NUESTRA
OPINIÓN
-
Día Internacional contra los monocultivos
de árboles
En
el año 2004, a la Red Alerta contra el Desierto Verde -que realiza
campañas en Brasil contra la expansión de las plantaciones de
árboles- se le ocurrió la idea de establecer el 21 de setiembre
(Día del Árbol en Brasil) como Día Internacional contra los monocultivos
de árboles. La idea fue apoyada por organizaciones en todo el
mundo, que desde entonces llevan a cabo una serie de actividades
especiales en esta fecha.
Es
importante enfatizar que no se trata de un día destinado a la
oposición hacia la plantación de árboles en general, sino una
actividad enfocada en un tipo de plantación en particular: los
grandes monocultivos de árboles.
La
necesidad de tal oposición es crecientemente clara. Mientras los
gobiernos y muchas organizaciones internacionales siguen promoviendo
lo que denominan “bosques plantados” o “plantaciones forestales”,
las comunidades locales continúan oponiéndose a lo que describen
como “desiertos verdes”, “cáncer verde”, árboles egoístas, “milicos
plantados” o “bosques muertos”.
Tales
diferencias en el uso de las palabras reflejan el abismo entre
quienes apoyan tales plantaciones como siendo algo positivo –bosques-
y quienes se oponen a las mismas por sus impactos sociales y ambientales
negativos, reflejados en los términos arriba mencionados.
El
conocimiento adquirido durante las últimas décadas del hecho de
que las plantaciones se establecen a expensas de los medios de
vida y el ambiente de las poblaciones locales ha alcanzado un
nivel tal de certeza que ya no puede seguir siendo ignorado. En
país tras país, los monocultivos de árboles han resultado en la
pérdida neta de empleos, migración forzada o “voluntaria”, apropiación
de enormes áreas de tierra por empresas nacionales y transnacionales,
desaparición y contaminación de recursos hídricos, pérdida de
biodiversidad, empobrecimiento del suelo, destrucción de ecosistema
locales –bosques o praderas- y en muchos casos en violaciones
a los derechos humanos, incluyendo represión, encarcelamiento
y hasta muerte.
El
crecimiento de la conciencia de los consumidores acerca de los
impactos de la producción de productos vinculados a la madera
–desde papel hasta muebles- dio lugar a la creación de sistemas
de certificación, que garantizarían a los consumidores que sus
compras no resultan en impactos sobre los bosques o sobre los
pueblos que dependen de los mismos.
Dichos
sistemas de certificación fueron promovidos por diversos actores
nacionales, regionales e internacionales y dieron lugar a una
serie de esquemas tales como: Standard de la Asociación Canadiense
(CSA), Consejo de Manejo Forestal (FSC), Programa para el Aval
de Esquemas de Certificación Forestal (PEFC), Iniciativa Forestal
Sustentable (SFI), Standard Forestal Australiano (AFS), Sistema
Brazileiro de Certificação Florestal (CERFLOR), Certificación
Forestal en Chile (CERTFOR), Consejo Malayo de Certificación de
Madera (MTCC).
Sin
embargo, ninguno de ellos fue capaz de
vislumbrar lo que era evidente para las comunidades locales que
habitan en la vecindad de plantaciones: que los monocultivos de
árboles a gran escala son intrínsicamente incertificables.
Durante
los últimos años, el WRM concentró sus esfuerzos en la crítica
a la certificación de plantaciones por parte del FSC. Esto puede
haber generado la impresión errónea de que los otros sistemas
eran mejores. Si éste ha sido el caso, nos disculpamos. La sola
razón para habernos concentrado en el FSC fue porque la participación
en el mismo de ONGs sociales y ambientales le otorgaba a este
sistema cierta credibilidad. Los otros sellos –promovidos por
gobiernos y empresas- simplemente no tienen credibilidad alguna
(ver artículos sobre PEFC, CERFLOR y CERTFOR en la última sección
de este boletín).
Sin
embargo, que haya mejores o peores sistemas de certificación no
es el tema. Lo que se necesita no es certificación sino legislación
... y cumplimiento de la misma. La situación es tan grave que
no puede ser dejada en manos de esquemas voluntarios y consultores
para decidir si un monocultivo de árboles merece o no recibir
un sello: sus impactos son tales que ninguno de ellos merece recibirlo.
Tal
legislación debe asegurar, en primer lugar, que los gobiernos
cesen de inmediato de subsidiar o apoyar de manera alguna a las
empresas plantadoras.
En
segundo lugar, que los gobiernos prohiban el establecimiento de
nuevas plantaciones en áreas donde existe evidencia acerca de
sus impactos sociales y ambientales negativos.
En
tercer lugar, que los gobiernos lleven a cabo investigaciones
independientes y participativas para evaluar los impactos de las
plantaciones existentes y compensen a las poblaciones locales
por los perjuicios sufridos, incluyendo la devolución de tierras
en casos en que se les hayan sido apropiadas.
En
cuarto lugar, que los gobiernos apliquen el principio precautorio
e impidan la implementación de plantaciones que puedan resultar
en impactos sociales y ambientales.
Lo
que antecede son solo algunas de las muchas medidas que los gobiernos
deben implementar para comenzar a revertir los problemas causados
por sus políticas para la promoción de plantaciones. La gente
de cada lugar debería decidir cuales son aplicables y que otras
deberían agregarse.
El
21 de setiembre podría ser una celebración para esos organismos
vivos que la mayor parte de la gente considera ambientalmente
simbólicos –los árboles- pero la manera en que están siendo utilizados
para generar ganancias para algunos, hace necesario conmemorar
este tercer Día Internacional contra los monocultivos de árboles.
Tenemos la esperanza de que en un futuro próximo este Día no será
más necesario.
inicio
COMUNIDADES Y BOSQUES
- Brasil: campaña
internacional contra la violencia rural
en la Amazonía
En
el marco de la campaña nacional e internacional “¡Basta de violencia
en el campo! ¡Corte este mal por la raíz!” impulsada por la Rel-UITA
y la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura
(CONTAG) de Brasil, contra la violencia rural en ese país, un
equipo integrado por Álvaro Santos, Emiliano Camacho y quien esto
escribe viajó desde Montevideo, Uruguay, al estado de Pará, en
la Amazonia brasileña. El propósito fue filmar un video documental
que recogiera testimonios de algunos de las decenas de casos de
dirigentes rurales asesinados o amenazados de muerte.
Estas
personas luchan en la “primera línea de fuego”, allí donde los
“grileros” queman miles y miles de hectáreas de selva para apoderarse
de esas tierras sin ninguna documentación –y cuando la tienen
siempre es fraudulenta– y explotarla durante los pocos años que
durará su fertilidad, irremediablemente condenadas a la desertificación.
La asociación entre aventureros enriquecidos, militares retirados
y en actividad que han fundado sus propias dinastías feudales
desde los años dictatoriales de la década de los 60, los exportadores
de maderas nobles que han arrasado con casi el 40% de la mejor
madera de la Amazonia brasileña y continúan avanzando, los ganaderos
y sojeros sobre enormes extensiones de tierras pirateadas, constituye
un factor de poder tan fuerte que, con algunas escasas y honrosas
excepciones, arrasa con la Justicia, la Policía y el sistema político
local.
El
vídeo de 40 minutos producido en esta oportunidad,* recoge tres
de estas historias que sirven para comprender cómo se traduce
a nivel personal, individual, en la peripecia de los sobrevivientes,
esta masacre social y ambiental que se está ejecutando sobre la
Amazonia. Para tener una idea del tamaño del desastre, basta citar
algunos datos:
-
Considerando sólo el período de la dictadura brasileña (1964-1985),
hubo 10 millones de hectáreas de la Amazonia destinadas a colonización.
La mayoría distribuida entre los propios altos oficiales militares.
-
Desde entonces hasta ahora se produjeron más de 1.550 asesinatos
vinculados a la disputa por la tierra entre poderosos hacendados
y campesinos sin tierra o dirigentes de trabajadores rurales.
Sólo entre 1985 y 2004 hubo 560 homicidios denunciados por esta
causa.
-
De ellos, la policía investigó apenas el 30 por ciento, sólo el
6 por ciento generó un proceso judicial y nada más que en el 3
por ciento de los casos hubo un pronunciamiento de la justicia,
casi siempre absolutorio de los sospechosos por “falta de pruebas”.
En resumen, los casos en los que se condenó a alguien no llegan
al 1 por ciento, y prácticamente en ninguno de ellos “se logró”
enjuiciar a los autores intelectuales de los asesinatos.
-
Esta ineficiencia de los aparatos policiales y judiciales ha provocado
que 300 homicidios ya prescribieron.
-
En 2003 se registraron 35 mil familias expulsadas de sus parcelas;
en 2004 fueron 37 mil; y en 2005 la cantidad bajó a “sólo” 26
mil familias. No obstante, las cifras parciales en lo que va de
este año permite suponer que al fin de 2006 se habrá producido
un incremento de familias expulsadas del campo en relación con
el año anterior.
-
Los brasileños les llaman “grileiros” a los hacendados que lo
son por haber “robado” tierras fiscales. Muchas veces decenas
de miles de hectáreas. Estos grileiros abren una brecha en la
selva por donde puedan entrar y salir grandes camiones. Luego
talan toda la madera con alto valor de mercado y el resto lo incendian.
Las fotos satelitales muestran todos los días los centenares de
incendios (“queimadas”, dicen en Brasil) que levantan altas columnas
de humo en toda la selva amazónica, desde Bolivia hasta Venezuela.
-
Después de quemar la “floresta inútil”, los grileiros falsifican
títulos de propiedad con la complicidad de autoridades locales
corruptas y alambran la nueva “adquisición”. Por este procedimiento
hay hacendados que llegan a acumular más de 200 mil hectáreas.
Primero colocan ganado que “amansa” el suelo selvático, y después
plantan soja transgénica usando masivamente el herbicida glifosato
para controlar las malezas.
-
En la ciudad de Santarem, en plena selva y sobre el río Amazonas,
la corporación transnacional Cargill construyó sin permisos de
ningún tipo su propio puerto y los depósitos de soja más grandes
del mundo donde acopia la soja producida en estas haciendas ilegales.
-
Según cálculos oficiales y conservadores, en todo Brasil han sido
“griladas” unas 100 millones de hectáreas, de las cuales el 90
por ciento se ubica en la Amazonia. Esta superficie equivale a
los territorios de toda América Central y México sumados.
-
Las propuestas de reforma agraria que provienen desde la sociedad
civil plantean un uso racional de la floresta: del total de tierra
asignada a una comunidad o a una familia de agricultores, sus
propietarios sólo pueden cultivar el 20 por ciento, y adquieren
el compromiso de conservar el otro 80 por ciento en el cual sólo
pueden realizar labores de extracción sustentable. El cumplimiento
de este compromiso está vinculado a la propiedad de la tierra.
-
En opinión de los sindicatos y asociaciones de campesinos locales
el actual gobierno ha hecho esfuerzos notorios para provocar cambios
en esta situación. Por ejemplo: en los últimos años se liberaron
en la zona 17.325 personas que estaban sometidas a trabajo esclavo
en haciendas alejadas de centros poblados. En 2005 se multiplicaron
por cuatro los recursos federales destinados a resolver y prevenir
estos conflictos. Se aprobaron leyes de protección de importantes
áreas de la Amazonia (que habrá que hacer cumplir) sin que esto
colme las aspiraciones y necesidades de las comunidades concernidas.
