Boletin 118 el WRM

Todo el mundo parece estar de acuerdo acerca de la necesidad de proteger lo que queda de los bosques del planeta … mientras los bosques continúan desapareciendo al mismo ritmo alarmante de siempre. Por lo tanto, resulta crucial distinguir entre quienes están genuinamente comprometidos con la protección del bosque y aquellos cuyos hechos van en la dirección opuesta a sus palabras. Al respecto, la mayoría de los artículos incluidos en este número del boletín del WRM constituyen buenos ejemplos.

Tomemos el caso del artículo sobre Ecuador, donde las comunidades locales están luchando para impedir que una compañía minera canadiense destruya su ambiente, dentro del cual está una zona de bosque primario de enorme valor biológico, ubicada en la zona de amortiguamiento de una de las reservas ecológicas más importantes del país. Hombres, mujeres y jóvenes se han organizado bajo la consigna común e innegociable de “No a la Minería”, que actualmente cuenta con el apoyo unánime de todos los gobiernos locales de la región, además del de las comunidades que están dentro de los límites de las concesiones mineras o en sus adyacencias.

En el caso de Congo, el pueblo local Efe ha utilizado y protegido el bosque Ituri durante siglos. A principios de la década de 1990, compañías madereras europeas y malayas comenzaron a destruirlo –y con ello las formas de vida y sustento de los Efe- mientras que el apetito de las empresas transnacionales sobre los minerales de la región –oro y coltan- trajeron consigo guerras y mayor destrucción del bosque.

En Laos, la empresa consultora noruega Norconsult ganó un contrato de un millón y medio de dólares para supervisar las obras de construcción de la represa Xeset 2, financiada por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad). China también está muy involucrada: el Banco de Importaciones y Exportaciones de China financia el 80% del proyecto de US$ 135 millones y el principal contratista es la empresa china Norinco (China North Industries Corporation). Una persona del lugar dice: “No queremos que construyan la represa pues le hará mucho mal a nuestra tierra y al ambiente. ... Pero no nos atrevemos a oponernos a los funcionarios del gobierno”. Los organismos y consultores oficiales –de Laos, Noruega y China- saben que esto es verdad, pero siguen adelante con los planes.

Todo el mundo sabe que las plantaciones de palma aceitera son una causa importante de destrucción del bosque. Sin embargo, la demanda de biodiesel por parte del Norte está impulsando la expansión de este cultivo a lo largo y ancho de los trópicos. En el caso de Tailandia, el gobierno planea aumentar las plantaciones de las actuales 400.000 hectáreas a 1,2 millones de hectáreas para el año 2009. Tal como expresa el artículo incluido en este boletín: “Si la palma aceitera se expandiera según los planes del gobierno, Tailandia perdería irremediablemente su soberanía alimentaria, sus bosques y su diversidad biológica. Sería una catástrofe para el pueblo tailandés”.

Varios otros artículos ofrecen más ejemplos del doble discurso gubernamental y empresarial. Afortunadamente la moneda tiene dos caras. La otra cara incluye a los pueblos locales organizados y a las organizaciones que los apoyan, que llevan adelante su propia agenda social y ambiental.

Por ejemplo, a fines de abril de este año, en Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y Vía Campesina organizaron una Reunión Internacional sobre Plantaciones de Monocultivos de Eucaliptos para trazar una estrategia de acciones conjuntas contra el avance de las plantaciones de monocultivos forestales y fábricas de celulosa en el Sur.

También en abril, organizaciones de pequeños productores, ONGs y otras organizaciones sociales uruguayas llegadas de los cuatro rincones del país lanzaron una Iniciativa Nacional para la Suspensión de la Forestación.

En Uganda, el gobierno finalmente decidió en mayo desistir de su intención de entregar la Reserva del Bosque Mabira Central para el cultivo comercial de caña de azúcar. Esta decisión fue el resultado de enérgicas manifestaciones –que dejaron un saldo de cinco personas muertas y muchas más heridas- de la población local en contra de la destrucción del bosque.

En Costa Rica, varias organizaciones están promoviendo una restauración del bosque centrada en la familia, a partir de la experiencia documentada realizada en el país, en oposición al modelo de plantaciones de monocultivos de árboles aplicado hasta la fecha.

En resumen, los gobiernos simplemente hablan sobre la conservación de los bosques, mientras que la gente lleva a cabo acciones reales para proteger sus bosques y su ambiente. La explicación para lo primero es el lucro. Esto resulta claro en el artículo sobre la fábrica de celulosa finlandesa Botnia en Uruguay:¿Por qué se están usando dineros públicos de la UE? Como dice el autor, “... esa es la respuesta a la pregunta. El dinero público de la UE va para Botnia porque beneficia a la industria europea”. La explicación de las luchas de los pueblos para proteger sus bosques es igualmente simple y está ejemplificada en el artículo de República Democrática del Congo: “Entenderán por qué nos llamamos Pueblo del Bosque... Cuando el bosque muera nosotros también moriremos”.

- Congo, R. D.: Pigmeos Efe despojados de su territorio y medios de subsistencia

En el noreste de la República Democrática del Congo se halla el extenso, denso, montañoso bosque tropical de Ituri. Se trata de una zona rica en recursos naturales. Se cosecha madera tropical (legal e ilegalmente) en gran escala. Se están explotando intensivamente los minerales como el oro y el coltán (utilizado en la fabricación de teléfonos móviles), después de haber talado los árboles.

El bosque Ituri es hogar de una de las más antiguas poblaciones africanas: los Pigmeos Efe, también conocidos como Mambuti. El territorio original de los Efe abarcaba una parte mayor del continente africano, pero hoy están confinados al bosque Ituri, a consecuencia de la presión de un flujo de migrantes sin precedente resultante de la guerra civil en el Congo y de la crisis política en Ruanda. Los campos de refugiados con decenas de miles de personas desplazadas no son raros en el este del bosque Ituri, a lo largo de la ruta Beni-Komanda-Bunia.

Los Efe son cazadores-recolectores y viven de una cantidad limitada de presas de caza menor, dado que la caza de animales más grandes como búfalos y elefantes se prohibió hace mucho tiempo. Para cazar utilizan arcos y flechas (a veces envenenadas) y redes. Las familias Efe viven en chozas de hojas construidas en forma de cúpula. Su cultura se conecta estrechamente con su música y danza “polifónicas”, en las que todo el mundo participa. Además de la voz usan instrumentos musicales como tambores, flautas, campanillas para los pies, trompetas (molimo), arcos de boca, pianos de pulgar, etc. Todavía crean y a veces visten sus trajes típicos de corteza (mulumba) pintados con hermosos motivos abstractos, pero la vestimenta occidental desplaza cada vez más esta tradición.

Después de la colonización belga el denso bosque tropical era prácticamente impenetrable debido a la falta de buenos caminos. Enormes charcos de barro bloqueaban el transporte en toda ocasión. Empantanarse en el barro estaba garantizado. Esta situación de impenetrabilidad mantuvo intacto el hábitat de los Efe.

En la última década su forma tradicional de vida se ha visto muy perturbada pues el madereo industrial se abre camino más y más en lo profundo de una selva que va disminuyendo y así restringe y reduce el suministro de alimentos de los Efe. Desde mediados de 2006 la rehabilitación y reconstrucción de carreteras permite a los contratistas madereros entrar más fácilmente en el bosque, lo que equivale a la destrucción del hábitat natural de los Efe.

En la nueva carretera Komanda – Beni, cerca de Idohu, pueden verse Efe cargando de a dos, sobre la cabeza, entre 70 y 80 kilos de tablas de madera fresca y húmeda; a cada equipo se le paga US$ 5 por tabla por un recorrido de 7 kilómetros. Cada equipo puede hacer esto una vez por día. El pago se hace directamente luego de la recepción de la carga de madera. Algunos aldeanos transportan la madera en bicicleta. A veces un aldeano lleva su carga solo, sus inútiles arco y flechas en la mano izquierda ... cazar es imposible: el ruido de las motosierras hizo desaparecer los animales.

Esta actividad comercial cierra el círculo económico: duro trabajo de carga, jornal bajo, compra de alimentos, se acaba el dinero, al otro día lo mismo: ninguna ganancia y el bosque desaparece. Como dijo una vez el viejo y sabio Pygmeo Moke, “Entenderán por qué nos llamamos Pueblo del Bosque ... Cuando el bosque muera nosotros moriremos”.

(COECOCEIBA- AT), integrada por miembros provenientes de diversos sectores sociales (académicos, profesionales, ecologistas y campesinos), considera que es hora de desarrollar creativamente nuevos modelos de recuperación de la cobertura forestal, de darle una oportunidad a modelos de reforestación autóctonos que incluyan algunos de los principios básicos que, de manera silenciosa, ha estado mostrando el principal ecosistema natural del país: la selva tropical. Es hora de darle una oportunidad a la creatividad y a las experiencias ya existentes en las comunidades y de probar modelos más sanos en términos ambientales y más participativos y justos en términos sociales.

En tal sentido presentan la experiencia de la Familia Díaz Alvarado y su antiguo piñal en la Zona Norte de Costa Rica, una propuesta que combina la regeneración natural enriquecida con la siembra y/o manejo de especies forestales valiosas, ofrece oportunidades productivas que se integran de manera complementaria dentro de la economía campesina y es generadora de servicios ambientales de buena calidad para toda la sociedad costarricense.

Hace ya 22 años que la familia Díaz Alvarado (Doña Eduviges, Don Félix, sus dos hijas y un hijo) llegó a Castelmare de Saíno de Pital, una pequeña comunidad ubicada en el medio de la cálida y húmeda llanura sancarleña, a orillas del río Tres Amigos, uno de los principales afluentes del río San Carlos, zona norte de Costa Rica. En esta zona llueve en promedio entre 3 y 4 metros de lluvia distribuidos regularmente a lo largo del año y presenta por lo general suelos de mediana a pobre fertilidad, arcillosos y de color rojo.

Su parcela en ese entonces consistía de unas 9 hectáreas de potrero arbolado cruzadas por una quebradita donde se mantenía un bosquecito de protección. Ahí habían sobrevivido unos enormes almendros (Dipteryx panamensis) y algunos pocos árboles mayores remanentes del bosque primario. Durante los primeros años la familia se encargó de ir transformando los potreros en un piñal, donde se permitía el desarrollo de arbolitos de laurel (Cordia alliodora), de roble coral (Terminalia amazonia), de manga larga (Laetia procera) y otras especies que brotaban naturalmente.

Mientras tanto, en sitios aledaños, algunas grandes empresas iban adquiriendo terrenos para sembrar grandes extensiones de monocultivos de árboles. Al inicio estas empresas sembraban laurel y eucalipto, posteriormente, después de fracasos rotundos con los monocultivos de estas dos especies, se continuó con melina (Gmelina arborea), terminalia (Terminalia ivorensis) y acacia (Acacia mangium). En no pocas ocasiones hubo enfrentamientos entre los técnicos de la compañía y la familia Díaz Alvarado, algunas veces porque las empresas querían sacarlos de su propiedad, otras porque aterraban las quebradas con los despales o simplemente porque ellos, en conjunto con algunos vecinos, protestaban y presentaban denuncias por la destrucción causada en el bosque para sembrar los monocultivos.

Unos años más tarde la comunidad de Castelmare se fue reduciendo; la tierra concentrada en pocas manos y las grandes extensiones de monocultivos de árboles no permitió que la comunidad se desarrollara como sí lo hicieron otros asentamientos campesinos en otras zonas de la región. La ausencia de buenos caminos que le permitieran el transporte para vender los productos de la parcela y la falta de escuela para sus hijos obligaron a la familia a mudarse a Saíno de Pital, una población pequeña pero con algunas condiciones de vida mejor. Era el año 1984 y fue entonces cuando la familia decidió mantener la parcela e iniciar un proyecto forestal que mostrara a los técnicos que andaban en la zona sembrando árboles en monocultivo, cómo producir madera de manera natural y sin tanto daño, y a su vez que permitiera a la familia ir haciéndose de un “ahorro” para el futuro. El proyecto forestal se complementaba bien con la disponibilidad de mano de obra de la familia y a pesar de que el desplazamiento hasta la parcela desde su nueva localidad no era nada fácil --eran unos nueve kilómetros de camino en mal estado y no existía transporte colectivo--, la familia se mantuvo constante en su proyecto.

En esa época empezaron visitando la parcela unas dos veces por semana, mantuvieron el piñal y entre todos fueron sembrando arbolitos que recogían de los bosques aledaños o cuidando los que naturalmente germinaban en el sitio. Como se mantenía el piñal, se chapeaba ocasionalmente respetando siempre los arbolitos, en especial las especies comerciales o de algún valor en términos de madera fina o aporte a la vida silvestre.

