NUESTRA
OPINIÓN
- Plantaciones de árboles para
celulosa: todos los caminos conducen a Roma
Toda
vez que se utiliza la expresión “bosques plantados”, el concepto
puede rastrearse hasta la Organización para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), con sede en Roma. Cuanto más impugnan este
concepto los pueblos locales y las ONGs en lucha contra las plantaciones,
más apoyo construye la FAO para mantenerlo.
El
motivo es simple: la FAO eligió estar al servicio de las empresas
del Norte que se benefician con las plantaciones de árboles, en
especial las del sector de la celulosa y el papel. Presentar a
los monocultivos de árboles como “bosques plantados” ha demostrado
ser una buena herramienta de mercadeo, que sirve para ocultar
el desastre social y ambiental que implican los monocultivos en
gran escala de árboles de madera rápida.
Pero
la función que cumple la FAO no se limita a la definición. Ha
estado promocionando activamente el establecimiento de tales plantaciones
desde los años 1950 y sigue haciéndolo. Entre 1990 y 1995 incluso
apoyó la investigación en árboles transgénicos en China que luego
resultó en la plantación masiva y descontrolada de álamos transgénicos
en ese país.
El
más reciente caso de tal tipo de apoyo es el proceso encabezado
por la FAO que desembocó en la adopción
de las “Directrices voluntarias para la Ordenación responsable
de los bosques plantados”, actualmente en etapa de instrumentación
en los países.
¿Qué
objetivo tienen estas directrices? Incluso antes de leerlas podemos
concluir que su objetivo es apoyar la expansión de las plantaciones
para la industria de la celulosa. Por ejemplo:
-
En la portada del informe hay una foto de un “Paisaje de bosques
plantados, Bahía, cortesía de la Compañía Veracel, Brasil”. Los
impactos negativos sociales y ambientales de, justamente, las
plantaciones de Veracel han sido bien documentados y las poblaciones
locales están llevando a cabo campañas en su contra. Al poner
esa foto en su informe, la FAO está apoyando estas plantaciones
y otras igualmente destructivas contra las que se está luchando
en el Sur.
-
Los agradecimientos. El informe dice que “La FAO desea expresar
su agradecimiento a sus principales colaboradores, quienes la
acompañaron en la preparación de los primeros conceptos y borradores”.
Todas las asociaciones del sector privado que se mencionan
están relacionadas con la industria de la celulosa y el papel:
“Consejo Internacional para las asociaciones forestales y papeleras,
Asociación brasileña de la pulpa y el papel/Sociedad brasileña
de Silvicultura, Asociación americana de los bosques y el papel,
Confederación de industrias papeleras europeas, Asociación portuguesa
de la industria papelera, Asociación papelera Japonesa/Centro
Japonés de Plantaciones de Ultramar para la pulpa de madera, Corporación
nacional de la madera – Chile, Federación sueca de asociaciones
de propietarios de bosques y la Asociación de propietarios de
bosques de Nueva Zelandia”. ¿Qué motivo tendrían estas asociaciones
empresariales para apoyar el proceso encabezado por la FAO si
no contaran con beneficiarse de las directrices resultantes?
-
Las ausencias. Ni una sola organización del Sur se menciona en
los “agradecimientos”. Dado que los principales críticos de las
plantaciones están en África, Asia y América Latina, esto significa
que la FAO eligió excluir las voces críticas que ciertamente se
hubieran opuesto a directrices que promovieran plantaciones de
“madera rápida”, que son las que la industria de la celulosa necesita.
-
La bibliografía. No se menciona ni un solo
documento crítico. En el caso del WRM, la FAO decidió ignorar
no solamente los incontables artículos difundidos en los últimos
diez años sobre los impactos de las plantaciones, basados en testimonios
de personas de los distintos lugares, sino también las publicaciones
de los resultados de nuestras investigaciones en plantaciones
de Brasil, Camboya, Chile, Ecuador, Indonesia, Laos, Sudáfrica,
Swazilandia, Tailandia, Uganda y Uruguay. Ignorar éstas y otras
pruebas documentadas de los impactos de las plantaciones demuestra
el papel de la FAO en apoyo de los intereses empresariales relacionados
con las plantaciones.
Las
siguientes citas de las directrices son también muy ilustrativas:
“Los
gobiernos deberían crear las condiciones favorables para fomentar
la inversión por parte de compañías de inversión e inversionistas
medianos y pequeños a fin de que inviertan a largo plazo en los
bosques plantados y reciban una ganancia favorable por sus inversiones”
y también “facilitar la creación de un ambiente con condiciones
económicas, jurídicas e institucionales estables a fin de fomentar
la inversión a largo plazo …”.
Esto
no es nuevo. Muchos gobiernos del Sur ya han creado esas “condiciones
favorables” siguiendo las recomendaciones de la FAO, el Banco
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Latinoamericano
de Desarrollo, agencias bilaterales como JICA, GTZ y otros, lo
que ha resultado en “ganancias favorables” para las empresas
de la celulosa y el papel, pero no para los pueblos locales y
sus ambientes, para quienes las consecuencias han sido más que
desfavorables.
Actualmente
la industria de la celulosa se está mudando al Sur, y tiene planes
de aumentar drásticamente su capacidad de producción en más de
25 millones de toneladas en los próximos cinco años. Esto significa
que se necesitarán extensas superficies de plantaciones de crecimiento
rápido para alimentar sus fábricas de celulosa. En este contexto
cuentan con la ayuda de las “Directrices voluntarias para la Ordenación
responsable de los bosques plantados”, que debilita la oposición
a la expansión de la industria y pone los gobiernos a su servicio.
Es
por lo tanto necesario ser conscientes de esta nueva amenaza y
oponerse a la instrumentación de dichas directrices en los países.
Debería recordarse a la FAO que su mandato no es la promoción
de las plantaciones de árboles sino, como declara en su sitio
en internet, llevar a cabo “actividades internacionales encaminadas
a erradicar el hambre”.
Dado
que el tema elegido este año para el Día Mundial de la Alimentación
creado por la FAO (16 de octubre) fue “El derecho a la alimentación”,
parece necesario recordar a la Organización para la Alimentación
y la Agricultura que las plantaciones de madera para celulosa
no pueden “garantizar que toda niña, niño, mujer y hombre disfruten
de una alimentación adecuada con carácter permanente”, aunque
ciertamente intentarán garantizar que toda fábrica de celulosa
disfrute de un suministro de madera adecuado con carácter permanente.
Desgraciadamente,
cuando observamos la promoción de las plantaciones de madera para
celulosa, todos los caminos siguen conduciendo a Roma.
(*)
El informe completo de la FAO está disponible en:
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/J9256S/J9256S00.pdf
inicio
COMUNIDADES Y BOSQUES
-
Argentina: Chaco - desmonte, desnutrición
y muerte
Una
intensa ola de frío atravesó Argentina en la primera quincena
de julio. En las cálidas tierras de la provincia de Chaco, donde
la media anual ronda los 20º C se registraron marcas por debajo
de cero. Ese brusco descenso de temperatura expuso en muertes
la dimensión de la emergencia sanitaria y alimentaria que viven
los pueblos indígenas toba, mocoví y wichí en ese distrito del
noreste del país, donde la salud está minada por la desnutrición,
la tuberculosis y el chagas. En pocos días los muertos fueron
10, al 2 de octubre ese número ascendió a 16, la mayoría son tobas.
Todas las víctimas vivían en El Impenetrable, región de monte
que desde hace un siglo sufre el saqueo de sus quebrachos, algarrobos
y lapachos y que en las últimas décadas desaparece bajo las topadoras
y el fuego de quienes buscan la alta rentabilidad del cultivo
de soja.
A
partir de 1995 la provincia vendió la mayor parte de sus tierras
fiscales; en ese momento contaba con 3 millones de hectáreas y
actualmente le quedan unas 580 mil. El traspaso de la tierra pública
a grandes propietarios fue el requisito previo para su posterior
desmonte. La organización de derechos humanos chaqueña Centro
de Estudios Nelson Mandela denunció en noviembre de 2006 que la
Dirección de Bosques de la provincia, desmanteló en los últimos
años su estructura administrativa y operativa. “El Estado tiene
una política sobre el sector, que consiste en dejar hacer y dejar
pasar. La ley es letra muerta. El Decreto 1341, que suspendió
el otorgamiento de permisos de desmontes hasta que finalice el
ordenamiento territorial del Chaco, no se aplica ni se respeta.
El desmonte no solamente continúa, sino que es más intenso. Todo
un cuadro escandaloso, signado por la destrucción y por la impunidad”,
había advertido el 20 de octubre de 2006 la misma organización
en una declaración pública.
Este
proceso afectó mayormente a El Impenetrable, que se extiende al
oeste de la provincia y es el territorio ancestral toba y wichí.
La desaparición del monte determinó la desaparición de las proteínas
animales y vegetales de la dieta de estos pueblos. “El algarrobo
simboliza casi todo, porque de ahí obtenían las proteínas las
comunidades indígenas, la algarroba [su fruto] era el eje central
de la dieta proteica, al ir desapareciendo hoy se mantienen con
grasa, con harina, a veces un poco de fideos, no siempre; arroz,
cada vez menos; y carne, casi nunca. Entonces tenemos que esa
dieta condujo a la desnutrición, a la mal nutrición, a la hipertensión,
a la diabetes. Por desnutrición o por mal nutrición, al no tener
nunca comida suficiente y menos comida con capacidad nutritiva,
a las enfermedades infecciosas, a la tuberculosis, al chagas”,
sostuvo Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela, en
una entrevista realizada en agosto.
Desde
abril del año pasado los pueblos toba, wichí y mocoví vienen denunciando
esta situación y exigen al gobierno provincial políticas públicas,
incluso bloquearon rutas, acamparon frente a la sede del gobierno
local y realizaron una huelga de hambre.
Tras décadas de silencio el ‘levantamiento’ – como lo llaman –
puso de relieve la extrema pobreza y la discriminación en que
están sumidos los aproximadamente 60 mil indígenas del Chaco.
Salieron del silencio pero los acuerdos firmados con el gobierno
en agosto de 2006 no fueron cumplidos.
La
extrema situación que viven las comunidades fue denunciada por
la Defensoría del Pueblo, que demandó a los estados nacional y
provincial por sus responsabilidades ante la Corte Suprema de
Justicia. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha pedido una ampliación documental por una denuncia de genocidio.
A tres meses del comienzo de la ola de muertes las autoridades
sólo han atinado a implementar planes de asistencia alimentaria
temporal sin atender las causas de la emergencia.
Por
Hernán Scandizzo, Colectivo Pueblos Originarios – Indymedia Argentina.
Contacto: originarios-arg@indymedia.org
– www.argentina.indymedia.org/pueblos
inicio
-
Camerún: bosques comunitarios en un mar
de madereo industrial
Visité
Camerún en diciembre de 2006 y setiembre de 2007. En ambas oportunidades
me impresionó la cantidad de camiones cargados con enormes troncos
de árboles tropicales en prácticamente todas las carreteras. La
gran mayoría se dirigía a los puertos desde donde se exportarían
los troncos, sin procesar, principalmente a países del Norte.
Ver
esos “antiguos bosques sobre ruedas” viajando en la carretera
me recordó el libro “Las venas abiertas de América Latina”, de
Eduardo Galeano. En este caso se trata de las venas abiertas de
África Central (Camerún, República Democrática del Congo, República
del Congo, Gabón) y los troncos representan la vida de los bosques
y los pueblos africanos explotados para el consumo del Norte.