Se aprobó la ley de protección de las comunidades quilombolas.
Se comenzó a implementar un programa de georeferenciamiento de
la “frontera caliente” de la floresta amazónica correspondiente
a las áreas más atacadas por los grileiros y madereros, a cargo
del ejército brasileño, entre otras iniciativas y acciones.
-
A pesar de esto, el ritmo de deforestación en la Amazonia brasileña
permanece en aproximadamente 2 millones de
hectáreas anuales, y los cambios ya decididos en la capital muchas
veces demoran años en llegar hasta los lugares concretos donde
las comunidades y los trabajadores rurales sufren las consecuencias
de la impunidad y el absolutismo de los hacendados, de los poderosos.
La
campaña nacional e internacional de la Rel-UITA y la CONTAG ya
está dando resultados positivos como la visita de delegaciones
sindicales y parlamentarias europeas al gobierno brasileño y a
la zona de Pará con el propósito de conocer in situ la situación
denunciada. La presencia de la Policía Federal en la zona, y el
reforzamiento de los recursos económicos y humanos del Ministerio
Público en la región han abierto una esperanza de cambio. La experiencia
acumulada en tantos años de lucha, sin embargo, provoca que ninguna
organización social baje la guardia y todas se mantienen activas
y alerta.
Por
Carlos Amorín, Rel-UITA
*“En
la frontera del miedo. Historias de vida y muerte”, Dirección
y guión: Carlos Amorín y Alvaro Santos; Cámaras: Emiliano Camacho,
Alvaro Santos, César Ramos; Edición: Fabián Arocena; Realización:
Osmedia (www.osmedia.com.uy);
Producción: Rel-UITA (www.rel-uita.org),
CONTAG (www.contag.org.br).
Por información sobre el vídeo:
uita@rel-uita.org
La
versión completa de este artículo se encuentra disponible en
http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Para.html.
inicio
- Cuenca del Congo:
financiación internacional para apoyar madereo oligárquico
Las
concesiones madereras en el continente africano se perciben a
menudo como unidades de manejo forestal. Sin embargo, es más apropiado
verlas como una especie de moneda de cambio en un sistema más
amplio de poder político y explotación.
La
comunidad internacional ha cumplido un papel importante en el
establecimiento y la perpetuación de las políticas del “patrimonio
maderero”. La forma más importante en que los países del Norte
promueven el madereo oligárquico es probablemente el apoyo político,
militar, económico y diplomático a los regímenes oligárquicos
que está destinado a servir. A menudo este apoyo es extraoficial,
privado u oculto. Las instituciones financieras internacionales
brindan ayuda adicional al otorgar préstamos sin exigir reformas
forestales y préstamos para proyectos o reformas forestales ineficaces
o mal dirigidos y al aportar al sector privado inversiones relacionadas
con operaciones forestales.
A
pesar de los problemas ya conocidos del sector de bosques de Camerún,
la financiación internacional sigue lloviendo en el país: durante
la década de los 90 se entregaron por lo
menos US$ 75 millones de ayuda exterior a proyectos forestales
y de conservación.
A
mediados de los años 1990, la Administración británica para el
comercio exterior (Britain’s Overseas Development Administration)
intentó (más tarde lo hizo el DFID - Departamento
para el Desarrollo Internacional) instrumentar un programa
para “hacer operativas” las disposiciones de la Ley Forestal de
1994 de Camerún relativas al establecimiento de bosques comunitarios.
Para esto se requería establecer, en primer lugar, un conjunto
claro de normas para la adjudicación de los bosques comunitarios,
cosa que el gobierno de Camerún nunca hizo, y en segundo lugar
una unidad dentro del Departamento Forestal para administrar dichos
bosques. Tal como los define la Ley Forestal de Camerún, los bosques
comunitarios son muy limitados tanto en tamaño (5.000 hectáreas
como máximo) como en duración (15 años, renovable por otros 15).
Además, solamente pueden establecerse en las zonas limitadas de
bosque “no permanente”, excluyéndoselos así de las zonas designadas
como unidades de manejo forestal (UFA). Sin embargo, después de
la aprobación de la Ley Forestal de 1994, estas zonas de bosque
no permanente fueron volviéndose cada vez más importantes para
la maquinaria política como medio para adjudicar derechos de madereo
a corto plazo, del tipo “corte y váyase” o “venta de cortes”.
De este modo la administración de bosques trabajó activamente
en contra de la instrumentación de los bosques comunitarios.
Con
esto se ilustra el hecho de que las instituciones que hoy administran
el “sector forestal” en algunas partes de África no solamente
se articulan principalmente en torno al madereo sino que también,
dado que este madereo se vincula con los intereses creados de
altos personajes políticos, se oponen directamente a todo uso
de los recursos forestales (como los bosques comunitarios) que,
aunque beneficiosos en términos de desarrollo, pusiera potencialmente
en peligro el arbitrio absoluto que estas figuras políticas han
ejercido en la utilización de los bosques como forma de patrocinio
político.
Dada
la importancia de las concesiones madereras para ‘aceitar el engranaje’
del patrocinio político, el soborno y la corrupción en todos los
países de la cuenca del Congo (y en otros lugares: Costa de Marfil,
Togo, Guinea, etc.), no sorprende que los proyectos con financiación
internacional destinados a brindar “asistencia técnica” para mejorar
el “desempeño” de las concesiones forestales de África hayan demostrado
ser fracasos tan espectaculares.
Extraído
de: “The political ecology of the African logging concession system
and the complicity of international donors”, Simon Counsell y
Arnaud Labrousse, enviado por Simon Counsell, Rainforest Foundation,
correo-e: simonc@rainforestuk.com
inicio
- Laos: la madera certificada
por el FSC es ilegal
La
certificación de una operación forestal en virtud del sistema
del Consejo de Manejo Forestal (FSC) debería significar que todos
podemos estar tranquilos al saber que los bosques están siendo
manejados razonablemente bien. Lamentablemente, parece que no
es el caso. SmartWood, una certificadora acreditada por el FSC,
certificó recientemente en Laos operaciones que de acuerdo con
la Ley Forestal de ese país producen madera en forma ilegal.
La
certificación del FSC es el resultado de más de una década de
proyectos de asistencia y millones de dólares de ayuda financiera.
Entre 1996 y 2000, un proyecto financiado por el Banco Mundial
y el gobierno de Finlandia estableció una serie de Asociaciones
Forestales de Aldea en las provincias laosianas de Savannahkhet
y Khammouane. Este proyecto era parte del Programa de manejo forestal
y conservación (FOMACOP) y su objetivo era desarrollar un
modelo de “silvicultura de aldea” mediante el cual los aldeanos
extraerían árboles de los bosques y recibirían una parte del dinero
obtenido por la madera.
En
1999 se hicieron los primeros intentos de determinar si la “silvicultura
de aldea” podía ser certificada por el FSC. Pero los funcionarios
del gobierno de Laos no estaban conformes con ningún tipo de supervisión
externa de las operaciones forestales. Corrió el rumor de que
los funcionarios temían perder una lucrativa fuente de ingresos:
los sobornos de la industria maderera. FOMACOP se derrumbó en
el año 2000, poco después del fallido intento
de certificación.
Luego
el Banco Mundial y el gobierno finlandés iniciaron otro proyecto,
esa vez llamado Proyecto forestal sustentable y desarrollo rural
(SUFORD). En mayo de 2003, SmartWood evaluó el manejo forestal.
En enero de 2006, luego de que una serie de condiciones se cumpliera
a su satisfacción, SmartWood otorgó un certificado FSC a 39.000
hectáreas de bosque manejado por seis aldeas en la provincia de
Savannahkhet. Un mes antes SmartWood había certificado cerca de
10.000 hectáreas de silvicultura de aldea en la provincia de Khammouane.
El
WWF apoyó la certificación junto con Tropical Forest Trust, organización
fundada en 1999 para expandir la superficie de bosques certificados
por el FSC en zonas tropicales. “La certificación FSC de estos
bosques es un paso gigante hacia el manejo forestal sustentable
y la conservación en la región”, afirmó Roland Eve, el director
del WWF para Laos.
Pero
el informe de la auditoría del proyecto SUFORD financiado por
el Banco Mundial y Finlandia cuenta una versión diferente. El
informe documenta los datos recogidos en una visita realizada
por un equipo compuesto por el Departamento Forestal de Laos y
un consultor del proyecto SUFORD, Tomas Jonsson. El equipo visitó
el distrito Thapanthong de la provincia de Savannahkhet entre
marzo y mayo de 2006.
El
equipo descubrió que las operaciones certificadas de madereo no
se llevan a cabo de acuerdo con los planes de manejo. Según el
informe de Jonson, “Los documentos estaban por todos lados y faltaban
partes” y “eran entendidos sólo parcialmente” por los funcionarios
forestales locales, madereros y pobladores.
El
equipo comprobó que los pobladores y el personal forestal local
eran “prácticamente incapaces de utilizar los mapas de árboles”.
Se descubrió que los mapas eran inexactos. En el bosque, los árboles
que había que cortar no estaban marcados en forma adecuada. Se
habían talado árboles sin marcar. Algunos árboles marcados estaban
en pie. Se habían cortado árboles de resina utilizados por los
aldeanos. En la zona de corte habían quedado algunos troncos
grandes de buena calidad. Nada sorprendente si se tiene en cuenta
que los madereros no tenían los mapas. Tampoco tenían indumentaria
de seguridad ni equipos protectores. Los trabajadores vivían bajo
una lona encerada, en un campamento maderero sin baños ni instalaciones
para el aseo.
Se
cortaron más árboles que lo indicado en los planes de manejo porque
la provincia emitió cuotas de madereo “por encima de los volúmenes
cosechables según los planes de madereo aprobados”. Se habían
talado muchas áreas que de acuerdo con los planes de manejo todavía
no tendrían que haberse cosechado. El equipo también encontró
signos de que los pobladores estaban cortando y procesando madera
aserrada dentro de la zona certificada.
El
equipo concluyó que el madereo no está siendo controlado por los
planes de manejo sino dirigido por la demanda de una cantidad
siempre en aumento de aserraderos locales. La interpretación de
los planes para el madereo es que éstos “dan derecho a cortar
determinado volumen en lugar de permitir específicamente la remoción
de los árboles seleccionados y marcados”, según el informe de
Jonsson.
Con
la certificación del FSC debería ser posible saber de qué lugar
específico del bosque procede la madera, mediante un sistema de
marcado y seguimiento de la misma. El
equipo comprobó que “ningún árbol ni tronco estaba marcado según
las exigencias”, y esto ocurrió “en todos los lugares inspeccionados
(bosque, playa de troncos, aserradero)”. Los troncos marcados
no llevaban el número apropiado y a menudo la marca se hacía con
tiza. “El seguimiento y la cadena de custodia de árboles y troncos
son por lo tanto imposibles”, escribió Jonsson en su informe.
