NUESTRA
OPINIÓN
- Plantaciones de árboles para
celulosa: todos los caminos conducen a Roma
Toda
vez que se utiliza la expresión “bosques plantados”, el concepto
puede rastrearse hasta la Organización para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), con sede en Roma. Cuanto más impugnan este
concepto los pueblos locales y las ONGs en lucha contra las plantaciones,
más apoyo construye la FAO para mantenerlo.
El
motivo es simple: la FAO eligió estar al servicio de las empresas
del Norte que se benefician con las plantaciones de árboles, en
especial las del sector de la celulosa y el papel. Presentar a
los monocultivos de árboles como “bosques plantados” ha demostrado
ser una buena herramienta de mercadeo, que sirve para ocultar
el desastre social y ambiental que implican los monocultivos en
gran escala de árboles de madera rápida.
Pero
la función que cumple la FAO no se limita a la definición. Ha
estado promocionando activamente el establecimiento de tales plantaciones
desde los años 1950 y sigue haciéndolo. Entre 1990 y 1995 incluso
apoyó la investigación en árboles transgénicos en China que luego
resultó en la plantación masiva y descontrolada de álamos transgénicos
en ese país.
El
más reciente caso de tal tipo de apoyo es el proceso encabezado
por la FAO que desembocó en la adopción
de las “Directrices voluntarias para la Ordenación responsable
de los bosques plantados”, actualmente en etapa de instrumentación
en los países.
¿Qué
objetivo tienen estas directrices? Incluso antes de leerlas podemos
concluir que su objetivo es apoyar la expansión de las plantaciones
para la industria de la celulosa. Por ejemplo:
-
En la portada del informe hay una foto de un “Paisaje de bosques
plantados, Bahía, cortesía de la Compañía Veracel, Brasil”. Los
impactos negativos sociales y ambientales de, justamente, las
plantaciones de Veracel han sido bien documentados y las poblaciones
locales están llevando a cabo campañas en su contra. Al poner
esa foto en su informe, la FAO está apoyando estas plantaciones
y otras igualmente destructivas contra las que se está luchando
en el Sur.
-
Los agradecimientos. El informe dice que “La FAO desea expresar
su agradecimiento a sus principales colaboradores, quienes la
acompañaron en la preparación de los primeros conceptos y borradores”.
Todas las asociaciones del sector privado que se mencionan
están relacionadas con la industria de la celulosa y el papel:
“Consejo Internacional para las asociaciones forestales y papeleras,
Asociación brasileña de la pulpa y el papel/Sociedad brasileña
de Silvicultura, Asociación americana de los bosques y el papel,
Confederación de industrias papeleras europeas, Asociación portuguesa
de la industria papelera, Asociación papelera Japonesa/Centro
Japonés de Plantaciones de Ultramar para la pulpa de madera, Corporación
nacional de la madera – Chile, Federación sueca de asociaciones
de propietarios de bosques y la Asociación de propietarios de
bosques de Nueva Zelandia”. ¿Qué motivo tendrían estas asociaciones
empresariales para apoyar el proceso encabezado por la FAO si
no contaran con beneficiarse de las directrices resultantes?
-
Las ausencias. Ni una sola organización del Sur se menciona en
los “agradecimientos”. Dado que los principales críticos de las
plantaciones están en África, Asia y América Latina, esto significa
que la FAO eligió excluir las voces críticas que ciertamente se
hubieran opuesto a directrices que promovieran plantaciones de
“madera rápida”, que son las que la industria de la celulosa necesita.
-
La bibliografía. No se menciona ni un solo
documento crítico. En el caso del WRM, la FAO decidió ignorar
no solamente los incontables artículos difundidos en los últimos
diez años sobre los impactos de las plantaciones, basados en testimonios
de personas de los distintos lugares, sino también las publicaciones
de los resultados de nuestras investigaciones en plantaciones
de Brasil, Camboya, Chile, Ecuador, Indonesia, Laos, Sudáfrica,
Swazilandia, Tailandia, Uganda y Uruguay. Ignorar éstas y otras
pruebas documentadas de los impactos de las plantaciones demuestra
el papel de la FAO en apoyo de los intereses empresariales relacionados
con las plantaciones.
Las
siguientes citas de las directrices son también muy ilustrativas:
“Los
gobiernos deberían crear las condiciones favorables para fomentar
la inversión por parte de compañías de inversión e inversionistas
medianos y pequeños a fin de que inviertan a largo plazo en los
bosques plantados y reciban una ganancia favorable por sus inversiones”
y también “facilitar la creación de un ambiente con condiciones
económicas, jurídicas e institucionales estables a fin de fomentar
la inversión a largo plazo …”.
Esto
no es nuevo. Muchos gobiernos del Sur ya han creado esas “condiciones
favorables” siguiendo las recomendaciones de la FAO, el Banco
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Latinoamericano
de Desarrollo, agencias bilaterales como JICA, GTZ y otros, lo
que ha resultado en “ganancias favorables” para las empresas
de la celulosa y el papel, pero no para los pueblos locales y
sus ambientes, para quienes las consecuencias han sido más que
desfavorables.
Actualmente
la industria de la celulosa se está mudando al Sur, y tiene planes
de aumentar drásticamente su capacidad de producción en más de
25 millones de toneladas en los próximos cinco años. Esto significa
que se necesitarán extensas superficies de plantaciones de crecimiento
rápido para alimentar sus fábricas de celulosa. En este contexto
cuentan con la ayuda de las “Directrices voluntarias para la Ordenación
responsable de los bosques plantados”, que debilita la oposición
a la expansión de la industria y pone los gobiernos a su servicio.
Es
por lo tanto necesario ser conscientes de esta nueva amenaza y
oponerse a la instrumentación de dichas directrices en los países.
Debería recordarse a la FAO que su mandato no es la promoción
de las plantaciones de árboles sino, como declara en su sitio
en internet, llevar a cabo “actividades internacionales encaminadas
a erradicar el hambre”.
Dado
que el tema elegido este año para el Día Mundial de la Alimentación
creado por la FAO (16 de octubre) fue “El derecho a la alimentación”,
parece necesario recordar a la Organización para la Alimentación
y la Agricultura que las plantaciones de madera para celulosa
no pueden “garantizar que toda niña, niño, mujer y hombre disfruten
de una alimentación adecuada con carácter permanente”, aunque
ciertamente intentarán garantizar que toda fábrica de celulosa
disfrute de un suministro de madera adecuado con carácter permanente.
Desgraciadamente,
cuando observamos la promoción de las plantaciones de madera para
celulosa, todos los caminos siguen conduciendo a Roma.
(*)
El informe completo de la FAO está disponible en:
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/J9256S/J9256S00.pdf
inicio
COMUNIDADES Y BOSQUES
-
Argentina: Chaco - desmonte, desnutrición
y muerte
Una
intensa ola de frío atravesó Argentina en la primera quincena
de julio. En las cálidas tierras de la provincia de Chaco, donde
la media anual ronda los 20º C se registraron marcas por debajo
de cero. Ese brusco descenso de temperatura expuso en muertes
la dimensión de la emergencia sanitaria y alimentaria que viven
los pueblos indígenas toba, mocoví y wichí en ese distrito del
noreste del país, donde la salud está minada por la desnutrición,
la tuberculosis y el chagas. En pocos días los muertos fueron
10, al 2 de octubre ese número ascendió a 16, la mayoría son tobas.
Todas las víctimas vivían en El Impenetrable, región de monte
que desde hace un siglo sufre el saqueo de sus quebrachos, algarrobos
y lapachos y que en las últimas décadas desaparece bajo las topadoras
y el fuego de quienes buscan la alta rentabilidad del cultivo
de soja.