En
Camerún el madereo en escala industrial está en manos de grandes
empresas nacionales y extranjeras vinculadas con el capital extranjero
y orientadas a la exportación. Paradójicamente el país parece,
en los papeles, bastante progresista en la promoción del manejo
comunitario de los bosques. A este respecto, en 1994 se aprobó
una ley de bosques comunitarios que permite a las comunidades
gestionar sus propios bosques, aunque solamente hasta 5.000 hectáreas,
en virtud de un contrato celebrado con el Ministerio de Medio
Ambiente y Bosques válido por 25 años.
Sin
embargo el gobierno sigue apoyando el madereo destructivo y lucrativo
y no parece tener intenciones de sustituirlo por la gestión forestal
comunitaria. Esto quedó demostrado con una visita a un bosque
comunitario.
El
12 de setiembre visitamos el bosque comunitario COVIMOF (Communauté
Villageoise de Melombo, Okekak, Fakele 1&2, Ayos et Akak),
donde lo primero que aprendimos es que el proceso de aprobación
de la gestión comunitaria de bosques es muy lento. En este caso,
las cinco comunidades participantes iniciaron el proceso en 1996
y solamente en 2004 lograron cumplir con todos los requisitos
para la aprobación y firmar el instrumento legal necesario. Se
quejan de que incluso ahora, cuando presentan el plan anual de
manejo, el Departamento de Bosques demora meses en aprobarlo,
con lo cual la comunidad dispone de muy poco tiempo (uno o dos
meses) para instrumentarlo.
La
segunda lección es que las comunidades están solas en lo que atañe
a la protección contra el madereo ilegal en sus bosques. Mientras
la comunidad seguía esperando la autorización para comenzar las
operaciones forestales, un grupo de madereros ilegales empezó
a cortar árboles en el bosque comunitario. Se informó a las autoridades
pertinentes, que no tomaron ninguna medida. Más tarde los madereros
regresaron con maquinaria pesada y apilaron los troncos ilegales
junto a una carretera. Las autoridades locales recibieron fotografías
y videos de esta operación, pero no pasó nada. Finalmente cargaron
los troncos en camiones y se fueron, pasando incluso por un puesto
de control forestal del gobierno sin ningún problema.
La
restauración del bosque es otra actividad para la cual las comunidades
no cuentan con apoyo del gobierno. Este bosque comunitario ya
había sido “descremado” y despojado de sus mejores árboles por
anteriores actividades de madereo. La población local está replantando
árboles nativos, pero sin apoyo gubernamental. Construyeron un
pequeño vivero donde se producen unos 5.000 plantines de 12 especies
de árboles. El año pasado plantaron 1.000 árboles con el apoyo
del CED (Centre pour l’environnement et le développement) y de
Greenpeace.
La
tercera lección es que también están solos para la cosecha, el
transporte, la industrialización y la comercialización de la madera.
No es el gobierno quien brinda apoyo técnico y capacitación sino
organizaciones de la sociedad civil como el CED. La maquinaria
para transformar troncos en trozas también se compró con ayuda
de organizaciones no gubernamentales, pero se necesitaría mucho
más para mejorar el proceso actual de industrialización. La comercialización
es difícil y está sujeta a frecuentes abusos por parte de los
compradores. En todo esto el gobierno está completamente ausente.
Este
ejemplo parece demostrar que en Camerún los bosques comunitarios
necesitan algún tipo de ayuda del exterior, en este caso brindado
por las ONG. Sin embargo, las ONG no tienen capacidad para apoyar
muchos más casos y son las agencias gubernamentales quienes deberían
cumplir este papel. Para que esto ocurra hay una condición básica
necesaria: la voluntad política del gobierno de pasar del madereo
industrial al manejo comunitario de los bosques. Eso es lo principal
e implica buscar respuestas a la interrogante crucial de cómo
empezar el proceso para lograr cambios en esa dirección.
Los ejemplos de éxito e incluso de fracaso de los bosques comunitarios
existentes pueden ser extremadamente útiles como parte de ese
proceso.
En
el caso del bosque comunitario COVIMOF es importante destacar
que, a pesar de todos los problemas, la población local está orgullosa
y feliz de sus logros. La mayoría ya demuestra una capacidad técnica
que antes no tenía en alguna de las actividades relacionadas con
la silvicultura. Se han comprometido a usar el bosque en forma
sustentable y repartir los beneficios en forma equitativa. En
sus manos, el bosque tiene una oportunidad real de protección.
Por
Ricardo Carrere, basado en observaciones y entrevistas realizadas
en salidas de campo durante un viaje a Camerún en setiembre de
2007.
inicio
-
Ecuador: gran éxito en contra de la minería
en la zona de Intag
El
26 de septiembre de 2007 no será un día fácil de olvidar en Intag,
la zona subtropical antiminera del noroccidente del Ecuador. Después
de meses esperando una resolución al respecto, el Ministerio de
Minas y Petróleos anunció la suspensión de las actividades mineras
de la compañía minera canadiense Ascendant Copper,
dueña de las concesiones en la zona. La decisión del Ministro
Galo Chiriboga se sustenta jurídicamente en el hecho de que la
empresa inició sus trabajos incumpliendo la ley, al no haber solicitado
las correspondientes autorizaciones e informes del Municipio de
Cotacachi.
Esta
decisión afecta a 9.504 hectáreas de concesiones, e implica que
la compañía minera no puede realizar actividades mineras, administrativas
y de relacionamiento comunitario. Lamentablemente, la decisión
no es definitiva, sino que se mantiene hasta que la compañía renegocie
el contrato y su presencia en la zona, según el ministro Chiriboga.
Otras concesiones se encontrarían también en análisis por parte
del gobierno.
Estos
hechos demuestran que cuando la voluntad popular es firme, y las
circunstancias políticas acompañan, es posible para las poblaciones
conseguir éxitos en defensa de su soberanía y de sus intereses.
Decisiones similares podrían producirse al respecto de otras concesiones
mineras en otras partes del país.
El
sentir de las comunidades de Intag afectadas por el proyecto minero
y la presencia de la empresa fue inicialmente pesimista, pues
“es la cuarta vez que se anuncia lo mismo, pero la empresa sigue
en la zona”, como expresó el concejal Luis Robalino, originario
de Intag. Pero se fue tornando más optimista tras la entrada de
funcionarios gubernamentales a la zona, para clausurar las oficinas
de la empresa.
En
rueda de prensa convocada los primeros días de octubre para manifestar
la satisfacción por la decisión gubernamental, se recordaron algunas
de las circunstancias por las que la población no desea ni la
actividad minera en su zona ni la presencia de la empresa minera.
Según relataron el Alcalde de Cotacachi, Econ. Auki Tituaña junto
al Presidente del Consejo de Comunidades Polibio Pérez y otros
líderes zonales, la empresa llegó desde el principio de sus actividades
con el propósito de dividir a las comunidades, para facilitar
su entrada a la zona y sus operaciones previstas.
La
presencia de tres años de Ascendant Copper en la zona incluyó
incidentes con paramilitares disparando sobre campesinas y campesinos,
utilizando perros adiestrados y gases lacrimógenos. Además, alrededor
de un centenar de campesinas y campesinos fueron intimidados mediante
la interposición de denuncias y procesos judiciales que buscaban
–pero no lograron- acallar la resistencia. Muchos de ellos fueron
absueltos por sentencias de jueces de la provincia Imbabura. Ninguno
fue condenado.
Por
su parte, el Alcalde denunció la vinculación de ésta a “ex militares,
paramilitares, sicarios, traficantes de drogas y políticos corruptos”.
Dijo también que “pensaron que con el ofrecimiento que en su día
me hicieron de 60 o 70 millones de dólares,
iban a conseguir mi apoyo, pero mi precio es mucho mayor, es el
del valor de la mina” (según el Gerente de la Empresa AC, Francisco
Veintimilla, un mínimo de 110.000 millones de dólares). “Pero
sinceramente, prefiero que nos dejen intactos los árboles, la
fauna y la flora, y que respeten el modelo de desarrollo que nosotros
aquí en Intag y en Cotacachi hemos elegido para nosotros mismos”.
Se
refiere al bosque tropical nublado, de inmenso valor biológico,
que se encuentra situado justo sobre la mina de cobre. Desde la
llegada de la actividad minera “se ha conseguido incluso detener
la tala tradicional que la generación de nuestros padres venía
haciendo”, señaló Polibio Pérez. “Ahora otorgamos un valor mucho
mayor a la conservación”.
Ascendant
Copper está en la zona desde el año 2004,
aunque la resistencia antiminera se remonta al año 1997. En este
período, muchas iniciativas se han consolidado en la zona, haciendo
de Intag un modelo de producción alternativa: agricultura, turismo,
artesanía, cooperativas, organizaciones y otras iniciativas ocupan
a cientos de familias en la zona. A raíz de los incidentes provocados
por ésta y otras empresas mineras en otros lugares del Ecuador,
se conformó una Coordinadora en Defensa de la Vida y los Derechos
Humanos.
Se
estima que cerca del 95% de los habitantes de Cotacachi, incluyendo
a las autoridades, está en contra de la minería (ver Boletín Nº
118 del WRM). “Es en defensa de los intereses del Estado, la provincia,
el cantón y la zona”, dicen. A la pregunta por la posibilidad
de una consulta popular, dicen estar abiertos, pero obviamente
ésta tendría que hacerse de una manera limpia y transparente,
organizada por el estado ecuatoriano y no por la transnacional.
Por
el momento, la empresa sale dejando división y conflicto entre
hermanos, familiares, vecinos y antiguos amigos. Según denuncias,
algunos comuneros “estaban a sueldo de US$ 300 para jugar al voley”.
Mientras los depósitos de cobre continúen en la zona, la amenaza
minera sigue latente.
Mientras
tanto, en Ecuador se prepara la Asamblea Constituyente que redactará
la nueva Constitución. Alberto Acosta, que durante un breve período
de la actual legislatura fuera Ministro de Energía y Minas, y
que con toda seguridad presidirá la asamblea, ha manifestado firmemente
en repetidas ocasiones su propósito de hacer del Ecuador un país
libre de minería a gran escala.
Por
Guadalupe Rodríguez, correo electrónico:
guadalupe@regenwald.org
inicio
- Honduras:
el porqué de la defensa del bosque
En
Honduras se deforestan de 80.000 a 120.000
hectáreas anuales.
Nuestros
bosques son multidiversos: de pino, con una variedad de siete
especies; latifoliados, con 200 especies de árboles y una rica
biodiversidad sobre todo en tierras bajas; nublados latifoliados:
pinares o bosques mixtos en tierras altas; latifoliados en lugares
de clima seco; y manglares.
La
política forestal de Honduras es formulada no por la sociedad
civil o el poder ciudadano sino por los dictados del capital multinacional
a través del Banco Mundial y los Tratados de Libre Comercio articulados
con la oligarquía local, que a través de sus representantes en
el Congreso de la República y en otros poderes del Estado aprueba
las leyes y políticas que están destinadas a la explotación del
bosque en función del capital imperial y globalizador.
Para
implementar esas políticas tienen a los militares, a los que se
les da poder para “cuidar” el bosque. ¿Será posible que los que
destruyen el bosque durante las confrontaciones bélicas pasen,
por arte de magia, a ser héroes ambientalistas? Por otro lado,
el “sicariato” – asesinatos por encargo – es una de las formas
ocultas de agresión a las poblaciones indígenas, campesinas y
garífunas.
La
explotación de la madera siempre ha estado en nuestro país relacionada
con la corrupción, la violación de los derechos humanos y la impunidad.
La persecución del sacerdote Tamayo y otros dirigentes así como
el asesinato el 20 de diciembre de 2006 de Heraldo Zúñiga y Róger
Iván Cartagena, miembros del Movimiento Ambientalista de Olancho,
por parte del aparato de seguridad del Estado de Honduras, son
un reflejo del terror que significa luchar por la defensa del
bosque en Honduras. Recientemente se suma el asesinato de Mario
Guifarro en la comunidad de Parawasito, municipio de Dulce Nombre
de Culmí, en el Patuca Medio, mientras realizaba tareas para el
proyecto ICADE, de demarcación del bosque, siguiendo el mandato
del Congreso de la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH).
