NUESTRA
OPINIÓN
- Foro
Social Mundial: un alto en el camino
El
Foro Social Mundial se reunió en Nairobi, Kenia, del 20 al 25
de enero. Mas allá de la opinión que cada uno pueda tener acerca
de lo que allí se logró, a nosotros nos importa destacar no tanto
lo que allí se dijo o hizo, sino su mensaje de que “otro mundo
es posible”.
Dicho
mensaje lleva implícito que el actual mundo ha dejado de ser posible.
En este mundo cada vez más dominado por grandes corporaciones,
los problemas sociales y ambientales se agravan año tras año.
A pesar de la invención incesante de supuestas soluciones por
parte de quienes buscan a toda costa mantenerlo vivo, lo cierto
es que en la mayoría de los casos el remedio prueba ser peor que
la enfermedad. Veamos ejemplos de algunas de dichas “soluciones”
en el área en que se mueve el WRM:
-
Frente a la pérdida de biodiversidad, la principal “solución”
es el establecimiento de áreas protegidas, que entre otras cosas
implican la expulsión de las comunidades que allí habitan
-
Frente a la deforestación, se suman “soluciones” tales como áreas
protegidas, plantaciones de monocultivos de árboles y la certificación
de plantaciones y bosques
-
Frente al cambio climático, algunas de las “soluciones” son los
sumideros de carbono (plantaciones de árboles a gran escala),
y los biocombustibles (plantaciones de palma aceitera, soja y
maíz transgénicos, caña azucarera).
Cada
una de esas “soluciones” implica una cantidad de graves impactos
sociales y ambientales, que hemos detallado en numerosos artículos
del boletín del WRM. Su valor real es nulo y solo sirven para
dar la engañosa impresión de que todo puede ser resuelto sin tener
que apelar a los cambios profundos que se requieren urgentemente.
Entre otras cosas hacen posible:
-
Que se continúe deforestando para que las grandes empresas (madereras,
mineras, petroleras, hidroeléctricas, camaroneras) sigan haciendo
sus ganancias, con la excusa de que hay áreas protegidas para
mantener la biodiversidad, que las plantaciones alivian la presión
sobre los bosques (y que están certificadas), que las hidroeléctricas
no resultan en emisiones de efecto invernadero, etcétera.
-
Que se continúen promoviendo los monocultivos (agrícolas y forestales)
y su paquete acompañante de agrotóxicos y transgénicos para que
las grandes empresas (semilleras, químicas, biotecnológicas, papeleras)
sigan haciendo sus ganancias, con las falsas excusas de que pretenden
paliar el hambre en el mundo, o sustituir petróleo por biocombustibles,
o producir el papel que el mundo necesita.
-
Que se continúe destruyendo el clima con la continua quema de
combustibles fósiles y que no solo las empresas petroleras sigan
haciendo sus ganancias, sino que puedan entrar al negocio otras
grandes empresas (del negocio del aceite de palma, azucareras,
biotecnológicas, etc.).
-
Que se continúe destruyendo la base de sustentación de millones
de campesinos e indígenas mediante la apropiación de tierras,
aguas y bosques por parte de grandes empresas (del negocio del
agua, biotecnológicas, farmacéuticas, papeleras, etc.).
Pese
a su aparente fortaleza, ese mundo ha demostrado no ser ni social
ni ambientalmente viable a largo plazo y ya está destruyendo los
propios cimientos del mundo que todos habitamos: el clima, el
agua, el suelo, el aire, la biodiversidad.
Frente
a ello, el mensaje del foro es que “otro mundo es posible”. ¿Cuál
mundo? Un mundo socialmente solidario y ambientalmente respetuoso.
¿Pero cómo será? No tenemos una respuesta, pero sí la convicción
de que es posible. ¿Cómo se llega? Quizá las palabras del escritor
Eduardo Galeano sirvan para hacernos pensar:
“La
utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja
dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos
más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué
sirve la utopía? Para eso: sirve para caminar”.
En
esa caminata, el Foro Social Mundial es apenas un alto en el camino,
donde una enorme diversidad de caminantes se detiene para intercambiar
ideas entre sí. Más allá entonces de lo que se haga en el Foro,
o de lo que el Foro pueda hacer, lo que más importa es que los
caminantes vayan encontrando los caminos para llegar a ese “otro
mundo posible”.
inicio
COMUNIDADES
Y BOSQUES
-
Birmania: Wildlife Conservation Society
maquilla de verde a la junta militar
El
remoto valle de Hugawng, de gran riqueza medioambiental, está
situado en el norte del estado de Kachin, Birmania, y ha sido
reconocido internacionalmente como una de las zonas de mayor biodiversidad.
El régimen militar birmano incluso lo dejó intacto en gran parte
hasta mediados de los años 1990.
Tras
el alto al fuego entre la Organización para la Independencia de
Kachin y la junta militar en 1994, los residentes locales abrigaron
la esperanza de que la paz promoviera la economía y mejorara las
condiciones de vida. Sin embargo, como se expresa en Valley of
Darkness [“El valle de la oscuridad”], un nuevo informe realizado
por investigadores locales clandestinos y publicado en 2007
por la red Kachin Development Networking Groups, “Con el aumento
del control de la junta, los ricos recursos del valle terminaron
siendo una maldición”.
Junto
con la asociación estadounidense para la conservación de la vida
silvestre Wildlife Conservation Society, la junta militar que
gobierna Birmania está estableciendo la mayor reserva mundial
de tigres, la Reserva de Tigres del Valle de Hugawng. Sin embargo,
las condiciones de las personas que allí viven no han recibido
atención. El informe expone la confiscación de granjas y hogares
de la zona por parte de la junta birmana con el fin de ubicar
su infraestructura militar, así como la venta de vastas superficies
como concesiones para minas de oro. En 2002 se entregó más del
18% del estado de Kachin a concesiones mineras; la cantidad de
grandes concesiones aumentó de 14 en 1994 a 31 en 2006. Hoy los
bosques y cursos de agua del valle están siendo diezmados por
más de 100 minas, hidráulicas y a cielo abierto, que usan bombas
y dragas mecánicas y vuelcan desechos contaminados con mercurio.
No
solamente el medio ambiente siente estos impactos devastadores,
sino también las comunidades locales. “Solamente la junta y un
puñado de empresarios se benefician con el oro, en tanto la gente
del lugar sufre las consecuencias”, dice el informe, mientras
que el influjo de miles de inmigrantes de toda Birmania sumado
a las durísimas condiciones de trabajo, la falta de posibilidades
de educación y la pobreza han llevado a la expansión de
las industrias de la droga, el sexo y el juego en el valle que
una vez fue prístino. El uso de drogas intravenosas y la industria
del sexo han aumentado la propagación del VIH/sida.
La
Wildlife Conservation Society declara que la junta birmana ha
cerrado casi completamene la industria de las minas de oro en
el valle. Este informe demuestra lo contrario al documentar las
declaraciones de la población local, que no participa ni se beneficia
del llamado “programa para el desarrollo de la zona fronteriza”
del que la junta militar se jacta todo el tiempo.
“Queremos
que el mundo sepa que tanto los tigres como las personas del valle
de Hugawng corren peligro a causa del régimen militar de Birmania”,
subraya el informe.
Extractos
editados de: “Valley of Darkness. Gold mining and militarization
in Burma’s Hugawng Valley”, 2007, Kachin Development Networking
Groups (KDNG), correo-e: kdngroup@gmail.com.