A
partir de 1995 la provincia vendió la mayor parte de sus tierras
fiscales; en ese momento contaba con 3 millones de hectáreas y
actualmente le quedan unas 580 mil. El traspaso de la tierra pública
a grandes propietarios fue el requisito previo para su posterior
desmonte. La organización de derechos humanos chaqueña Centro
de Estudios Nelson Mandela denunció en noviembre de 2006 que la
Dirección de Bosques de la provincia, desmanteló en los últimos
años su estructura administrativa y operativa. “El Estado tiene
una política sobre el sector, que consiste en dejar hacer y dejar
pasar. La ley es letra muerta. El Decreto 1341, que suspendió
el otorgamiento de permisos de desmontes hasta que finalice el
ordenamiento territorial del Chaco, no se aplica ni se respeta.
El desmonte no solamente continúa, sino que es más intenso. Todo
un cuadro escandaloso, signado por la destrucción y por la impunidad”,
había advertido el 20 de octubre de 2006 la misma organización
en una declaración pública.
Este
proceso afectó mayormente a El Impenetrable, que se extiende al
oeste de la provincia y es el territorio ancestral toba y wichí.
La desaparición del monte determinó la desaparición de las proteínas
animales y vegetales de la dieta de estos pueblos. “El algarrobo
simboliza casi todo, porque de ahí obtenían las proteínas las
comunidades indígenas, la algarroba [su fruto] era el eje central
de la dieta proteica, al ir desapareciendo hoy se mantienen con
grasa, con harina, a veces un poco de fideos, no siempre; arroz,
cada vez menos; y carne, casi nunca. Entonces tenemos que esa
dieta condujo a la desnutrición, a la mal nutrición, a la hipertensión,
a la diabetes. Por desnutrición o por mal nutrición, al no tener
nunca comida suficiente y menos comida con capacidad nutritiva,
a las enfermedades infecciosas, a la tuberculosis, al chagas”,
sostuvo Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela, en
una entrevista realizada en agosto.
Desde
abril del año pasado los pueblos toba, wichí y mocoví vienen denunciando
esta situación y exigen al gobierno provincial políticas públicas,
incluso bloquearon rutas, acamparon frente a la sede del gobierno
local y realizaron una huelga de hambre.
Tras décadas de silencio el ‘levantamiento’ – como lo llaman –
puso de relieve la extrema pobreza y la discriminación en que
están sumidos los aproximadamente 60 mil indígenas del Chaco.
Salieron del silencio pero los acuerdos firmados con el gobierno
en agosto de 2006 no fueron cumplidos.
La
extrema situación que viven las comunidades fue denunciada por
la Defensoría del Pueblo, que demandó a los estados nacional y
provincial por sus responsabilidades ante la Corte Suprema de
Justicia. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha pedido una ampliación documental por una denuncia de genocidio.
A tres meses del comienzo de la ola de muertes las autoridades
sólo han atinado a implementar planes de asistencia alimentaria
temporal sin atender las causas de la emergencia.
Por
Hernán Scandizzo, Colectivo Pueblos Originarios – Indymedia Argentina.
Contacto: originarios-arg@indymedia.org
– www.argentina.indymedia.org/pueblos
inicio
-
Camerún: bosques comunitarios en un mar
de madereo industrial
Visité
Camerún en diciembre de 2006 y setiembre de 2007. En ambas oportunidades
me impresionó la cantidad de camiones cargados con enormes troncos
de árboles tropicales en prácticamente todas las carreteras. La
gran mayoría se dirigía a los puertos desde donde se exportarían
los troncos, sin procesar, principalmente a países del Norte.
Ver
esos “antiguos bosques sobre ruedas” viajando en la carretera
me recordó el libro “Las venas abiertas de América Latina”, de
Eduardo Galeano. En este caso se trata de las venas abiertas de
África Central (Camerún, República Democrática del Congo, República
del Congo, Gabón) y los troncos representan la vida de los bosques
y los pueblos africanos explotados para el consumo del Norte.
En
Camerún el madereo en escala industrial está en manos de grandes
empresas nacionales y extranjeras vinculadas con el capital extranjero
y orientadas a la exportación. Paradójicamente el país parece,
en los papeles, bastante progresista en la promoción del manejo
comunitario de los bosques. A este respecto, en 1994 se aprobó
una ley de bosques comunitarios que permite a las comunidades
gestionar sus propios bosques, aunque solamente hasta 5.000 hectáreas,
en virtud de un contrato celebrado con el Ministerio de Medio
Ambiente y Bosques válido por 25 años.
Sin
embargo el gobierno sigue apoyando el madereo destructivo y lucrativo
y no parece tener intenciones de sustituirlo por la gestión forestal
comunitaria. Esto quedó demostrado con una visita a un bosque
comunitario.
El
12 de setiembre visitamos el bosque comunitario COVIMOF (Communauté
Villageoise de Melombo, Okekak, Fakele 1&2, Ayos et Akak),
donde lo primero que aprendimos es que el proceso de aprobación
de la gestión comunitaria de bosques es muy lento. En este caso,
las cinco comunidades participantes iniciaron el proceso en 1996
y solamente en 2004 lograron cumplir con todos los requisitos
para la aprobación y firmar el instrumento legal necesario. Se
quejan de que incluso ahora, cuando presentan el plan anual de
manejo, el Departamento de Bosques demora meses en aprobarlo,
con lo cual la comunidad dispone de muy poco tiempo (uno o dos
meses) para instrumentarlo.
La
segunda lección es que las comunidades están solas en lo que atañe
a la protección contra el madereo ilegal en sus bosques. Mientras
la comunidad seguía esperando la autorización para comenzar las
operaciones forestales, un grupo de madereros ilegales empezó
a cortar árboles en el bosque comunitario. Se informó a las autoridades
pertinentes, que no tomaron ninguna medida. Más tarde los madereros
regresaron con maquinaria pesada y apilaron los troncos ilegales
junto a una carretera. Las autoridades locales recibieron fotografías
y videos de esta operación, pero no pasó nada. Finalmente cargaron
los troncos en camiones y se fueron, pasando incluso por un puesto
de control forestal del gobierno sin ningún problema.
La
restauración del bosque es otra actividad para la cual las comunidades
no cuentan con apoyo del gobierno. Este bosque comunitario ya
había sido “descremado” y despojado de sus mejores árboles por
anteriores actividades de madereo. La población local está replantando
árboles nativos, pero sin apoyo gubernamental. Construyeron un
pequeño vivero donde se producen unos 5.000 plantines de 12 especies
de árboles. El año pasado plantaron 1.000 árboles con el apoyo
del CED (Centre pour l’environnement et le développement) y de
Greenpeace.
La
tercera lección es que también están solos para la cosecha, el
transporte, la industrialización y la comercialización de la madera.
No es el gobierno quien brinda apoyo técnico y capacitación sino
organizaciones de la sociedad civil como el CED. La maquinaria
para transformar troncos en trozas también se compró con ayuda
de organizaciones no gubernamentales, pero se necesitaría mucho
más para mejorar el proceso actual de industrialización. La comercialización
es difícil y está sujeta a frecuentes abusos por parte de los
compradores. En todo esto el gobierno está completamente ausente.
Este
ejemplo parece demostrar que en Camerún los bosques comunitarios
necesitan algún tipo de ayuda del exterior, en este caso brindado
por las ONG. Sin embargo, las ONG no tienen capacidad para apoyar
muchos más casos y son las agencias gubernamentales quienes deberían
cumplir este papel. Para que esto ocurra hay una condición básica
necesaria: la voluntad política del gobierno de pasar del madereo
industrial al manejo comunitario de los bosques. Eso es lo principal
e implica buscar respuestas a la interrogante crucial de cómo
empezar el proceso para lograr cambios en esa dirección.
