NUESTRA
OPINIÓN
-
El consumo excesivo de papel: los impactos
de la injusticia
En
el mundo actual existen muchos millones de personas cuyo nivel
de consumo no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Dicho
en lenguaje sencillo, se trata de millones de personas –en su
mayoría niños– que sufren hambre y miseria. En contrapartida,
otros millones de personas –aunque muchos menos que los anteriores–
consumen demasiado, sin que ello signifique que sus necesidades
básicas –como seres humanos– se vean así cubiertas.
El
resultado de la situación anterior no es solo un mundo injusto
–que por supuesto lo es– sino un mundo que va derecho al desastre
ambiental. No precisamente por culpa de quienes consumen poco,
sino por quienes lo hacen en exceso. Si bien esto es aplicable
al consumo de prácticamente cualquier producto –desde petróleo
a camarones– el consumo de papel y cartón sirve para ejemplificar
el problema.
El
consumo anual per cápita mundial de papel y cartón fue de 52 kilos
en el 2004 (1) Como ocurre con todos los promedios, éste esconde
la desproporción entre quienes consumen mucho y quienes consumen
poco. En efecto, los ciudadanos de los llamados países “desarrollados”
consumieron en promedio 175 kilos, en tanto que los de los llamados
“en vías de desarrollo”, consumieron apenas 20. Pero también estos
promedios esconden la realidad de que en algunos países del Norte
el consumo es muy superior al promedio -como en los casos de Finlandia
(334 kgs), Estados Unidos (312) y Japón (250)- y que un consumo
supuestamente “bajo” –por ejemplo, de 20 kilos- puede alcanzar
perfectamente para cubrir las necesidades básicas de papel.
El
tema es que ese consumo excesivo genera graves impactos sobre
la vida de millones de personas en el Sur. En efecto, ese papel
y cartón se produce a partir de celulosa, para cuya elaboración
se requiere madera, que crecientemente proviene de enormes monocultivos
de árboles, en particular eucaliptos, pinos y acacias.
Dichos
monocultivos se instalan en regiones que reúnen varias condiciones:
rápido crecimiento de los árboles, acceso a amplias áreas de tierra
fértil y barata, bajo costo de mano de obra, disponibilidad de
subsidios y apoyos estatales, escaso control ambiental. Es decir:
básicamente en el Sur.
El resultado es el mismo en país tras
país: latifundización y extranjerización de la tierra, concentración
de poder, expulsión de la población rural, pérdida neta de empleos
a nivel local, agotamiento de suelos y recursos hídricos, pérdida
de biodiversidad. Pese a las promesas de “desarrollo” que acompañan
a las plantaciones, los impactos no hacen más que agravarse a medida
que se incrementa el área plantada, como es fácilmente percibido
en países con millones de hectáreas de plantaciones como Sudáfrica,
Brasil, Chile e Indonesia.
El problema se agrava aún más cuando se
instalan fábricas de celulosa para exportación en la cercanía de
las áreas plantadas, con los consiguientes impactos socioambientales.
Aracruz y Veracel en Brasil, Arauco en Chile y Argentina, Sappi
y Mondi en Sudáfrica y Swazilandia, Advance Agro en Tailandia, Asia
Pulp and Paper en Indonesia son ejemplos conocidos de los graves
impactos de esta industria.
¿Y todo para qué? Para que la industria
del papel pueda disponer de celulosa abundante y barata para seguir
ampliando sus mercados y aumentando sus ganancias mediante la permanente
invención de nuevas “necesidades”.
El
resultado –en particular en el Norte pero también replicado crecientemente
en el Sur- es la imposición de un consumo desmedido de papel.
Los ejemplos abundan. Existe una cantidad impresionante de artículos
descartables de papel y cartón tales como vasos, platos, bandejas,
servilletas y hasta manteles que están sustituyendo –a nivel masivo-
a sus similares duraderos. Es ahora común que cuando una persona
adquiere un producto cualquiera –un juguete, un reloj, un par
de zapatos- éste viene envuelto en papel, dentro de una caja de
cartón y es entregado al comprador en una bolsa de papel. Los
hogares de las personas son invadidos cada mañana por correspondencia
no solicitada consistente en publicidad impresa en papel. En definitiva,
toda persona es forzada a consumir una dosis diaria de papel y
cartón que nunca pidió ni quiso consumir.
El
tema trasciende entonces a la responsabilidad del consumidor individual
y se enmarca en el plano más amplio de la sociedad de consumo.
Por tanto, no se resuelve simplemente culpabilizando al individuo,
sino que se trata de un tema que debe ser resuelto a nivel de
la sociedad en su conjunto.
En
ese plano, las sociedades del Norte deben llegar a comprender
que su estilo de vida –en el que el consumo ocupa un lugar exagerado–
está afectando las posibilidades de supervivencia de personas
con sus mismos derechos en otras partes del mundo. Al mismo tiempo,
deben entender que ese consumo desmedido está llevando al planeta
al desastre ambiental, que ya se evidencia en el cambio climático,
el agotamiento y contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad,
entre otros.
El
uso excesivo e innecesario de papel y cartón es sólo un ejemplo
de muchos otros posibles, pero puede servir para desencadenar
el necesario debate –en particular en el Norte– sobre los límites
que deben ponerse al consumo y para identificar mecanismos para
hacerlo posible. Las sabias palabras de Gandhi –“ El mundo alcanza
para cubrir las necesidades, pero no la codicia de todos”– pueden
servir para iluminar ese debate.
(1)
World Resources Institute.- Resource Consumption: Paper and paperboard
consumption per capita
http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=9&variable_ID=573&action=select_countries
inicio
COMUNIDADES Y BOSQUES
-
Papúa Nueva Guinea: madereo a gran escala
y violaciones de los DDHH
La
historia social, política y económica de Papúa Nueva Guinea llevan
la impronta de sus bosques tropicales. Estos bosques, que cubren
el 60% de la masa terrestre del país y son en su mayor parte impenetrables,
han limitado el comercio, han definido las leyes consuetudinarias
y han perfilado la vida y la cultura. Cuando el mundo piensa en
Papúa, imagina sus bosques.
En
la actualidad el madereo de estos sistemas de vida sin par está
corroyendo la sociedad y la política papúas, dejando a cambio
beneficios económicos mínimos y una seguidilla de efectos alarmantes
en la región.
La
industria maderera de Papúa Nueva Guinea está dominada por un
puñado de empresas malayas, la mayor de las cuales es Rimbanan
Hijau. Esta industria es sinónimo de corrupción política, extorsión
policial y represión brutal de los trabajadores, las mujeres y
todo aquél que cuestione su proceder. En sus operaciones, la destrucción
de las fuentes de agua y alimentos y la propiedad cultural de
estas mismas comunidades es de rutina. Son caldo de cultivo del
contrabando de armas, la corrupción y la violencia en todo el
país. A cambio, la industria no genera beneficios económicos duraderos
a las comunidades de los bosques, ocasiona considerables costos
a largo plazo y contribuye con un modesto 5% al presupuesto
nacional.
Este
historial está lejos de cumplir con el cuarto Objetivo Nacional
de Papúa Nueva Guinea, establecido al obtener la independencia
en 1975 – de que sus “recursos naturales y medio ambiente ...
se conserven y utilicen para el beneficio colectivo de todos nosotros
y que se renueve en aras del beneficio de las generaciones futuras”.
