Boletin 118 el WRM

Todo el mundo parece estar de acuerdo acerca de la necesidad de proteger lo que queda de los bosques del planeta … mientras los bosques continúan desapareciendo al mismo ritmo alarmante de siempre. Por lo tanto, resulta crucial distinguir entre quienes están genuinamente comprometidos con la protección del bosque y aquellos cuyos hechos van en la dirección opuesta a sus palabras. Al respecto, la mayoría de los artículos incluidos en este número del boletín del WRM constituyen buenos ejemplos.

Tomemos el caso del artículo sobre Ecuador, donde las comunidades locales están luchando para impedir que una compañía minera canadiense destruya su ambiente, dentro del cual está una zona de bosque primario de enorme valor biológico, ubicada en la zona de amortiguamiento de una de las reservas ecológicas más importantes del país. Hombres, mujeres y jóvenes se han organizado bajo la consigna común e innegociable de “No a la Minería”, que actualmente cuenta con el apoyo unánime de todos los gobiernos locales de la región, además del de las comunidades que están dentro de los límites de las concesiones mineras o en sus adyacencias.

En el caso de Congo, el pueblo local Efe ha utilizado y protegido el bosque Ituri durante siglos. A principios de la década de 1990, compañías madereras europeas y malayas comenzaron a destruirlo –y con ello las formas de vida y sustento de los Efe- mientras que el apetito de las empresas transnacionales sobre los minerales de la región –oro y coltan- trajeron consigo guerras y mayor destrucción del bosque.

En Laos, la empresa consultora noruega Norconsult ganó un contrato de un millón y medio de dólares para supervisar las obras de construcción de la represa Xeset 2, financiada por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad). China también está muy involucrada: el Banco de Importaciones y Exportaciones de China financia el 80% del proyecto de US$ 135 millones y el principal contratista es la empresa china Norinco (China North Industries Corporation). Una persona del lugar dice: “No queremos que construyan la represa pues le hará mucho mal a nuestra tierra y al ambiente. ... Pero no nos atrevemos a oponernos a los funcionarios del gobierno”. Los organismos y consultores oficiales –de Laos, Noruega y China- saben que esto es verdad, pero siguen adelante con los planes.

Todo el mundo sabe que las plantaciones de palma aceitera son una causa importante de destrucción del bosque. Sin embargo, la demanda de biodiesel por parte del Norte está impulsando la expansión de este cultivo a lo largo y ancho de los trópicos. En el caso de Tailandia, el gobierno planea aumentar las plantaciones de las actuales 400.000 hectáreas a 1,2 millones de hectáreas para el año 2009. Tal como expresa el artículo incluido en este boletín: “Si la palma aceitera se expandiera según los planes del gobierno, Tailandia perdería irremediablemente su soberanía alimentaria, sus bosques y su diversidad biológica. Sería una catástrofe para el pueblo tailandés”.

Varios otros artículos ofrecen más ejemplos del doble discurso gubernamental y empresarial. Afortunadamente la moneda tiene dos caras. La otra cara incluye a los pueblos locales organizados y a las organizaciones que los apoyan, que llevan adelante su propia agenda social y ambiental.

Por ejemplo, a fines de abril de este año, en Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y Vía Campesina organizaron una Reunión Internacional sobre Plantaciones de Monocultivos de Eucaliptos para trazar una estrategia de acciones conjuntas contra el avance de las plantaciones de monocultivos forestales y fábricas de celulosa en el Sur.

También en abril, organizaciones de pequeños productores, ONGs y otras organizaciones sociales uruguayas llegadas de los cuatro rincones del país lanzaron una Iniciativa Nacional para la Suspensión de la Forestación.

En Uganda, el gobierno finalmente decidió en mayo desistir de su intención de entregar la Reserva del Bosque Mabira Central para el cultivo comercial de caña de azúcar. Esta decisión fue el resultado de enérgicas manifestaciones –que dejaron un saldo de cinco personas muertas y muchas más heridas- de la población local en contra de la destrucción del bosque.

En Costa Rica, varias organizaciones están promoviendo una restauración del bosque centrada en la familia, a partir de la experiencia documentada realizada en el país, en oposición al modelo de plantaciones de monocultivos de árboles aplicado hasta la fecha.

En resumen, los gobiernos simplemente hablan sobre la conservación de los bosques, mientras que la gente lleva a cabo acciones reales para proteger sus bosques y su ambiente. La explicación para lo primero es el lucro. Esto resulta claro en el artículo sobre la fábrica de celulosa finlandesa Botnia en Uruguay:¿Por qué se están usando dineros públicos de la UE? Como dice el autor, “... esa es la respuesta a la pregunta. El dinero público de la UE va para Botnia porque beneficia a la industria europea”. La explicación de las luchas de los pueblos para proteger sus bosques es igualmente simple y está ejemplificada en el artículo de República Democrática del Congo: “Entenderán por qué nos llamamos Pueblo del Bosque... Cuando el bosque muera nosotros también moriremos”.

- Congo, R. D.: Pigmeos Efe despojados de su territorio y medios de subsistencia

En el noreste de la República Democrática del Congo se halla el extenso, denso, montañoso bosque tropical de Ituri. Se trata de una zona rica en recursos naturales. Se cosecha madera tropical (legal e ilegalmente) en gran escala. Se están explotando intensivamente los minerales como el oro y el coltán (utilizado en la fabricación de teléfonos móviles), después de haber talado los árboles.

El bosque Ituri es hogar de una de las más antiguas poblaciones africanas: los Pigmeos Efe, también conocidos como Mambuti. El territorio original de los Efe abarcaba una parte mayor del continente africano, pero hoy están confinados al bosque Ituri, a consecuencia de la presión de un flujo de migrantes sin precedente resultante de la guerra civil en el Congo y de la crisis política en Ruanda. Los campos de refugiados con decenas de miles de personas desplazadas no son raros en el este del bosque Ituri, a lo largo de la ruta Beni-Komanda-Bunia.

Los Efe son cazadores-recolectores y viven de una cantidad limitada de presas de caza menor, dado que la caza de animales más grandes como búfalos y elefantes se prohibió hace mucho tiempo. Para cazar utilizan arcos y flechas (a veces envenenadas) y redes. Las familias Efe viven en chozas de hojas construidas en forma de cúpula. Su cultura se conecta estrechamente con su música y danza “polifónicas”, en las que todo el mundo participa. Además de la voz usan instrumentos musicales como tambores, flautas, campanillas para los pies, trompetas (molimo), arcos de boca, pianos de pulgar, etc. Todavía crean y a veces visten sus trajes típicos de corteza (mulumba) pintados con hermosos motivos abstractos, pero la vestimenta occidental desplaza cada vez más esta tradición.