Los ejemplos de éxito e incluso de fracaso de los bosques comunitarios
existentes pueden ser extremadamente útiles como parte de ese
proceso.
En
el caso del bosque comunitario COVIMOF es importante destacar
que, a pesar de todos los problemas, la población local está orgullosa
y feliz de sus logros. La mayoría ya demuestra una capacidad técnica
que antes no tenía en alguna de las actividades relacionadas con
la silvicultura. Se han comprometido a usar el bosque en forma
sustentable y repartir los beneficios en forma equitativa. En
sus manos, el bosque tiene una oportunidad real de protección.
Por
Ricardo Carrere, basado en observaciones y entrevistas realizadas
en salidas de campo durante un viaje a Camerún en setiembre de
2007.
inicio
-
Ecuador: gran éxito en contra de la minería
en la zona de Intag
El
26 de septiembre de 2007 no será un día fácil de olvidar en Intag,
la zona subtropical antiminera del noroccidente del Ecuador. Después
de meses esperando una resolución al respecto, el Ministerio de
Minas y Petróleos anunció la suspensión de las actividades mineras
de la compañía minera canadiense Ascendant Copper,
dueña de las concesiones en la zona. La decisión del Ministro
Galo Chiriboga se sustenta jurídicamente en el hecho de que la
empresa inició sus trabajos incumpliendo la ley, al no haber solicitado
las correspondientes autorizaciones e informes del Municipio de
Cotacachi.
Esta
decisión afecta a 9.504 hectáreas de concesiones, e implica que
la compañía minera no puede realizar actividades mineras, administrativas
y de relacionamiento comunitario. Lamentablemente, la decisión
no es definitiva, sino que se mantiene hasta que la compañía renegocie
el contrato y su presencia en la zona, según el ministro Chiriboga.
Otras concesiones se encontrarían también en análisis por parte
del gobierno.
Estos
hechos demuestran que cuando la voluntad popular es firme, y las
circunstancias políticas acompañan, es posible para las poblaciones
conseguir éxitos en defensa de su soberanía y de sus intereses.
Decisiones similares podrían producirse al respecto de otras concesiones
mineras en otras partes del país.
El
sentir de las comunidades de Intag afectadas por el proyecto minero
y la presencia de la empresa fue inicialmente pesimista, pues
“es la cuarta vez que se anuncia lo mismo, pero la empresa sigue
en la zona”, como expresó el concejal Luis Robalino, originario
de Intag. Pero se fue tornando más optimista tras la entrada de
funcionarios gubernamentales a la zona, para clausurar las oficinas
de la empresa.
En
rueda de prensa convocada los primeros días de octubre para manifestar
la satisfacción por la decisión gubernamental, se recordaron algunas
de las circunstancias por las que la población no desea ni la
actividad minera en su zona ni la presencia de la empresa minera.
Según relataron el Alcalde de Cotacachi, Econ. Auki Tituaña junto
al Presidente del Consejo de Comunidades Polibio Pérez y otros
líderes zonales, la empresa llegó desde el principio de sus actividades
con el propósito de dividir a las comunidades, para facilitar
su entrada a la zona y sus operaciones previstas.
La
presencia de tres años de Ascendant Copper en la zona incluyó
incidentes con paramilitares disparando sobre campesinas y campesinos,
utilizando perros adiestrados y gases lacrimógenos. Además, alrededor
de un centenar de campesinas y campesinos fueron intimidados mediante
la interposición de denuncias y procesos judiciales que buscaban
–pero no lograron- acallar la resistencia. Muchos de ellos fueron
absueltos por sentencias de jueces de la provincia Imbabura. Ninguno
fue condenado.
Por
su parte, el Alcalde denunció la vinculación de ésta a “ex militares,
paramilitares, sicarios, traficantes de drogas y políticos corruptos”.
Dijo también que “pensaron que con el ofrecimiento que en su día
me hicieron de 60 o 70 millones de dólares,
iban a conseguir mi apoyo, pero mi precio es mucho mayor, es el
del valor de la mina” (según el Gerente de la Empresa AC, Francisco
Veintimilla, un mínimo de 110.000 millones de dólares). “Pero
sinceramente, prefiero que nos dejen intactos los árboles, la
fauna y la flora, y que respeten el modelo de desarrollo que nosotros
aquí en Intag y en Cotacachi hemos elegido para nosotros mismos”.
Se
refiere al bosque tropical nublado, de inmenso valor biológico,
que se encuentra situado justo sobre la mina de cobre. Desde la
llegada de la actividad minera “se ha conseguido incluso detener
la tala tradicional que la generación de nuestros padres venía
haciendo”, señaló Polibio Pérez. “Ahora otorgamos un valor mucho
mayor a la conservación”.
Ascendant
Copper está en la zona desde el año 2004,
aunque la resistencia antiminera se remonta al año 1997. En este
período, muchas iniciativas se han consolidado en la zona, haciendo
de Intag un modelo de producción alternativa: agricultura, turismo,
artesanía, cooperativas, organizaciones y otras iniciativas ocupan
a cientos de familias en la zona. A raíz de los incidentes provocados
por ésta y otras empresas mineras en otros lugares del Ecuador,
se conformó una Coordinadora en Defensa de la Vida y los Derechos
Humanos.
Se
estima que cerca del 95% de los habitantes de Cotacachi, incluyendo
a las autoridades, está en contra de la minería (ver Boletín Nº
118 del WRM). “Es en defensa de los intereses del Estado, la provincia,
el cantón y la zona”, dicen. A la pregunta por la posibilidad
de una consulta popular, dicen estar abiertos, pero obviamente
ésta tendría que hacerse de una manera limpia y transparente,
organizada por el estado ecuatoriano y no por la transnacional.
Por
el momento, la empresa sale dejando división y conflicto entre
hermanos, familiares, vecinos y antiguos amigos. Según denuncias,
algunos comuneros “estaban a sueldo de US$ 300 para jugar al voley”.
Mientras los depósitos de cobre continúen en la zona, la amenaza
minera sigue latente.
Mientras
tanto, en Ecuador se prepara la Asamblea Constituyente que redactará
la nueva Constitución. Alberto Acosta, que durante un breve período
de la actual legislatura fuera Ministro de Energía y Minas, y
que con toda seguridad presidirá la asamblea, ha manifestado firmemente
en repetidas ocasiones su propósito de hacer del Ecuador un país
libre de minería a gran escala.
Por
Guadalupe Rodríguez, correo electrónico:
guadalupe@regenwald.org
inicio
- Honduras:
el porqué de la defensa del bosque
En
Honduras se deforestan de 80.000 a 120.000
hectáreas anuales.
Nuestros
bosques son multidiversos: de pino, con una variedad de siete
especies; latifoliados, con 200 especies de árboles y una rica
biodiversidad sobre todo en tierras bajas; nublados latifoliados:
pinares o bosques mixtos en tierras altas; latifoliados en lugares
de clima seco; y manglares.
La
política forestal de Honduras es formulada no por la sociedad
civil o el poder ciudadano sino por los dictados del capital multinacional
a través del Banco Mundial y los Tratados de Libre Comercio articulados
con la oligarquía local, que a través de sus representantes en
el Congreso de la República y en otros poderes del Estado aprueba
las leyes y políticas que están destinadas a la explotación del
bosque en función del capital imperial y globalizador.
Para
implementar esas políticas tienen a los militares, a los que se
les da poder para “cuidar” el bosque. ¿Será posible que los que
destruyen el bosque durante las confrontaciones bélicas pasen,
por arte de magia, a ser héroes ambientalistas? Por otro lado,
el “sicariato” – asesinatos por encargo – es una de las formas
ocultas de agresión a las poblaciones indígenas, campesinas y
garífunas.