La
industria maderera compra influencias en Papúa mediante donaciones
políticas, patrocinio público, grupos de presión y los medios
de comunicación que poseen. Las empresas simplemente “compran”
los derechos a las zonas de madereo, sin más trámite. Los jerarcas
del gobierno interponen proyectos madereros en favor de estas
empresas. La influencia de la industria sobre el gobierno de Papúa
se extiende mucho más allá de lo forestal. Una empresa,
Rimbunan Hijau, controlada por la multimillonaria malaya Hiew
King Tiong, tiene acciones en los sectores financiero, medios,
tecnología de la información, inmobiliario, minorista, imprentas
comerciales, viajes y transporte marítimo. Estos intereses trascienden
las fronteras de Papúa. El grupo Tiong tiene inversiones en medios
de comunicación en China, Malasia, Camboya, Hong Kong, Papúa Nueva
Guinea, Canadá y EEUU, así como una radio en Nueva Zelanda. Entre
las inversiones de Tiong en Australia se cuentan el complejo comercial
Harbourside, en Darling Harbour, Sydney, y empresas que dan cuenta
del 10% del cultivo de mango de ese país.
Sin
una acción internacional concertada, la reforma de la industria
maderera de Papúa es una perspectiva lejana. Dentro del país la
corrupción ha sofocado la voluntad de hacer valer las leyes existentes
contra los intereses de las empresas madereras. En los casos en
que se inició acción legal, quienes lo hicieron fueron atacados
física y comercialmente.
En
Papúa, la capacidad y la voluntad política de defender los derechos
jurídicos y los derechos humanos están siendo socavadas por, entre
otros, la propia industria maderera. Siguen
algunos ejemplos de circunstancias perturbadoras de violaciones
de los DDHH:
*
Denegación del debido proceso de apropiación de la propiedad.
El proceso mediante el cual el gobierno de Papúa Nueva Guinea
compra derechos sobre la madera a las comunidades propietarias
de las tierras y luego emite “licencias de extracción” a las empresas
madereras tiene graves errores y termina significando la apropiación
ilegal de tierras boscosas por parte de los madereros.
*
Detención arbitraria de propietarios de tierras y brutalidad física
por parte de la policía. A los intentos de restringir esta
apropiación se está respondiendo con brutalidad. A veces la policía
hace doble jornada y trabaja también para las empresas madereras.
Entre las atrocidades documentadas se cuentan golpizas a los pobladores
que iniciaron acciones legales, encarcelamiento sin cargos, quema
de viviendas y cultivos, matanza de animales domésticos con fusiles
M16 y hombres obligados a punta de revólver a realizar actos homosexuales
entre sí.
*
Intimidación a las mujeres y abusos. Las mujeres sufren la
vuelta siguiente de esta violencia. Los “hombres grandes” de la
comunidad manejan los tratos con las empreas madereras y algunos
de ellos consideran que las regalías del madereo son “plata dulce”
para gastar en alcohol y armas. Hay casos documentados de abuso
sexual por parte de los trabajadores de las madereras así como
de matrimonios por conveniencia entre trabajadores extranjeros
y mujeres locales.
*
Contaminación de fuentes de agua y alimentos. Lejos de brindar
los beneficios prometidos, el madereo está quitando a la gente
su derecho a una calidad de vida adecuada. Los sedimentos
de bosques talados y carreteras abiertas están contaminando los
ríos y lo mismo ocurre con los productos químicos que se usan
para matar las plagas de la madera y preservar los troncos talados.
Peces, langostas, cerdos salvajes, casuarios, canguros arborícolas
y aves en general, todos ellos alimentos esenciales para las comunidades
locales, han abandonado las zonas taladas.
*
La destrucción de sitios culturales, objetos religiosos y cementerios.
Es muy raro que haya compensaciones por tales actos de profanación,
que niegan los derechos de las comunidades a utilizar su
propia tierra con fines culturales y espirituales.
*
Condiciones de trabajo injustas. Las lamentables condiciones
de trabajo de muchos campamentos madereros vuelven a salir a la
luz. En la Provincia del Golfo han muerto trabajadores y la empresa
los enterró allí mismo en lugar de gastar en la devolución de
los cuerpos a sus familias. A algunos trabajadores de la industria
de la madera no se les pagó, otros han vivido en condiciones de
hacinamiento y antihigiénicas, han trabajado de 7:00 de la mañana
a 7:00 de la tarde o, puesto que la única opción es el transporte
de la empresa, han sido forzados a permanecer en el área de trabajo
más allá de su voluntad de quedarse.
Las
violaciones de los derechos humanos florecieron gracias al aislamiento
físico de las comunidades madereras y a la corrupción y los recursos
inadecuados del gobierno de Papúa Nueva Guinea. Estas mismas condiciones
han permitido el tráfico internacional de armas, madera y seres
humanos. Se está socavando la seguridad de la región y no apenas
la administración y el gobierno de Papúa Nueva Guinea.
En
Papúa, quienes más saben de manejo forestal sustentable son los
habitantes locales. Sin embargo no se permite que este saber entre
en el proceso de la administración forestal, contrariamente a
los Objetivos Nacionales y Principios Directivos de Papúa Nueva
Guinea.
Debe
establecerse de inmediato una moratoria al otorgamiento y la renovación
de todos los permisos de madereo. El modelo actual no está funcionando.
Extraído
de: "Bulldozing Progress: Human Rights Abuses and Corruption
in Papua New Guinea's Large-scale Logging Industry", por
The Centre for Environmental Law and Community Rights y The Australian
Conservation Foundation, 2006,
http://www.acfonline.org.au/uploads/res_ACF-CELCOR_full.pdf
inicio
- Colombia: el pueblo
Bari se pronuncia por su territorio
El
pueblo Bari, una minoría perteneciente a la familia Arawak denominada
Los Hijos de la Selva, habita la Cuenca del Catatumbo, en el Departamento
del Norte de Santander. Los Motilón Bari tienen una lengua denominada
Bari-ara y una estructura de organización política y social interna
y externa propia. Su máxima autoridad es el Consejo Autónomo de
Caciques, integrado por 23 caciques pertenecientes a las 23 comunidades
del pueblo indígena Motilón. Su economía está orientada al autoabastecimiento
por lo que la defensa de su territorio implica la defensa de los
bienes naturales que son la base de su existencia.
A
lo largo de los años, los Motilón Bari han sufrido la pérdida
constante de su territorio en función de poderosos intereses comerciales
que han buscado lucrar con las riquezas de su territorio. Su integridad
volvió a estar en peligro cuando en mayo de 2005 el Ministerio
del Medio Ambiente autorizó el funcionamiento de la empresa petrolera
ECOPETROL (ver boletín del WRM Nº 106), pese a numerosas fallas
graves que tenía el Estudio de Impacto Ambiental presentado inicialmente.
Pero
no termina ahí la violación de los derechos humanos de los Bari.
Además de la presencia militar en su territorio, en respaldo a
los megaproyectos, que afecta la libre circulación y la realización
de actividades culturales y de subsistencia de este pueblo, se
agrega ahora la preocupación por las intenciones que tiene el
gobierno central de fumigar incluso en zonas como parques naturales.
Esto afectaría el territorio Bari contaminando las fuentes de
agua, los cultivos de subsistencia y las especies animales de
las cuales los Bari se alimentan, lo cual finalmente incidirá
en la salud de los miembros de las comunidades.
Frente
a esta situación, el Consejo Autónomo de Caciques Bari, Asociación
de Comunidades Motilón Bari de Colombia “Asocbari”, celebrarán
el 12 de octubre próximo en Tibú, norte de Santander, una audiencia
pública bajo la consigna de “Por
nuestro territorio nos vamos a pronunciar”, con
el fin de:
“1.
Convocar a las autoridades e instituciones del Estado para que
se comprometan en la solución de las Problemáticas del Pueblo
Indígena Bari y exigir explicaciones sobre las decisiones que
éstas han tomado y vulneran los derechos del Pueblo Indígena.
