Las concesiones
madereras en el continente africano se perciben a menudo como unidades
de manejo forestal. Sin embargo, es más apropiado verlas como una
especie de moneda de cambio en un sistema más amplio de poder político
y explotación.
La comunidad
internacional ha cumplido un papel importante en el establecimiento
y la perpetuación de las políticas del “patrimonio maderero”. La
forma más importante en que los países del Norte promueven el madereo
oligárquico es probablemente el apoyo político, militar, económico
y diplomático a los regímenes oligárquicos que está destinado a
servir. A menudo este apoyo es extraoficial, privado u oculto. Las
instituciones financieras internacionales brindan ayuda adicional
al otorgar préstamos sin exigir reformas forestales y préstamos
para proyectos o reformas forestales ineficaces o mal dirigidos
y al aportar al sector privado inversiones relacionadas con operaciones
forestales.
A pesar de los
problemas ya conocidos del sector de bosques de Camerún, la financiación
internacional sigue lloviendo en el país: durante la
década de los 90 se entregaron por lo menos US$ 75 millones
de ayuda exterior a proyectos forestales y de conservación.
A mediados de
los años 1990, la Administración británica para el comercio exterior
(Britain’s Overseas Development Administration) intentó (más tarde
lo hizo el DFID - Departamento para el Desarrollo
Internacional) instrumentar un programa para “hacer operativas”
las disposiciones de la Ley Forestal de 1994 de Camerún relativas
al establecimiento de bosques comunitarios. Para esto se requería
establecer, en primer lugar, un conjunto claro de normas para la
adjudicación de los bosques comunitarios, cosa que el gobierno de
Camerún nunca hizo, y en segundo lugar una unidad dentro del Departamento
Forestal para administrar dichos bosques. Tal como los define la
Ley Forestal de Camerún, los bosques comunitarios son muy limitados
tanto en tamaño (5.000 hectáreas como máximo) como en duración (15
años, renovable por otros 15). Además, solamente pueden establecerse
en las zonas limitadas de bosque “no permanente”, excluyéndoselos
así de las zonas designadas como unidades de manejo forestal (UFA).
Sin embargo, después de la aprobación de la Ley Forestal de 1994,
estas zonas de bosque no permanente fueron volviéndose cada vez
más importantes para la maquinaria política como medio para adjudicar
derechos de madereo a corto plazo, del tipo “corte y váyase” o “venta
de cortes”. De este modo la administración de bosques trabajó activamente
en contra de la instrumentación de los bosques comunitarios.
Con esto se ilustra
el hecho de que las instituciones que hoy administran el “sector
forestal” en algunas partes de África no solamente se articulan
principalmente en torno al madereo sino que también, dado que este
madereo se vincula con los intereses creados de altos personajes
políticos, se oponen directamente a todo uso de los recursos forestales
(como los bosques comunitarios) que, aunque beneficiosos en términos
de desarrollo, pusiera potencialmente en peligro el arbitrio absoluto
que estas figuras políticas han ejercido en la utilización de los
bosques como forma de patrocinio político.
Dada la importancia
de las concesiones madereras para ‘aceitar el engranaje’ del patrocinio
político, el soborno y la corrupción en todos los países de la cuenca
del Congo (y en otros lugares: Costa de Marfil, Togo, Guinea, etc.),
no sorprende que los proyectos con financiación internacional destinados
a brindar “asistencia técnica” para mejorar el “desempeño” de las
concesiones forestales de África hayan demostrado ser fracasos tan
espectaculares.
Extraído de:
“The political ecology of the African logging concession system
and the complicity of international donors”, Simon Counsell y Arnaud
Labrousse, enviado por Simon Counsell, Rainforest Foundation, correo-e:
simonc@rainforestuk.com