Después de la colonización belga el denso bosque tropical era prácticamente impenetrable debido a la falta de buenos caminos. Enormes charcos de barro bloqueaban el transporte en toda ocasión. Empantanarse en el barro estaba garantizado. Esta situación de impenetrabilidad mantuvo intacto el hábitat de los Efe.

En la última década su forma tradicional de vida se ha visto muy perturbada pues el madereo industrial se abre camino más y más en lo profundo de una selva que va disminuyendo y así restringe y reduce el suministro de alimentos de los Efe. Desde mediados de 2006 la rehabilitación y reconstrucción de carreteras permite a los contratistas madereros entrar más fácilmente en el bosque, lo que equivale a la destrucción del hábitat natural de los Efe.

En la nueva carretera Komanda – Beni, cerca de Idohu, pueden verse Efe cargando de a dos, sobre la cabeza, entre 70 y 80 kilos de tablas de madera fresca y húmeda; a cada equipo se le paga US$ 5 por tabla por un recorrido de 7 kilómetros. Cada equipo puede hacer esto una vez por día. El pago se hace directamente luego de la recepción de la carga de madera. Algunos aldeanos transportan la madera en bicicleta. A veces un aldeano lleva su carga solo, sus inútiles arco y flechas en la mano izquierda ... cazar es imposible: el ruido de las motosierras hizo desaparecer los animales.

Esta actividad comercial cierra el círculo económico: duro trabajo de carga, jornal bajo, compra de alimentos, se acaba el dinero, al otro día lo mismo: ninguna ganancia y el bosque desaparece. Como dijo una vez el viejo y sabio Pygmeo Moke, “Entenderán por qué nos llamamos Pueblo del Bosque ... Cuando el bosque muera nosotros moriremos”.

(COECOCEIBA- AT), integrada por miembros provenientes de diversos sectores sociales (académicos, profesionales, ecologistas y campesinos), considera que es hora de desarrollar creativamente nuevos modelos de recuperación de la cobertura forestal, de darle una oportunidad a modelos de reforestación autóctonos que incluyan algunos de los principios básicos que, de manera silenciosa, ha estado mostrando el principal ecosistema natural del país: la selva tropical. Es hora de darle una oportunidad a la creatividad y a las experiencias ya existentes en las comunidades y de probar modelos más sanos en términos ambientales y más participativos y justos en términos sociales.

En tal sentido presentan la experiencia de la Familia Díaz Alvarado y su antiguo piñal en la Zona Norte de Costa Rica, una propuesta que combina la regeneración natural enriquecida con la siembra y/o manejo de especies forestales valiosas, ofrece oportunidades productivas que se integran de manera complementaria dentro de la economía campesina y es generadora de servicios ambientales de buena calidad para toda la sociedad costarricense.

Hace ya 22 años que la familia Díaz Alvarado (Doña Eduviges, Don Félix, sus dos hijas y un hijo) llegó a Castelmare de Saíno de Pital, una pequeña comunidad ubicada en el medio de la cálida y húmeda llanura sancarleña, a orillas del río Tres Amigos, uno de los principales afluentes del río San Carlos, zona norte de Costa Rica. En esta zona llueve en promedio entre 3 y 4 metros de lluvia distribuidos regularmente a lo largo del año y presenta por lo general suelos de mediana a pobre fertilidad, arcillosos y de color rojo.

Su parcela en ese entonces consistía de unas 9 hectáreas de potrero arbolado cruzadas por una quebradita donde se mantenía un bosquecito de protección. Ahí habían sobrevivido unos enormes almendros (Dipteryx panamensis) y algunos pocos árboles mayores remanentes del bosque primario. Durante los primeros años la familia se encargó de ir transformando los potreros en un piñal, donde se permitía el desarrollo de arbolitos de laurel (Cordia alliodora), de roble coral (Terminalia amazonia), de manga larga (Laetia procera) y otras especies que brotaban naturalmente.

Mientras tanto, en sitios aledaños, algunas grandes empresas iban adquiriendo terrenos para sembrar grandes extensiones de monocultivos de árboles. Al inicio estas empresas sembraban laurel y eucalipto, posteriormente, después de fracasos rotundos con los monocultivos de estas dos especies, se continuó con melina (Gmelina arborea), terminalia (Terminalia ivorensis) y acacia (Acacia mangium). En no pocas ocasiones hubo enfrentamientos entre los técnicos de la compañía y la familia Díaz Alvarado, algunas veces porque las empresas querían sacarlos de su propiedad, otras porque aterraban las quebradas con los despales o simplemente porque ellos, en conjunto con algunos vecinos, protestaban y presentaban denuncias por la destrucción causada en el bosque para sembrar los monocultivos.

Unos años más tarde la comunidad de Castelmare se fue reduciendo; la tierra concentrada en pocas manos y las grandes extensiones de monocultivos de árboles no permitió que la comunidad se desarrollara como sí lo hicieron otros asentamientos campesinos en otras zonas de la región. La ausencia de buenos caminos que le permitieran el transporte para vender los productos de la parcela y la falta de escuela para sus hijos obligaron a la familia a mudarse a Saíno de Pital, una población pequeña pero con algunas condiciones de vida mejor. Era el año 1984 y fue entonces cuando la familia decidió mantener la parcela e iniciar un proyecto forestal que mostrara a los técnicos que andaban en la zona sembrando árboles en monocultivo, cómo producir madera de manera natural y sin tanto daño, y a su vez que permitiera a la familia ir haciéndose de un “ahorro” para el futuro. El proyecto forestal se complementaba bien con la disponibilidad de mano de obra de la familia y a pesar de que el desplazamiento hasta la parcela desde su nueva localidad no era nada fácil --eran unos nueve kilómetros de camino en mal estado y no existía transporte colectivo--, la familia se mantuvo constante en su proyecto.

En esa época empezaron visitando la parcela unas dos veces por semana, mantuvieron el piñal y entre todos fueron sembrando arbolitos que recogían de los bosques aledaños o cuidando los que naturalmente germinaban en el sitio. Como se mantenía el piñal, se chapeaba ocasionalmente respetando siempre los arbolitos, en especial las especies comerciales o de algún valor en términos de madera fina o aporte a la vida silvestre.