2.
Visibilizar la grave vulneración y violación de derechos del Pueblo
Indígena Bari, con ocasión del desconocimiento de nuestra presencia
en Socbacaira, territorio ancestral donde se desarrolla el proyecto
de exploración y explotación de Petróleo (Pozo Álamo I).
3.
Presentar a las autoridades, instituciones y al Estado colombiano
las siguientes solicitudes:
- El
reconocimiento de la presencia del Pueblo Bari en sus territorios
ancestrales
-
La Suspensión de la Ejecución del proyecto de exploración y explotación
Álamo I
-
Que se revoque la Licencia Ambiental 0624 del 15 mayo de 2005,
para la exploración del pozo Álamo I, por las irregularidades
con las cuales fue concedida, entre ellas, la certificación por
parte de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior de
la no existencia de comunidades indígenas en Socbacayra, llamado
por ECOPETROL Álamo I
-
Al Estado Colombiano, a las Fuerzas Militares, ECOPETROL y las
autoridades civiles y militares y organismos de seguridad, cumplir
su obligación constitucional de proteger y garantizar los derechos
de los pueblos indígenas, cesar la violación de esos derechos
y tomar las medidas necesarias para que en el futuro esto no vuelva
a ocurrir”.
Convocatoria
de Asocbari, correo electrónico:
puebloindigenabari@yahoo.es y Corporación Colectivo de Abogados
Luis Carlos Pérez, correo electrónico:
paraquehayajusticia@yahoo.es,
www.colectivodeabogadoslcp.org
inicio
- Celebración del
Día de la Defensa del Manglar el 26 de julio
En
el año 2000 se estableció el Día Internacional de la Defensa del
Ecosistema Manglar, eligiéndose para su celebración el 26 de julio,
fecha muy significativa para el movimiento latinoamericano encabezado
por la Red Manglar. El 26 de julio conmemora aquel día de 1998
en que Hayhow Daniel Nanoto, activista de Greenpeace originario
de Micronesia, murió de un paro cardíaco mientras participaba
de una acción de protesta masiva encabezada por FUNDECOL y Greenpeace
Internacional. Durante esta acción, la comunidad local de Muisne
se sumó a las ONG para desmantelar un estanque de camarones ilegal
en un intento por recuperar esta zona dañada y volverla a su estado
anterior de manglar. A partir de la muerte de Hayhow, FUNDECOL
y otros han conmemorado esta fecha como el día para recordar y
renovar los esfuerzos para salvar los manglares.
En
2003, Mangrove Action Project y la Red Manglar aunaron sus fuerzas
para alentar a los pescadores de todo el mundo a que se les unieran
en el Día de la Defensa del Manglar formando flotillas en protesta
contra la expansión destructiva del cultivo del camarón en sus
zonas. Este llamado a la acción obtuvo respuestas positivas de
Bangladesh, India, Malasia, Ecuador, Brasil, Colombia, México,
Honduras, Nigeria, Senegal, Kenya, Europa y EEUU.
Desde
entonces, cada 26 de julio se ha convertido en el día mundial
de conmemoración de los manglares. La consigna de este año fue
“Manglar, nuestro patrimonio natural”. Según la Red Manglar latinoamericana,
cuya base está en Ecuador, “Los manglares son nuestro patrimonio,
nuestra fuente de vida, nuestro sustento diario, nuestro lugar
de trabajo, nuestra despensa ... nuestro hogar”.
Desde
México hasta el Perú, leemos a diario noticias de contaminación,
tala y devastación de los ecosistemas de manglar a cargo de mega-emprendimientos
hidroeléctricos, turísticos y de acuacultura de camarón. La
contaminación de los esteros, el
dragado de sus canales, las obras civiles proyectadas en detrimento
de estos ecosistemas y la tala indiscriminada de los bosques son
una constante.
Red
Manglar advierte que “En aquellos países en donde la pérdida de
la barrera protectora frente a fenómenos naturales se ha
dado por la tala indiscriminada del manglar, ni siquiera las inundaciones,
huracanes tropicales y ciclones han podido mermar el espíritu
devastador del turismo industrial, incapaz de virar sus ojos hacia
lo acontecido en el Asia hace apenas año y medio cuando el cruento
tsunami arrasó a magníficas instalaciones turísticas y por supuesto,
a poblados enteros”.
En
Bangladesh, el Instituto de estudios para el medio ambiente y
el desarrollo organizó una charla-debate para el Día de la Defensa
del Manglar. Los oradores advirtieron que la destrucción de los
manglares empeoraría los sufrimientos siempre en aumento de las
personas más pobres del mundo en las zonas costeras, destruyendo
su capacidad de resistencia frente a ciclones, olas de marea y
tsunamis. Afirmaron que “la destrucción de los manglares deja
a nuestros ecosistemas expuestos. Aprendimos de nuestra experiencia
con el tsunami asiático más reciente que los manglares protegieron
Bangladesh y la costa sudeste de India del ataque devastador de
la ola. Los manglares de los Sunderbans
sustentan la vida en la tierra y es necesario proteger y conservar
los mangles aun más pues cada vez es más probable que haya tsunamis,
ciclones y subidas del nivel del mar”.
También
el Centro para la Conservación Ambiental Costera (CCEC) de Bangladesh
ha iniciado un programa para la protección de los ecosistemas
costeros del sudoeste del país, en particular en el pólder 30
de Batiaghata Upazilla (subdistrito), para lo cual conformó la
sociedad de protección de los manglares Mangrove Protection Society,
de 51 miembros. Están pensando en llevar a cabo la actividad en
el pólder 32 de Dacope, adyacente al Sundarban, el sitio declarado
Patrimonio Mundial por UNESCO.
En
India, COPDANET! organizó concursos de arte, dibujo y pintura
para escolares haciendo énfasis en el de la Defensa del Manglar,
que se celebró a gran escala con un acto, una concentración pública
y la distribución de los premios a cargo de altos funcionarios
de la administración de bosques.
En
cuanto a África, la ONG local Congo Nature Conservation conmemoró
el día internacional recibiendo mensajes y llamados telefónicos
en adhesión al programa congoleño de manejo sustentable de los
manglares amenazados por la planificación urbana, la contaminación
marina provocada por el petróleo, las malas técnicas pesqueras,
etc.
Como
afirma Mangrove Action Project, “En el mundo se está generando
un impulso para asumir la responsabilidad de la defensa, conservación
y recuperación de este ecosistema severamente amenazado, puesto
que es herencia de nuestras naciones y territorio de las comunidades
usuarias ancestrales”.
Artículo
basado en información enviada por Alfredo Quarto, Mangrove Action
Project (MAP), correo electrónico:
,
http://www.earthisland.org/map/map.html
inicio
- Vínculos culturales con el bosque: la
trama de la salud
Numerosos sistemas
culturales están íntimamente interconectados con el bosque, sea
por quienes viven dentro del bosque o en sus límites (incluso
habitantes de ciudades e investigadores que estudian las culturas).
Las culturas con base en el bosque han evolucionado dentro de
ese entorno natural y su supervivencia requiere que ese ambiente
se conserve.
Dentro
de los vínculos culturales con el bosque figuran la subsistencia,
la generación de ingresos, las plantas medicinales, los roles
de género, los sistemas de conocimiento y simbólicos y los lazos
espirituales. Fundamentalmente, este tipo de interconexión entre
cultura y bosque crea elementos importantes para el significado
de las vidas de las personas. Sin el bosque, esas personas pueden
quedar indefensas. Cuando se destruye el bosque, los aspectos
asociados de su cultura también quedan afectados. Esto a su vez
es motivo tanto de problemas de salud mental como de pérdida de
sistemas de conocimiento relacionados con el bosque. Y es aún
más probable que sufran efectos cuando la destrucción del bosque
se lleva a cabo sin planificación alguna, sin que medie algún
tipo de control o cuando es iniciada desde afuera, provocando
sentimientos de desempoderamiento, inferioridad e impotencia entre
la población local.
