Gigantes
de la celulosa aniquilan el pueblo, la cultura y el ambiente en
el sur de Brasil
Con el discurso ideológico
del gran capital disfrazado de desarrollo sustentable y salvador
de los pobres, las gigantes de la celulosa avanzan sobre el Estado
de Río Grande del Sur. Con su capital pagan campañas electorales,
financian propaganda engañosa y manipulan el poder público a su
antojo.
Son términos de ajuste
de conducta (TAC) para permitir el desarrollo de las plantaciones
desde ahora, con el argumento de que las empresas no sufran pérdidas
económicas. Se trata de financiación de campañas electorales y cambio
de directores de los organismos ambientales, además de la presión
sobre los técnicos de estos organismos para que aceleren las autorizaciones
ambientales.
Los directorios de las
empresas, sin ningún escrúpulo, declaran públicamente que los organismos
ambientales de competencia técnica deben obedecer las órdenes del
gobierno estadual, lo que demuestra claramente que se trata de uma
decisión política. El gobierno estadual y el federal están a favor
de las plantaciones de árboles. El lineamiento político del gobierno
de Lula es el aumento de la celulosa y del biocombustible. La plantación
de eucaliptos contempla estos dos intereses y debe promoverse a
toda costa.
Se rechaza documento regulador
Para analizar la superficie
de plantaciones del Estado y su impacto se realizó una división
en zonas para plantaciones, según decisión
del gobierno estadual anterior. Se trata de un documento (proyecto
de ley 6424/ 05) que agrupa leyes, reglas y normas para orientar
las plantaciones, y que señala las zonas más frágiles y las menos
frágiles para esa actividad, considerando aspectos sociales y ambientales.
Según la demarcación,
el estado se dividió en 45 Unidades de Paisaje Natural (UPNs). En
una UPN, la respuesta del ambiente a la plantación de eucalipto
es idéntica en toda su extensión, al contrario de lo que pasa en
las cuencas hidrográficas- como sugieren algunos críticos de la
división en zonas-, que presentan características físicas muy heterogéneas.
Las UPN fueron clasificadas
como de alta, mediana o baja restricción para la plantación
de árboles. Se aplicaron criterios como la existencia de
Unidades de Conservación (federales, estaduales o municipales),
la presencia de especies de fauna y flora críticamente amenazadas
de extinción (entre ellas, los últimos fragmentos de campo nativo),
la disponibilidad hídrica y el riesgo potencial de deficiencia hídrica
en verano, la fragilidad de los suelos, el análisis socioeconómico,
el registro de territorios indígenas y quilombolas.
De acuerdo con estos criterios
se liberaron alrededor de ocho millones de hectáreas para la plantación
de árboles, mucho más que el esperado millón de hectáreas
previsto por las empresas. Aún así, tanto las empresas como el gobierno
estadual rechazan el documento, y se crearon numerosos mecanismos
para que no entre en vigencia. Hasta que no sea aprobado por el
organismo ambiental competente (CONSEMA) no tiene valor de ley y
lo que constituiría un marco para el Estado se deja de lado por
presiones políticas.
La presión política en
el Estado generó el alejamiento, en cuatro meses, de cuatro presidentes
de la Fundación Estadual de Protección del Ambiente Natural (FEPAM),
organismo estadual responsable de las autorizaciones y del cambio
de la Secretaria de Medio Ambiente. La elección del nuevo secretario
de medio ambiente, un fiscal, parece querer ejercer una coacción
moral en las acciones de la fiscalía para que no cumpla sus tareas
en la defensa del medio ambiente y de los derechos difusos (que
se refieren a un bien o interés común) de la población.
Audiencias públicas fraudulentas
La división en zonas debería
presentarse a la población en cada una de las UPNs, en audiencias
públicas realizadas en el interior. Sin embargo, las audiencias
realizadas estuvieron repletas de funcionarios de las empresas de
celulosa que iban de una audiencia a otra. La población local, afectada
directamente por las plantaciones, no se enteró del contenido del
documento y no pudo entrar a las audiencias porque todos los lugares
estaban ocupados.
Se fijaron nuevas audiencias
públicas para tratar las Evaluaciones de Impacto Ambiental que tienen
que ver con los respectivos Informes de Impacto Ambiental de las
empresas Aracruz Celulose, Derflin (Stora Enso) y Votorantim Celulose
e Papel. La expectativa es volver a repetir el espectáculo. Los
estudios que deberían realizarse a lo largo de una década, como
mínimo -por ejemplo, los de hidrología- se presentaron como concluidos.
Flexibilización de las leyes pone en
riesgo al ambiente
Las zonas fronterizas,
adquiridas ilegalmente por la empresa Stora Enso burlando la legislación
nacional correspondiente, fueron autorizadas para la plantación
de Delfrin -empresa de nombre nacional pero de capital de Stora
Enso. Hubo intentos en el Parlamento de modificar esta
legislación.
La bancada ruralista,
que tiene gran interés en los latifundios de eucalipto por entender
que impiden el avance de los asentamientos de reforma agraria, a
los cuales considera una amenaza, presentó a nivel federal un proyecto
que propone introducir modificaciones al Código Forestal, con el
objetivo de flexibilizar las leyes ambientales.
