Tupinikim
y Guaraní reconquistan sus tierras
Introducción
El 27 de agosto
de 2007, el ministro de Justicia, Tarso Genro, firmó las resoluciones
ministeriales de delimitación de las Tierras Indígenas Tupinikim
(14.227 hás.) y Comboios (3.800 hás.), totalizando 18.027 hás.
Según las resoluciones,
el gobierno brasileño reconoce que las tierras han sido tradicionalmente
ocupadas por los Tupinikim y Guaraní y que en los últimos 40 años
estuvieron ocupadas ilegalmente por Aracruz Celulose.
Fue una victoria
de la resistencia indígena contra el poder económico y político
de la empresa y de sus múltiples aliados. Una victoria de la vida
y una derrota, aunque sea localizada, del monocultivo y del desierto
verde. Una victoria también de la solidaridad nacional e internacional
que anima y llena de esperanza a todos aquellos que luchan por sus
derechos y creen en la construcción de una sociedad más justa e
igualitaria.
Durante estos
últimos 40 años ni los sucesivos gobiernos ni la empresa consiguieron
romper esta resistencia. El uso de la fuerza policial, los acuerdos
ilegales y las compensaciones financieras fueron insuficientes para
impedir que las comunidades indígenas continuaran luchando por la
recuperación de sus tierras y por la garantía de un territorio autónomo
sin la dependencia económica que la empresa siempre intentó imponerles.
La lucha de
resistencia
El proceso de
ocupación de las tierras indígenas por parte de Aracruz Celulose
comenzó a fines de los años 1960 y rápidamente causó una profunda
desestructuración en las formas sociales, económicas y culturales,
principalmente de los Tupinikim, que casi los llevó al exterminio.
De inmediato tuvo lugar la expropiación de sus tierras y la destrucción
de casi todas las aldeas (de unas 40 solo quedaron Caieiras Velhas,
Pau Brasil y Comboios). La sustitución de los bosques nativos por
eucaliptos inviabilizó sus prácticas tradicionales de subsistencia.
Arroyos y riachuelos se secaron y los pocos que quedaron sufrieron
la contaminación de sus aguas debido a los agrotóxicos utilizados
por la empresa.
Cercados por
los eucaliptos y con pocas alternativas de supervivencia económica
los Tupinikim y Guaraní decidieron actuar. En 1980, en plena dictadura
militar, realizaron la primera autodemarcación de sus tierras y
recuperaron 6.500 hás. Al año siguiente, un acuerdo entre los militares
y la empresa las redujo a 4.491 hás.
En 1993, los
indígenas reivindicaron ante la FUNAI la ampliación de las tierras.
Estudios del organismo, realizados entre 1994 y 1997, reconocieron
el derecho y la necesidad de una ampliación de las tierras en otras
13.579 hás. Sin embargo, el gobierno brasileño una vez más se sometió
a los intereses de la empresa y determinó, en 1998, la demarcación
de apenas 2.571 hás.
Sublevados con
la decisión del gobierno, los indígenas realizaron la 2ª Autodemarcación.
Cuando estaban por concluir la demarcación de las 13.579 hás., el
gobierno federal determinó la intervención de la Policía Federal.
Las aldeas fueron ocupadas por la policía, los defensores de la
causa indígena fueron aprehendidos y procesados y los caciques llevados
a Brasilia y obligados a firmar un Acuerdo ilegal con la empresa.
A cambio de la reducción de las tierras recibieron
compensaciones financieras.
Siete años después
los Tupinikim y Guarani decidieron romper este Acuerdo. El
19 de febrero de 2005, cerca de 350 indígenas, reunidos en Asamblea
General, con el lema “Nuestra Tierra, Nuestra Libertad”, resolvieron
recuperar las 11.009 hás. en poder de Aracruz Celulose.
El 17 de mayo
iniciaron la 3ª Autodemarcación. Pocos dias después reconstruyeron
las aldeas Olho D´Água y Córrego do Ouro, dos de las casi 40 aldeas
destruidas por la empresa a fines de la década del 60.
Al mismo tiempo,
el Ministerio Público Federal de Espíritu Santo (MPF-ES) inició
una investigación civil pública, en la que se constataron varias
ilegalidades en la demarcación de 1998. En seguida, envió recomendaciones
al Presidente de la República y al Ministro de Justicia para que
procedieran a la demarcación de las 11.009 hás. restantes.