Asimismo, como parte de las labores de mantenimiento se inició un programa de podas con el objetivo de ir dándole una buena forma a los arbolitos maderables. A finales de la década de los noventa se inició también un programa de enriquecimiento con especies raras o en peligro de extinción y especies frutales en los claros que las especies pioneras de crecimiento rápido y vida corta (p.ej. el buriogre, Trichospermum sp) iban dejando.

Hoy en día, desde que se inició la experiencia han transcurrido poco más de 20 años y, a su mayoría de edad, nos muestra algunos resultados muy interesantes en términos de protección de la diversidad, apoyo a la recreación, a la autoestima, a la educación y a la economía campesina.

El bosque de la familia Díaz Alvarado presenta una estructura similar a cualquier bosque secundario de 15-20 años de edad en el trópico húmedo de la zona norte. Su dosel alcanza unos 25 m de altura y tiene una cobertura total. En las secciones no manejadas su sotobosque es rico en plantas de la familia Rubiaceae, Piperaceae (candelillos), Heliconiaceae (platanillos), Zamiaceae (palma fierro), Smilacaceae (zarza parrilla), etc. En el sotobosque junto con los grupos de plantas antes mencionadas también se desarrollan una gran cantidad de arbolitos de especies forestales, algunos hijos de grandes árboles de especies de madera fina remanentes del bosque primario que se mantienen a orillas de la quebrada. En la sección norte su sotobosque ha sido manejado para permitir una combinación de antiguas plantas de piña, especies ornamentales, especies medicinales y arbolitos de especies de crecimiento lento.

Al igual que en otros bosques secundarios de la misma región, la densidad de árboles ronda los 500 individuos por hectárea, lo mismo ocurre con su composición de especies, que también es similar.

Según testimonio de la propia familia Díaz Alvarado y de algunos vecinos, la quebrada que nace en esa parcela ha ido aumentando su caudal lo cual hace pensar que la regulación hídrica de las aguas subterráneas debe haber mejorado conforme se fue consolidando la cobertura del bosque y el sotobosque en el área de protección.

Es importante señalar que el objetivo de este bosque no es producir madera de la manera mas rápida y mediante tala rasa, por el contrario, el bosque restaurado se ha propuesto como un complemento económico familiar y es intención de la familia ir sacando la madera caída o los árboles que vayan alcanzando su madurez siguiendo un plan de manejo según el cual se extraerán cada año algunos árboles maduros durante la época seca. De este modo se garantizará que la conservación del bosque se mantenga en el tiempo.

La experiencia -- que no es única, probablemente existen otras similares en diferentes regiones tropicales – tiene el mérito de ser una respuesta al modelo de monocultivos forestales que ha destruido bosques, ha concentrado en pocas manos grandes extensiones de tierra, ha secado humedales y ha sido uno de los principales causantes de la pérdida de biodiversidad en la zona norte de Costa Rica.

Extractado y adaptado de: “La restauración ecologista del bosque tropical. Una alternativa de reforestación ambientalmente sana y socialmente justa y participativa”, COECOCEIBA- Amigos De La Tierra, Costa Rica, correo electrónico: licania@racsa.co.cr, http://www.coecoceiba.org

Después de 12 años, poderosas transnacionales mineras no han podido quebrantar la voluntad de los campesinos de la zona de Intag, Cantón Cotacachi, Provincia Imbabura, en el Noroccidente de Ecuador.

Esta pesadilla empezó en 1991, cuando un japonés hasta hoy anónimo, comenzó a andar para arriba y para abajo en su vehículo por la zona. Nadie sabía exactamente qué estaba haciendo. Hacia 1995 se supo que lo que hacía el japonés era “prospección minera”, es decir, que estaba a la búsqueda de minerales en el subsuelo.

Con la exploración, lo pintoresco del japonés se tornó en molesto y dañino, pues como resultado de las perforaciones realizadas y substancias contaminantes vertidas en las quebradas, los campesinos inteños comenzaron a percibir efectos nocivos sobre la salud de los niños que se bañaban en los ríos, enfermedades en el ganado y otros contratiempos. La población local inició un proceso de organización, cuyo motor en un principio fue la necesidad de obtener información acerca de lo que estaba pasando a sus espaldas. Eran los tiempos de la Bishi Metals, una multinacional japonesa, que quedó en el recuerdo como un juego de niños comparando su actuación en la zona con lo que más tarde vendría.

En ese contexto nació Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), una organización de base que coordina programas de educación y protección ambiental que incluyen un programa de protección de cuencas de agua y la conformación de la Reserva Comunitaria Junín, además de muchas otras iniciativas ambientales y sociales.

Los moradores de las comunidades de Cerro Pelado, Junín, El Triunfo, Villaflora, Cuaraví, La Armenia, Cazarpamba y Barcelona, las más afectadas por el proyecto minero, vienen ratificando desde los comienzos del ingreso de las empresas transnacionales mineras su decisión de no permitir su actividad en sus tierras. Hasta el día de hoy las empresas mineras no han podido iniciar los trabajos propiamente mineros, pues las concesiones se encuentran ubicadas dentro de la Reserva Comunitaria Junín, un área de bosques primarios de inmenso valor biológico situados en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, una de las más importantes del Ecuador. Además, estos bosques nublados forman parte de la bioregión Chocó y constituyen el hot-spot Andes Tropicales, el sitio biológicamente más candente entre los 34 hotspots más importantes del mundo. Esta reserva es protegida por las comunidades con gran celo.

La historia de la resistencia en contra de la minería en Intag no puede concebirse sin otros pilares organizativos, y con la suma de una serie de afortunados acontecimientos, uno de los cuales fue la elección en el año 1996 del Economista Auki Tituaña, un carismático dirigente indígena, como Alcalde de Cotacachi. El Alcalde impulsó un proceso político participativo real, que permitió entre otras muchas cosas la promulgación, por iniciativa de los moradores de Intag, de una Ordenanza Municipal que declara a Cotacachi Cantón Ecológico (texto disponible en: accionecologica.org/descargas/ areas/otros/documentos/ordenanza.doc), una normativa única en Latinoamérica y quizás en el mundo, encaminada a proteger los recursos naturales y para ello a obstaculizar la minería.

Muchas fueron las circunstancias, pero los hechos definitivos que terminaron con los días de la Bishi Metals en Intag fueron la toma de su campamento por parte de los habitantes de las comunidades que iban a ser afectadas por el proyecto minero: se expulsó a los guardianes, se retiraron las pertenencias de la empresa que fueron entregadas al Alcalde en custodia, se desmontó el campamento minero y lo que sobró, se quemó. Esto costó un juicio a algunos de los participantes en estos hechos, que fueron denunciados no por la empresa, que más o menos de mala gana pareció aceptar la voluntad del pueblo, sino por el Estado ecuatoriano, concretamente por el Ministerio de Energía y Minas. Como nunca pudo demostrarse que existiera culpabilidad de los campesinos por estos hechos, tras un largo proceso judicial, en 1999 quedaron definitivamente sobreseídos.

En este punto hay que señalar que en Ecuador, la Ley de Minería vigente fue financiada por el Banco Mundial a través del Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA), durante cuya ejecución se cometieron una serie de irregularidades a las propias normas ambientales del Banco Mundial, que fueron denunciadas en su momento por la DECOIN, resultando dicha denuncia en una investigación del proyecto por el mismo Banco.

Las áreas de concesión minera en la zona de Intag reciben el nombre de Golden 1, Golden 2 y Magdalena 1. Se trata de 7.000 hectáreas de concesiones mineras que, después de la salida de la Bishi Metals, fueron adquiridas por la compañía minera canadiense Ascendant. Hoy día las concesiones de Ascendant suman 22.500 hectáreas en la zona de Intag.

Según testimonios de los pobladores, con la entrada de esta compañía minera a la zona de Intag comienza la peor pesadilla que se haya vivido jamás en la región. La peor consecuencia es el conflicto social despertado por los ofrecimientos de relacionadores comunitarios --intermediarios entre la compañía y las comunidades por medio de organizaciones de desarrollo ficticias (primero Consejo de Desarrollo de García Moreno CODEGAM, después Organización de Desarrollo de Intag ODI), que provocó un conflicto que enfrenta entre sí a parientes, amigos y vecinos.

El Alcalde Tituaña se dirigió a la empresa en una carta abierta (15 de Diciembre de 2004), detallando su incumplimiento con las leyes: “Desde los primeros días de la presencia de Ascendant Exploration en nuestro Cantón, […] sus funcionarios no han informado a ninguna instancia de sus planes, ni han solicitado la autorización respectiva para realizar sus actividades dentro de nuestro territorio. Por otro lado, la gravísima falta de consultar con las comunidades potencialmente afectadas sobre el proyecto minero que su empresa persigue, constituye una ineludible violación a derechos constitucionales del Ecuador, violación que jamás dejaremos impune. […] se ha irrespetado la voluntad de comunidades, así como los planes de desarrollo locales elaborados participativamente con los actores sociales del cantón. Adicionalmente hemos recibido […] amenazas de muerte a líderes que luchan en contra de la minería”. Uno de los aspectos que se cuestiona fuertemente es la validez de las concesiones mineras.

Denuncias realizadas por los moradores ante los organismos de derechos humanos incluyen ofrecimientos de dinero a los presidentes de las comunidades a cambio de su firma a favor de la minería, presencia de guardaespaldas y paramilitares fuertemente armados con pistolas, gas y bombas lacrimógenas, que en varias ocasiones realizan disparos sobre los comuneros, pagos para la asistencia a reuniones convocadas por la minera, presiones para que los asistentes firmen papeles en blanco, contratación de tercerizadoras no autorizadas, reiteradas invasiones de la propiedad privada.

La concesión minera está situada en un área habitada por colonos de 5 comunidades (unas 150 familias), que deberían ser desalojados por el proyecto. Tradicionalmente, a los campesinos les ha resultado difícil escriturar sus posesiones, presentándoseles diferentes obstáculos relacionados con la documentación a presentar y la justificación de sus derechos sobre la tierra. Poco después de la llegada de las mineras, reconocidos traficantes de tierras, es decir, personas que profesionalmente se dedican a adjudicarse posesiones y demostrar con documentación falsa sus derechos sobre las mismas, han intentado repetidamente posesionarse ilegalmente y escriturar tierras situadas sobre las minas y en los alrededores, lo que han logrado en ocasiones en cuestión de días gracias a la complicidad de funcionarios corruptos. También se han realizado compras ilegales dentro de áreas de Patrimonio Forestal del Estado, o de áreas de protección minera o incluso de tierras cuyos vendedores ya las habían vendido con anterioridad a otras personas a precios inferiores. Por todas estas confusiones, la Comisión Anticorrupción (CCCC) realizó una exhaustiva investigación a punto de concluir en los próximos días.

Desde septiembre de 2006, las comunidades locales condenan los reiterados y sistemáticos intentos por parte de la minera de desprestigiar y calumniar a personas y organizaciones que han tomado una posición en contra de la minería. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), una de las formas más agresivas en las que se han manifestado estos intentos es por medio de una campaña de denuncias sistemáticas en contra de diferentes líderes y campesinos, que se han interpuesto tras cada intento de ingreso a las concesiones mineras por parte del personal de la compañía o sus allegados.

Por el curso de los acontecimientos descritos, la oposición a la minería en la zona ha ido creciendo hasta hoy día contar con la unánime oposición de todos los gobiernos locales de la región. Cada uno de los siete gobiernos parroquiales de la zona de Intag y también el gobierno de la provincia así como las comunidades dentro de los límites y adyacentes a las concesiones de la minera, han expresado públicamente su oposición al proyecto minero.

Además de resistir a la minería, el interesante proceso organizativo que se ha dado en la zona de Intag ha permitido mejorar la producción de café orgánico, que se exporta casi en su totalidad a Japón a un precio justo que se mantiene a pesar de las fluctuaciones del mercado. Otros grupos organizados elaboran productos artesanales, como los confeccionados con fibra de cabuya (sisal), bordados a mano, jabones a base de Aloe vera y otros productos naturales. En la comunidad de Junín, centro de la resistencia, existe una iniciativa de turismo comunitario que agrupa a la mayoría de las familias de la comunidad y que recibe una media de más de 650 turistas al año, generando beneficios significativos. Además, se ha conformado un grupo de guardabosques que vela por la protección del medio ambiente y la integridad de los bosques primarios, las aguas y la biodiversidad.