El
equipo supervisor también encontró pruebas de madereo ilegal:
madereo en zonas para las que los planes de manejo aún no habían
sido aprobados o no existían. Si los troncos no se marcan en forma
apropiada, no hay forma de saber si la madera de esa operación
ilegal u otras por el estilo no se está haciendo pasar como
madera certificada por el FSC.
Pero
SmartWood sabe todo esto. Los asesores de SmartWood pusieron una
condición que reza: “Al final del Año 1, todos los troncos deben
contener marcas claras y duraderas (por ejemplo, pintura o cortes)
para identificar la aldea, la faja y el número de tronco”.
En
virtud de la Ley Forestal de Laos es ilegal mover troncos que
no hayan sido marcados en la forma apropiada. Por lo tanto, mientras
no se cumpla la condición impuesta por SmartWood, para la ley
de Laos la madera de Savannahkhet certificada por el FSC es ilegal.
Por
Chris Lang, correo-e: http://chrislang.org,
www.chrislang.blogspot.com
inicio
- Nicaragua: minería
en la Reserva de Biosfera del Sureste
Nicaragua
conoce desde hace largo tiempo los efectos de la minería. Las
numerosas explotaciones de oro y otros minerales metálicos han
dejado una secuela de deterioro ambiental, impactos sobre el recurso
hídrico con niveles elevados de cianuro, plomo y arsénico, entre
otros, y daños irreparables en la salud de miles de trabajadoras
y trabajadores, quienes además han visto violentados sus derechos
laborales.
A
pesar de que algunos municipios de Nicaragua que apostaron al
desarrollo sobre la base de actividades extractivas son los que
registran mayores niveles de pobreza --de acuerdo con el mapa
de pobreza elaborado por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas
y Censos (INEC)-- el Gobierno de Nicaragua muestra un creciente
interés por continuar otorgando concesiones mineras en todo el
país. El Centro Humboldt ha registrado que al mes de diciembre
del año 2005 se ha otorgado un total de 1.401.539 hectáreas en
concesiones mineras de exploración y explotación metálica y no
metálica, en un país cuyo territorio tiene una superficie terrestre
total de 12.142.800 hectáreas.
Recientemente,
el Gobierno Municipal de Nueva Guinea, otorgó a la Empresa Minerales
de Nicaragua S.A. (MINESA) un permiso para exploración y explotación
minera a cielo abierto. Miembros del Comité de Desarrollo Municipal
(CDM), de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) y de la Sociedad
Civil Organizada (SCO) denunciaron el hecho ante la Sala de lo
Contencioso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En marzo de
2004, MINESA había solicitado a la Dirección General de Recursos
Naturales del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC),
una concesión minera por un período de 25 años, en un lote denominado
San Antonio, con un total de unas 23.000 hectáreas.
El
lugar se encuentra en el Municipio de Nueva Guinea, que forma
parte de la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua, la cual
posee una extensión de 18.340 Km2 y alberga gran biodiversidad
de flora y fauna. “El suelo de Nueva Guinea es arcilloso y ácido.
Por ser un trópico húmedo, la descomposición de las hojas, elementos
orgánicos y la humedad le favorece con una capa fértil, lo cual
lo hace productivo. Sin embargo, el desarrollo de la minería perjudicaría
nuestro ambiente, al convertir el suelo en trópico seco” explicó
Luis Umaña, representante de la SCO. La explotación minera cambiaría
por completo el tipo de vegetación, la biodiversidad, flora y
fauna, además de afectar la productividad de los suelos y provocar
el desplazamiento de la población y otras actividades económicas
que son generadoras de mayores ingresos.
Umaña
explicó que con este tipo de acciones el Gobierno Municipal de
Nueva Guinea inducirá la degradación socio-ambiental de la zona,
que afectará a más de 120.000 habitantes. Como es una región de
lluvias constantes, existe gran peligro de que la tierra absorba
el cianuro que se esparza, con lo cual se contaminarán las aguas
subterráneas.
La
SCO denunció que no se había cumplido con lo que disponen las
leyes acerca de realizar una consulta previa a la población para
una concesión minera. “Se ha violentado la Ley 475 de Participación
Ciudadana, la cual faculta a todo gobierno a hacer consultas a
los ciudadanos. Por lo tanto, solicitamos información más amplia,
a fin de emitir opinión en relación a la viabilidad, beneficio
o perjuicio que esta actividad pueda traer al municipio de Nueva
Guinea” expresó Umaña.
El
miembro de la SCO instó al alcalde de municipio y a su gobierno
a que respeten los artículos 60 y 102 de la Constitución Política
de Nicaragua, los cuales garantizan el derecho de los ciudadanos
a habitar en un ambiente sano, así como la obligación del Estado
de preservar y cuidar el ambiente y los recursos naturales.
Artículo
basado en información obtenida de: “Reserva de la biosfera del
Sur Este de Nicaragua en Peligro por concesión Minera”, Aldo Palacios,
distribuido por la Red de Periodistas Ambientales; Caso: Expansión
de Concesiones y Actividades Mineras en Territorios Centroamericanos,
Centro Humboldt,
http://www.humboldt.org.ni/descargas/denuncias_
veredictos/veredicto%20Caso%20Centroa
m%E9rica%20mineria.pdf
inicio
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
- Brasil y Uruguay: las promesas de Stora
Enso y la dura realidad
Desde
hace algunos meses tanto en Uruguay como en el Sur de Brasil circulan
insistentemente declaraciones, de funcionarios de la empresa sueco
finlandesa Stora Enso, así como también de
jerarcas de los gobiernos de ambos países, sobre las ventajas
que tendrá para la población local la instalación de fábricas
de celulosa de dicha empresa en la región.
El
presidente para América Latina de Stora Enso, Nils Grafström,
como otros altos ejecutivos de la firma sueco-finlandesa, recorren
diferentes poblados de ambos países con el solo cometido de anunciar
riqueza y desarrollo preservando el medio ambiente. Algo muy similar
ocurre también en este momento en otros países latinoamericanos,
africanos y asiáticos como China, donde representantes empresariales
suecos y finlandeses no cesan de afirmar las bondades sociales,
económicas y ambientales de sus proyectos de instalación de miles
de hectáreas de plantaciones y de nuevas fábricas de celulosa.
Sin
embargo los hechos demuestran que una vez instaladas en los países
del sur la realidad es muy diferente a lo que estas empresas prometieron.
La
experiencia de la fábrica de celulosa Veracel –propiedad conjunta
de Stora Enso y Aracruz y operada por la primera- en el estado
brasileño de Bahia es un claro ejemplo de insustentabilidad. Tal
como lo afirma una carta que recibimos firmada por un conjunto
importante de “hombres, mujeres y jóvenes, trabajadores rurales
y urbanos, indígenas, ambientalistas, científicos, profesores
y estudiantes” de esa región brasileña, en la que denuncian “la
situación de degradación y miseria en que se encuentra la región
del Extremo Sur de Bahia, promovida por la empresa de celulosa,
Veracel, una joint venture de Stora Enso”.
Dicha
situación es el resultado de los impactos sociales y ambientales
derivados tanto de los grandes monocultivos de árboles que la
empresa ha estado estableciendo desde hace años en esa región
para disponer de la necesaria materia prima, como de la propia
fábrica de celulosa que empezó a funcionar en el año 2005 con
una producción anual de 900.000 toneladas de celulosa para exportación.
En
esa carta se dice que “a lo largo de los años, Veracel originó
antecedentes de degradación al medio ambiente, concentración de
tierra, expulsión de miles de trabajadores del campo para las
periferias de las ciudades, causando grandes trastornos sociales
y ambientales”.
Con
respecto al tema de la generación de empleo, la carta afirma que
“no satisfecha con la cantidad de tierras adquiridas en el extremo
sur de Bahia para la plantación de eucaliptos, Veracel Celulose
avanza ahora para el sur del estado” y que “solamente en el municipio
de Mascote, la empresa adquirió diversas propiedades. Aproximadamente
400 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. Gran parte
de estos trabajadores se trasladaron para las periferias de las
ciudades vecinas”.
Al
igual que lo que está aconteciendo en Uruguay y en muchos otros
países, los firmantes de la carta denuncian que “En una de las
propiedades del Conjunto Santa Rita (formada por 4 haciendas)
adquiridas por Veracel... las casas, corrales y plantaciones ya
fueron destruidos para borrar los vestigios de que un día hubo
allí seres humanos que sobrevivían de la tierra”.
También
como ya está ocurriendo en otras regiones, las plantaciones impactan
sobre el agua, y en ese sentido la carta dice que: “En toda la
región, la plantación extensiva de eucalipto promovió la desaparición
de diversos ríos y cañadas”.
Cuando
Stora Enso se instaló en Bahía, lo hizo en base a las mismas promesas
de empleo, desarrollo y riqueza que ahora está haciendo en otros
países. Según la prensa uruguaya por ejemplo “la información
manejada hasta ahora por Stora Enso” es que durante su fase operativa
generará “unos 3.000 puestos directos e indirectos”. En Bahía
dichas promesas no solo no se cumplieron, sino que la empresa
generó expulsión rural, desempleo y miseria.
Nos
preguntamos hasta cuándo estas empresas podrán seguir repitiendo
sus mentiras impunemente.
La
carta a la que hacemos referencia en este artículo se encuentra
disponible en:
inicio
- Camboya: los impactos
de las plantaciones de pino en la provincia de Mondolkiri
Desde
la transición de Camboya hacia una economía de mercado, ocurrida
a principios de los años 1990, en ese país se ha acelerado el
establecimiento de monocultivos de árboles de crecimiento rápido
para producir la llamada madera rápida. En el marco del paradigma
de desarrollo de “concesiones económicas” se propusieron y establecieron
plantaciones de maderas rápidas como acacia, pino y eucalipto.
La mayoría de estas concesiones económicas violan la ley camboyana
y no hay muchos indicios de que hayan creado los beneficios e
ingresos para el Estado propuestos.
Entre
setiembre de 2004 y marzo de 2005 el grupo de activistas ambientalistas
voluntarios Environment Forum Core Team (EFCT) hizo una investigación
de campo en cuatro concesiones económicas de Camboya. El grupo
EFCT es parte de una red de ONG orientadas al medio ambiente establecida
por el Foro de ONG sobre Camboya en 1995. Mediante la utilización
de métodos cualitativos y cuantitativos, EFCT observó los probables
beneficios y desventajas de las concesiones económicas sobre el
sustento de las personas (véase el informe completo en inglés
en: http://www.ngoforum.org.kh/Land/Docs/Plantation/EFCT%20Plantations%20Report%20FINAL.pdf).
Entre
los casos investigados figura el de la plantación de árboles de
crecimiento rápido de Wuzhishan LS Group en la provincia de Mondolkiri.
Tras haberse establecido como empresa en mayo de 2004, Wuzhishan
recibió en agosto de ese año permiso para establecer una plantación
de pino de 199.999 hectáreas en los distritos Sen Monorom y Ou
Reang, provincia de Mondolkiri. El límite de la concesión
también se superpone en parte con la zona de conservación de la
biodiversidad de Seima.