Asimismo, como parte de las labores de mantenimiento se inició un programa de podas con el objetivo de ir dándole una buena forma a los arbolitos maderables. A finales de la década de los noventa se inició también un programa de enriquecimiento con especies raras o en peligro de extinción y especies frutales en los claros que las especies pioneras de crecimiento rápido y vida corta (p.ej. el buriogre, Trichospermum sp) iban dejando.

Hoy en día, desde que se inició la experiencia han transcurrido poco más de 20 años y, a su mayoría de edad, nos muestra algunos resultados muy interesantes en términos de protección de la diversidad, apoyo a la recreación, a la autoestima, a la educación y a la economía campesina.

El bosque de la familia Díaz Alvarado presenta una estructura similar a cualquier bosque secundario de 15-20 años de edad en el trópico húmedo de la zona norte. Su dosel alcanza unos 25 m de altura y tiene una cobertura total. En las secciones no manejadas su sotobosque es rico en plantas de la familia Rubiaceae, Piperaceae (candelillos), Heliconiaceae (platanillos), Zamiaceae (palma fierro), Smilacaceae (zarza parrilla), etc. En el sotobosque junto con los grupos de plantas antes mencionadas también se desarrollan una gran cantidad de arbolitos de especies forestales, algunos hijos de grandes árboles de especies de madera fina remanentes del bosque primario que se mantienen a orillas de la quebrada. En la sección norte su sotobosque ha sido manejado para permitir una combinación de antiguas plantas de piña, especies ornamentales, especies medicinales y arbolitos de especies de crecimiento lento.

Al igual que en otros bosques secundarios de la misma región, la densidad de árboles ronda los 500 individuos por hectárea, lo mismo ocurre con su composición de especies, que también es similar.

Según testimonio de la propia familia Díaz Alvarado y de algunos vecinos, la quebrada que nace en esa parcela ha ido aumentando su caudal lo cual hace pensar que la regulación hídrica de las aguas subterráneas debe haber mejorado conforme se fue consolidando la cobertura del bosque y el sotobosque en el área de protección.

Es importante señalar que el objetivo de este bosque no es producir madera de la manera mas rápida y mediante tala rasa, por el contrario, el bosque restaurado se ha propuesto como un complemento económico familiar y es intención de la familia ir sacando la madera caída o los árboles que vayan alcanzando su madurez siguiendo un plan de manejo según el cual se extraerán cada año algunos árboles maduros durante la época seca. De este modo se garantizará que la conservación del bosque se mantenga en el tiempo.

La experiencia -- que no es única, probablemente existen otras similares en diferentes regiones tropicales – tiene el mérito de ser una respuesta al modelo de monocultivos forestales que ha destruido bosques, ha concentrado en pocas manos grandes extensiones de tierra, ha secado humedales y ha sido uno de los principales causantes de la pérdida de biodiversidad en la zona norte de Costa Rica.

Extractado y adaptado de: “La restauración ecologista del bosque tropical. Una alternativa de reforestación ambientalmente sana y socialmente justa y participativa”, COECOCEIBA- Amigos De La Tierra, Costa Rica, correo electrónico: licania@racsa.co.cr, http://www.coecoceiba.org

Después de 12 años, poderosas transnacionales mineras no han podido quebrantar la voluntad de los campesinos de la zona de Intag, Cantón Cotacachi, Provincia Imbabura, en el Noroccidente de Ecuador.

Esta pesadilla empezó en 1991, cuando un japonés hasta hoy anónimo, comenzó a andar para arriba y para abajo en su vehículo por la zona. Nadie sabía exactamente qué estaba haciendo. Hacia 1995 se supo que lo que hacía el japonés era “prospección minera”, es decir, que estaba a la búsqueda de minerales en el subsuelo.

Con la exploración, lo pintoresco del japonés se tornó en molesto y dañino, pues como resultado de las perforaciones realizadas y substancias contaminantes vertidas en las quebradas, los campesinos inteños comenzaron a percibir efectos nocivos sobre la salud de los niños que se bañaban en los ríos, enfermedades en el ganado y otros contratiempos. La población local inició un proceso de organización, cuyo motor en un principio fue la necesidad de obtener información acerca de lo que estaba pasando a sus espaldas. Eran los tiempos de la Bishi Metals, una multinacional japonesa, que quedó en el recuerdo como un juego de niños comparando su actuación en la zona con lo que más tarde vendría.

En ese contexto nació Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), una organización de base que coordina programas de educación y protección ambiental que incluyen un programa de protección de cuencas de agua y la conformación de la Reserva Comunitaria Junín, además de muchas otras iniciativas ambientales y sociales.

Los moradores de las comunidades de Cerro Pelado, Junín, El Triunfo, Villaflora, Cuaraví, La Armenia, Cazarpamba y Barcelona, las más afectadas por el proyecto minero, vienen ratificando desde los comienzos del ingreso de las empresas transnacionales mineras su decisión de no permitir su actividad en sus tierras. Hasta el día de hoy las empresas mineras no han podido iniciar los trabajos propiamente mineros, pues las concesiones se encuentran ubicadas dentro de la Reserva Comunitaria Junín, un área de bosques primarios de inmenso valor biológico situados en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, una de las más importantes del Ecuador. Además, estos bosques nublados forman parte de la bioregión Chocó y constituyen el hot-spot Andes Tropicales, el sitio biológicamente más candente entre los 34 hotspots más importantes del mundo. Esta reserva es protegida por las comunidades con gran celo.

La historia de la resistencia en contra de la minería en Intag no puede concebirse sin otros pilares organizativos, y con la suma de una serie de afortunados acontecimientos, uno de los cuales fue la elección en el año 1996 del Economista Auki Tituaña, un carismático dirigente indígena, como Alcalde de Cotacachi. El Alcalde impulsó un proceso político participativo real, que permitió entre otras muchas cosas la promulgación, por iniciativa de los moradores de Intag, de una Ordenanza Municipal que declara a Cotacachi Cantón Ecológico (texto disponible en: accionecologica.org/descargas/ areas/otros/documentos/ordenanza.doc), una normativa única en Latinoamérica y quizás en el mundo, encaminada a proteger los recursos naturales y para ello a obstaculizar la minería.

