El
pueblo costero de Mehuín está ubicado en la zona noroeste de la
Provincia de Valdivia, en los límites de las IX y X regiones y se
encuentra en una pequeña bahía donde desemboca el río Lingue, rodeado
de cerros de la cordillera costera. Tiene una población de aproximadamente
1.700 personas pero convive con 13 comunidades de unos 3.000 indígenas
mapuches-lafkenche que bajan al pueblo a vender sus productos y
a abastecerse. Existen además sectores muy definidos en Mehuín,
con sus propias particularidades culturales. Uno de ellos son los
pescadores artesanales que habitan preferentemente un sector del
pueblo llamado "la caleta", al lado del río Lingue, y
donde se desarrolla gran parte de la vida cotidiana del pueblo.
Hace casi 10 años, la empresa celulósica chilena
Celco S.A. comenzó a hacer estudios en secreto para instalar allí
una fábrica y construir un ducto que llevaría a la bahía
900 litros por segundo de residuos industriales líquidos (Riles).
El proyecto fue aprobado en mayo de 1996 y la resolución
ambiental le daba la posibilidad a Celco de elegir entre dos alternativas
para los residuos líquidos: vaciarlos en un río, instalando un sistema
más moderno, o en el mar distante a 35 kilómetros.
Para
la empresa, la alternativa más barata era llegar al mar,
pero se encontró con la oposición al proyecto de la comunidad de
Mehuín, la cual desde un principio se opuso a la realización de
los estudios convencida de que eso aseguraría su aprobación y ejecución
y la consiguiente contaminación del mar. Se organizó una
campaña de rechazo al uso del mar como basurero de residuos contaminantes
que se llamó NO AL DUCTO.
Ante
esta oposición Celco reaccionó con los mismos argumentos utilizados
en otros conflictos en el país. Lo primero era tratar de imponer
el proyecto como una decisión de la autoridad, y asustar a la comunidad
de que oponerse era un delito. La prepotencia y el autoritarismo
fueron herramientas fuertes y validadas. El segundo paso era convencer
a la gente de los beneficios del proyecto, desprestigiando todo
argumento y grupo que estuviera en contra, en especial a los grupos
ambientales a los cuales se acusaba de terroristas y manipuladores.
El tercer paso era ofrecer dinero, lo cual era fácil para un proyecto
que invertía US$1.400 millones. Se ofreció una escuela nueva, materiales
de trabajo a los pescadores, hasta un muelle para cubrir el ducto
que entraría al mar. También dinero para algunos dirigentes, si
terminaba el conflicto. Además Celco se apoyó en el poder de los
medios de comunicación afines al empresariado, siendo el diario
de Valdivia el más decidido defensor del proyecto.
El
gobierno intentó imponer el proyecto como una decisión tomada por
equipos técnicos, y que cualquier oposición de la comunidad debía
hacerse en el marco de la legislación vigente. Para el gobierno
lo importante era reafirmar su política de crecimiento económico
y ello significaba apoyar toda inversión privada, y el modelo forestal
era parte de este proceso.
Celco
trató de ingresar por mar y tierra a Mehuín para hacer los estudios,
pero se encontró con una comunidad ya muy organizada y que había
logrado sensibilizar a gran parte de la opinión pública. El gobierno
estaba expuesto a la mirada del país y de parte de la comunidad
internacional que miraba con preocupación lo que pasaba en los conflictos
ambientales e indígenas, así como la fuerte represión que se había
visto en algunas zonas mapuches. Ante la inminente derrota, la empresa
y el gobierno negociaron una salida al conflicto: aprobar el proyecto
con la alternativa inicial propuesta en el primer proyecto: vaciar
los residuos líquidos en el río Cruces con un tratamiento ambiental
más moderno, y que garantizaría la menor contaminación.
Pero
a poco de iniciadas las actividades de la fábrica, con su vaciamiento
en el río Cruces, los valdivianos comenzaron a sentir olores pestilentes
que generaron una serie de medidas de reclamo. Peor aún, una amenaza
silenciosa descendía por el río Cruces, un caldo químico conformado
por metales pesados, sulfatos y compuestos organoclorados, alimentados
por un millón de litros diarios de residuos industriales líquidos,
que inundó las aguas del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter
(30 kilómetros aguas abajo de la Planta de Celulosa), provocando
la muerte y migración de miles de cisnes de cuello negro.