La
salud mental de las personas ha estado estrechamente asociada
a la idea de integridad cultural: viven y mueren dentro de un
determinado contexto cultural y ecológico, y de esos contextos
derivan el significado de sus vidas –un componente central del
bienestar humano (y por lo tanto de la salud). Cuando esos contextos
cambian –ya sea por índices de deforestación acelerados o por
la exposición a culturas extrañas o a otras fuerzas- las personas
suelen sufrir consecuencias emocionales y físicas adversas.
La
enfermedad mental puede destruir tanto la motivación como la capacidad
para manejar con eficacia los recursos que resten. La pérdida
de conocimientos ambientales puede tener un efecto similar. A
esto le sigue un círculo vicioso que impacta aún más negativamente
en el ambiente.
Hay
una variedad de enfoques sobre salud y enfermedad entre los pueblos
del bosque. Esas diferencias culturales pueden explicar las respuestas
a veces negativas de estos pueblos a los criterios médicos y de
salud pública basados en la noción de la universalidad de las
preferencias, necesidades y creencias de la atención de la salud
humana. Tratar de curar una enfermedad sin comprender las interpretaciones
locales de sus causas a menudo da como resultado un tratamiento
ineficaz, falta de continuidad por parte de los pacientes, y mala
administración de los medicamentos. Los intentos por resolver
el hambre pueden ser ineficaces si no se comprenden los conceptos
locales del hambre; un error común es ofrecer alimentos culturalmente
inaceptables. Mantener la salud humana requiere prestar atención
a la naturaleza holística de la cultura y las interconexiones
entre los pueblos del bosque, sus culturas y sus bosques.
El
elemento central de los vínculos entre bosque-personas-salud es
claro, en especial entre los cazadores recolectores y muchos grupos
de agricultura itinerante. Otras cuestiones importantes tienen
que ver con el grado de integración de las creencias y prácticas
en materia de salud con otras partes de los sistemas culturales,
las diferentes orientaciones teóricas y nociones filosóficas sobre
salud y atención de la salud, y la diversidad de criterios sobre
salud y enfermedad que existen en los bosques del mundo. En una
escala más global, la protección de la diversidad cultural puede
servir como una política de seguros contra el exceso de dependencia
en los modelos culturales occidentales.
Para
lograr una comunicación efectiva con los pueblos del bosque es
necesario comprender sus opiniones sobre el mundo y tener apertura
para aprender acerca de sus percepciones. El conocimiento indígena
sobre alimentos y medicinas varía en sus posibilidades de aplicación
más amplias y debería ser evaluado, pero seguramente incluya elementos
útiles para los profesionales de la salud y los estudiosos del
bosque. Un reconocimiento más amplio de los útiles conocimientos
indígenas puede contribuir a la autoestima de los pueblos del
bosque, con resultados positivos para su salud mental.
Permanecer
rígidamente adheridos a una visión occidental de la salud puede,
de hecho, hacer más mal que bien. El uso excesivo y mala administración
de los antibióticos sea tal vez el ejemplo más conocido, pero
otros son la marginación (o incluso penalización) de los sanadores
tradicionales, lo cual reduce el acceso a cualquier tipo de atención
de la salud; la promoción de vegetales occidentales cuando es
posible disponer de vegetales locales más nutritivos; y la reticencia
de los actores médicos formales en reconocer enfermedades mentales
definidas tradicionalmente, lo que provoca un ocultamiento de
tales casos. Los nuevos medicamentos y sus usos pueden ser interpretados
de manera diferente y ser utilizados de manera inadecuada a menos
que quienes los proporcionan construyan un puente de acercamiento
a las opiniones locales sobre salud, enfermedad y tratamiento.
Como numerosos autores han sugerido, los enfoques participativos
de la atención de la salud pueden ser necesarios para mejorar
la salud entre los pueblos del bosque (y otros pueblos).
Extraído
de: “Forests and human health: assessing the evidence”, Carol
J. Pierce Colfer, Douglas Sheil, Misa Kishi, Center for International
Forestry Research (CIFOR), 2006, CIFOR Occasional Paper; No. 45,
http://www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-45.pdf
inicio
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
-
Brasil: Pataxó, eucaliptos y la sustentabilidad
de Veracel Celulose
El
caso de la empresa Veracel Celulose sirve –como tantos otros-
para desnudar las falsedades del discurso empresarial sobre “sustentabilidad”.
Veracel es una empresa moderna, propiedad en partes iguales de
la sueco-finlandesa Stora Enso y de la noruego-brasileña Aracruz
Celulose. Veracel es propietaria de 164.000 hectáreas de tierra,
78.000 de las cuales plantadas con eucaliptos en el estado de
Bahía, donde el año pasado comenzó a funcionar su gigantesca fábrica
de celulosa, con una producción anual de 900.000 toneladas de
celulosa destinadas a la exportación.
En
su página web, Veracel dice que “Respetar el medio ambiente, generar
empleo y renta, promover la mejoría de la calidad de vida de la
población y generar retornos para los accionistas, siguiendo principios
de sustentabilidad, son algunos de los compromisos del emprendimiento”.
No
tenemos la menor duda de que la empresa está seriamente comprometida
en “dar retorno para os accionistas”. Sin embargo su compromiso
en “Respetar el medio ambiente, generar empleo
y renta, promover la mejoría de la calidad de vida de la población"
se demuestra a todas luces falso.
En
efecto, en materia ambiental esta empresa ha sido hallada culpable
de destruir áreas de Mata Atlântica con cadenas, tractores e incendios
a gran escala (ver boletín WRM Nº 102). O sea que su responsabilidad
en materia de conservación ambiental está cuestionada.
En
cuanto a la generación de empleos, está más que demostrado que
las plantaciones de eucaliptos constituyen la peor opción posible,
lo que en los casos de Aracruz y Veracel ha sido documentado en
una investigación reciente disponible en
http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/faseESP.pdf
En
materia social “promover la mejoría de la calidad de vida de la
población” obviamente no se condice con la apropiación de tierras
pertenecientes a pueblos indígenas. Sin embargo, el hecho es que
la empresa continúa con la invasión de las tierras tradicionales
del pueblo indígena Pataxó, tal como lo afirmaron los propios
indígenas en el Documento Final de la
IV Asamblea del Frente de Resistencia y Lucha Pataxó, realizada
en agosto del 2005. Allí los Pataxó decían que “Esta empresa [Veracel]
ha venido agrediendo a nuestro medio ambiente, cooptando
a nuestra dirigencia con distribución
y promesas de beneficios con el objetivo claro de dividirnos y
continuar invadiendo nuestro territorio ".
Cooptar a las dirigencias como mecanismo de división resulta
antagónico con la afirmación –también extraída de la página web
de Veracel- de que “basa sus relaciones en la transparencia
y la ética”.
A
mayor abundamiento, este año, en el Documento Final de
la V Asamblea del Frente de Resistencia y Lucha Pataxó, los indígenas
y las organizaciones que los apoyan exigieron el “Fin de la plantación
de eucalipto en nuestras tierras que se encuentra bajo el dominio
de la empresa Veracel Celulose, que continúa agrediendo a nuestro
medio ambiente”.
