NUESTRA
OPINIÓN
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Biocombustibles: algo que podría
ser positivo convertido en grave amenaza para el Sur
Nadie
en su sano juicio puede acusar al Presidente George W. Bush de
que se preocupa demasiado por el cambio climático. Su currículum
en la materia es intachable y tanto su apoyo irrestricto a la
industria petrolera como sus guerras petroleras han significado
importantes contribuciones al calentamiento global. Por si quedaran
dudas, su persistente negativa a firmar el Protocolo de Kioto
lo convierte en el líder indiscutido de quienes aportan más a
la destrucción del clima del planeta Tierra.
Es
por ello que llama poderosamente la atención su súbito interés
en los biocombustibles. En efecto, durante su reciente visita
a varios países de América Latina (Brasil, Uruguay, Colombia,
Guatemala y México) ese fue el punto más claro en la agenda de
una gira que fue definida por alguna prensa como “la diplomacia
del etanol”. Es más, poco antes de iniciar su gira visitó las
instalaciones de una empresa vinculada a la industria del etanol,
donde hizo referencia -entre otras- “a
tecnologías que nos permitirán convertir astillas de madera en
combustibles que hagan funcionar automóviles”.
Este
súbito interés de Bush en un tema al parecer tan alejado a sus
intereses y preocupaciones sirve para comprender mejor las razones
por las que tantos gobiernos y agencias del Norte están impulsando
el desarrollo de los biocombustibles en tantos países del Sur.
A
diferencia de otros gobernantes del Norte, Bush ni siquiera intenta
presentarse como “verde”. Las razones que esgrime son fundamentalmente
estratégicas y económicas. Afirma que el impulso a los biocombustibles
es “un muy importante objetivo nacional”, que consiste en “pasar
a ser menos dependientes de combustibles provenientes del extranjero
y por ende asegurar que nuestros intereses estratégicos nacionales
estén mejor protegidos y que nuestros intereses en materia de
seguridad económica estén más intactos”. En lo económico dice
que “A medida que los precios de los hidrocarburos suben, tiene
sentido que seamos capaces de lograr que fuentes alternativas
de energía lleguen al mercado lo más rápido posible”.
Todo
ese razonamiento seguramente ya lo han hecho los gobiernos de
la mayoría de los países del Norte –en particular los europeos-
lo que lleva a dudar acerca de cuán “verdes” son sus intenciones.
Desde
el punto de vista de muchos gobiernos del Sur, los biocombustibles
son percibidos simplemente como un nuevo producto a ser exportado;
como una “oportunidad”. Ello, unido a los múltiples apoyos que
para su desarrollo están recibiendo de agencias de cooperación
y organismos multilaterales, ha resultado
en la adopción de políticas y medidas concretas para su promoción
en decenas de países, sin tomar en cuenta sus posibles consecuencias
sociales, políticas, económicas y ambientales.
En
contraposición, las organizaciones populares del Sur los ven como
una grave amenaza para la subsistencia de la gente. En efecto,
los planes gubernamentales implican que millones de hectáreas
de tierras hoy productoras de alimentos van a ser destinadas a
la producción de combustibles para alimentar automóviles. Cultivos
como el maíz, la soja, la caña de azúcar, la palma aceitera y
muchos otros van a ser convertidos en etanol o biodiesel. En palabras
del propio Bush, ya está prevista la conversión de madera en etanol,
lo que significa la amenaza de la plantación de aún más monocultivos
de árboles de rápido crecimiento para alimentar autos. Todo ello
se hará a expensas de tierras productoras de alimentos y de bosques.
En
ese contexto, la reciente reunión llevada a cabo en Malí por la
soberanía alimentaria, donde participaron representantes de más
de 80 países se expidió claramente contra “los ‘Desiertos Verdes’
de los monocultivos de biocombustibles industriales y otras plantaciones”
(ver 1). También lo hicieron las mujeres
allí reunidas en su declaración sobre soberanía alimentaria enfatizando
que “Los monocultivos, entre ellos, los empleados para los agro-combustibles
... tienen efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud
humana ...” (ver 2)
En
otro contexto, el Tribunal Permanente de los Pueblos (ex Tribunal
Russell) se reunió recientemente en Cacarica, Colombia y en su
dictamen se incluyeron graves acusaciones a empresas productoras
de aceite de palma. Entre otras cosas, se las acusó (y al gobierno
colombiano) de haber sembrado palma en “territorios colectivos
de comunidades afrocolombianas, operaciones que fueron posibles
gracias a la comisión e impunidad de más de 113 crímenes de Lesa
Humanidad, 13 desplazamientos forzados, 15 casos de torturas,
17 detenciones arbitrarias, 19 saqueos a caseríos, 14 incursiones
de tipo paramilitar, agresiones a la zona humanitaria, 4 asesinatos
o ejecuciones extrajudiciales y la llamada ‘desmovilización’ que
ha posibilitado el desarrollo de nuevas amenazas de muerte y de
control sobre la población”. (ver
3)
Claro
que eso no habrá preocupado demasiado a los presidentes colombiano
y norteamericano cuando se reunieron recientemente, ya que ambos
han sido y siguen siendo socios en la masacre que se lleva a cabo
en ese país bajo el nombre de Plan Colombia. El resultado final
será para ellos positivo: la producción de biodiesel de palma.
Pero es bueno que los futuros consumidores de este combustible
reflexionen sobre el testimonio de una mujer que dijo ante el
Tribunal que: “la palma aceitera está abonada por la sangre de
nuestros hermanos, amigos y familiares”, agregando que “no tenemos
donde trabajar porque el territorio está cubierto de palma”.
Esa
es la verdadera cara que se esconde tras los llamados “biocombustibles”
en el Sur. Bio significa vida. Sin embargo, el cultivo de estos
combustibles significa muerte. Muerte de comunidades enteras,
muerte de culturas, muerte de personas, muerte de la naturaleza.
Llámense plantaciones de palma aceitera o de eucaliptos, trátese
de monocultivos de caña de azúcar o de soja transgénica, los impulsen
gobiernos “progresistas” o “conservadores”. Muerte.
Lo
que podría haber sido algo positivo (la sustitución de combustibles
fósiles por combustibles derivados de biomasa) ha sido convertido,
por obra y gracia de determinados intereses del Norte, en una
de las más graves amenazas para la supervivencia de millones de
personas en el Sur. Para que los biocombustibles vuelvan a ser
positivos debe cambiarse totalmente el enfoque: debe pasarse de
la producción para un mercado global al abastecimiento local,
del monocultivo a la diversidad, del monopolio a la descentralización,
de lo social y ambientalmente destructivo al respeto por la gente
y la naturaleza. Algo que no está en el pensamiento de las empresas,
pero que sí es posible encontrar en la cabeza de las personas,
tanto del Sur como del Norte. A todas y todos ellos apelamos para
que protejan la vida y ayuden a detener este proceso que –bajo
un manto “ecológico”, es sinónimo de muerte.
(1)
La declaración completa se encuentra disponible en:
http://www.wrm.org.uy/actores/FSM/Declaracion_Nyeleni.html
(2)
La declaración completa se encuentra disponible en:
http://www.wrm.org.uy/temas/mujer/Declaracion_Mujeres_Nyeleni.html
(3)
La declaración completa se encuentra disponible en:
http://www.wrm.org.uy/paises/Colombia/Audiencia_Biodiversidad.pdf
inicio
COMUNIDADES
Y BOSQUES
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Brasil: campesinos del MST ocupan granja camaronera
El
problema de la pérdida de territorios por parte de campesinos
y pueblos indígenas a favor de proyectos industriales tiene varias
puntas en Brasil, y el Movimiento de los Sin Tierra (MST) lleva
adelante una lucha para contrarrestar ese proceso.
