EL
TEMA CENTRAL DE ESTA EDICIÓN: Cambio Climático
y la expansión de las plantaciones
El cambio climático no solamente es una
realidad que repercute sobre las vidas y el sustento de millones
de personas sino que se acelerará si no se instrumentan con urgencia
medidas para resolverlo. Los vientos y temperaturas extremos, inundaciones,
sequías y aumento del nivel del mar resultantes afectarán a cada
vez más personas, millones de las cuales se verán obligadas a emigrar
y convertirse en refugiados ambientales.
Ante
tan dramática hipótesis los gobiernos se han negado hasta ahora
a enfocar el verdadero problema, las emisiones de combustibles
fósiles, y han centrado su atención en falsas soluciones
baratas. Muchas de estas “soluciones” tienen que ver con la promoción
de las plantaciones de árboles en tanto sumideros de carbono o
fuentes de biodiésel (palma aceitera) o etanol celulósico (eucalipto,
álamo, sauce, etc). La industria de la biotecnología también ha
contribuido a estos planes con su investigación en árboles de
ingeniería genética capaces de almacenar más carbono (con mayor
contenido de lignina) o producir más etanol (mayor contenido de
celulosa).
Para
contrarrestar efectivamente estas políticas es importante aprender
acerca de los distintos mecanismos utilizados por los gobiernos
para la promoción de las plantaciones de árboles y aquéllos utilizados
por las poblaciones y organizaciones locales para combatirlas.
Esperamos que la información brindada en esta edición del boletín
sirva para ese propósito.
inicio
NUESTRA
OPINIÓN
- La 13ª ronda del juego
del clima en Bali
En
1992 los gobiernos reconocieron que el cambio climático era una
realidad y que había que hacer algo si se quería evitar una gran
catástrofe. Como resultado, firmaron y ratificaron la Convención
Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Han pasado quince años
y la Conferencia de las Partes de la Convención se reunirá por
13ª vez en Bali, Indonesia, entre el 3 y el 14 de diciembre de
2007.
¿Cuánto
ha hecho esta convención para contrarrestar el problema para cuya
solución se creó? ¿Han reducido sus emisiones los principales
emisores? El comunicado de prensa preparado para la ocasión por
la Secretaría de la Convención responde claramente ambas preguntas:
“Según informaciones presentadas ante
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), el conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero
de 40 países industrializados llegó a su máximo histórico en 2005,
continuando con la tendencia al alza del año anterior.”
Esto
significa que los países que son los principales responsables
de la destrucción del clima de la Tierra siguen destruyéndolo.
Sin embargo, una vez más concurrirán a la conferencia de la Convención
sobre Cambio Climático y presentarán nuevas propuestas... para
que todo siga igual.
Negocios:
la mejor forma de describir este Convenio. Todo tiene que ver
con ahorrar y hacer dinero. Parafraseando al ex presidente Clinton
durante su campaña electoral de 1992, no es el clima: ¡es la economía,
estúpido!
Una vez más el comunicado de prensa
de la Convención brinda pruebas de lo anterior al decir que “El
Protocolo de Kioto generó un comercio internacional
de emisiones cuyo valor ascendió a US$ 30.000 millones en 2006.
La mayor parte del comercio de emisiones ocurrió en el sistema
de comercio de emisiones de la Unión Europea (EU ETS), que el
año próximo estará vinculado con la comercialización [de emisiones
de carbono] en virtud del Protocolo de Kioto. El MDL del
Protocolo ya está experimentando un rápido crecimiento.”
Es el acceso a esos miles de millones
de dólares, y no el clima, lo que importa. Todo el tiempo se están
inventando astutos planes que se esconden tras oscuras siglas
que el público en general no puede descifrar: MDL, IC, PCF y muchas
otras. Ahora en Bali se discutirá en torno a dos nuevas siglas,
RED y REDD, que significan “Reducción de emisiones de la deforestación”
y “Reducción de emisiones por deforestación y degradación” respectivamente.
El
juego de RED/REDD está por empezar en Bali. Los jugadores de los
gobiernos del Sur, que están destruyendo activamente los bosques
de sus países y por lo tanto liberando enormes cantidades de dióxido
de carbono a la atmósfera, declararán que es necesario que se
los “compense” para conservar los bosques y el carbono allí almacenado.