Hombres, mujeres y jóvenes se han agrupado en diferentes organizaciones, cada grupo con propósitos definidos. El proceso de resistencia a la minería además, ha dado como fruto una generación de orgullosos líderes y lideresas, conscientes y preparados, conocedores de sus derechos. La posición común en la zona es No a la Minería, y no es negociable. Es por el medio ambiente, por el agua, por la vida y por las futuras generaciones. Es por el bosque nublado, el gallo de la peña, el oso de anteojos y miles de especies más.

A nivel político, el proceso que está viviendo el Ecuador es una puerta abierta al triunfo definitivo de este proceso que ya dura 12 largos años. El diálogo está abierto. Muchas esperanzas están depositadas en la Asamblea Constituyente, aunque como nos han explicado en Intag “No podemos esperar a la Constituyente, ésta es una lucha diaria”. Y tampoco los intereses económicos duermen.

A fines del año pasado la consultora noruega Norconsult obtuvo un contrato de US$ 1,5 millones para supervisar la construcción de la represa Xeset 2 en el sur de Laos. Norconsult obtuvo el contrato, que está financiado por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad), sin que hubiera licitación.

Norconsult tiene mucha experiencia en el río Xeset pues trabajó en la planificación y la construcción de la represa Xeset 1, de 45 MW, finalizada en 1991, con financiación de Suecia, Noruega, el Banco Asiático de Desarrollo y el PNUD. Durante la estación seca la represa Xeset 1 prácticamente no produce electricidad a causa del caudal restringido del río Xeset.

Ocho años después de la finalización de Xeset 1 se volvió a contratar a Norconsult para un estudio de factibilidad de las represas Xeset 2 y Xeset 3. Para ayudar a cubrir el costo del estudio, Norad proporcionó US$ 1,8 millones. Las represas Xeset 2 y Xeset 3 están aguas arriba de Xeset 1; al transferir al río Xeset las aguas de ríos cercanos aumentará la cantidad de agua que pase por las turbinas de la represa Xeset 1. Al igual que con la represa Xeset 1, la mayor parte de la electricidad de la represa Xeset 2, de 76 MW, se exportará a Tailandia.

La construcción de más represas para intentar resolver los problemas de las represas existentes es obviamente una propuesta muy atractiva para una empresa consultora en el sector de la construcción de represas como Norconsult. Pero más represas significa más destrucción de ríos y pesquerías y del sustento de la población local.

Hace dos años Phetsavanh Sayaboulaven realizó una serie de entrevistas con aldeanos de la zona de la represa Xeset 2. Las personas que viven en la zona son en su mayoría indígenas, principalmente de los grupos étnicos Jru (Laven) y Kouay. Una persona dijo a Phetsavanh: “No queremos que construyan la represa pues le hará mucho mal a nuestra tierra y al ambiente. La indemnización oficial no será adecuada, como en el caso de la represa Houay Ho. Pero no nos atrevemos a oponernos a los funcionarios del gobierno”.

China tiene un importante papel en la represa Xeset 2. El Banco de Importaciones y Exportaciones de China financia el 80% del proyecto de US$ 135 millones, y del resto se encarga Électricité du Lao. El principal contratista es Norinco (China North Industries Corporation), empresa más conocida como importante fabricante de armas que como constructora de represas. La construcción de la represa Xeset 2 está en curso y su finalización está prevista para 2009.

Cuando Norinco empezó a construir la represa los aldeanos comenzaron a robarle. Barras de hierro, tejas y grandes cantidades de combustible desaparecieron del sitio de la construcción. Algunos aldeanos se enriquecieron rápidamente. El robo puede verse como una forma de resistencia a la represa o como un intento de los aldeanos de garantizar que al menos tendrían alguna compensación. Los laosianos que trabajaban para la constructora china ayudaron a los aldeanos a robar combustible. El despido de los trabajadores laosianos no cambió nada pues las personas contratadas para sustituirlos también ayudaron a los ladrones. La situación se volvió violenta cuando unos aldeanos mataron a un trabajador chino que intentó impedir que robaran combustible.

El gobierno de Laos, probablemente en un intento de enfriar la situación en el sitio de la construcción, se aseguró de que los aldeanos recibieran alguna indemnización. Investigaciones recientes en Laos indican que los aldeanos de la zona inmediata a la obra recibieron en total unos US$ 150.000 como compensación por tierras y plantas de café perdidas.

Pero quienes hasta ahora no han sido afectados por la construcción no han recibido nada. Los más de 12.500 aldeanos que viven a lo largo del río Tapoung se enfrentarán a una grave reducción del caudal cuando las aguas se desvíen al embalse de Xeset 2. Estas personas no saben si recibirán indemnización alguna ni cómo se calculará si es que esto ocurre.

Los aldeanos usan el agua del río Tapoung para el cultivo de arroz en la estación seca. Plantan en las riberas y las tierras cercanas al río y producen una gran variedad de cultivos. A lo largo del río Tapoung crecen muchas plantas silvestres, algunas de ellas comestibles o medicinales. Pescado, camarón, cangrejos y caracoles son una importante fuente de proteína para la población local. Para muchos aldeanos el río es también la principal fuente de agua potable durante la estación seca. “Si construyen la represa y hacen que el agua no fluya más a este río estaré muy triste”, expresó una anciana a Phetsavanh. “El río me ha alimentado desde la niñez hasta mi avanzada edad”.

Cuando Norconsult decidió en 1999 que las represas Xeset 2 y 3 eran viables, sus consultores sabían que la empresa se iba a beneficiar con contratos futuros gracias a esta decisión. Cuatro años después la decisión de Norconsult fue rebatida cuando un estudio financiado por el Banco Asiático de Desarrollo determinó que las represas Xeset 2 y 3 “no eran viables”. Norconsult no hizo comentarios cuando pregunté cómo podía ser que sus consultores hubieran llegado a la conclusión opuesta.

La perversa situación en la meseta de Boloven es que una empresa consultora noruega se está beneficiando con “asistencia” noruega, una empresa constructora china se está beneficiando con “asistencia” china y los aldeanos de Laos tienen que pagar los costos de esta destrucción de ríos y formas de vida y sustento.

- Políticas sobre “deforestación “evitada” y pueblos indígenas y comunidades locales: se necesita un urgente debate sobre sus potenciales impactos sociales

La conservación de los bosques vuelve a la agenda internacional del clima... ¡a lo grande!

Cada vez más gobiernos del Norte y el Sur, agencias bilaterales de desarrollo, bancos multilaterales de desarrollo y grandes ONG conservacionistas arguyen que habría que compensar a los “países” por la protección de los “reservorios de carbono” en los bosques. Según algunas propuestas, los planes de protección de los bosques de los gobiernos del Sur generarían derechos de contaminación que estos gobiernos podrían vender a las industrias del Norte para permitirles que continúen con sus prácticas contaminantes de siempre.

Prácticamente todos los entusiastas de tales políticas de “deforestación evitada” rechazan el enfoque “proyecto por proyecto” de conservación de los bosques. Para esta opción de política, que en la terminología oficial de la Convención sobre Cambio Climático se conoce como Reducción de emisiones de la deforestación (RED), lo que quieren es planes nacionales o regionales que abarquen grandes superficies de bosque. Con esto, alegan, se reducirían los costos de supervisión, pues es mucho más barato medir la deforestación desde un satélite que visitar cantidades de proyectos diferentes sobre el terreno.

Quienes proponen la “deforestación evitada” (DE) dicen también que acreditar los “países” en tanto agentes responsables de salvar los bosques contribuiría a promover un enfoque más amplio de las políticas forestales nacionales, que a su vez podría ayudar a impedir que la protección del bosque en un lugar lleve a la deforestación en otra parte del mismo país.

No obstante, con toda la excitación en torno a la DE se ha prestado relativamente poca atención a los riesgos y problemas sociales y al impacto potencial sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales que dependen de los bosques para su sustento, cultura y bienestar. Los movimientos y activistas por los bosques tendrán que participar en este debate debido al gran impacto que podría tener sobre sus bosques ancestrales y sus derechos y libertades fundamentales.

Algunos gobiernos, entre los que se destaca el de Brasil, proponen que los incentivos económicos para que los países en desarrollo protejan los bosques deben proceder de un fondo internacional especializado creado con dinero público de países donantes. En el informe del gobierno británico Stern Review on the Economics of Climate Change (“Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático”) publicado a principios de 2007, el ex economista del Banco Mundial sir Nicholas Stern recomienda que “... el apoyo internacional a la acción de los países para impedir la deforestación debe empezar en cuanto sea posible...” mediante planes piloto que “... podrían basarse en fondos [creados] con contribuciones voluntarias de países desarrollados, empresas y ONG”. Stern sugiere que los fondos públicos para la DE podrían destinarse allí donde sean más beneficiosos en un país y utilizarse para trabajar en la reducción de la pobreza y las causas subyacentes de la deforestación.

Por otra parte, grandes ONG conservacionistas, empresas de “finanzas del carbono” y “forestación del carbono” y algunos gobiernos del Sur como Costa Rica y Papúa Nueva Guinea alegan que los fondos públicos nunca brindarán suficiente dinero para garantizar la financiación adecuada y sostenida de la deforestación evitada. Este grupo sostiene que solamente un comercio global de créditos de contaminación podría proporcionar fondos suficientes para planes RED efectivos. Entre los defensores del comercio de DE se encuentran cada vez más consultores de empresas de finanzas del carbono ansiosos por ganar mucho dinero con el comercio del carbono de los bosques, como por ejemplo EcoSecurities. Estas compañías y estos empresarios, junto con varios científicos forestales, grandes ONGs y el Banco Mundial, están ahora dedicados a ejercer una fuerte presión sobre los gobiernos donantes para convencerlos de que brinden apoyo legal e institucional a los mercados mundiales de carbono de los bosques.

En relación con el financiamiento mundial de la retención del carbono de los bosques, el Banco Mundial apoya una mezcla de enfoques públicos y de mercado. El Banco se está moviendo con rapidez intentando captar todo nuevo fondo para la deforestación evitada como componente central de su controvertida propuesta de una nueva Alianza Forestal Mundial (GFA) con grandes ONGs conservacionistas como The Nature Conservancy, Conservation International y el WWF. En el marco de la GFA el Banco pretende establecer planes piloto de deforestación evitada en cinco países tropicales en virtud de su propuesta Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) y solicitó al Grupo de los 8 países más industrializados que respalde esta iniciativa en su próxima cumbre, que se realizará en Alemania en junio de 2007.

Mientras tanto, el Banco ya está invitando a los gobiernos de Papúa Nueva Guinea, Costa Rica e Indonesia y a organismos regionales de Brasil y la República Democrática del Congo a financiar la protección de los bosques mediante la deforestación evitada. En mayo de 2007 el Banco Mundial procuró persuadir a estos países de firmar acuerdos para limitar las emisiones de carbono causadas por la deforestación para 2009 o 2010 a cambio de US$ 250 millones en inversiones.

Sin embargo parece que una vez más los planes del Banco Mundial, los gobiernos y las ONGs para combatir la deforestación en lo nacional, así como sus propuestas de incluir la conservación en la economía mundial del carbono, se están elaborando con poca o ninguna participación informada de los pueblos de los bosques que podrían resultar afectados. Durante una reunión realizada recientemente en Oxford, el Programa por los Pueblos de los Bosques recibió una desagradable sorpresa al oír de los consultores forestales que los derechos humanos y los problemas de los pueblos indígenas son un “asunto lateral” y una “distracción” de las políticas de protección de los bosques. Admiten que desgraciadamente algunos pueblos indígenas podrían resultar “destrozados”... ¡pero este puede ser el precio que hay que pagar para lograr el objetivo más importante de retardar el cambio climático!

Sin embargo, cualquier expansión e instrumentación rápida de los planes de DE sin la participación de los pueblos de los bosques y sin la debida consideración a los derechos y asuntos sociales corre el riesgo de repetir los errores anteriores de las fracasadas iniciativas mundiales para enfrentar la deforestación tropical (como el Plan de Acción Forestal en los Trópicos (PAFT) dirigido por la FAO y el Banco Mundial en la década de 1980). [i]

Quienes apoyan los nuevos planes de “deforestación evitada” alegan que las tasas de compensación deben ser superiores a las ganancias de otros usos de la tierra que causan directamente la deforestación (como la expansión de la palma aceitera, las plantaciones industriales de árboles, la conversión a la agricultura, la extracción de hidrocarburos, etc). Según cifras actuales, cada año los gobiernos podrían ganar cientos o incluso miles de millones de dólares por no cortar los bosques.