Para
la planificación de la concesión no hubo consultas con las comunidades
locales y la comunicación con las autoridades locales fue extremadamente
limitada. No existe un mapa oficial disponible para el público
que indique la extensión de la concesión otorgada. En setiembre
de 2004, Wuzhishan inició sus operaciones en serio, aplicando
el herbicida glifosato en praderas de la concesión, quemando la
vegetación muerta y procediendo a plantar 250.000 pinos. Al preparar
la tierra para la concesión, Wuzhishan "limpió"
indiscriminadamente no sólo las praderas que la población local
Phnong usa para pastar su ganado sino también bosques espirituales
y cementerios ancestrales, elementos esenciales de la cultura
Phnong. El uso de herbicida fue muy criticado por las comunidades:
se cree que contaminó el agua y afectó la salud humana y que es
responsable de la muerte de ganado.
El
16 de junio de 2005 hubo grandes manifestaciones. Entre 650 y
800 personas afectadas por la plantación, en su mayoría Phnong,
protestaron frente a la oficina de la empresa en la ciudad de
Sen Monorom. Esto llevó al Consejo de Ministros a emitir una notificación
el 17 de junio de 2005 ordenando a Wuzhishan suspender inmediatamente
la plantación en todas las zonas de la concesión. Se estableció
un comité interministerial para resolver el problema.
No
obstante, ante la aparente falta de avances y el hecho de que
la empresa seguía plantando, a fines de junio las comunidades
protestaron con cortes de ruta en las comunas afectadas por la
concesión. Según se informó, luego de esto las comunidades fueron
objeto de numerosas amenazas y tácticas de intimidación. Los cortes
de ruta duraron alrededor de una semana hasta que la empresa los
rompió con camiones llenos de trabajadores que blandían azadas,
palos y cuchillos.
Los
resultados de la investigación demuestran que la principal
ocupación de casi todos los hogares entrevistados (98%) era la
agricultura y cría de animales. El 65% manifestó que las operaciones
de la empresa habían afectado estas actividades agrícolas, debido
principalmente a la pérdida de tierras y los efectos de la fumigación
con glifosato. Según se informa, muchas mujeres de las aldeas
ya no salen al campo por temor a ser violadas por los trabajadores
de la empresa.
Los
entrevistados afirmaron que la madera disponible había disminuido
significativamente y culparon de este hecho principalmente a Wuzhishan,
que taló el bosque. Se observó también que la vida silvestre era
menos abundante y se informó de la pérdida de hábitat resultado
de las actividades de Wuzhishan.
En
el momento de escribir el informe se desconocía a cuánto ascendían
exactamente las pérdidas de los pobladores, pues el límite preciso
de la plantación en las cercanías de las aldeas seguía negociándose.
A pesar de ello, el 57% de los entrevistados afirmó que
perdería parte de sus tierras. Las grandes superficies de praderas
alejadas del centro de los poblados, que los habitantes usan para
pastar su ganado, se están perdiendo. Se están talando bosques
y árboles frutales (que crecen tanto en los bosques como en las
praderas abiertas) vitales para la recolección de productos forestales
no madereros y se están obstruyendo las sendas utilizadas por
los Phnong. Además, los trabajadores de la empresa roban animales,
fruta y cultivos. También se han destruido importantes sitios
culturales, a saber bosques espirituales y cementerios. El reconocimiento
legal de la propiedad de la tierra se ve complicado por los sistemas
de propiedad comunal practicados por los indígenas Phnong.
En
el 21% del total de los hogares entrevistados había personas que
trabajaban en la plantación. Cada obrero trabajaba ocho horas
por día y recibía una paga de entre US$ 30 y US$ 42,50 mensuales;
muchos trabajadores recibían también 25 kg de arroz por mes. La
Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya
(UNCOHCHR) describió las condiciones de trabajo en la plantación
como duras. Los pobladores entrevistados manifestaron que: cuando
estaban enfermos no podían pedir el día; tenían que trabajar mucho;
el salario no era suficiente; estaban preocupados porque supuestamente
había violadores entre los trabajadores; se los presionaba para
que trabajaran mucho; los trabajadores robaban ovejas, perros
y vacas para comer. Informes más recientes (agosto de 2005) indican
que en su mayor parte los empleados de la plantación son trabajadores
itinerantes y no indígenas Phnong locales.
La
concesión de Wuzhishan ha tenido graves impactos negativos sobre
el sustento de los habitantes locales, en su mayoría indígenas
Phnong, lo que provocó varias protestas y requirió la intervención
del gobierno central para negociar una solución. No hubo consultas
con la población local durante las etapas iniciales del desarrollo
de la concesión, lo que llevó a que se perdiera confianza en la
empresa y al sentimiento general de que las inquietudes de la
gente no se están tratando adecuadamente. Tampoco se consultó
a autoridades y departamentos de gobierno locales, y se los dejó
al margen del proceso de adopción de decisiones. Cuando se les
preguntó qué les parecía la empresa, en 11% de los hogares entrevistados
la respuesta fue que les gustaba porque les daba trabajo, pero
el 88% dijo que no le gustaba.
Después
de la publicación del informe las comunidades afectadas han intentado
continuar el diálogo con el gobierno. En octubre de 2005 funcionarios
del Ministerio de Medio Ambiente llevaron a cabo una evaluación
del impacto ambiental y social en menos de dos días. La evaluación,
a la que hasta ahora no se ha dado publicidad, no encontró impactos
ambientales y atribuyó los impactos sociales a las exigencias
irrazonables de los pobladores. Desde entonces, la opinión de
que las comunidades locales son demasiado exigentes e incultas
para comprender el “desarrollo” ha sido repetida en varias reuniones
entre representantes de las comunidades y funcionarios del gobierno.
Recientemente se organizaron “viajes de estudio” a la capital
y otras provincias “más desarrolladas” para que los concejales
comunitarios de la zona afectada, en la provincia de Mondolkiri,
aprendieran del ejemplo. No se informó a las organizaciones de
la sociedad civil, a las que se impidió sistemáticamente apoyar
a las comunidades. Los pobladores indígenas Phnong temen que el
gobierno demarque sus tierras comunitarias sin ningún respeto
por sus derechos tradicionales, derechos claramente reconocidos
por la ley de Camboya. Hasta el momento la situación sigue sin
resolverse.
Extraído
y adaptado de: “Fast-wood Plantations, Economic Concessions and
Local Livelihoods in Cambodia”, Environment Forum Core Team (EFCT),
http://www.ngoforum.org.kh/Land/Docs/Plantation/EFCT%
20Plantations%20Report%20FINAL.pdf. Información actualizada
por el Foro de ONG sobre Camboya.
inicio
- India: la nueva Política
Nacional Forestal ¿abrirá la puerta a los árboles GM?
El
estudio de la Organización para la Alimentación y la Agricultura
de Naciones Unidas (FAO) “Examen provisional de la biotecnología
en la silvicultura, incluida la modificación genética” (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae574e/ae574e00.pdf),
publicado en diciembre de 2004, es un resumen del estado de la
biotecnología aplicada a la silvicultura en general con una mirada
específica a la modificación genética de los árboles. Allí se
informa de 225 ensayos de campo al aire libre de árboles GM en
todo el mundo, distribuidos en 16 países. Desgraciadamente no
se hace diferencia entre ensayos de campo actuales y pasados,
con lo que se brinda una imagen un poco sesgada. Según el estudio,
150 de los 225 ensayos están en Estados Unidos. Los restantes
aparecen más que nada en Europa: Francia, Alemania, Gran Bretaña,
España, Portugal, Finlandia y Suecia, así como en Australia y
Canadá. En cuanto al Sur, se informa de ensayos de campo en India,
Sudáfrica, Indonesia, Chile y Brasil. Hasta donde se sabe, China
es el único país que ha establecido plantaciones comerciales de
árboles GM, con bastante más de un millón de árboles plantados
en diez provincias.
El
estudio indica que India llevó a cabo un ensayo de campo de árboles
GM. En la actualidad se está debatiendo una nueva Política Nacional
Forestal a puertas cerradas; según un informe del Indian Financial
Express, de ésta “se espera que dé un espaldarazo a los árboles
genéticamente modificados (GM) para potenciar la industria del
papel y mejorar la calidad de los productos de la madera”.
Los
árboles modificados genéticamente tienen el potencial de cambiar
los bosques del mundo en forma permanente y radical. Al igual
que con los cultivos GM, la fuga de genes es uno de los principales
problemas, pero los efectos tienen mayor alcance debido al papel
fundamental de los árboles en el ecosistema.
Los
periodistas de Ecologist Asia hicieron algunas averiguaciones
pero no pudieron descubrir detalles de la Política Nacional Forestal
propuesta. La subsidiaria de Monsanto en India afirma no estar
trabajando actualmente con árboles GM en el país. En respuesta
a una consulta vía correo electrónico, Susan Joseph, representante
en India de la empresa, dijo desde su oficina en Mumbai que “El
negocio de Monsanto en India consiste en desarrollar herbicidas
de alta calidad, semillas híbridas (maíz y girasol) y semillas
con rasgos biotecnológicos (algodón Bt)”. Sin embargo, cuando
se le preguntó sobre la probable actitud de Monsanto en caso de
que la nueva Política Nacional Forestal promoviera los árboles
GM, no contestó.
En
respuesta a esta declaración Anne Peterman, de la organización
estadounidense Global Justice Ecology Project, que coordina una
campaña internacional contra los árboles GM, dijo que “Se están
modificando árboles para que resistan al herbicida Roundup de
Monsanto. Si se proponen árboles Roundup Ready para India hay
una conexión con Monsanto, incluso aunque
Monsanto no haya participado
directamente de la investigación y el desarrollo. Sin lugar a
dudas se beneficiarán con estos árboles gracias al aumento de
las ventas de su tóxico herbicida Roundup”. Si, como sugiere el
Indian Financial Express, el despliegue de árboles GM en India
se hace con el propósito de potenciar la industria del papel,
es probable que uno de los rasgos modificados genéticamente sea
la cantidad de lignina de los árboles. Reducir la lignina, que
otorga rigidez y fuerza a las paredes de las células vegetales,
implica un ahorro en potencia para la industria de la pulpa y
el papel, que así tendría menos lignina que eliminar durante el
procesamiento de la fibra de madera.
Sin
embargo, como señala el profesor Joe Cummins, de la organización
británica Institute of Science in Society (ISIS) en un artículo
científico sobre la reducción de lignina, “las ventajas de la
reducción de lignina no compensan las desventajas de los vegetales
con lignina reducida, que son atacados con mayor facilidad por
predadores como insectos, hongos y bacterias”.
Es
probable que los débiles árboles GM de lignina reducida necesiten
otros rasgos de ingeniería genética tales como resistencia Bt
a los insectos y tolerancia a herbicidas. Por lo tanto, solamente
será cuestión de tiempo hasta que los rasgos escapen al ecosistema
silvestre, como ha ocurrido con cultivos GM de diversos tipos.
Los
organismos internacionales como la FAO también tienen un papel
fundamental en el tema de los árboles GM. En respuesta a una pregunta
planteada por correo electrónico, Pierre Sigaud, de esta organización,
dijo que “la FAO no se declara a favor ni en contra de los árboles
GM”. En una declaración sobre biotecnología publicada en su sitio
web, la FAO afirma que apoya “un procedimiento prudente caso por
caso para afrontar las preocupaciones legítimas por la bioseguridad
de cada producto o proceso antes de su homologación”. Sin embargo,
la participación de la FAO en el programa de árboles GM de China
parece representar una posición de hecho a favor de las plantaciones
industriales de árboles GM. Se solicitó a la FAO una aclaración
de su posición al respecto mediante un correo electrónico que
no obtuvo respuesta.
