Brasil:
mecanismos de promoción y de oposición a los monocultivos de árboles
Para que vastas extensiones
de plantaciones industriales de árboles fueran viables en Brasil,
se establecieron estrechas interacciones entre gobierno, empresas,
bancos, universidades, medios de comunicación así como con instituciones
internacionales, financieras, productoras y compradoras. Mediante
una gran orquestación política, se crearon mecanismos legales, tributarios,
financieros, técnicos y científicos, agrarios y logísticos. Del
mismo modo, fueron aumentando las articulaciones contrarias a estas
políticas a medida que los monocultivos se expandían.
Inicialmente, la política
forestal busca definir un conjunto de técnicas capaces de ordenar
la utilización de los recursos forestales. La primera reglamentación
de bosques en Brasil data de 1934 con el primer Código Forestal,
que define algunas áreas protegidas pero que también incluye la
posibilidad de sustituir los bosques por monocultivos de árboles.
En 1965, a través de la
Ley 4.771 se edita un segundo Código Forestal en el que surgen nuevas
categorías de unidades de conservación. También en este contexto,
mediante la Ley 5.106 del 2 de setiembre de 1966, se reglamentaron
los incentivos fiscales para la reforestación, que beneficiaban
a personas físicas y jurídicas contribuyentes del Impuesto a la
Renta. En el caso de personas físicas, podían deducirse del ingreso
bruto (para el cálculo del impuesto a la renta) todos los gastos
derivados de la actividad hasta un límite
del 50% del ingreso. En el caso de personas jurídicas, era posible
deducir el valor de los gastos derivados de la actividad hasta el
50% del impuesto debido, y en 1970 por el Decreto- Ley 1.134 (16/11/70)
hubo una modificación que implicaba que lugar de
deducir los gastos del valor del impuesto debido, el contribuyente
podía descontar hasta el 50% de ese impuesto para invertirlo en
emprendimientos forestales.
Durante las primeras décadas
del siglo XX, algunos estados crearon servicios forestales vinculados
a las Secretarías de Agricultura y en 1967 se creó el IBDF (Instituto
Brasileño para el Desarrollo Forestal), por Decreto- Ley nº 289,
en el ámbito del Ministerio de Agricultura.
Para impulsar el crecimiento
económico se hicieron grandes inversiones en desarrollo científico
y tecnológico. En 1967 se graduó la primera generación de ingenieros
forestales que concluyeron la carrera mantenida por convenio entre
el IBDF (Instituto Brasilero de Desarrollo Forestal) y la FAO. En
1968 se creó el Instituto de Investigaciones Forestales (IEPF),
por iniciativa conjunta de la Escuela Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (ESALQ- USP) y de las empresas Champion, Duratex, Rigesa,
Suzano y Madeirit. El objetivo del IPEF era el desarrollo y la difusión
de tecnología en el área forestal, con financiación para la realización
de investigaciones y con recursos del sector público mediante incentivos
fiscales para la reforestación.
El apoyo financiero del
Estado, a través del BNDE (Banco Nacional de Desarrollo) hizo posible
que las empresas líderes se beneficiaran de la Decisión Nº 196/68
para proyectos de instalación y/o ampliación que superaran una capacidad
productiva de 100 t por día de celulosa y que aseguraran el abastecimiento
propio de madera equivalente por lo menos al 50% de las necesidades
calculadas. A partir de 1972 se priorizaron los incentivos para
proyectos con producción de más de 1000 toneladas por día, pero
se aceptaba que esta meta se alcanzara en dos etapas de 500 toneladas
cada una.
La proliferación de grupos
ejecutivos sectoriales originó la creación, en 1969, del Consejo
de Desarrollo Industrial (CDI), formado por representantes de los
ministerios económicos, de las fuerzas armadas, BNDES, Banco do
Brasil, además de instituciones representativas del sector privado,
como el grupo de papel y celulosa que tuvo la función de formular
y coordinar las directrices orientadoras de la expansión sectorial.