El informe completo está disponible en:
www.aksyu.com
inicio
-
Brasil: represas podrían destruir el sustento
de la tribu aislada Enawene Nawe
Los
Enawene Nawe, una pequeña tribu amazónica (más de 420 integrantes)
que vive de la pesca y la recolección en el estado de Mato Grosso,
Brasil, son un pueblo relativamente aislado con el que se estableció
contacto por primera vez en 1974. Cultivan mandioca y maíz en
huertas y recogen productos del bosque como la miel, pero la pesca
es su principal fuente de sustento y el pescado una parte vital
de su alimentación, pues son una de las pocas tribus que no consumen
carne roja. Durante la temporada de pesca los hombres construyen
grandes represas en los ríos y pasan varios meses acampando en
la selva, atrapando y ahumando el pescado que luego transportan
en canoas a su aldea.
Durante
décadas los Enawene Nawe se han enfrentado a la invasión de sus
tierras por parte de extractores de caucho, buscadores de diamantes,
criadores de ganado y, más recientemente, sojeros. Maggi, la mayor
empresa de la soja en Brasil, construyó ilegalmente una carretera
en sus tierras en 1997 (que luego fue cerrada por un fiscal federal).
Aunque su territorio fue oficialmente reconocido y ratificado
por el gobierno en 1996, una zona clave conocida como Rio Preto
quedó afuera. Esta zona es importantísima para los Enawene Nawe,
tanto económica como espiritualmente: es allí donde establecen
sus campamentos pesqueros y represas y donde viven muchos espíritus
importantes.
Ahora
hay planes de construir hasta once represas a lo largo del río
Juruena, que atraviesa el territorio de los indígenas. Las represas
serán financiadas por un consorcio de empresas, muchas de las
cuales son parte de la industria sojera.
Los
Enawene Nawe se oponen a las represas y han lanzado un pedido
de apoyo para detener su construcción. Así se expresaron:
“Somos
los Enawene Nawe de la aldea Halataikiwa. Acabamos de participar
en una reunión. Nosotros no buscamos esta reunión, fueron los
brasileños quienes nos invitaron. Junto a nuestros representantes
había representantes de las tribus Nambiquara, Pareci, Myky y
Rikbaktsa.
Durante
la reunión hablamos con un brasileño sobre la construcción de
las represas. El brasileño dijo: “Vengan y miren la primera represa
que ya construimos”. Siguió hablando: “Las represas son algo bueno,
no algo malo. Los peces no morirán, el agua no se ensuciará, el
bosque no morirá”.
Comunicamos
claramente a la gente que quiere construir las represas: “No construyan
las represas, no las queremos”. En lo que respecta a los Enawene
Nawe, estamos completamente en contra de las represas. No queremos
automóviles ni queremos dinero. Estamos pensando en los peces
y en el agua.
El
pueblo Rikbaktsa piensa igual. En cuanto nosotros, los Enawene
Nawe, volvimos a casa, conversamos juntos. Luego de esto hablamos
en Cuiabá [capital del estado de Mato Grosso] con el fiscal. Esta
persona dijo que la situación era muy difícil. Entonces luego
pensamos: OPAN [ONG brasileña que trabaja con pueblos indígenas]
y el Ministerio Federal de Asuntos Públicos deben mirar juntos
el informe de impactos, y pronto deberemos ir a Brasilia para
que todos los Enawene Nawe podamos hablar allí.
Estamos
buscando la ayuda de otros pues estamos muy tristes, muy tristes
de verdad.”
Extractos
editados de: “Dams threaten fishing tribe”, Survival International,
http://www.survival-international.org/news.php?id=2193,
http://www.survival-international.org/tribes.php?tribe_id=194
inicio
-
Colombia: U’was resisten exploraciones
de petróleo
El
pasado 15 de diciembre de 2006, el gobierno colombiano dio a conocer
su decisión de reiniciar actividades de exploración petrolera
en los Bloques Sirirí y Catleya, ubicados en los departamentos
de Arauca, Santander, Norte de Santander y Boyacá, al noreste
del país y que caen dentro de territorio de los U’wa.
Por
más de una década los U´wa han dicho al mundo lo que significa
para ellos, cultural y espiritualmente, el petróleo, y no han
dejado de denunciar las consecuencias que tendría una explotación
petrolera para su territorio y su cultura y han ofrecido incluso
su vida para defenderse del supuesto desarrollo. Su lucha y su
convicción han inspirado a otros pueblos alrededor del mundo que
han visto cómo la industria petrolera, que sólo beneficia a unos
pocos, ha destruido sus vidas. Con el argumento del desarrollo
y el progreso se les quieren imponer estos proyectos que, por
el contrario, traen destrucción.
Divers@s
investigador@s y expert@s en los conflictos ambientales y sociales
ocasionados por la industria petrolera han evidenciado los daños
que ha causado y causará la exploración petrolera a las tierras
y vidas de los U’wa. Ferry Lynn Karl, profesora de la Universidad
de Stanford en Estados Unidos, hizo un análisis muy detallado
de los impactos negativos del proyecto Sirirí/Catleya para los
ecosistemas y para la situación social y económica de los indígenas,
anunciando que también podría generar un estado de violencia en
la región.
La
decisión gubernamental significa un desconocimiento del derecho
de los U’wa a sus territorios ancestrales, que incluyen el suelo
y el subsuelo. La cédula real entregada por la Corona a la Nación
Tuneba (U’wa) en el año de 1802, ratificó y delimitó su jurisdicción
en los actuales departamentos de Casanare, Arauca, Boyacá, Santander,
Norte de Santander y en parte del territorio venezolano. A su
vez, esos derechos están reafirmados por la Ley Colombiana 153
de 1887 y también por Artículo 332 de la Constitución de 1991.
La decisión del Ministerio de Interior de seguir adelante con
el proyecto petrolero Sirirí/Catleya viola además el Convenio
169 de la OIT y las recomendaciones acordadas en 1998 entre el
Gobierno Nacional y el Pueblo U’wa.
En
el marco del proceso de “Consulta Previa” iniciado por el gobierno
para la exploración y explotación petrolera en territorio U’wa,
se realizó una consulta con la organización indígena de Arauca,
Ascatidar, la cual arrojó una respuesta negativa y ASOU´WA, la
organización que agrupa los indígenas U’wa de Santander, Norte
de Santander y Boyacá dijo no a la consulta previa. Aún así, el
gobierno informó que convocará a las organizaciones para que se
involucren en la realización del Plan de Manejo Ambiental.
Más
de 120 organizaciones colombianas y de diversas partes del mundo,
y unas 30 personas enviaron el 22/12/2006 una carta al presidente
colombiano, Álvaro Uribe, para manifestarle su sorpresa e indignación
por la decisión de realizar exploraciones petroleras en territorio
U’wa. En ella le piden que revea la decisión de autorizar la exploración
sísmica en el Territorio del Pueblo U’wa y archive para siempre
ese proyecto.
Gubanu,
un hombre anciano, quien además es un werjayu (sabio), recorrió
descalzo el distrito capital para iniciar una nueva etapa en la
diplomacia U’wa. Junto con Luis Tegria Sirakubo, presidente de
la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, ASOU’WA,
sostuvieron reuniones en Bogotá con representantes de la Unión
Europea, la embajada de Venezuela, y un sinnúmero de organizaciones
sociales y no gubernamentales que apoyan la oposición de este
pueblo a la realización de actividades petroleras en su territorio.
Gubanu cumplió con el objetivo que le había encomendado su pueblo:
ratificar la visión de los U’wa con relación al tema petrolero,
la que fue recientemente expresada el 12 de octubre del 2006,
cuando dieron un no rotundo al proceso de consulta previa propuesto
por el gobierno colombiano.
Los
delegados U’wa tuvieron un encuentro con la prensa, donde expresaron
su visión de que con la explotación petrolera no sólo se le saca
la sangre a la madre tierra, sino se que la deja en muy mal estado.