Los
gobiernos y la mayoría de sus cuadros técnicos siempre han culpado
a los pobres por la destrucción del bosque. Sin embargo, nunca
mencionan la deforestación ocasionada por la industria minera,
del camarón, la agroindustria de la piña, del banano; las grandes
plantaciones de caña de azúcar, maíz transgénico y palma africana,
destinadas estas dos últimas al nuevo súper negocio de los agrocombustibles.
A esto se suman las grandes quemas del bosque, accidentales o
provocadas, sobre todo para justificar las explotaciones de la
madera y la ganadería extensiva para exportación de carne para
hamburguesas.
Las
políticas forestales están orientadas a convertir el árbol en
una simple mercancía, sin considerar que debido a la deforestación
de las cuencas de los ríos y las micro cuencas, la erosión, los
derrumbes y los deslizamientos van en aumento, y por ello las
consecuencias de las tormentas tropicales y huracanes, así como
de las distorsiones climáticas, son más graves y los daños irrecuperables.
Los
tratados comerciales desiguales y la lógica inmoral e injusta
del capital promueven la promulgación de leyes y la aplicación
de políticas forestales divorciadas de las políticas de agua y
energía, así como de las previstas para las
alteraciones climáticas. Son esas leyes las que imponen
la privatización del bosque, la energía, lo hídrico, la educación
y la salud. El Congreso Nacional destina vergonzosamente más de
un tercio del territorio nacional a la industria minera, que destruye
el bosque y afecta la salud animal, vegetal y humana.
La
pérdida de la biodiversidad a causa de la deforestación y la contaminación
de metales pesados por efecto de la explotación minera y los plaguicidas
de la agroindustria favorecen el dengue, la malaria, las parasitosis
y los trastornos mentales que, además de producir enfermedades
y muerte, ocasionan pérdidas multimillonarias al país.
El
desarrollo de políticas humanas, integrales y planetarias es un
desafío urgente para todos y todas las hondureñas. La articulación
del bosque, la salud y los derechos humanos en un programa de
educación de la juventud constituye una estrategia importante
en la formación de líderes para crear una conciencia de reforestación
en el país y crear leyes que protejan los bosques.
En
consecuencia estamos planteando a nivel del Movimiento Madre Tierra
(miembro de Amigos de la Tierra Internacional) y las organizaciones
Centro América no está en Venta, Oilwatch Internacional y COHAPAZ
(Comité Hondureño Acción Por la Paz), la siembra y el cuidado
continuo de un millón de árboles para Honduras. Nuestra urgente
tarea es unir a todo el movimiento social y ambiental contra las
políticas y empresas depredadoras. ¡Integremos toda nuestra conciencia
a esta hermosa tarea en defensa de la vida, la dignidad y la salud
de nuestro pueblo!
Por
Juan Almendares, correo electrónico:
inicio
- Laos:
si Norconsult embalsa el Sekong, borra a Camboya del mapa
Se
está hablando de construir una serie de grandes represas en la
cuenca del río Sekong, en el sur de Laos. Decenas de miles de
personas en este país se verían afectadas por el proyecto, pero
también corre peligro el sustento de 30.000 personas que viven
aguas abajo a lo largo del río Sekong, en Camboya. Aun así se
sigue adelante con el proyecto sin considerar los impactos sobre
las personas y el medio ambiente camboyanos.
En
junio de 2007 la consultora noruega Norconsult culminó dos exámenes
ambientales iniciales para dos de las represas, Sekong 4 y Nam
Kong 1. Un informe reciente, firmado con el seudónimo Anurak Wangpattana,
celebra el hecho de que los estudios reconocen muchos de los impactos
que estas represas tendrán sobre personas, bosques y pesquerías
en el sur de Laos, pero critica a Norconsult por ignorar completamente
los impactos de dichos proyectos sobre quienes viven aguas abajo
en Camboya.
Unos
100 kilómetros separan estos dos proyectos de represa realizados
por la empresa Russian Region Oil Company. La represa Sekong 4,
de 600 MW, inundará una superficie de 150 kilómetros cuadrados
que incluye bosques y otras tierras donde se hace recolección
de productos forestales no maderables, pastoreo y agricultura
itinerante. Con el fin de hacer lugar para el embalse serán expulsadas
unas 5.000 personas, de las cuales cerca del 98% son indígenas.
Las minorías étnicas Katu y Nge conforman el 80% de la población
en el distrito de Kaleum, cuya capital será inundada por el embalse.
La
importancia que tiene el bosque para los habitantes del distrito
de Kaleum surge claramente de un informe escrito por Charles Alton,
consultor de Naciones Unidas, y Houmphan Rattanavong, del Consejo
Científico Nacional de Laos. El informe señala que en cuatro aldeas
Katu del distrito de Kaleum, alrededor del 76% de los ingresos
de los aldeanos procede de la recolección de productos forestales
no maderables y un 16% de la cría de ganado.
La
represa Nam Kong 1, de 150-200 MW, pensada para un tributario
del río Sekong, inundaría 21,8 kilómetros cuadrados. Anurak Wangpattana
señala que más de 1.600 personas que viven aguas abajo de la represa
propuesta sufrirán sus impactos. Muchas de estas personas vivían
en la zona del reservorio pero el gobierno laosiano las hizo mudarse
durante los años 1990.
El
pescado es una parte importante de la alimentación de los aldeanos
que viven en la zona que se propone como reservorio de Sekong
4. “Todas las aldeas de la zona que el reservorio inundará tienen
pesquerías abundantes, fundamentalmente de subsistencia, que aportan
gran parte de la proteína de su dieta”, informa Norconsult. La
construcción de la represa acabará con estas pesquerías.
Las
pesquerías de las comunidades que viven aguas abajo de la represa
también sufrirán graves impactos. Para que se llene el embalse
de Sekong 4 se necesitarán 14 meses. Una vez que la represa inicie
sus operaciones, el caudal del río cambiará por completo. “Existe
el [riesgo] potencial de pérdida de biodiversidad acuática y productividad
aguas abajo del Sekong debido a dichos cambios de caudal”, se
dice en el seco lenguaje de los peritos de Norconsult.
Anurak
Wangpattana explica que el Examen Ambiental Inicial de Norconsult
es el primer paso de las evaluaciones del impacto ambiental de
las represas Sekong 4 y Nam Kong 1 y sugiere la posibilidad de
una evaluación de impacto ambiental acumulativa. Pero lo que hasta
ahora falta en los estudios de Norconsult, señala Anurak, es “el
reconocimiento explícito de que estos impactos se extenderán a
lo largo del río Sekong en Camboya”.
En
el correr de diez años los aldeanos que viven a lo largo del río
Sesan, en el noreste de Camboya, han podido ver los devastadores
efectos de la construcción de represas aguas arriba en Vietnam.
Decenas de personas se ahogaron tras la repentina liberación de
agua de la represa de las cataratas del Yali. Los aldeanos perdieron
ganado, cultivos y equipo de pesca. La mala calidad del agua ha
causado irritaciones cutáneas y problemas estomacales. Más de
3.500 personas abandonaron sus hogares cerca del río Sesan y se
mudaron a tierras más altas para escapar de las inundaciones y
los impredecibles cambios de caudal del río, según investigaciones
recientes de la ONG camboyana 3S Rivers Protection Network (red
de protección de los ríos 3S, donde "3S" alude a los
ríos Sekong, Sesan y Srepok). “Los aldeanos perdieron sus esperanzas
y ya no pueden depender del río pues prácticamente todos los recursos
del río han desaparecido”, dijo a los investigadores Roman Mal,
jefe de aldea del pueblo indígena Jarai.
Muchas
de las 30.000 personas que viven a lo largo del Sekong en la provincia
de Stung Treng, Camboya, pertenecen a los grupos étnicos Lao,
Khmer Khe, Kavet, Lun y Kuy. Las pesquerías y los huertos ribereños
del río Sekong son una parte vital de su seguridad alimentaria
y su sustento.
Anurak
Wangpattana advierte que “La experiencia con los impactos transfronterizos
de las grandes represas hidroeléctricas en otros lugares de la
región del Mekong indica claramente que no deben ignorarse los
impactos de las represas Sekong 4 y Nam Kong 1 en Camboya y Laos,
y no debería permitirse que ocurrieran, sin importar cuán fácil
les resulte a los proponentes de las represas per se desestimar
dichos impactos”.
Por
Chris Lang, http://chrislang.org
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-
Paraguay: para que el monte no se apague - la lucha de los
Grupos Ayoreo Aislados del Chaco Paraguayo
En
marzo de 2007, se ha lanzado un llamado
nacional e internacional ante el inminente desmonte y la destrucción
total por parte de una empresa denominada UMBU S.A., de 24.000
has. (240 Km²) de monte virgen e intocado, en el corazón de la
zona denominada “Amotocodie”, Norte del Chaco Paraguayo. Amotocodie
es parte del territorio ancestral del Pueblo Indígena Ayoreo,
y sigue siendo habitado de manera permanente por dos grupos ayoreo
aislados. Son grupos que nunca han tenido contacto con la sociedad
moderna y que viven su vida tradicional en estrecha relación de
interdependencia y apoyo mutuo con la naturaleza y el monte.
Vale
recordar que el Norte del Chaco Paraguayo se encuentra en su casi
totalidad en manos de propietarios privados a los que la legalidad
y la práctica del mundo moderno les reconoce el derecho de alterar
o destruir la selva chaqueña prácticamente sin restricción ni
control. El proyecto de desmonte de la mencionada empresa, que
es ejemplar y representativo de muchos otros actualmente en ejecución
o preparación en la zona, se superpone sin consideración alguna
– como si no existieran – a las características, particularidades
y contornos de la sensible naturaleza del monte chaqueño, y en
este caso, a uno de los dos mayores sistemas de cauces fluviales
del Norte del Chaco, interrumpiéndolo. De igual manera se superpone
a aquella otra legalidad, nacional e internacionalmente reconocida
y vigente: la que reconoce la titularidad indígena de este territorio
como la originaria y preexistente a la de los estados modernos.
Amotocodie es territorio indígena. Solo que la sociedad envolvente,
nacional e internacional, opta por no tomar en consideración los
derechos territoriales indígenas. Si lo hiciera, territorios amplios
de monte chaqueño en Paraguay – en estos momentos aún quedan intactos
y vírgenes unos 10 millones de hectáreas – podrían tener una chance
de sobrevivir nuestro presente depredador y podrían tener futuro.
Los Ayoreo se distancian con vehemencia del uso derrochador y
destructivo que el hombre blanco hace del territorio ayoreo. “Nosotros
lo cuidaríamos mejor. Sabemos cuidarlo”.
La
embestida de los desmontes para ganadería se acrecentó en los
últimos años como consecuencia de la apertura de mercados internacionales
para la carne vacuna paraguaya. Adicionalmente, en los últimos
meses, la presión generada por la calamitosa expansión sojera
y de cultivos destinados a agrocombustibles en la Región Oriental
del Paraguay desplaza los intereses expansivos de los ganaderos
a la Región Occidental, el Chaco, donde “aún hay monte disponible”.
El
llamado nacional e internacional en contra del proyecto de desmonte
de UMBU S.A. motivó que numerosas personas, personalidades, redes
y entidades sobre todo extranjeras dirigieran cartas a la autoridades
paraguayas, pidiendo la inmediata suspensión de los permisos de
desmonte correspondientes, y la adopción de medidas enérgicas
y contundentes para asegurar la protección de la zona y la integridad
y los derechos de los grupos indígenas aislados que la habitan.