Los gobiernos del Norte, que contribuyen activamente a la destrucción
de esos mismos bosques con inversiones y comercio, declararán
su voluntad de pagar siempre que sus propias emisiones de enormes
cantidades de dióxido de carbono se “compensen” a través del comercio
del carbono.
Por
supuesto que es necesario conservar esos bosques, pero no simplemente
a causa de su capacidad para almacenar carbono. Entre muchas otras
razones, porque ayudan a regular el ciclo del agua y contienen
la mayor parte de la biodiversidad terrestre. Más importante todavía,
porque son hogar de innumerables pueblos y culturas que dependen
de ellos. A ese respecto los gobiernos del Sur necesitan
que se les recuerde que la conservación de los bosques es una
obligación para con sus propios pueblos y no un bien negociable
en el mercado. Por su parte, los gobiernos del Norte necesitan
que el mundo entero les recuerde que sus emisiones procedentes
de combustibles fósiles están destruyendo el clima del planeta
y no pueden “compensarse” pagando para conservar los bosques o
comprando créditos de carbono a otros países.
La
pregunta es: ¿podemos esperar algo positivo de la reunión de Bali?
La triste respuesta es que lo dudamos mucho. Para empeorar las
cosas, el Banco Mundial aprovechará esta oportunidad para intentar
vender su invento más reciente, llamado Forest Carbon Partnership
Facility, mientras que intermediarios del carbono, empresas
de energía nuclear, tratantes de agrocombustibles, corporaciones
hidroeléctricas, firmas de biotecnología y consultores varios
intentarán vender sus mercancías y servicios en lo que ha terminado
pareciéndose más a una feria que a una convención de la ONU.
Por
supuesto que las ONG que participan en las reuniones de Bali podrán
hacer algún control del daño con relación a algunas de las propuestas
más perjudiciales presentadas por los gobiernos, pero su principal
responsabilidad será informar después al público de lo que sus
gobiernos NO están haciendo para resolver el cambio climático.
Son las personas, y en particular los grupos más vulnerables como
las mujeres, hombres, niñas y niños pobres, quienes más sufrirán
y quienes por lo tanto necesitan estar bien informadas, porque
solamente personas informadas podrán obligar a los gobiernos a
actuar de verdad antes de que sea demasiado tarde. No es la economía:
¡es la humanidad, estúpido!
inicio
FABRICANDO DESIERTOS VERDES
- Políticas y actores
que promueven los monocultivos de árboles
La actual expansión de monocultivos
de árboles no es algo que haya ocurrido casualmente, porque se
le ocurrió a algunos gobiernos. Por el contrario, es el resultado
del accionar de un conjunto de actores que se plantearon promover
tales plantaciones.
En la década de
1950 la FAO se constituye en el organismo ideólogo del modelo
de monocultivos de eucaliptos y pinos en gran escala (como parte
de la llamada Revolución Verde promovida por ese organismo) en
territorios de países del Sur, como respuesta a las necesidades
de grandes empresas industriales que estaban agotando sus fuentes
tradicionales de materia prima.
En
las décadas siguientes entran a tallar una serie de actores –
Banco Mundial, FMI, BID, Banco Asiático de Desarrollo, procesos
de Naciones Unidas sobre bosques (IPF, IFF, UNFF), agencias bilaterales
como GTZ y JICA, empresas consultoras como Jaakko Poyry- que aportan
argumentos, conocimientos técnicos, investigaciones y financiamiento
para convencer a los gobiernos de las bondades del modelo.
El modelo forestal fue cobrando cada vez mayor fuerza a medida
que se fue forjando un voraz mercado consumidor –alentado por
la propia industria- hasta lograr la enorme expansión actual.
Como
resultado de esas influencias externas, los
gobiernos del Sur terminaron conformando políticas de Estado de
promoción de las plantaciones forestales, ya definidas y en gran
medida calcadas –con leves variantes- en la mayoría de los países,
teniendo como destino los mercados de exportación: la industria
de cosméticos y recientemente los agrocombustibles para la palma
aceitera, la madera y celulosa para los pinos, la industria de
celulosa y papel para eucaliptos, el caucho para la industria
automotriz.
Según
las condiciones de cada país, las políticas de Estado adoptaron
diversas formas de promoción, desde subsidios directos e indirectos
(tales como exoneraciones de impuestos, reintegro parcial
del costo de plantación, créditos blandos a largo plazo, desgravación
de impuestos a la importación de maquinarias y vehículos, construcción
de infraestructura, igualdad de beneficios para inversiones del
exterior, investigación), hasta concesiones
de tierras boscosas.