Muchas fueron las circunstancias, pero los hechos definitivos que terminaron con los días de la Bishi Metals en Intag fueron la toma de su campamento por parte de los habitantes de las comunidades que iban a ser afectadas por el proyecto minero: se expulsó a los guardianes, se retiraron las pertenencias de la empresa que fueron entregadas al Alcalde en custodia, se desmontó el campamento minero y lo que sobró, se quemó. Esto costó un juicio a algunos de los participantes en estos hechos, que fueron denunciados no por la empresa, que más o menos de mala gana pareció aceptar la voluntad del pueblo, sino por el Estado ecuatoriano, concretamente por el Ministerio de Energía y Minas. Como nunca pudo demostrarse que existiera culpabilidad de los campesinos por estos hechos, tras un largo proceso judicial, en 1999 quedaron definitivamente sobreseídos.

En este punto hay que señalar que en Ecuador, la Ley de Minería vigente fue financiada por el Banco Mundial a través del Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA), durante cuya ejecución se cometieron una serie de irregularidades a las propias normas ambientales del Banco Mundial, que fueron denunciadas en su momento por la DECOIN, resultando dicha denuncia en una investigación del proyecto por el mismo Banco.

Las áreas de concesión minera en la zona de Intag reciben el nombre de Golden 1, Golden 2 y Magdalena 1. Se trata de 7.000 hectáreas de concesiones mineras que, después de la salida de la Bishi Metals, fueron adquiridas por la compañía minera canadiense Ascendant. Hoy día las concesiones de Ascendant suman 22.500 hectáreas en la zona de Intag.

Según testimonios de los pobladores, con la entrada de esta compañía minera a la zona de Intag comienza la peor pesadilla que se haya vivido jamás en la región. La peor consecuencia es el conflicto social despertado por los ofrecimientos de relacionadores comunitarios --intermediarios entre la compañía y las comunidades por medio de organizaciones de desarrollo ficticias (primero Consejo de Desarrollo de García Moreno CODEGAM, después Organización de Desarrollo de Intag ODI), que provocó un conflicto que enfrenta entre sí a parientes, amigos y vecinos.

El Alcalde Tituaña se dirigió a la empresa en una carta abierta (15 de Diciembre de 2004), detallando su incumplimiento con las leyes: “Desde los primeros días de la presencia de Ascendant Exploration en nuestro Cantón, […] sus funcionarios no han informado a ninguna instancia de sus planes, ni han solicitado la autorización respectiva para realizar sus actividades dentro de nuestro territorio. Por otro lado, la gravísima falta de consultar con las comunidades potencialmente afectadas sobre el proyecto minero que su empresa persigue, constituye una ineludible violación a derechos constitucionales del Ecuador, violación que jamás dejaremos impune. […] se ha irrespetado la voluntad de comunidades, así como los planes de desarrollo locales elaborados participativamente con los actores sociales del cantón. Adicionalmente hemos recibido […] amenazas de muerte a líderes que luchan en contra de la minería”. Uno de los aspectos que se cuestiona fuertemente es la validez de las concesiones mineras.

Denuncias realizadas por los moradores ante los organismos de derechos humanos incluyen ofrecimientos de dinero a los presidentes de las comunidades a cambio de su firma a favor de la minería, presencia de guardaespaldas y paramilitares fuertemente armados con pistolas, gas y bombas lacrimógenas, que en varias ocasiones realizan disparos sobre los comuneros, pagos para la asistencia a reuniones convocadas por la minera, presiones para que los asistentes firmen papeles en blanco, contratación de tercerizadoras no autorizadas, reiteradas invasiones de la propiedad privada.

La concesión minera está situada en un área habitada por colonos de 5 comunidades (unas 150 familias), que deberían ser desalojados por el proyecto. Tradicionalmente, a los campesinos les ha resultado difícil escriturar sus posesiones, presentándoseles diferentes obstáculos relacionados con la documentación a presentar y la justificación de sus derechos sobre la tierra. Poco después de la llegada de las mineras, reconocidos traficantes de tierras, es decir, personas que profesionalmente se dedican a adjudicarse posesiones y demostrar con documentación falsa sus derechos sobre las mismas, han intentado repetidamente posesionarse ilegalmente y escriturar tierras situadas sobre las minas y en los alrededores, lo que han logrado en ocasiones en cuestión de días gracias a la complicidad de funcionarios corruptos. También se han realizado compras ilegales dentro de áreas de Patrimonio Forestal del Estado, o de áreas de protección minera o incluso de tierras cuyos vendedores ya las habían vendido con anterioridad a otras personas a precios inferiores. Por todas estas confusiones, la Comisión Anticorrupción (CCCC) realizó una exhaustiva investigación a punto de concluir en los próximos días.

Desde septiembre de 2006, las comunidades locales condenan los reiterados y sistemáticos intentos por parte de la minera de desprestigiar y calumniar a personas y organizaciones que han tomado una posición en contra de la minería. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), una de las formas más agresivas en las que se han manifestado estos intentos es por medio de una campaña de denuncias sistemáticas en contra de diferentes líderes y campesinos, que se han interpuesto tras cada intento de ingreso a las concesiones mineras por parte del personal de la compañía o sus allegados.

Por el curso de los acontecimientos descritos, la oposición a la minería en la zona ha ido creciendo hasta hoy día contar con la unánime oposición de todos los gobiernos locales de la región. Cada uno de los siete gobiernos parroquiales de la zona de Intag y también el gobierno de la provincia así como las comunidades dentro de los límites y adyacentes a las concesiones de la minera, han expresado públicamente su oposición al proyecto minero.

Además de resistir a la minería, el interesante proceso organizativo que se ha dado en la zona de Intag ha permitido mejorar la producción de café orgánico, que se exporta casi en su totalidad a Japón a un precio justo que se mantiene a pesar de las fluctuaciones del mercado. Otros grupos organizados elaboran productos artesanales, como los confeccionados con fibra de cabuya (sisal), bordados a mano, jabones a base de Aloe vera y otros productos naturales. En la comunidad de Junín, centro de la resistencia, existe una iniciativa de turismo comunitario que agrupa a la mayoría de las familias de la comunidad y que recibe una media de más de 650 turistas al año, generando beneficios significativos. Además, se ha conformado un grupo de guardabosques que vela por la protección del medio ambiente y la integridad de los bosques primarios, las aguas y la biodiversidad.

Hombres, mujeres y jóvenes se han agrupado en diferentes organizaciones, cada grupo con propósitos definidos. El proceso de resistencia a la minería además, ha dado como fruto una generación de orgullosos líderes y lideresas, conscientes y preparados, conocedores de sus derechos. La posición común en la zona es No a la Minería, y no es negociable. Es por el medio ambiente, por el agua, por la vida y por las futuras generaciones. Es por el bosque nublado, el gallo de la peña, el oso de anteojos y miles de especies más.