Dichas sumas podrían llegar a ser suficientemente elevadas como para crear incentivos para que las autoridades de los bosques estatales y las zonas protegidas expulsen de los bosques a quienes consideren “invasores”. En su afán de recibir pagos compensatorios por mostrar a los satélites que el bosque ya no se tala ni se quema, los organismos de protección de los bosques excesivamente puntillosos podrían sentir la tentación de expulsar a los agricultores itinerantes e impedir cualquier uso del bosque por parte de los habitantes tradicionales del bosque y otras comunidades que de él dependen.

Políticas forestales impuestas desde arriba y el regreso de la “conservación con pistolas y guardianes”

Entre los posibles resultados se cuentan el aumento del control del Estado sobre los bosques, que se culpe injustamente a los pueblos indígenas y marginales de ser las “fuerzas motoras” de la deforestación, la violación de derechos consuetudinarios sobre la tierra y territoriales, la división del bosque en zonas a cargo del Estado y las ONGs sin participación informada de los habitantes del bosque, la imposición desigual de los costos de la protección del bosque a los pueblos indígenas y las comunidades locales mediante contratos comunitarios desiguales y abusivos, especulación de bienes raíces, usurpación de tierras y conflictos por la tierra (empeorados por demandas rivales de compensación DE), corrupción y malversación de fondos internacionales por parte de las élites nacionales y mayores desigualdades y conflictos potenciales entre beneficiarios y no beneficiarios de fondos DE.

Entre quienes proponen los nuevos planes DE hay quienes quieren, como el gobierno de India, que los planes de reforestación y regeneración natural también reciban compensación, igual que la conservación de los bosques. Esta idea se denomina Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD). Otros señalan que la inclusión de planes de reforestación plantearía los mismos problemas científicos y sociales que se asocian con los muy criticados proyectos de compensación de carbono que implican la plantación de árboles. [ii] También surgirían dudas en cuanto a qué cuenta como “degradación”. Otros defensores influyentes de la DE como Brasil sostienen que los planes globales deben limitarse a la deforestación solamente (RED).

Un problema de la DE es que requiere que se mida cuánto bosque se ha salvado por encima del “umbral” de una tasa de deforestación del tipo “negocios normales”. Dicha tasa, por supuesto, será determinada por un reducido círculo de especialistas técnicos, con todas las posibilidades de corrupción intelectual que ello implica.

Los planes que incluyen el comercio de carbono tienen otro problema. Algunas organizaciones de pueblos indígenas y campañas por la justicia social han cuestionado la ética, política y ciencia del comercio de existencias de carbono en el mercado internacional. [iii] Estos críticos no aceptan la idea de que el cambio climático pueda o deba resolverse permitiendo a los emisores industriales y corporativos del Norte comprar a los gobiernos de los países del Sur que tienen muchos bosques el “derecho” a seguir contaminando. También rechazan la noción de que el valor de los bosques pueda reducirse al valor monetario de sus reservas de carbono y destacan que para su gente los valores culturales y espirituales no monetarios de sus bosques tienen la mayor importancia y deben respetarse. Sostienen que el comercio de créditos de carbono no es práctico porque no enfrenta la causa principal del cambio climático: continuación y aumento de las emisiones de combustibles fósiles. [iv]

Luego está la cuestión de la propiedad y la soberanía: ¿Pueden los compradores extranjeros “adquirir” reservas de carbono en bosques en pie que no pertenecen al Estado ni a propietarios individuales sino que más bien son una posesión colectiva según las leyes consuetudinarias y el título aborigen? En tales casos, ¿cómo y en qué términos se obtendría el consentimiento previo?

Hay quienes argumentan que con un fondo público podrían evitarse muchos de los problemas científicos, legales y éticos asociados con un mercado global del carbono –aunque no la cuestión esencial de permitir que los contaminadores sigan contaminando. Además, los fondos públicos y de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) para planes DE mundiales y nacionales en gran escala podrían acarrear también riesgos sociales. Ante ello, quienes apoyan la idea responden que si estos riesgos pueden eliminarse o reducirse, las políticas DE y un aumento de la financiación por fuera del comercio del carbono podrían ofrecer algunas oportunidades importantes a los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de los bosques. Sin embargo, poco se dice acerca del pleno respeto de sus derechos o sobre sus prioridades y capacidad de toma de decisiones en el diseño y la instrumentación de las políticas de deforestación evitada.

En caso de que estos esquemas fueran instrumentados, las políticas AD deberían al menos incluir sólidas garantías, que puedan hacerse cumplir localmente, de que se respetarán los derechos humanos y se abordarán los asuntos relacionados con la igualdad, el gobierno y los derechos. Las promesas vagas de que todos esos asuntos se resolverán con la futura certificación de los bosques RED, como alegan muchas ONGs conservacionistas y el Banco Mundial, no alcanzan. Deben establecerse garantías seguras de que se respetarán los derechos de los pueblos de los bosques antes de que los gobiernos, los donantes internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo arremetan con los planes RED.

Se necesita un debate urgente sobre los aspectos sociales de las políticas de deforestación evitada

Como primer paso es esencial que los pueblos indígenas y otros movimientos de base participen plenamente, en lo nacional y en lo internacional, en el debate sobre los pro y los contra de la deforestación evitada en las políticas climáticas globales.

¿Quién decidirá cuáles zonas de bosque estarán o no en los planes DE nacionales? ¿Quién decidirá sobre la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad sobre los bosques incluidos en programas de deforestación evitada? ¿Quién determina cuáles son los bosques que podrían aspirar a un pago REDD y en qué forma? ¿Cómo habría que usar los bosques protegidos? ¿Qué actividades se permitirían y cuáles serían prohibidas en los bosques protegidos con el fin de recibir una compensación DE? ¿Quién recibirá los pagos compensatorios? ¿Beneficiarán realmente a los habitantes locales estos planes?

Este debate debe comenzar sin dilación para que los pueblos de los bosques puedan evitarse una nueva ronda de políticas forestales mundiales y nacionales impuestas de arriba a abajo que no toman en cuenta sus derechos ni sus intereses. Los movimientos por los bosques deben organizarse para debatir estos asuntos, desafíos y oportunidades lo más pronto posible de modo de poder comprometer a los gobiernos y responsables de las políticas. Sin esto, lo más probable es que no se respeten sus derechos en el diseño y la instrumentación de las futuras políticas de deforestación evitada.

Este artículo fue compilado por Tom Griffiths, Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP), correo-e: tom@forestpeoples.org. Hay más información sobre algunos de los problemas sociales planteados por las políticas mundiales para evitar la deforestación en el artículo Seeing RED: Avoided deforestation and the rights of Indigenous Peoples and local communities, disponible en inglés en: http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo
/avoided_deforestation_red_jun07_eng.pdf

[i] Véase Colchester, M y Lohmann, L (1990) The Tropical Forestry Action Plan: What Progress?, WRM y The Ecologist, Penang y Sturminster Newton.

[ii] WRM (2000) Climate Change Convention: Sinks that stink WRM, Montevideo

[iii] Foro Internacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales sobre Cambio Climático (2000) “Segundo Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático -Declaración de los Pueblos Indígenas sobre el cambio climático”, La Haya, 11 y 12 de noviembre de 2000;

[iv] Véase especialmente Lohmann, L (2006) “Carbon Trading: a critical conversation on climate change, privatisation and power”, Development Dialogue No.48 (setiembre de 2006)

En las últimas semanas Uganda ha sido testigo de protestas cada vez mayores contra los planes del gobierno de entregar a SCOUL [Sugar Corporation of Uganda Limited] más de 7.100 hectáreas del Bosque Mabira, reserva natural desde 1932, para el cultivo de caña de azúcar. La tala del bosque podría devastar un medio ambiente frágil y desencadenar la erosión del suelo, resecar el clima y dejar el lago Victoria a merced de la contaminación al eliminar esta zona de amortiguación. Las protestas públicas y la opinión de asesores técnicos, profesionales y especialistas en contra del proyecto culminaron en la renuncia del Directorio de la Autoridad Forestal Nacional y de altos funcionarios técnicos. El nuevo Directorio, nombrado en diciembre de 2006, está en proceso de aprobar nuevos repartos de bosques para fines comerciales, como ocurre con Kitubulu en Entebbe, Buyaga (Lyantonde), Mpanga (Fort Portal), Nebbi, Arua, Ntungamo, Kitgum y Bobi, entre otros.

Los ugandeses que viven cerca del Bosque Mabira temen que su modo de vida se trastoque. Como dijo Haruna Salongo, de 48 años de edad, “[el bosque] Lo es todo: significa leña, carbón, plantas medicinales, frutos comestibles, madera, y además atrapa la lluvia y alimenta los ríos. No podemos vivir sin él”.

“El Bosque Mabira es parte de nuestro patrimonio y el futuro de nuestros hijos. Mabira es un bosque de madera dura que proponen cortar para producir azúcar en Uganda. Es uno de los bosques más biodiversos que quedan en África. Tiene también valor agregado para las comunidades que habitan el bosque y sus alrededores. El valor del bosque para Uganda y su pueblo está más allá del valor de los árboles, pero se trata también de un lugar frecuentado por turistas para la observación de aves, paseos y otras actividades; tiene valores culturales e históricos; tiene un impacto significativo sobre el medio ambiente en tanto sistema natural de filtrado de agua y regulador natural del clima global”, expresaron miembros de Save Mabira Crusade (SMC), una red de varias personas, ONGs, dirigentes cívicos, religiosos y culturales e instituciones académicas, organizaciones políticas y comunidades locales que se han unido en el intento de impedir la entrega de Mabira y otras reservas forestales de Uganda.

A pesar del aumento de la oposición a la plantación azucarera y, según la prensa local, el 80% de los parlamentarios que votarían en su contra, el Presidente Museveni se mantuvo en sus trece. “El aumento de la producción de azúcar haría aumentar el empleo, el ingreso por exportaciones y el ingreso tributario, esenciales si Uganda ha de tener dinero para reglamentar y proteger el medio ambiente”, declara Museveni. Los residentes de Mabira se muestran escépticos frente a las promesas de empleo y hacen alusión a los habitantes de la isla de Bugala, en el lago Victoria, que el año pasado fueron convencidos de entregar parte de su bosque prístino a Bidco, una empresa keniata de palma aceitera. Bidco plantó 4.000 hectáreas de palma, sobre todo en zonas antes cubiertas por bosques que la empresa arrasó, según cuentan los locales. El Estado acordó entregar a Bidco otras 2.000 hectáreas de tierra boscosa mediante la revocación de la protección que confiere la calidad de reserva natural, pero la reacción pública hizo que esto no ocurriera. Los residentes dicen haber perdido recursos vitales como madera, medicinas, y agua fresca y sin embargo no vieron empleos ni dinero.

"Nos prometieron montones de cosas”, dijo Joyce Nakirijja, residente de Bugala de 70 años de edad, sentada en su granja en medio de los bananos. “Nuestros nietos iban a tener trabajo y se construirían nuevos caminos, escuelas y hospitales. Era mentira: tenemos caminos de tierra y la empresa importa trabajadores del continente”. Otro problema, explicó, era que los monos que perdían su hogar debido a la deforestación estaban asolando los cultivos locales.

El 12 de mayo de 2007 los dirigentes de la red SMC organizaron una manifestación contra la entrega del Bosque Mabira. Lo que tenía que haber sido una manifestación pacífica terminó en caos y se perdieron cinco vidas, algunas propiedades resultaron destruidas, hubo heridos y más tarde muchos dirigentes fueron arrestados y detenidos. Ahora deben enfrentarse en tribunales a varios cargos, que van del asesinato a la participación en una “manifestación ilegítima” a pesar de que la policía sabía de la manifestación y había dado su visto bueno. Se presentarán ante el juez para responder a los cargos en su contra el 28 de junio y el 26 de julio.

Sin embargo, luego de tanto dolor hay buenas noticias. El 22 de mayo el gobierno de Uganda anunció que había desistido de sus intenciones de entregar la Reserva del Bosque Mabira Central para el cultivo comercial de caña de azúcar.

Artículo basado en: “Legal Questions Over Plan to Give Away Mabira Forest”, “Save Mabira Forest in Uganda”, “Mabira Forest Crusade – Court”, “Uganda Govt. Gives up Mabira Sale!”, NAPE, http://www.nape.or.ug/

- Brasil: por qué las mujeres Sin Tierra se oponen a los monocultivos de eucalipto

La lucha entre dos proyectos de agricultura se ha intensificado en el Brasil. Por un lado, el proyecto del agronegocio basado en la concentración de grandes extensiones de tierras, en la producción para exportación, en la gran escala de producción y en la producción de monocultivos, principalmente de soja, de eucalipto y de caña. Por otro lado, varios movimientos sociales de Via Campesina en el Brasil, que defienden la Reforma Agraria y un modelo de agricultura basado en la agroecología, la producción para el fortalecimiento del mercado interno, la agricultura familiar y campesina, la producción diversificada, la cooperación y el cambio de la matriz tecnológica y productiva.