Hemos
informado acerca de las sucesivas ocupaciones de tierras plantadas
con extensos monocultivos de eucaliptos para la producción de
celulosa –una de dichas ocupaciones protagonizada recientemente
por mujeres de Vía Campesina/MST en ocasión del Día Internacional
de la Mujer.
También
los manglares se ven afectados por proyectos depredadores. La
cría de camarones en cautiverio es un negocio extractivista que
implica la destrucción de los manglares. En respuesta a esa situación
y en protesta por la lentitud del proceso de reforma agraria en
el estado, el 21 de enero de este año aproximadamente 150 familias
vinculadas al MST invadieron la granja camaronera Qualibras, ubicada
en Itapipoca, región costera del Estado de Ceará.
El
MST denunció con la ocupación un acto más de violencia del agronegocio
en el país, del grupo Qualibrás que destruye los manglares de
la región. De acuerdo con las leyes brasileñas, se trata
de un crimen ambiental grave, a causa de la importancia que tienen
los manglares, entre otras cosas, en la cadena alimentaria marina.
El Instituto Terramar, de Brasil, denuncia que las granjas camaroneras
violan las leyes de Ceará, ya que se están construyendo viveros
en áreas de preservación permanente. “Un diagnóstico realizado
por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Renovables (Ibama) identificó que 75% de las granjas camaroneras
de Ceará están construidas en áreas de preservación permanente,
en violación de las leyes del Estado”.
En
los manglares el gran negocio encuentra una gran rentabilidad
por el bajo costo de producción que le proporciona el agua abundante
y próxima y el movimiento de la marea que contribuye a una reducción
considerable de los gastos de bombeo de agua dentro de los tanques.
A
pesar de su importancia ambiental y de la legislación, las empresas
de cría de camarón en cautiverio continúan expandiendo su negocio:
entre 2003 y 2004, la superficie de granjas camaroneras en Brasil
pasó de 14.824 a 16.598 hectáreas, en un total de cerca de 1.000
granjas en el país, en comparación con las 20 que existían en
la década de 1980.
Mientras
el agronegocio avanza sobre los manglares del nordeste del país,
los trabajadores se organizan. Las familias que participaron en
la ocupación acampan en la región costera del Estado, en lucha
por la entrega de tierras y el otorgamiento de títulos. En total
hay aproximadamente 1.700 familias, distribuidas en 25 campamentos,
muchas de ellas esperando hace más de cinco años la reforma agraria
prometida. En 2006, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma
Agraria (INCRA) tenía como meta el asentamiento de 2.000 familias
en el Estado, pero solamente 206 recibieron terrenos. El grupo
indígena “Tremembes” también tomó parte en la ocupación, en reclamo
de la demarcación de tierras en la zona indígena de Buritis, en
Itapipoca.
Pistoleros
contratados por la empresa rodearon en la noche del 23 de enero
el campamento, tratando de amedrentar a hombres, mujeres y niños,
quienes, finalmente, y para evitar un conflicto que pusiese en
riesgo la seguridad de las familias, abandonaron la ocupación
en la mañana siguiente.
"Salimos
con la perspectiva de volver nuevamente, en caso de que el INCRA
no resuelva concretamente los problemas de la reforma agraria”,
afirmó un representante de los sin tierra.
Artículo
elaborado en base a información obtenida de: “Brasil: MST ocupa
fazenda devastadora de mangues no Ceará”, Igor Felippe Santos,
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/29831;
“MST ocupa fazenda de criação de camarão”, Carlos Henrique Camelo,
OPovo online,
http://www.opovo.com.br/opovo/ceara/664429.html; “MST sai
de fazenda com ameaças de jagunços no Ceará”, CUT,
http://www.cut.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=7314&sid=22
inicio
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Camerún: cuando las mujeres se movilizan
en torno al moabi
El
sur de Camerún es rojo y verde. Verde como el bosque de la cuenca
del Congo, que respira y late y que ofrece a sus habitantes los
recursos bióticos necesarios para la subsistencia; rojo como los
caminos polvorientos por los que corren camiones transportando
los cuerpos de gigantes del bosque que serán transformados en
muebles, parqués, puertas, etc. Por las venas abiertas de Camerún
fluye su elemento vital hasta el puerto de Douala, donde el vampiro
del Norte viene a saciar su sed...
Del
bosque nos llegan voces de mujeres. En el sudeste de Camerún hay
mujeres que se organizan para mejorar sus condiciones de vida
y preservar un árbol mítico: el moabi (Baillonella toxisperma).
Este gigante del bosque de la cuenca del río Congo está siendo
explotado en forma industrial, a un ritmo difícil de determinar
pero que afecta a las poblaciones locales y, en particular, a
las mujeres.
Para
las poblaciones del sur de Camerún, el moabi tiene considerable
importancia. Como “árbol sagrado”: tradicionalmente a los ancestros
fallecidos se los sentaba al pie del árbol o en un hueco del tronco;
de esa forma el moabi encarnaba el poder del difunto. Como “árbol
farmacia”: su corteza, sus hojas y raíces sirven para preparar
más de cincuenta medicinas tradicionales, utilizadas, entre otras
cosas, para el tratamiento de dolores menstruales, infecciones
vaginales y puerperio. Como “árbol nutricio”: sus frutos son comestibles,
lo cual, durante la fructificación, reduce el trabajo doméstico
de las mujeres; las semillas producen un aceite de buena calidad,
que está bajo el control de las mujeres desde la recolección hasta
la comercialización, y que representa una de sus principales fuentes
de ingresos en las regiones productoras.
La
explotación industrial del bosque comenzó en Camerún en los albores
del siglo veinte, durante la colonización alemana, en la región
litoral, para extenderse luego a todo el país al ritmo de la construcción
de las vías férreas. Y, aunque algunos empresarios no encuentren
explicación a la disminución de moabis, se puede observar que
la distribución de esta especie es inversamente proporcional a
la presencia histórica de explotaciones forestales. En efecto,
el comercio del moabi resulta lucrativo, por tratarse de una madera
de gran calidad para la carpintería y de alto precio en el mercado
internacional. Es realmente un producto de lujo, que adorna el
interior de yates o quintas en forma de entarimados, ventanas,
revestimientos, etc. Para revestir los pisos del Teatro de los
Campos Elíseos, en París, se eligió un parqué de moabi...
En
Camerún, el comercio internacional de la madera está exclusivamente
en manos de firmas extranjeras, mayormente francesas, italianas,
libanesas y, desde hace poco, chinas. Sin embargo, el mercado
del moabi sigue siendo muy “franco-francés”: según estadísticas
oficiales, entre 2000 y 2005 el 45% del volumen de moabi fue producido
por empresas francesas, y el 71% de la producción se vendió en
Francia (el 24% en Bélgica). Es evidente pues que el comercio
de moabi coincide perfectamente con los lazos comerciales del
país con la antigua metrópoli.
Desde
la década del 80, muchas aldeas están en conflicto con las empresas
de explotación forestal en torno a la reserva del Dja, región
rica en moabis. Los aldeanos han enviado numerosas cartas a las
autoridades competentes, reivindicando su derecho de uso del espacio
forestal y pidiendo protección para los moabis. Han tomado varias
medidas, como organizar reuniones con los empresarios, marcar
los moabis para señalar su derecho a utilizarlos y bloquear el
paso de las máquinas hasta que intervenga el ejército, pero ninguna
logró realmente su objetivo. En Bedoumo, el ejército reprimió
violentamente una huelga destinada a cerrar el paso a los madereros.
Los aldeanos fueron obligados a recoger con la mano las brasas
de las fogatas que habían encendido en la ruta para soportar el
fresco de la noche; fueron golpeados y torturados, y algunas mujeres
embarazadas sufrieron abortos por este motivo. Los conflictos
de este tipo movilizan a toda la comunidad, aunque en general
sean los hombres quienes figuran, pues se supone que son ellos
quienes tienen contacto con las autoridades, verbalmente y por
escrito.
