahyba) en 1997, describió que “sólo fue
posible determinar una limitada sostenibilidad en la producción
de madera” y que “faltan elementos fundamentales de un concepto
sostenible de manejo forestal”. “En especial se constataron deficiencias
en el reconocimiento del sitio forestal, del suelo y en el análisis
de nutrientes, así como en la adaptación de la maquinaria a las
pequeñas dimensiones de la madera y en especial en la capacitación
de los operadores”. También se observó en las plantaciones que
muchos árboles se enferman a partir de los siete años y finalmente
mueren y que “una creciente parte de los árboles en las superficies
más viejas de la plantación estaban en un estado muy malo”. Como
consecuencia, la empresa perdió unas 2.500 hectáreas de plantación
con Pachaco.
En otro estudio
se indica que las plantaciones de la especie africana Terminalia
superba en Río Pitzara se realizaron en bosque secundario y que
la vegetación natural fue cortada para establecer la plantación.
Peor aún, según la lista roja de la IUCN, la zona del Río Pitzara
es el único hábitat de una especie de rana muy rara en peligro
de extinción: la Rio Pitzara Robber Frog (Eleutherodactylus helonotus).
Esta rana se ha encontrado solamente en dos lugares cercanos al
Río Pitzara, en un área total de menos de 10 kilómetros cuadrados.
La conversión de su hábitat natural en plantaciones industriales
de árboles puede significar la extinción de la especie.
Fuera de su
plantación existe otro requerimiento muy importante del FSC, que
Endesa-Botrosa no está cumpliendo. Toda la madera no certificada
procesada por la empresa tiene que ser “madera controlada”, lo
que significa madera legalmente aprovechada.
En resumen,
las ilegalidades en las que Endesa-Botrosa ha estado involucrada,
tales como la adjudicación ilegal de tierras del Patrimonio Forestal
del Estado a la compañía, el violento conflicto sobre las tierras
con los campesinos locales y los crímenes cometidos contra ellos,
la tala de remanentes de bosques y el hecho de que eventualmente
la zona de bosque donde se estableció la plantación de Río Pitzara
constituye el único hábitat de una especie animal en peligro de
extinción, no permiten la certificación forestal FSC de la plantación.
Sin embargo, hoy ostenta el sello del FSC.
Por Nathalia Bonilla, Acción Ecológica, correo electrónico:
foresta@accionecologica.org
y Klaus Schenck,
correo electrónico: klaus@regenwald.org
(*) Endesa-Botrosa
es muy conocida por la gigantesca destrucción que sus actividades
madereras provocan en los bosques ecuatorianos. No obstante, en
este artículo queremos señalar las connotaciones de la certificación
de sus plantaciones, por ser el tema central de este boletín.
inicio
- España: grupos españoles se retiran
del FSC
Organizaciones españolas llevan más de un
año reclamando la cancelación de la certificación de “gestión
forestal sostenible” concedida por el FSC a la filial de la empresa
de celulosa ENCE (Norfor), sin obtener ningún resultado. En junio
de 2005 la “Asociación pola defensa da Ria”, integrante de la
Federación Ecologista Gallega (FEG), hizo llegar a la delegación
en España del FSC la urgente solicitud de cancelación de
la referida certificación (http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/cancelacionNORFOR.pdf)
acompañada de un informe crítico de la certificación de Norfor
(http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/informeNORFOR.pdf).
Solicitaba además que el referido informe fuera enviado al órgano
central del FSC y que éste procediera a la revisión de los demás
procesos de certificación en el mundo con la posibilidad de excluir
al organismo certificador SGS del proceso de certificación.