O
sea que esa empresa, que afirma estar comprometida con los principios
de sustentabilidad, continúa manteniendo en su poder tierras pertenecientes
a los Pataxó y plantándolas con eucaliptos, siendo acusada de
continuar agrediendo el medio ambiente. Quizá haya que re-definir
la palabra “sustentabilidad” para adaptarla a las prácticas de
Veracel, ya que en su acepción más aceptada, el uso que de ella
hace es claramente una burla.
Artículo
elaborado en base al Documento final de la V Asamblea del Frente
de Resistencia y Lucha Pataxó y página web de Veracel: http://www.veracel.com.br/pt/
inicio
- Chile: la celulósica
Celco S.A. vuelve a ser enfrentada por la
población de Mehuín
El
pueblo costero de Mehuín está ubicado en la zona noroeste de la
Provincia de Valdivia, en los límites de las IX y X regiones y
se encuentra en una pequeña bahía donde desemboca el río Lingue,
rodeado de cerros de la cordillera costera. Tiene una población
de aproximadamente 1.700 personas pero convive con 13 comunidades
de unos 3.000 indígenas mapuches-lafkenche que bajan al pueblo
a vender sus productos y a abastecerse. Existen además sectores
muy definidos en Mehuín, con sus propias particularidades culturales.
Uno de ellos son los pescadores artesanales que habitan preferentemente
un sector del pueblo llamado "la caleta", al lado del
río Lingue, y donde se desarrolla gran parte de la vida cotidiana
del pueblo.
Hace casi 10 años, la empresa celulósica chilena
Celco S.A. comenzó a hacer estudios en secreto para instalar allí
una fábrica y construir un ducto que llevaría a la bahía
900 litros por segundo de residuos industriales líquidos (Riles).
El proyecto fue aprobado en mayo de 1996 y la resolución
ambiental le daba la posibilidad a Celco de elegir entre dos alternativas
para los residuos líquidos: vaciarlos en un río, instalando un
sistema más moderno, o en el mar distante a 35 kilómetros.
Para
la empresa, la alternativa más barata era llegar al mar,
pero se encontró con la oposición al proyecto de la comunidad
de Mehuín, la cual desde un principio se opuso a la realización
de los estudios convencida de que eso aseguraría su aprobación
y ejecución y la consiguiente contaminación del mar. Se organizó
una campaña de rechazo al uso del mar como basurero de residuos
contaminantes que se llamó NO AL DUCTO.
Ante
esta oposición Celco reaccionó con los mismos argumentos utilizados
en otros conflictos en el país. Lo primero era tratar de imponer
el proyecto como una decisión de la autoridad, y asustar a la
comunidad de que oponerse era un delito. La prepotencia y el autoritarismo
fueron herramientas fuertes y validadas. El segundo paso era convencer
a la gente de los beneficios del proyecto, desprestigiando todo
argumento y grupo que estuviera en contra, en especial a los grupos
ambientales a los cuales se acusaba de terroristas y manipuladores.
El tercer paso era ofrecer dinero, lo cual era fácil para un proyecto
que invertía US$1.400 millones. Se ofreció una escuela nueva,
materiales de trabajo a los pescadores, hasta un muelle para cubrir
el ducto que entraría al mar. También dinero para algunos dirigentes,
si terminaba el conflicto. Además Celco se apoyó en el poder de
los medios de comunicación afines al empresariado, siendo el diario
de Valdivia el más decidido defensor del proyecto.
El
gobierno intentó imponer el proyecto como una decisión tomada
por equipos técnicos, y que cualquier oposición de la comunidad
debía hacerse en el marco de la legislación vigente. Para el gobierno
lo importante era reafirmar su política de crecimiento económico
y ello significaba apoyar toda inversión privada, y el modelo
forestal era parte de este proceso.
Celco
trató de ingresar por mar y tierra a Mehuín para hacer los estudios,
pero se encontró con una comunidad ya muy organizada y que había
logrado sensibilizar a gran parte de la opinión pública. El gobierno
estaba expuesto a la mirada del país y de parte de la comunidad
internacional que miraba con preocupación lo que pasaba en los
conflictos ambientales e indígenas, así como la fuerte represión
que se había visto en algunas zonas mapuches. Ante la inminente
derrota, la empresa y el gobierno negociaron una salida al conflicto:
aprobar el proyecto con la alternativa inicial propuesta en el
primer proyecto: vaciar los residuos líquidos en el río Cruces
con un tratamiento ambiental más moderno, y que garantizaría la
menor contaminación.
Pero
a poco de iniciadas las actividades de la fábrica, con su vaciamiento
en el río Cruces, los valdivianos comenzaron a sentir olores pestilentes
que generaron una serie de medidas de reclamo. Peor aún, una amenaza
silenciosa descendía por el río Cruces, un caldo químico conformado
por metales pesados, sulfatos y compuestos organoclorados, alimentados
por un millón de litros diarios de residuos industriales líquidos,
que inundó las aguas del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter
(30 kilómetros aguas abajo de la Planta de Celulosa), provocando
la muerte y migración de miles de cisnes de cuello negro.
La
crisis ambiental despertó la conciencia de miles de habitantes
de la provincia y del país. Después de meses de movilización,
el entonces Presidente Ricardo Lagos, planteó la “solución” a
la crisis: verter los residuos de Celco al mar.
Nuevamente
los mehuinenses --quienes le habían doblado la mano al
grupo económico más poderoso del país y a esa idea de desarrollo
nacional que en forma simplista considera que el crecimiento del
país necesita del sacrificio de algunos, aunque eso signifique
la muerte de pequeños ecosistemas del país--
están en pie de resistencia. Su objetivo sigue siendo evitar la
contaminación de sus aguas y salvar así su única fuente de sustento.
Están convencidos de que basta la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental por parte de un gran conglomerado económico
como Celco, para que éste sea aprobado, por lo cual están dispuestos
a impedir su realización en la zona. El principio preventivo y
las posibilidades de revertir una decisión de la autoridad, utilizando
los mecanismos de participación ciudadana, son nulas. Históricamente
sólo un 4% de los proyectos sometidos a este instrumento de gestión
han sido rechazados y de los aprobados no más del 25% son sometidos
a una mínima fiscalización, por lo que no es aventurado concluir
que los Estudios de Impacto Ambiental sólo recogen declaraciones
de intenciones que en el mayor de los casos no se cumplirán.
En
ese contexto ocurrió que la comunidad
de Mehuín despertó el jueves 17 de agosto con la sirena activada
por los vigilantes de los cerros, anunciando la llegada de embarcaciones
al lugar donde Celco debía iniciar las mediciones. Dos remolcadores
contratados por la empresa llegaron a las cercanías de Punta Chanchán,
escoltados por lanchas patrulleras “Chiloé” y “Antofagasta” de
la Armada y un buque de guerra con más de 100 marinos, entre los
que se encontraban algunos hombres encapuchados y botes zodiac
dispuestos para actuar.
En
20 minutos los botes de pescadores llegaron al lugar para enfrentar
la iniciativa. Se sumaron otras 30 lanchas más de Queule, del
sur de la Novena Región, quienes también se oponen al ducto. Los
agentes públicos dispararon a los botes de pescadores en reiteradas
oportunidades, todo lo cual está debidamente filmado.
En la tarde, luego de la cerrada posición de
los pescadores, los dos remolcadores se retiraron hacia el norte
y las naves de la Armada regresaron a Corral y Valdivia.
El
presidente de la Federación de Pescadores de Mehuín, Joaquín Vargas,
expresó que defienden la fuente laboral de más de 400 familias
que viven de la pesca. “Estamos defendiendo el derecho de trabajar
en un ambiente libre de contaminación. Es lo que le corresponde
al Estado, velar por un ambiente libre de contaminación, salvaguardar
el patrimonio de todos los chilenos, como lo dice la Constitución”,
dijo.