La
crisis ambiental despertó la conciencia de miles de habitantes de
la provincia y del país. Después de meses de movilización, el entonces
Presidente Ricardo Lagos, planteó la “solución” a la crisis: verter
los residuos de Celco al mar.
Nuevamente
los mehuinenses --quienes le habían doblado la mano al grupo
económico más poderoso del país y a esa idea de desarrollo nacional
que en forma simplista considera que el crecimiento del país necesita
del sacrificio de algunos, aunque eso signifique la muerte de pequeños
ecosistemas del país-- están en pie de resistencia.
Su objetivo sigue siendo evitar la contaminación de sus aguas y
salvar así su única fuente de sustento. Están convencidos de que
basta la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental por parte
de un gran conglomerado económico como Celco, para que éste sea
aprobado, por lo cual están dispuestos a impedir su realización
en la zona. El principio preventivo y las posibilidades de revertir
una decisión de la autoridad, utilizando los mecanismos de participación
ciudadana, son nulas. Históricamente sólo un 4% de los proyectos
sometidos a este instrumento de gestión han sido rechazados y de
los aprobados no más del 25% son sometidos a una mínima fiscalización,
por lo que no es aventurado concluir que los Estudios de Impacto
Ambiental sólo recogen declaraciones de intenciones que en el mayor
de los casos no se cumplirán.
En
ese contexto ocurrió que la comunidad
de Mehuín despertó el jueves 17 de agosto con la sirena activada
por los vigilantes de los cerros, anunciando la llegada de embarcaciones
al lugar donde Celco debía iniciar las mediciones. Dos remolcadores
contratados por la empresa llegaron a las cercanías de Punta Chanchán,
escoltados por lanchas patrulleras “Chiloé” y “Antofagasta” de la
Armada y un buque de guerra con más de 100 marinos, entre los que
se encontraban algunos hombres encapuchados y botes zodiac dispuestos
para actuar.
En
20 minutos los botes de pescadores llegaron al lugar para enfrentar
la iniciativa. Se sumaron otras 30 lanchas más de Queule, del sur
de la Novena Región, quienes también se oponen al ducto. Los
agentes públicos dispararon a los botes de pescadores en reiteradas
oportunidades, todo lo cual está debidamente filmado. En
la tarde, luego de la cerrada posición de los pescadores, los dos
remolcadores se retiraron hacia el norte y las naves de la Armada
regresaron a Corral y Valdivia.
El
presidente de la Federación de Pescadores de Mehuín, Joaquín Vargas,
expresó que defienden la fuente laboral de más de 400 familias que
viven de la pesca. “Estamos defendiendo el derecho de trabajar en
un ambiente libre de contaminación. Es lo que le corresponde al
Estado, velar por un ambiente libre de contaminación, salvaguardar
el patrimonio de todos los chilenos, como lo dice la Constitución”,
dijo.
A
juicio de Vargas, el estudio de impacto ambiental no es ninguna
garantía para los pescadores, ya que siempre terminan aprobándolos.
“Donde funcionan las plantas de celulosa con Estudio de Impacto
Ambiental los resultados están a la vista. Cerquita lo podemos ver
en Valdivia en el río Cruces. Ahí había cisnes que podían volar,
nosotros, los pescadores, no tenemos alas para volar”.
Ver
video en:
http://www.mehuin-celco.blogspot.com/
Artículo
elaborado en base a información obtenida de:
“El conflicto de Mehuín”, José Araya Cornejo,
http://www.wri-irg.org/nonviolence/nvse23-es.htm; y por información
enviada por Vladimir
Riesco Bahamondes, Acción por los Cisnes, correo
electrónico:
riesco@surnet.cl y por Lucio Cuenca,
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, correo electrónico:
“Segundo intento de la empresa por iniciar estudios
en la zona. Con presencia de buque de guerra y marinos encapuchados
Celco no pudo iniciar estudio para ducto al mar”, Eliab Viguera,
OLCA.