Entre
las especies GM que podrían llegar a comercializarse en India
figura el eucalipto, que ha sido llamado “árbol egoísta”
debido a la gran cantidad de agua que consume, con el correspondiente
efecto sobre el vulnerable nivel freático del país. La fumigación
con glifosato, por ejemplo el Roundup de Monsanto, también conllevaría
la inevitable contaminación del agua potable y problemas
de salud como cáncer y abortos para las personas del lugar; Dinamarca
ya ha prohibido el glifosato por este motivo.
La
nueva Política Nacional Forestal india se está gestando con estos
antecedentes, posiblemente bajo presión de empresas que obtendrían
ganancias con los árboles GM. Al tiempo que los ya mermados bosques
de India luchan por abrirse paso en el siglo XXI junto con las
comunidades humanas, los ecosistemas nativos y, especialmente,
las reservas de agua que de ellos dependen; es hora de exigir
transparencia en este proceso.
Artículo
basado en información de: “The International Status of Genetically
Modified Trees”, 2005, Anne Petermann, Global Justice Ecology
Project, http://www.globaljusticeecology.org/index.php?name=getrees&ID=339;
“Preliminary Review of Biotechnology in Forestry Including Genetic
Modification”, FAO, diciembre de 2004, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae574e/ae574e00.pdf;
“GM trees bloom in rush to feed growing paper industry”, BV Mahlakshmi,
2005, http://www.financialexpress.com/fe_full_story.php?content_id=97000
; “Frankentrees Threaten India’s Forests”, Philip Carter, correo-e:
pcarter@web.ca,
http://www.writingfortheplanet.com/images/
GE_Trees.pdf#search=%22Frankentrees%20Threaten%
20India%E2%80%99s%20Forests%22;
inicio
- Indonesia: expertos
del Banco Mundial y el WWF buscan nuevas formas de subsidiar plantaciones
Cuando
se establecen plantaciones industriales en cualquier lugar del
Sur, los gobiernos ofrecen a los inversores una gama de subsidios.
En Indonesia el gobierno ha entregado miles de millones de dólares
para el desarrollo de las plantaciones. Los sectores de las plantaciones
y la celulosa también han recibido un generoso apoyo en materia
de asistencia financiera. El Banco Mundial y el Banco Asiático
de Desarrollo financiaron estudios en los años 1980. Diversas
agencias de créditos para la exportación colaboraron en la financiación
de la construcción de plantas de celulosa.
Durante
la década de 1980, mientras las empresas madereras destruían vastas
superficies de los bosques de Indonesia, el gobierno de este país
estableció un “Fondo para la reforestación” financiado con las
regalías que pagaban las empresas madereras. Una vez que las empresas
cumplían sus obligaciones de reforestación podían reclamarle el
dinero al Fondo. Por supuesto que la mayoría de las empresas no
hizo ninguna reforestación y simplemente renunciaron al cobro
de los pagos que hubieran correspondido si hubieran reforestado.
El resultado fue que la cantidad de dinero del Fondo creció rápidamente.
En
los 1990 el gobierno modificó el Fondo para la reforestación de
modo de permitir la financiación directa de plantaciones industriales
de árboles. Pero la mayor parte del dinero fue a parar a la familia
de Suharto y sus compinches comerciales. La organización no gubernamental
Down To Earth observa que Suharto utilizó dinero del Fondo
para la empresa estatal de aviación y los Juegos del Sudeste Asiático.
Entre 1993 y 1998 se perdieron más de 5 mil millones de dólares
del Fondo. Muchos préstamos del Fondo que efectivamente se canalizaron
a empresas de plantaciones industriales de árboles se convirtieron
en deudas incobrables. Hace dos años, el Departamento Forestal
reestructuró los préstamos del Fondo para la reforestación. Como
resultado, 14 empresas de plantaciones cerraron porque no podían
pagar la deuda.
Las
empresas elevaron propuestas solicitando financiación para establecer
plantaciones industriales de árboles, pero las superficies plantadas
eran mucho menores que lo declarado. Entre 1990 y 1997 se distribuyeron
casi mil millones de dólares del Fondo, con lo que deberían haberse
pagado cinco millones de hectáreas de plantaciones; en realidad,
se plantó menos de un quinto de esta superficie.
Este
mismo año la Alianza Forestal de WWF/Banco Mundial inició un proyecto
con el Ministerio de Bosques con el objetivo de desarrollar “mecanismos
financieros que puedan ayudar a expandir y acelerar el desarrollo
de las plantaciones”. En una "nota conceptual sobre la actividad"
de febrero de 2006, la Alianza declara que la superficie de plantaciones
de Indonesia precisa “por lo menos duplicarse” para garantizar
el futuro de la industria procesadora de madera del país (que
está dominada por la industria de la pulpa y el papel). La capacidad
total de las plantas de celulosa indonesias asciende a casi seis
millones de toneladas por año. Según el Centro Internacional de
Investigaciones Forestales (CIFOR), cerca del 70% de la madera
consumida en estas fábricas es madera dura tropical mixta procedente
de lo que queda de los bosques de Indonesia.
En
los casos en que se establecieron plantaciones, esto se hizo a
un alto costo ambiental y social. Por ejemplo, en la provincia
de Riau el 75% de las tierras de Asia Pulp and Paper se ubican
en humedales de turba. La única forma de establecer una plantación
es talando el bosque y drenando el suelo.
Una
respuesta obvia sería tratar el problema estructural del enorme
exceso de capacidad del sector de la pulpa en Indonesia. Las plantaciones
ni siquiera son rentables. Según la Alianza del Banco Mundial
y el WWF, “se cree que los ingresos producidos por las plantaciones
son insuficientes para atraer inversiones comerciales”. Pero la
Alianza Banco Mundial/WWF está determinada a rescatar a la industria
de la celulosa buscando nuevos subsidios para nuevas plantaciones.
La
propuesta de la Alianza Banco Mundial/WWF es una fiesta para consultores.
Según la "nota conceptual sobre la actividad" de febrero
de 2006, la Alianza contrataría “expertos consultores” y les pagaría
un promedio de más de US$ 2.000 semanales.
Dichos
expertos tenían que desarrollar una estrategia y un plan. Tenían
que buscar instituciones financieras o mecanismos para crear incentivos
para las plantaciones. Tenían que elaborar resultados provisionales
y organizar talleres. Tenían que comprometer a los interesados.
Tenían que elaborar criterios e indicadores, identificar oportunidades
y obstáculos y analizar tendencias futuras y la evolución probable
de los mercados.
Los
expertos tenían que determinar “las condiciones e intervenciones
que ayudarán a mejorar la financiación de las plantaciones basándose
en el principio de “El árbol correcto en el lugar correcto por
las razones correctas, lo que significa los mercados finales correctos””.
Los
expertos tenían que “examinar formas de identificar los beneficiarios
y los mecanismos financieros que permitirán que los recursos lleguen
a los grupos objetivo correctos, participando en las actividades
correctas (viables ambiental, social y financieramente) por los
motivos correctos (información e interés del mercado) con la financiación
correcta”.
Los
expertos tenían que “centrarse en el establecimiento de medios
institucionales para asegurar que los fondos correctos vayan a
los proyectos correctos basándose en la información correcta y
que la inversión dé los réditos correctos dentro de los plazos
correctos”.
Los
expertos tenían que ser tan expertos como para poder hacer todo
esto sin tomarse la molestia de hablar con ninguna de las comunidades
afectadas por las plantaciones industriales de árboles. La “nota
conceptual sobre la actividad” de la Alianza Banco Mundial/WWF
declara que “Más que recoger datos primarios, este estudio de
factibilidad debería continuar y sintetizar estudios y análisis
previos”.
Con
este proyecto para subvencionar la industria de la celulosa, la
Alianza Banco Mundial/WWF muestra de qué lado está realmente:
con la industria de la pulpa y contra la gente.
Por
Chris Lang, correo-e : http://chrislang.org,
www.chrislang.blogspot.com
inicio
- Perú: los depredadores
de ayer y de hoy, de la deforestación a las plantaciones
En
el número anterior (Boletín del WRM Nº 109) hacíamos referencia
a la promoción de las plantaciones de palma aceitera, denunciando
sus impactos sobre el bosque amazónico y los campesinos desplazados.
El
ímpetu “plantador” continúa, también con otro tipo de exóticas.
En julio de este año se presentó el Plan Nacional de Reforestación,
que promueve plantaciones forestales con fines comerciales e industriales,
y que fue aprobado en enero del año en curso. El plan se propone
un ritmo anual promedio de plantación de aquí al 2024 de 104.500
hectáreas.
En
un país en el que se depredaron más de ocho millones de hectáreas
de bosques, resulta sumamente irónico que se proponga como
paliativo este plan de "reforestación",
y ¡por los mismos autores de la depredación!
En
efecto, el Plan Nacional de Reforestación fue puesto en marcha
por los organismos oficiales –el Instituto Nacional de Recursos
Naturales, INRENA, y el Ministerio de Economía y Finanzas— conjuntamente
con empresarios y madereros. En un planteo similar a los aplicados
en otros países de la región, se plantea canalizar las inversiones
privadas mediante incentivos fiscales, que en este caso el Plan
fija en un monto aproximado de 853 millones de dólares, que incluye
operaciones de canje de deuda externa por plantaciones. Se define
que el pago de incentivos para cada tipo de plantación y el fomento
de la inversión privada se hará “a través del desarrollo de un
mercado de capitales, que pueda ofrecer líneas de crédito, con
períodos de gracia suficientemente amplios (cosecha) e intereses
promocionales”. El propio grupo forestal Fondebosque así lo anuncia:
“Inversiones Forestales Privadas. La Gran Oportunidad” (http://www.fondebosque.org.pe/boletin/Boletin25.htm).
Las
instituciones financieras internacionales se alinean para facilitar
el negocio. El Banco Mundial, la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la FAO, figuran entre algunas de las posibles fuentes de cooperación
técnica financiera internacional. Por otro lado, dentro de los
posibles mecanismos de financiamiento, la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podrían
encargarse del endeudamiento, mientras que el Fondo Italo Peruano
y la Cooperación Financiera Alemana lo harían con el canje de
deuda.
No
hay casi restricciones para el negocio, ya que las plantaciones
forestales con fines comerciales e industriales, de especies exóticas
–eucaliptos y pinos-- pueden ser instaladas en casi todo el territorio
nacional, pudiendo ubicarse en suelos agrícolas, forestales o
pastizales, incluso en tierras de las comunidades campesinas andinas,
a las cuales define que son “quienes poseen la mayor cantidad
de tierras con aptitud para el establecimiento de este tipo de
plantaciones”, cuyos estragos en otros países venimos denunciando
profusamente (ver en nuestro sitio: “El problema de las plantaciones
forestales”, en
http://www.wrm.org.uy/plantaciones/acerca.html)
Además,
el sector forestal ha logrado que recientemente el Congreso aprobara
una nueva ley que se enmarca dentro del Plan Nacional de Reforestación,
por la cual se pueden adjudicar en concesión tierras deforestadas
de dominio público a inversionistas privados para implementar
proyectos de forestación y reforestación. Dicha ley ya ha sido
promulgada por el Poder Ejecutivo y solo falta su reglamentación.