A
juicio de Vargas, el estudio de impacto ambiental no es ninguna
garantía para los pescadores, ya que siempre terminan aprobándolos.
“Donde funcionan las plantas de celulosa con Estudio de Impacto
Ambiental los resultados están a la vista. Cerquita lo podemos
ver en Valdivia en el río Cruces. Ahí había cisnes que podían
volar, nosotros, los pescadores, no tenemos alas para volar”.
Ver
video en:
http://www.mehuin-celco.blogspot.com/
Artículo
elaborado en base a información obtenida de:
“El conflicto de Mehuín”, José Araya Cornejo,
http://www.wri-irg.org/nonviolence/nvse23-es.htm; y por información
enviada por Vladimir
Riesco Bahamondes, Acción por los Cisnes, correo
electrónico:
riesco@surnet.cl y por Lucio
Cuenca, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales,
correo electrónico: “Segundo intento de la
empresa por iniciar estudios en la zona. Con presencia de buque
de guerra y marinos encapuchados Celco no pudo iniciar estudio
para ducto al mar”, Eliab Viguera, OLCA.
inicio
- Chile: el bosque de
Ñielol - testigo de mentiras sobre bosques y plantaciones
El
cerro Ñielol que se encuentra en la ciudad de Temuco, en la IX
Región de Chile, es fiel testigo de las numerosas mentiras que
se escuchan tanto en esa región como en muchas otras de ese país,
y otros, con relación a los bosques y las
plantaciones.
La
primera de ellas se refiere al hecho de que se quiere confundir
a la gente hablando de bosques cuando en realidad se está hablando
de monocultivos de árboles. Las empresas forestales, primeras
interesadas en esta confusión, utilizan varias expresiones: bosques,
bosques plantados, bosques artificiales, bosques de producción,
bosques de rendimiento. Sin embargo, la diferencia entre bosques
y plantaciones es evidente para cualquier persona que, luego de
recorrer los monótonos monocultivos de pinos y eucaliptos de la
región, llegue al bosque de Ñielol.
Observando
su belleza y su biodiversidad se puede confirmar el hecho de que
estamos en un bosque. Allí es posible encontrar numerosas especies
de árboles nativos tales como Quillay, Roble, Coihue, Luma, Temu,
Nirre, Lleuque, Raulí, Canelo, Maitén, Huala, Hualo, Olivillo,
Peumo, Boldo, Copihue (flor nacional), que a su vez cobijan infinidad
de otras especies animales y vegetales.
A
la entrada del bosque de Ñielol podemos encontrar una prueba más
de la gran diferencia que existe entre un bosque y una plantación.
Un cartel indica que el índice de peligro de incendio en ese bosque
es bajo. En contraposición, los carteles que se encuentran generalmente
al lado de cualquier plantación anuncian todo lo contrario: Alto
peligro de incendio. El motivo de esa diferencia es que los bosques,
generadores de agua, son capaces de conservar la humedad del ecosistema
y por tanto tienden a eliminar la posibilidad de que se generen
incendios. Las plantaciones, conocidas por su capacidad para agotar
los recursos hídricos y resecar los suelos, acrecientan las posibilidades
de la ocurrencia de incendios y numerosos casos así lo demuestran.
El
Ñielol también es testigo para los habitantes de Temuco y para
quienes lo visitan (al menos para quieres puedan pagar la entrada),
de toda la riqueza que ya no está más a disposición de las comunidades,
aunque hayan sido justamente ellas quienes han sabido utilizarlo
preservándolo para las futuras generaciones.
Las
empresas forestales generalmente afirman que son ellas con sus
plantaciones las que alivian la presión existente sobre los bosques.
Nada más lejos de la verdad. Los lugareños afirman que es mentira
que las plantaciones hayan aliviado la deforestación; por
el contrario, ésta se ha incrementado. Uno de los motivos es que
como la madera de las plantaciones es cara e inaccesible para
el uso doméstico, el suministro de leña se hace a expensas de
las escasas áreas de bosques que no fueron destruidas todavía
por las empresas forestales para instalar sus plantaciones.
Es
decir que las empresas plantadoras no solo son directamente responsables
de la deforestación pasada sino que también son responsables de
la deforestación presente. En efecto, la gente del lugar cuenta
que, cuando las empresas están “limpiando el bosque” para suplantarlo
por plantaciones, lo hacen rápidamente y con maquinaria pesada
y así hacen desaparecer cientos de hectáreas en un rato. Una persona
afirma que eso lo acababa de presenciar en la comuna de Cunco,
cercana a Temuco. No es extraño, es un hecho que viene siendo
denunciando desde el año 2003 por diferentes organizaciones. La
mayoría de las denuncias de esta región recaen en la empresa Forestal
Millalemu. Resulta increíble entonces que esa empresa haya sido
certificada por el FSC y nominada a postular al premio por el
Consejo Consultivo Regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente,
CONAMA.
Por su parte,
diversas organizaciones sociales de distintas regiones del país,
se reunieron el 28 de Julio pasado en la ciudad de Temuco. Concientes
de que el modelo forestal chileno está siendo impulsado en muchos
otros países latinoamericanos y el resto del mundo como ejemplo
de desarrollo, describen en una carta abierta los impactos negativos
que los monocultivos forestales han causado a las comunidades
en su territorio:
“Nuestros ricos
bosques, de los cuales nuestras comunidades se alimentaron y vivieron
durante cientos de años han sido sustituidos en su gran mayoría
por monocultivos forestales de los cuales no obtenemos beneficios
las comunidades.
Los monocultivos
forestales han afectado el nivel de agua de nuestros ríos y arroyos
y han producido una reducción de la diversidad de especies arbóreas
y de su flora y fauna asociada. También han causado otros daños
ambientales como la erosión y degradación del suelo, la aparición
de plagas y enfermedades y problemas en la salud de las comunidades
por el uso de venenos para combatirlas. Las investigaciones de
árboles transgénicos que ya se están llevando a cabo en estas
regiones sólo agravarán aun más los impactos ambientales negativos.
Los monocultivos
forestales no han aumentado las fuentes de trabajo, ni han mejorado
el nivel de vida de las comunidades cercanas a ellas como lo han
anunciado sus promotores durante décadas sino que las han empobrecido
cada vez más, han generado trabajo esclavo con alto nivel de riesgo,
ha aumentado la inseguridad laboral y la migración del campo a
la ciudad. Las dos regiones más forestadas del país encabezan
las de mayor índice de pobreza.
La gran mayoría
de las tierras de las comunidades pasaron a manos de grandes empresas
transnacionales y poderosos grupos económicos que se han beneficiado
por el Decreto Ley 701 de subsidio a la forestación, dictado en
octubre de 1974, a un año de instaurada la dictadura militar,
y vigente hasta el día de hoy. A este subsidio su sumaron créditos
especiales para realizar las plantaciones y la eliminación de
tributaciones tanto sobre la tierra como sobre las plantaciones.
La liberalización total del mercado de productos forestales promovió
aun más la expansión forestal, ya que eliminó cuotas, aranceles
y normas que fijaban requisitos mínimos para la exportación de
estos productos. Desde hace algunos años las empresas han logrado
manejar nuevas estrategias para que órganos del Estado dispongan
de aún mayores cantidades de fondos públicos para involucrar a
pequeños campesinos en la plantación de árboles. Además la población
subsidia en forma permanente a las empresas, ya que el Estado
debe asumir los costos económicos asociados a caminos, carreteras
y puentes, los costos sociales relacionados al deterioro de la
salud, aumento de la marginalidad y la delincuencia y los costos
socio-ambientales derivados de la eliminación del bosque nativo
y el cambio del uso tradicional de la tierra y carencias alimentarias.