Sin
embargo, los dos conflictos vinculados específicamente con el
moabi que hicieron enfrentarse físicamente a los aldeanos con
los empresarios fueron, uno de ellos, impulsado por mujeres, y
el otro conducido por mujeres. En Bapilé, la empresa italiana
FIPCAM abrió un camino (durante un día de festejos en el que los
aldeanos habían ido a una aldea vecina) en el espacio reservado
para el bosque comunitario, y destruyó un cementerio. Al día siguiente,
al oír el ruido que hacían los leñadores y descubrir varios moabis
en flor que habían sido derribados, cinco mujeres del pueblo fueron
al bosque para intentar convencer a los trabajadores a que abandonaran
la faena, pero sin éxito. En los días siguientes, toda la comunidad
se movilizó para bloquear la ruta y las máquinas; luchas y huelgas
se sucedieron durante un mes, logrando finalmente que se protegiera
a algunos de los árboles restantes y se reconociera el perjuicio
causado (300 moabis tumbados), aunque la pérdida no ha sido aún
compensada.
En
la aldea de Zieng-Ognoul, de Pallisco, un empresario francés abrió
un camino en el espacio reservado para el bosque comunitario.
Cuando los aldeanos oyeron el ruido, la Sra. Koko Sol marchó al
bosque con varias personas del pueblo, principalmente mujeres,
y amenazó con prender fuego a las máquinas si los obreros no paraban
el trabajo. Esta iniciativa permitió rechazar a los madereros
y preservar gran cantidad de moabis; lamentablemente, once ya
habían sido tumbados.
En
algunos casos, también surgen conflictos entre los hombres y las
mujeres de las aldeas. En primer lugar, porque los hombres trabajan
en las empresas y se encargan de inventariar las especies maderables.
En segundo lugar, porque algunos de ellos venden moabis de sus
campos a aserraderos clandestinos. Una mujer de Ebimimbang afirmó
que “los culpables son los hombres, porque son ellos quienes tienen
contacto con los empresarios, y bien saben que [el moabi] es muy
importante para las mujeres”.
La
escasez de moabis perjudica especialmente a las mujeres, que deben
encontrar otras opciones alimentarias, reciben menos ingresos
y carecen de ingredientes medicinales y para tratamientos específicos
de enfermedades genitales femeninas. Este fenómeno se suma a la
dominación masculina que soportan en sus sociedades. Frente a
esta situación, la Sra. Rufine Adjowa decidió crear una ONG llamada
CADEFE, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las
mujeres protegiendo al moabi. La idea es reunir a las mujeres
de la aldea en pequeños grupos o incluso en cooperativas,
para desarrollar la venta de aceite de moabi. Las campesinas pueden
así obtener ingresos sustanciosos, que les permiten pagar la escolaridad
de los niños y la atención médica, o comprar el petróleo y el
jabón que necesitan, sin necesidad de pedir dinero a sus maridos.
Debido
a su marginación, todas estas mujeres constituyen un grupo social
capaz de impulsar cambios en las relaciones de poder y de proponer
soluciones eficaces para la gestión sostenible y equitativa de
los ecosistemas boscosos.
Por
Sandra Veuthey, en base a observaciones de campo de la autora,
correo electrónico:
sandra.veuthey@campus.uab.cat
inicio
-
Ecuador: el Pueblo Awá y su territorio
entre intereses políticos y presiones económicas
El
Ministerio del Ambiente está poniendo en peligro los territorios
indígenas en el Ecuador. Bajo un nuevo término, el de “co-manejo”,
pretende entregar nuestras tierras ancestrales y sus recursos
naturales a los madereros, palmicultores y mineros.
El
12 de enero 2007 la Ministra del Ambiente Ana Albán modificó la
adjudicación del territorio Awá e instauró un régimen de co-manejo
entre comunidades indígenas Awá y afroecuatorianas para la Parroquia
de Ricaurte-Tululbí, Cantón San Lorenzo, Provincia Esmeraldas.
Esta resolución afecta a las cinco comunidades Awá: Guadualito,
Mataje, Balsareño, Pambilar y La Unión, con 771 habitantes, y
a un territorio de unas 17.493 hectáreas.
Los
Awá somos una nacionalidad indígena ancestral del noroccidente
del Ecuador y suroccidente de Colombia. Tenemos una cultura única
con idioma propio, el “Awa pìt”. En el Ecuador poseemos 22 centros
(comunidades) Awá legalmente conformados. Todos están organizados
en la Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), legalmente
reconocida por el estado ecuatoriano. La FCAE y sus 22 centros
tienen adjudicados en total, mediante diferentes títulos, unas
115.336 hectáreas de tierras comunitarias localizadas en las provincias
de Esmeraldas, Carchi e Imbabura.
Necesitamos
nuestras tierras para el sustento de vida y nuestra supervivencia.
No vamos a abandonar nuestras casas y comunidades ni vamos a ceder
un solo paso. Si nuestras tierras ancestrales son invadidas, habrá
enfrentamientos. Defenderemos nuestra tierra hasta lo último,
aunque sea con nuestras vidas. En absoluto deseamos que se llegue
a ningún extremo ni violencia, pero responsabilizaremos directamente
a la Ministra Ana Albán de todo lo que pueda pasar en este caso.
Nosotros
nos amparamos en nuestros derechos legítimos garantizados en la
constitución ecuatoriana y en tratados internacionales como el
convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, firmado
por el Estado ecuatoriano.
En
Abril de 2006 la Asociación de Negros del Ecuador (ASONE) envió
una carta al ex presidente Alfredo Palacios donde reclamaba, mediante
informaciones falsas y acusaciones malintencionadas, que se derogara
la adjudicación de nuestro territorio Awá de 99.337 has realizada
por el Ministerio del Ambiente el 2 de marzo de 2006.
Basta
visitar las tierras para verificar quién vive y tiene sus cultivos
allí. ASONE dice de nosotros que somos colombianos y narcotraficantes,
pero la verdad es que somos una de las 14 nacionalidades indígenas
oficialmente reconocidas en el Ecuador. Todos somos nacidos acá,
tenemos cédulas ecuatorianas y todas nuestras comunidades están
jurídicamente constituidas. No existen cultivos de coca en el
territorio Awá.
Siempre
hemos vivido de forma pacífica en nuestras tierras, sin que nadie
haya reclamado derechos ancestrales sobre éstas. El 2 de marzo
2006, después de 30 años de lucha, la Ministra del Ambiente Alban
finalmente nos adjudicó 99.337 hectáreas de nuestras tierras ancestrales.
Esta adjudicación ha sido el resultado de un minucioso trabajo
público, administrativo y de campo que ha durado tres años. Se
ha revisado en el campo cada metro de nuestros linderos.
Además,
las mismas tierras ya fueron linderadas como “Área de Asentamiento
Tradicional de la Comunidad Indígena Awá” por parte del Ministerio
de Agricultura en 1988 y fue delimitada y reconocida nuestra posesión
ancestral como “Reserva Étnica Awá” para 101.000 hectáreas por
parte del INEFAN, antecesor del Ministerio del Ambiente, en 1995.
Los linderos de nuestras tierras nunca se han movido.
Detrás
de esta denuncia están traficantes de tierras de San Francisco
y San Lorenzo, organizaciones fantasmas como el “Frente Cívico
de Defensa de los Territorios Ancestrales” en conjunto con el
ex diputado Rafael Erazo de Esmeraldas. Ellos quieren vender nuestros
recursos naturales y tierras a las empresas madereras, palmicultoras
y mineras. Se esconden detrás de la ASONE para hacer aparentar
que se trata de un conflicto étnico, pero no es así. Nosotros
no tenemos problemas con las comunidades afroecuatorianas. Hace
siglos estamos conviviendo con ellas como buenos vecinos, cada
uno en sus tierras. Respetemos mutuamente nuestras culturas y
nuestras tierras.