“Es por eso”, dijo el anciano, “que ahora ya no hay tanta pesca
como antes, hace más calor y se secó el sagrado ayú (hoja de coca),
con el que werjayu hace sus trabajos espirituales”.
Por
todas esas razones, y como afirman las organizaciones que apoyan
la lucha de los U’wa: “El proyecto petrolero Sirirí/ Catleya no
debe seguir adelante. Queremos decirle a Ud. [Presidente Uribe]
que los U´wa no están solos, que seguiremos acompañando su valerosa
lucha, que estaremos a su lado hasta que el Gobierno Colombiano
y las empresas petroleras Ecopetrol y Repsol YPF entiendan que
este territorio es sagrado y que las culturas con principios no
tienen precio”.
Artículo
basado en información obtenida de: Carta al Presidente de la Republica
de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, Bogotá, 22 de diciembre de 2006,
publicada por Boletín Ambientalistas en Acción #55,
http://www.censat.org/Documentos/AmbientalistasAccion/Carta_presidente_uwas.pdf;
“U’was Reactivan Diplomacia a Favor de Su Territorio”, Amazon
Watch,
http://www.amazonwatch.org/newsroom/view_news.php?id=1337
inicio
- Costa
Rica: el conservacionismo empresarial repercute en campesinos,
mujeres y niños de los bosques tropicales
Costa
Rica ha estado construyendo una economía orientada a la exportación,
sin independencia política ni económica. La presión de las exportaciones
ejercida por el sistema mundial sobre los recursos resultó en
una gran desigualdad. A partir del Protocolo de Kioto, los neoliberales
han redefinido los bosques como “generadores de oxígeno”, concepto
que Costa Rica ha adoptado. En este contexto, las comunidades
locales, en especial las que viven en las selvas y dependen para
su supervivencia de las riquezas que éstas les brindan, han visto
cómo se está erosionando su sistema básico de sustento.
La
crisis ambiental mundial ha subrayado el hecho de que la vegetación
de los bosques almacena carbono que, en caso de liberarse, contribuiría
a atrapar calor en la atmósfera, aumentando la temperatura y acelerando
el cambio climático. En el marco del desarrollo sustentable, los
bosques se han convertido en un “capital natural”, pero en realidad
son mucho más que eso. El bosque es un mecanismo esencial para
el control de las inundaciones. En el bosque, los árboles están
conectados entre sí mediante la multitud de seres que con ellos
se relaciona para su alimentación, refugio o lugar para anidar,
su acceso compartido al agua, el aire y la luz solar y un sistema
subterráneo de hongos que une todos los árboles como un superorganismo.
Las personas que habitan en el bosque también integran este superorganismo.
El
llamado desarrollo sustentable agravó la desigualdad del acceso
a los recursos al intensificar el enclaustramiento temprano de
la tierra a través del Sistema de Conservación creado en 1989
por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM,
hoy MINAE). A través del SINAC (Sistema Nacional de Conservación)
se instrumentó el modelo de zonas de conservación para gestionar
la vida silvestre y la biodiversidad del país. Bajo la supervisión
del actual Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el país fue
dividido en once zonas de conservación que abarcan vida silvestre,
terrenos privados y asentamientos humanos, expandiendo el modelo
con el enclaustramiento del 25,58% del territorio nacional. Las
tierras expropiadas se organizaron siguiendo la línea de los parques
nacionales norteamericanos, que excluyen a las personas y les
niegan toda participación en el mantenimiento de los ecosistemas.
Estas tierras expropiadas se vinculan con redes transnacionales
y políticas para inventar “interesados” locales y globales a través
de categorías de administración tales como Patrimonio Humano,
parques nacionales, humedales, reservas biológicas, zonas protegidas,
reservas forestales y refugios para la vida silvestre. Al mismo
tiempo se construyen fronteras internas separando a los habitantes
locales, que comparten volcanes, cascadas, ríos, aguas termales,
monos congo y refugios para el desove de las tortugas. Las tierras
enclaustradas se convierten en sitios de minería, investigación,
ecoturismo y venta de oxígeno.
El
Protocolo de Kioto introdujo un nuevo concepto de los bosques
tropicales del mundo. Ahora se los valora económicamente en términos
de la cantidad de carbono que captan. Se considera que las Áreas
de Conservación pueden recibir dinero por los “servicios ambientales”
que prestan. En el Área de Conservación Arenal (ACA), organizada
por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre - Canadá (WWF-C),
parques nacionales como el Parque Nacional Volcán Arenal y el
Parque Nacional Volcán Tenorio y reservas forestales como la de
Cerro Chato venden oxígeno. Pero para poner el oxígeno en el mercado,
en 1994 la antigua reserva de Volcán Arenal tuvo que convertirse
en parque nacional. De 5 hectáreas pasó a tener 12.010 hectáreas.
El resultado fue que comunidades enteras fueron desalojadas por
la fuerza. En un recurso de amparo presentado ante la Suprema
Corte de Costa Rica (División IV del Sistema Judicial), campesinos
y campesinos que vivían en la zona de la Cuenca Arenal del ACA
informan de las importantes pérdidas sufridas. Perdieron tierras,
pasturas, casas, lecherías y caminos. Antiguos propietarios pasaron
a vivir en ranchos o tugurios. Los bancos comerciales confiscaron
los efectos personales, como automóviles o pequeños electrodomésticos,
de campesinos y campesinas cuando éstos no pudieron pagar los
préstamos que habían pedido para el desarrollo económico. Cuando
algunos de ellos, desesperados, volvieron a su tierra a plantar
yuca, porotos, maíz y otros alimentos de subsistencia, se los
declaró infractores de la ley y en algunos casos fueron presos.
El
arrebatamiento del bosque a las comunidades locales que lo utilizan
para su sustento se ha convertido en una sentencia de muerte para
los pequeños y medianos propietarios de tierras. Como resultado,
sus necesidades son dejadas de lado y los integrantes de la comunidad
que antes vivían del bosque hoy son declarados enemigos de los
bosques. En 1996 La Cuenca de Aguas Claras también se declaró
reserva forestal y empezó a haber cambios en la zona. En 2001
participé de una reunión pública en la Municipalidad de La Cuenca
de Aguas Claras a la que llegaron más de 200 campesinos, hombres
y mujeres, prontos para ser entrevistados. Puesto que eran demasiados,
eligieron a Abel Fuentes y Luis Guimo para que hablaran en su
nombre. Fuentes dijo que, según el MINAE, “nuestra forma de vida
de subsistencia está produciendo deforestación y contaminación
y reduciendo el nivel del agua de La Cuenca de Aguas Claras. El
MINAE exageró el nivel de deforestación para expulsar a casi todos
los habitantes porque está reforestando nuestra tierra para vender
oxígeno a otros países y obtener ‘donaciones’”. Martín Guimo,
otro pequeño propietario que todavía vive en la tierra expropiada,
añadió: “Cuando pedimos información a los funcionarios del MINAE,
son ellos quienes deciden cuándo y dónde podemos obtenerla. Cuando
proponemos una reunión, ellos deciden cuándo y dónde podemos reunirnos
y luego cambian la hora, la fecha o cancelan la reunión sin avisarnos.
Muchos de nosotros vivimos lejos del lugar de reunión y a veces
tenemos que viajar tres horas a caballo para llegar a la reunión,
y es una desilusión llegar y enterarse de que la reunión se canceló”
(Guimo, entrevista de julio de 2001).