Es ese contexto el que nos da el fundamento para entender la lucha de las mujeres de Via Campesina en el Brasil contra los impactos sociales y ambientales de la producción de eucalipto en forma de monocultivo.

La acción de las dos mil mujeres de Rio Grande do Sul el día 8 de marzo de 2006 [ver Boletín Nº 104 del WRM] para llamar la atención de la sociedad brasileña y de los participantes de la II Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria llevó a la agenda de debate los riesgos de lo que llamamos "desiertos verdes".

Hubo, desde el punto de vista de los movimientos sociales, una ruptura del modelo establecido del papel de las mujeres en un proceso de cambio por haber sido una acción colectiva, organizada y dirigida por mujeres –mujeres campesinas- en el enfrentamiento de una de las mayores empresas transnacionales del mundo en la producción de eucalipto: la empresa Aracruz Celulose. Esta empresa fabrica 2,4 millones de toneladas al año de celulosa blanqueada.

En la acción se destruyeron más de 10 millones de mudas de eucalipto y pino. A partir de la misma, la lucha por la tierra adquirió en la sociedad otro carácter: la lucha contra el capital transnacional en la agricultura.

Como resultado de ello, intensificamos las luchas de las mujeres por todo el país en una gran jornada que tuvo como lema "Mujeres Sin Tierra: en lucha por soberanía alimentaria y contra el agronegocio". Las acciones reunieron a más de quince mil mujeres del MST y llamaron la atención de la sociedad por el carácter de denuncia contra el desierto verde y el financiamiento por parte del gobierno brasileño a empresas transnacionales, principalmente para la instalación de nuevas industrias de celulosa y de etanol en Brasil.

Nuestra apreciación es que la lucha de las mujeres contra las empresas transnacionales en la agricultura especialmente de celulosa tiende a fortalecerse. Por eso nos corresponde responder la pregunta: ¿cuáles son los impactos de esas empresas y del monocultivo en la agricultura y en la vida de las mujeres? Para nosotras mujeres, responderla es una forma de oponerse al monocultivo de eucalipto por diversas razones que queremos expresar y que dan fuerza a nuestra lucha:

1. Entendemos que la tierra, el agua, las semillas, el aire, las selvas, son la base de la vida y nunca pueden ser mercantilizadas.

2. Vivimos un proceso de globalización de la pobreza, principalmente entre mujeres y niños, y eso se debe al hecho de que las empresas transnacionales se han apoderado de nuestras riquezas naturales, de nuestro territorio a través de las políticas de los bancos e instituciones internacionales.

3. El monocultivo del eucalipto causa la destrucción del medio ambiente. Muchos productos químicos que son utilizados acaban con nuestra biodiversidad.

4. Celulosa es sinónimo para nosotros de pobreza, desempleo y éxodo rural.
5. Las empresas de celulosa se han apropiado de grandes propiedades y ello contribuye con la concentración de tierra en el Brasil.

6. En el Brasil, esas mismas empresas se han beneficiado con la legislación ambiental negociada por muchos gobiernos brasileños.

8. Vivimos un proceso de privatización e internacionalización del territorio brasileño y sus recursos naturales.

9. La salud humana, especialmente de las mujeres y niños está amenazada por el avance del desierto verde que destruye la biodiversidad, que seca los ríos, aumenta la contaminación, contamina el aire, las aguas y amenaza nuestra vida.

Nuestra lucha es para que las grandes extensiones de tierra utilizadas por esas empresas sean destinadas para la Reforma Agraria, para la producción de alimentos saludables para autosustento y generación de renta; para acabar con el latifundio y garantizar la justicia social en el campo brasileño, y sirvan de base para la construcción de la soberanía alimentaria de nuestro país.

Es principalmente para garantizar la recuperación y preservación de la biodiversidad, selvas, bosques, plantas medicinales, semillas criollas, agua, tierra, que son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.

Para nosotros, toda inversión pública en la ciencia, la tecnología y la investigación debe ser para la agricultura campesina ecológica.

Queremos respeto entre las diversidades étnicas, religiosas, culturales, en la igualdad de género, en cooperación para la preservación de las riquezas naturales y en la producción destinada a atender necesidades de las personas y no del capital.

Exigimos que los gobiernos se preocupen de los impactos socioeconómicos, territoriales y ambientales provocados por el agronegocio, en particular por el llamado "desierto verde".

Motivadas por esta lucha y la certeza de la victoria, nosotras, Mujeres Sin Tierra del MST elaboramos una carta denominada: Carta de las Madres Sin Tierra (http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=3505) en ocasión del día de la madre, convocando a todas las mujeres del mundo a luchar incansablemente contra el sistema neoliberal que concibe los alimentos, el agua, la tierra, los conocimientos de los pueblos y el cuerpo de las mujeres como mercaderías.

Invitamos a todos y a todas a alzar nuestras manos, nuestras azadas, nuestras hoces y nuestras conciencias... a unirnos contra los explotadores de la tierra, de la vida, de nuestra fuerza de trabajo, de nuestro cuerpo... Estamos de pie, vigilantes y esculpiendo día y noche la fertilidad y la rebeldía que nacen de las entrañas de la madre tierra.

Por Lourdes Vicente, Sector de Género y coordinación nacional del MST, correo electrónico: genero@mst.org.br

- EEUU: Grupos ambientalistas cuestionan los árboles transgénicos de ArborGen

La empresa estadounidense ArborGen, cuya sede se encuentra en Carolina del Sur, es una sociedad de las madereras International Paper y Mead Westvaco y de la empresa neozelandesa Genesis Research and Development. ArborGen ha estado cultivando eucaliptos híbridos transgénicos y estudiando su rasgo de tolerancia al frío en una parcela secreta situada en el condado de Baldwin, Alabama, cerca de la costa del Golfo de México. Se encontró que el lugar albergaba varios cultivos transgénicos experimentales, muchos de los cuales están creciendo, según parece, en una granja de Loxley cuyo dueño es la gigante agrícola Monsanto.

Los documentos federales informan que dos de los rasgos modificados genéticamente pretenden conferir tolerancia al frío, en tanto los otros corresponden a floración reducida y un “marcador de selección”. Las especificaciones de dichas modificaciones son secretas y tanto ArborGen como el gobierno las consideran “información comercial confidencial” (http://www.epa.gov/EPA-IMPACT/2007/April/Day-20/i7637.htm).

El 21 de noviembre de 2006 la empresa solicitó al Servicio de Inspección Sanitaria y Fitosanitaria (APHIS) del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) autorización para extender sus ensayos a campo de eucaliptos genéticamente modificados de modo de permitir la floración y la producción de semillas de los 355 árboles híbridos transgénicos cultivados, lo que el permiso original prohibía específicamente. Hasta el 21 de mayo el APHIS recibió comentarios sobre su breve e inadecuada Evaluación Ambiental, en la que recomienda la aprobación de estos ensayos a campo. El hecho de que no hayan revelado los detalles de los rasgos de ingeniería genética hace imposible el comentario detallado de la propuesta. Tanto la organización de científicos Union of Concerned Scientists como la organización Sierra Club solicitaron una prórroga de 30 días al período de comentarios, que USDA/APHIS negó.

Con esta jugada ArborGen prepara el terreno para establecer en el sureste de EEUU plantaciones masivas de eucaliptos transgénicos exóticos con destino a biocombustible y celulosa. En las décadas de 1980 y 1990, más de tres millones y medio de hectáreas de los bosques de la región se convirtieron a plantaciones industriales de árboles. Las especies de eucalipto no son nativas de Estados Unidos pero crecen bien en ciertos climas cálidos como las regiones sur y sureste de este país. En otros países donde se los ha introducido, los eucaliptos son bien conocidos por colonizar los ecosistemas nativos. Es muy probable que pueda ocurrir un escape de eucaliptos transgénicos mediante la propagación de semillas y el material de propagación vegetativa, dado los severos vientos y lluvias habituales en el condado de Baldwin, donde están los campos de ensayo.

Se informó que, coincidiendo con el “boom” de los biocombustibles, un portavoz de ArborGen había dicho del eucalipto que “Se trata de un árbol que puede producirse en plantaciones como cultivo energético”. Artículos de prensa e informes indican que entre los otros rasgos que ArborGen está investigando en árboles de ingeniería genética se incluyen el contenido reducido de lignina y la resistencia a insectos. La modificación genética de los vegetales para reducir su contenido de lignina con el fin de facilitar la producción de etanol a partir de biomasa es parte esencial de la investigación en etanol celulósico. Es por eso que se están desarrollando árboles con poca lignina (“árboles enclenques”). Sin embargo, la supresión de la producción de lignina, que tiene un importante papel en el sistema inmunológico natural del árbol, tiene numerosos efectos secundarios entre los que se cuentan cambios en los patrones de alimentación de insectos defoliadores y alteraciones en la fertilidad del suelo debidas a los cambios de las tasas de descomposición de la madera.

Otros investigadores industriales han confirmado que, debido a procesos bioquímicos compartidos, la supresión de la biosíntesis de lignina podría debilitar las defensas de los árboles frente a los agentes patógenos y suprimir el desarrollo de los órganos reproductivos. Otros efectos laterales de la lignina reducida son retraso del crecimiento y colapso de los vasos, hojas anormales y mayor vulnerabilidad a infecciones virales. Es probable que el debilitamiento de las defensas naturales del árbol aliente un mayor uso de plaguicidas. Otro temor es la alta probabilidad de que los árboles con poca lignina se pudran con mayor rapidez, lo que afectaría la estructura del suelo, el uso de fertilizantes y la ecología forestal, y liberen más rápidamente el dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuiría al calentamiento global.

Mientras tanto, el Congreso de EEUU ha elaborado un importante paquete legislativo para promover el etanol. En ese marco, la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado hizo un llamado nacional a producir más de 136 mil millones de litros anuales de este biocombustible para 2022.

La campaña STOP GE Trees y los grupos estadounidenses que la integran, tales como Dogwood Alliance, WildLaw, Southern Forests Network, Sierra Club y Global Justice Ecology Project entre otros, se están uniendo para detener los planes de ArborGen. El primer objetivo de este esfuerzo es impedir que el Departamento de Agricultura apruebe los ensayos de campo de eucaliptos transgénicos de ArborGen en Alabama. La campaña STOP GE Trees ha exigido al APHIS que rechace este pedido y ordene a ArborGen que destruya los campos de ensayo existentes. “Una vez que se permita esta floración y producción de semillas de árboles transgénicos, será más fácil que el APHIS apruebe la liberación en campos de ensayo a cielo abierto de otros árboles transgénicos, como álamos y pinos, para la floración y producción de semillas. Esto podría significar una catástrofe para nuestros bosques nativos”, declaró Orin Langelle, coordinador de la campaña STOP GE Trees. Los bosques templados del sudeste de Estados Unidos son los bosques más diversos de Norteamérica, reconocidos por los biólogos del mundo entero por su riqueza biológica. Pero más allá de la diversidad biológica, los bosques de la región ayudan a captar carbono, lo que les confiere un papel de vital importancia en la mitigación del calentamiento global, y a proteger el agua potable en la región más poblada de EEUU.

Se sabe poco sobre las complejas interacciones de árboles, plantas del sotobosque, insectos, animales, hongos, bacterias y microorganismos del suelo. El Dr. David Suzuki, autor y genetista canadiense, expresa: “No podemos controlar el movimiento de insectos, aves y mamíferos ni del viento o la lluvia, que transportan polen y semillas. Los árboles de ingeniería genética, con su potencial de transferir a cientos de millas a la redonda su polen con genes de rasgos tales como resistencia a insectos, tolerancia a herbicida, esterilidad y lignina reducida, tienen así el potencial de generar el caos ecológico en los bosques nativos de todo el mundo. Los árboles transgénicos podrían también tener impactos sobre la vida silvestre y las comunidades rurales e indígenas que dependen de los bosques intactos para sus alimentos, refugio, agua, sustento y prácticas culturales”.

Como declararon varios grupos en el Manuscrito presentado ante la conferencia de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) celebrada el 11 de octubre de 2006 en Charleston, Carolina del Sur, EEUU, “ Como mucho, tenemos un esquema de los principios de interacción, pero de ningún modo tenemos la imagen completa. Combinado con la incertidumbre inherente a la ingeniería genética, esto significa que el uso de la ingeniería genética en gran escala es peligroso. Las amenazas que plantean los árboles transgénicos son simplemente demasiado grandes para permitir que se los libere en el medio ambiente, mucho menos dejar que se cultiven en masa en enormes plantaciones”.

