Colombia:
negocios de secuestro de carbono, territorios y comunidades
Pocos días atrás culminó
la décima segunda sesión de la conferencia de las partes sobre Cambio
Climático –COP 12-, con cuyo cierre se confirmó, una vez, más la
escasa voluntad de los gobiernos y partes involucradas en buscar
soluciones contundentes a la crisis climática a la cual estamos
asistiendo. Lo que sí se evidenció fue el interés por promover el
uso de las estrategias inventadas para solucionar la problemática
climática, es decir aquellas basadas en mecanismos de mercado, destacándose
en este grupo los proyectos de plantaciones forestales como sumideros
de gases de efecto invernadero.
Entre los proyectos de
Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL-, los supuestos sumideros representados
en las plantaciones forestales llaman ampliamente la atención de
los agentes contaminadores de los países industrializados, entre
otras razones porque permiten sostener el modelo causante de la
crisis climática, son posibles de realizar en países empobrecidos
a costos significativamente menores de lo que valdría en sus países
y finalmente representan una fuente más de riqueza.
Pero toda esa suerte de
proyectos requiere, como es apenas lógico, de grandes extensiones
de tierra para ser llevados a cabo, tierras que hoy en día permanecen
en gran porcentaje en manos de los pueblos indígenas, negros y campesinos
del mundo, que a su vez se convierten en un obstáculo para
los planes de expansión de los monocultivos.
Mientras en la COP se
habla de la vulnerabilidad y el fondo de adaptación al cambio climático,
debería tal vez pensarse en la alta vulnerabilidad de las comunidades
locales a los proyectos en mención que como veremos más adelante
ya comienzan a impactar de forma negativa territorios y comunidades.
El caso colombiano no
es ajeno a esta realidad, lo cual puede inferirse en las declaraciones
de miembros de la delegación oficial, quienes manifestaron estar
participando de la COP motivados por la posibilidad de acceder a
los recursos que puedan derivarse de los negocios del MDL.
El gobierno colombiano
cuenta con una Oficina de Cambio Climático dentro del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT; en dicha
oficina se encuentran registrados los proyectos forestales aprobados
como MDL, es decir sumideros de carbono, los cuales a la fecha suman
8 aun cuando se deben contabilizar como 12 puesto que uno de ellos
denominado Proyecto Forestal Nacional comprende 5 zonas del país.
La ejecución de estos
12 proyectos supone el uso de 222.885 ha, lo que representaría un
incremento aproximado de 150% en el área ocupada por plantaciones
en el país; sin embargo, esta cifra puede ser muy superior si tenemos
en cuenta que uno solo de los proyectos plantea el uso de más de
100.000 ha sin que se tenga precisión acerca del área a ocupar.
Como es de esperarse, el mayor porcentaje de especies a emplear
corresponde a exóticas, tales como pinos, eucalipto, teca, melina
y acacias.
A la fecha, únicamente
dos de estos proyectos se encuentran en etapa de desarrollo en campo,
permitiendo la evaluación parcial de uno de ellos y la identificación
de visibles irregularidades y/o aspectos preocupantes (como ejemplo,
más adelante se describirá la forma en la cual varios de estos proyectos
se pretenden establecer dentro de territorios colectivos de comunidades
indígenas).
Si observamos con mayor
detenimiento uno de los proyectos en ejecución desde 2002, denominado
Procuenca, tenemos que para abril de 2006 contaba con 3.200 ha de
plantaciones establecidas, 60% correspondiente a pinos y eucaliptos.
Pero, ¿cómo se está llevando a cabo el proyecto? Hagamos mención
de los “contratos de cuentas en participación”, figura mediante
la cual el proyecto involucra a los propietarios para que éstos
pongan las tierras en las cuales se establecen las plantaciones
y se les otorga un préstamo destinado a la reforestación comercial,
dinero procedente de Certificado de Incentivo Forestal -CIF.
Lo anterior significa
que el establecimiento de las plantaciones está siendo financiado
con recursos del Estado colombiano, pero paralelamente lo hará con
recursos provenientes de la venta de bonos de reducción de emisiones
dentro del marco del MDL; en tal sentido, este proyecto es uno de
los más avanzados, si no el más, en la negociación de bonos en el
país. Respecto a estos dineros, los propietarios tienen claridad
en cómo se distribuyen finalmente los recursos provenientes del
CIF destinados a cubrir parte de la deuda adquirida, sin embargo
no manejan ninguna información sobre cómo se distribuirán los recursos
provenientes de los bonos de carbono, los que llegarán a manos del
proyecto y no directamente de los ejecutores.