Ahora
en marzo ya hubo la primera invasión de Guido Rodríguez, un conocido
intermediario maderero de la zona, quien trabaja para Plywood
Ecuatoriana y CODESA, del Grupo Álvarez Barba. Invadió con su
personal el bosque del centro Awá Balsareño para abrir franjas
en el bosque. La comunidad lo expulsó, como ya lo hicimos en el
2005, cuando entró con tractores forestales al territorio Awá
para talar nuestro bosque y convertirlo en tableros de contrachapados.
En
otro centro Awá, el de Río Tigre en la provincia de Carchi, cantón
Tulcán, la situación está aún peor. En el año 2002 el Instituto
Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), institución estatal responsable
de la adjudicación de tierras, adjudicó legalmente al centro Awá
Río Tigre, 6.024 hectáreas de tierras ancestrales comunales. Pero
en diciembre del año pasado el INDA resolvió revertir la adjudicación
del territorio al estado, aceptando la demanda de dos asociaciones
agrícolas de Ibarra, la “Asociación de Trabajadores Autónomos
San Vicente” y la “Asociación de Desarrollo Comunitario Vista
Hermosa del Río Tigre” que están reclamando unas
4.000 has de bosques dentro del territorio Awá.
Estas
asociaciones igualmente son especuladoras de tierras, que quieren
hacerse de nuestras tierras y bosques para hacer negocio. Nunca
han vivido allí o trabajado estas tierras. Tienen como socio una
corporación (Egocreanet – Ecuador), a la
cual quieren adjudicar unas 500 has de estas tierras.
Hoy
en día nuestro territorio es el último gran remanente de selva
húmeda tropical de toda la costa ecuatoriana.
Siempre hemos defendido nuestras tierras y hemos conservado nuestros
bosques. Estamos viviendo en armonía con el medio ambiente, aprovechándolo
sin destruirlo. Como ya no hay maderas ni tierras disponibles
para nuevas plantaciones de palma quieren apoderase de nuestro
territorio Awá.
No
permitiremos que desalojen nuestras comunidades para vender nuestro
territorio a los madereros y palmicultores. Estamos organizados
y listos para implementar cualquier acción necesaria. Tenemos
nuestro propio Subprograma de Manejo Forestal Comunitario y un
Centro de Acopio y Transformación de Maderas en San Lorenzo. Aprovechamos
pequeñas cantidades de madera con métodos tradicionales y de bajo
impacto ambiental.
Si
existe este interés en recuperar tierras ancestrales en la zona
de San Lorenzo, las autoridades deben recuperar las decenas de
miles de hectáreas de tierras que fueron saqueadas a las comunidades
afroecuatorianas por parte de las empresas palmicultoras. Estas
últimas han talado desde 1999 unas 40.000 hectáreas de bosques
en el cantón de San Lorenzo para el establecimiento de plantaciones
industriales con palma africana.
Las
consecuencias son gravísimas. Los bosques del Chocó con su altísima
biodiversidad han desaparecido para siempre. Los animales de caza
y la pesca en los ríos se han acabado.
Las comunidades afroecuatorianas se quedaron prácticamente sin
tierras, comida y fuentes de trabajo. Los ríos fueron envenenados
con plaguicidas y fertilizantes de las plantaciones de palma.
Un desierto verde agroindustrial.
En
este contexto también cabe indicar la complicidad del Estado ecuatoriano
en la ocupación de tierras ancestrales y en la tala de los bosques
del cantón de San Lorenzo. El 8 de agosto
del 2002, el ex presidente Gustavo Noboa firmó el decreto 2961,
que designa para uso agrícola a un polígono de aproximadamente
60.000 hectáreas de tierras comunitarias del cantón
de San Lorenzo, entre ellos partes del territorio Awá y
5.000 hectáreas de Patrimonio Forestal del Estado.
Este
decreto fue elaborado en conjunto por los Ministerios del Ambiente,
Agricultura y Relaciones Exteriores y empresas palmicultoras.
El objetivo del decreto ha sido legitimar las tierras que las
palmicultoras han adquirido ilegalmente, ampliar su superficie
y legalizar la tala de bosque que han realizado durante años sin
contar con permisos ni estudios de impacto ambiental, ni tomar
en cuenta a las comunidades locales.
La
FCAE exige al gobierno ecuatoriano que:
•
Respete y asegure definitivamente los títulos de propiedad para
el territorio Awá.
•
Persecución de todas las invasiones, extracciones de maderas por
terceros, etc. en el territorio Awá.
•
Reconocimiento de la autoridad indígena Awá para el territorio
(circunscripción).
A
la vez pedimos apoyo y respaldo de todas las organizaciones para
la defensa de nuestra tierra.
Por:
Olindo Nastacuaz, Presidente de la Federación de Centros Awá del
Ecuador (FCAE), correo electrónico: fedawa@federacionawa.org,
www.federacionawa.org
inicio
-
India: el movimiento indígena de Jharkhand
impugna los planes de desarrollo industrial que amenazan con destruir
los bosques, las tierras cultivables y la forma de vida de los
Adivasi
Al
igual que los gobiernos de muchos otros estados de la India, el
gobierno del estado de Jharkhand planea una gigantesca expansión
industrial en toda la región en nombre del “desarrollo” y la “reducción
de la pobreza”. Para angustia y desilusión de los movimientos
sociales de Jharkhand, funcionarios del gobierno electos recientemente
pretenden respaldar los acuerdos celebrados entre el anterior
gobierno del estado e importantes empresas del acero y la minería.
A cambio de la inversión de 1.691.980 millones de rupias (alrededor
de US$ 3.800 millones), estos acuerdos prometen a las empresas
la adquisición masiva de tierras, lo que conllevará la deforestación
de no menos de 57.000 hectáreas y el desplazamiento de 9.615 familias,
muchas de ellas residentes en zonas catalogadas como protegidas
legalmente y reservadas para los pueblos indígenas Adivasi del
estado.
En
el distrito de Ranchi, por ejemplo, la empresa británica Arcelor
Mittal tiene planes de ocupar tierras y bosques tribales en Karra
Block para instalar una inmensa fábrica de acero con el respaldo
del gobierno del estado. Todo este plan se desarrolló sin consultar
y sin el consentimiento previo de los pueblos Adivasi afectados,
lo que contraviene directamente la legislación que protege a los
pueblos indígenas, con inclusión del Quinto Programa [disposición
constitucional referida a la protección de ciertas zonas y de
los derechos tribales], la Ley de tenencia de Chotanagpur (1908)
y la sentencia Samata.
Durante
los dos últimos años los movimientos indígenas y sociales de Jharkhand
se han movilizado contra estos planes oficiales de desarrollo
industrial masivo en el estado. Los movimientos populares responden
con un “no” rotundo a los desplazamientos relacionados con la
industria y rechazan la interferencia de “funcionarios de enlace
con la comunidad” empresariales, o militantes y dirigentes de
partidos políticos en los asuntos locales y en sus procesos de
adopción de decisiones.
En
Karra Block, el pueblo Adivasi ha fundado la organización Ottehasa
Horo Sangathan (Organización del Pueblo de la Tierra) para hacer
campaña para salvar sus tierras y bosques tradicionales. La aldea
de Udikel es una de las 144 comunidades amenazadas por el desplazamiento
donde la gente se ha organizado contra el “desarrollo” impuesto
desde arriba.
Nandi
Pahan, dirigente del panchayat [consejo electivo de la aldea]
de Udikel, afirma que su comunidad jamás cambiará sus bosques
y tierras por el desarrollo industrial:
“Todo
está aquí en nuestras tierras tradicionales: nuestros hogares,
nuestros campos, nuestros bosques, nuestros cementerios y sitios
ceremoniales. Para nosotros esta tierra es sagrada. Aquí es donde
celebramos nuestro festival Baha (fiesta de las flores) y otras
ceremonias. En el bosque están nuestros ‘lugares de oración’ sarna
especiales. Así, nuestra tierra es parte de nuestra forma de vivir.