La
explotación de la madera siempre ha estado en nuestro país relacionada
con la corrupción, la violación de los derechos humanos y la impunidad.
La persecución del sacerdote Tamayo y otros dirigentes así como
el asesinato el 20 de diciembre de 2006 de Heraldo Zúñiga y Róger
Iván Cartagena, miembros del Movimiento Ambientalista de Olancho,
por parte del aparato de seguridad del Estado de Honduras, son
un reflejo del terror que significa luchar por la defensa del
bosque en Honduras. Recientemente se suma el asesinato de Mario
Guifarro en la comunidad de Parawasito, municipio de Dulce Nombre
de Culmí, en el Patuca Medio, mientras realizaba tareas para el
proyecto ICADE, de demarcación del bosque, siguiendo el mandato
del Congreso de la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH).
Los
gobiernos y la mayoría de sus cuadros técnicos siempre han culpado
a los pobres por la destrucción del bosque. Sin embargo, nunca
mencionan la deforestación ocasionada por la industria minera,
del camarón, la agroindustria de la piña, del banano; las grandes
plantaciones de caña de azúcar, maíz transgénico y palma africana,
destinadas estas dos últimas al nuevo súper negocio de los agrocombustibles.
A esto se suman las grandes quemas del bosque, accidentales o
provocadas, sobre todo para justificar las explotaciones de la
madera y la ganadería extensiva para exportación de carne para
hamburguesas.
Las
políticas forestales están orientadas a convertir el árbol en
una simple mercancía, sin considerar que debido a la deforestación
de las cuencas de los ríos y las micro cuencas, la erosión, los
derrumbes y los deslizamientos van en aumento, y por ello las
consecuencias de las tormentas tropicales y huracanes, así como
de las distorsiones climáticas, son más graves y los daños irrecuperables.
Los
tratados comerciales desiguales y la lógica inmoral e injusta
del capital promueven la promulgación de leyes y la aplicación
de políticas forestales divorciadas de las políticas de agua y
energía, así como de las previstas para las
alteraciones climáticas. Son esas leyes las que imponen
la privatización del bosque, la energía, lo hídrico, la educación
y la salud. El Congreso Nacional destina vergonzosamente más de
un tercio del territorio nacional a la industria minera, que destruye
el bosque y afecta la salud animal, vegetal y humana.
La
pérdida de la biodiversidad a causa de la deforestación y la contaminación
de metales pesados por efecto de la explotación minera y los plaguicidas
de la agroindustria favorecen el dengue, la malaria, las parasitosis
y los trastornos mentales que, además de producir enfermedades
y muerte, ocasionan pérdidas multimillonarias al país.
El
desarrollo de políticas humanas, integrales y planetarias es un
desafío urgente para todos y todas las hondureñas. La articulación
del bosque, la salud y los derechos humanos en un programa de
educación de la juventud constituye una estrategia importante
en la formación de líderes para crear una conciencia de reforestación
en el país y crear leyes que protejan los bosques.
En
consecuencia estamos planteando a nivel del Movimiento Madre Tierra
(miembro de Amigos de la Tierra Internacional) y las organizaciones
Centro América no está en Venta, Oilwatch Internacional y COHAPAZ
(Comité Hondureño Acción Por la Paz), la siembra y el cuidado
continuo de un millón de árboles para Honduras. Nuestra urgente
tarea es unir a todo el movimiento social y ambiental contra las
políticas y empresas depredadoras. ¡Integremos toda nuestra conciencia
a esta hermosa tarea en defensa de la vida, la dignidad y la salud
de nuestro pueblo!
Por
Juan Almendares, correo electrónico:
inicio
- Laos:
si Norconsult embalsa el Sekong, borra a Camboya del mapa
Se
está hablando de construir una serie de grandes represas en la
cuenca del río Sekong, en el sur de Laos. Decenas de miles de
personas en este país se verían afectadas por el proyecto, pero
también corre peligro el sustento de 30.000 personas que viven
aguas abajo a lo largo del río Sekong, en Camboya. Aun así se
sigue adelante con el proyecto sin considerar los impactos sobre
las personas y el medio ambiente camboyanos.
En
junio de 2007 la consultora noruega Norconsult culminó dos exámenes
ambientales iniciales para dos de las represas, Sekong 4 y Nam
Kong 1. Un informe reciente, firmado con el seudónimo Anurak Wangpattana,
celebra el hecho de que los estudios reconocen muchos de los impactos
que estas represas tendrán sobre personas, bosques y pesquerías
en el sur de Laos, pero critica a Norconsult por ignorar completamente
los impactos de dichos proyectos sobre quienes viven aguas abajo
en Camboya.
Unos
100 kilómetros separan estos dos proyectos de represa realizados
por la empresa Russian Region Oil Company. La represa Sekong 4,
de 600 MW, inundará una superficie de 150 kilómetros cuadrados
que incluye bosques y otras tierras donde se hace recolección
de productos forestales no maderables, pastoreo y agricultura
itinerante. Con el fin de hacer lugar para el embalse serán expulsadas
unas 5.000 personas, de las cuales cerca del 98% son indígenas.
Las minorías étnicas Katu y Nge conforman el 80% de la población
en el distrito de Kaleum, cuya capital será inundada por el embalse.
La
importancia que tiene el bosque para los habitantes del distrito
de Kaleum surge claramente de un informe escrito por Charles Alton,
consultor de Naciones Unidas, y Houmphan Rattanavong, del Consejo
Científico Nacional de Laos. El informe señala que en cuatro aldeas
Katu del distrito de Kaleum, alrededor del 76% de los ingresos
de los aldeanos procede de la recolección de productos forestales
no maderables y un 16% de la cría de ganado.
La
represa Nam Kong 1, de 150-200 MW, pensada para un tributario
del río Sekong, inundaría 21,8 kilómetros cuadrados. Anurak Wangpattana
señala que más de 1.600 personas que viven aguas abajo de la represa
propuesta sufrirán sus impactos. Muchas de estas personas vivían
en la zona del reservorio pero el gobierno laosiano las hizo mudarse
durante los años 1990.
El
pescado es una parte importante de la alimentación de los aldeanos
que viven en la zona que se propone como reservorio de Sekong
4. “Todas las aldeas de la zona que el reservorio inundará tienen
pesquerías abundantes, fundamentalmente de subsistencia, que aportan
gran parte de la proteína de su dieta”, informa Norconsult. La
construcción de la represa acabará con estas pesquerías.
Las
pesquerías de las comunidades que viven aguas abajo de la represa
también sufrirán graves impactos. Para que se llene el embalse
de Sekong 4 se necesitarán 14 meses. Una vez que la represa inicie
sus operaciones, el caudal del río cambiará por completo. “Existe
el [riesgo] potencial de pérdida de biodiversidad acuática y productividad
aguas abajo del Sekong debido a dichos cambios de caudal”, se
dice en el seco lenguaje de los peritos de Norconsult.
Anurak
Wangpattana explica que el Examen Ambiental Inicial de Norconsult
es el primer paso de las evaluaciones del impacto ambiental de
las represas Sekong 4 y Nam Kong 1 y sugiere la posibilidad de
una evaluación de impacto ambiental acumulativa. Pero lo que hasta
ahora falta en los estudios de Norconsult, señala Anurak, es “el
reconocimiento explícito de que estos impactos se extenderán a
lo largo del río Sekong en Camboya”.
En
el correr de diez años los aldeanos que viven a lo largo del río
Sesan, en el noreste de Camboya, han podido ver los devastadores
efectos de la construcción de represas aguas arriba en Vietnam.