Debido
a la falta de respuesta por parte del FSC y a que consideran que
la legitimación de la certificación FSC se debe fundamentalmente
a la presencia de grupos ambientalistas en su seno, la Federación
Ecologista Gallega resolvió, por decisión de Asamblea del 20 de
mayo de este año, retirarse del Grupo de apoyo nacional al FSC
en España y solicitar además a los otros grupos ecologistas
españoles que adopten la misma medida (ver http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/Solicitud_FEG.html)
La
organización manifiesta su preocupación por la expansión alarmante
de los monocultivos a gran escala --en especial eucalipto para
la fabricación de celulosa para papel--, con sus efectos de degradación
de los suelos, acelerada pérdida de biodiversidad y desaparición
o “miserización” de comunidades rurales. Identifica, además, que
la certificación del FSC constituye “una de las herramientas que
las empresas están utilizando para obtener sus autorizaciones
y ayudas económicas, además de para reforzar su posición en el
mercado”. Frente a eso, la Federación Ecologista Gallega declara
que “el apoyo del movimiento ecologista al sello no puede ser
un cheque en blanco y tiene sentido en la medida en que detrás
de cada certificación hay una gestión forestal de la que razonablemente
se puede afirmar que es ‘ambientalmente apropiada, socialmente
beneficiosa y económicamente viable’, algo que hoy está muy lejos
de la realidad”.
inicio
-
Irlanda: cuestionan las plantaciones de
Coillte certificadas por el FSC
En los últimos
siglos ha habido una deforestación masiva de las tierras irlandesas.
Lo que se sustituyó, se realizó más que nada con plantaciones
de coníferas exóticas, prácticamente monocultivos, principalmente
a cargo de una empresa: Coillte, que posee
438.000 hectáreas de plantaciones
certificadas.
En 2002, la
empresa Soil Association Woodmark otorgó
a Coillte Teoranta la certificación FSC (antes habían sido certificados
por SGS).
Sin embargo,
la certificación de estas plantaciones ha sido duramente criticada
en Irlanda por varias razones. Algunas de éstas responden a que
estas plantaciones:
-
han contribuido a la contaminación de las aguas debido a la acidificación,
la acumulación de sedimentos y la contaminación con fertilizantes
fosfatados.
-
matan la flora nativa a causa de la enorme disminución de la luz
que llega al suelo.
-
aumentan el riesgo de ataques de insectos y enfermedades (por
ejemplo, ha habido brotes de gorgojo del pino, que antes no se
conocía en Irlanda).
-
son muy susceptibles a los incendios dado el contenido de resina
de las especies no nativas. Este riesgo aumenta en suelos de turba.
-
contribuyen al aumento de los daños materiales debido al drenaje,
la plantación, la construcción de carreteras y la tala.
-
contribuyen a la despoblación y decadencia de los poblados rurales.
El tipo de forestación que se practica actualmente en Irlanda
utiliza procesos muy mecanizados y lleva a que la mano de obra
necesaria sea mínima.
-
destruyen la biodiversidad nativa.
Debido
a lo anterior, la organización Woodland League de Irlanda declaró
que “A pesar de todo esto, Coillte ha logrado obtener la certificación
del FSC según una norma nacional mucho más débil que los principios
del FSC desarrollada por una empresa llamada IFCI”.
Puede
obtenerse más información sobre el caso de las plantaciones de
Coillte en:
http://woodlandleague.org/info/info/IT&F-Coillte&CertificationJan2005.htm
inicio
- Venezuela: certificación
de Smartwood a plantaciones de empresa chilena puesta en tela
de juicio
Lo
que sigue son las conclusiones presentadas en un informe de viaje
(disponible en:
http://www.wrm.org.uy/paises/Venezuela/Gira2006.pdf) de la
investigación realizada recientemente por 4 representantes de
la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles en la
zona donde se encuentran ubicadas las plantaciones de Uverito,
nombre con el se conocen alrededor de 600.000 hectáreas de plantaciones
de pinos instaladas en los Estados de Monagas y Anzoátegui. En
el año 2003, la empresa SmartWood certifica 12 predios, con un
total de 139.650 hectáreas, de la empresa Terranova de Venezuela
(TDV) que forman parte de dichas plantaciones. La empresa TDV
pertenece al Grupo Forestal Terranova con sede en Chile, vinculado
a otras empresas chilenas y a capitales norteamericanos.