Los
depredadores de ayer, que se enriquecieron a costa de la destrucción
de los bosques peruanos se convertirán ahora –según el discurso
oficial- en “forestadores” y “reforestadores” y recibirán por
ello cuantiosos recursos desde el Estado. Sin embargo, pese al
cambio de título, seguirán siendo los mismos depredadores de siempre,
destruyendo con sus monocultivos de árboles suelos, agua, flora
y fauna y sumiendo a las poblaciones locales en la miseria.
Plan
Nacional de Reforestación, http://www.inrena.gob.pe/iffs/pnr/proyecto_pnr-
v151205v1.pdf#search=%22Plan%20Nacional%20
de%20Reforestaci%C3%B3n%20per%C3%BA%22; información proporcionada
por Carlos Dávila Obregón, e-mail: carlosfelipedaob@yahoo.es
inicio
- Sudáfrica: impactos
diferenciados de las plantaciones de árboles sobre las mujeres
La
historia de la industria de las plantaciones en Sudáfrica puede
compararse con el desarrollo de las plantaciones en otras partes
del Sur: en Brasil, Aracruz Celulose creció bajo una dictadura
militar; el boom de la celulosa de Indonesia fue planeado y puesto
a andar durante el régimen de Suharto; Camboya, Tailandia y Chile
son otros ejemplos de cómo la opresión del Estado beneficia a
las empresas de la celulosa y las plantaciones.
En
Sudáfrica, la fase inicial afectó las tierras controladas por
el Estado, de donde se desalojó a las comunidades, que fueron
reubicadas en otras zonas tribales, decreto gubernamental mediante.
La década de 1980 fue testigo de una ola de nuevas plantaciones
encabezada por empresas de celulosa entre las que se destacan
Sappi y Mondi. Todo esto ocurrió principalmente en tierras pertenecientes
a agricultores blancos. Los costos, sobre todo los salarios y
el acceso a la tierra, se mantenían bajos en forma artificial;
gracias a esto y al generoso subsidio del gobierno en la época,
la industria plantadora local creció hasta convertirse en una
importante exportadora de madera y productos derivados de la madera.
Sin
embargo, la calidad de vida de las comunidades locales no ha mejorado
con la industria de las plantaciones. Los llamados “acuerdos para
empoderar a la población de color” (“empowerment deals”) y oportunidades
de negocios para las comunidades no se difundieron ampliamente,
con lo que se convirtieron en fuente de diferenciación y división
social. Además, la invasión de las plantaciones madereras industriales
ha tenido impactos ambientales que incluyen la destrucción irreversible
de praderas y la reducción de la cantidad y la calidad del agua,
lo que en la típica vida rural comunitaria es difícil de separar
de los asuntos sociales, culturales, económicos y políticos.
Todavía
peor situadas en esta situación adversa, las mujeres sufren los
impactos diferenciados de varias actividades del sector de las
plantaciones madereras industriales que las afectan. Muchos factores
resultan en una mayor presión de las plantaciones sobre las mujeres.
Estos factores deben interpretarse en el contexto de la división
del trabajo de hombres y mujeres definida histórica y culturalmente
en una sociedad patriarcal complicada por las políticas económicas
coloniales. La vida familiar rural es patriarcal y la autoridad
del jefe es indiscutida. El cabeza de familia tomará usualmente
las decisiones importantes. El papel de la mujer en estas
economías se complica con su falta de participación en otras esferas
de la vida. En gran medida, se considera a la mujer más reproductiva
que productiva.
Como
trabajadoras, productoras de madera o residentes dentro o cerca
de una plantación, las mujeres se ven afectadas por la industria
de la madera. Salarios diferenciados y la capacidad (o falta de
ella) de acceder a empleos calificados o mejor pagos afectan a
aquellas mujeres que trabajan. Las productoras de madera se ven
afectadas por su capacidad de lograr acceder a tierras apropiadas
para garantizar la rentabilidad y de quedarse con los ingresos
obtenidos con la venta de la madera o decidir en forma independiente
qué hacer con ellos. En teoría, y a menudo también en la práctica,
cultivar árboles brinda una salida económica a las mujeres del
medio rural que no tienen ninguna otra oportunidad, siempre y
cuando tengan acceso a un poco de tierra adecuada. Sin embargo,
muchos lotes forestales pertenecen contractualmente a hombres
aunque son mujeres quienes los trabajan. Según cómo funcionen
los acuerdos contractuales, los aspectos laborales tienen el potencial
de hacer ganar dinero a los hombres mientras las mujeres hacen
el trabajo. Muy rara vez este dinero beneficia a las mujeres,
niños y niñas que trabajan, pues los hombres consideran que el
hecho de que permanezcan en su propiedad es de por sí una paga.
Los
problemas relativos a la residencia dentro o cerca de las plantaciones
tienen que ver con la seguridad. Las plantaciones cercanas a las
viviendas de estas personas han aumentado los problemas de seguridad;
hay violaciones y los ladrones esconden su botín en las plantaciones:
“Como padres de niñas, las plantaciones nos preocupan mucho. Siempre
hay hombres extraños vagando por ahí y se han denunciado muchos
delitos sexuales. Por eso las niñas ya no pueden ir a buscar agua
o leña. Además, los ladrones se esconden en las plantaciones y
ocultan allí las cosas robadas. Cuando la policía descubre esas
cosas vienen y nos acosan allanando nuestras casas al estilo apartheid.
Aquí no estamos seguros con estas plantaciones”, señaló una mujer
local.
Las
mujeres dividen su tiempo entre múltiples actividades y las responsabilidades
productivas (alimento, disponibilidad de agua y energía para uso
doméstico) compiten con las reproductivas (alumbramiento, cuidado
y crianza de criaturas). El advenimiento de las plantaciones industriales
de árboles en estas comunidades rurales complica el trabajo de
nutrición y cuidado realizado por las mujeres. “Como mujer, mi
mayor problema es la comida. No estábamos acostumbrados a comprar
alimentos en los comercios porque donde vivíamos teníamos campos
de porotos y maíz. Había incluso campos para los cultivos del
año siguiente. Podíamos rotar los campos cómodamente porque había
tierra suficiente. Comprábamos máquinas para moler nuestro propio
maíz. Jamás comprábamos harina de maíz. Esas son algunas de las
cosas que nos recuerdan de dónde venimos”.
La
industria de la madera ha sido calificada con justicia de “principal
ladrona de agua”. La cuestión del agua y las plantaciones madereras
es muy importante en un país como Sudáfrica, donde el agua es
escasa y también muy importante para las comunidades rurales a
quienes se adjudicó esas tierras por no considerárselas suficientemente
buenas para la agricultura y el asentamiento de los europeos.
En la provincia de KwaZulu-Natal, las sedientas plantaciones madereras
se sitúan a menudo arriba, en las zonas de acumulación de agua,
en detrimento de los usuarios de aguas abajo. En ciertas zonas
de comunidades rurales la pérdida de aguas superficiales tiene
graves implicaciones negativas para la capacidad de supervivencia
de la gente. Las plantaciones hacen desaparecer fuentes, lagunas
y pequeños cursos de agua, lo que obliga a la gente a mudarse
a zonas marginales ecológicamente sensibles en busca de agua para
sus animales y huertas. Además, cuando el agua escasea son las
mujeres que tienen que caminar más para encontrarla. Son las mujeres
que tienen que levantarse mucho más temprano para traer el agua
para la casa.
Una
mujer mayor de Sabokwe, la señora Ziqubu, expresó: “El asunto
es que competimos con estas plantaciones por el agua. Gastan un
montón de agua. Me acuerdo de cuando llegamos aquí en 1996, el
arroyo cerca de nuestro jardín corría continuamente porque los
eucaliptos no estaban. Este terreno que va desde aquí hasta la
ruta era pradera. La empresa temía que plantáramos nuestros cultivos
y construyéramos nuestras casas en ese terreno, por eso rápidamente
lo llenaron de árboles. Desde entonces, el agua escasea. Esta
tierra, que antes teníamos que drenar porque era pantanosa, se
ha vuelto seca. Para regar los cultivos hacíamos pozos muy poco
profundos. Ahora tenemos que cavar más hondo y traemos el agua
de muy lejos. El agua para beber también se ha vuelto escasa.
También tenemos que traer agua para nuestro ganado, aves y cabras,
además del agua para el consumo doméstico. Esto hace que el trabajo
de las mujeres sea todavía más duro. Tenemos una huerta cooperativa
manejada por mujeres de esta comunidad que cercamos gracias a
la ayuda del Departamento de Agricultura, pero nos enfrentamos
con grandes problemas a la hora del riego. Traemos el agua en
baldes sobre la cabeza, pero el proyecto de huerta incluye a mujeres
muy mayores. Esta no es forma de vivir y trabajar. El problema
del agua es tan crucial como el propio acceso a la tierra. Se
pueden obtener tierras, pero sin agua se puede hacer muy poco
con ellas. Así que aquí estamos, en el medio de un desierto creado
por la industria de las plantaciones. Pensar que ni siquiera ayudan
a perforar pozos, construir molinos o usar otras tecnologías para
obtener agua. Por eso dije antes que somos nosotras las que tenemos
que pagar los costos de los impactos de esta industria desconsiderada”.
Extraído
y adaptado de: A Study of the Social and Economic Impacts of Industrial
Tree Plantations in the KwaZulu-Natal Province of South Africa,
John Blessing Karumbidza, WRM, diciembre de 2005
http://www.wrm.org.uy/countries/SouthAfrica/book.pdf
inicio
LO PEOR EN CERTIFICACIÓN DE PLANTACIONES
- PEFC: respaldo a sistemas
de certificación no creíbles en el Sur
El
PEFC fue establecido entre 1998 y 1999 por sectores forestales
nacionales –principalmente asociaciones de pequeños propietarios
de bosques en varios países europeos- bajo el nombre de Esquema
Paneuropeo de Certificación Forestal (Pan European Forest Certification
Scheme). El cambio a su nombre actual (Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes – Programa para Avalar Esquemas
de Certificación Forestal) ocurrió luego que diera su aval a otros
sistemas no europeos. El sistema es gobernado por el Consejo del
PEFC, integrado por representantes de sistemas nacionales de certificación
que integran el PEFC. No se trata de un solo sistema de certificación
con una única norma sino de un programa para avalar sistemas nacionales
de certificación.
Si
bien se suponía que el PEFC certificaría el manejo de bosques,
ha incluido también las plantaciones de árboles en tanto “bosques”
certificables, tal como ha ocurrido con otros sistemas de certificación.
El
PEFC tiene una cantidad de características que lo convierten en
el sello perfecto para plantaciones insustentables en el Sur,
como puede verse en los dos artículos siguientes sobre la certificación
en Chile y Brasil.