Los
subsidios directos fueron instrumentales en países tales como
Chile y Uruguay, mientras que la concesión de zonas de bosque
con usufructo comercial de la madera y posterior conversión a
plantaciones fue el principal mecanismo de promoción en Indonesia
y Malasia/Borneo.
Al
mismo tiempo, los estados se hicieron responsables de asegurar
–sin costo para las empresas- el control social y, siempre que
fuera necesaria, la represión de la oposición local. En la mayoría
de los casos la represión forma parte de la “promoción”, tanto
para asegurar el desalojo de comunidades campesinas e indígenas
para traspasar sus tierras a las empresas en los casos de concesión
--como ocurrió en Indonesia, Colombia, Papua Nueva Guinea, Swazilandia,
Sudáfrica--, como para garantizar la estabilidad de la propiedad
en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras en los casos
de venta de tierras.
En
ambos casos, el Estado asume la función de garantizar la tenencia
segura de la tierra por parte de las empresas, reprimiendo toda
reclamación local, como ha ocurrido en el caso de los territorios
de los Mapuche en Chile, los Tupinikim, Guaraní y Pataxó en Brasil,
las comunidades afrodescendientes en Colombia,
Brasil, Ecuador, las comunidades indígenas de Kalimantán Occidental
en Indonesia y de Sarawak en Malasia, las etnias Lahu, Lisu y
Palaung de Tailandia, por nombrar solo algunos.
En
realidad, el desarrollo de la industria forestal se dio en muchos
casos al amparo de dictaduras militares, como lo ilustran los
casos de los países con mayores áreas de plantaciones: Indonesia
durante el régimen genocida de Suharto, de Chile durante la dictadura
de Pinochet, de Sudáfrica durante la época del apartheid
y de Brasil durante la dictadura militar.
Como
si los estímulos existentes a la promoción de plantaciones no
fueran suficientes, el Protocolo de Kioto, acordado en diciembre
de 1997 como parte de la Convención sobre Cambio Climático de
Naciones Unidas, se ha convertido en otro actor importante en
la promoción de la forestación en gran escala, en la medida que
habilita a los países industrializados a "compensar"
sus emisiones de dióxido de carbono mediante el establecimiento
de plantaciones forestales en países no industrializados. Como
destacamos en la editorial, el Protocolo de Kioto avaló la creación
del comercio internacional de emisiones, cuyo valor ascendió a
US$ 30.000 millones en 2006. El mecanismo
de mercado de los “bonos de carbono” termina siendo un nuevo subsidio
para las plantaciones de árboles.
El
nuevo negocio de los agrocombustibles constituye otra vuelta de
tuerca en la promoción de la forestación industrial, creando una
nueva boca de mercado para la palma aceitera como materia prima
del biodiesel, y con perspectivas de abarcar otros cultivos
de árboles, como el eucalipto, para la producción de etanol celulósico
a partir de árboles transgénicos.
Pero
a la par de la promoción de las plantaciones forestales se han
dado procesos de resistencia a las mismas, que han adoptado diversas
formas, desde mecanismos legales hasta luchas populares, y generalmente,
ambas. El resultado es que los organismos del Estado se están
viendo ahora presionados para adoptar medidas para limitar la
expansión de estos monocultivos. Los siguientes son algunos ejemplos
que sirven para ilustrar esto.
En
Chile, el Parlamento aprobó recientemente el Proyecto de Acuerdo
416 que encomienda
a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente investigar
y recopilar los impactos sociales, laborales y ambientales del
modelo forestal, lo que ha implicado el pedido de informes a los
ministerios y la citación de distintas personas a declarar ante
la Comisión.
In
Ecuador, la propuesta de Constitución de
la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador)
para la Asamblea Constitucional incluye los siguientes conceptos:
“Será objetivo permanente del Estado el desarrollo
integral y sustentable de las actividades agrícola, pecuaria,
acuícola pesquera, artesanal y agroindustria, que provean de productos
de calidad para el mercado interno, con el objetivo de hacer realidad
la soberanía alimentario de la población que debe priorizar la
provisión de los requerimientos nutricionales sobre la producción
de biocombustibles....” “El modelo agrario sustentable implica
preservar y enriquecer la diversidad genética de los cultivos,
la prohibición de lo transgénicos y las prácticas de monocultivos
y, en general, todas las que reduzcan la variedad genética.” “Queda
proscrito el acaparamiento de la tierra y el latifundio, cuyas
tierras servirán para la integración del minifundio en unidades
productivas, fomentar la propiedad comunitaria y la organización
cooperativa”.
