Ecuador:
levantamiento por un país libre de minería a gran escala
Las comunidades ecuatorianas
afectadas por la minería convocaron a un Levantamiento Minero para
el 5 de Junio, Día del Medio Ambiente. Se establecieron diferentes
puntos de resistencia repartidos por la geografía nacional en Imbabura,
Quito, Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro, Zamora y Morona. A pesar
de que la protesta se desarrolló en forma pacífica, la fuerza pública
reprimió a las comunidades en Levantamiento durante los primeros
días, especialmente en Tarqui, Victoria del Portete, Molleturo y
San Carlos-Balao, causando la indignación de la población frente
a los brutales atropellos cometidos por la policía, acerca de cuyas
responsabilidades se está exigiendo investigación y sanción.
De todas formas, el Levantamiento
fue todo un éxito, al haber movilizado a miles de afectados por
los megaproyectos mineros en los sitios de mayores conflictos en
el país. Esto fortaleció la decisión de las comunidades y organizaciones
constituidas como Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida
y la Soberanía, para continuar luchando hasta conseguir los objetivos
propuestos en la plataforma de lucha y avanzar hacia la declaración
de Ecuador como “país libre de minería a gran escala”. Además, los
esfuerzos desplegados por las comunidades sirvieron para tematizar
definitivamente el problema minero tanto a nivel nacional como internacional.
Uno de los puntos que
más preocupa a las comunidades en resistencia en contra de la actividad
minera en el país es la falta de decisión política del gobierno
para respetar y hacer respetar la Constitución y los intereses colectivos
de los ecuatorianos frente a la terrible amenaza que pesa sobre
las vidas de las comunidades afectadas, con la omnipresencia de
las transnacionales mineras y con su inminente actividad en algunos
de los casos. Lo que defienden las comunidades al situarse en contra
de la minería son sus derechos, su agua, sus bosques y un medio
ambiente sano para las futuras generaciones. Las empresas mineras
por su parte, se han apoyado en la fuerza pública o por sus propios
cuerpos de seguridad, y en un enjambre de los llamados "relacionadores
comunitarios", acosando y amedrentando a los dirigentes y comunidades,
creando un estado permanente de inseguridad y violencia (ver Boletín
Nº 118).
En la provincia amazónica
de Zamora, el cantón Yantzaza se encuentra totalmente cubierto por
las concesiones mineras. Esta zona de una rica y diversa flora y
fauna únicas en el mundo, tiene aún frondosos bosques que han logrado
sobrevivir a los embates de la lógica depredadora que impera desde
épocas de la conquista. Zamora Chinchipe es además cuna de pueblos
originarios y ha acogido generosamente a miles de familias lojanas
y de otras provincias, desplazadas por la deforestación y su consecuente
sequía y otras situaciones críticas. La cultura agrícola que han
desarrollado en las cuencas fértiles de los ríos les permite gozar
de autosuficiencia alimentaria y proveer de alimentos sanos a otras
zonas del país. La Red de Defensa de la Naturaleza, la Dignidad
y la Vida de esta provincia manifiesta: “Queremos que el estado
establezca políticas que nos ayuden a enraizarnos y quedarnos en
nuestros pueblos, viviendo en un país al que soñamos ecológico,
agrícola y no minero”.
En los flancos occidentales
de los Andes, las comunidades de la zona noroccidental de Intag,
en la provincia Imbabura, defienden también un bosque tropical nublado,
hábitat de una biodiversidad única en el mundo. Gracias a un proceso
organizativo alternativo pionero en el país, las comunidades de
esta parte han desarrollado diversidad de actividades productivas
que consolidan el proceso en contra de la minería, que significaría
no sólo el desplazamiento de familias y comunidades para dar paso
al proyecto minero, sino también la destrucción de estas valiosas
selvas.
También desde la Coordinadora
Nacional manifiestan su “decisión de presionar al gobierno para
que éste se decida a actuar en favor de su pueblo”. La actividad
antiminera se está viendo dificultada en los últimos días, tras
la renuncia del Ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, quien
en un principio parecía dispuesto a apoyar a las comunidades y que
por momentos fue visto como un posible gran aliado dentro del gobierno,
a pesar de que no llegó a dar pasos concretos para retirar ninguna
de las concesiones mineras, que es uno de los reclamos firmes de
las comunidades afectadas. Con toda seguridad, fueron las presiones
de diferentes grupos de interés las que sacaron al Ministro Acosta
esta semana de su cargo para postularse como Asambleísta de cara
a la Constituyente.
Con o sin Ministro aliado,
la lucha antiminera continúa convocando a todos los sectores de
la sociedad a ser parte activa en el Levantamiento que pretende
ser continuado a finales de este mismo mes de junio, en vistas a
detener la invasión de las transnacionales extranjeras que pretenden
saquear los minerales del subsuelo dejando en el país pobreza, desempleo,
contaminación ambiental y social. La Coordinadora Nacional insta
al gobierno a “que escuche el clamor de miles de familias que están
defendiendo su vida y la dignidad nacional y actúe en forma urgente
dejando sin valor las concesiones, suspendiendo inmediatamente las
actividades de las mineras transnacionales en todo el país y exigiendo
abandonen nuestras comunidades”.
De cara a la Constituyente,
otras medidas propuestas por las comunidades en resistencia, incluyen
entre otras declarar a toda la Amazonía así como al nacimiento y
riberas de las aguas como reservas ecológicas intangibles de los
intereses privados comerciales de extracción y explotación; que
el agua superficial y subterránea no pueda ser sujeta a ningún tipo
de privatización; nacionalización de los recursos naturales y uso
de acuerdo a las características ecológicas, sociales, culturales
y ancestrales de los pueblos y comunidades; indemnización inmediata
por los daños ecológicos, psicológicos y sociales causados por las
actividades mineras a las comunidades; un marco regulatorio para
mejorar las prácticas de minería artesanal; garantías para los agricultores
en cuanto a la posesión del suelo y subsuelo, garantizando su actividad
por encima de la extracción minera; garantías a las comunidades
para no ser desplazadas.
Por Guadalupe Rodríguez,
correo electrónico: guadalupe@regenwald.org