A nivel político, el proceso que está viviendo el Ecuador es una puerta abierta al triunfo definitivo de este proceso que ya dura 12 largos años. El diálogo está abierto. Muchas esperanzas están depositadas en la Asamblea Constituyente, aunque como nos han explicado en Intag “No podemos esperar a la Constituyente, ésta es una lucha diaria”. Y tampoco los intereses económicos duermen.

A fines del año pasado la consultora noruega Norconsult obtuvo un contrato de US$ 1,5 millones para supervisar la construcción de la represa Xeset 2 en el sur de Laos. Norconsult obtuvo el contrato, que está financiado por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad), sin que hubiera licitación.

Norconsult tiene mucha experiencia en el río Xeset pues trabajó en la planificación y la construcción de la represa Xeset 1, de 45 MW, finalizada en 1991, con financiación de Suecia, Noruega, el Banco Asiático de Desarrollo y el PNUD. Durante la estación seca la represa Xeset 1 prácticamente no produce electricidad a causa del caudal restringido del río Xeset.

Ocho años después de la finalización de Xeset 1 se volvió a contratar a Norconsult para un estudio de factibilidad de las represas Xeset 2 y Xeset 3. Para ayudar a cubrir el costo del estudio, Norad proporcionó US$ 1,8 millones. Las represas Xeset 2 y Xeset 3 están aguas arriba de Xeset 1; al transferir al río Xeset las aguas de ríos cercanos aumentará la cantidad de agua que pase por las turbinas de la represa Xeset 1. Al igual que con la represa Xeset 1, la mayor parte de la electricidad de la represa Xeset 2, de 76 MW, se exportará a Tailandia.

La construcción de más represas para intentar resolver los problemas de las represas existentes es obviamente una propuesta muy atractiva para una empresa consultora en el sector de la construcción de represas como Norconsult. Pero más represas significa más destrucción de ríos y pesquerías y del sustento de la población local.

Hace dos años Phetsavanh Sayaboulaven realizó una serie de entrevistas con aldeanos de la zona de la represa Xeset 2. Las personas que viven en la zona son en su mayoría indígenas, principalmente de los grupos étnicos Jru (Laven) y Kouay. Una persona dijo a Phetsavanh: “No queremos que construyan la represa pues le hará mucho mal a nuestra tierra y al ambiente. La indemnización oficial no será adecuada, como en el caso de la represa Houay Ho. Pero no nos atrevemos a oponernos a los funcionarios del gobierno”.

China tiene un importante papel en la represa Xeset 2. El Banco de Importaciones y Exportaciones de China financia el 80% del proyecto de US$ 135 millones, y del resto se encarga Électricité du Lao. El principal contratista es Norinco (China North Industries Corporation), empresa más conocida como importante fabricante de armas que como constructora de represas. La construcción de la represa Xeset 2 está en curso y su finalización está prevista para 2009.

Cuando Norinco empezó a construir la represa los aldeanos comenzaron a robarle. Barras de hierro, tejas y grandes cantidades de combustible desaparecieron del sitio de la construcción. Algunos aldeanos se enriquecieron rápidamente. El robo puede verse como una forma de resistencia a la represa o como un intento de los aldeanos de garantizar que al menos tendrían alguna compensación. Los laosianos que trabajaban para la constructora china ayudaron a los aldeanos a robar combustible. El despido de los trabajadores laosianos no cambió nada pues las personas contratadas para sustituirlos también ayudaron a los ladrones. La situación se volvió violenta cuando unos aldeanos mataron a un trabajador chino que intentó impedir que robaran combustible.

El gobierno de Laos, probablemente en un intento de enfriar la situación en el sitio de la construcción, se aseguró de que los aldeanos recibieran alguna indemnización. Investigaciones recientes en Laos indican que los aldeanos de la zona inmediata a la obra recibieron en total unos US$ 150.000 como compensación por tierras y plantas de café perdidas.

Pero quienes hasta ahora no han sido afectados por la construcción no han recibido nada. Los más de 12.500 aldeanos que viven a lo largo del río Tapoung se enfrentarán a una grave reducción del caudal cuando las aguas se desvíen al embalse de Xeset 2. Estas personas no saben si recibirán indemnización alguna ni cómo se calculará si es que esto ocurre.

Los aldeanos usan el agua del río Tapoung para el cultivo de arroz en la estación seca. Plantan en las riberas y las tierras cercanas al río y producen una gran variedad de cultivos. A lo largo del río Tapoung crecen muchas plantas silvestres, algunas de ellas comestibles o medicinales. Pescado, camarón, cangrejos y caracoles son una importante fuente de proteína para la población local. Para muchos aldeanos el río es también la principal fuente de agua potable durante la estación seca. “Si construyen la represa y hacen que el agua no fluya más a este río estaré muy triste”, expresó una anciana a Phetsavanh. “El río me ha alimentado desde la niñez hasta mi avanzada edad”.

Cuando Norconsult decidió en 1999 que las represas Xeset 2 y 3 eran viables, sus consultores sabían que la empresa se iba a beneficiar con contratos futuros gracias a esta decisión. Cuatro años después la decisión de Norconsult fue rebatida cuando un estudio financiado por el Banco Asiático de Desarrollo determinó que las represas Xeset 2 y 3 “no eran viables”. Norconsult no hizo comentarios cuando pregunté cómo podía ser que sus consultores hubieran llegado a la conclusión opuesta.

La perversa situación en la meseta de Boloven es que una empresa consultora noruega se está beneficiando con “asistencia” noruega, una empresa constructora china se está beneficiando con “asistencia” china y los aldeanos de Laos tienen que pagar los costos de esta destrucción de ríos y formas de vida y sustento.

- Políticas sobre “deforestación “evitada” y pueblos indígenas y comunidades locales: se necesita un urgente debate sobre sus potenciales impactos sociales

La conservación de los bosques vuelve a la agenda internacional del clima... ¡a lo grande!

Cada vez más gobiernos del Norte y el Sur, agencias bilaterales de desarrollo, bancos multilaterales de desarrollo y grandes ONG conservacionistas arguyen que habría que compensar a los “países” por la protección de los “reservorios de carbono” en los bosques. Según algunas propuestas, los planes de protección de los bosques de los gobiernos del Sur generarían derechos de contaminación que estos gobiernos podrían vender a las industrias del Norte para permitirles que continúen con sus prácticas contaminantes de siempre.