La presión internacional no tuvo sin embargo efecto: desde el
mes de agosto, UMBU está desmontando a un ritmo acelerado. A dos
meses del comienzo del atropello de las topadoras, ya quedan devastadas
y aniquiladas 3.000 hectáreas – 30 Km².
Estas
3.000 has. aniquiladas eran monte que previamente jamás había
sido alterado – y mucho menos transformado violentamente - por
actividades humanas. El cauce que las atravesaba traía abundante
agua en la época de lluvias, agua que no solo daba vida a la misma
zona sino a una cuenca fluvial amplia que se extiende desde el
Oeste de Amotocodie hasta el Pantanal Paraguayo en zonas cercanas
al Río Paraguay en el Este. El desmonte dejó cortado dicho cauce,
hasta ahora en una extensión de más de 5 Km. de largo. Con este
corte, el cauce queda interrumpido y deja de cumplir su función
de arteria vital de todo un ecosistema y está condenado a secarse,
y con él, amplias zonas regadas por el mismo. La violenta intervención
del cauce deja también sin base de vida a una numerosa población
de aves acuáticas de gran variedad que frecuentaban la zona y
anidaban en los bosques de galería en ambas orillas del cauce.
Pero
antes que nada, con estas 3.000 has. los desmontes llegan a tocar
el mero corazón de uno de los territorios grupales más preciados
del Pueblo Ayoreo: el de Chunguperedatei – una región que se extiende
monte adentro en ambas márgenes, a lo largo del mencionado cauce,
y que contiene unas legendarias lagunas que nunca se secan, aún
en tiempo de las peores sequías. Desde tiempos inmemoriales, varios
grupos locales ayoreo pasan en ese territorio tiempos prolongados,
cuando interrumpen su constante andar nomádico para hacer las
plantaciones de verano en la tierra arenosa fértil de los sedimentos
fluviales en ambas orillas del cauce. Los 5 Km. de cauce cortados
anulan numerosos amotoco – los pequeños claros naturales que sirven
para estas plantaciones – y anulan unos 5 conocidos simijnai,
aguadas con peces, y ojos de agua que en las época secas pueden
ser vitales para la sobrevivencia.
Una
tierra así anulada, ya vacía, queda “apagada” como dicen aquellos
Ayoreo que ya con anterioridad han sido despojados de territorios
de monte similares y hoy viven precariamente en los márgenes de
la sociedad moderna. Con las 3.000 has. ya desmontadas en estos
momentos se apagan parte de los lugares de vida de toda una población
no solo de antes, sino de ahora, con los caminos que marcan las
rutas migratorias, las zonas de cacería de tortugas o chanchos,
y las de recolección de miel y de la fibra caraguatá con la cual
las mujeres tejen sus sueños y visiones de la vida convirtiéndolos
en bolsas. Se apagan numerosas chozas en el monte donde acampar
y buscar cobijo, y los lugares que marcan las vidas y dicen la
historia de generaciones: desaparece el árbol donde Orojoide*
– antiguo líder de un grupo del monte contactado a la fuerza en
1986 – volvió a encontrar veinte años más tarde la marca que él
mismo había hecho con su hacha cuando aún vivía en el monte, antes
del contacto. Se apagan las referencias vivas y materiales de
la vida e historia de todo un pueblo.
Con
el apagamiento, se quiebra una vez más la delicada e irreparable
unidad formada entre los humanos y el mundo – nosotros lo llamamos
naturaleza. Era – o es - una unidad vital para ambas partes.
Mientras
se escribe este texto – 12 de octubre - , los grupos aislados
deben haberse retraído a espacios más al Oeste o más al Sur que
aún siguen con vida e intactos. Una mirada del mapa satelital
de Amotocodie muestra sin embargo que son varios los desmontes
en curso, y aún quedando un centro compacto de monte intacto,
deben quedar ya pocos sitios en los que los Ayoreo del monte no
escuchan el ruido lejano de las topadoras que trabajan día y noche.
Aún determinan su andar, pero de manera cada vez más condicionada.
La sociedad moderna les come de a poco su autodeterminación.
Desde
“afuera”, desde nuestro mundo de la sociedad envolvente luchan
la UNAP (Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay) y la OPIT (Organización
de grupo local Ayoreo Totobiegosode) incansablemente por la protección,
la recuperación y el reconocimiento legal de los territorios que
ya son de ellos porque siempre lo fueron. Y tratan de dar fuerza
a sus hermanos invisibles, que hacen el mismo trabajo “desde adentro”:
evitar que el monte se apague.
*
nombre cambiado por el autor
Por
Benno Glauser, correo electrónico: bennoglauser@gmail.com,
www.iniciativa-amotocodie.org
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-
América Latina: Asamblea de Redmanglar Internacional
Entre
el 8 y el 13 de Octubre, las organizaciones de pescadores, recolectores
artesanales, ambientalistas y académicos de 10 países de América
Latina, organizados en la Redmanglar Internacional, se dieron
cita en la localidad de Cuyutlán, Estado de Colima, México.
Durante
una semana entera de trabajo se denunció que en el mundo se reafirma
y fortalece una política de apropiación y uso de espacios costeros
y marinos en donde se anteponen los intereses económicos de pocos
a la conservación de los ecosistemas que sustentan la vida y los
derechos fundamentales de las comunidades locales.
Durante
el primer día de trabajo cada uno de los países miembros de Redmanglar
Internacional fue exponiendo la situación actual de los ecosistemas
marino-costeros y el trabajo que se ha emprendido por su defensa.
Es de destacar los esfuerzos realizados por países como Guatemala,
Perú y Venezuela, que han logrado conformar en los últimos años
redes nacionales de organizaciones articuladas a la misión de
Redmanglar Internacional que es la de defender el ecosistema manglar
y los ecosistemas marino-costeros, garantizando su vitalidad y
la de las poblaciones usuarias ancestrales que viven en relación
con ellos, frente a las amenazas e impactos de las actividades
susceptibles de degradar el ambiente, alterar el equilibrio natural
ecológico y/o que violenten los derechos humanos de las comunidades
locales.
En
los días posteriores, la exposición de Fernando López, catedrático
de la Universidad Central del Ecuador sobre la situación actual
política y económica y del patrimonio natural y cultural de América
Latina dio inicio a las discusiones de temas generales que atañen
a la región. “La situación que enfrentamos es de enorme
complejidad por el entrecruzamiento de poderosos intereses globales,
la magnitud de las amenazas contra las poblaciones y el medio
ambiente, y por la escasa capacidad de resistencia de las comunidades
y organizaciones políticas y sociales”, expuso Fernando López
e hizo un análisis de la Integración de la infraestructura regional
sudamericana (IIRSA) y mostró como ésta implica una integración
de los mercados y una seria amenaza para los pueblos.
Posteriormente
en la Pinacoteca Universitaria de la ciudad de Colima tuvo lugar
una charla sobre “Ecosistemas Marino-Costeros, Agua y Soberanía
Alimentaria” a cargo de Jorge Varela Márquez, delegado del Fórum
Mundial de los Pueblos Pescadores, Dolores Gónzález de la Universidad
Central de Venezuela y Alberto Villarreal de Food and Water Watch.
Las
sesiones continuaron a lo largo de la semana en donde se informó
sobre la participación de la red en foros internacionales, campañas,
movilizaciones y la firma de declaraciones, herramientas eficaces
y legítimas de los pueblos ancestrales costeros. Se hizo también
un pronunciamiento en contra de la privatización de las costas
y la exigencia a los gobiernos para que se garantice el acceso
a los territorios para pescadores y recolectores artesanales,
así como se manifestó el desacuerdo conjunto con la mercantilización
de los bienes y servicios ambientales.
Un
análisis sobre la certificación a la acuacultura del camarón a
cargo de Jeovah Meireles de la Universidad Federal de Ceará, Brasil
motivó a que la asamblea ratifique su posición en contra de la
certificación orgánica a la acuacultura industrial del camarón
por tratarse de un maquillaje verde que pretende ocultar delitos
ambientales, sociales y económicos de la industria camaronera.
Adicionalmente,
la asamblea se pronunció sobre varios temas particulares de los
países miembros de la red, uno de ellos fue un pedido al presidente
de México, Felipe Calderón, de cancelar el proyecto de la Terminal
de Gas Natural Licuado Manzanillo, por considerar que es de alto
riesgo para los ecosistemas de la Laguna de Cuyutlán.
Por
tanto, los participantes en esta III Asamblea General de Redmanglar
Internacional durante el último día de su estadía en México, realizaron
una visita de observación al Vaso II de la Laguna de Cuyutlán
así como se reunieron con los pescadores de la comunidad de Ventanas,
para evidenciar cómo este proyecto constituye
una amenaza para el sistema lagunar y el ecosistema manglar.
Líder
Góngora Farías, Secretario Ejecutivo saliente, y el equipo de
la C-CONDEM del Ecuador posesionaron a Juan José López, en representación
de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario
de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (ASPROCIG) de Colombia como
nuevo Secretario Ejecutivo de Redmanglar Internacional para el
trienio 2008-2010.
La
Declaración de Cuyutlán, se encuentra disponible en
http://redmanglar.org/imagesFTP/8221.declaracion_cuyutlan.pdf
Por
Verónica Yépez, C-CONDEM, correo electrónico:
veroy@ccondem.org.ec
inicio
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS
DE ÁRBOLES
-
Brasil: mujeres y eucaliptos; historias de
vida y resistencia
La
invasión de los territorios de pueblos locales por parte del proyecto
agroindustrial de Aracruz Celulose S.A., implantado en las décadas
de 1960 y 1970, en Espíritu Santo, causó enormes pérdidas materiales
y simbólicas para los pueblos indígenas y quilombolas. Algunas
son irrecuperables.
“Son
mis primos. Cuando Aracruz llegó aquí y los expulsó ... ella llegó
invadiendo. Cuando llegó, ellos tuvieron miedo y abandonaron sus
tierras y se fueron. Llegó con un montón de tractor y pasó
por arriba de sus pequeñas casas. Las casas era de paja y barro,
donde ellos vivía. Entonces, están mis primos que tienen ganas
de entrar a la aldea de nuevo”. (Maria Loureiro, aldea tupiniquin
de Irajá).
La
llegada de ese proyecto agroindustrial fue arrasadora para los
pueblos locales: de 40 aldeas indígenas, hoy sólo quedan siete.
Según la información de los quilombolas, de las 100 comunidades
que existían en la región norte de Espíritu Santo, formadas por
alrededor de 10.000 familias, quedan 1.200 familias, distribuidas
en aproximadamente 37 comunidades rodeadas de eucaliptos y caña
de azúcar para la producción de alcohol.
Una
gran parte de esos pueblos se dispersó. Un grupo se refugió en
los alrededores de su antiguo territorio, otros buscaron un lugar
para vivir en las ciudades de la región metropolitana de Vitória
(capital del Estado). La nueva conformación territorial interfirió
drásticamente en la división sexual del trabajo y, como consecuencia,
en los papeles sociales y familiares de hombres y mujeres. Indios
y quilombolas debieron sufrir la dispersión de sus parientes.
Las familias que lograron permanecer en su territorio se amontonaron
en fragmentos de tierra.
Paradójicamente
a la tristeza de la violencia y del genocidio que esos pueblos
debieron soportar, se escribe una bellísima historia de resistencia
en los últimos seis siglos. La prueba más evidente de esa resistencia
es la presencia de indios y quilombolas en todas las regiones
brasileñas.
Con
componentes modernos y desarrollistas,
la relación entre los pueblos tradicionales de Espíritu Santo
y Aracruz Celulose S.A. reedita la historia colonial e impone
pérdidas materiales y simbólicas irreparables a las comunidades
indígenas y quilombolas.