No entregaremos nuestra tierra. Si lo hacemos, ¿qué comeremos?
¿Adónde iremos a plantar nuestros cultivos?”
Otros
dirigentes comunitarios lo respaldan:
“Para
nosotros el bosque tiene una gran importancia. En el bosque recogemos
medicinas y frutas como el karanj. Recolectamos productos forestales
menores para vender. Tenemos nuestros huertos, donde cultivamos
mango y tamarindo. Usamos el bosque para obtener materiales para
construir nuestras casas y fabricar herramientas, incluso implementos
agrícolas. ¿Cómo podría una fábrica sustituir todo esto? Se trata
de nuestra cultura y de nuestro sustento. No podemos entregar
esta tierra y no lo haremos.” [Devar Pahan, de la aldea de Udikel]
En
el distrito de Seraikella Karshwan, las empresas mineras y del
acero han presionado a las aldeas Adivasi para que entreguen sus
tierras y bosques tradicionales al “desarrollo”. No menos de 39
aldeas en cuatro panchayats del distrito informaron que en los
últimos años habían recibido visitas de agentes empresariales
que intentaron persuadirlos de que entregaran sus tierras para
la minería. Dalbhanga Panchayat, por ejemplo, estuvo bajo
presión constante para que abriera sus tierras a las minas de
piedra caliza y solamente logró detener el acoso de los agentes
empresariales con un acto masivo de protesta contra la mina propuesta.
En Rugudi Panchayat, la empresa Magila L Phonta Ltd ha solicitado
autorización para establecer una mina de oro que afectaría las
aldeas de Ramdih y Mutugarha.
También
aquí los aldeanos se opusieron a estos planes y rechazaron los
avances de los agentes empresariales, en parte gracias a la organización,
en 2005 y 2006, de numerosas movilizaciones de protesta contra
el indeseado avance minero en sus tierras.
“No
queremos entregarle nuestra tierra y nuestros derechos consuetudinarios
a cualquiera, trátese del gobierno o de empresas privadas. Nuestra
tierra y nuestro bosque son la fuente de la vida para nuestras
comunidades. Para nosotros, el bosque y la tierra lo son todo.
¡Nunca permitiremos que las empresas o el Estado nos los quiten!”
[Mangal Singh, aldea de Batani, Torandih Panchayat]
“Si
vienen las empresas mineras, este lugar terminará siendo como
la isla Kolapani (remota y solitaria): se parecerá al infierno.
Se convertirá en un lugar miserable. Se irá todo el verde y nuestra
tierra se echará a perder. Nuestra salud sufrirá y nuestras plantas
medicinales serán destruidas. La empresa puede prometer que sustituirá
nuestros bosques, pero será con árboles venenosos que se chuparán
el agua de nuestras tierras. Estos árboles (eucaliptos) aquí no
le sirven a nadie, ni a los humanos ni a los animales. Es por
eso que no entregaremos nuestros derechos.” [Ghopal Singh Munda,
aldea de Siyadia, Rugudi Panchayat, Buchei Block, Bakas Mundari
Khuntkatti y secretario general de Samiti Rakshe Evam Vikas]
Por
más información sobre las amenazas para los bosques y los indígenas
y la oposición de los movimientos populares al desarrollo minero
e industrial en Jharkhand sírvase entrar en contacto con Sanjay
Bosu Mullick, del Movimiento para Salvar los Bosques de Jharkhand
(Jarkhand Save the Forest Movement), correo electrónico:
rch_sanjay@sanchart.in, y Tom Griffiths, Forest Peoples Programme,
correo electrónico: tom@forestpeoples.org.
Vea también un artículo más detallado con fotografías en:
http://www.forestpeoples.org/documents/asia_pacific/india_jharkhand_feb07_eng.pdf
inicio
-
Nigeria: las mujeres de Idheze cierran
instalaciones petroleras de Agip
En
el boletín Nº 111 del WRM compartimos con ustedes las acciones
de la “Operación Cambio Climático”, lanzada el 1º de enero de
1999, en el Delta del Níger: los activistas cerraron las estaciones
de bombeo de crudo y detuvieron la combustión de gases. La respuesta
fue la destrucción de numerosas casas,
además de asesinatos y violaciones. Sin embargo, la lucha continuó
y muchas mujeres iniciaron una campaña conjunta para proteger
la vida poniendo fin a la depredación del Gran Petróleo. Y ganaron
una batalla: en enero de 2006 la Justicia nigeriana ordenó a Shell
detener la combustión de gas natural en Ogoniland.
Ahora
las mujeres van por más. Las mujeres de la comunidad de Idheze,
consejo local de Isoko Sur, estado de Delta, han vuelto a cerrar
instalaciones petroleras de la empresa Nigeria Agip Oil Company
(NAOC) alegando el no pago de las indemnizaciones debidas por
los daños que ocasionaron los fluidos químicos y desechos que
la empresa vertió en la comunidad.
No
hace mucho los desechos químicos de la plataforma de perforación
fueron vertidos en el pantano de Idheze, lo que provocó la muerte
y destrucción de la vida acuática. Los días siguientes se vieron
muchos animales acuáticos muertos flotando en los estanques.
A
principios de diciembre de 2006 las mujeres ocuparon unas instalaciones
petroleras pertenecientes a Agip debido a que la empresa no instrumentó
un acuerdo anterior firmado con la comunidad en el momento de
entrar en su territorio.
Informaron
que en 1982 un derrame había provocado la muerte de siete adultos
y tres niños y destruido árboles y cultivos de valor rentable.
Las
mujeres bloquearon la entrada principal del local de la empresa
e impidieron la entrada de los trabajadores. Llevaban pancartas
con inscripciones como “Estamos cansadas del tratamiento inhumano
de NAOC”, “Seguiremos interrumpiéndoles el funcionamiento hasta
que atiendan nuestras demandas”, “Paguen la indemnización por
los desechos y fluidos químicos que usaron para contaminar nuestra
tierra”.
Las
mujeres llegaron a las instalaciones con sus utensilios y alimentos,
como bolsas de arroz, ñame y garri (alimento básico a base de
mandioca) y toldos con los que montaron unas tiendas improvisadas.
Prometieron no desalojar el lugar mientras
no se hubieran atendido sus demandas.
Según
ellas, luego de todo lo que sufrió la comunidad por culpa del
derrame, Agip se ha negado a cumplir lo dispuesto por el organismo
inspector de la Compañía Nacional del Petróleo de Nigeria (NNPC),
que ordenó a Agip compensar a la comunidad.
A
la cabeza de las manifestantes, la Sra. Mercy Okunwa, quien habló
en nombre del presidente general de la comunidad, Joel Ogbru,
acusó a la empresa de falta de sensibilidad ante la terrible situación
de la población local y de incumplir un acuerdo celebrado con
la comunidad el pasado mes de diciembre en Puerto Harcourt.
Okunwa
declaró que la actitud negligente de NAOC respecto de los asuntos
de su comunidad había llevado a ésta a manifestarse en protesta
el 19 de diciembre de 2006 y expresar su disgusto porque “hasta
el momento no se ha instrumentado ninguna de las promesas que
hizo NAOC cuando invitó a la gente de la comunidad”.
Reveló
que muchas de las empresas de servicios que trabajan en las plataformas
de perforación estaban “llevando a cabo, a sabiendas de Agip,
un trabajo perjudicial para la comunidad pues ninguna de ellas
paga regalías a la comunidad”.
Acusó
a empresas de servicios como SERIC, IMPEANTI y KCA Deutage por
violar directamente los acuerdos celebrados con la comunidad,
añadiendo que Agip conspiraba con algunas de estas empresas para
robar a la comunidad sus derechos. También se lamentó de
que se hubiera otorgado a extraños los contratos que deberían
haber sido para los indígenas.