Prácticamente todos los entusiastas de tales políticas de “deforestación evitada” rechazan el enfoque “proyecto por proyecto” de conservación de los bosques. Para esta opción de política, que en la terminología oficial de la Convención sobre Cambio Climático se conoce como Reducción de emisiones de la deforestación (RED), lo que quieren es planes nacionales o regionales que abarquen grandes superficies de bosque. Con esto, alegan, se reducirían los costos de supervisión, pues es mucho más barato medir la deforestación desde un satélite que visitar cantidades de proyectos diferentes sobre el terreno.

Quienes proponen la “deforestación evitada” (DE) dicen también que acreditar los “países” en tanto agentes responsables de salvar los bosques contribuiría a promover un enfoque más amplio de las políticas forestales nacionales, que a su vez podría ayudar a impedir que la protección del bosque en un lugar lleve a la deforestación en otra parte del mismo país.

No obstante, con toda la excitación en torno a la DE se ha prestado relativamente poca atención a los riesgos y problemas sociales y al impacto potencial sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales que dependen de los bosques para su sustento, cultura y bienestar. Los movimientos y activistas por los bosques tendrán que participar en este debate debido al gran impacto que podría tener sobre sus bosques ancestrales y sus derechos y libertades fundamentales.

Algunos gobiernos, entre los que se destaca el de Brasil, proponen que los incentivos económicos para que los países en desarrollo protejan los bosques deben proceder de un fondo internacional especializado creado con dinero público de países donantes. En el informe del gobierno británico Stern Review on the Economics of Climate Change (“Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático”) publicado a principios de 2007, el ex economista del Banco Mundial sir Nicholas Stern recomienda que “... el apoyo internacional a la acción de los países para impedir la deforestación debe empezar en cuanto sea posible...” mediante planes piloto que “... podrían basarse en fondos [creados] con contribuciones voluntarias de países desarrollados, empresas y ONG”. Stern sugiere que los fondos públicos para la DE podrían destinarse allí donde sean más beneficiosos en un país y utilizarse para trabajar en la reducción de la pobreza y las causas subyacentes de la deforestación.

Por otra parte, grandes ONG conservacionistas, empresas de “finanzas del carbono” y “forestación del carbono” y algunos gobiernos del Sur como Costa Rica y Papúa Nueva Guinea alegan que los fondos públicos nunca brindarán suficiente dinero para garantizar la financiación adecuada y sostenida de la deforestación evitada. Este grupo sostiene que solamente un comercio global de créditos de contaminación podría proporcionar fondos suficientes para planes RED efectivos. Entre los defensores del comercio de DE se encuentran cada vez más consultores de empresas de finanzas del carbono ansiosos por ganar mucho dinero con el comercio del carbono de los bosques, como por ejemplo EcoSecurities. Estas compañías y estos empresarios, junto con varios científicos forestales, grandes ONGs y el Banco Mundial, están ahora dedicados a ejercer una fuerte presión sobre los gobiernos donantes para convencerlos de que brinden apoyo legal e institucional a los mercados mundiales de carbono de los bosques.

En relación con el financiamiento mundial de la retención del carbono de los bosques, el Banco Mundial apoya una mezcla de enfoques públicos y de mercado. El Banco se está moviendo con rapidez intentando captar todo nuevo fondo para la deforestación evitada como componente central de su controvertida propuesta de una nueva Alianza Forestal Mundial (GFA) con grandes ONGs conservacionistas como The Nature Conservancy, Conservation International y el WWF. En el marco de la GFA el Banco pretende establecer planes piloto de deforestación evitada en cinco países tropicales en virtud de su propuesta Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) y solicitó al Grupo de los 8 países más industrializados que respalde esta iniciativa en su próxima cumbre, que se realizará en Alemania en junio de 2007.

Mientras tanto, el Banco ya está invitando a los gobiernos de Papúa Nueva Guinea, Costa Rica e Indonesia y a organismos regionales de Brasil y la República Democrática del Congo a financiar la protección de los bosques mediante la deforestación evitada. En mayo de 2007 el Banco Mundial procuró persuadir a estos países de firmar acuerdos para limitar las emisiones de carbono causadas por la deforestación para 2009 o 2010 a cambio de US$ 250 millones en inversiones.

Sin embargo parece que una vez más los planes del Banco Mundial, los gobiernos y las ONGs para combatir la deforestación en lo nacional, así como sus propuestas de incluir la conservación en la economía mundial del carbono, se están elaborando con poca o ninguna participación informada de los pueblos de los bosques que podrían resultar afectados. Durante una reunión realizada recientemente en Oxford, el Programa por los Pueblos de los Bosques recibió una desagradable sorpresa al oír de los consultores forestales que los derechos humanos y los problemas de los pueblos indígenas son un “asunto lateral” y una “distracción” de las políticas de protección de los bosques. Admiten que desgraciadamente algunos pueblos indígenas podrían resultar “destrozados”... ¡pero este puede ser el precio que hay que pagar para lograr el objetivo más importante de retardar el cambio climático!

Sin embargo, cualquier expansión e instrumentación rápida de los planes de DE sin la participación de los pueblos de los bosques y sin la debida consideración a los derechos y asuntos sociales corre el riesgo de repetir los errores anteriores de las fracasadas iniciativas mundiales para enfrentar la deforestación tropical (como el Plan de Acción Forestal en los Trópicos (PAFT) dirigido por la FAO y el Banco Mundial en la década de 1980). [i]

Quienes apoyan los nuevos planes de “deforestación evitada” alegan que las tasas de compensación deben ser superiores a las ganancias de otros usos de la tierra que causan directamente la deforestación (como la expansión de la palma aceitera, las plantaciones industriales de árboles, la conversión a la agricultura, la extracción de hidrocarburos, etc). Según cifras actuales, cada año los gobiernos podrían ganar cientos o incluso miles de millones de dólares por no cortar los bosques.

Dichas sumas podrían llegar a ser suficientemente elevadas como para crear incentivos para que las autoridades de los bosques estatales y las zonas protegidas expulsen de los bosques a quienes consideren “invasores”. En su afán de recibir pagos compensatorios por mostrar a los satélites que el bosque ya no se tala ni se quema, los organismos de protección de los bosques excesivamente puntillosos podrían sentir la tentación de expulsar a los agricultores itinerantes e impedir cualquier uso del bosque por parte de los habitantes tradicionales del bosque y otras comunidades que de él dependen.