El
poder del mundo industrial de rediseñar los bosques en tanto productores
de oxígeno exacerba las desigualdades. Al surgir una nueva estructura
de acumulación, la desintegración del ecosistema que sustentaba
las fuentes de subsistencia de las comunidades locales tiene fuertes
efectos sobre la división sexual del trabajo y la opresión de
las mujeres. Cuando las familias se desintegran violentamente
o son desplazadas y se empobrecen, se alienta a las mujeres del
medio rural a emigrar a San José y otras zonas turísticas con
la esperanza de ganar un ingreso para ellas y sus desposeídas
familias. Una vez introducidas en la economía monetaria, las mujeres
empobrecidas ganan todo o parte de su sustento como prostitutas.
Las prostitutas de Costa Rica son mujeres trabajadoras que mantienen
hijos y familiares. No están en el mercado por elección sino por
necesidad. Junto con ellas hay una sorprendente cantidad de niños
y niñas que son comprados, vendidos y maltratados por la sociedad.
Las
relaciones de poder de los acreedores, que alientan la mercantilización
de la naturaleza, están escritas en los cuerpos del bosque, las
mujeres y los niños y niñas de la endeudada Costa Rica. Cuando
los habitantes son expulsados de sus tierras, mujeres y niños
vulnerables y desposeídos se vuelven a la industria del turismo
sexual, obligados a entrar en una nueva esclavitud en pleno siglo
XXI: la esclavitud sexual masiva. Con la complicidad de los gobiernos
locales, los hombres blancos del primer mundo explotan las penurias
económicas de la crisis de desigualdad creada por el capitalismo
global.
Este
tipo de ‘solución’ permite al mundo industrial seguir contaminando
mientras pueda comprar créditos de carbono a los países que tengan
densos bosques tropicales. Entre tanto, nada detiene las emisiones
producidas por el aumento de la quema de carbón y gasolina. El
comercio del carbono es una relación colonialista con marcados
sesgos de clase y sexo que afectan la naturaleza de los países
endeudados, así como la producción de subsistencia y las vidas
de las mujeres y los hombres de los bosques tropicales.
Extractos
editados de: “La tragedia de los enclaustramientos: una perspectiva
eco-feminista de la venta de oxígeno y la prostitución en Costa
Rica”, por Ana Isla, profesora adjunta de la Universidad de Brock,
Canadá, e integrante de la organización Toronto-Women for a Just
and Healthy Planet, correo-e:
aisla@brocku.ca. El documento completo en inglés está disponible
en:
http://www.wrm.org.uy/countries/CostaRica/Eco-feminist_Perspective_Costa_Rica.pdf
inicio
-
Ecuador: el gobierno enfrenta un desafío
en el Parque Nacional Yasuní
Cuando
hace un par de días el presidente Rafael Correa afirmó que los
ambientalistas queríamos volver a la época de las cavernas al
pretender una moratoria petrolera, no hacía sino repetir lo que
por años han dicho quienes modelaron y mantienen el país dependiente
que tenemos… El problema fue que esta vez la declaración la hizo
mientras la prensa internacional daba un grito de alarma por el
calentamiento global…¡¡si quemamos más petróleo terminaremos en
las cavernas!!
Más
allá del comentario típicamente desarrollista, éste invita a recordar
el mito de la caverna de Platón.
Según
el mito, los seres humanos vivimos encadenados dentro de una caverna,
sentados de espaldas a la entrada y con una lumbre a nuestras
espaldas. Las sombras representan la única realidad que vemos.
No reparamos en las cadenas y tampoco queremos ni podemos actuar
en contra de nuestras percepciones.
Pero
Platón dice que alguien, alguna vez, cobra conciencia de que está
encadenado, se libera, da la vuelta y sale de la caverna.
La luz es tan fuerte que se siente cegado y solo poco a poco se
acostumbra y puede ver las cosas verdaderas….
El
proyecto Ishinpingo-Tiputini-Tambococha (ITT), como sombra agigantada
en medio de la oscuridad, se anuncia con el mismo entusiasmo que
otros grandes proyectos fracasados. Se habla de 4.000 empleos,
una inversión de 5.000 millones de dólares, la oportunidad para
salir de la pobreza… pero si alguien repara en los impactos ambientales,
la respuesta es que “se los minimizará”.
¿Por
qué es un proyecto que levanta polvareda?
El
proyecto ITT se encuentra en el Parque Nacional Yasuní. De acuerdo
a estudios científicos, el Parque Yasuní (creado en 1979) es la
región de mayor diversidad biológica del mundo. Es parte del refugio
del Pleistoceno Napo. Es además territorio del pueblo Huaorani
y zona de tránsito, pesca y caza de los Taromenane y Tagaeri,
pueblos que viven en aislamiento voluntario y que para vivir requieren
de su territorio libre de intervenciones externas.
Se
trata de un proyecto que confronta dos visiones del mundo, dos
realidades. Desde la sombra proyecta imágenes de crecimiento.
Pero a la luz de la experiencia petrolera ecuatoriana, este será
un nuevo desastre ambiental y social para las comunidades locales.
Con
reservas probadas de casi 1.000 millones de barriles de crudo
pesado, el gobierno pretende mantener los ritmos de explotación
y exportación de crudo. Está interesado un consorcio conformado
por Petrobras (Brasil), Enap (Chile), Petroecuador y hasta Pdvsa
(Venezuela), que pretenden consolidar en terreno una alianza en
función de las propuestas de integración, independientemente del
costo, sobre todo ambiental. Y está además interesada la empresa
SINOPEC, de origen chino, que procura adquirir cada vez mayor
presencia en la región, y presenta ofertas económicas altas a
costa de su total ignorancia en temas ambientales.
Pero
no se puede ignorar que el proyecto está dentro del Parque Nacional,
que es una zona de alta sensibilidad ambiental y que es de esperarse
provocará niveles de contaminación mayores a los existentes en
las zonas ya intervenidas, pues se trata de crudo pesado y está
asociado a grandes cantidades de aguas tóxicas, en una relación
de 80 -20 (80 de aguas tóxicas por 20 de crudo)
El
proyecto provocará sin duda un deterioro general de la zona, graves
impactos sobre la vida de los pueblos locales, extinción de culturas.
Frente
a este escenario se ha propuesto analizar la posibilidad de poner
en venta el crudo del subsuelo con el propósito de que nunca sea
extraído. Se ha dicho que el costo de cada barril en el
subsuelo estaría en los 5 dólares. He escuchado a mucha
gente decir que le encantaría tener 20 barriles, o 10 o 1, y saber
que nunca serán extraídos…
Se
considera que con esto se puede cumplir con el triple objetivo
de conservar la biodiversidad, enfrentar el calentamiento global
y proteger los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario.
El
presidente Rafael Correa, en tono casi desafiante, ha encargado
al Ministro de Energía, Alberto Acosta, y
a la Ministra de Relaciones Exteriores María Fernanda Espinosa
“sustituir los recursos que dejará de percibir el país y que se
podrían invertir en programas de salud educación, infraestructura.
Si se logra dicho reemplazo, insistió, no habrá licitación”.
Ecuador
ha suscrito convenios internacionales como el de protección de
la biodiversidad y la Convención marco de Cambio Climático, el
Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional sobre los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos
y Deberes del Hombre, La Convención para la Prevención y Sanción
del Crimen de Genocidio, que protegen a los pueblos y a sus territorios
y que proponen la salvaguarda del planeta.
Argumentos
para que el mecanismo de vender petróleo para que no se extraiga
funcione hay, pero ¿habrá voluntad política ya no sólo nacional,
sino internacional para enfrentar el tema?
¿Será
éste un proyecto tratado a las sombras de un Ecuador encadenado
o por el contrario, uno tratado a la luz de una nueva visión de
país en donde el ambiente no sea un requisito a superar, sino
las bases de subsistencia de la nación?
