Ecuador:
consolidación de la resistencia contra la minería en Intag
Después de 12 años, poderosas transnacionales mineras no han podido
quebrantar la voluntad de los campesinos de la zona de Intag, Cantón
Cotacachi, Provincia Imbabura, en el Noroccidente de Ecuador.
Esta
pesadilla empezó en 1991, cuando un japonés hasta hoy anónimo, comenzó
a andar para arriba y para abajo en su vehículo por la zona. Nadie
sabía exactamente qué estaba haciendo. Hacia 1995 se supo que lo
que hacía el japonés era “prospección minera”, es decir, que estaba
a la búsqueda de minerales en el subsuelo.
Con
la exploración, lo pintoresco del japonés se tornó en molesto y
dañino, pues como resultado de las perforaciones realizadas y substancias
contaminantes vertidas en las quebradas, los campesinos inteños
comenzaron a percibir efectos nocivos sobre la salud de los niños
que se bañaban en los ríos, enfermedades en el ganado y otros contratiempos.
La población local inició un proceso de organización, cuyo motor
en un principio fue la necesidad de obtener información acerca de
lo que estaba pasando a sus espaldas. Eran los tiempos de la Bishi
Metals, una multinacional japonesa, que quedó en el recuerdo como
un juego de niños comparando su actuación en la zona con lo que
más tarde vendría.
En
ese contexto nació Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN),
una organización de base que coordina programas de educación y protección
ambiental que incluyen un programa de protección de cuencas de agua
y la conformación de la Reserva Comunitaria Junín, además de muchas
otras iniciativas ambientales y sociales.
Los
moradores de las comunidades de Cerro Pelado, Junín, El Triunfo,
Villaflora, Cuaraví, La Armenia, Cazarpamba y Barcelona, las más
afectadas por el proyecto minero, vienen ratificando desde los comienzos
del ingreso de las empresas transnacionales mineras su decisión
de no permitir su actividad en sus tierras. Hasta el día de hoy
las empresas mineras no han podido iniciar los trabajos propiamente
mineros, pues las concesiones se encuentran ubicadas dentro de la
Reserva Comunitaria Junín, un área de bosques primarios de inmenso
valor biológico situados en la zona de amortiguamiento de la Reserva
Ecológica Cotacachi-Cayapas, una de las más importantes del Ecuador.
Además, estos bosques nublados forman parte de la bioregión Chocó
y constituyen el hot-spot Andes Tropicales, el sitio biológicamente
más candente entre los 34 hotspots más importantes del mundo. Esta
reserva es protegida por las comunidades con gran celo.
La
historia de la resistencia en contra de la minería en Intag no puede
concebirse sin otros pilares organizativos, y con la suma de una
serie de afortunados acontecimientos, uno de los cuales fue la elección
en el año 1996 del Economista Auki Tituaña, un carismático dirigente
indígena, como Alcalde de Cotacachi. El Alcalde impulsó un proceso
político participativo real, que permitió entre otras muchas cosas
la promulgación, por iniciativa de los moradores de Intag, de una
Ordenanza Municipal que declara a Cotacachi Cantón Ecológico (texto
disponible en: accionecologica.org/descargas/ areas/otros/documentos/ordenanza.doc),
una normativa única en Latinoamérica y quizás en el mundo, encaminada
a proteger los recursos naturales y para ello a obstaculizar la
minería.
Muchas
fueron las circunstancias, pero los hechos definitivos que terminaron
con los días de la Bishi Metals en Intag fueron la toma de su campamento
por parte de los habitantes de las comunidades que iban a ser afectadas
por el proyecto minero: se expulsó a los guardianes, se retiraron
las pertenencias de la empresa que fueron entregadas al Alcalde
en custodia, se desmontó el campamento minero y lo que sobró, se
quemó. Esto costó un juicio a algunos de los participantes en estos
hechos, que fueron denunciados no por la empresa, que más o menos
de mala gana pareció aceptar la voluntad del pueblo, sino por el
Estado ecuatoriano, concretamente por el Ministerio de Energía y
Minas. Como nunca pudo demostrarse que existiera culpabilidad de
los campesinos por estos hechos, tras un largo proceso judicial,
en 1999 quedaron definitivamente sobreseídos.
En
este punto hay que señalar que en Ecuador, la Ley de Minería vigente
fue financiada por el Banco Mundial a través del Proyecto
de Desarrollo Minero y Control Ambiental
(PRODEMINCA), durante cuya ejecución se cometieron una serie de
irregularidades a las propias normas ambientales del Banco Mundial,
que fueron denunciadas en su momento por la DECOIN, resultando dicha
denuncia en una investigación del proyecto por el mismo Banco.
Las
áreas de concesión minera en la zona de Intag reciben el nombre
de Golden 1, Golden 2 y Magdalena 1. Se trata de 7.000 hectáreas
de concesiones mineras que, después de la salida de la Bishi Metals,
fueron adquiridas por la compañía minera canadiense Ascendant. Hoy
día las concesiones de Ascendant suman 22.500 hectáreas en la zona
de Intag.
Según
testimonios de los pobladores, con la entrada de esta compañía minera
a la zona de Intag comienza la peor pesadilla que se haya vivido
jamás en la región. La peor consecuencia es el conflicto social
despertado por los ofrecimientos de relacionadores comunitarios
--intermediarios entre la compañía y las comunidades por medio de
organizaciones de desarrollo ficticias (primero
Consejo de Desarrollo de García Moreno
CODEGAM, después Organización de Desarrollo de Intag ODI), que provocó
un conflicto que enfrenta entre sí a parientes, amigos y vecinos.