Decenas de personas se ahogaron tras la repentina liberación de
agua de la represa de las cataratas del Yali. Los aldeanos perdieron
ganado, cultivos y equipo de pesca. La mala calidad del agua ha
causado irritaciones cutáneas y problemas estomacales. Más de
3.500 personas abandonaron sus hogares cerca del río Sesan y se
mudaron a tierras más altas para escapar de las inundaciones y
los impredecibles cambios de caudal del río, según investigaciones
recientes de la ONG camboyana 3S Rivers Protection Network (red
de protección de los ríos 3S, donde "3S" alude a los
ríos Sekong, Sesan y Srepok). “Los aldeanos perdieron sus esperanzas
y ya no pueden depender del río pues prácticamente todos los recursos
del río han desaparecido”, dijo a los investigadores Roman Mal,
jefe de aldea del pueblo indígena Jarai.
Muchas
de las 30.000 personas que viven a lo largo del Sekong en la provincia
de Stung Treng, Camboya, pertenecen a los grupos étnicos Lao,
Khmer Khe, Kavet, Lun y Kuy. Las pesquerías y los huertos ribereños
del río Sekong son una parte vital de su seguridad alimentaria
y su sustento.
Anurak
Wangpattana advierte que “La experiencia con los impactos transfronterizos
de las grandes represas hidroeléctricas en otros lugares de la
región del Mekong indica claramente que no deben ignorarse los
impactos de las represas Sekong 4 y Nam Kong 1 en Camboya y Laos,
y no debería permitirse que ocurrieran, sin importar cuán fácil
les resulte a los proponentes de las represas per se desestimar
dichos impactos”.
Por
Chris Lang, http://chrislang.org
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-
Paraguay: para que el monte no se apague - la lucha de los
Grupos Ayoreo Aislados del Chaco Paraguayo
En
marzo de 2007, se ha lanzado un llamado
nacional e internacional ante el inminente desmonte y la destrucción
total por parte de una empresa denominada UMBU S.A., de 24.000
has. (240 Km²) de monte virgen e intocado, en el corazón de la
zona denominada “Amotocodie”, Norte del Chaco Paraguayo. Amotocodie
es parte del territorio ancestral del Pueblo Indígena Ayoreo,
y sigue siendo habitado de manera permanente por dos grupos ayoreo
aislados. Son grupos que nunca han tenido contacto con la sociedad
moderna y que viven su vida tradicional en estrecha relación de
interdependencia y apoyo mutuo con la naturaleza y el monte.
Vale
recordar que el Norte del Chaco Paraguayo se encuentra en su casi
totalidad en manos de propietarios privados a los que la legalidad
y la práctica del mundo moderno les reconoce el derecho de alterar
o destruir la selva chaqueña prácticamente sin restricción ni
control. El proyecto de desmonte de la mencionada empresa, que
es ejemplar y representativo de muchos otros actualmente en ejecución
o preparación en la zona, se superpone sin consideración alguna
– como si no existieran – a las características, particularidades
y contornos de la sensible naturaleza del monte chaqueño, y en
este caso, a uno de los dos mayores sistemas de cauces fluviales
del Norte del Chaco, interrumpiéndolo. De igual manera se superpone
a aquella otra legalidad, nacional e internacionalmente reconocida
y vigente: la que reconoce la titularidad indígena de este territorio
como la originaria y preexistente a la de los estados modernos.
Amotocodie es territorio indígena. Solo que la sociedad envolvente,
nacional e internacional, opta por no tomar en consideración los
derechos territoriales indígenas. Si lo hiciera, territorios amplios
de monte chaqueño en Paraguay – en estos momentos aún quedan intactos
y vírgenes unos 10 millones de hectáreas – podrían tener una chance
de sobrevivir nuestro presente depredador y podrían tener futuro.
Los Ayoreo se distancian con vehemencia del uso derrochador y
destructivo que el hombre blanco hace del territorio ayoreo. “Nosotros
lo cuidaríamos mejor. Sabemos cuidarlo”.
La
embestida de los desmontes para ganadería se acrecentó en los
últimos años como consecuencia de la apertura de mercados internacionales
para la carne vacuna paraguaya. Adicionalmente, en los últimos
meses, la presión generada por la calamitosa expansión sojera
y de cultivos destinados a agrocombustibles en la Región Oriental
del Paraguay desplaza los intereses expansivos de los ganaderos
a la Región Occidental, el Chaco, donde “aún hay monte disponible”.
El
llamado nacional e internacional en contra del proyecto de desmonte
de UMBU S.A. motivó que numerosas personas, personalidades, redes
y entidades sobre todo extranjeras dirigieran cartas a la autoridades
paraguayas, pidiendo la inmediata suspensión de los permisos de
desmonte correspondientes, y la adopción de medidas enérgicas
y contundentes para asegurar la protección de la zona y la integridad
y los derechos de los grupos indígenas aislados que la habitan.
La presión internacional no tuvo sin embargo efecto: desde el
mes de agosto, UMBU está desmontando a un ritmo acelerado. A dos
meses del comienzo del atropello de las topadoras, ya quedan devastadas
y aniquiladas 3.000 hectáreas – 30 Km².
Estas
3.000 has. aniquiladas eran monte que previamente jamás había
sido alterado – y mucho menos transformado violentamente - por
actividades humanas. El cauce que las atravesaba traía abundante
agua en la época de lluvias, agua que no solo daba vida a la misma
zona sino a una cuenca fluvial amplia que se extiende desde el
Oeste de Amotocodie hasta el Pantanal Paraguayo en zonas cercanas
al Río Paraguay en el Este. El desmonte dejó cortado dicho cauce,
hasta ahora en una extensión de más de 5 Km. de largo. Con este
corte, el cauce queda interrumpido y deja de cumplir su función
de arteria vital de todo un ecosistema y está condenado a secarse,
y con él, amplias zonas regadas por el mismo. La violenta intervención
del cauce deja también sin base de vida a una numerosa población
de aves acuáticas de gran variedad que frecuentaban la zona y
anidaban en los bosques de galería en ambas orillas del cauce.
Pero
antes que nada, con estas 3.000 has. los desmontes llegan a tocar
el mero corazón de uno de los territorios grupales más preciados
del Pueblo Ayoreo: el de Chunguperedatei – una región que se extiende
monte adentro en ambas márgenes, a lo largo del mencionado cauce,
y que contiene unas legendarias lagunas que nunca se secan, aún
en tiempo de las peores sequías. Desde tiempos inmemoriales, varios
grupos locales ayoreo pasan en ese territorio tiempos prolongados,
cuando interrumpen su constante andar nomádico para hacer las
plantaciones de verano en la tierra arenosa fértil de los sedimentos
fluviales en ambas orillas del cauce. Los 5 Km. de cauce cortados
anulan numerosos amotoco – los pequeños claros naturales que sirven
para estas plantaciones – y anulan unos 5 conocidos simijnai,
aguadas con peces, y ojos de agua que en las época secas pueden
ser vitales para la sobrevivencia.
Una
tierra así anulada, ya vacía, queda “apagada” como dicen aquellos
Ayoreo que ya con anterioridad han sido despojados de territorios
de monte similares y hoy viven precariamente en los márgenes de
la sociedad moderna. Con las 3.000 has. ya desmontadas en estos
momentos se apagan parte de los lugares de vida de toda una población
no solo de antes, sino de ahora, con los caminos que marcan las
rutas migratorias, las zonas de cacería de tortugas o chanchos,
y las de recolección de miel y de la fibra caraguatá con la cual
las mujeres tejen sus sueños y visiones de la vida convirtiéndolos
en bolsas. Se apagan numerosas chozas en el monte donde acampar
y buscar cobijo, y los lugares que marcan las vidas y dicen la
historia de generaciones: desaparece el árbol donde Orojoide*
– antiguo líder de un grupo del monte contactado a la fuerza en
1986 – volvió a encontrar veinte años más tarde la marca que él
mismo había hecho con su hacha cuando aún vivía en el monte, antes
del contacto. Se apagan las referencias vivas y materiales de
la vida e historia de todo un pueblo.