“Somos
amantes de la paz y, sabiendo que Agip nos ha estado engañando,
esta vez no queremos nada que pueda perjudicar a nuestra gente,
así que no desalojaremos el lugar hasta que la dirección de la
empresa no haya respondido a nuestras exigencias”, declararon
las mujeres agraviadas.
Artículo
basado en “Women protesters shut oil facility as toxic waste ravages
community”, Chido Okafor, Warri, enviado por Oilwatch, correo-e:
info@oilwatch.org
inicio
COMUNIDADES
Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
-
Brasil: un panorama de los monocultivos
de eucaliptos
Los
monocultivos de eucaliptos avanzan en amplias zonas del país,
ocupando territorios de poblaciones tradicionales, desplazándolas,
expulsando a la gente del campo y contribuyendo así a la creación
de cinturones de pobreza, con el contexto de violencia y criminalidad
que éstos necesariamente conllevan. Y como si todo eso fuera poco,
también vienen por su cuota de sangre.
El
26 de febrero de 2007, a las 21 horas, en el Norte de Minas Gerais,
un guardia armado de la empresa V&M FLORESTAL, que ha plantado
millares de hectáreas de eucaliptos en la zona, asesinó cobardemente
a Antonio Joaquim dos Santos, agricultor y extractivista, de 32
años, casado, padre de cuatro hijos. Joaquim y su hija Eudisleia
retornaban al hogar después de recoger leña para uso doméstico.
Dos guardias armados de V&M , conocidos como Claudinei y Joãozinho
de Carmina, agarraron a Antonio Joaquim, lo ataron, golpearon
y posteriormente le dispararon dos balazos en la boca, en frente
de su hija. Es de destacar que el suceso aconteció en una plantación
de eucaliptos certificada por el FSC, que supuestamente garantiza
un manejo que apunte a “mantener o elevar el bienestar social
y económico de los trabajadores forestales y de las comunidades
locales a corto y largo plazo”. Según integrantes de la comunidad,
Antonio Joaquim estaba recogiendo leña en la propiedad de su hermano,
de donde fue retirado por los guardias, quienes lo arrastraron
al área de V&M .
El
año pasado, la comunidad de Canabra hizo una denuncia internacional
relatando sus penurias y falta de alternativas como consecuencia
de la deforestación de los “cerrados” provocada por la empresa
V&M, que dejaba a la comunidad sin acceso a leña y frutas
nativas, además de secar el río Canabra. La respuesta de V&M
fue aumentar la presión sobre la comunidad, que desde entonces
vivió aterrorizada con las amenazas de los guardias armados, que
se han apoderado de carretas y de herramientas de trabajo de los
agricultores, han empleado violencia verbal y física contra los
integrantes de la comunidad y han presionado incluso a los
niños cuando, de regreso de la escuela, traían pequeños haces
de leña en sus bicicletas.
Varias
organizaciones sociales (Rede Alerta Contra o Deserto Verde, CAA
NM, CPT, Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável do Norte
de Minas, MST, ASA Minas Gerais) que denunciaron el asesinato,
iniciaron acciones ante autoridades oficiales y de derechos humanos
para una intervención inmediata y enérgica contra los desmanes
de la empresa. También efectuaron denuncias ante el FSC Brasil
y el FSC Internacional para el retiro inmediato del Sello Verde
otorgado a V&M. Coincidentemente, la empresa se adelantó a
los acontecimientos y el 15 de marzo pasado comunicó su “decisión
de retirarse voluntariamente del FSC después de 8 años de relación
muy estrecha”. El motivo que alega la empresa es que no está de
acuerdo con la forma en que se llevó a cabo la auditoría por parte
del órgano certificador (SGS).
Mientras
tanto, las industrias celulósicas atacan por otros flancos. Stora
Enso viene adquiriendo tierras en la frontera oeste del Estado
de Rio Grande do Sul. A pesar de que muestra cautela, ya que declaró
que "Estamos en proceso continuado de adquisición de tierras
y la posibilidad de invertir en la fábrica Stora Enso todavía
no está decidida”, el proyecto inicial de la empresa sueco-finlandesa
prevé establecer plantaciones de eucaliptos en una superficie
de 100 mil hectáreas. Para lograr su objetivo trabaja presionando
al INCRA, que es el órgano que instruye el proceso y da la opinión
técnica, para que dé un parecer favorable, y procura que en el
Congreso Nacional se modifique la Ley Federal 6634/79 --que obstaculiza
a empresas extranjeras la tenencia de tierras en zona de frontera--,
tratando de reducir de 150km a 50km la distancia a la línea fronteriza
que sería considerada zona de frontera.
Oficialmente
la empresa alega tener 45 mil hectáreas en esta región, pero datos
de un organismo oficial (FEPAM) de 2005 indicaban 60 mil hectáreas
y otras fuentes afirman que llegan a 150.000. Independientemente
de la cantidad, no es posible registrarlas ya que nunca se explicó
a la opinión pública dónde se localizan.
Otros
intereses celulósicos también avanzan por Río Grande del Sur.
El grupo empresarial brasileño "Votorantim Celulose e Papel"
presentó una propuesta al gobierno de su país y al Estado de Río
Grande del Sur, para construir una nueva fábrica de pasta de celulosa,
próxima a la Laguna Merín. Dicho emprendimiento, que cuenta con
el visto bueno de la gobernadora del citado Estado, implicaría
una inversión de alrededor de U$S 1.300 millones. A pesar de que
la decisión respecto a la construcción de la planta, cuyo nombre
sería Três Lagoas y que produciría al estar culminada en 2010
cerca de un 1 millón de toneladas por año, será tomada en los
meses venideros, el gobierno brasileño ha manifestado su beneplácito
a la instalación de la fábrica de celulosa.
En
el Estado de Río de Janeiro se decidió rever una ley ambiental
que obstaculizaba la inversión del sector celulósico en la zona.
Ahora hay en discusión un nuevo proyecto de ley sobre las plantaciones
comerciales de árboles, que significaría dar luz verde para que
14 municipios del Norte y Nordeste del Estado se conviertan en
zonas productoras de eucaliptos para las industrias de papel y
celulosa y madereras. Desde largo tiempo atrás grandes empresas
de esos sectores habían manifestado su interés en invertir en
el Estado de Río. Pero había una ley del entonces diputado estadual
Carlos Minc, hoy secretario de Medio Ambiente, que exigía una
contrapartida que inviabilizaba los proyectos. En efecto, la ley
4.063/2003 disponía que por cada cien hectáreas de plantaciones
comerciales, se reforestaran 30 hectáreas con especies nativas,
como compensación. La propuesta de los secretarios municipales
de Medio Ambiente (Minc entre ellos), es enviar a la Asamblea
Legislativa un nuevo proyecto de ley que reduzca la contrapartida
de 30 a 10 hectáreas para las zonas del Norte y Nordeste del Estado.
Las
plantaciones de eucaliptos en gran escala para exportación, aún
cuando se conviertan en legales, nunca serán morales. No es moral
destinar tierras fértiles para ese fin cuando el pueblo pasa hambre,
cuando los pueblos indígenas, primeros y eternos dueños de aquellas
tierras, están en los bordes de los caminos sin que les hayan
demarcado sus tierras, cuando a las comunidades afrobrasileñas
no se les reconocen legalmente sus territorios, cuando el número
de los sin tierra aumenta, cuando no hay unidades de conservación
ni incentivos a la producción que implique la protección de la
naturaleza.
Como
muestra de un modelo alternativo que funciona y da soluciones
a la gente, el Asentamiento Santa María de Ibicuí, establecido
en 6.600 hectáreas donde cada unidad familiar posee media hectárea,
el año pasado produjo 80.000 litros de leche al mes, además de
plantaciones de maíz, de sandía y aipim en las pequeñas huertas.