ÚLTIMO MOMENTO: En Estados Unidos la lucha contra los árboles GM no es fácil. El sitio stopgetrees.org fue atacado (hackeado) y hubo que cerrarlo por tiempo indefinido. “Esto es lamentable, pues el sitio contiene información pertinente y que exige atención inmediata sobre los comentarios a USDA/APHIS relativos al eucalipto tolerante al frío en el sureste de EEUU que se está desarrollando para celulosa y agrocombustibles”, expresó Orin Langelle. “Ahora estamos subiendo esa información al sitio de Global Justice Ecology Project: http://www.globaljusticeecology.org en: http://globaljusticeecology.org/index.php?name=getrees&ID=419. Además, la solicitada en línea relativa a lo anterior estuvo desaparecida un día entero”.

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) recibió a fines de abril en su Escuela Nacional Florestan Fernandes (Guararema, Sao Paulo) a casi 80 integrantes de movimientos y organizaciones sociales de América del Sur, Asia, África y Europa, participantes del Encuentro Internacional sobre Monocultivo de Eucaliptos. El objetivo de este encuentro fue el definir una agenda de acción conjunta para el futuro en relación al avance de los monocultivos forestales y las empresas de celulosa a nivel del sur global.

Este Encuentro fue resultado de una decisión estratégica de la red de movimientos Vía Campesina Internacional respecto a identificar el modelo de los monocultivos como una de las principales amenazas para la soberanía alimentaria a nivel local, regional y mundial.

Una de los primeras conclusiones de los debates y testimonios presentados fue la necesidad de entender este fenómeno como una combinación de políticas financieras, corporativas, de los organismos técnicos de la órbita de Naciones Unidas como la FAO, y de los gobiernos, que tienen como denominador común en su aplicación concreta el control de territorios con fines empresariales y la destrucción de los recursos naturales.

El enemigo no es el eucalipto per se, sino el modelo general impuesto, que no es solo un modelo técnico sino un modelo económico y de ocupación territorial que impacta directamente en las condiciones de vida y producción de las comunidades indígenas, campesinas y de la agricultura familiar. Destinar inmensas cantidades de tierra, agua, recursos de crédito público y garantías para las empresas tiene como principal resultado la destrucción de los sistemas locales de producción de alimentos.

Según el dirigente campesino vasco Paul Nicholson, integrante del Secretariado de la Vía Campesina Internacional, “cuando se hizo la acción de Aracruz (8 de marzo 2006) por parte de las mujeres de Vía Campesina, no nos dimos cuenta de que estábamos tocando el corazón del modelo, y que fue una acción muy importante incluso desde el punto de vista histórico. Las mujeres pusieron de una manera clara y muy gráfica una realidad que estaba ante nuestros ojos. Fue una constatación: las mujeres tocaron el corazón del modelo neoliberal. Estamos ante una ofensiva enorme del modelo neoliberal, con sus muchas variantes, que son por ejemplo el modelo energético, los agrocombustibles, el monocultivo de la soja, el avance del desierto verde, el cambio climático. Los mayores responsables de los cambios climáticos y ambientales son la agricultura y la ganadería industriales, mediante una mercantilización sin control de la tierra, los recursos naturales y la alimentación. Este es un modelo de agricultura sin campesinos para obtener el control total de la alimentación. Debemos abordar este tema de los monocultivos forestales en la globalidad del problema”.

Según Ricardo Carrere, secretario internacional del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), “las luchas contra el eucalipto son un símbolo, desde las primeras luchas en India, Malasia, Tailandia, o Indonesia, hasta hoy con las luchas en Chile contra los pinos, que también han secado aguas subterráneas y provocado desastres sociales de magnitud. En Colombia es similar, ya que los primeros monocultivos fueron de pinos, y luego vinieron los eucaliptos. Lo que quiero decir es que el problema no es la especie, sino el modelo. Estamos contra este modelo forestal caracterizado por ser plantaciones a gran escala, ocupando millones de hectáreas, con especies de rápido crecimiento. De esto hablamos cuando decimos que el modelo del monocultivo es nefasto”.

Desde los movimientos campesinos de Brasil se visualiza el avance de los monocultivos de eucaliptos como uno de los principales frenos al proceso general de la reforma agraria. Como dijo una dirigente del Movimiento de Mujeres Campesinas, “desde los movimientos de las mujeres que componen la Via Campesina Brasil, pensamos que hay un antes y un después de la acción del pasado 8 de marzo del 2006 cuando se invadió el predio de Aracruz Celulose”. Esta acción a la cual se hicieron varias referencias en el Encuentro marcó un punto de inflexión a nivel de la lucha contra los monocultivos forestales en este país en tanto se emitió un mensaje hacia la opinión pública que marcó claramente que el modelo de las empresas forestales expulsa y afecta directamente a los campesinos y campesinas sin tierra y a la agricultura familiar. En la medida que estos movimientos de masas luchan por la reforma agraria e identifican como un obstáculo al modelo del monocultivo forestal, la estrategia contra éste tiene como uno de sus principales componentes la movilización.

Otro criterio estratégico es la acción en red de movimientos, organizaciones y activistas, para revertir la promoción que los grandes medios corporativos de comunicación hacen del modelo forestal y celulósico; es necesario divulgar y difundir por los canales de comunicación al alcance de estos movimientos y redes. Tal como dijo un indígena del estado de Espirito Santo en Brasil, donde la empresa Aracruz robó tierras a las comunidades indígenas Tupinikim y continua aún hoy violando sus derechos ancestrales y culturales, “los paisajes se modifican con una velocidad que no se puede controlar, se modifican de un día para otro. Las mejores tierras de mi estado están ocupadas por los eucaliptos, tierras con buena agua. La forma en la cual las empresas controlan a los medios de comunicación es directamente por medio de la publicidad; se abren medios en las ciudades cercanas a donde hay muchas plantaciones y se ofrece alguna propaganda a las empresas y así se establece un nuevo medio cooptado por parte de las empresas. Eso genera una gran desorientación entre los movimientos de base, que pierden de vista quiénes son los enemigos, con quién se relacionan estos enemigos”.

Un primer balance de esta actividad nos indica que la confluencia de varios movimientos y organizaciones para definir una estrategia regional contra el avance de los monocultivos forestales es la estrategia misma. Construir una estrategia regional desde los movimientos sociales es necesario porque el modelo es regional, los capitales y las empresas operan regionalmente. En nosotros está volver posible esa necesaria estrategia.

- Tailandia: las plantaciones de palma aceitera para biodiésel son una catástrofe en ciernes

El gobierno de Tailandia ha fijado su política de producción de biodiésel de palma aceitera como fuente de energía. En la actualidad las zonas de cosecha en gran escala abarcan una superficie de alrededor de 400.000 hectáreas, pero ha aparecido un discurso sobre la palma aceitera que desde 2006 promueve su plantación como “fuente renovable de energía”, “salvadora de la patria”, “plan de reforestación”, “zona de protección contra el viento” y “transformación de arrozales desiertos en campos de palma aceitera”.

Para cumplir con las ambiciones del gobierno se debe producir 8,5 millones de litros de biodiésel. Esto significa que la superficie de palma aceitera tendrá que crecer otras 800.000 hectáreas entre 2006 y 2009, con lo que este cultivo alcanzaría 1,2 millones de hectáreas. En 2029 las plantaciones llegarían a 1,6 millones de hectáreas.

Todos los trabajos de investigación realizados han apuntado a lograr que las técnicas del monocultivo maximicen la producción de la palma aceitera; sin embargo, el gobierno tailandés nunca ha revelado los impactos ambientales que este cultivo provoca.

Mucho preocupa que el gobierno de Tailandia nunca haya dicho que la tierra utilizada para la plantación de palma aceitera a menudo se deteriora a causa del tipo de producción, el monocultivo con uso extensivo de productos químicos. Es difícil que la producción de palma aceitera pueda realizarse en forma integrada a causa del tamaño de esta palmera y de que sus fibrosas raíces se extienden mucho y muy lejos. Cada árbol pesa más de tres toneladas, lo que implica que muy pocos cultivos pueden crecer en las plantaciones. A los animales del suelo, como la lombriz de tierra, les resulta muy difícil adentrarse en el terreno de la plantación. Deshacerse de los árboles muertos y sus raíces es difícil y costoso, pues se necesita contratar una retroexcavadora para arrancarlos de raíz o utilizar productos químicos para destruirlos.

El gobierno ha brindado a los productores financiación, materia prima y otros insumos. Tan activa promoción resultó en la rápida expansión de las plantaciones, sobre todo en los bosques de cuencas, humedales, bosques públicos comunitarios y arrozales. Si la palma aceitera se expandiera según los planes del gobierno, Tailandia perdería irremediablemente su soberanía alimentaria, sus bosques y su diversidad biológica. Sería una catástrofe para el pueblo tailandés.

Extraído y adaptado de “Ten Million Rai of Oil Palm Plantation: A Catastrophe for the Thai People”, por Bandita Yangdee, Project for Ecological Awareness Building (EAB), enviado por Sayamol Kaiyoorawong, correo-e: noksayamol@yahoo.com. El artículo completo está en: http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/Catastrophe.pdf

- Uruguay: se lanza una Iniciativa Nacional por la Suspensión de la Forestación

En el año 1987, a través de la ley forestal (Nº 15939 de diciembre de 1987), comienza en Uruguay la promoción de las plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles de rápido crecimiento. Las plantaciones forestales ocupan hoy más de un millón de hectáreas de tierras que no son solamente de la categoría denominada “prioridad forestal”.

La forestación avanza sobre praderas y zonas de recarga de acuíferos, rodea predios agropecuarios, deja poblaciones aisladas, y a lo largo de estos años ha hecho sentir sus efectos. Desde las escuelas rurales que se siguen cerrando y los pozos de agua vecinales que se han secado imposibilitando toda producción agrícola, hasta la concentración de tierras en manos de empresas extranjeras que atentan contra la soberanía nacional: 400.000 hectáreas del territorio uruguayo están en manos de cuatro transnacionales --la española ENCE, la finlandesa Botnia, la sueco-finlandesa Stora Enso y la estadounidense Weyerhaeuser--.

Pero también ha crecido la oposición a este modelo forestal. Delegados de organizaciones de pequeños productores agropecuarios y de otras organizaciones sociales provenientes de diversos departamentos del país se reunieron los días 14 y 15 de abril de este año para discutir en conjunto los problemas generados por el avance de la forestación.

La reunión fue muy fructífera pues permitió, por un lado, la articulación de los distintos movimientos y opiniones que se estaban expresando aisladamente, la puesta en común de los problemas para identificar los impactos ya constatados de las plantaciones y la conjunción de voluntades para pedir la suspensión de la forestación.

El resultado fue una “INICIATIVA NACIONAL POR LA SUSPENSIÓN DE LA FORESTACIÓN”, que reproducimos a continuación:

“En los días 14 y 15 de abril de 2007, en la localidad de Paso Severino, departamento de Florida, delegados de organizaciones de pequeños productores agropecuarios y de otras organizaciones sociales provenientes de los cuatro puntos cardinales del país, reunidos para discutir en conjunto los problemas generados por el avance de la forestación, acordamos que:

- La ausencia de estudios de impactos sociales y ambientales previos a la aplicación de la ley forestal.

- Los impactos ya constatados de las plantaciones, que han significado:
· desalojo de nuestra población rural
· escasas oportunidades de empleo, en condiciones de trabajo inadecuadas
· concentración de la tierra en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras
· transferencia de cuantiosos recursos económicos de toda la población hacia el sector forestal a través de subsidios directos e indirectos
· agotamiento y contaminación de los recursos hídricos
· degradación de suelos
· contaminación de agua y suelos por el uso masivo de agrotóxicos
· impactos graves sobre la flora, en particular, sobre el ecosistema de praderas
· impactos graves sobre la fauna y aparición de plagas que afectan a otras producciones agropecuarias
· impactos sobre el paisaje típico uruguayo.

En virtud de lo anterior, los y las presentes decidimos constituir un movimiento nacional, abierto a todas las entidades y ciudadanos/as que compartan los siguientes objetivos:

EXIGIR la inmediata suspensión de todas las plantaciones forestales de pinos y eucaliptos, salvo aquellas de pequeña escala para abrigo, sombra, leña o insumos de auto-abastecimiento del predio rural.

- Que se evalúen en forma seria y completa los impactos sociales, económicos y ambientales de la forestación con la más amplia participación de sectores de la Sociedad Civil, especialmente los mas perjudicados.

- Que en el plan de ordenamiento territorial del país no se incluyan los monocultivos forestales en función de la experiencia de sus impactos económicos, sociales y ambientales negativos para el país.