En
este nuevo contexto, hombres y mujeres viven impactos tanto comunes
como diferenciados. Con la pérdida del territorio, las mujeres
perdieron su espacio para plantar, criar animales domésticos y
producir hierbas medicinales.
Y
para nosotras, las mujeres, fue un impacto muy fuerte también.
Nosotras tenemos ese sentimiento, ese sentimiento de pérdida de
nuestras riqueza (Maria
Loureiro, Comisión de Mujeres Indígenas Tupiniquins y Guaranís).
La
substitución del bosque por la plantación de eucalipto provocó
la pérdida de alimentos que antes provenían de los frutos, la
pesca y la caza. El fin del bosque tropical originó, también,
la extinción de ríos y arroyos, que eran lugares de encuentro
para las mujeres y un espacio privilegiado de intercambio de los
saberes femeninos.
Fue
una gran dificultad para nosotras, porque vivíamos del... usábamos
el río para pescar. Ahora, esa dificultad... el río se secó por
el eucalipto, ¿verdad?. Y solo podemos culpar al eucalipto. Fue
muy difícil para nosotras. Pero las mujeres siempre sufrimos con
eso, con la falta de agua. Antes había agua canalizada pero no
llegaba bien a nuestras casas y sufrimos mucho
(Maridéia, aldea tupiniquin de Pau-Brasil)
Indios
y quilombolas tuvieron que convivir con la contaminación ambiental
debida a los agroquímicos usados por la industria del monocultivo.
Después,
ellos empezaron a poner los remedios, como decía esta joven, empezaron
a acabar con todo. Los remedios [agrotóxicos] mataban a los animales
de caza, a los pájaros; el agua también se contaminaba, mataba
peces, cangrejos como los que hay en Pau-Brasil. Allá hay un riachuelo
que subía hacia Barra do Sahy. Entonces, aquel río se acabó. Los
peces también se acabaron, a causa del veneno que ellos fueron
poniendo, fueron acabando con nuestros peces, nuestros cangrejos.
No hay más nada allá en el manglar. Puede ir para allá a mirar
que no va a ver nada, cangrejo, juey azul, todo eso era nuestro
alimento, lo que nos alimentaba. No nos faltaba nada, alimentábamos
a nuestros hijos (Rosa,
aldea tupiniquin de Pau-Brasil)
La
desaparición del bosque también provocó el fin de la materia prima
usada en la fabricación de los utensilios y de las artesanías
que, en el caso de los indios, es una actividad desarrollada principalmente
por mujeres.
La
pérdida de la biodiversidad significó la pérdida de una gran cantidad
de medicamentos derivados de plantas, raices y animales del bosque;
vetó a las mujeres indígenas guaraníes, que antes usaban hierbas
para estimular y reducir la fertilidad, su derecho a la planificación
familiar, haciéndolas rehenes de anticonceptivos y ligadura de
trompas. Indios y quilombolas tampoco encuentran más las lianas,
los árboles y las grasas de animales que usaban en la práctica
de su medicina.
Sin
los ecosistemas que aseguraban la reproducción del modo de vida
de esos pueblos tradicionales, el papel masculino, dentro de la
familia y de la comunidad/ aldea, fue minado. Grandes cazadores,
agricultores y pescadores se vieron obligados a vender su fuerza
de trabajo a las empresas subcontratadas por Aracruz Celulose,
y en el caso de los quilombolas, también a las empresas productoras
de alcohol, como Disa- Destilaria Itaúnas S.A.. Sin embargo, la
mayoría se vio desempleada ya que la política de las empresas
es no contratar mano de obra indígena y quilombola, con la
finalidad de forzar, cada vez más, la salida de los que permanecieron
en la región. La fragilización del papel masculino expuso a las
mujeres a convivir con el alcoholismo de sus compañeros y con
la violencia doméstica.
[...]
Entonces, arruinó parte de nuestra vida, nuestra libertad y
nuestra cultura, de nuestro cotidiano, de nuestra salud. Esa venida
de las grandes empresas hacia acá arruinó todo, nos sacó un pedazo
de nosotros mismos, es como un pedazo, como si tuviéramos una
parte viva y otra muerta, como si fuéramos vivos-muertos,
¿entiende?. Debido a las grandes empresas, que después entraron
acá. Éramos felices, ahora no, vivimos infelices con esta vida,
necesitamos pelear por lo que es nuestro, por nuestros territorio,
por lo que ellos nos arrancaron, y con eso se nos fue todo, todo
lo que era nuestro, entonces nos queda protestar, ¿verdad?, de
parte de todos, de toda la comunidad. (Eni,
de la Comunidad quilombola de São Domingos).
Algunas
mujeres indígenas, portadoras de un rico conocimiento de la fauna
y la flora, fueron convertidas en empleadas domésticas, jornaleras,
niñeras y cocineras de los funcionarios de Aracruz Celulose. La
obligatoriedad de desempeñar nuevas tareas afectó el ejercicio
de la maternidad, obligándolas a dejar de amamantar a sus hijos
a edad más temprana y a dejarlos, aún bebés, para cuidar a los
hijos de las mujeres de la ciudad.
Frente
a las transformaciones que vivieron, esos pueblos construyeron
alianzas con movimientos y ONGs solidarios con su lucha. Hoy,
se articulan en red, buscando, cada vez más, aumentar su capacidad
de resistencia.
Y
así venimos luchando, uniéndonos a las otras 36 comunidades
para pelear por nuestro territorio, por la cuestión de las tierras,
que son tierras que le sacaron a nuestro pueblo, a nuestros antepasados
y que, hoy, están en manos de Aracruz Celulose. Entonces, la lucha
que nos une, hoy, es la expansión del cultivo de eucalipto dentro
de nuestras comunidades (Kátia,
comunidad de Divino Espírito Santo).
Las
mujeres, que también son protagonistas de esas luchas, inician
un proceso de organización en espacios específicos, con el objetivo
de discutir los impactos del monocultivo de eucalipto que inciden
sobre ellas y las formas de contribuir para recomponer el modo
de vida de su pueblo. Ellas pretenden asumir, cada vez más, su
lugar en ese proceso de lucha. Cuando “[...] el
ambiente empiece a afectar a sus hijos, muchas mujeres actuarán”.
El
proceso de organización de las mujeres en espacios específicos
es reciente. En el caso de las mujeres indígenas, por ejemplo,
hay grupos organizados en cada aldea dedicados a la producción
de artesanías y al rescate de los saberes y uso de las hierbas
medicinales. Algunas se encuentran en un proceso de organización
más avanzado, otras están comenzando. Con el objetivo de reforzar
su proceso de organización, hace poco más de un año, crearon la
Comisión de Mujeres Indígenas Tupiniquin y Guaraníes, que busca
la articulación de las mujeres indígenas de todas las aldeas y
el desarrollo de actividades y luchas de su interés.
Se
nota que todo el movimiento organizativo protagonizado por las
mujeres ha estimulado el reconocimiento público de los diferentes
trabajos que realiza: en el frente de batalla, para hacer la autodemarcación
del territorio; en el enfrentamiento con la policía al ocupar
la fábrica de Aracruz (en 2005); en la cocina, al preparar la
comida para las grandes asambleas indígenas. De esa forma, ellas
están, cada vez más, ampliando sus espacios de socialización y
buscando sustituir, en parte, los espacios que les arrancaron.
La organización también contribuyó a aumentar su autoestima.
Mujeres
indígenas y quilombolas, que compartieron durante tantas décadas
los impactos del monocultivo de eucalipto, ahora quieren compartir
su experiencia organizativa, y descubrir juntas los caminos de
la libertad. Son mujeres que cada vez están más unidas y que se
fortalecen mutuamente, luchando contra la opresión del agronegocio
y del patriarcado.
Extractado
de: “Mujeres y Eucaliptos: historias de vida y
resistencia”, investigación del WRM
por Gilsa Helena Barcellos, correo electrónico:
gilsahb@terra.com.uy,
y Simone Batista Ferreira (integrantes
de la Red Alerta Contra el Desierto Verde), correo electrónico:
sibatista@hotmail.com
inicio
-
Colombia: ¿madera de conflicto con el
sello FSC?
Entre
los años 2001 y 2005 se podía comprar en EE.UU. un tablero estructural
de madera contrachapada fabricado por la empresa Pizano S.A.,
una de las mayores empresas forestales de Colombia. El tablero
estaba fabricado parcialmente a partir madera procedente de unas
plantaciones certificadas por el FSC (Consejo de Administración
Forestal) y el resto procedía de bosques naturales del Noroeste
de Colombia, bosques en los que la guerrilla, los grupos paramilitares
y el ejército combatían por el control del territorio y sus recursos
naturales. El tablero contrachapado estaba manchado de sangre.
¿Cómo
ha sido posible que el FSC se haya teñido de sangre? El grupo
Pizano S.A. es titular de un paquete importante del accionariado
de Maderas del Darién, S.A., empresa maderera que ha sostenido
una intensa extracción forestal en las cuencas de los afluentes
del Río Atrato, Departamento del Chocó, el cual atraviesa la Reserva
del Pacifico Colombiano, una región señalada por su alta biodiversidad.
El 40% de los suministros de madera de Pizano S.A., con la que
se fabrica su tablero contrachapado, procede de estos bosques
de alto valor ecológico. Además, la explotación irregular y destructiva
ha reducido considerablemente las áreas naturales de cativo (Priora
copaifera), una especie amenazada, utilizada para la fabricación
del contrachapado.
La
actividad de esta empresa se ha realizado de forma simultánea
en el tiempo y el espacio con enfrentamientos bélicos y operaciones
militares que generaron a partir de 1997 el desplazamiento de
miles de personas. Las violaciones de los derechos humanos y el
asesinato han sido frecuentes y han quedado impunes. La tala ilegal
es un problema grave y la titularidad de la tierra es objeto de
disputas dirimidas frecuentemente en los tribunales. Con todos
estos ingredientes, la actividad maderera y el conflicto armado
han originado la destrucción de la vida comunitaria de las comunidades
afrodescendientes y la conversión de sus territorios en zonas
deforestadas o en plantaciones de palma aceitera.
En
el año 2000, durante la preevaluación de Pizano S.A., Smartwood
se reunió con la Iniciativa Nacional de Colombia y miembros de
su Directiva cuestionaron la posibilidad de otorgar el certificado
a esta empresa. Ya por entonces las noticias sobre el conflicto
en el Departamento del Chocó salpicaban a Pizano S.A. En la evaluación
de seguimiento de 2005 la Comisión Intereclesial Justicia y Paz
Colombia, una organización comprometida con los derechos humanos
en toda América Latina, presentó una queja formal en la que informaba
sobre la responsabilidad de Maderas del Darién en la violación
de los derechos humanos y el desastre ambiental en el Darién,
probada mediante diversos documentos y sentencias judiciales.
La
queja de Justicia y Paz fue apoyada por numerosas organizaciones
sociales y ambientales de Colombia y España (Greenpeace y Ecologistas
en Acción, entre ellas), organizaciones que posteriormente solicitaron
en 2005 a Smartwood la no renovación del certificado FSC a Pizano
S.A. Asimismo, pusimos en conocimiento del Director Ejecutivo
de FSC, Heiko Liedeker, todos estos hechos.
Las
conexiones de la empresa filial de Pizano S.A. con el conflicto
han sido expuestas públicamente en los últimos meses. En mayo
de 2007 diversos medios de comunicación de Colombia han publicado
las declaraciones de ex paramilitares reconociendo haber recibido
apoyo económico de la empresa Maderas del Darién. Estos hechos
fueron puestos inmediatamente en conocimiento de Smartwood.