Las 220 familias asentadas conforman un total de 900 a 1.000 personas.
Los adultos tienen empleo y generan ingresos para el municipio.
Hay
alternativas, hay otros modelos posibles. Lo que hay que construir
es la voluntad para transitar por ellos. En eso está el pueblo
brasileño que resiste y construye.
Artículo
elaborado en base a información obtenida de: Comunicado de la
Red Alerta contra el Desierto Verde del 27/02/2007, transmitiendo
la noticia del asesinato de Antonio Joaquim dos Santos, enviado
por FASE, correo electrónico: geise.fase@terra.com.br;
“O tirano projeto da celulose no Rio Grande do Sul - reflexões
a partir do Seminário em Manoel Viana”, por Ana Paula Fagundes,
correo electrónico: sorriam@hotmail.com,
versión completa en
http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Informe_Viana.pdf
; “Proyectan construir nueva planta de celulosa en Brasil”,
diario La República, Uruguay, febrero de 2007; “Stora Enso prevê
uma área de 100 mil hectares para plantar eucaliptos no RS”, 2/3/2007;
“Eucalipto no Norte do Rio de Janeiro”, Clipping Service, y “Conjuntura
do monocultivo de eucalipto no Rio Grande do Sul e a luta dos
movimentos sociais”, por J.H. Hoffmann y Lino De David, enviados
por Joao Pedro Stedile, MST, correo electrónico: sgeral@mst.org.br
inicio
-
Camboya: los indígenas Jarai inician acciones
legales para reclamar su tierra
La
pérdida de tierras y de acceso a los recursos naturales está empeorando
la crisis de la economía y los medios de subsistencia de las comunidades
rurales de Camboya. “Se está despojando a la gente de sus tierras
por quienes tienen poder político y dinero”, escribe Shalmali
Guttal en un informe reciente para Focus on the Global South.*
Asimismo,
señala Guttal, la pérdida de tierra se traduce en “hambre, falta
de efectivo, problemas de salud y pobreza extrema para las comunidades
rurales”. Cuando las comunidades indígenas pierden su tierra,
eso implica también la pérdida de su sustento, cultura y tradición.
“La pérdida de territorios tradicionales provoca consecuencias
extremadamente graves para las comunidades indígenas, entre ellas
enfermedades, indigencia e incluso la muerte.”
Para
el año 2004, las empresas privadas habían tomado el control de
2,7 millones de hectáreas de tierra bajo contratos de concesión.
Dentro de esta cifra están las “concesiones económicas de tierras”,
utilizadas para plantaciones industriales, minería, exploración
petrolera, pesca y turismo. En muchos casos, las concesiones se
establecen en tierras pertenecientes a los aldeanos. Tratan de
contrarrestar la resistencia mediante sobornos a los jefes de
la aldea, a menudo seguidos de demostraciones de violencia por
parte de la policía, militares o guardias de seguridad privados.
Algunos
de los casos más flagrantes de usurpación de tierras tuvieron
lugar en la provincia de Ratanakiri, al nordeste de Camboya. Las
aldeas indígenas Jarai de Kong Yu y Kong Thom, en el área de O’Yodao,
permiten ver de un vistazo lo que está sucediendo en todas partes
del país.
En
los últimos tres años, las tierras de los Jarai han sido arrasadas
para dar lugar a una plantación de caucho de 500 hectáreas. Un
cartel a la entrada de la plantación del pueblo de Kong Yu dice:
“Prohibida la entrada sin autorización”.
La
concesión pertenece a Keat Kolney, hermana del Ministro de Finanzas
de Camboya, Keat Chhon. A su vez, el Ministro de Ordenamiento
Territorial es Chhan Saphan, esposo de Keat Kolney. Las autoridades
locales forzaron el acuerdo por medio de amenazas, engaños y fraude.
Algunos miembros del Consejo Comunal admitieron públicamente haber
aceptado sobornos para asegurar que se llevara a cabo
la transacción de tierras.
A
comienzos del 2004, cuando los funcionarios comunales pidieron
a los aldeanos que vendieran sus tierras, estos se negaron. Entonces
los funcionarios volvieron con una historia, diciendo que el Primer
Ministro Hun Sen necesitaba la tierra para los soldados discapacitados
y que los aldeanos no tenían ningún derecho a la misma. Al no
estar seguros de sus derechos, y reacios a crear problemas con
el primer ministro o la armada, aceptaron entregar 50 hectáreas
de tierra.
En
agosto de 2004, los funcionarios organizaron una fiesta para los
aldeanos ofreciéndoles cerdo, cerveza y dos grandes jarras de
sake. Ya avanzada la fiesta los funcionarios tomaron las huellas
digitales de los aldeanos con tinta roja. Una semana más tarde,
junto con Keat Kolney, distribuyeron regalos, como pareos, y dinero.
Luego pidieron a los aldeanos que firmaran con su huella digital
documentos que no entendían.
Sayo
Tem, aldeano Jarai, dijo al Phnom Penh Post que “nos dijeron que
si no estábamos de acuerdo con la venta de la tierra o no aceptábamos
el dinero, de todas formas tomarían la tierra sin pagar nada ni
darnos [siquiera] un grano de sal”.
Cuando
las excavadoras comenzaron a arrasar sus tierras y bosques, los
aldeanos se dieron cuenta de que habían sido engañados. La tierra
había sido transferida a Keat Kolney, no a soldados discapacitados,
y el área era de 500 hectáreas, diez veces la superficie acordada
previamente. Los aldeanos de Kong Yu presentaron una queja ante
las oficinas administrativas locales.
En
febrero de 2006, 200 aldeanos se reunieron en la oficina comunal
local para solicitar información sobre la empresa que estaba talando
su tierra y para expresar sus preocupaciones. Los funcionarios
los acusaron de causar tensiones sociales y la policía los amenazó
con arrestarlos si llevaban a cabo cualquier otra manifestación.
El
23 de enero de 2007, las ONG Community Legal Education Center
(CLEC) y Legal Aid of Cambodia (LAC) presentaron una demanda a
solicitud de los aldeanos, para intentar recuperar la posesión
de su tierra.
In
Sam Ath, representante de Keat Kolney, argumenta que las huellas
digitales prueban que la transacción es legal. “Las autoridades
provinciales ponen a nuestra plantación como un ejemplo para nuevos
inversores”, dijo al Cambodia Daily.
De
hecho, la ley de contratos de Camboya establece que los contratos
deben ser firmados libremente, entre partes informadas, sin fraude,
engaño o coacción. La legislación en materia de tierras incluye
la protección a los territorios indígenas y el reconocimiento
de la propiedad colectiva de los mismos. El manejo de la tierra,
como por ejemplo la transferencia de derechos, debe estar libre
de interferencia oficial. Aceptar sobornos, como ha sido admitido
por varios funcionarios, es también ilegal.
“Ratanakiri
está actualmente en crisis”, dice Ngy San, subdirector de NGO
Forum. “La apropiación de tierras está fuera de control y está
devastando la vida de los indígenas. Kong Yu es emblemático por
ser el peor de los casos de este tipo, donde los intereses de
los ricos y poderosos se contraponen a las necesidades de los
pobres. La forma en que este caso sea manejado por la Corte será
una prueba decisiva para las disputas territoriales en toda Camboya.”