Con
el apagamiento, se quiebra una vez más la delicada e irreparable
unidad formada entre los humanos y el mundo – nosotros lo llamamos
naturaleza. Era – o es - una unidad vital para ambas partes.
Mientras
se escribe este texto – 12 de octubre - , los grupos aislados
deben haberse retraído a espacios más al Oeste o más al Sur que
aún siguen con vida e intactos. Una mirada del mapa satelital
de Amotocodie muestra sin embargo que son varios los desmontes
en curso, y aún quedando un centro compacto de monte intacto,
deben quedar ya pocos sitios en los que los Ayoreo del monte no
escuchan el ruido lejano de las topadoras que trabajan día y noche.
Aún determinan su andar, pero de manera cada vez más condicionada.
La sociedad moderna les come de a poco su autodeterminación.
Desde
“afuera”, desde nuestro mundo de la sociedad envolvente luchan
la UNAP (Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay) y la OPIT (Organización
de grupo local Ayoreo Totobiegosode) incansablemente por la protección,
la recuperación y el reconocimiento legal de los territorios que
ya son de ellos porque siempre lo fueron. Y tratan de dar fuerza
a sus hermanos invisibles, que hacen el mismo trabajo “desde adentro”:
evitar que el monte se apague.
*
nombre cambiado por el autor
Por
Benno Glauser, correo electrónico: bennoglauser@gmail.com,
www.iniciativa-amotocodie.org
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-
América Latina: Asamblea de Redmanglar Internacional
Entre
el 8 y el 13 de Octubre, las organizaciones de pescadores, recolectores
artesanales, ambientalistas y académicos de 10 países de América
Latina, organizados en la Redmanglar Internacional, se dieron
cita en la localidad de Cuyutlán, Estado de Colima, México.
Durante
una semana entera de trabajo se denunció que en el mundo se reafirma
y fortalece una política de apropiación y uso de espacios costeros
y marinos en donde se anteponen los intereses económicos de pocos
a la conservación de los ecosistemas que sustentan la vida y los
derechos fundamentales de las comunidades locales.
Durante
el primer día de trabajo cada uno de los países miembros de Redmanglar
Internacional fue exponiendo la situación actual de los ecosistemas
marino-costeros y el trabajo que se ha emprendido por su defensa.
Es de destacar los esfuerzos realizados por países como Guatemala,
Perú y Venezuela, que han logrado conformar en los últimos años
redes nacionales de organizaciones articuladas a la misión de
Redmanglar Internacional que es la de defender el ecosistema manglar
y los ecosistemas marino-costeros, garantizando su vitalidad y
la de las poblaciones usuarias ancestrales que viven en relación
con ellos, frente a las amenazas e impactos de las actividades
susceptibles de degradar el ambiente, alterar el equilibrio natural
ecológico y/o que violenten los derechos humanos de las comunidades
locales.
En
los días posteriores, la exposición de Fernando López, catedrático
de la Universidad Central del Ecuador sobre la situación actual
política y económica y del patrimonio natural y cultural de América
Latina dio inicio a las discusiones de temas generales que atañen
a la región. “La situación que enfrentamos es de enorme
complejidad por el entrecruzamiento de poderosos intereses globales,
la magnitud de las amenazas contra las poblaciones y el medio
ambiente, y por la escasa capacidad de resistencia de las comunidades
y organizaciones políticas y sociales”, expuso Fernando López
e hizo un análisis de la Integración de la infraestructura regional
sudamericana (IIRSA) y mostró como ésta implica una integración
de los mercados y una seria amenaza para los pueblos.
Posteriormente
en la Pinacoteca Universitaria de la ciudad de Colima tuvo lugar
una charla sobre “Ecosistemas Marino-Costeros, Agua y Soberanía
Alimentaria” a cargo de Jorge Varela Márquez, delegado del Fórum
Mundial de los Pueblos Pescadores, Dolores Gónzález de la Universidad
Central de Venezuela y Alberto Villarreal de Food and Water Watch.
Las
sesiones continuaron a lo largo de la semana en donde se informó
sobre la participación de la red en foros internacionales, campañas,
movilizaciones y la firma de declaraciones, herramientas eficaces
y legítimas de los pueblos ancestrales costeros. Se hizo también
un pronunciamiento en contra de la privatización de las costas
y la exigencia a los gobiernos para que se garantice el acceso
a los territorios para pescadores y recolectores artesanales,
así como se manifestó el desacuerdo conjunto con la mercantilización
de los bienes y servicios ambientales.
Un
análisis sobre la certificación a la acuacultura del camarón a
cargo de Jeovah Meireles de la Universidad Federal de Ceará, Brasil
motivó a que la asamblea ratifique su posición en contra de la
certificación orgánica a la acuacultura industrial del camarón
por tratarse de un maquillaje verde que pretende ocultar delitos
ambientales, sociales y económicos de la industria camaronera.
Adicionalmente,
la asamblea se pronunció sobre varios temas particulares de los
países miembros de la red, uno de ellos fue un pedido al presidente
de México, Felipe Calderón, de cancelar el proyecto de la Terminal
de Gas Natural Licuado Manzanillo, por considerar que es de alto
riesgo para los ecosistemas de la Laguna de Cuyutlán.
Por
tanto, los participantes en esta III Asamblea General de Redmanglar
Internacional durante el último día de su estadía en México, realizaron
una visita de observación al Vaso II de la Laguna de Cuyutlán
así como se reunieron con los pescadores de la comunidad de Ventanas,
para evidenciar cómo este proyecto constituye
una amenaza para el sistema lagunar y el ecosistema manglar.
Líder
Góngora Farías, Secretario Ejecutivo saliente, y el equipo de
la C-CONDEM del Ecuador posesionaron a Juan José López, en representación
de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario
de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (ASPROCIG) de Colombia como
nuevo Secretario Ejecutivo de Redmanglar Internacional para el
trienio 2008-2010.
La
Declaración de Cuyutlán, se encuentra disponible en
http://redmanglar.org/imagesFTP/8221.declaracion_cuyutlan.pdf
Por
Verónica Yépez, C-CONDEM, correo electrónico:
veroy@ccondem.org.ec
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COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS
DE ÁRBOLES
-
Brasil: mujeres y eucaliptos; historias de
vida y resistencia
La
invasión de los territorios de pueblos locales por parte del proyecto
agroindustrial de Aracruz Celulose S.A., implantado en las décadas
de 1960 y 1970, en Espíritu Santo, causó enormes pérdidas materiales
y simbólicas para los pueblos indígenas y quilombolas. Algunas
son irrecuperables.
“Son
mis primos. Cuando Aracruz llegó aquí y los expulsó ... ella llegó
invadiendo. Cuando llegó, ellos tuvieron miedo y abandonaron sus
tierras y se fueron. Llegó con un montón de tractor y pasó
por arriba de sus pequeñas casas. Las casas era de paja y barro,
donde ellos vivía. Entonces, están mis primos que tienen ganas
de entrar a la aldea de nuevo”. (Maria Loureiro, aldea tupiniquin
de Irajá).
La
llegada de ese proyecto agroindustrial fue arrasadora para los
pueblos locales: de 40 aldeas indígenas, hoy sólo quedan siete.
Según la información de los quilombolas, de las 100 comunidades
que existían en la región norte de Espíritu Santo, formadas por
alrededor de 10.000 familias, quedan 1.200 familias, distribuidas
en aproximadamente 37 comunidades rodeadas de eucaliptos y caña
de azúcar para la producción de alcohol.