En la década del 70 hasta
mediados de los 80 fue la fase en la cual las plantaciones de árboles
recibieron más incentivos fiscales, con el II Plan Nacional de Desarrollo
(II PND). Según este plan, las metas que debían alcanzarse entre
1974 y 1979 para la producción de celulosa y papel representaban
un crecimiento del 85% y del 28% respectivamente.
El plan de acción del
BNDE para el período 1974-78 incluyó el apoyo a proyectos de celulosa
de gran porte para que la economía alcanzara un nivel de producción
superior a 2,5 millones de toneladas en 1978.
El FISET (Fondo de Incentivos
Sectoriales), creado por el Decreto-Ley 1376/74, fue la forma principal
de incentivo fiscal de 1974 a 1988 con préstamos a largo plazo a
costos reducidos. Permitía la deducción del impuesto a la renta
para inversiones en proyectos de reforestación.
En 1974 se lanzó el Plan
Nacional de Papel y Celulosa (PNPC) cuya meta de plantación era
de 4 millones de hectáreas de árboles. Para ello se programó la
implantación de 30 “Distritos Forestales”- zonas seleccionadas para
la racionalización del proceso de no dispersión de los recursos
del área forestal. Se estableció una división en subdistritos celulósicos
y subdistritos energéticos. La superficie mínima exigida era de
1.000 hectáreas por proyecto y se tenía en cuenta la cercanía a
las industrias. Se privilegiaba a las industrias con base forestal
propia. Para asegurarse grandes superficies contiguas, el gobierno
induciría el establecimiento de las plantaciones en zonas definidas.
Otras modalidades de incentivos
concedidos a las empresas privadas estaban relacionadas con conceder
la exoneración del Impuesto de Importación (II) y del Impuesto sobre
Productos Industrializados (IPI), además de estimular la ampliación
de la producción destinada a la exportación.
En 1987 surge el II Plan
Nacional de Papel y Celulosa que establecía metas de expansión para
1995 (importación de equipamientos, nuevas reforestaciones y exportación
de la producción). La proyección de ampliación de la producción
de celulosa fue de 3,5 millones t/año a 6,6
millones t/año.
Además de las financiaciones
a gran escala del BNDES, otro mecanismo de financiación y capitalización,
principalmente de las empresas de celulosa, fueron los préstamos
de organismos internacionales como la Corporación Financiera Internacional
(IFC) del Banco Mundial. La captación de recursos en el mercado
internacional incluye varias operaciones y bancos, como es el caso
de Aracruz Celulose con el banco Den Norske Bank (noruego), Citibank,
J.P. Morgan, Chase Manhatan, Bolsa de Valores de Nueva
York.
En 2000 se creó el Programa
Nacional de Bosques (PNF, sigla en portugués) dentro del Ministerio
de Medio Ambiente, bajo la responsabilidad del Directorio del Programa
Nacional de Bosques. Se implementó el programa con recursos provenientes
del Tesoro Nacional y de la cooperación técnica y financiera externa,
principalmente de la Organización Internacional de Maderas Tropicales
(OIMT), Programa Piloto para Protección de los Bosques Tropicales
(PPG7), del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y de los
gobiernos de Japón, Holanda e Inglaterra.
De 2004 a 2007, una de
las metas del PNF era la expansión de la base forestal plantada,
a través de la plantación de 800 mil hectáreas en pequeñas y medianas
propiedades, y de 1,2 millones de hectáreas con programas empresariales.
Para ello se crearon algunas
líneas de financiación para la plantación de árboles, siendo las
principales: BNDES- FINEM (Financiación Directa a Emprendimientos),
PRONAF Forestal (coordinado por el Ministerio de Desarrollo Agrario
desde 2002), PROPFLORA (coordinado por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento, desde 2002).