El
CLEC solicita el envío de cartas al Primer Ministro Hun Sen y
a los embajadores en Camboya, en apoyo a los aldeanos de Kong
Yu y Kong Thom. Encontrarán modelos de cartas en:
http://www.wrm.org.uy/paises/Camboya/Cartas.html
*
Shalmali Guttal, 2006, “Land and Natural Resource Alienation in
Cambodia”, Focus on the Global South. Ver:
http://www.focusweb.org/land-and-natural-resource-alienation-in-cambodia-17.html
Por
Chris Lang, correo electrónico: http://chrislang.org,
www.chrislang.blogspot.com
inicio
-
Camerún: la dura realidad de las plantaciones
de palma aceitera
En
diciembre pasado, cuatro personas (un camerunés, una pareja suiza
y un uruguayo), recorríamos el camino público que atraviesa las
plantaciones de palma aceitera de Socapalm (Société Camerounaise
des Palmeraies) en la región de Kribi. Al llegar a la barrera
de control instalada por la empresa –que ya habíamos atravesado
más temprano en el día- fuimos detenidos por un guardia de seguridad
privada, que nos exigió nuestros documentos de identidad. Al preguntarle
el porqué de tal demanda, nos informó que así se lo habían exigido
“agentes secretos” de Socapalm que estaban al tanto de nuestra
visita. Agregó que también se le había dicho que tenía que llevarnos
a la oficina de información de la empresa. Por supuesto que ni
le entregamos nuestros documentos ni aceptamos que nos llevara
a la tal oficina de información porque la empresa no tiene derecho
legal a exigirlo. Sin embargo, la anécdota sirve para ilustrar
el poder de la empresa y el control de tipo policial que ejerce
sobre los pobladores de la zona.
A
pesar de su nombre, Socapalm no es una “sociedad camerunesa”,
sino que pertenece al poderoso grupo francés Bolloré, que también
es propietario de otra gran plantación de palma aceitera en la
región de Kribi (Ferme Suisse), que en conjunto totalizan 31.000
hectáreas.
En
el boletín del mes pasado publicamos un artículo sobre los graves
impactos sociales y ambientales de una plantación de caucho en
la misma región de Kribi (perteneciente a la empresa Hevecam).
Lo interesante es que el presente artículo es casi igual al anterior,
con la única diferencia de que el nombre de las empresas es distinto.
En
efecto, los indígenas Bagyeli (“pigmeos”) que viven en las inmediaciones
de las plantaciones de palma dijeron prácticamente lo mismo que
los Bagyeli afectados por las plantaciones de caucho. Socapalm
los desalojó de sus viviendas, prometiéndoles casas modernas.
Las palmas fueron plantadas, crecieron, dieron fruto, fueron cosechadas,
pero la empresa no construyó ni una sola casa.
Ahora
estos Bagyeli están rodeados de plantaciones, a las que no se
les permite ingresar. En caso de hacerlo, si los guardias los
agarran los expulsan a latigazos. Están forzados a vivir en una
zona inundable donde abundan los mosquitos y las enfermedades
asociadas a los mismos.
En
cuanto a medios de vida, apenas pueden sobrevivir. Por un lado,
la empresa no les da trabajo y las pocas veces que lo hace les
paga mucho menos que a otros trabajadores. Lo único que queda
para cazar dentro de la plantación son ratas. Solo se caza algo
en las márgenes de la plantación y más lejos en la montaña.
Todo
ello es consecuencia de la destrucción del bosque tropical llevado
a cabo por la empresa para convertirlo en plantaciones de palma.
Antes los Bagyeli (expertos cazadores y recolectores), encontraban
en el bosque todo lo necesario para vivir (carne, fruta, etc.).
Ahora ni siquiera cuentan con agua limpia, ya que la misma está
contaminada por fertilizantes químicos y por sedimentos resultantes
de la erosión. En materia de salud, los problemas vinculados a
la mala alimentación, el agua contaminada y el sitio malsano donde
viven se agravan por no contar más con las plantas utilizadas
en su medicina tradicional. El hospital es propiedad de Socapalm
y como no están en la plantilla de la empresa, deben pagar en
caso de ser hospitalizados.
Con
respecto a los trabajadores de la empresa la situación tampoco
resultó ser diferente a la de las plantaciones de Hevecam. También
aquí habitan hacinados en viviendas propiedad de la empresa, también
trabajan bajo subcontratistas, también tienen problemas de la
vista por la inexistencia de protección frente al polvo que cae
del racimo de frutos, también aplican agrotóxicos sin el necesario
equipo de protección, también tienen problemas con el agua potable
y el saneamiento.
En
materia sindical, trabajadores de la empresa nos contaron que
no existe sindicato independiente y que es muy difícil que lo
vaya a haber. En 1992 hubo una huelga reivindicando mejores condiciones
de trabajo y aumento del “salario miserable” que percibían. El
resultado fue que los dirigentes de la huelga fueron presos y
despedidos.
En
momentos en que se promueven las plantaciones de palma para abastecer
de combustible a los países del norte, es necesario que los consumidores
de esos países sepan que éste no es de ninguna manera un combustible
“verde”, sino que su verdadero color resulta de la combinación
de explotación social, violación de derechos humanos y destrucción
ambiental.
Por:
Ricardo Carrere, en base a información recopilada durante la recorrida
realizada en la región en diciembre de 2006 con los investigadores
Sandra Veuthey y Julien-Francois Gerber. El autor agradece el
apoyo recibido del Centre pour l'Environnement et le Développement
(CED), que hizo posible la recorrida.
inicio
-
Colombia: empresa de celulosa irlandesa-holandesa
acusada de graves delitos sociales y ambientales
El
Tribunal Permanente de los Pueblos – Capítulo Colombia se reunió
del 26 al 27 de febrero del 2007 en el bajo Atrato, para juzgar
a las empresas transnacionales por el tema de la biodiversidad
y la explotación de los recursos naturales en Colombia. Las comunidades
y las organizaciones sociales participantes -- entre ellas las
ambientales--, acusaron a Smurfit Kapa - Cartón de Colombia "por
violación de derechos humanos, ambientales, sociales y culturales.
Específicamente por: destrucción de selvas húmedas tropicales,
bosques andinos y otros ecosistemas y por destruir el tejido social,
medios de producción tradicional y cultural de las comunidades;
suprimir y contaminar fuente hídrica; influir la formulación de
políticas gubernamentales en el país y presionar a funcionarios
del Estado en pro de los intereses de la multinacional; ocultar
información relacionada con la empresa y manipular los medios
de comunicación tanto a escala regional como nacional; usar falsos
postulados, información y publicidad mentirosa para justificar
sus actividades y enmascarar los impactos generados; acusar y
criminalizar con argumentos falsos a quienes denuncian su accionar
incorrecto".
En
cincuenta años de presencia en territorio colombiano, la empresa
ha destruido buena parte de la zona selvática húmeda tropical
del bajo Calima en el departamento del Valle del Cauca (Chocó
biogeográfico) y Bosque Andino, rastrojos altos y otros ecosistemas
en los departamentos del eje cafetero. Ha desarrollado plantaciones
en territorio de las comunidades indígenas que viven en los departamentos
del Cauca y de Caldas; también tiene sembrados en tierras donde
se desarrollaban actividades agrícolas y ganaderas que dinamizaban
las economías agrarias de las poblaciones en los departamentos
del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima y Antioquia.
Como
prueba de las acusaciones a Smurfit Kapa - Cartón de Colombia,
se entregó por parte de los denunciantes un libro escrito por
Joe Broderick (El Imperio de cartón – Impacto de una multinacional
papelera en Colombia) donde se presenta la investigación financiada
por el Proyecto Biopacífico Ministerio del Ambiente PNUD – GEF/92/G31.
Resalta el autor que en el año 1993, cuando estuvo viviendo en
Dublín, conoció que el 70% de las ganancias de “Smurfit” las obtiene
en Venezuela, México y Colombia.
Se
recogen ampliamente los daños ocasionados por la tala rasa en
las zonas transicionales entre bosque muy húmedo tropical y bosque
pluvial tropical en la región Pacífica de colinas bajas al sur
del río San Juan y el río Calina, en el Chocó biogeográfico, resaltando
la afectación a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades
indígenas de la etnias Embera y Waunamas.
En
las zonas de explotación forestal, las comunidades afrodescendientes
e indígenas