Una
gran parte de esos pueblos se dispersó. Un grupo se refugió en
los alrededores de su antiguo territorio, otros buscaron un lugar
para vivir en las ciudades de la región metropolitana de Vitória
(capital del Estado). La nueva conformación territorial interfirió
drásticamente en la división sexual del trabajo y, como consecuencia,
en los papeles sociales y familiares de hombres y mujeres. Indios
y quilombolas debieron sufrir la dispersión de sus parientes.
Las familias que lograron permanecer en su territorio se amontonaron
en fragmentos de tierra.
Paradójicamente
a la tristeza de la violencia y del genocidio que esos pueblos
debieron soportar, se escribe una bellísima historia de resistencia
en los últimos seis siglos. La prueba más evidente de esa resistencia
es la presencia de indios y quilombolas en todas las regiones
brasileñas.
Con
componentes modernos y desarrollistas,
la relación entre los pueblos tradicionales de Espíritu Santo
y Aracruz Celulose S.A. reedita la historia colonial e impone
pérdidas materiales y simbólicas irreparables a las comunidades
indígenas y quilombolas.
En
este nuevo contexto, hombres y mujeres viven impactos tanto comunes
como diferenciados. Con la pérdida del territorio, las mujeres
perdieron su espacio para plantar, criar animales domésticos y
producir hierbas medicinales.
Y
para nosotras, las mujeres, fue un impacto muy fuerte también.
Nosotras tenemos ese sentimiento, ese sentimiento de pérdida de
nuestras riqueza (Maria
Loureiro, Comisión de Mujeres Indígenas Tupiniquins y Guaranís).
La
substitución del bosque por la plantación de eucalipto provocó
la pérdida de alimentos que antes provenían de los frutos, la
pesca y la caza. El fin del bosque tropical originó, también,
la extinción de ríos y arroyos, que eran lugares de encuentro
para las mujeres y un espacio privilegiado de intercambio de los
saberes femeninos.
Fue
una gran dificultad para nosotras, porque vivíamos del... usábamos
el río para pescar. Ahora, esa dificultad... el río se secó por
el eucalipto, ¿verdad?. Y solo podemos culpar al eucalipto. Fue
muy difícil para nosotras. Pero las mujeres siempre sufrimos con
eso, con la falta de agua. Antes había agua canalizada pero no
llegaba bien a nuestras casas y sufrimos mucho
(Maridéia, aldea tupiniquin de Pau-Brasil)
Indios
y quilombolas tuvieron que convivir con la contaminación ambiental
debida a los agroquímicos usados por la industria del monocultivo.
Después,
ellos empezaron a poner los remedios, como decía esta joven, empezaron
a acabar con todo. Los remedios [agrotóxicos] mataban a los animales
de caza, a los pájaros; el agua también se contaminaba, mataba
peces, cangrejos como los que hay en Pau-Brasil. Allá hay un riachuelo
que subía hacia Barra do Sahy. Entonces, aquel río se acabó. Los
peces también se acabaron, a causa del veneno que ellos fueron
poniendo, fueron acabando con nuestros peces, nuestros cangrejos.
No hay más nada allá en el manglar. Puede ir para allá a mirar
que no va a ver nada, cangrejo, juey azul, todo eso era nuestro
alimento, lo que nos alimentaba. No nos faltaba nada, alimentábamos
a nuestros hijos (Rosa,
aldea tupiniquin de Pau-Brasil)
La
desaparición del bosque también provocó el fin de la materia prima
usada en la fabricación de los utensilios y de las artesanías
que, en el caso de los indios, es una actividad desarrollada principalmente
por mujeres.
La
pérdida de la biodiversidad significó la pérdida de una gran cantidad
de medicamentos derivados de plantas, raices y animales del bosque;
vetó a las mujeres indígenas guaraníes, que antes usaban hierbas
para estimular y reducir la fertilidad, su derecho a la planificación
familiar, haciéndolas rehenes de anticonceptivos y ligadura de
trompas. Indios y quilombolas tampoco encuentran más las lianas,
los árboles y las grasas de animales que usaban en la práctica
de su medicina.
Sin
los ecosistemas que aseguraban la reproducción del modo de vida
de esos pueblos tradicionales, el papel masculino, dentro de la
familia y de la comunidad/ aldea, fue minado. Grandes cazadores,
agricultores y pescadores se vieron obligados a vender su fuerza
de trabajo a las empresas subcontratadas por Aracruz Celulose,
y en el caso de los quilombolas, también a las empresas productoras
de alcohol, como Disa- Destilaria Itaúnas S.A.. Sin embargo, la
mayoría se vio desempleada ya que la política de las empresas
es no contratar mano de obra indígena y quilombola, con la
finalidad de forzar, cada vez más, la salida de los que permanecieron
en la región. La fragilización del papel masculino expuso a las
mujeres a convivir con el alcoholismo de sus compañeros y con
la violencia doméstica.
[...]
Entonces, arruinó parte de nuestra vida, nuestra libertad y
nuestra cultura, de nuestro cotidiano, de nuestra salud. Esa venida
de las grandes empresas hacia acá arruinó todo, nos sacó un pedazo
de nosotros mismos, es como un pedazo, como si tuviéramos una
parte viva y otra muerta, como si fuéramos vivos-muertos,
¿entiende?. Debido a las grandes empresas, que después entraron
acá. Éramos felices, ahora no, vivimos infelices con esta vida,
necesitamos pelear por lo que es nuestro, por nuestros territorio,
por lo que ellos nos arrancaron, y con eso se nos fue todo, todo
lo que era nuestro, entonces nos queda protestar, ¿verdad?, de
parte de todos, de toda la comunidad. (Eni,
de la Comunidad quilombola de São Domingos).
Algunas
mujeres indígenas, portadoras de un rico conocimiento de la fauna
y la flora, fueron convertidas en empleadas domésticas, jornaleras,
niñeras y cocineras de los funcionarios de Aracruz Celulose. La
obligatoriedad de desempeñar nuevas tareas afectó el ejercicio
de la maternidad, obligándolas a dejar de amamantar a sus hijos
a edad más temprana y a dejarlos, aún bebés, para cuidar a los
hijos de las mujeres de la ciudad.
Frente
a las transformaciones que vivieron, esos pueblos construyeron
alianzas con movimientos y ONGs solidarios con su lucha. Hoy,
se articulan en red, buscando, cada vez más, aumentar su capacidad
de resistencia.
Y
así venimos luchando, uniéndonos a las otras 36 comunidades
para pelear por nuestro territorio, por la cuestión de las tierras,
que son tierras que le sacaron a nuestro pueblo, a nuestros antepasados
y que, hoy, están en manos de Aracruz Celulose. Entonces, la lucha
que nos une, hoy, es la expansión del cultivo de eucalipto dentro
de nuestras comunidades (Kátia,
comunidad de Divino Espírito Santo).
Las
mujeres, que también son protagonistas de esas luchas, inician
un proceso de organización en espacios específicos, con el objetivo
de discutir los impactos del monocultivo de eucalipto que inciden
sobre ellas y las formas de contribuir para recomponer el modo
de vida de su pueblo. Ellas pretenden asumir, cada vez más, su
lugar en ese proceso de lucha. Cuando “[...] el
ambiente empiece a afectar a sus hijos, muchas mujeres actuarán”.