El
Alcalde Tituaña se dirigió a la empresa en una carta abierta (15
de Diciembre de 2004), detallando su incumplimiento con las leyes:
“Desde los primeros días de la presencia de Ascendant Exploration
en nuestro Cantón, […] sus funcionarios no han informado a ninguna
instancia de sus planes, ni han solicitado la autorización respectiva
para realizar sus actividades dentro de nuestro territorio. Por
otro lado, la gravísima falta de consultar con las comunidades potencialmente
afectadas sobre el proyecto minero que su empresa persigue, constituye
una ineludible violación a derechos constitucionales del Ecuador,
violación que jamás dejaremos impune. […] se ha irrespetado la voluntad
de comunidades, así como los planes de desarrollo locales elaborados
participativamente con los actores sociales del cantón. Adicionalmente
hemos recibido […] amenazas de muerte a líderes que luchan en contra
de la minería”. Uno de los aspectos que se cuestiona fuertemente
es la validez de las concesiones mineras.
Denuncias
realizadas por los moradores ante los organismos de derechos humanos
incluyen ofrecimientos
de dinero a los presidentes de las comunidades a cambio de su firma
a favor de la minería, presencia de guardaespaldas y paramilitares
fuertemente armados con pistolas, gas y bombas lacrimógenas, que
en varias ocasiones realizan disparos sobre los comuneros, pagos
para la asistencia a reuniones convocadas por la minera, presiones
para que los asistentes firmen papeles en blanco, contratación de
tercerizadoras no autorizadas, reiteradas invasiones de la propiedad
privada.
La
concesión minera está situada en un área habitada por colonos de
5 comunidades (unas 150 familias), que deberían ser desalojados
por el proyecto. Tradicionalmente, a los campesinos les ha resultado
difícil escriturar sus posesiones, presentándoseles diferentes obstáculos
relacionados con la documentación a presentar y la justificación
de sus derechos sobre la tierra. Poco después de la llegada de las
mineras, reconocidos traficantes de tierras, es decir, personas
que profesionalmente se dedican a adjudicarse posesiones y demostrar
con documentación falsa sus derechos sobre las mismas, han intentado
repetidamente posesionarse ilegalmente y escriturar tierras situadas
sobre las minas y en los alrededores, lo que han logrado en ocasiones
en cuestión de días gracias a la complicidad de funcionarios corruptos.
También se han realizado compras ilegales dentro de áreas de Patrimonio
Forestal del Estado, o de áreas de protección minera o incluso de
tierras cuyos vendedores ya las habían vendido con anterioridad
a otras personas a precios inferiores. Por todas estas confusiones,
la Comisión Anticorrupción (CCCC) realizó una exhaustiva investigación
a punto de concluir en los próximos días.
Desde
septiembre de 2006, las comunidades locales condenan los reiterados
y sistemáticos intentos por parte de la minera de desprestigiar
y calumniar a personas y organizaciones que han tomado una posición
en contra de la minería. Según la Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos (CEDHU), una de las formas más agresivas en las que se han
manifestado estos intentos es por medio de una campaña de denuncias
sistemáticas en contra de diferentes líderes y campesinos, que se
han interpuesto tras cada intento de ingreso a las concesiones mineras
por parte del personal de la compañía o sus allegados.
Por
el curso de los acontecimientos descritos, la oposición a la minería
en la zona ha ido creciendo hasta hoy día contar con la unánime
oposición de todos los gobiernos locales de la región. Cada uno
de los siete gobiernos parroquiales de la zona de Intag y también
el gobierno de la provincia así como las comunidades dentro de los
límites y adyacentes a las concesiones de la minera, han expresado
públicamente su oposición al proyecto minero.
Además
de resistir a la minería, el interesante proceso organizativo que
se ha dado en la zona de Intag ha permitido mejorar la producción
de café orgánico, que se exporta casi en su totalidad a Japón a
un precio justo que se mantiene a pesar de las fluctuaciones del
mercado. Otros grupos organizados elaboran productos artesanales,
como los confeccionados con fibra de cabuya (sisal), bordados a
mano, jabones a base de Aloe vera y otros productos naturales. En
la comunidad de Junín, centro de la resistencia, existe una iniciativa
de turismo comunitario que agrupa a la mayoría de las familias de
la comunidad y que recibe una media de más de 650 turistas al año,
generando beneficios significativos. Además, se ha conformado un
grupo de guardabosques que vela por la protección del medio ambiente
y la integridad de los bosques primarios, las aguas y la biodiversidad.
Hombres,
mujeres y jóvenes se han agrupado en diferentes organizaciones,
cada grupo con propósitos definidos. El proceso de resistencia a
la minería además, ha dado como fruto una generación de orgullosos
líderes y lideresas, conscientes y preparados, conocedores de sus
derechos. La posición común en la zona es No a la Minería, y no
es negociable. Es por el medio ambiente, por el agua, por la vida
y por las futuras generaciones. Es por el bosque nublado, el gallo
de la peña, el oso de anteojos y miles de especies más.
A
nivel político, el proceso que está viviendo el Ecuador es una puerta
abierta al triunfo definitivo de este proceso que ya dura 12 largos
años. El diálogo está abierto. Muchas esperanzas están depositadas
en la Asamblea Constituyente, aunque como nos han explicado en Intag
“No podemos esperar a la Constituyente, ésta es una lucha diaria”.
Y tampoco los intereses económicos duermen.