Por
Esperanza Martínez, correo electrónico: tegantai@oilwatch.org.ec,
Oilwatch, www.oilwatch.org.ec
inicio
- India:
la Ley de Derechos sobre los Bosques, una herramienta de lucha
La
aprobación de la Ley de Reconocimiento de los Derechos sobre los
Bosques de Tribus Registradas y otros habitantes tradicionales
de los bosques de 2006 es un hito en la difícil y prolongada lucha
de los Adivasi y otros habitantes de los bosques del país. Por
primera vez en la historia de los bosques indios el Estado admite
formalmente que durante mucho tiempo se han negado derechos a
los habitantes de los bosques, y la nueva ley sobre bosques intenta
no solamente enmendar esa “injusticia histórica” sino también
dar prioridad al papel de las comunidades de los bosques en el
manejo forestal.
La
Ley, que indignó por igual a los “conservacionistas”, la burocracia
forestal y las empresas de la pulpa y el papel de la India, necesitó
para aprobarse dos largos años y una campaña nacional de los movimientos
por los bosques del país, respaldada por un comité parlamentario
conjunto que recomendó cambios radicales en el borrador original.
Las objeciones a la Ley y en especial a la versión del Comité
Parlamentario Conjunto (en adelante el Comité) fueron desde los
temores (a que la ley distribuyera tierras boscosas entre las
familias tribales, por ejemplo) hasta las declaraciones concluyentes
(por ejemplo que la vida silvestre y la gente ya no pueden coexistir
y que todos los tigres morirían). En la versión del Comité de
esta Ley se cambió la fecha límite [de ocupación y uso de esas
tierras] de 1980 a diciembre de 2005, se incluyeron todos
los habitantes tradicionales no tribales de los bosques, se reconocieron
los derechos de los habitantes de los bosques tribales y tradicionales
en zonas declaradas como protegidas, se revisó el proceso de identificación
de dichas zonas protegidas para garantizar un proceso más transparente
y se aumentó el tope de tierras de 2,5 a 4 hectáreas. Pero lo
más importante es que se prescribió que no podría haber ninguna
desviación del uso de las tierras boscosas sin el consentimiento
del gram sabha (asamblea de la aldea).
Tal
como podía esperarse, el gobierno se negó a pasar al Parlamento
la versión del Comité, alegando graves diferencias en cuatro puntos
principales: fecha límite, inclusión de los no tribales, derechos
de los gram sabhas y el asunto del tope. El Ministerio de Asuntos
Tribales no quería la inclusión de los no tribales en la Ley,
en tanto sectores del gobierno respaldados por grupos de presión
conservacionistas no querían ningún cambio en el año límite porque
con eso se destruirían los bosques. Tras meses de idas y vueltas,
el gobierno aparentemente aceptó el informe del Comité y la ley
finalmente entró a la Lok Sabha [Cámara Baja] el 15 de diciembre
de 2006. Que el gobierno no andaba en nada bueno quedó demostrado
cuando el ministro de Asuntos Tribales eliminó dieciséis enmiendas
importantes de la ley que él mismo había presentado a la cámara.
El proyecto modificado fue aprobado por la Lok Sabha y a
pesar de que hubo extensos debates en la Rajya Sabha [Cámara Alta]
a causa de las enmiendas de último minuto, ésta aprobó el mismo
proyecto truncado el 18 de diciembre, luego de que el ministro
de Asuntos Tribales diera algunas garantías sobre las Reglas.
A
pesar de la traición del gobierno y de sus intentos de erosionar
los contenidos positivos del proyecto, la ley tal como la aprobó
el Parlamento indio marca un cambio radical respecto de las anteriores
leyes sobre bosques del país, y los habitantes de los bosques
pueden beneficiarse con ella.
La
nueva ley reconoce el derecho a tierras para granjas, cultivo
y pastoreo (ocupadas y en uso a partir de diciembre de 2005) y
a productos forestales no madereros (parcialmente, dado que por
el momento estos derechos se limitan a pescado y productos ‘de
origen vegetal’). La ley acepta que existen habitantes legítimos
de los bosques que no son tribales (aunque en forma restringida),
reconoce el derecho a la compensación en caso de desplazamiento
forzoso anterior y prescribe la necesidad del consentimiento de
la gente para toda futura notificación de zonas de conservación
‘inviolables’ o restricción de derechos en las Zonas Protegidas.
Lo más importante es que la ley dice que entre los derechos reconocidos
de los habitantes de los bosques se incluye la conservación de
los bosques y la biodiversidad y que la participación de la gente
fortalecerá los esfuerzos de conservación (el proyecto decía
la responsabilidad y la autoridad de la gente).
En
otra sección muy significativa, la ley dice que todos los bosques
usados tradicionalmente por las comunidades, sin importar su ubicación
ni categoría, se tratarán de ahora en adelante como recurso forestal
comunitario y que los habitantes de los bosques pueden actuar
en forma decisiva en la conservación de dichos recursos.
Aunque
que la Ley de Derechos sobre los Bosques contiene estos elementos
positivos, también está atestada de bastantes ambigüedades y ‘agujeros’.
Además ha sido redactada de modo de dejar una importante sección
de habitantes de los bosques fuera de su alcance. Por ejemplo,
solamente aquellos que hayan residido en zonas de bosques durante
75 años podrán ser considerados ‘otros habitantes tradicionales
de los bosques’ (además de las tribus registradas), y solamente
aquellos que ‘residan principalmente en zonas de bosques’ podrán
reivindicar derechos en virtud de la Ley.
Estas
son inquietudes que los movimientos por los bosques del país pretenden
resolver mediante la prolongación e intensificación de la campaña
por el proyecto de Ley de Derechos sobre los Bosques. Conscientes
de que la sinceridad del gobierno en relación con la Ley es sospechosa,
los movimientos también han resuelto ‘instrumentarla’ por su propia
cuenta.
¿Cómo
ocurrió esta Ley? ¿Por qué un Estado que adhería tenazmente al
principio de 'dominio eminente' (que significa que el Estado es
dueño de todos los recursos naturales sobre los que las personas
no tienen derechos propietarios) e ignoraba las justas demandas
de los habitantes de los bosques debería volverse ahora sensible
a los derechos de la gente? ¿Por qué debería admitir que las personas
tienen cualquier derecho sobre los bosques cuando hasta ahora,
desde 1850 (toma colonial de los bosques) en adelante, todas sus
políticas y leyes han apuntado a dejarlas afuera, primero para
que los bosques fueran productivos comercialmente y luego para
conservar la vida silvestre?
Estas
son preguntas que necesitamos discutir en los meses venideros.
No todas pueden responderse, en primer lugar porque el proceso
legislativo aún no está completo (las Reglas no están prontas)
y en segundo porque en India el proceso político que determinará
la cuestión del control sobre los bosques recién está surgiendo.
El tiempo y el curso de las luchas aclararán muchas cosas.
No
obstante, una cosa está clara. La Ley, sin importar cuán bien
intencionada, no resuelve nada por sí misma y el mero hecho de
su existencia no hará que el Estado entregue a la gente los derechos
sobre los bosques en una bandeja de plata. El Departamento Forestal
y su coercitivo aparato burocrático y sus amigotes como la mafia
de la madera no van a esfumarse, ni tampoco las Grandes ONG Conservacionistas
dejarán de hacer escándalo cada vez que la gente realmente obtenga
algún derecho. La amenaza del desarrollo persistirá y tanto los
bosques como la gente seguirán siendo destruidos como siempre
en aras de represas, fábricas, carreteras y minas. La Ley no cambia
nada hasta que las luchas por los bosques le pongan dientes y
la conviertan en un arma.