A partir de entonces,
los indígenas llevaron a cabo una serie de acciones, con el objetivo
de exigir al Ministerio de Justicia el cumplimiento de las recomendaciones
del MPF-ES.
En 2005 ocuparon
las fábricas de Aracruz Celulose durante
2 días, una acción organizada por la Comisión de Caciques
que tuvo amplia repercusión internacional.
En enero de 2006
los indígenas fueron sorprendidos por una violenta operación de
la Policía Federal para cumplir una decisión judicial de reintegración
de tenencia a favor de la empresa. Esta acción, considerada irregular
por el MPF-ES, provocó la destrucción de las aldeas Olho D´Água
y Córrego do Ouro y dejó 13 indígenas heridos. Una de las principales
irregularidades señaladas fue la participación activa de Aracruz
Celulose, autora de la acción judicial y
consecuentemente beneficiada con su cumplimiento.
La operación
policial fue una “pifia” del gobierno federal y de la empresa, debido
a su repercusión internacional y a la acción que inició el MPF-ES
contra el gobierno federal por las innumerables irregularidades
existentes. El gobierno federal intentó corregir su error rápidamente.
En reunión pública en la Asamblea Legislativa de Espíritu Santo,
el entonces ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, prometió
concluir la demarcación de las 11.009 hás. antes de finalizar el
año 2006.
Sin embargo,
el proceso administrativo siguió sus etapas lentamente. Los indígenas
decidieron, entonces, llevar a cabo nuevas acciones de gran impacto.
En setiembre de 2006, durante 15 días, realizaron roza y quema de
100 hás. de eucalipto para demostrar que, contrariamente a las acusaciones,
no estaban interesados en los eucaliptos y que la lucha era por
la recuperación de las tierras. La reacción de la empresa fue inmediata.
Una campaña difamatoria y racista contra los indígenas invadió las
calles, las escuelas y el comercio de la ciudad de Aracruz, inclusive
involucrando a empresas de la región. Se colocaron carteles publicitarios
en las calles principales de la ciudad con textos racistas y ofensivos
contra los indígenas. Se realizaron dos manifestaciones importantes,
una en Aracruz y otra en la capital del estado, Vitória. Una acción
del MPF-ES, amparada por la Justicia, condenó a la empresa por delito
de racismo y difamación, lo que la obligó a dar marcha atrás. A
pesar de eso, la campaña ya había conseguido poner a parte de la
población de Aracruz en contra de los indígenas.
Debilitados,
pero no intimidados, los indígenas ocuparon el puerto por donde
se exporta la celulosa de la empresa (Portocel) para intensificar
la presión sobre el Ministro de Justicia. Pero, la empresa consiguió
movilizar a unos 1500 trabajadores tanto
de la empresa como de empresas tercerizadas para retirar a los indígenas
a la fuerza, lo que casi provocó una masacre de los indígenas.
En enero de 2007
el ex ministro de Justicia, a pesar de disponer de todos los elementos
necesarios para firmar las resoluciones ministeriales de Delimitación
de las tierras indígenas, devolvió los procesos a la FUNAI para
que dicho organismo buscara un entendimiento (acuerdo) entre las
partes. La FUNAI, a su vez, se negó a cumplir esta decisión,
pero la Justicia Federal de la ciudad de Linhares (ES) decidió asumir
la tarea e intimó a las partes a que celebraran
un acuerdo sobre las tierras. Tras dos intentos, frustrados por
la firme posición de los indígenas, se concluyó el proceso de negociación
y la decisión sobre la disputa se envió nuevamente al poder ejecutivo.
El 5 de julio
de este año, la FUNAI remitió el proceso al Ministerio de Justicia
y en esta ocasión el ministro, en un acto de mucha firmeza y habilidad
política, firmó las resoluciones garantizando a los Tupinikim y
Guaraní los derechos sobre las 11.009hás. de tierra y poniéndole
fin a una disputa de casi 40 años. Unos días antes los indígenas
habían reconstruido nuevamente las aldeas Olho D´Água y Areal como
una prueba más de su resistencia, coraje y determinación.
Por: Fabio Martins
Villas, correo electrónico:
fabio.villas@bol.com.br, Fase/ES y Red
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