Pero
todo esto no ha sido suficiente. El pasado 17 de julio de 2007
Smartwood comunicó a las organizaciones reclamantes su intención
de otorgar de nuevo el sello FSC a las plantaciones de Pizano
S.A. Según Smartwood no hay pruebas de que los hechos denunciados
“se ejecuten en el presente o pasado reciente”. Esta
afirmación deja claro que ni Smartwood ni la empresa niegan que
los hechos ocurrieran en un pasado “no reciente”, en 2005 por
ejemplo, cuando la empresa disponía todavía del sello FSC y Smartwood
hacía oídos sordos a las quejas de la sociedad civil.
Según
Smartwood, la empresa Pizano S.A. se ha comprometido ahora a adoptar
el estándar de madera controlada, por el cual no es aceptable
la madera de procedencia ilegal, la madera procedente de bosques
de alto valor de conservación o la madera aprovechada en violación
de los derechos tradicionales y civiles.
La
actuación de Smartwood en Colombia ha supuesto otro duro golpe
para la credibilidad y el prestigio del FSC. Hasta la fecha ningún
auditor de Smartwood ha visitado la región del Darién y no hay
todavía ningún mecanismo, protocolo o sistema implantado que garantice
que la madera procedente de la destrucción de bosques de alto
valor ecológico, la tala ilegal o la violencia no sea mezclada
con madera de las plantaciones certificadas de Pizano S.A. para
formar un tablero contrachapado. Un tablero contrachapado donde
el sello FSC podría estar teñido de sangre. Además FSC Internacional
ha fallado a la hora de dar unas directrices claras sobre la exclusión
de empresas altamente controvertidas, como Pizano, del sistema
de certificación FSC.
Por
Miguel Ángel Soto, Greenpeace España, correo electrónico:
masoto@es.greenpeace.org, y Tom
Kucharz, Ecologistas en Acción, e-mail:
agroecologia@ecologistasenaccion.org
inicio
- Kenia:
Pan Paper proyecta expandir sus operaciones contaminantes
Este
año, en un intento por desalentar el uso de bolsas de plástico,
el gobierno de Kenia aplicó al plástico un impuesto del 120%.
Aunque este gravamen parezca una decisión favorable al medio ambiente,
lo cierto es que podría provocar graves impactos negativos. Uno
de los beneficiarios de esta resolución será la empresa [de la
celulosa y el papel] Pan African Paper Mills, de la que el gobierno
es propietario parcial.
En
los últimos años Pan Paper ha sufrido grandes pérdidas y sus deudas
se calculan en US$ 100 millones, según el periódico The East African.
Gran parte de la deuda vence dentro de dos años. Los acreedores
contrataron a la consultora McKinsey para que encontrara alguna
forma de reactivar la empresa y más tarde, en abril de 2007, Pan
Paper designó un nuevo equipo directivo. Para Pan Paper el impuesto
al plástico podría ser la tabla de salvación.
Tetra
Pak, fabricante de embalaje, ya está expandiendo su producción
en Kenia. “Nos gustaría incrementar el volumen de materia prima
que compramos a Pan Paper. Estamos conversando con ellos para
ver si pueden producir más cantidad de las materias primas que
necesitamos”, dijo Anders Lindgren, director de Tetra Pak, al
Business Daily en julio de 2007. No hace mucho Pan Paper
anunció sus planes de invertir US$ 1,19 millones en la plantación
de seis millones de árboles en el correr del próximo año.
En
la actualidad Pan Paper tiene una capacidad de producción de 120.000
toneladas de papel anuales en su planta de Webuye. La empresa,
establecida en 1974, es un emprendimiento conjunto de Orient Paper
and Industries (parte del grupo indio Birla Group), el gobierno
de Kenia y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco
Mundial.
La
participación de la CFI implica que, al menos en teoría, la fábrica
de celulosa y papel debería cumplir con las directrices sociales
y ambientales de esta institución. Pero sus propios funcionarios
admiten que existe un conflicto de intereses entre la protección
del medio ambiente y el interés económico de la empresa de la
que la CFI es accionista.
En
1996 la CFI le prestó a Pan Paper otros US$ 15 millones para la
expansión de la fábrica de celulosa y papel sin exigir una evaluación
completa del impacto ambiental. En cambio, la CFI confió en la
información brindada por la empresa. La CFI señaló que Pan Paper
“se ha comprometido a observar plenamente las políticas y directrices
del Banco Mundial”.
La
CFI prometió “supervisar el cumplimiento continuo de las políticas
y directrices del Banco Mundial por parte de Panafrican Paper
mientras dure el proyecto”. En 2003, la CFI prometió más ayuda
financiera para la reestructuración de Pan African Paper Mills.
Desgraciadamente, para la CFI supervisar a Pan Paper implica solamente
leer los informes presentados por la empresa y llevar a cabo “revisiones
periódicas de los sitios durante la supervisión del proyecto”.
Claro
que Pan Paper prefiere mantener ocultos sus problemas. Durante
una conferencia sobre “consumo y producción sustentables” realizada
en 2004, por ejemplo, John M. Khaoya, de Pan Paper, habló de “mantener
un delicado equilibrio entre el medio ambiente y las ganancias”.
Habló de las mejores tecnologías disponibles, las mejores prácticas
ambientales, la prevención de la contaminación y la minimización
de los desechos. Habló sobre la capacitación y el conocimiento
de los empleados. Habló de responsabilidad social de la empresa
y de los proyectos comunitarios que Pan Paper ha financiado. Habló
de cumplir las reglamentaciones ambientales y de trabajar “mano
a mano” con quienes promueven la producción más limpia. Habló
de “una situación del tipo ‘todos ganan’ para la industria y el
medio ambiente”.
Michael
Ochieng Odhiambo, de la ONG keniata RECONCILE, tiene una idea
diferente de las operaciones de Pan Paper. En un escrito de este
año publicado en el boletín del Western Kenya Environmental Law
Centre describió el “pernicioso hedor” de la fábrica: “Muchos
de los viajeros que transitan regularmente por esta ruta cierran
las ventanillas del auto o el ómnibus cuando se acercan a la fábrica,
para evitar el hedor. Pero los residentes de la ciudad tienen
que vivir con esto”.
Odhiambo
enumera los problemas de salud resultantes de la contaminación
provocada por las operaciones de Pan Paper que aquejan a los residentes
de Webuye: “irritación de ojos y vías respiratorias, boca seca
y garganta áspera, gran acumulación de fluidos en las pleuras
que perjudica el funcionamiento de los pulmones, cáncer de pulmón
y de garganta, asma, bronquitis, bronconeumonía, conjuntivitis,
hepatitis, dermatitis, tuberculosis, impotencia, órganos reproductores
atrofiados en recién nacidos, retardo intelectual infantil y niveles
altos de enfermedades respiratorias”.
Pero
la contaminación de la fábrica de celulosa y papel no es el único
problema que ocasiona Pan Paper. El suministro de materias primas
a la fábrica también genera dificultades. En 2001 el pueblo Ogiek
que vive en el bosque de montaña Mau acusó a Pan Paper de realizar
actividades de madereo en sus bosques. En estos últimos cuatro
años el Parlamento de Kenia ha discutido los problemas ocasionados
por la fábrica, el madereo y las plantaciones de Pan Paper.
Hoy
en Kenia las plantaciones industriales de árboles cubren cerca
de 160.000 hectáreas. Tres cuartas partes son pinos y cipreses,
pero el eucalipto se cultiva cada vez más, con plantines traídos
de Sudáfrica. Un artículo publicado recientemente en The Nation
(Nairobi) señala que “el eucalipto y otras especies exóticas están
ocupando rápidamente el lugar de los árboles indígenas en muchas...
partes del país”. El resultado fue que se secaron fuentes y arroyos.
El artículo sugiere que las plantaciones de eucalipto han agravado
aun más las sequías en el país.
Con
la promoción de una industria tan contaminante como la de pulpa
y papel, el impuesto al plástico del gobierno terminará teniendo
algunos impactos sociales y ambientales muy desagradables.
Por
Chris Lang, http://chrislang.org
inicio
-
Swazilandia/Sudáfrica/Uganda: la ilusión
de almacenar carbono en plantaciones forestales se hace humo
A
fines de julio, una serie de incendios descontrolados se esparcieron
por Swazilandia y el este de Sudáfrica. Los incendios causaron
la muerte de por lo menos 20 personas y miles de cabezas de ganado
y animales salvajes, dejaron reducidos a cenizas numerosos hogares
y destruyeron cultivos y plantaciones. Los bomberos y el personal
de emergencia de ambos países no daban abasto. Fue una gran catástrofe.
De
acuerdo con las informaciones de IOL (Independent Online), aproximadamente
el 80% de las tierras que rodean la aldea de Paulpietersburg (una
de las zonas más afectadas, con muchas plantaciones forestales),
en el norte de la provincia de KwaZulu-Natal, Sudáfrica, resultó
devastado.
Según
FSC-Watch (“observatorio del FSC”), en Swazilandia los incendios
comenzaron en las plantaciones de la empresa Mondi, certificadas
por el FSC (hoy, según parece, adquiridas por la estadounidense
Global Emerging Markets Forestry Investors LLC), en la región
de Piggs Peak. El fuego afectó también parte de una plantación
certificada por el FSC cuyo propietario es otro conglomerado sudafricano
de la pulpa y el papel, Sappi.
Hace
tiempo que se vienen denunciando los impactos perjudiciales sociales
y ambientales de las plantaciones en la región (véanse los artículos
aparecidos en los boletines del WRM en
http://www.wrm.org.uy/paises/Sudafrica.html#articulos) y muchos
temían que ocurriera un desastre. Ahora que el desastre ocurrió,
no pocos dedos acusan también al FSC por haber validado un sistema
de plantaciones que ofrece a la gente nada más que estragos.
FSC-Watch
afirma que “según los informes, las llamas consumieron el 80%
de las 19.500 hectáreas de la plantación de Mondi y alrededor
del 7% de las de Sappi” y que “la certificadora de Mondi, SGS,
señaló en su evaluación para la certificación original que ‘La
gestión física de los riesgos de incendio y la instrumentación
de medidas para controlar el fuego, respaldadas por equipos de
bomberos bien equipados y entrenados, son inherentes a las buenas
prácticas silviculturales’. Ahora que una de las plantaciones
de Mondi se convirtió en cenizas y cobró varias vidas, sin lugar
a dudas SGS tendrá que llegar a la conclusión de que no estaban
siendo manejadas según ‘las buenas prácticas silviculturales’”.
Esta
tragedia expone también la inviabilidad del concepto de plantar
árboles para almacenar carbono, que vuelve a confirmarse con lo
sucedido en Uganda, donde los agricultores talaron una parte considerable
de los “bosques” holandeses de carbono.
El
conflicto se remonta a un acuerdo firmado en 1994 por la fundación
holandesa FACE (sigla de “bosques que absorben emisiones de dióxido
de carbono” en inglés) y las autoridades ugandesas para plantar
árboles en una franja de entre dos y tres kilómetros de ancho
en 25.000 hectáreas comprendidas en el perímetro del Parque Nacional
del Monte Elgon, de 211 kilómetros, una zona muy disputada.
A
partir de 1993 se plantaron aproximadamente 9.000 hectáreas de
árboles, supuestamente para absorber y almacenar carbono para
compensar las emisiones de empresas holandesas y de transporte
aéreo. Tenían que permanecer en pie durante 100 años.
La
plantación de árboles fue un desastre para los aldeanos del lugar,
quienes no solamente fueron expulsados de su tierra sino que también
perdieron el acceso al bosque. Para instrumentar el proyecto,
guardias forestales armados encargados de vigilar los “árboles
de carbono” golpearon y corrieron a balazos a la gente que vivía
en los límites del parque, los expulsaron de sus tierras, que
se agregaron al parque nacional, y confiscaron su ganado. Las
personas se quedaron sin tierra y sin trabajo (véanse el informe
‘A funny place to store carbon’ en
http://www.wrm.org.uy/countries/Uganda/book.html y el boletín
Nº 115 del WRM ).