Este
es el momento en que las luchas por los bosques se ven y se definen
en el contexto político mayor. El sabotaje a la Ley por parte
del gobierno demuestra que hubo un intento consciente de erosionar
el control comunitario sobre los recursos forestales, que calza
bien en el plan mayor que se hace manifiesto en otras cosas que
hace el gobierno: cambiar la reglamentación ambiental existente
para que las minas, las empresas, las represas y las grandes industrias
puedan construirse con facilidad. El impulso para adquirir por
la fuerza tanto tierras agrícolas fértiles como terrenos comunales
para las Zonas Económicas Especiales y las grandes empresas estaba
ahí. Las concesiones mineras en zonas de bosques otorgadas a empresas
privadas aumentaron enormemente en los últimos meses.
Ahora
los movimientos indios por los bosques necesitan oponerse a esta
entera agenda que pretende vender al capital las vidas y los recursos
de la gente. La Ley de Derechos sobre los Bosques brinda a las
comunidades un espacio político en el gobierno de los bosques.
Para los movimientos se trata de un arma importante para afirmarse
a sí mismos y enfrentar tanto la autoridad forestal actual como
las fuerzas del capital, que se meten en los bosques por la puerta
grande. También es necesario enfrentarse a otras fuerzas anti-personas
que están activas en los bosques: grupos de conservación de la
vida silvestre ‘de línea dura’, fuerzas feudales, comerciantes,
etc.
Los
movimientos han estado ocupados en volver a captar tierras en
los bosques de algunas regiones. Este proceso debe fortalecerse
y tales programas de acción tienen que extenderse a otras zonas.
Hay que destruir las llamadas estructuras participativas creadas
por el Departamento Forestal, como el manejo conjunto de
bosques (Joint Forest Management), de modo que el capital, sea
estatal o privado, respaldado por las instituciones financieras
internacionales no encuentre nuevos puntos de apoyo en los bosques.
La
aprobación de esta limitada ley nos promete la construcción de
una alianza de movimientos. A partir de ahora los movimientos
por los pueblos de los bosques lo serán también por una nación
verdaderamente democrática y plural, basada en la justicia ambiental
y social. El nexo Estado-capital debe ser enfrentado en lo operativo
y en lo ideológico, tanto en lo nacional como en lo internacional,
con la participación de todas las fuerzas progresistas activas
en otras esferas sociales, culturales y políticas.
Por
Soumitra Ghosh, National Forum of Forest People and Forest Workers
(NFFPFW) y Campaign for Survival and Dignity (CSD), India. Correo-e:
soumitrag@gmail.com
inicio
- Malí:
los bosques en la soberanía alimentaria
Malí
está recibiendo en estos días a más de 500 mujeres y hombres de
un centenar de países de todo el mundo, que se reúnen en torno
a “Nyeleni 2007: Foro por la Soberanía Alimentaria”. El objetivo
del encuentro es poner en marcha un “movimiento internacional
para lograr el reconocimiento verdadero del derecho a la soberanía
alimentaria”, reafirmarlo y “precisar sus implicaciones económicas,
sociales, ambientales y políticas”.
¿Qué
se entiende por “soberanía alimentaria”? El concepto de soberanía
alimentaria surge en 1996, cuando Vía Campesina lo expresa por
primera vez en la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada
en Roma. En 2002, el Foro de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria
define a la soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos,
comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas,
pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean
ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus
circunstancias exclusivas”.
Desde
entonces el concepto ha continuado profundizándose en sucesivos
encuentros, para conformar una alternativa a los modelos productivos
impuestos por las políticas globalizadoras digitadas desde los
organismos de poder (BM, FMI, OMC, etc.), que han consolidado
el control de las grandes transnacionales sobre los alimentos,
desde la semilla, siembra e insumos, hasta la distribución, procesamiento,
venta y hábitos de consumo en todo el mundo.
La
soberanía alimentaria pone su centro en la autonomía local, los
mercados locales y la acción comunitaria e incorpora aspectos
como la reforma agraria, el control territorial, los mercados
locales, la biodiversidad, la autonomía, la cooperación, la deuda,
la salud y muchos otros temas vinculados a la producción de alimentos.
Tal
vez, entonces, el primer tema a subrayar es que la soberanía alimentaria
es un proceso de resistencia popular y su conceptualización no
solamente está inmersa en los movimientos sociales que impulsan
esas luchas sino que permite que se aglutinen en torno a un acuerdo
común de objetivos y acciones.
Es
así que desde el campesinado el concepto se amplía para abarcar
a los sin tierra, los pescadores tradicionales, los pastores,
los pueblos indígenas… y la defensa de los bosques, que es también
una cuestión de soberanía alimentaria.
Los
productos no maderables del bosque han sido y continúan siendo
un aporte fundamental para numerosas comunidades que habitan el
bosque o bien viven en las cercanías pero recurren a él para su
sustento. Allí encuentran miel, frutas, semillas, bellotas, raíces,
tubérculos, insectos, animales silvestres, elementos todos que
ofrecen una importante fuente adicional de nutrición. Pero no
solamente eso, sino que también se sirven de las resinas, el rattan,
el bambú, taninos, colorantes, hojas, paja, pieles, cueros, que
sirven para el autoconsumo o para la venta con la cual conseguir
ingresos que aseguren la adquisición de otros alimentos. El bosque
también provee de plantas para forraje, de especial importancia
para la producción de ganado vacuno, ovino, cabras, burros y camellos.
Los
bosques también se ven amenazados y destruidos por los mismos
procesos que amenazan a la agricultura campesina: el avance
de los agronegocios y sus monocultivos en gran escala para la
exportación -- desde la soja a los eucaliptos --; la destrucción
de la biodiversidad con la imposición de los transgénicos; la
matriz petrolera cuyo proceso de explotación envenena y destruye
todo a su alrededor; el cercamiento de sitios de alta diversidad
para el negocio del turismo o la bioprospección. En todos los
casos se trata de escenarios que explotan o desplazan a comunidades
enteras, despojándolas de sus formas de vida y cultura, sumiéndolas
en la miseria. El modelo dominante conlleva un círculo de explotación,
exterminio, exclusión. Cuando se destruye el bosque, se destruye
un espacio de soberanía alimentaria.
No
obstante, esto no ocurre sin su contrapartida. Desde la base,
los campesinos, los pescadores tradicionales, los pastores y los
pueblos indígenas, quienes han desarrollado y hecho posible los
sistemas de producción que les aseguraron el sustento para sí
y para quienes no estaban directamente en la producción, buscan
abrir una brecha a procesos que se presentan como demoledores.
Desde lo local, construyendo autonomía, retomando los principios
de cooperación, integración y diálogo con la naturaleza que permitieron
la construcción de sistemas agroecológicos biodiversos y la conservación
dinámica de los ecosistemas, los movimientos populares se hacen
dueños de su destino y enseñan al mundo que “¡Ya es tiempo de
soberanía alimentaria!”
inicio
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
-
Australia: Tasmania muestra el camino
para prohibir las plantaciones de árboles
El
año pasado, unos 170 agricultores se reunieron en la comunidad
agrícola de South Riana para compartir sus preocupaciones y ver
la forma de impedir que valiosas tierras agrícolas siguieran convirtiéndose
a plantaciones de árboles. Preocupados por el futuro de la zona,
construida sobre la base de exitosas empresas lecheras y agrícolas,
exhortaron al gobierno de Tasmania a prohibir el desarrollo de
las plantaciones de árboles en las tierras agrícolas de primera
calidad.
La
reunión tuvo lugar pocos días después de que el Concejo de la
isla King se convirtiera en el primero de Tasmania en prohibir
las plantaciones en tierras rurales por temor a poner en peligro
la viabilidad de las industrias lechera y cárnica. Para los habitantes
de la isla King, en el estrecho de Bass, la buena crema, el queso,
el yogur y la carne son más importantes que los chips de madera.