De otra parte, entre los
actores involucrados en este sumidero aparecen aquellos identificados
en el marco internacional como agentes con claros intereses en el
negocio y el mercado de carbono; para citar algunos, además de los
consultores particulares, tenemos a la FAO, que ha sido llamada
a cumplir con las funciones de administración y asistencia técnica
en aras de dar transparencia al proyecto; por otra parte, aparecen
las grandes ONGs como Conservación Internacional (CI), encargada
del componente de adicionalidad representada en el diseño de corredores
biológicos. Al mismo tiempo, esta organización y el Banco Mundial
se vislumbran como los dos principales clientes para la venta de
los bonos en el mercado de los MDL.
Pasando ahora a los proyectos
en espera de comenzar su ejecución, encontramos el correspondiente
al Parque Nacional Natural Paramillo, donde de entrada debe cuestionarse
la realización de una actividad forestal productiva dentro de un
territorio cuyos usos están tácitamente restringidos a la investigación,
la educación ambiental y la recreación pasiva. El objetivo presentado
en este caso es el establecimiento de plantaciones forestales como
estrategia para generar alternativas económicas para pequeños propietarios,
garantizar la protección del parque nacional y fortalecer la conservación,
lo cual es absurdo de concebir al sopesar este objetivo con los
impactos generados por las plantaciones forestales, su manejo, aprovechamiento
y en general por el modelo al cual están sujetas.
Por último, se tienen
los proyectos diseñados para establecerse en territorios de comunidades
indígenas. Uno de ellos se encuentra en la zona plana del departamento
de Córdoba, el mismo donde se ubica el del Parque Paramillo; en
éste el objetivo es el establecimiento de 1.500 ha de plantaciones
para generar beneficios económicos para las comunidades indígenas,
debemos suponer pertenecientes al pueblo Zenú que habita esta región.
El otro proyecto llamado
Renacimiento de la Orinoquía pretende establecer más de 100.000
ha de plantaciones de palma aceitera, pino, eucalipto, caucho y
acacias, entre otras especies, en los llanos orientales, específicamente
en el departamento de Vichada; con el supuesto objetivo de generar
alternativas económicas para la población indígena local. Lo primero
que llama la atención aquí es el uso de territorios pertenecientes
a comunidades indígenas; involucra las áreas de Marandua, Carimagua,
Cimarron y el resguardo Wacoyo.
Otro asunto es la
falta de especificidad del área a utilizar, puesto que para esta
misma zona se presentó hace unos meses ante la Unión Europea la
propuesta de crear allí el más grande sumidero de carbono del planeta,
3 millones de ha. Tal labor estuvo a cargo de Carlos Gustavo Cano,
actual miembro de la junta directiva del Banco de la República,
pero otrora ministro de agricultura encargado de presentar la actual
ley forestal ante el Congreso, la misma que eliminó todo el control
que existía para el establecimiento y manejo de plantaciones y facilitó
la inversión de capital privada en la explotación de las selvas
colombianas.
Los dos últimos proyectos
representan una serie de amenazas para los territorios y las comunidades
indígenas del país. En primera medida está el escenario creado por
la ley forestal, la cual eliminó el requisito de solicitar permiso
para el establecimiento de plantaciones, limitándolo sólo al registro
de las mismas, lo que significa que ahora no se hace revisión si
los monocultivos se superponen con territorios colectivos, zonas
de protección o conservación, condiciones que imposibilitarían estos
proyectos. Lo mismo sucede con el tema de aprovechamiento y manejo
de las plantaciones.
Por otra parte, se tiene
la violación al legítimo derecho de las comunidades indígenas a
la “Consulta Previa”, lo cual se logra durante el presente gobierno
mediante la creación de una nueva reglamentación que limita la consulta
a proyectos que requieran “Licencias Ambientales”, lo cual como
acabamos de ver fue eliminado para el caso de las plantaciones por
la ley forestal. De esta forma, las comunidades no tienen la posibilidad
de decidir sobre las actividades pensadas por terceros para instalar
en sus territorios, con los impactos venideros que ya hemos descrito.
Por Diego Alejandro Cardona
Calle, CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, correo electrónico:
bosques@censat.org