“Durante
todo nuestro recorrido a lo largo de la zona de las plantaciones
de pinos pudimos observar poblaciones muy pobres prácticamente
sin servicios. Increíblemente esto también se afirma en el informe
de certificación de SmartWood, que dice que “la mayoría de esos
poblados poseen una situación precaria en vivienda y servicios
conexos de agua, cloaca y recolección de basura, aunado a los
bajos niveles de atención en salud y educación”. Aparentemente
estas plantaciones no han traído a los poblados de la zona mejoras
significativas ni nada parecido a lo anunciado por las empresas
y quienes están vinculados a ellas a la hora de promocionar los
monocultivos forestales. Ni siquiera en poblaciones como Chaguaramas,
donde se nos informó que no había prácticamente gente en el pueblo
cuando pasamos por allí porque la mayoría estaba trabajando en
el vivero de la empresa forestal, se podía constatar que la gente
se viera muy beneficiada por esos empleos. En términos generales
se podría afirmar que desde el punto de vista social estas plantaciones
no han sido socialmente beneficiosas para las comunidades cercanas
a ellas.
La
tierra resquebrajada y los continuos incendios en las áreas de
plantaciones hablan a las claras de un cambio total del ecosistema
natural, que donde ha podido sobrevivir está lejos de tener esas
características. El grado de afectación del ecosistema natural
y los recursos hídricos de la zona, a pesar de que en muchos casos
pueden observarse a simple vista, merecerían un estudio más en
profundidad. Los pocos estudios que se han publicado al respecto
hablan de cambios estructurales importantes en el suelo y afectación
en los recursos hídricos, aunque generalmente lo que se ha analizado
es el grado de afectación que estos factores han producido en
los pinos y no en el ecosistema natural. De las observaciones
que se pudieron realizar a simple vista durante el recorrido se
puede deducir que las plantaciones han generado un ambiente propicio
para que se generen incendios que ocasionaron graves daños ambientales,
sociales y económicos, que los cursos de agua que dependen en
gran medida de los sistemas naturales han sido afectados y que
muchos de los cursos de agua como el Río Morichal Largo se encuentran
contaminados y muy probablemente como consecuencia de la gran
cantidad de agrotóxicos que se utilizan en las áreas de plantaciones.
Desde el punto de vista ambiental la situación amerita por lo
menos un estudio serio de los impactos existentes hasta el momento
antes de continuar con las plantaciones a gran escala.
Finalmente,
desde el punto de vista económico el proyecto de plantaciones
de Uverito ha sido posible no sólo por los 275 millones de dólares
que hicieron falta para establecerlas, tal lo afirmado por representantes
del organismo gubernamental responsable CVG, sino que ha recibido
de parte del gobierno otro tipo de apoyos económicos en infraestructura.
Entre ellos, tal cual lo afirma el gobierno, los 800 millones
de dólares ya entregados por la construcción del puente y otros
tantos millones prometidos para esta obra y para completar las
nuevas carreteras, que como se detalló durante la recorrida beneficiarán
casi exclusivamente a las multinacionales relacionadas a las plantaciones.
No hemos podido averiguar exactamente cuanto ha recibido el Estado
venezolano de la multinacional TDV, aunque sí sabemos que la negociación
ha sido denunciada por fraudulenta y que la razón social de la
empresa TDV, certificada por SmartWood, ha sido sustituida por
la multinacional Masisa. En resumidas cuentas, las plantaciones
y los emprendimientos industriales relacionados a ellas no hubieran
sido posibles si el Estado venezolano no hubiera aportado mucho
más de lo que aparentemente ha recibido y recibirá a cambio”.
A
pesar de que como lo indica el informe durante muchos años hemos
escuchado decir, tanto a representantes de gobierno, de empresas,
académicos/as y hasta a representantes de ONGs venezolanas, que
“las plantaciones de Uverito” no han causado nunca ningún problema
y que además se instalaron en lugares donde antes no había “nada”,
este informe arroja dudas sobre dichas aseveraciones y pone en
tela de juicio el análisis llevado a cabo por SwartWood sobre
la sustentabilidad ecológica, económica y social de dichas plantaciones.
inicio