El proyecto de ley 6424/05
está actualmente en la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones
sugeridas está la plantación de árboles exóticos en zonas de reserva
legal. La actual legislación brasileña establece que la superficie
de Reserva Legal debe ser de 80% en la Amazonia, 35% en la región
de Cerrado dentro de los Estados que componen la Amazonia Legal
y 20% de la propiedad en las otras regiones del país. La Reserva
Legal es una zona en la que debe mantenerse la vegetación nativa
que cumple la función ecológica de habitat para la biodiversidad
y/o proveedora de servicios ambientales tales como abastecedora
de productos forestales, protección del suelo y cuerpos de agua,
control de plagas e incendios y captación de carbono de la atmósfera.
Si se aprueba, el proyecto permitirá el avance de la plantación
de materia prima a gran escala para la producción de agrocombustibles,
principalmente de palma aceitera en la Amazonia y el avance
de los monocultivos de eucalipto en el resto de Brasil.
La expansión de las zonas
con eucalipto que inicialmente eran para la producción de celulosa
y papel serán transformadas a mediano plazo en monocultivos para
la producción de agrocombustible. José Goldemberg, investigador
de la Universidad de San Pablo, afirma que la solución para la crisis
energética en términos científicos es invertir en investigaciones
para extraer el combustible a partir de la celulosa, con rendimiento
energético hasta diez veces mayor que el alcohol brasileño. Hoy
en día, la tecnología para la transformación de celulosa de eucalipto
en combustible todavía es sofisticada y está en manos de Shell y
British Petroleum. De esta forma, las plantaciones de eucalipto
sirven para asegurar la hegemonía y el control sobre los agrocombustibles.
El cambio de la matriz energética petrolera por otros productos
está generando cambios en la sociedad, ya previstos por el Grupo
Rockefeller, que consolida su dominio sobre la matriz energética
del planeta.
Por suerte, las hormigas también molestan
a las gigantes
La ilegalidad de las empresas,
confabuladas con el Estado, se hizo evidente a partir de la firma
de contratos de forestación con los asentados de la reforma agraria
para el establecimiento de plantaciones en sus predios. El contrato
no podría firmarse con los asentados porque ellos aún no tienen
la posesión de la tierra. La plantación en los asentamientos fue
una buena estrategia de marketing. Las empresas divulgaban por todos
lados que la plantación de monocultivos era buena y cumplía su función
social, porque hasta los asentados estaban plantando. En mayo de
este año los asentados arrancaron los árboles o las mudas de eucalipto
que habían plantado en los lotes.
El Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST), hizo una marcha con
1700 personas entre setiembre y noviembre. El 16 de octubre fue
la Jornada contra las multinacionales y por la soberanía alimentaria.
Acamparon delante de Votorantim y cortaron eucaliptos plantados
por las empresas Votorantim Celulose (Bagé) y Stora Enso (Rosário
do Sul) como estrategias para llamar la atención de la población
y del gobierno para que destine recursos públicos a otros fines
y no a estas grandes empresas.
Este año, Votorantim (VCP)
recibió 40 millones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social (BNDES), que de social solo tiene el nombre. Caixa RS, Banrisul
y BRDE manifestaron que sobran recursos para la financiación de
plantaciones. Las empresas de celulosa están
vinculadas a las coronas europeas y en Brasil reciben incentivos
fiscales y exoneraciones de impuestos, bajo la Ley Kandir. Así,
se exporta noventa y cinco por ciento de la celulosa sin pagar impuestos.
En el estado de Río Grande del Sur las empresas exportadoras reciben
exoneración del ICMS (Impuesto sobre la circulación de mercaderías
y servicios). Mientras tanto, la población aguarda indefinidamente
préstamos para pequeños proyectos de turismo, de agroecología, y
para la formación de una red productiva que genere un desarrollo
sustentable.
Además de la presión popular,
ONGs ambientalistas iniciaron uma acción civil pública exigiendo
que se cumplan las leyes ambientales y se preste atención a la división
de zonas para la plantación de árboles. Últimamente
la decisión de la jueza federal Clarides Rahmeier desplazó de la
esfera estadual hacia el organismo federal, IBAMA, la misión de
liberar zonas para las plantaciones en Río
Grande del Sur. Esta disposición reavivó el debate. Intendentes
de algunos municipios fueron a la capital para cuestionar la decisión
judicial. Todo cambio, por menor que sea, en los planes estipulados
por el gobierno y las empresas, genera grandes presiones de parte
de éstas, que presentan cifras astronómicas de la posible disminución
de sus inversiones en el Estado.
Entrevistado sobre esa
decisión, el director de operaciones de Aracruz, Walter Lídio Nunes,
dijo “Nos invitaron para desarrollar la Mitad Sur. Nos sorprende
que la jueza cuestione un estado de derecho. Nos atrasaremos en
el cronograma”. De hecho, vivimos el estado de derecho del capital
que domina al medio ambiente y a la población. A partir de la movilización
social y judicial es de esperar que algo cambie en la política actual.
A fin de cuentas, miles de hormigas también tienen la fuerza de
derribar a un gigante.
Por Ana Paula Fagundes,
bióloga, correo electrónico:
sorriam@hotmail.com. Más información sobre el tema en
la página: www.defesabiogaucha.org