El
proceso de organización de las mujeres en espacios específicos
es reciente. En el caso de las mujeres indígenas, por ejemplo,
hay grupos organizados en cada aldea dedicados a la producción
de artesanías y al rescate de los saberes y uso de las hierbas
medicinales. Algunas se encuentran en un proceso de organización
más avanzado, otras están comenzando. Con el objetivo de reforzar
su proceso de organización, hace poco más de un año, crearon la
Comisión de Mujeres Indígenas Tupiniquin y Guaraníes, que busca
la articulación de las mujeres indígenas de todas las aldeas y
el desarrollo de actividades y luchas de su interés.
Se
nota que todo el movimiento organizativo protagonizado por las
mujeres ha estimulado el reconocimiento público de los diferentes
trabajos que realiza: en el frente de batalla, para hacer la autodemarcación
del territorio; en el enfrentamiento con la policía al ocupar
la fábrica de Aracruz (en 2005); en la cocina, al preparar la
comida para las grandes asambleas indígenas. De esa forma, ellas
están, cada vez más, ampliando sus espacios de socialización y
buscando sustituir, en parte, los espacios que les arrancaron.
La organización también contribuyó a aumentar su autoestima.
Mujeres
indígenas y quilombolas, que compartieron durante tantas décadas
los impactos del monocultivo de eucalipto, ahora quieren compartir
su experiencia organizativa, y descubrir juntas los caminos de
la libertad. Son mujeres que cada vez están más unidas y que se
fortalecen mutuamente, luchando contra la opresión del agronegocio
y del patriarcado.
Extractado
de: “Mujeres y Eucaliptos: historias de vida y
resistencia”, investigación del WRM
por Gilsa Helena Barcellos, correo electrónico:
gilsahb@terra.com.uy,
y Simone Batista Ferreira (integrantes
de la Red Alerta Contra el Desierto Verde), correo electrónico:
sibatista@hotmail.com
inicio
-
Colombia: ¿madera de conflicto con el
sello FSC?
Entre
los años 2001 y 2005 se podía comprar en EE.UU. un tablero estructural
de madera contrachapada fabricado por la empresa Pizano S.A.,
una de las mayores empresas forestales de Colombia. El tablero
estaba fabricado parcialmente a partir madera procedente de unas
plantaciones certificadas por el FSC (Consejo de Administración
Forestal) y el resto procedía de bosques naturales del Noroeste
de Colombia, bosques en los que la guerrilla, los grupos paramilitares
y el ejército combatían por el control del territorio y sus recursos
naturales. El tablero contrachapado estaba manchado de sangre.
¿Cómo
ha sido posible que el FSC se haya teñido de sangre? El grupo
Pizano S.A. es titular de un paquete importante del accionariado
de Maderas del Darién, S.A., empresa maderera que ha sostenido
una intensa extracción forestal en las cuencas de los afluentes
del Río Atrato, Departamento del Chocó, el cual atraviesa la Reserva
del Pacifico Colombiano, una región señalada por su alta biodiversidad.
El 40% de los suministros de madera de Pizano S.A., con la que
se fabrica su tablero contrachapado, procede de estos bosques
de alto valor ecológico. Además, la explotación irregular y destructiva
ha reducido considerablemente las áreas naturales de cativo (Priora
copaifera), una especie amenazada, utilizada para la fabricación
del contrachapado.
La
actividad de esta empresa se ha realizado de forma simultánea
en el tiempo y el espacio con enfrentamientos bélicos y operaciones
militares que generaron a partir de 1997 el desplazamiento de
miles de personas. Las violaciones de los derechos humanos y el
asesinato han sido frecuentes y han quedado impunes. La tala ilegal
es un problema grave y la titularidad de la tierra es objeto de
disputas dirimidas frecuentemente en los tribunales. Con todos
estos ingredientes, la actividad maderera y el conflicto armado
han originado la destrucción de la vida comunitaria de las comunidades
afrodescendientes y la conversión de sus territorios en zonas
deforestadas o en plantaciones de palma aceitera.
En
el año 2000, durante la preevaluación de Pizano S.A., Smartwood
se reunió con la Iniciativa Nacional de Colombia y miembros de
su Directiva cuestionaron la posibilidad de otorgar el certificado
a esta empresa. Ya por entonces las noticias sobre el conflicto
en el Departamento del Chocó salpicaban a Pizano S.A. En la evaluación
de seguimiento de 2005 la Comisión Intereclesial Justicia y Paz
Colombia, una organización comprometida con los derechos humanos
en toda América Latina, presentó una queja formal en la que informaba
sobre la responsabilidad de Maderas del Darién en la violación
de los derechos humanos y el desastre ambiental en el Darién,
probada mediante diversos documentos y sentencias judiciales.
La
queja de Justicia y Paz fue apoyada por numerosas organizaciones
sociales y ambientales de Colombia y España (Greenpeace y Ecologistas
en Acción, entre ellas), organizaciones que posteriormente solicitaron
en 2005 a Smartwood la no renovación del certificado FSC a Pizano
S.A. Asimismo, pusimos en conocimiento del Director Ejecutivo
de FSC, Heiko Liedeker, todos estos hechos.
Las
conexiones de la empresa filial de Pizano S.A. con el conflicto
han sido expuestas públicamente en los últimos meses. En mayo
de 2007 diversos medios de comunicación de Colombia han publicado
las declaraciones de ex paramilitares reconociendo haber recibido
apoyo económico de la empresa Maderas del Darién. Estos hechos
fueron puestos inmediatamente en conocimiento de Smartwood.
Pero
todo esto no ha sido suficiente. El pasado 17 de julio de 2007
Smartwood comunicó a las organizaciones reclamantes su intención
de otorgar de nuevo el sello FSC a las plantaciones de Pizano
S.A. Según Smartwood no hay pruebas de que los hechos denunciados
“se ejecuten en el presente o pasado reciente”. Esta
afirmación deja claro que ni Smartwood ni la empresa niegan que
los hechos ocurrieran en un pasado “no reciente”, en 2005 por
ejemplo, cuando la empresa disponía todavía del sello FSC y Smartwood
hacía oídos sordos a las quejas de la sociedad civil.
Según
Smartwood, la empresa Pizano S.A. se ha comprometido ahora a adoptar
el estándar de madera controlada, por el cual no es aceptable
la madera de procedencia ilegal, la madera procedente de bosques
de alto valor de conservación o la madera aprovechada en violación
de los derechos tradicionales y civiles.
La
actuación de Smartwood en Colombia ha supuesto otro duro golpe
para la credibilidad y el prestigio del FSC. Hasta la fecha ningún
auditor de Smartwood ha visitado la región del Darién y no hay
todavía ningún mecanismo, protocolo o sistema implantado que garantice
que la madera procedente de la destrucción de bosques de alto
valor ecológico, la tala ilegal o la violencia no sea mezclada
con madera de las plantaciones certificadas de Pizano S.A. para
formar un tablero contrachapado. Un tablero contrachapado donde
el sello FSC podría estar teñido de sangre. Además FSC Internacional
ha fallado a la hora de dar unas directrices claras sobre la exclusión
de empresas altamente controvertidas, como Pizano, del sistema
de certificación FSC.
Por
Miguel Ángel Soto, Greenpeace España, correo electrónico:
masoto@es.greenpeace.org, y Tom
Kucharz, Ecologistas en Acción, e-mail:
agroecologia@ecologistasenaccion.org
inicio
- Kenia:
Pan Paper proyecta expandir sus operaciones contaminantes
Este
año, en un intento por desalentar el uso de bolsas de plástico,
el gobierno de Kenia aplicó al plástico un impuesto del 120%.
Aunque este gravamen parezca una decisión favorable al medio ambiente,
lo cierto es que podría provocar graves impactos negativos. Uno
de los beneficiarios de esta resolución será la empresa [de la
celulosa y el papel] Pan African Paper Mills, de la que el gobierno
es propietario parcial.
En
los últimos años Pan Paper ha sufrido grandes pérdidas y sus deudas