Políticas forestales impuestas desde arriba y el regreso de la “conservación con pistolas y guardianes”

Entre los posibles resultados se cuentan el aumento del control del Estado sobre los bosques, que se culpe injustamente a los pueblos indígenas y marginales de ser las “fuerzas motoras” de la deforestación, la violación de derechos consuetudinarios sobre la tierra y territoriales, la división del bosque en zonas a cargo del Estado y las ONGs sin participación informada de los habitantes del bosque, la imposición desigual de los costos de la protección del bosque a los pueblos indígenas y las comunidades locales mediante contratos comunitarios desiguales y abusivos, especulación de bienes raíces, usurpación de tierras y conflictos por la tierra (empeorados por demandas rivales de compensación DE), corrupción y malversación de fondos internacionales por parte de las élites nacionales y mayores desigualdades y conflictos potenciales entre beneficiarios y no beneficiarios de fondos DE.

Entre quienes proponen los nuevos planes DE hay quienes quieren, como el gobierno de India, que los planes de reforestación y regeneración natural también reciban compensación, igual que la conservación de los bosques. Esta idea se denomina Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD). Otros señalan que la inclusión de planes de reforestación plantearía los mismos problemas científicos y sociales que se asocian con los muy criticados proyectos de compensación de carbono que implican la plantación de árboles. [ii] También surgirían dudas en cuanto a qué cuenta como “degradación”. Otros defensores influyentes de la DE como Brasil sostienen que los planes globales deben limitarse a la deforestación solamente (RED).

Un problema de la DE es que requiere que se mida cuánto bosque se ha salvado por encima del “umbral” de una tasa de deforestación del tipo “negocios normales”. Dicha tasa, por supuesto, será determinada por un reducido círculo de especialistas técnicos, con todas las posibilidades de corrupción intelectual que ello implica.

Los planes que incluyen el comercio de carbono tienen otro problema. Algunas organizaciones de pueblos indígenas y campañas por la justicia social han cuestionado la ética, política y ciencia del comercio de existencias de carbono en el mercado internacional. [iii] Estos críticos no aceptan la idea de que el cambio climático pueda o deba resolverse permitiendo a los emisores industriales y corporativos del Norte comprar a los gobiernos de los países del Sur que tienen muchos bosques el “derecho” a seguir contaminando. También rechazan la noción de que el valor de los bosques pueda reducirse al valor monetario de sus reservas de carbono y destacan que para su gente los valores culturales y espirituales no monetarios de sus bosques tienen la mayor importancia y deben respetarse. Sostienen que el comercio de créditos de carbono no es práctico porque no enfrenta la causa principal del cambio climático: continuación y aumento de las emisiones de combustibles fósiles. [iv]

Luego está la cuestión de la propiedad y la soberanía: ¿Pueden los compradores extranjeros “adquirir” reservas de carbono en bosques en pie que no pertenecen al Estado ni a propietarios individuales sino que más bien son una posesión colectiva según las leyes consuetudinarias y el título aborigen? En tales casos, ¿cómo y en qué términos se obtendría el consentimiento previo?

Hay quienes argumentan que con un fondo público podrían evitarse muchos de los problemas científicos, legales y éticos asociados con un mercado global del carbono –aunque no la cuestión esencial de permitir que los contaminadores sigan contaminando. Además, los fondos públicos y de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) para planes DE mundiales y nacionales en gran escala podrían acarrear también riesgos sociales. Ante ello, quienes apoyan la idea responden que si estos riesgos pueden eliminarse o reducirse, las políticas DE y un aumento de la financiación por fuera del comercio del carbono podrían ofrecer algunas oportunidades importantes a los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de los bosques. Sin embargo, poco se dice acerca del pleno respeto de sus derechos o sobre sus prioridades y capacidad de toma de decisiones en el diseño y la instrumentación de las políticas de deforestación evitada.

En caso de que estos esquemas fueran instrumentados, las políticas AD deberían al menos incluir sólidas garantías, que puedan hacerse cumplir localmente, de que se respetarán los derechos humanos y se abordarán los asuntos relacionados con la igualdad, el gobierno y los derechos. Las promesas vagas de que todos esos asuntos se resolverán con la futura certificación de los bosques RED, como alegan muchas ONGs conservacionistas y el Banco Mundial, no alcanzan. Deben establecerse garantías seguras de que se respetarán los derechos de los pueblos de los bosques antes de que los gobiernos, los donantes internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo arremetan con los planes RED.

Se necesita un debate urgente sobre los aspectos sociales de las políticas de deforestación evitada

Como primer paso es esencial que los pueblos indígenas y otros movimientos de base participen plenamente, en lo nacional y en lo internacional, en el debate sobre los pro y los contra de la deforestación evitada en las políticas climáticas globales.

¿Quién decidirá cuáles zonas de bosque estarán o no en los planes DE nacionales? ¿Quién decidirá sobre la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad sobre los bosques incluidos en programas de deforestación evitada? ¿Quién determina cuáles son los bosques que podrían aspirar a un pago REDD y en qué forma? ¿Cómo habría que usar los bosques protegidos? ¿Qué actividades se permitirían y cuáles serían prohibidas en los bosques protegidos con el fin de recibir una compensación DE? ¿Quién recibirá los pagos compensatorios? ¿Beneficiarán realmente a los habitantes locales estos planes?

Este debate debe comenzar sin dilación para que los pueblos de los bosques puedan evitarse una nueva ronda de políticas forestales mundiales y nacionales impuestas de arriba a abajo que no toman en cuenta sus derechos ni sus intereses. Los movimientos por los bosques deben organizarse para debatir estos asuntos, desafíos y oportunidades lo más pronto posible de modo de poder comprometer a los gobiernos y responsables de las políticas. Sin esto, lo más probable es que no se respeten sus derechos en el diseño y la instrumentación de las futuras políticas de deforestación evitada.

Este artículo fue compilado por Tom Griffiths, Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP), correo-e: tom@forestpeoples.org. Hay más información sobre algunos de los problemas sociales planteados por las políticas mundiales para evitar la deforestación en el artículo Seeing RED: Avoided deforestation and the rights of Indigenous Peoples and local communities, disponible en inglés en: http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo
/avoided_deforestation_red_jun07_eng.pdf

[i] Véase Colchester, M y Lohmann, L (1990) The Tropical Forestry Action Plan: What Progress?, WRM y The Ecologist, Penang y Sturminster Newton.