Y por primera vez en Tasmania, el Concejo de la isla King ha eliminado
de su planes a la forestación en tanto uso agrícola aceptable,
enmienda hoy aceptada por la Comisión de planeamiento y desarrollo
de recursos.
El
alcalde local, Charles Arnold, dijo que las plantaciones de árboles
tendrían un fuerte impacto en las famosas industrias de la carne
y la leche de la isla y que “Una vez que se planta, la cantidad
de personas que participan es mínima. Y creo que nuestras mejores
tierras agrícolas no deben sacrificarse para que otra gente lucre
minimizando sus impuestos”.
Hay
también una moratoria a toda nueva remoción de la vegetación de
la isla con el fin de establecer pasturas. “La gente quiere proteger
lo que tiene en la isla”, dijo el director general del Concejo
de la isla King, Andrew Wardlaw.
El
Ministro federal forestal, Eric Abetz, está furioso con la decisión
de prohibir las plantaciones de árboles. Dijo que contrariamente
a lo que alegan los agricultores, las plantaciones crean nuevos
empleos y revitalizan las comunidades rurales y que estaban destinadas
al mercado interno: “O importamos madera... o cultivamos la nuestra”.
Sin
embargo, cuando el ministro plantó el árbol número 100 millones
para la empresa Great Southern Plantations Ltd en una plantación
comercial de madera dura cerca de Albany, en Australia Occidental,
lo que hizo fue alabar las exportaciones : “Una vez cosechados,
cien millones de árboles resultarán en la producción de diez millones
de toneladas de chips, que serán exportadas
en su totalidad al sudeste asiático”.
Great
Southern Plantations es parte de Great Southern Group, un grupo
administrador de inversiones en agronegocios. En los últimos tiempos
ha engullido tierras para plantaciones de árboles y se ha extendido
de Australia Occidental a las islas Tiwi, pasando por la isla
King. Las plantaciones son grandes negocios y no es un detalle
menor que estas inversiones puedan exonerar el 100% de los impuestos
el año que se establecen. Un plan así les da una ventaja que nadie
más tiene y, como se ha dicho, “convirtió a Tasmania en un estado
de monocultivos forestales. En la actualidad los eucaliptos Nitens
son LA característica que define el hoy muy aburrido paisaje de
Tassie [Tasmania]”.
La
prohibición de las plantaciones industriales de árboles es un
paso que muchas comunidades rurales del mundo entero esperan de
sus gobiernos. Pocos lo han hecho, y el Concejo de la isla King
puede estar muy orgulloso de haber mostrado el camino.
Artículo
basado en información de: “Tasmanian Cattle Farmers Fear Plantations'
Impact”,
http://www.mycattle.com/news/dsp_international_article.cfm?storyid=19022,
Australian Broadcasting Corporation, News Online, 2006; “Tasmanian
farmers protest against tree plantations”, The World Today, 2006,
http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2006/s1724364.htm;
“Abetz spitting chips over King Island tree farm ban”, Tasmanian
Times,
http://tasmaniantimes.com/index.php/weblog/comments/mr-howard-and-plantations/
inicio
-
Brasil: las prácticas engañosas de Veracel
Al
sur del estado brasileño de Bahía, a unos 45 kilómetros de la
costa oceánica, en la divisa entre los municipios de Eunápolis
y Belmonte, se encuentra la fábrica de celulosa de la empresa
Veracel, una sociedad en partes iguales del grupo sueco-finlandés
Stora Enso y Aracruz de Brasil, que dirige hoy uno de los proyectos
de cultivo e industrialización de eucaliptos de mayor escala en
el mundo.
Desde
fines de los años 1980, gigantescos proyectos de monocultivos
de árboles y fabricación de celulosa comienzan a instalarse en
el Cono Sur americano ocupando vastas extensiones en Argentina,
Chile, Uruguay y Brasil. Se implementa así una decisión estratégica
de los principales grupos del mercado de la madera y el papel
originarios de Suecia, Finlandia, España, Estados Unidos, Brasil
y Chile.
Al
mismo tiempo que en el Norte iban cerrando decenas de fábricas
que producían 100, 200 y 300.000 toneladas de celulosa por año,
en el Sur se montan fábricas de un millón de toneladas anuales
con sus correspondientes plantaciones, invadiendo vastas áreas
de ecosistemas nativos y otras dedicadas a la agricultura y ganadería
tradicionales de la región, con sus consiguientes formaciones
sociales.
Un
caso ejemplar de ese modelo y de sus impactos sociales y ambientales
son las plantaciones y la fábrica de Veracel, las primeras iniciadas
en 1991 y la segunda en setiembre de 2005, que abarcan 164 mil
hectáreas propias y otro tanto contratado con 2.000 productores
de la zona, dedicadas al cultivo masivo de eucaliptos para alimentar
una producción de 900.000 toneladas anuales de celulosa.
Al
inicio de sus actividades, por medio de costosas campañas publicitarias,
Veracel se comprometió a preservar la Mata Atlántica, aseguró
que sus plantaciones eran ecológicamente sustentables, que daría
decenas de miles de empleos y realizaría grandes obras sociales.
Sin embargo, a medida que avanzaba el proyecto, las promesas se
fueron reduciendo y hoy no se compadecen con la realidad.
La
amplitud y la rapidez de la expansión del monocultivo generaron
fuertes cambios en las condiciones de vida de la zona: entre 1991
y 2002, el éxodo rural llegó al 59,4% y pequeños poblados desaparecieron.
Una parte de los expulsados decidió luchar por su derecho a una
parcela de tierra y otra se dirigió en busca de trabajo a la mayor
urbe cercana, Eunápolis, que posee unos 100.000 habitantes.
Luego
de fuertes choques con la policía y bandas armadas, en 2005, 515
familias organizadas por el Movimiento de los Sin Tierra (MST)
lograron su objetivo, pero otras 1570 familias siguen reclamando
tierra en campamentos levantados al costado de las carreteras
de la zona. Mientras tanto, los que se trasladaron hacia la ciudad
no encuentran trabajo e integran la creciente emergencia social
urbana.
"Aquí
tenemos la mayor resaca producida por la presencia de Veracel.
Lo que más ha crecido es la criminalidad, la prostitución infantil,
la miseria, el hambre, el índice de presos, de asaltos, de asesinatos",
afirma el periodista Jodenilton Bastos, que recibe constantemente,
a través de dos programas diarios en la Rádio Ativa 92,7 Mhz,
de Eunápolis, pedidos de ropa y comida para los desempleados.
Las
promesas de trabajo y bienestar hechas por Veracel sufrieron una
reducción progresiva con el paso del tiempo. Comenzó anunciando
la creación de 40.000 empleos, luego los bajó a 20.000, después
eran 10.000 en la fábrica y 3.000 en tareas rurales. Ahora, la
planta emplea unos 300 trabajadores, en su mayoría de afuera,
porque no encuentran operarios especializados en la zona.
La
emergencia social en la región llega al hambre extrema. La Casa
SOS Vida, en Eunápolis, dirigida por la hermana Terezinha Biase
atiende hasta 50 niños. "Llegan con un peso 50 a 60 por ciento
inferior al normal. Permanecen de tres a ocho meses hasta salir
del riesgo de vida", explica. Se sostienen con donaciones
voluntarias, no reciben ayuda económica del sector público ni
de empresas privadas.
La
situación en Eunápolis se agrava ante el abandono por Veracel
de programas de asistencia directa a la población. Un proyecto
de merienda y atención educativa a 100 niños de un barrio pobre
fue cerrado por la empresa luego de lograr con el mismo un aval
financiero. Padres de los niños denunciaron que Veracel los vestía
especialmente para recibir las visitas del exterior y tomarles
fotos.