Al
respecto, un informe de FERN (2004) afirma que “En ninguna norma
del PEFC se reconocen los derechos indígenas”, lo que “preocupa
especialmente, pues el PEFC pronto incorporará sistemas en zonas
tropicales, donde los asuntos relacionados con los derechos indígenas
y los derechos a la tierra plantean graves inquietudes”. Esto
ya ha sucedido.
En
su informe, FERN también consideró que “El no reconocimiento pleno
de los derechos a la tierra de los pobladores locales por parte
del PEFC es una omisión grave, y lo mismo ocurre con la no exigencia
de consultas adecuadas con los interesados locales durante el
proceso de certificación. Esto tiene particular importancia dado
que el PEFC comenzará a respaldar sistemas no europeos en países
donde la discusión sobre el derecho a la tierra y la reforma de
las leyes forestales es la clave para un mejor manejo de los bosques.
Si no reconoce este asunto, el PEFC corre el grave riesgo
de ser atacado por una amplia gama de organizaciones sociales
y ambientales de esos países y también del Norte”.
Esta
inquietud se ha convertido en realidad: plantaciones en Chile
y Brasil muy combatidas por los pueblos indígenas cuyas tierras
fueron tomadas por las empresas de plantaciones han recibido una
certificación avalada por el PEFC. La única razón por la que el
PEFC no ha sido “atacado” en el Sur es que los sistemas de certificación
que ha respaldado tienen tan poca credibilidad que ni siquiera
han ameritado la atención de las organizaciones que luchan contra
las plantaciones.
El
informe de FERN declara también que el PEFC “todavía no ha cambiado
los fundamentos del sistema adoptando la participación igualitaria
de los diferentes grupos interesados. Todavía sigue dando predominio
a la industria forestal y a los propietarios de bosques en cuanto
al desarrollo del programa y de las normas. Por lo tanto, no es
un sistema independiente. Además, “No se requiere consultar a
los interesados durante el proceso de certificación, aunque algunos
planes nacionales han llevado a cabo consultas con los interesados”.
Para empeorar las cosas, “no en todos los casos se exigen visitas
de campo”.
Lo
anterior significa que en países como Chile y Brasil las mismas
empresas plantadoras que serán certificadas son las que establecen
las normas, que no existen las consultas adecuadas y que ni siquiera
se necesitan visitas de campo, o por lo menos visitas de campo
significativas.
Como
expresa FERN, “el umbral para el aval es tan bajo que la mayoría
de los sistemas de certificación resultan aptos”. Esto ha demostrado
ser cierto.
A
este respecto, FERN afirma que “PEFC Francia, no tiene normas
mínimas de desempeño claras, no certifica a nivel de Unidades
de Manejo Forestal ni exige visitas de campo” y advierte que “Esto
no presagia nada bueno para los bosques certificados a través
de sistemas de certificación tropicales que hoy quieren acceder
al PEFC”. Esto también ha demostrado ser cierto: cientos de miles
de hectáreas divididas en miles de unidades de manejo (que los
certificadores nunca visitaron) hoy están siendo certificadas
en Chile y Brasil a la sombra del PEFC.
En
suma, el aval del PEFC puede tener credibilidad en unos pocos
países europeos, pero en los dos sistemas que se analizan a continuación
(CERFLOR y CERTFOR) se ha convertido simplemente en una herramienta
para brindar acceso a los mercados a algunos de los peores tipos
de monocultivos de árboles a gran escala, social y ambientalmente
perjudiciales.
-
FERN (2004).- Footprints in the forest. Current practice and future
challenges in forest certification.
http://www.fern.org/media/documents/document_1890_1900.pdf
inicio
- Brasil: el programa de certificación CERFLOR
no merece la más mínima credibilidad
El
programa de certificación forestal brasileño CERFLOR, avalado
por el programa internacional PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certification schemes), fue lanzado oficialmente en
2002 por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio y comenzó
a funcionar en marzo de 2003.
CERFLOR
tiene cinco principios --acompañados de criterios e indicadores--,
que varían según las condiciones locales. Se pone mucho énfasis
en los planes de gestión, los ejercicios de monitoreo y los planes
de desarrollo para las comunidades locales, pero no hay requisitos
sociales y ambientales mínimos y claros en cuanto al desempeño.
Los requisitos sociales no van más allá de lo que se exige por
ley. No hay exigencias de autodeterminación de los pueblos indígenas
y tampoco ONGs o representantes de grupos indígenas o locales
que participen en la elaboración de las normas de CERFLOR.
Más
allá de los principios, criterios e indicadores, lo que importa
es ver como actúa en la práctica concreta. En este sentido, el
caso de la certificación de Aracruz Celulose es más que revelador.
En efecto, CERFLOR ha certificado el “manejo forestal” de todas
las plantaciones de la empresa Aracruz en los estados de Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia y Espirito Santo.
Es
interesante señalar que en el caso de las plantaciones de esta
empresa en Rio Grande do Sul, la disputa de tierras con las comunidades
indígenas del lejano estado de Espírito Santo le generó tanto
desprestigio a nivel internacional que la propia empresa decidió
solicitar el retiro voluntario de la certificación del FSC (Forest
Stewardship Council) de sus plantaciones en el Estado de Rio Grande
do Sul, antes de su revalidación, en diciembre de este año (ver
Boletín Nº 107 del WRM). Esas mismas plantaciones ahora han recibido
el certificado de CERFLOR.
El
caso de las plantaciones de Aracruz en Espírito Santo es aún más
grave. En dicho estado, la empresa es propietaria de 146.000 hectáreas
de tierras, de las cuales 93 mil hectáreas están cubiertas con
monocultivos de eucalipto. La certificación de esas plantaciones
por parte de CERFLOR parece hasta algo provocadora para todos
los que conocen de cerca la actuación y postura de los dirigentes
de la empresa con las comunidades locales y su ambiente, a lo
largo de los últimos 35 años.
La
Red Alerta contra el Desierto Verde cita algunos ejemplos de conflictos,
algunos más antiguos, otros más recientes:
“Aracruz
Celulose continúa ocupando aproximadamente 10.500 hectáreas de
tierras indígenas Tupinikim y Guaraní en el municipio de Aracruz.
Son tierras que ya fueron reconocidas como indígenas por el gobierno
federal, aunque fueron excluidas de la última demarcación, ocurrida
en el año 1998. En ese momento, el propio gobierno federal,
presionado por Aracruz Celulose, cometió un acto ilegal al reducir
la tierra a ser demarcada. Resta entonces preguntar: ¿cómo certificar
a una empresa que ocupa y explota tierras indígenas?
Aracruz
Celulose invadió las tierras de quilombolas (descendientes de
esclavos) en el Norte del Estado de Espírito Santo, expulsando
a miles de personas y plantando eucaliptos. En los últimos años,
34 comunidades de quilombolas están en un proceso de rearticulación
y reorganización para garantizar su reconocimiento, la devolución
y la demarcación de sus tierras, contando con el apoyo de la Fundación
Palmares, del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma
Agraria) y de la sociedad civil organizada.
Aún
así, CERFLOR certificó a una empresa que ocupa y explota tierras
de comunidades quilombolas. A habitantes de Vila do Riacho
que hacían carbón con los restos de eucalipto de Aracruz les destruyeron
sus hornos en una acción articulada entre la Intendencia de Aracruz,
la empresa, policías y la ‘milicia armada’ de la empresa Aracruz,
Visel. Los residuos del eucalipto –restos de gajos y troncos-
constituyen la única fuente de supervivencia para comunidades
que fueron privadas de su modo de vida. Actualmente esta empresa
es considerada ambientalmente correcta porque tiene una máquina
que tritura estos restos para que el material orgánico sea reincorporado
en la tierra. Sólo falta que Aracruz gane un premio ambiental
con eso... Ahora, ¿cómo certificar a una empresa que deja a familias
sin tierra, de quilombolas y de indios sin su única fuente de
supervivencia, dejándolas pasar hambre?
En
octubre de 2004, Aracruz destruyó cuatro casas de habitantes en
un área de Barra do Riacho, cerca de su complejo industrial.
Luego de la destrucción de las casas quedó comprobado en la justicia
que las familias vivían en el lugar hacía más de 10 años.
Brutalmente Aracruz destruyó las casas y arrancó todas las plantaciones
de banana, mandioca y ananá. ¿Es esa una empresa que merece
recibir un certificado de manejo forestal mientras continúa realizando
actos de violencia contra los habitantes locales, igual que lo
ha hecho contra los indios, quilombolas y pequeños productores
a lo largo de los últimos 35 años, incluso con el apoyo de la
dictadura militar?”
Las
organizaciones, movimientos, comunidades y ciudadanos de la sociedad
civil consideran que CERFLOR no merece la más mínima credibilidad.
La sociedad civil fue explícitamente excluida de la discusión
sobre los objetivos, principios y criterios de este sistema de
certificación. Como denuncia la Red Alerta contra el Desierto
Verde: “Hasta hoy, ni sabemos cuáles son los principios y criterios
que la empresa certificadora BVQI va a utilizar en este proceso
de certificación y si quisiésemos hacerlo, debemos comprar la
documentación relativa al procedimiento de certificación establecido
por CERFLOR, lo que lo caracteriza como no transparente.
Además de ello, no existen exigencias sociales o ambientales mínimas
relacionadas con el certificado CERFLOR. La referencia es básicamente
la legislación brasileña.”
Pero,
como señala la Red Alerta contra el Desierto Verde, “un monocultivo
industrial en gran escala, nunca puede ser certificado por ser
insustentable. La plantación de eucalipto es ‘sustentable’ solamente
para Aracruz, que aumenta su productividad a costa de un elevado
consumo y de la contaminación de los recursos hídricos, de la
muerte de peces y de animales y de tantos otros impactos socioambientales
que involucran a comunidades indígenas, quilombolas y de pequeños
productores que desde siempre han habitado la región que se ha
vuelto conocida actualmente como Desierto Verde. Su modo de vida
fue modificado en provecho de Aracruz, que destruyó la Mata Atlántica,
acabando de esta forma con la fuente de una verdadera sustentabilidad
para estas comunidades.
Las
comunidades locales están cansadas de los impactos producidos
por el monocultivo del eucalipto. Quieren alternativas basadas
en la producción de alimentos en la tierra mediante una amplia
reforma agraria, quieren reforestación con especies que mejoren
el medio ambiente local y ofrezcan múltiples opciones de uso,
los indios y quilombolas quieren que les devuelvan sus tierras
y principalmente, todos quieren que sus derechos fundamentales
sean respetados.
La
Red Alerta contra el Desierto Verde denuncia a CERFLOR y a su
equipo técnico, encargado de la elaboración del informe para la
certificación de Aracruz Celulose en el Estado de Espírito Santo.
Sin ninguna comunicación previa, este equipo, acompañado por dos
funcionarios de Aracruz Celulose, apareció en la aldea guaraní
Boa Esperança el 30/11/04, interrumpiendo una reunión de la comisión
de Caciques y Líderes Tupinikim/Guaraní. Ângelo Rafael, profesor
universitario, ex pasante de Aracruz Celulose y de Mannesman,
con estudios en los Estados Unidos de América, habló en nombre
del equipo de CERFLOR, explicando que Aracruz Celulose todavía
traía la ranciedad de la época de la dictadura militar en la que
el Estado poseía la mayor parte de las acciones de la empresa.