[ii] WRM (2000) Climate Change Convention: Sinks that stink WRM, Montevideo

[iii] Foro Internacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales sobre Cambio Climático (2000) “Segundo Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático -Declaración de los Pueblos Indígenas sobre el cambio climático”, La Haya, 11 y 12 de noviembre de 2000;

[iv] Véase especialmente Lohmann, L (2006) “Carbon Trading: a critical conversation on climate change, privatisation and power”, Development Dialogue No.48 (setiembre de 2006)

En las últimas semanas Uganda ha sido testigo de protestas cada vez mayores contra los planes del gobierno de entregar a SCOUL [Sugar Corporation of Uganda Limited] más de 7.100 hectáreas del Bosque Mabira, reserva natural desde 1932, para el cultivo de caña de azúcar. La tala del bosque podría devastar un medio ambiente frágil y desencadenar la erosión del suelo, resecar el clima y dejar el lago Victoria a merced de la contaminación al eliminar esta zona de amortiguación. Las protestas públicas y la opinión de asesores técnicos, profesionales y especialistas en contra del proyecto culminaron en la renuncia del Directorio de la Autoridad Forestal Nacional y de altos funcionarios técnicos. El nuevo Directorio, nombrado en diciembre de 2006, está en proceso de aprobar nuevos repartos de bosques para fines comerciales, como ocurre con Kitubulu en Entebbe, Buyaga (Lyantonde), Mpanga (Fort Portal), Nebbi, Arua, Ntungamo, Kitgum y Bobi, entre otros.

Los ugandeses que viven cerca del Bosque Mabira temen que su modo de vida se trastoque. Como dijo Haruna Salongo, de 48 años de edad, “[el bosque] Lo es todo: significa leña, carbón, plantas medicinales, frutos comestibles, madera, y además atrapa la lluvia y alimenta los ríos. No podemos vivir sin él”.

“El Bosque Mabira es parte de nuestro patrimonio y el futuro de nuestros hijos. Mabira es un bosque de madera dura que proponen cortar para producir azúcar en Uganda. Es uno de los bosques más biodiversos que quedan en África. Tiene también valor agregado para las comunidades que habitan el bosque y sus alrededores. El valor del bosque para Uganda y su pueblo está más allá del valor de los árboles, pero se trata también de un lugar frecuentado por turistas para la observación de aves, paseos y otras actividades; tiene valores culturales e históricos; tiene un impacto significativo sobre el medio ambiente en tanto sistema natural de filtrado de agua y regulador natural del clima global”, expresaron miembros de Save Mabira Crusade (SMC), una red de varias personas, ONGs, dirigentes cívicos, religiosos y culturales e instituciones académicas, organizaciones políticas y comunidades locales que se han unido en el intento de impedir la entrega de Mabira y otras reservas forestales de Uganda.

A pesar del aumento de la oposición a la plantación azucarera y, según la prensa local, el 80% de los parlamentarios que votarían en su contra, el Presidente Museveni se mantuvo en sus trece. “El aumento de la producción de azúcar haría aumentar el empleo, el ingreso por exportaciones y el ingreso tributario, esenciales si Uganda ha de tener dinero para reglamentar y proteger el medio ambiente”, declara Museveni. Los residentes de Mabira se muestran escépticos frente a las promesas de empleo y hacen alusión a los habitantes de la isla de Bugala, en el lago Victoria, que el año pasado fueron convencidos de entregar parte de su bosque prístino a Bidco, una empresa keniata de palma aceitera. Bidco plantó 4.000 hectáreas de palma, sobre todo en zonas antes cubiertas por bosques que la empresa arrasó, según cuentan los locales. El Estado acordó entregar a Bidco otras 2.000 hectáreas de tierra boscosa mediante la revocación de la protección que confiere la calidad de reserva natural, pero la reacción pública hizo que esto no ocurriera. Los residentes dicen haber perdido recursos vitales como madera, medicinas, y agua fresca y sin embargo no vieron empleos ni dinero.

"Nos prometieron montones de cosas”, dijo Joyce Nakirijja, residente de Bugala de 70 años de edad, sentada en su granja en medio de los bananos. “Nuestros nietos iban a tener trabajo y se construirían nuevos caminos, escuelas y hospitales. Era mentira: tenemos caminos de tierra y la empresa importa trabajadores del continente”. Otro problema, explicó, era que los monos que perdían su hogar debido a la deforestación estaban asolando los cultivos locales.

El 12 de mayo de 2007 los dirigentes de la red SMC organizaron una manifestación contra la entrega del Bosque Mabira. Lo que tenía que haber sido una manifestación pacífica terminó en caos y se perdieron cinco vidas, algunas propiedades resultaron destruidas, hubo heridos y más tarde muchos dirigentes fueron arrestados y detenidos. Ahora deben enfrentarse en tribunales a varios cargos, que van del asesinato a la participación en una “manifestación ilegítima” a pesar de que la policía sabía de la manifestación y había dado su visto bueno. Se presentarán ante el juez para responder a los cargos en su contra el 28 de junio y el 26 de julio.

Sin embargo, luego de tanto dolor hay buenas noticias. El 22 de mayo el gobierno de Uganda anunció que había desistido de sus intenciones de entregar la Reserva del Bosque Mabira Central para el cultivo comercial de caña de azúcar.

Artículo basado en: “Legal Questions Over Plan to Give Away Mabira Forest”, “Save Mabira Forest in Uganda”, “Mabira Forest Crusade – Court”, “Uganda Govt. Gives up Mabira Sale!”, NAPE, http://www.nape.or.ug/

- Brasil: por qué las mujeres Sin Tierra se oponen a los monocultivos de eucalipto

La lucha entre dos proyectos de agricultura se ha intensificado en el Brasil. Por un lado, el proyecto del agronegocio basado en la concentración de grandes extensiones de tierras, en la producción para exportación, en la gran escala de producción y en la producción de monocultivos, principalmente de soja, de eucalipto y de caña. Por otro lado, varios movimientos sociales de Via Campesina en el Brasil, que defienden la Reforma Agraria y un modelo de agricultura basado en la agroecología, la producción para el fortalecimiento del mercado interno, la agricultura familiar y campesina, la producción diversificada, la cooperación y el cambio de la matriz tecnológica y productiva.

Es ese contexto el que nos da el fundamento para entender la lucha de las mujeres de Via Campesina en el Brasil contra los impactos sociales y ambientales de la producción de eucalipto en forma de monocultivo.