La instalación
de fábricas de celulosa en nuestro territorio ha generado mayores
problemas socioculturales, ambientales y económicos en las comunidades
donde se han instalado.
El modelo forestal
chileno además ha dejado una secuela de centenares de detenidos,
procesados y condenados; decenas de heridos; miles de movilizados
por querer recuperar el territorio usurpado, en su mayoría al
pueblo Mapuche, e intentar frenar los monocultivos forestales
y la instalación de fábricas de celulosa”.
En
la cima del Ñielol un gran cartel transcribe dos poemas de Selva
Saavedra. En uno de ellos, titulado “Ex árboles”, la poetisa chilena
se preguntaba ya en el siglo pasado: “el desmonte… ¿hasta cuándo?”
Muy buena pregunta. Habría que agregar: “la forestación ...¿hasta
cuándo?
Por
Ana Filippini, Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), correo
electrónico:
anafili@wrm.org.uy. Es posible ver este artículo con fotos
en: http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/Nielol.pdf
inicio
- Uruguay: empresa
de celulosa Botnia pretende lucrar con el cambio climático
La
empresa finlandesa Oy Metsä-Botnia Ab (nombre comercial Botnia),
fundada en 1973, es la segunda mayor productora de celulosa de
Europa. Tiene cuatro empresas subsidiarias, de las cuales dos
están instaladas en el Uruguay: Compañía Forestal Oriental S.A.
(FOSA), para el desarrollo de plantaciones de eucalipto; y Botnia
S.A., creada en 2003 para llevar a cabo el proyecto de instalación
de una fábrica de celulosa de un millón de toneladas anuales.
La
instalación de la mega fábrica –con toda la infraestructura y
sus fábricas anexas de productos químicos, más las plantaciones
de eucaliptos de suministro— significa, no solamente para Botnia
sino para Finlandia como país, el mayor emprendimiento industrial
privado en el exterior de su historia. A la empresa le garantizará
disponer de grandes volúmenes de celulosa de fibra corta barata,
obtenida de la madera de sus extensas plantaciones de eucaliptos,
cuyo rápido crecimiento en los generosos suelos uruguayos permite
cortarlos a los 7 u 8 años de plantados.
La
empresa encontró en Uruguay condiciones muy ventajosas: tierras
y mano de obra baratas, cuantiosas subvenciones directas e indirectas
para el establecimiento de las plantaciones de eucaliptos, enormes
beneficios asegurados con la concesión de zona franca -que la
exime del pago de impuestos- y el uso ilimitado y totalmente gratuito
de los abundantes volúmenes de agua dulce que requiere el crecimiento
de sus eucaliptos y el procesamiento de la celulosa. A esto hay
que sumar que el Estado uruguayo le construye y mantiene gratuitamente
la infraestructura vial necesaria para el transporte de la madera
a la fábrica.
Las
perspectivas de ganancias de Botnia en Uruguay son por tanto muy
auspiciosas, aunque su presencia en la región es también
muy controvertida, como lo hemos registrado en los boletines Nº
75, 83, 91, 94, 95, 100, 102, 103, que hablan de acciones contra
su instalación que se remontan a 2003.
Pero
la inventiva de la empresa para aumentar su rentabilidad parece
no tener límites. La noticia más reciente es la presentación de
un proyecto para acogerse al mecanismo creado en el marco del
Protocolo de Kyoto de la Convención sobre Cambio Climático de
las Naciones Unidas para la reducción de los gases de efecto invernadero,
denominado “mecanismo de desarrollo limpio” (MDL). Como ya analizábamos
en el año 2000 (ver boletín del WRM Nº 37), este instrumento autoriza
a los contaminadores a “compensar” sus emisiones en la medida
que inviertan, en países del sur, en proyectos que se supone reducen
las emisiones de gases de efecto invernadero.
El hecho es
que Botnia presentó su proyecto MDL este mes en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay por intermedio
de dos consultoras: la uruguaya Carbosur y la finlandesa Poyry.
Es importante destacar la presencia de Poyry (antes llamada Jaakko
Poyry), puesto que esta consultora ha desempeñado un papel esencial
en la promoción de monocultivos de árboles de rápido crecimiento
y fábricas de celulosa en todo el mundo, en todos los casos recomendando,
por supuesto, el uso de tecnología y asesoramiento finlandeses.
El proyecto
MDL de Botnia se basa en un razonamiento más complicado que el
usual en proyectos de este tipo. La empresa generaría electricidad
mediante la quema del licor negro derivado del proceso de pulpado
de la madera. Dicha electricidad sería utilizada en su proceso
de producción y tendría un excedente de 32 MW de electricidad
que vendería a la red eléctrica pública (el ente estatal UTE).
Según Botnia, las emisiones resultantes de la quema del licor
negro serían nulas, por tratarse de “un
material de biomasa renovable” (las plantaciones de eucalipto),
afirmando que “La combustión del licor negro no produce emisiones
de gases con efecto invernadero debido a que el mismo es parte
de un ciclo que implica su reposición por nuevo crecimiento de
biomasa” (de los eucaliptos). ¿Dónde entra entonces el MDL? Siempre
según Botnia, “Con ello estaría reduciendo emisiones de
gases con efecto invernadero mediante la sustitución de generación
eléctrica a partir de combustibles fósiles [por parte de UTE]
por la generación a partir de biomasa renovable” [por parte de
Botnia].
De ser aceptado
su proyecto como MDL, Botnia recibiría una ganancia adicional
con la venta de los “créditos de carbono” en un “mercado del carbono”
donde numerosos estados y empresas contaminantes están ávidos
de “compensar” sus actividades contaminantes con estos papeles
que les permiten que todo siga como está... Para Botnia, es un
negocio redondo: vende la electricidad que le sobra y al mismo
tiempo vende créditos de carbono.
Sin
embargo, aún dentro de la lógica del MDL quedan muchas interrogantes,
en particular en lo referente a la llamada “adicionalidad”. En
efecto, para evitar que se concedan créditos de carbono a proyectos
que se hubieran llevado a cabo de cualquier manera, la Convención
de Cambio Climático estableció reglas para asegurar la “adicionalidad”
del proyecto.
Para
acogerse al sistema es imprescindible que el proyecto pueda demostrar
que la mitigación de gases de efecto invernadero que se logre
se debe a la implementación del proyecto y que dicha mitigación
no ocurriría sin el mismo. Sin embargo, si se toma en cuenta el
proyecto en su conjunto (desde la corta de los árboles hasta la
exportación de la celulosa) lo más probable será –como se verá
más adelante– que las emisiones totales de gases de efecto invernadero
por parte de Botnia sean mayores a las que hubiera habido en el
país sin su presencia.
Otro de los aspectos que se toman en cuenta para evaluar la “adicionalidad”
es si el proyecto requiere, para ser comercialmente viable, de
la asignación de créditos de carbono. En el caso de Botnia, esto
claramente no así, ya que el proyecto presentado para la aprobación
de la fábrica de celulosa ya incluía la quema del licor negro
para generar energía y no solo era económicamente viable sino
que, en palabras de su presidente “sus costos de producción serían
alrededor de la mitad de los de una fábrica moderna de celulosa
en Finlandia”. (Helsingin Sanomat, 8 de marzo de 2005)
Por
otro lado, Botnia asevera que la disminución de emisiones no se
haría en su fábrica, sino en la empresa estatal de electricidad,
afirmando que “La demanda futura de
electricidad en Uruguay deberá ser satisfecha a través de la creciente
generación a partir de combustibles fósiles (petróleo y gas natural),
los cuales emiten gases con efecto invernadero”.