En
el correr del año pasado los agricultores expulsados volvieron
a ocupar sus antiguas tierras, cortaron los árboles y los hicieron
carbón, convirtiendo así 1.300 hectáreas en tierras agrícolas.
Jeroen Trommelen, del periódico neerlandés De Volkskrant,
informa que FACE decidió interrumpir la venta de créditos de carbono
de las plantaciones forestales ugandesas hasta que se resuelvan
estos conflictos de derechos territoriales.
El
año pasado los créditos se vendieron a una empresa energética
holandesa para compensar los efectos climáticos del uso de combustibles
fósiles. FACE no quiere decir el nombre de esta empresa. Hasta
el año pasado los créditos de CO2 de la plantación forestal ugandesa
se vendían también a través de la compañía holandesa Greenseat,
de compensación de emisiones por vuelos aéreos, entre cuyos clientes
se cuentan Amnistía Internacional, el British Council y The Body
Shop.
En
la actualidad, de los 3,4 millones de árboles plantados ya se
liberó a la atmósfera el carbono almacenado en cerca de medio
millón (según los cálculos, unas 182.000 toneladas de CO2) gracias
a su conversión en carbón. Como dijo Trommelen, “por lo tanto,
una parte del dióxido de carbono que se almacenaba allí para compensar
las emisiones de CO2 se hizo humo”.
Frente
a la catástrofe mundial del aumento acelerado de los niveles de
CO2 en la atmósfera (de unas 280 partes por millón en épocas preindustriales
a alrededor de 380 en la actualidad) con el potencial de provocar
futuros aumentos de la temperatura, las soluciones de mercado
han demostrado que no solamente no resuelven el problema sino
que además lo empeoran.
Artículo
basado en información de: “Swaziland: fires in certified plantations
spark national emergency”, FSC-Watch,
http://www.fsc-watch.org/archives/2007/08/28/Swaziland__fires_in_certified_plantations
_spark_national_emergency_; “South Africa Fires”, IOL (Independent
Online),
http://www.fire.uni-freiburg.de/GFMCnew/2007/07/0730/20070730_sa.htm;
“Farmers in Uganda cut down considerable part of Dutch CO-2 forests”,
Jeroen Trommelen, De Volkskrant, difundido por Simone Lovera,
Coalición Mundial por los Bosques, correo-e: simonelovera@yahoo.com,
http://www.globalforestcoalition.org
inicio
-
Uruguay: condiciones de trabajo en dos
viveros forestales certificados por FSC
Durante
años, el WRM ha venido documentando los impactos sociales y ambientales
de los monocultivos de árboles. Sin embargo, hasta ahora no habíamos
contado con información sobre el punto de partida de la cadena:
los viveros donde se producen los millones de plantas destinadas
a ser plantadas. Recientemente culminó una investigación sobre
las condiciones de trabajo y uso de agrotóxicos en los viveros
de las dos principales empresas forestales certificadas en Uruguay
por el Forest Stewardship Council – FSC: Eufores (Ence-España)
y FOSA (Metsa Botnia-Finlandia). (1)
Los
viveros de ambas empresas utilizan la tecnología más avanzada
en la materia y allí producen fundamentalmente clones de eucaliptos.
La clonación se hace a partir de ramas de las llamadas “plantas
madres” con las que se producen las estacas, que son pequeños
tallos con un par de hojas. Esta producción es realizada con equipamiento
especializado y una vez producidos los plantines, éstos permanecen
en el vivero hasta que están bien enraizados y posteriormente
son trasladados a la intemperie con el objetivo de rustificarlos
para las plantaciones.
Si
bien la tecnología para la producción de plantas es “avanzada”
(lo cual incluye modernas instalaciones de riego, invernadero
y un amplio paquete de agrotóxicos), no es tan “avanzada” en materia
de condiciones de trabajo.
Lo
primero que llama la atención es la tercerización, régimen en
el cual está aproximadamente el 80% de la fuerza laboral de ambas
empresas que ocupan entre 50-70 personas (Eufores) y 130 personas
(FOSA). La tercerización constituye una externalización
de la mano de obra que implica romper la relación de trabajo directa
con la empresa que asume la producción. En esta “relación triangular
de trabajo” la persona es contratada por una empresa (contratista)
pero en definitiva trabaja para otra, en su local, sometida a
su dirección y disciplina, diluyéndose la figura del verdadero
empleador.
Según
los trabajadores, “la tercerización de los servicios es una manera
de evitar posibles problemas con el sindicato y con los trabajadores
en general” ya que los divide tanto en los beneficios como en
la proyección del trabajo, conspirando así contra la posibilidad
de que se organicen. En la medida que la tercerización condena
a los contratados a la zafralidad, la inseguridad laboral y la
inamovilidad funcional - siempre serán “peones comunes”
y se les paga como tales aunque realicen tareas especializadas
como la clonación de eucaliptos – entre l@s trabajadores persiste
la ilusión de pasar a la categoría de empleados directos. Ello
lleva en ocasiones a que se retraigan de las actividades sindicales
por temor a ser “señalados”.
La
sindicalización ha sido difícil en ambas empresas. En Eufores
el sindicato se creó recién hace cuatro años, pese a la oposición
de la empresa. No obstante, una vez creado Eufores desató una
persecución contra el presidente del sindicato, el cual denunció
que se sentía “personalmente victimizado”. . Aún así, Eufores
fue certificada. Recién durante el último año la empresa parece
haber aceptado el hecho y ahora el dirigente ha sido reintegrado
a su lugar normal de trabajo.
En
FOSA la creación del sindicato es muy reciente (agosto 2006),
pero está integrado casi en su totalidad por trabajadores de la
empresa contratista. No obstante, la presión se hace sentir y
algunos no se afilian por temor a ser percibidos por la empresa
como “revoltosos” y que eso eventualmente les impida pasar a ser
empleados directos de FOSA. A pesar de esta situación, también
esta empresa fue certificada.
Otro
aspecto que habla de la falta de responsabilidad social de las
empresas es que, como principio, la sanidad de los eucaliptos
se pone por encima de la sanidad de la gente. En aras de evitar
que los plantines contraigan plagas y enfermedades, se aplican
agrotóxicos en un grado muy elevado. En Eufores se aplican incluso
dos productos no autorizados por el FSC: Fundazol (Benomil, disruptor
endocrino y productor de mutaciones genéticas, posiblemente cancerígeno
para humanos) y Flonex (Mancozeb, no aceptado por ser cancerígeno).
En ambos viveros se utiliza el Captan, un funguicida que fue prohibido
en Finlandia en agosto de 2001 por ser extremadamente tóxico:
se lo considera cancerígeno, contamina el suelo y las napas de
agua subterráneas, es muy tóxico para los peces y afecta ranas,
pájaros y aves.
Los
trabajadores y trabajadoras quedan expuestos permanentemente a
los agrotóxicos en un ambiente cerrado que está impregnado de
dichos productos. Además, el agua del lavado de las mochilas u
otros aplicadores de agrotóxicos se vierte en el mismo lugar.
Sin posibilidad de bañarse antes de ir a sus casas pues los baños
carecen de duchas, los trabajadores y trabajadoras esparcen la
contaminación a su familia en la medida que vuelven a sus hogares
con la misma ropa con la que trabajaron. Al respecto, los trabajadores
informaron que más del 90% de los hijos de mujeres que trabajan
en el vivero sufren de alergias, espasmos y asma.
En
cuanto a los controles médicos, en FOSA son inexistentes. Por
su parte, Eufores realiza algunos, pero los trabajadores no tienen
confianza en los resultados por lo que están en tratativas para
que los monitoree un organismo independiente de la empresa, como
el Ministerio de Salud Pública.
Algunas
de las condiciones de trabajo a destacar en los viveros de Eufores
y FOSA son el aislamiento de lugar --que impide el desplazamiento
en la hora de descanso del mediodía, que en el caso de FOSA no
es paga--, el difícil acceso a los baños -- están alejados del
lugar de trabajo -- y su capacidad totalmente insuficiente, además
de la falta de duchas mencionada, la ausencia de extractores de
aire en los lugares cerrados --solo hay aire acondicionado para
las plantas-- así como las elevadas temperaturas que se alcanzan
en los mismos, y la omisión --en el caso de FOSA-- de proporcionar
artículos necesarios para el trabajo como son los guantes de látex
--la empresa proporciona únicamente guantes de goma porque son
más baratos, pero complican la manipulación.
Los
casos de alergia en piel, ojos, manos, cuello y resto del cuerpo,
con presencia de ronchas, picazón e hinchazón abundan entre los
trabajadores y trabajadoras expuestos a productos tóxicos como
funguicidas, insecticidas, hormonas y cloro.
El
tema del trabajo femenino amerita algunos comentarios especiales.
Las empresas forestales hacen hincapié en la generación de empleos
femeninos, pero el trabajo que ofrecen en su gran mayoría es de
peonas, que, como hemos visto, suelen ser tercerizadas, sin perspectivas
de mejora. Hay algunos puestos administrativos, pero pocas mujeres
ocupan cargos de dirección --en general son auxiliares.
La
maternidad resulta difícil de sostener en el régimen de trabajo
de los viveros. Allí no hay guarderías y la lejanía y falta de
locomoción en el lugar imponen a las mujeres jornadas muy extensas
separadas de los hijos. Durante el embarazo, las condiciones tan
duras de trabajo impiden que las trabajadoras lleguen al término
autorizado -- 7 meses y medio de embarazo --, aún cuando en general
prefieren trabajar lo más posible porque la licencia prenatal
supone percibir un ingreso mucho menor. Es que en esas condiciones
es difícil soportar las altas temperaturas --que pueden superar
los 40 grados-- y las largas jornadas sentadas o paradas, lo que
las obliga a tomar su licencia prenatal a los 4-6 meses de embarazo.
Es
interesante señalar que la certificación de las plantaciones de
estas dos empresas ya había sido cuestionada en una investigación
llevada a cabo por el WRM (2). Ahora esta investigación sobre
los viveros de las mismas se suma a dicho cuestionamiento. En
efecto, en su resumen sobre el tema, la investigadora concluye
que “estas dos empresas certificadas no demuestran para nada ser
‘ambientalmente apropiadas, socialmente beneficiosas y económicamente
viables’ (tal como lo define el mandato del FSC). Por el contrario,
usufructúan de este sello a costa del trabajo y de la salud de
los trabajadores y del medio ambiente de tod@s los uruguay@s.
(1)
"Condiciones de trabajo y uso de agrotóxicos en dos viveros
forestales”, agosto de 2007, RAPAL-Uruguay,
http://www.guayubira.org.uy/trabajo/viveros.pdf
(2)
“Maquillaje Verde. Análisis crítico de la certificación de monocultivos
de árboles en Uruguay por el FSC”, marzo de 2006, World Rainforest
Movement (WRM),
http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.pdf
inicio
ÁRBOLES TRANSGÉNICOS
-
ArborGen: la mayor empresa mundial de investigación en árboles
transgénicos proyecta seguir creciendo
En
agosto de 2007 la empresa ArborGen firmó un acuerdo que acorta
peligrosamente la distancia entre la realidad y su objetivo declarado
de llegar a ser “el actor preeminente en el desarrollo y la comercialización
globales de árboles de ingeniería genética para la industria forestal”.
Cuando
empiece a regir este contrato de US$ 60 millones, ArborGen quedará
a cargo del negocio de viveros y huertos de semillas de tres propietarios:
MeadWestvaco e International Paper en EEEUU y Rubicon Limited
en Nueva Zelanda y Australia. De ese modo ArborGen se convertirá
en el mayor productor mundial de plantines de árboles, con operaciones
en 20 lugares distribuidos en cuatro países. ArborGen calcula
las ventas anuales combinadas en 350 millones de arbolitos, lo
que le reportaría unos US$ 25 millones por año. Hasta ahora los
árboles transgénicos de ArborGen no están disponibles en el mercado,
pero cuando empiecen a venderse este acuerdo proporcionará a la
empresa un mercado que ya existe y es enorme.