- Que se revea la actual legislación forestal con la más amplia participación de sectores de la Sociedad Civil, especialmente los más perjudicados.

- Que se aplique el artículo 47 de la Constitución -que restableció la soberanía del país sobre la gestión de los recursos hídricos- en particular al sector forestal.

- Que se adopte una legislación que impida la concentración de la tierra en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras.

- Que se discutan las estrategias de desarrollo local con la más amplia participación de sectores de la Sociedad Civil especialmente los más marginados.

- Que se adopten instrumentos legales para garantizar la permanencia y mejora de calidad de vida de las familias del campo.

- Sí a la distribución equitativa de la tierra --tierra para quien quiere trabajarla-- y no a su concentración en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras.

- Sí a la defensa y preservación de los recursos naturales y no a la explotación destructiva del rico patrimonio del país y su entrega a intereses empresariales.

- Sí al bienestar de todos los orientales en armonía con la naturaleza y con la preservación del planeta.”

La Iniciativa convoca a todas las entidades y ciudadanos/as que compartan su plataforma, a sumarse y participar activamente.

– Nueva sección de videos sobre plantaciones y fábricas de celulosa en la página web del WRM

El sitio Web del WRM tiene una nueva sección dedicada a grabaciones en video. Se puede acceder a ella en la columna de la izquierda de la página o yendo directamente a http://www.wrm.org.uy/Videos/index.html.

En dichos videos, los pobladores locales describen los impactos del monocultivo de árboles a gran escala que hemos venido documentando desde hace años: desde la destrucción de los bosques provocada en Indonesia por las plantaciones de palma aceitera a las luchas de las mujeres de Vía Campesina contra las plantaciones de árboles para celulosa de Aracruz en Brasil; del combate de los ecuatorianos contra las plantaciones de eucaliptos de Eucapacific al desastre ecológico causado en Chile por la fábrica de celulosa de Celco Arauco; del problema cada vez mayor de las plantaciones de árboles para madera en Sudáfrica a los riesgos que entraña en Uruguay la fábrica de celulosa proyectada por la empresa finlandesa Botnia.

Los testimonios tienen voz y rostro. Tanto los paisajes que los “desiertos verdes” dejan a su paso, como la determinación de los pueblos, hablan por sí mismos.

- La industria sueca de forestación y celulosa tiene planes de mudarse al Sur

El 26 de abril la Academia Sueca de Agricultura y Silvicultura organizó en Estocolmo el seminario “Tilting forest industries from North to South” (“Moviendo las industrias forestales de Norte a Sur”) con el fin de discutir sobre la creciente tendencia de la industria sueca de forestación y celulosa a invertir en países del Sur como Brasil, Uruguay e Indonesia.

Desgraciadamente, los organizadores se negaron a dar un lugar en el panel a representantes de países del Sur que en ese momento se encontraban en Suecia. Entre dichos representantes había especialistas en impactos sociales y ambientales de plantaciones forestales y fábricas de celulosa, procedentes de Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Swazilandia y Uruguay, así como un buen número de estudiantes suecos recién llegados de un estudio de campo en las plantaciones de Veracel y Aracruz en Brasil.

Por lo tanto el panel incluyó solamente representantes pro-plantaciones e industria de la celulosa, quienes brindaron una visión sesgada de los posibles efectos de esta migración de la industria sueca al Sur. Varios oradores destacaron el “fantástico” desempeño de las plantaciones de eucalipto en Brasil, que producen diez veces más madera por hectárea que los bosques suecos, lo que hizo afirmar a un orador que “si quieren que los árboles crezcan rápido, hablen portugués”. Países como Angola, Brasil, Chile, Mozambique y Uruguay fueron clasificados como “perspectivas interesantes” para plantaciones de árboles y fábricas de celulosa en tanto “países de bajo costo”. Se mencionó que en Brasil los costos eran la mitad que en Suecia.

Lo anterior, sumado al aumento mundial del consumo de papel y cartón que se prevé y a la disponibilidad de “dinero barato” para las inversiones en los países del Sur, ha motivado la decisión de la industria sueca de mudar al Sur su base de materia prima (plantaciones forestales) y su producción de celulosa.

Mientras que por una parte solamente un orador hizo unos pocos comentarios sobre los impactos negativos de las plantaciones de árboles en Indonesia, por la otra hubo una presentación a cargo de Otávio Pontes, vicedirector de Stora-Enso para América Latina, sobre el “exitoso” y “responsable” manejo de las plantaciones de árboles de Veracel Celulose en Brasil (propiedad por partes iguales de Stora-Enso y Aracruz Celulose) en tanto ejemplo de manejo sustentable de plantaciones de árboles.

Lamentablemente no se brindó al representante del movimiento brasileño Red Alerta contra el Desierto Verde la oportunidad de rebatir la propaganda de Pontes desde el panel con algunos ejemplos recientes relacionados con Veracel Celulose:

- El 13 de marzo de 2007 la empresa fue multada por la IBAMA, el organismo federal para el medio ambiente, con aproximadamente US$ 200.000 por haber aplicado herbicida en 31,6 hectáreas de una zona de preservación permanente en la municipalidad de Eunápolis y así destruido la vegetación local y contaminado una zona incluso mayor.

- El 1º de abril de 2007 en Ponto Central, municipalidad de Santa Cruz de Cabrália, la población local cortó la ruta para impedir que los ómnibus que transportaban a los trabajadores de Veracel llegasen a la fábrica de celulosa porque la empresa se negaba a cumplir las demandas de la comunidad local.

- Un estudio reciente llevado a cabo por Cepedes, el Centro de Estudios para el Desarrollo del Extremo Sur de Bahía, demuestra que desde que Veracel empezó a establecer las plantaciones de árboles en la municipalidad de Eunápolis, a principios de la década de 1990, la población rural disminuyó 59,3%, mientras que en el mismo período el porcentaje nacional fue de 28%.

- La afirmación de Pontes de que Veracel “creó 30.000 empleos” se contradice con las propias cifras de la empresa, según las cuales Veracel creó 739 empleos directos y 3.400 empleos indirectos.

- La empresa “socialmente responsable” Veracel clausuró en noviembre de 2006 un proyecto de actividades educativas que atendía a unos 300 niños de entre 7 y 15 años de edad en Eunápolis. Es bueno recordar que en el mismo período (la campaña electoral brasileña de candidatos a presidente, gobernadores y parlamentarios) Veracel gastó cientos de miles de dólares para apoyar a cada uno de los candidatos, sobre todo aquéllos con posibilidad de ganar, como los dos principales candidatos a gobernador de Bahía (uno de ellos recibió US$ 100.000 y el otro US$ 50.000).

Desde el público, participantes del Sur y estudiantes suecos lograron plantear algunos temas y rebatir las visiones sesgadas de las plantaciones forestales presentadas por la mayoría de los panelistas. Esto no fue fácil, dado que el moderador del seminario no solamente intentó evitar que se oyeran estas voces sino que incluso tomó claramente posición a favor de las plantaciones de árboles y fábricas de celulosa en el Sur. En una de sus intervenciones desafió las posiciones críticas en esta discusión con la pregunta “Si ustedes están en contra de las plantaciones de árboles, ¿cómo piensan que podremos brindar textos escolares a los niños?”, añadiendo: “¿Cuál es su alternativa?”. Se le aclaró que en países como Brasil y Uruguay la gente consume diez veces menos papel por cabeza que en Suecia y que las fábricas de celulosa establecidas en esos países no producirán ni una hoja de papel sino que exportarán la celulosa, sobre todo a países del Norte cuyo consumo de papel es excesivo. Por ejemplo, en Suecia el 46% del papel consumido se relaciona con embalajes y envoltorios de otros productos, en tanto el 10% consiste en pañuelos descartables.

Con relación a las “alternativas”, se respondió al moderador que la primera alternativa sería NO plantar monocultivos porque éstos resultan en pérdidas netas de empleos locales y en otros muchos impactos que empeoran la vida de la población local.

En suma, el seminario brindó pruebas de que para la industria sueca de la celulosa el “fantástico” desempeño del eucalipto en los países del Sur tiene que ver más que nada con las enormes ganancias que esta industria puede obtener, que las convierten en fantásticos ciegos en cuanto a cualquier impacto negativo que pueda llegar a amenazar este gigantesco lucro.

Por Winnie Overbeek, FASE/ES, correo-e: winnie.fase@terra.com.br y Ricardo Carrere, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.

- Uruguay: ¿por qué se están usando dineros públicos de la UE en la planta de celulosa de Botnia?

Botnia está construyendo la fábrica de celulosa más controvertida del mundo en Fray Bentos, Uruguay. Lo hace con cientos de millones de dólares de los contribuyentes que les llegan a través del Banco Mundial, la agencia finlandesa de créditos para la exportación y el Banco Nórdico de Inversiones. Las ganancias producidas, junto con la celulosa, se exportarán.

El 16 de mayo de 2007 hubo una reunión en el Parlamento Europeo con el fin de discutir sobre la fábrica de celulosa de Botnia. Está reunión, que se tituló “Sustainable pulp production in Latin America or just pulp fiction?” (¿Producción sustentable de celulosa o Pulp Fiction en América Latina?), fue organizada por la Fundación Heinrich Böll y los Verdes/Alianza Libre Europea. Hubo presentaciones de ONG europeas y latinoamericanas, académicos, políticos y una representante de Botnia. La Corporación Financiera Internacional, que está financiando esta fábrica, fue invitada pero no concurrió a la reunión.

“Botnia siempre ha pedido el diálogo”, dijo Kaisu Annala, vicepresidenta de Medio Ambiente en Botnia. Según Annala, las ONGs se han negado a participar de todo diálogo. “Esperamos que luego de esta reunión pueda haber más diálogo, como estamos acostumbrados aquí en Europa”, declaró.

Su presentación consideró exclusivamente los supuestos beneficios de la fábrica de celulosa. La madera para la fábrica provendrá de plantaciones certificadas por el Consejo de Manejo Forestal (FSC). “Forestación sustentable”, dijo Annala. No mencionó los cursos de agua que se secaron por el excesivo consumo de agua del monocultivo de eucaliptos. No mencionó la gente del medio rural que se quedó sin agua en sus pozos.

La planta de celulosa generará empleos, dijo Annala. Pero evitó cuidadosamente mencionar cuántos de estos empleos son a tiempo completo y cuántos son zafrales. No hizo mención a los empleos perdidos cuando los criadores de vacunos y ovinos perdieron sus tierras de pastoreo frente a los monocultivos de eucaliptos. No mencionó los productores de melones y maní que ya no tienen agua suficiente para sus cultivos. Tampoco mencionó los empleos que se perderán en el sector turístico una vez que la fábrica empiece a oler a huevo podrido.

Las presentaciones siguientes sí consideraron los problemas causados por el proyecto celulósico. El profesor Marcelo Conti de la Universidad de Roma habló del fracaso de los estudios realizados en la fábrica de Botnia con relación a los riesgos. Conti dijo que la información no era adecuada y que el análisis era demasiado optimista.

“Los estudios producidos por la empresa y el Banco Mundial consideran la producción de celulosa y las plantaciones industriales de árboles que abastecen la fábrica como dos cosas separadas. No lo son”, dijo Mónica Vargas de Debtwatch.

Marcel Achkar de REDES (Amigos de la Tierra Uruguay) habló sobre los problemas creados por las plantaciones. Destruyen las praderas. Resultan en cursos de agua reducidos. Generan un impacto sobre el suelo. Achkar mostró diapositivas de las talas rasas cuando se cosechan las plantaciones. “¿Qué sentido tiene este uso de la tierra?”, preguntó. “Antes esta tierra era muy productiva y se cultivaban alimentos”.

“Lo que necesitamos es un plan de desarrollo limpio”, dijo en su presentación Paula Brufman de Greenpeace Argentina. Observó los patrones globales de demanda de celulosa y señaló que para satisfacer la demanda prevista de la industria se necesitarían dos fábricas del tamaño de Botnia por año.

Pekka Haavisto, parlamentario finlandés, habló de la necesidad de aplicar normas ambientales. “Como finlandeses debemos garantizar que las empresas europeas cumplan con las mejores tecnologías disponibles”, declaró. La idea de elaborar y aplicar normas fue rebatida momentos más tarde por Klemens Laschesfki, de la Universidad de Minas Gerais, Brasil. “Podemos aplicar normas y seguir adelante o podemos considerar asuntos de justicia ambiental”, dijo. Laschefski describió su trabajo con personas afectadas por proyectos similares al de la fábrica de celulosa de Botnia. Trabaja con el Movimiento de Campesinos Sin Tierra (MST), que cuestiona este entero modelo de desarrollo.