¿Por
qué es tan seguro que los 32 MW de electricidad que UTE compraría
a Botnia los habría generado necesariamente a partir de combustibles
fósiles, cuando tiene en operación tres represas hidroeléctricas
propias y una compartida con Argentina y cabe la posibilidad de
desarrollar otras fuentes de energía como la eólica, los biocombustibles
o la solar?
El
cálculo que hace Botnia en materia de emisiones es totalmente
simplista. En efecto, Botnia sostiene que las emisiones resultantes
de la quema del licor negro son nulas, porque las “compensa” con
sus plantaciones de eucalipto en crecimiento. Sin embargo –aún
asumiendo que ello fuera cierto- se “olvida” de mencionar las
emisiones que genera el proyecto en su totalidad. Por un lado,
omite mencionar las cuantiosas emisiones actuales resultantes
de la construcción de la fábrica. Por otro lado, también olvida
mencionar las emisiones resultantes del proyecto funcionando en
su conjunto, es decir, las emisiones de las fábricas de productos
químicos asociadas a la producción de celulosa, el consumo de
combustible de la maquinaria forestal, el transporte en camiones
de la madera hacia la fábrica, que se anuncia extremadamente intenso
(hay cálculos que hablan de hasta un camión cada 2,5 minutos,
las 24 horas, todos los días del año), el movimiento portuario,
el consumo de combustible de los barcos que lleven la celulosa
hacia las plantas de papel en Finlandia y China, etc.
En
resumidas cuentas, lo que corresponde, en primer lugar, es establecer
la línea de base de las emisiones de gases de efecto invernadero
antes de comenzar a construir la fábrica. Ello permitiría analizar
seriamente el balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero
resultantes de la instalación y funcionamiento de la fábrica de
Botnia. Seguramente el resultado será que –a nivel de Uruguay-
habrán aumentado sustancialmente las emisiones de tales gases,
que es precisamente lo que la Convención de Cambio Climático busca
evitar.
Sin embargo,
en este escenario de ficción, donde la contaminación se transforma
en mercado y las emisiones de carbono en cuentas corrientes, se
pierde totalmente de vista que la trama de la vida no funciona
así. En teoría, las emisiones podrán ser consideradas “nulas”
y “compensadas” por los eucaliptos en crecimiento, pero en la
práctica, estarán todos los días saliendo por la chimenea. Los
efectos de la contaminación los sufrirán los ecosistemas y personas
–uruguay@s y argentin@s- que viven próximos a la gigantesca fábrica
de Botnia, la cual no solamente emitirá dióxido de carbono, sino
también otras muchas sustancias químicas como sulfuros e incluso
dioxinas, capaces de afectar la salud de las poblaciones vecinas.
Pese
a ello, este mecanismo perverso otorga un barniz “verde” a proyectos,
actividades y emprendimientos en países del Tercer Mundo que los
condenan a seguir atados a la dependencia dentro de un orden mundial
injusto en el cual la desigualdad crece cada vez más, los bienes
naturales son explotados sin límite y donde la pobreza y la exclusión
importan menos que las necesidades del mercado. En ese contexto,
hasta el propio cambio climático, uno de los problemas ambientales
más graves del planeta, termina dando origen a un negocio más
-el mercado del carbono- en el cual Botnia ahora intenta lucrar.
En
Uruguay, el Proyecto MDL de Botnia constituye un paso más para
reforzar los intereses que buscan colocar al país --al decir del
conocido escritor uruguayo Eduardo Galeano-- “en la más pura tradición
colonial: inmensas plantaciones artificiales que dicen ser bosques
y se convierten en celulosa en un proceso industrial que arroja
desechos químicos a los ríos y hace irrespirable el aire”.
inicio
- Indonesia: de
las plantaciones de palma aceitera, con represión...
Los
cultivos intensivos de palma aceitera y la extracción de los aceites
resultantes para exportación siempre han estado vinculados a la
represión. El cultivo en plantaciones fue originalmente establecido
por los regímenes coloniales. Una rápida expansión de las plantaciones
en Asia, después de la Segunda Guerra Mundial, fue estimulada
en conexión con la limpieza de las selvas, utilizada ésta como
un arma para combatir a los rebeldes malayos.
El
crecimiento de las plantaciones no ha acompañado la ampliación
de los derechos para los trabajadores/as de las plantaciones de
palma. El trabajo sigue siendo duro y peligroso. Las técnicas
de la producción apenas han cambiado en el curso de los últimos
150 años. El gancho de madera antes utilizado para cosechar la
fruta ha sido sustituido en algunas plantaciones por un gancho
de una aleación de metal aún más afilado. Y actualmente se aplican
copiosas cantidades de herbicidas tóxicos por parte de los trabajadores/as
sin su debida protección, quienes fumigan con latas que gotean
colocadas en sus espaldas. Son comunes los accidentes y la expectativa
de vida es corta. Las organizaciones sindicales son, a menudo,
reprimidas brutalmente.
Con
el fin de desmantelar un sindicato recientemente creado, Musim
Mas –la mayor refinería de aceite de palma del mundo, con sede
en Sumatra, Indonesia– el año pasado despidió más de 1.000 miembros
sindicales de un plumazo en represalia por una huelga. La compañía
expulsó a los trabajadores/as de sus hogares y a sus niños de
sus escuelas, como también maniobró el arresto y enjuiciamiento
de 6 dirigentes sindicales. Actualmente estos 6 hombres jóvenes
están cumpliendo condenas desde 14 meses a 2 años por el "crimen"
de tratar de ejercer sus derechos colectivos como trabajadores.
La
UITA ha venido consolidando el apoyo sindical mundial para un
considerable grupo de estos trabajadores/as, quienes habían resistido
los esfuerzos de la compañía de hacerlos renunciar por escrito
a sus derechos y a su afiliación sindical mediante la aceptación
de indemnizaciones por sus despidos. Esta fase de la lucha llegó
a su fin cuando el sindicato nos informó que unos 200 trabajadores/as,
quienes mantenían su resistencia, aceptaron el día 7 de junio
la indemnización financiera por la pérdida de sus puestos de trabajo.
A cambio de ello, fueron presionados a deponer todos los reclamos
jurídicos contra la compañía, o sea que los despidos colectivos
no pueden ser impugnados mediante el proceso de apelación. La
indemnización asciende a unos 123 dólares por trabajador/a – el
equivalente al salario de 6 semanas. Los seis prisioneros fueron
también obligados a renunciar a su derecho a apelar contra sus
absurdas condenas criminales, las cuales han sido denunciadas
por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos
humanos por haber sido incriminada la actividad sindical. El hambre
es un arma poderosa en las manos de una gran compañía despiadada.
La
compañía elogió al “acuerdo mutuo” anunciando que “Este asunto
fue resuelto de acuerdo a las leyes laborales de Indonesia y conforme
a todas las reglamentaciones del país. Estamos abocados a comprometer
proactivamente a nuestros accionistas, tanto en Indonesia como
en el extranjero, para promover una industria sustentable del
aceite de palma".
El
gobierno, acusado en la OIT de las Naciones Unidas debido a violaciones
en serie de los Convenios internacionales sobre derechos sindicales,
encomió el acuerdo, el cual "ha de contribuir hacia relaciones
laborales más positivas en la industria del aceite de palma”.
Aquí
podemos observar la situación de Indonesia en pocas palabras:
Fueron destituidos mil trabajadores/as y expulsados de sus