Sin embargo, con la certificación que pretendía, podría revertir
los eventuales impactos negativos causados hasta ahora. La certificación
sería, según él, un estímulo para que de ahora en adelante, Aracruz
asumiese las responsabilidades que eventualmente pudiese estar
incumpliendo. Asimismo, según el profesor, la plantación
de eucaliptos sería beneficiosa para la población de Espírito
Santo, porque estaría sirviendo para la fabricación de muebles,
libros, cuadernos y otros productos de consumo de la población.
El eucalipto sería entonces comparable con las plantaciones de
mandioca, maíz y poroto...
Cuestionado
sobre esas afirmaciones y confrontado con datos que lo desmentían,
el profesor Ângelo Rafael se retiró intempestivamente de la cabaña
guaraní hacia su auto. La otra señora, integrante del equipo,
que se decía antropóloga, todavía permaneció algunos minutos intentando
argumentar a favor de la empresa.”
Paulo,
líder Tupinikim, cuestionó a los especialistas diciendo: “¿a qué
llaman bosque ustedes? Para nosotros las plantaciones no son bosques.
Nuestro concepto de bosque es diferente al de los científicos...
Para nosotros el bosque no se planta para después cortarlo.
El bosque es el lugar donde nosotros vamos a buscar el material
para las artesanías, la caza, los frutos y a pescar los peces
en los ríos...Nuestra condición para que la empresa reciba la
certificación es que ella devuelva en primer lugar las once mil
hectáreas de nuestra tierra que están en su poder”. Y hablando
en nombre de los indios, el cacique más anciano cerró la conversación
diciendo: “Ustedes están haciendo su trabajo...pero si supiesen
las desgracias que la empresa causó por aquí, no harían este trabajo,
no...Yo no podría hacerlo. Lo que la empresa hizo por aquí
fue un delito. Eso es lo que la empresa es, una delincuente.
Les decimos que nosotros, indios, no estamos de acuerdo con que
se le dé esa certificación.”
A
pesar de todo esto, CERFLOR ha certificado todas las plantaciones
de Aracruz. Resulta entonces evidente que el programa de certificación
CERFLOR no merece la más mínima credibilidad.
Artículo
basado en: “Carta pública da Rede Alerta contra o Deserto Verde
sobre a certificação CERFLOR da Aracruz Celulose no Espírito Santo”
y “Aracruz Celulose: CER-FLOR que não se cheira”, comunicados
de la Red Alerta contra el Desierto Verde, 2005; “Footprints in
the forest. Current practice and future challenges in forest certification”,
2004, FERN
http://www.fern.org/media/documents/document_1890_1900.pdf
All
Aracruz forests now fully certified by Cerflor
http://www.aracruz.com.br/web/en/imprensa/noticias/noticias177.htm
Aracruz
requests voluntary temporary withdrawal of FSC certification of
its Guaíba Unit
http://www.aracruz.com.br/web/en/imprensa/noticias/noticias178.htm
inicio
- Chile: ¿tiene algún valor el sello CERTFOR?
En
el año 2000 los empresarios forestales chilenos anunciaron el
lanzamiento de su propio sello de certificación forestal, CERTFOR.
Este sello se creó bajo los auspicios de la Fundación Chile, el
Instituto Forestal (Infor) y con el apoyo financiero de CORFO
(Corporación de Fomento de la Producción). Habiendo intentado
incorporarse al FSC --en aras de buscar legitimidad internacional--
y frente a la negativa recibida, CERTFOR acudió a otro sistema
internacional de certificación: el PEFC. Fue así que en octubre
del 2004, el sistema de certificación Chileno CERTFOR, fue homologado
internacionalmente por PEFC.
Las
empresas certificadoras acreditadas para realizar las auditorias
son QMI Toronto y SGS. Resulta sorprendente que esta última
está también acreditada en el sistema FSC y que ha sido reiteradamente
cuestionada por su certificación de plantaciones bajo ese sistema.
¿Se le habrán mezclado los manuales de procedimiento?
Hasta
el momento CERTFOR ha certificado siete operaciones forestales
en Chile, que abarcan un total de nada menos que 1.600.000 hectáreas
certificadas. Entre las mismas se encuentran las gigantescas plantaciones
de los dos grupos más poderosos de Chile: el Grupo Arauco y el
Grupo Mininco.
El
sistema cuenta con 9 principios acompañados de una serie de criterios
e indicadores. Más allá de estos principios e indicadores, es
importante destacar que CERTFOR es capaz de certificar de una
sola vez todas las plantaciones de un grupo empresarial. Tal es
el caso de Bosques Arauco, empresa a la cual en un solo certificado
se le otorgó el sello para 280.000 hectáreas distribuidas en 950
predios. Lo mismo sucedió para el caso de Forestal Celco y Forestal
Cholguán (también del Grupo Arauco) a las que se les otorgó el
sello para 446.100 hectáreas distribuidas en 2150 predios. Demás
está decir que los certificadores recorrieron apenas una pequeña
fracción de todos esos predios, lo que ya está mostrando a las
claras la poca seriedad del sistema.
Entre
sus principios, el sello CERTFOR no dice una sola palabra en relación
al uso de árboles transgénicos, por lo que no sería extraño que
en el futuro también certificara plantaciones transgénicas. Tal
vacío tiene una explicación muy sencilla: Fundación Chile –una
de las creadoras de este sello- es una de las organizaciones que
ha estado más activamente involucradas en ingeniería genética
de árboles.
Más
allá de la teoría, la propia práctica aporta elementos más que
suficientes para señalar que ninguna de estas plantaciones debieran
haber sido jamás certificadas … ¡por nadie!
En
primer lugar, el modelo forestal chileno, fue impulsado durante
la dictadura de Pinochet, y se expandió sobre los territorios
que históricamente han pertenecido a pueblos indígenas de Chile:
el Pueblo Mapuche.
Están
harto documentados los impactos provocados por la fuerte expansión
de las empresas forestales en el sur de Chile: la destrucción
del bosque nativo, la pérdida de los recursos hídricos y contaminación
de los mismos por el uso de agroquímicos, erosión descontrolada,
destrucción de la biodiversidad, disminución e incluso desaparición
de la fauna silvestre y de la vegetación, problemas de salud en
las poblaciones locales por el uso de agrotóxicos, por citar solo
algunos.
Pero
fundamentalmente en Chile, el “desarrollo forestal” ha provocado
severos impactos al Pueblo Mapuche. No es casual, que el incremento
en el empobrecimiento de la población mapuche coincide con la
concentración de plantaciones forestales. Las localidades forestales
con alto índice de demografía mapuche entre la VIII y IX regiones,
a pesar de los millones de dólares por utilidades que perciben
las compañías, son lugares donde se concentran los mayores niveles
de indigencia y pobreza.
El
avance del modelo forestal chileno está provocando el etnocidio
del Pueblo Mapuche, argumento suficientemente importante como
para no poder certificar nunca a una empresa forestal chilena
que actúa en esos territorios. Sin embargo los certificadores
de CERTFOR no parecen estar siquiera enterados del problema.
Los
principales focos de conflictos por reivindicaciones territoriales
que mantienen las comunidades Mapuche son con empresas forestales,
principalmente con Forestal Mininco y con las empresas que agrupa
Bosques Arauco, generando centenares de detenidos, procesados
y condenados; decenas de heridos; cientos de movilizados, como
saldo y resultado de múltiples movilizaciones tendientes a la
recuperación de tierras y también con el fin de frenar la expansión
y las graves consecuencias que se denuncian en contra de las empresas
forestales.
Incluso
más, el pueblo Mapuche tuvo que lamentar la muerte de dos jóvenes
que en movilizaciones por la recuperación de sus tierras, que
fueron brutalmente asesinados por la guardia de la forestal Mininco.
¿Cómo pudo entonces CERTFOR darle un sello a Forestal Mininco
para sus 540.766 hectáreas?
En
síntesis, el sello CERTFOR es una burla a los consumidores y una
afrenta a las comunidades Mapuche que sufren los graves impactos
de estas plantaciones. Nos permitimos entonces hacer una pequeña
sugerencia: que sustituyan el pino de su logo por una calavera
con un par de tibias cruzadas. No quedaría tan bonito, pero reflejaría
mejor la realidad.
Artículo
elaborado en base a: CERTFOR, http://www.CERTFOR.org;
Defensores del Bosque Chileno,
http://www.elbosquechileno.cl/41fsc.html; “Modelo forestal
chileno y Movimiento autónomo Mapuche: Las posiciones irreconciliables
de un conflicto territorial” por Alfredo Seguel,
http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/modelo_forestal_chileno.html;
Boletines anteriores del WRM, disponibles en
http://www.wrm.org.uy/paises/Chile.html
inicio
ÁRBOLES GENÉTICAMENTE MODIFICADOS
- Recolección de firmas para que la CBD
prohíba la liberación de árboles genéticamente modificados
La
última Conferencia de las Partes (COP8) de la Convención sobre
Diversidad Biológica (CBD) adoptó una importante Decisión (VIII/19)
mediante la cual “Recomienda a las Partes adoptar enfoques de
precaución al tratar la cuestión de los árboles genéticamente
modificados”
La
Decisión reconoció “las inexactitudes [incertidumbres] relacionadas
con los impactos ambientales y socioeconómicos potenciales, incluyendo
los impactos a largo plazo y los transfronterizos, de árboles
modificados genéticamente sobre la diversidad biológica de los
bosques a nivel global, así como los medios de subsistencia de
las comunidades indígenas y locales, y dada la ausencia de datos
confiables y de la capacidad en algunos países para llevar a cabo
evaluaciones de riesgo y evaluar esos posibles impactos”.
Este
es un paso muy importante en la dirección correcta, que necesita
ser apoyado para contrarrestar las presiones que recibirá la CBD
por parte de los actores involucrados en la producción y venta
de árboles genéticamente modificados.
Dado
que la Decisión de la COP 8 invita a todos “a ofrecer opiniones
e información pertinente a la Secretaría para su inclusión en
la evaluación” varias organizaciones han elaborado una carta conjunta
para ser enviada al Secretariado que contiene información y análisis
sobre el tema y hace un llamado a la CBD para que declare “en
forma inmediata la prohibición de liberación de árboles genéticamente
modificados”.
La
carta finaliza diciendo que: “los árboles GM no tienen ningún
papel a jugar en la conservación de la diversidad biológica de
los bosques, y por el contrario, probablemente reduzcan la biodiversidad,
con las correspondientes consecuencias sociales. Los altos riesgos
señalados por la ciencia disponible, aunque incompleta, muestran
que la tecnología puede resultar en la extinción de especies de
flora y fauna del bosque, con severos impactos sobre la biodiversidad”
y urge a la CBD para que avance “hacia una Decisión obligatoria,
declarando en forma inmediata la prohibición de liberación de
árboles genéticamente modificados..
El
texto completo de la carta se encuentra disponible en:
http://www.wrm.org.uy/temas/AGM/cartaCBD.html
Si
desea adherir a esta carta, por favor envíe un mensaje a STOP
GE Trees, email: info@stopgetrees.org
antes del 15 de Noviembre!
inicio