Horizon2,
que hoy pertenece a Rubicon, pasará a ser parte de ArborGen en
virtud de este acuerdo. Horizon2 produce plantines de árboles
para la industria de las plantaciones en Australia y Nueva Zelanda.
Esta empresa investiga también eucaliptos y pinos radiata transgénicos
con el objetivo de producir árboles con menos lignina, crecimiento
más rápido, resistencia a insectos, tolerancia al estrés y floración
alterada.
ArborGen
ha firmado, también en Nueva Zelanda, un acuerdo de investigación
y desarrollo con Scion, organización estatal de investigación
forestal. El objeto de la investigación es la identificación de
los genes responsables del crecimiento más rápido y otras características
de interés para la industria de las plantaciones.
Luke
Moriarty, director ejecutivo de Rubicon, percibe el mercado potencial
como en perpetua expansión. “Las ventas anuales por unidad de
plantines para la forestación ascienden a miles de millones, se
repiten año tras año y abarcan todo el planeta”, dijo Moriarty
a los accionistas de Rubicon en julio de 2005. Lo que es más,
hasta el momento ArborGen tiene copado el mercado de árboles transgénicos.
“Arborgen no tiene competidores mundiales en esta esfera”, dice
Moriarty
ArborGen
espera lucrar con la moda de los biocombustibles y este año se
expandió para incluirlos en sus investigaciones. “La energía renovable
puede crear nuevos mercados para los productos verdes”, declaró
Barbara Wells, directora ejecutiva de ArborGen. Esta empresa es
uno de los socios del BioEnergy Science Center, un proyecto de
US$ 125 millones financiado por el gobierno de Estados Unidos
y encabezado por el laboratorio Oak Ridge National Laboratory.
La
empresa anticipa que sus árboles transgénicos con contenido reducido
de lignina serán su “primer producto arbóreo “de la próxima
generación” que se comercializará”. Los árboles con menos lignina
son más fáciles de convertir en celulosa. Pero la lignina es lo
que conserva unidas las células de la madera. Es lo que
hace que los árboles se mantengan verticales. Reducir la cantidad
de lignina de los árboles hace que éstos sean más vulnerables
a las tormentas y aumenta su riesgo de contraer enfermedades,
hongos y plagas.
Actualmente
ArborGen está realizando ensayos a campo de árboles con contenido
reducido de lignina en Brasil. La empresa estableció operaciones
en Campinas, estado de San Pablo, hace tres años. Empezó sus ensayos
de árboles transgénicos en Brasil en 2005 y este año obtuvo la
aprobación de la autoridad reguladora brasileña (CTN-Bio) para
llevar a cabo un segundo ensayo a campo con rotación completa
de eucaliptos transgénicos.
Hasta
ahora la empresa no está autorizada a vender sus árboles transgénicos
en Brasil. “Hemos presentado todos los formularios exigidos y
cumplido las directrices del gobierno para los ensayos. La información
de dichos ensayos se usará para obtener la autorización necesaria
para el uso comercial”, dijo a RISI, un sitio en internet sobre
la industria forestal, el director de ArborGen para Sudamérica,
Fabio Brun, en mayo de 2007. Según RISI, ArborGen está trabajando
en sociedad con “algunas de las mayores empresas de productos
forestales de la región”.
ArborGen
también está investigando en eucaliptos transgénicos resistentes
al frío con la esperanza de obtener una fuente de materia prima
para la industria de la pulpa y el papel del sur de Estados Unidos.
Este mismo año ArborGen obtuvo una controvertida aprobación de
la autoridad reguladora estadounidense (el Servicio de inspección
sanitaria y fitosanitaria, APHIS) para un ensayo a campo con rotación
completa en el condado de Baldwin, Alabama. APHIS decidió que
el ensayo “no tendrá un impacto significativo” y que ArborGen
ni siquiera necesita elaborar una declaración de impacto ambiental.
En
diciembre de 2005 Rubicon declaró que “ArborGen ha mantenido un
contacto activo con las autoridades tanto brasileñas como estadounidenses
para garantizar que se entienda bien todo lo relacionado con el
lanzamiento de productos biotecnológicos para plantaciones forestales
y que el régimen regulatorio que se instrumente se fundamente
en la ciencia y funcione en la práctica”.
La
cálida relación de ArborGen con las autoridades reguladoras parece
estar dando frutos. Los peritos a los que APHIS recurre para asesorarse
sobre los riesgos de tales ensayos son científicos forestales
que trabajan en el medio académico o en empresas de la pulpa y
el papel. APHIS incluso solicitó asesoramiento a científicos que
trabajan para dos empresas que son propiedad de ArborGen: International
Paper y MeadWestvaco. Todos estos peritos tienen algo en común:
interés en que los ensayos de árboles transgénicos sigan adelante.
No sorprende entonces que en sus consejos a APHIS se desestimen
los riesgos y no se mencione el principio de precaución.
Por
Chris Lang, http://chrislang.org
inicio
- El Instituto Forestal
Europeo elige ignorar los efectos sociales
“abrumadoramente negativos” de los árboles transgénicos
El
Instituto Forestal Europeo (EFI) se declaró recientemente a favor
de la investigación en árboles genéticamente modificados, o transgénicos.
Varias de las 131 organizaciones miembros del EFI (que consisten
en institutos de investigación, universidades y empresas) investigan
en árboles transgénicos. Entre 2004 y 2006 el presidente del EFI
fue François Houllier, director científico del Instituto nacional
francés de investigación en agricultura (INRA), que también realiza
investigacioens en árboles transgénicos. Otros miembros del EFI
que tienen que ver con la investigación en árboles transgénicos
son el Instituto finlandés de investigación forestal (METLA)
y el Centro federal de investigaciones en silvicultura y productos
forestales (BFH) de Alemania.
La
declaración del EFI a favor de la ingeniería genética comienza
diciendo que la investigación en árboles transgénicos es necesaria
“Para brindar información y datos científicos sensatos e imparciales
a las autoridades públicas pertinentes”. Esto podría tener sentido
si no fuera porque la investigación en árboles transgénicos que
se está llevando a cabo no es ciencia “neutral” destinada a brindar
información a las autoridades públicas. La investigación en árboles
transgénicos se hace para la industria, principalmente la industria
de la pulpa y el papel pero cada vez más la de los biocombustibles.
La
declaración del EFI se elaboró luego de una discusión interna
que llevó dos años. En 2005 el Instituto encargó un documento
de discusión que se llamó "Biotechnology in the Forest? Policy
Options on Research on GM Trees" (¿Biotecnología en el bosque?
Opciones de política sobre la investigación en árboles transgénicos).
El principal autor del documento es David Humphreys, docente de
Política Ambiental de la Universidad Abierta y autor de "Logjam:
Deforestation and the Crisis of Global Governance"
(Logjam: Deforestación y la Crisis de la Governanza Mundial).
El
documento declara que “No surgen argumentos claros e inequívocos
ni a favor ni en contra de los árboles transgénicos” pero al mismo
tiempo presenta varios argumentos de fuerza contra la plantación
comercial de árboles transgénicos y por lo tanto contra la investigación
continuada en árboles transgénicos.
“Los
árboles viven más que los cultivos agrícolas”, declara el documento,
“lo que significa que pueden ocurrir cambios en su metabolismo
muchos años después de plantados. Al mismo tiempo, los árboles
son distintos de los cultivos pues en su mayor parte no están
domesticados y además el conocimiento científico sobre los ecosistemas
de los bosques es escaso en comparación con el conocimiento sobre
los ecosistemas agrícolas. Los riesgos potenciales ecológicos
y de otra índole asociados con los árboles transgénicos podrían
ser mayores que los de los cultivos transgénicos”.
El
documento señala la amenaza que los árboles transgénicos suponen
para los bosques (aunque la preocupación parece ser más bien el
impacto sobre la industria forestal más que los bosques y las
personas): “A largo plazo, el uso de árboles transgénicos podría
perjudicar gravemente al propio sector forestal debido a la contaminación
genética, que redunda en bosques más débiles y cada vez menos
capaces de resistir presiones naturales como los ataques de las
plagas que se han vuelto resistentes a los insecticidas producidos
por los árboles transgénicos”.
Debido
a las patentes necesarias en la investigación científica, los
árboles transgénicos serán caros. La producción y comercialización
de árboles transgénicos es un proceso oneroso y muy especializado.
El documento señala que “Si el uso de árboles transgénicos se
vuelve popular y general, es probable que el propio sector forestal
se vuelva cada vez más dependiente de las empresas de biotecnología
y de semillas transgénicas”.
La
introducción de nuevas tecnologías genera ganadores y perdedores.
Entre los ganadores de la introducción de los OGM en el sector
agrícola “se cuentan grandes empresas semilleras y de transgénicos,
mientras que entre los perdedores hay muchos pequeños agricultores”,
señala el documento. Los cultivos transgénicos estériles hacen
que los agricultores tengan que comprar nuevas semillas cada año.
Las semillas son más caras porque incluyen las regalías a las
empresas que desarrollaron la especie transgénica. “El resultado
neto es un flujo de ingresos de los agricultores pobres del Sur
hacia las ricas empresas del Norte y muchos pequeños productores
rurales obligados a salir del negocio.”
Muchas
de las empresas y organizaciones de investigación que promueven
la tecnología de los árboles transgénicos están en el Norte. Pero
las plantaciones de árboles transgénicos, si es que se establecen,
estarán más que nada en el Sur global. “Lo más probable es que
el resultado sea la desigualdad social”, se señala en el documento
del EFI, “tanto en la división del riesgo, que recaerá sobre todo
en los países del Sur, como en la división de los beneficios financieros,
que serán principalmente para el mundo industrializado”.
Humphreys
y sus colegas señalan que los impactos de las plantaciones de
árboles transgénicos serían similares a los de las grandes plantaciones
industriales de árboles que ya se han establecido en el Sur: “Las
plantaciones de árboles en el Sur han tendido a abusar de la tierra
y los recursos hídricos disponibles y a contaminar el medio ambiente
circundante con fertilizantes y plaguicidas. Puede esperarse que
las plantaciones de árboles transgénicos impongan exigencias aun
mayores al medio ambiente, puesto que las variedades transgénicas
se modifican para que crezcan más rápido”.
El
documento concluye afirmando que “Los árboles transgénicos tienen
beneficios económicos y ambientales considerables pero también
desventajas económicas y ambientales potencialmente graves. Los
efectos sociales de la introducción de árboles transgénicos que
se anticipan son abrumadoramente negativos. La situación legal
de los árboles transgénicos no es clara. Toda la cuestión de la
introducción de los árboles transgénicos plantea graves preguntas
éticas que no tienen respuestas obvias”.
La
explicación de esta decisión del EFI de apoyar la investigación
en árboles transgénicos puede estar en el documento de discusión
del EFI de 2005. “La mayoría de los científicos expertos en transgénicos
trabajan para institutos de investigación y empresas industriales”,
señala el documento. “Podría aducirse que estos científicos tienen
un interés creado en enfatizar los beneficios de la biotecnología
y minimizar los riesgos asociados”.
Una
oración de la conclusión del documento de discusión brinda un
argumento claro e inequívoco contra los árboles transgénicos:
“Los efectos sociales de la introducción de árboles transgénicos
que se anticipan son abrumadoramente negativos”. Al apoyar la
investigación en árboles transgénicos, EFI está ignorando esos
efectos sociales abrumadoramente negativos.
Por
Chris Lang, http://chrislang.org
inicio