La pregunta que sirve de título a este artículo, “¿Por qué se están usando los dineros públicos de la UE?”, viene de Marcel Achkar, de Amigos de la Tierra Uruguay. Mi presentación contempló los cientos de millones de dólares que Botnia está recibiendo del gobierno de Finlandia y del Banco Mundial. La agencia de créditos para la exportación finlandesa Finnvera suministra un total de US$ 230 millones a Andritz Oy, una empresa finlandesa, como garantía de crédito al comprador. “Las operaciones de Finnvera contribuyen a aumentar el empleo y a desarrollar los negocios finlandeses”, explica el sitio de Finnvera en internet.

En diciembre de 2006 la UE recibió con agrado la decisión del Banco Mundial de apoyar la fábrica de celulosa de Botnia. “Aplaudo esta decisión”, dijo Peter Mandelson, comisionado europeo de Comercio. Y esa es la respuesta a la pregunta. El dinero público de la UE va para Botnia, porque beneficia a la industria europea.

- Los planes de comercio de emisiones que promueve el G8 retrasan una acción auténtica por el clima y generan enormes lucros para quienes más contaminan

La hegemonía del G8 en los foros internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático significa que la política climática mundial se define por su compatibilidad con el sistema económico existente más que por su efectividad para reducir las emisiones.

El comercio de carbono es fundamental en este enfoque: transforma la capacidad de reciclar carbono de la Tierra en una propiedad que puede venderse o comprarse en el mercado mundial. Esta utilización de las fuerzas del mercado para resolver los problemas ambientales asume dos formas. Primero los gobiernos otorgan permisos a los grandes contaminadores industriales que luego comercian estos “derechos a contaminar”. En segundo lugar se genera un excedente de créditos de carbono a partir de proyectos de compensación de carbono que dicen reducir o evitar las emisiones en otros lugares, en general en países del Sur. Esos créditos pueden comprarse para descontar las emisiones de más y con ello llegar al nivel exigido por los permisos. En virtud del Protocolo de Kyoto estos proyectos de compensación se llevan a cabo en el Sur a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio o en los países del Norte a través de las iniciativas de Aplicación Conjunta (AC).

El mercado está creciendo enormemente. Un informe del Banco Mundial lo evaluó en US$ 21.500 millones para los tres primeros trimestres de 2006, es decir un aumento del 94% de su valor de US$ 11.100 millones en 2005.

A pesar de todo el aspaviento, la cumbre del G8 de 2005 en Escocia produjo poco en cuanto a acciones concretas para abordar el cambio climático. El comunicado final adoptó decisiones muy débiles para “promover” mejores prácticas para el cambio climático pero no menciona para nada la reducción de la tasa de extracción y consumo de combustibles fósiles. Blair fue muy elogiado, sin embargo, por haber llevado a los jefes de Estado de Brasil, China, India, México y Sudáfrica a la mesa de negociaciones, y fue con esos países que se lanzó el Diálogo sobre el clima G8 + 5. Este diálogo reúne a veteranos legisladores con empresarios internacionales, representantes de la sociedad civil y líderes de opinión para discutir un acuerdo sobre el cambio climático posterior a 2012 con el objetivo de aprobar una declaración por consenso en la cumbre del G8 de 2008 en Japón.

El diálogo tiene un fuerte sesgo hacia los planes comerciales en tanto mejor manera de tratar el cambio climático; uno de sus cuatro grupos de trabajo se dedica específicamente a desarrollar mecanismos de mercado. Además, la cumbre del G8 + 5 encargó al Banco Mundial que facilitara la creación de un marco para la administración del cambio climático, las energías limpias y el desarrollo sustentable. Esto a pesar de que el Banco Mundial es parte del problema del clima más que de la solución: desde que se firmó la Convención de la ONU sobre el Clima en la Cumbre de la Tierra de Río, 1992, el Centro de Información sobre el Banco (BIC) calcula que el Banco Mundial ha financiado por sí solo proyectos basados en combustibles fósiles por más de US$ 25.000 millones.

En respuesta al mandato del G8, el Banco Mundial elaboró un informe llamado ‘Clean Energy and Development; Towards an Investment Framework’ (Energía Limpia y Desarrollo: Hacia un Marco de Inversiones), cuya versión actualizada se presentó durante la reunión del G8 + 5 realizada en México en octubre de 2006. El informe promovía el comercio de carbono como forma principal de financiación de la tecnología limpia.

La promoción del comercio de emisiones del Banco a través del G8 + 5 crea un claro conflicto de intereses pues [el Banco] es también el mayor corredor de bolsa público de compras de carbono con más de mil millones de dólares en su cartera de créditos de carbono. Genera gran cantidad de ingresos para sí mismo mediante un porcentaje que recibe como comisión de todos los créditos de carbono que compra para administrar su Fondo Prototipo del Carbono. Con su influencia en los procesos políticos como el G8 + 5 ha presionado activamente para que el MDL sea una propuesta más atractiva para los inversores y menos efectiva en términos de reducción real de las emisiones.

El G8 + 5 volvió a reunirse en febrero de 2007 en Washington, durante una reunión dirigida por cinco senadores estadounidenses que han presentado un proyecto de ley de la Cámara de Representantes que permitiría a las empresas estadounidenses certificar las reducciones de emisiones, las que podrían comerciarse con otras naciones en el mercado internacional. Entre los principales oradores estaban la canciller alemana Angela Merkel así como Nicholas Stern, cuyo influyente Informe Stern sobre el cambio climático ha sido promovido como prestador del fundamento económico para el mercado global del carbono, y Paul Wolfowitz, presidente del Banco Mundial.

Todavía no está claro qué objetivos existen para tratar el cambio climático en la Cumbre 2007 del G8 en Alemania, pero la mayoría de los gobiernos, industrias e instituciones financieras internacionales tienen interés en dejar preparado el terreno para un marco internacional de comercio de emisiones que se extienda más allá del período de compromiso de Kyoto (2012) y que incluya los otros gases de efecto invernadero y los demás sectores productores de emisiones tales como la industria del transporte aéreo.

El G8 y los ambientalistas del libre mercado se han puesto a la avanzada de una campaña de cuentos color de rosa con hipótesis en las que “todos ganan”, donde el afán de maximizar el lucro empresarial y el tratamiento de la crisis climática pueden ir de la mano. Pero esto es en gran medida un acto de fe, puesto que no hay pruebas de que el cambio climático pueda resolverse manteniendo al mismo tiempo un patrón de crecimiento económico basado en la extracción y el consumo cada vez mayores de combustibles fósiles.

El comercio del carbono alienta a las industrias que más dependen del carbón, la gasolina y el gas a retrasar su alejamiento de los combustibles fósiles. Hay pocos incentivos para los planes onerosos de cambio estructural a largo plazo si uno puede arreglárselas a corto plazo comprando permisos baratos a las operaciones que sí pueden reducir sus emisiones. Sin embargo, para los países del G8 que pretenden demostrar su compromiso con la acción por el clima, estos problemas inherentes al comercio de emisiones se dejan de lado en favor de un sistema que sustenta la dominación económica de las más poderosas naciones industrializadas.

Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido

Desde el inicio de 2005, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido participan en el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU-ETS), hasta el momento el mayor experimento en comercio de carbono y el precursor del mercado global que comenzará en 2008. El EU-ETS es un sistema de comercio con fijación previa de unos límites máximos (“cap-and-trade”, es decir “tope y comercio”). La cantidad de contaminación con carbono permisible se divide entre establecimientos industriales (que en el plan se llaman ‘instalaciones’) en toda Europa: esta es la parte del “tope”. Si alguna instalación sobrepasa su límite debe comprar la cantidad equivalente de permisos en el mercado. Del mismo modo, si una instalación está por debajo del límite puede vender el sobrante en el mercado: ésta es la parte del “comercio”.

La primera fase del Sistema resultó un desastre. Bajo la presión mantenida de las empresas, casi todos los gobiernos de la UE concedieron a la industria un exceso de permisos en esta primera fase. En 2005, el primer año de comercio, las industrias pertinentes de toda Europa emitieron 66 millones de toneladas menos que el tope establecido. Esto quiere decir que efectivamente el tope no significaba nada, pues no había conseguido ninguna reducción neta de las emisiones. Un análisis preliminar de los datos de 2006 demuestra que el 93% de las 10.000 instalaciones incluidas en el ETS emitieron menos que su cuota permitida.

Estas adjudicaciones excesivas resultaron en una lluvia de ganancias para los contaminadores más grandes, que al lograr exagerar su necesidad de permisos de emisiones recibieron enormes cantidades de permisos que luego podían vender convenientemente. Las empresas también hicieron dinero al trasladar a los consumidores los “costos de mercado” nominales de estos permisos gratuitos. El ministro alemán de Medio Ambiente declaró que los cuatro mayores productores de energía de Europa, a saber Eon, RWE, Vattenfall y EnBW, obtuvieron con esto lucros del orden de € 6.000 millones y € 8.000 millones.

Con el inicio de la segunda fase del EU-ETS previsto para 2008, la evidencia sugiere que no se ha aprendido la lección. Según un documento de trabajo publicado en noviembre de 2006 por investigadores alemanes, de los 25 Planes nacionales de asignación de la segunda fase presentados a la UE para su aprobación, 18 eran demasiado generosos y muchos de los nuevos topes se habían fijado por encima de los niveles de emisiones de 2005.

Como país con la mayor eficiencia energética del mundo industrializado, Japón lucha para cumplir su compromiso de Kyoto: 6% menos de su nivel de 1990 (hoy sus emisiones son 8% mayores que el nivel de 1990). Por consiguiente Japón está muy dedicado a servirse del comercio de emisiones para compensar el déficit. En el presupuesto de 2006 el gobierno japonés apartó 5.400 millones de yenes (US$ 45,9 millones) para comprar créditos de carbono extranjeros. Ha aprobado 41 proyectos (predominan los proyectos a través del MDL) en países como Malasia, India, Corea del Sur, Indonesia, China y Vietnam, y hay cantidades aun mayores de proyectos como esos en espera. Además, Japón es uno de los mayores inversores del Fondo Prototipo del Carbono del Banco Mundial y ocho de los 17 inversores empresariales son corporaciones japonesas, así como el banco del propio gobierno, el Banco de Cooperación Internacional de Japón.

El gobierno conservador de Canadá ha estado gruñendo a causa de su compromiso de Kyoto de reducir sus emisiones hasta un 6% por debajo de los niveles de 1990. Rona Ambrose, la ministra de Medio Ambiente, declaró que este objetivo era ‘imposible’, que el plan de comercio de la UE era un fracaso y que el MDL era poco más que una receta de corrupción y derroche de dinero. El gobierno conservador no ha entregado la financiación prometida al Directorio Ejecutivo del MDL, el organismo internacional que supervisa y aprueba los proyectos del MDL, y ha asignado a la dependencia canadiense administradora de los planes MDL y AC fondos tan escasos que ésta se vuelve casi irrelevante.

Con la caída de la economía de Rusia en los años 1990 hubo un descenso de las emisiones, que en cierto momento llegaron a 40% por debajo del nivel de 1990. El resultado es que Rusia tiene gran cantidad de créditos de carbono sobrantes que podrá vender a otros países una vez abierto el mercado mundial de emisiones en 2008, pero éstos se deben a circunstancias externas más que a la instrumentación de algún tipo de medida sobre la eficiencia energética o las energías renovables por parte del país, ejemplo de cómo el comercio de carbono puede explotarse lucrativamente sin una acción sustentable para enfrentar el cambio climático. No sorprende que Rusia se haya mostrado entusiasta respecto de sus oportunidades de lucrar con el comercio de emisiones, que según una estimación del Banco Mundial podría reportarle unos US$ 11.000 millones en virtud del Protocolo de Kyoto.

Como todos saben, George Bush se negó a ratificar el Protocolo de Kyoto en 2001, de modo que EEUU no participa del comercio de emisiones para cumplir con objetivos nacionales. Sin embargo varias iniciativas privadas, entre las que se cuenta el Chicago Climate Exchange, están comerciando con créditos de carbono. Con el reciente ascenso demócrata al Congreso la actitud de EEUU respecto del comercio de emisiones parece pronta a cambiar. Diez corporaciones estadounidenses, entre ellas DuPont y General Electric, se reunieron con grupos verdes y formaron la asociación US Climate Action Partnership para urgir a Bush y el Congreso a crear un mercado de carbono para EEUU. Durante el Foro Económico Mundial de Davos altos ejecutivos de empresas de la energía e industriales europeas y estadounidenses declararon que EEUU tiene que tomar la iniciativa en el establecimiento de un régimen mundial de comercio de emisiones de carbono.