Además existen líneas
de financiación forestal de alcance regional como el FNO Floresta
(Región Norte), FCO Pronatureza (Región Centro-Oeste), FNE Verde
(Región Nordeste).
Entre otros estímulos
financieros que favorecen las plantaciones forestales figuran el
Programa Nacional de Crédito Agrario, como parte del Plan Nacional
de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y que deriva
del acuerdo de préstamo con el Banco Mundial.
Con un conjunto tan amplio
de mecanismos para la viabilización de los monocultivos, las empresas
hacen fuertes inversiones en campañas electorales de candidatos
de todos los partidos y así logran asegurarse el apoyo en el Parlamento,
como por ejemplo con el Frente Parlamentario de Silvicultura, además
de la bancada ruralista.
De más reciente creación,
otra estrategia de expansión de las plantaciones de árboles en Brasil
es la de los créditos de carbono, a partir del Protocolo de Kyoto.
Uno de los principales mercados que negocia estos créditos es el
Mercado Brasileño de Reducciones de Emisiones (MBRE)- una iniciativa
conjunta de BM&F y del Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior (MDIC).
Otro mercado potencial
en Brasil es el de los agrocombustibles a
base de celulosa, que ya cuenta con inversiones para investigación.
Asimismo están en curso
algunas propuestas de modificación del Código Forestal (en trámite
en el Parlamento Nacional) que sugiere la reducción de la superficie
de reserva legal de la Amazonia del 80% actual al 50% donde ya hubo
tala de bosque. En el 30% restante los propietarios pueden plantar
especies exóticas.
Iniciativas que se oponen a los monocultivos industriales de árboles
Mientras los monocultivos
de árboles crecen, tienen lugar varias articulaciones a fin de restringir
la superficie plantada, frenar la expansión e inclusive interrumpir
la producción a gran escala.
Entre las acciones restrictivas
figuran:
* leyes estaduales como
la Ley 6.780/01 del Estado de Espíritu Santo, que prohibía la plantación
de eucalipto destinada a la producción de celulosa hasta que fuera
concluida y promulgada la Demarcación Ecológica Económica. Pero
la Suprema Corte Federal la dejó sin efecto en junio de 2002.
* leyes que garantizan
el derecho territorial de pueblos tradicionales como los quilombolas
(Decreto- Ley 4887/ 03) también pueden restringir la posesión de
tierras por parte de empresas de la celulosa.
* la articulación de la
sociedad civil en redes que se organizan para divulgar los impactos
de los monocultivos, denunciar, presionar al gobierno y a empresas,
proponer alternativas al modelo de desarrollo, entre otras acciones.
En este sentido pueden ser citadas la Red Desierto Verde, Via Campesina,
Articulación Nacional de Agroecología, Red Brasileña de Justicia
Ambiental, Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales.
* la participación de
la sociedad civil en audiencias públicas de implantación o expansión
de los proyectos industriales. La audiencia pública condiciona la
aprobación de los emprendimientos; sin embargo, en la práctica no
definen nada.
* denuncias ante el Ministerio
Público, los organismos internacionales, las acciones judiciales.
* en varias regiones del
país se hicieron ocupaciones de tierras plantadas con eucaliptos
por parte de los movimientos sociales del campo, principalmente
el MST, en reivindicación de la Reforma Agraria y cuestionando la
productividad y la función social (según los artículos 185 y 186
de la Constitución Federal) de estos latifundios.
* también hubo una fuerte
articulación de la sociedad civil para exigir al BNDES que cumpliera
su carácter de banco público y estableciera políticas de apertura,
diálogo y transparencia de sus inversiones, definiera criterios
sociales y ambientales más adecuados para disminuir las desigualdades
sociales entre la población brasileña, y además dejara de invertir
en proyectos privados de agronegocio, como es el sector de papel
y celulosa- de acuerdo con la “Plataforma BNDES”, 2007.
Por Daniela Meirelles
y Alacir De´Nadai, FASE/ES, correo eletrónico:
fases@terra.com.br