Algo
similar sucedió con la preservación de la Mata Atlántica, la sustentabilidad
de los monocultivos de eucaliptos y la no contaminación por la
planta de celulosa de los cursos de agua y del aire. Los Promotores
(Fiscales) del Ministerio Público de Eunápolis tienen diversas
acciones iniciadas contra Veracel, pero la Justicia es lenta y
los poderes públicos actúan en complicidad con la empresa.
"Nuestra
justicia es de las más lentas. Ellos se aprovechan de esta lentitud
y van implementando sus acciones", expresa João Alves Da
Silva Neto, Promotor de Justicia de Eunápolis, refiriéndose a
Veracel. "Utilizan un gran tráfico de influencias. Los poderes
ejecutivo y legislativo están en manos del poder económico, que
presiona cada vez más para aumentar sus plantaciones", agrega.
En
1993, la Procuraduría de la República aceptó una acción civil
contra Veracruz, antecesora de Veracel, por arrasar centenares
de hectáreas de Mata Atlántica. La empresa no se detuvo y comenzó
a ocupar áreas agrícola-ganaderas tradicionales plantando más
allá del límite fijado por la legislación local. La ley es simplemente
ignorada o modificada en acuerdo con el gobierno municipal o del
estado.
Desde
hace años, varias entidades civiles de la zona denuncian irregularidades
de las empresas forestadoras y de celulosa. En 2005, luego de
una audiencia pública, la Procuraduría exigió a Veracel el retiro
de sus plantaciones en un radio de 10 kilómetros en las zonas
de amortiguación de las Unidades de Conservación de los Parques
Nacionales, de acuerdo con lo establecido por la ley brasileña.
Según
la ingeniera agrónoma Mónica Leite, especialista en fruticultura,
esta región "fue muy próspera, tenía buenas lluvias y cierto
equilibrio, había mucho bosque. Mi padre era agricultor, plantó
mucho (...) y no había enfermedades. Unos 15 años atrás, la fruticultura
aquí era maravillosa, había inmensas plantaciones de mamão, graviola,
guayaba. Pero esto se está acabando con la llegada de Veracel".
El
pequeño productor ganadero José Marinho Damaceno sufre las consecuencias
de la descarga de los efluentes de Veracel frente a su casa, al
otro lado del río Jequitinhonha. El fuerte olor a repollo podrido
produce dolor de cabeza e irritación en la vista y cada vez que
ocurre debe abandonar su finca. Damaceno sabe que tendrá que dejar
definitivamente su terreno y venderlo como pueda.
El
pez típico del Jequitinhonha, el róbalo, prácticamente ha desaparecido.
Como remedio, Veracel sembró otro pez, el pintado, que contribuyó
a liquidar al róbalo pero que también está desapareciendo. Entidades
civiles han manifestado su inquietud por las emisiones de la planta
de celulosa que utilizaría tecnología de blanqueo ECF, pero no
hay datos disponibles, sólo la empresa realiza sus controles.
Fuente:
Investigación realizada in situ por el periodista uruguayo Víctor
L. Bacchetta (vbacchet@internet.com.uy)
con el apoyo del Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento
do Extremo Sul da Bahía (CEPEDES) que, desde 1991, desarrolla
sus actividades en la ciudad de Eunápolis. Una versión ampliada
de este informe se encuentra disponible en:
http://www.guayubira.org.uy/celulosa/Veracel.html
inicio
-
Camerún: los “bosques” de caucho de la
FAO
De
acuerdo con la definición de la FAO, las plantaciones de caucho
son “bosques”. Recientemente estuvimos recorriendo uno de tales
“bosques” en Kribi, Camerún y hablando con trabajadores y pobladores
locales. A diferencia de los “expertos” de la FAO, nadie, absolutamente
nadie, percibe allí a estas plantaciones como bosques.
En
realidad, si hay algo en el mundo menos parecido a un bosque,
es precisamente una plantación de caucho. A la normal monotonía
de plantaciones compuestas por filas paralelas de miles de árboles
idénticos – eucaliptos, pinos, acacias – en este caso se suma
que cada árbol tiene colgado en el tronco un pequeño recipiente
en el que cae el látex y que al costado de los caminos hay otros
recipientes más grandes en los que se vierte el látex a ser llevado
a la planta procesadora. A eso se agrega el penetrante y desagradable
olor del caucho.
Las
plantaciones que visitamos son propiedad de la Société des hévéas
du Cameroun (HEVECAM), una empresa creada en 1975, cuyas plantaciones
abarcan un total de 42.000 hectáreas en una región antes cubierta
por densos bosques tropicales, que se cuentan entre los más biodiversos
del mundo. Aún hoy se puede ver entre los árboles de caucho enormes
tocones de árboles nativos o incluso gruesos y largos troncos
en proceso de descomposición en medio de la plantación. Es decir,
que esta plantación –este “bosque” según la FAO- fue la causa
directa de la destrucción completa de los bosques que allí se
encontraban.
Eso
lo saben muy bien los indígenas Bagyeli (“pigmeos”), quienes han
sido los principales perjudicados. Los Bagyeli son cazadores recolectores
nómades, que en su antiguo bosque encontraban todo lo necesario
para su bienestar. Según nos informó un grupo de Bagyeli que entrevistamos,
antes vivían bien en su territorio, que abarcaba lo que ahora
es la plantación de HEVECAM además de otras áreas adyacentes.
El bosque no existe más y son considerados intrusos en su propio
territorio, ahora bajo el control de la empresa. Si bien se les
“deja entrar” en la plantación, no sucede lo mismo con sus niños,
porque pueden “dañar a los árboles de caucho”.
La
posibilidad de obtener alimentos e ingresos a través de la caza
es casi nula. A la disminución de la fauna
por efecto de la plantación se suma la presencia de cazadores
con armas de fuego –normalmente trabajadores de HEVECAM- que compiten
con ventaja con las armas tradicionales de los Bagyeli. En cuanto
a sus posibilidades de obtener empleo en la plantación, también
son muy pocas. La empresa los emplea a veces para hacer limpiezas,
pero les paga muy poco. El resultado es ahora un grupo humano
desmoralizado, pobre, mal nutrido, explotado y oprimido, acorralado
por la plantación y sin tener a donde ir.
Pero
los Bagyeli no han sido los únicos perjudicados. También nos entrevistamos
con habitantes del poblado de Afan Oveng cercano a la plantación
de HEVECAM, donde hace dos años se accidentó un camión de la empresa
y el contenido de látex y amoníaco que cargaba terminó en el arroyo
del poblado. Como resultado murieron animales, se enfermó la gente,
murieron los peces. Enviaron carta tras carta a las autoridades
responsables y a la empresa y hasta ahora no han obtenido más
“compensación” que algunos camiones cisterna con agua ni siquiera
apta para el consumo humano.
Pero
para esa gente el problema no se reduce a un accidente, sino que
es mucho más profundo y consiste en que nunca se les reconocieron
sus derechos tradicionales sobre el bosque. Por ejemplo, el lugar
donde ahora se encuentra el hospital de la empresa eran tierras
pertenecientes a este poblado. Insisten en que “el bosque nos
pertenece” y denuncian que “el bosque que aún resta está siendo
destruido por HEVECAM”.
En
efecto, la empresa continúa talando bosques “salvajemente”,
aparentemente en connivencia con el alcalde de Kribi, que es propietario
del aserradero donde esa madera es procesada. La comunidad local
no recibe ningún beneficio, pero se queda con el perjuicio que
implica la desaparición del bosque y de los productos que allí
se obtienen.
Los
trabajadores de la empresa –traídos
