Ecuador: gran éxito en contra de la minería en la zona de Intag
El 26 de septiembre de
2007 no será un día fácil de olvidar en Intag, la zona subtropical
antiminera del noroccidente del Ecuador. Después de meses esperando
una resolución al respecto, el Ministerio de Minas y Petróleos anunció
la suspensión de las actividades mineras de la compañía minera canadiense
Ascendant Copper, dueña de las concesiones
en la zona. La decisión del Ministro Galo Chiriboga se sustenta
jurídicamente en el hecho de que la empresa inició sus trabajos
incumpliendo la ley, al no haber solicitado las correspondientes
autorizaciones e informes del Municipio de Cotacachi.
Esta decisión afecta a
9.504 hectáreas de concesiones, e implica que la compañía minera
no puede realizar actividades mineras, administrativas y de relacionamiento
comunitario. Lamentablemente, la decisión no es definitiva, sino
que se mantiene hasta que la compañía renegocie el contrato y su
presencia en la zona, según el ministro Chiriboga. Otras concesiones
se encontrarían también en análisis por parte del gobierno.
Estos hechos demuestran
que cuando la voluntad popular es firme, y las circunstancias políticas
acompañan, es posible para las poblaciones conseguir éxitos en defensa
de su soberanía y de sus intereses. Decisiones similares podrían
producirse al respecto de otras concesiones mineras en otras partes
del país.
El sentir de las comunidades
de Intag afectadas por el proyecto minero y la presencia de la empresa
fue inicialmente pesimista, pues “es la cuarta vez que se anuncia
lo mismo, pero la empresa sigue en la zona”, como expresó el concejal
Luis Robalino, originario de Intag. Pero se fue tornando más optimista
tras la entrada de funcionarios gubernamentales a la zona, para
clausurar las oficinas de la empresa.
En rueda de prensa convocada
los primeros días de octubre para manifestar la satisfacción por
la decisión gubernamental, se recordaron algunas de las circunstancias
por las que la población no desea ni la actividad minera en su zona
ni la presencia de la empresa minera. Según relataron el Alcalde
de Cotacachi, Econ. Auki Tituaña junto al Presidente del Consejo
de Comunidades Polibio Pérez y otros líderes zonales, la empresa
llegó desde el principio de sus actividades con el propósito de
dividir a las comunidades, para facilitar su entrada a la zona y
sus operaciones previstas.
La presencia de tres años
de Ascendant Copper en la zona incluyó incidentes con paramilitares
disparando sobre campesinas y campesinos, utilizando perros adiestrados
y gases lacrimógenos. Además, alrededor de un centenar de campesinas
y campesinos fueron intimidados mediante la interposición de denuncias
y procesos judiciales que buscaban –pero no lograron- acallar la
resistencia. Muchos de ellos fueron absueltos por sentencias de
jueces de la provincia Imbabura. Ninguno fue condenado.
Por su parte, el Alcalde
denunció la vinculación de ésta a “ex militares, paramilitares,
sicarios, traficantes de drogas y políticos corruptos”. Dijo también
que “pensaron que con el ofrecimiento que en su día me hicieron
de 60 o 70 millones de dólares, iban a conseguir
mi apoyo, pero mi precio es mucho mayor, es el del valor de la mina”
(según el Gerente de la Empresa AC, Francisco Veintimilla, un mínimo
de 110.000 millones de dólares). “Pero sinceramente, prefiero que
nos dejen intactos los árboles, la fauna y la flora, y que respeten
el modelo de desarrollo que nosotros aquí en Intag y en Cotacachi
hemos elegido para nosotros mismos”.
Se refiere al bosque tropical
nublado, de inmenso valor biológico, que se encuentra situado justo
sobre la mina de cobre. Desde la llegada de la actividad minera
“se ha conseguido incluso detener la tala tradicional que la generación
de nuestros padres venía haciendo”, señaló Polibio Pérez. “Ahora
otorgamos un valor mucho mayor a la conservación”.
Ascendant Copper
está en la zona desde el año 2004, aunque la resistencia antiminera
se remonta al año 1997. En este período, muchas iniciativas se han
consolidado en la zona, haciendo de Intag un modelo de producción
alternativa: agricultura, turismo, artesanía, cooperativas, organizaciones
y otras iniciativas ocupan a cientos de familias en la zona. A raíz
de los incidentes provocados por ésta y otras empresas mineras en
otros lugares del Ecuador, se conformó una Coordinadora en Defensa
de la Vida y los Derechos Humanos.
Se estima que cerca del
95% de los habitantes de Cotacachi, incluyendo a las autoridades,
está en contra de la minería (ver Boletín Nº 118 del WRM). “Es en
defensa de los intereses del Estado, la provincia, el cantón y la
zona”, dicen. A la pregunta por la posibilidad de una consulta popular,
dicen estar abiertos, pero obviamente ésta tendría que hacerse de
una manera limpia y transparente, organizada por el estado ecuatoriano
y no por la transnacional.
Por el momento, la empresa
sale dejando división y conflicto entre hermanos, familiares, vecinos
y antiguos amigos. Según denuncias, algunos comuneros “estaban a
sueldo de US$ 300 para jugar al voley”. Mientras los depósitos de
cobre continúen en la zona, la amenaza minera sigue latente.
Mientras tanto, en Ecuador
se prepara la Asamblea Constituyente que redactará la nueva Constitución.
Alberto Acosta, que durante un breve período de la actual legislatura
fuera Ministro de Energía y Minas, y que con toda seguridad presidirá
la asamblea, ha manifestado firmemente en repetidas ocasiones su
propósito de hacer del Ecuador un país libre de minería a gran escala.
Por Guadalupe Rodríguez,
correo electrónico: guadalupe@regenwald.org