En
Tasmania, el Concejo de la isla King prohibió
las plantaciones en tierras agrícolas y eliminó de su planes a
la forestación en tanto uso agrícola aceptable (ver Boletín Nº
115 del WRM). Ha habido una creciente movilización contra
la empresa celulósica Gunns, realizándose una gran marcha en la
capital Hobart en la que participaron unas 15.000 personas.
Cabe
mencionar que algunas reglamentaciones vigentes han contenido
la expansión indiscriminada de monocultivos forestales. Nos referimos
a la Ley Nacional de Aguas de Sudáfrica (Nº 34 de 1998), que reconoce
la reducción de los cursos de agua que pueden provocar las plantaciones
de árboles y establece límites a su expansión.
A
continuación, y a modo de caso tipo, presentaremos un análisis
más detallado de la situación en Brasil (uno de los países con
mayores áreas de plantaciones): los actores que impulsan el modelo
de forestación en gran escala, el proceso de su introducción,
los diversos mecanismos que terminaron por conformar la política
estatal. También se describen las diversas iniciativas populares
que dan voz a los numerosos sectores que han sido despojados de
sus tierras y formas de sustento, su cultura, su ambiente y su
futuro, pero que a través de una lucha organizada dan forma también
a la esperanza.
inicio
BRASIL:
UN CASO EMBLEMÁTICO
-
Gigantes de la celulosa aniquilan el pueblo, la cultura y
el ambiente en el sur de Brasil
Con
el discurso ideológico del gran capital disfrazado de desarrollo
sustentable y salvador de los pobres, las gigantes de la celulosa
avanzan sobre el Estado de Río Grande del Sur. Con su capital
pagan campañas electorales, financian propaganda engañosa y manipulan
el poder público a su antojo.
Son
términos de ajuste de conducta (TAC) para permitir el desarrollo
de las plantaciones desde ahora, con el argumento de que las empresas
no sufran pérdidas económicas. Se trata de financiación de campañas
electorales y cambio de directores de los organismos ambientales,
además de la presión sobre los técnicos de estos organismos para
que aceleren las autorizaciones ambientales.
Los
directorios de las empresas, sin ningún escrúpulo, declaran públicamente
que los organismos ambientales de competencia técnica deben obedecer
las órdenes del gobierno estadual, lo que demuestra claramente
que se trata de uma decisión política. El gobierno estadual y
el federal están a favor de las plantaciones de árboles. El lineamiento
político del gobierno de Lula es el aumento de la celulosa y del
biocombustible. La plantación de eucaliptos contempla estos dos
intereses y debe promoverse a toda costa.
Se rechaza documento regulador
Para
analizar la superficie de plantaciones del Estado y su impacto
se realizó una división en zonas para plantaciones,
según decisión del gobierno estadual anterior. Se trata de un
documento (proyecto de ley 6424/ 05) que agrupa leyes, reglas
y normas para orientar las plantaciones, y que señala las zonas
más frágiles y las menos frágiles para esa actividad, considerando
aspectos sociales y ambientales.
Según
la demarcación, el estado se dividió en 45 Unidades de Paisaje
Natural (UPNs). En una UPN, la respuesta del ambiente a la plantación
de eucalipto es idéntica en toda su extensión, al contrario de
lo que pasa en las cuencas hidrográficas- como sugieren algunos
críticos de la división en zonas-, que presentan características
físicas muy heterogéneas.
Las
UPN fueron clasificadas como de alta, mediana o baja restricción
para la plantación de árboles. Se aplicaron
criterios como la existencia de Unidades de Conservación (federales,
estaduales o municipales), la presencia de especies de fauna y
flora críticamente amenazadas de extinción (entre ellas, los últimos
fragmentos de campo nativo), la disponibilidad hídrica y el riesgo
potencial de deficiencia hídrica en verano, la fragilidad de los
suelos, el análisis socioeconómico, el registro de territorios
indígenas y quilombolas.
De
acuerdo con estos criterios se liberaron alrededor de ocho millones
de hectáreas para la plantación de árboles, mucho más que
el esperado millón de hectáreas previsto por las empresas. Aún
así, tanto las empresas como el gobierno estadual rechazan el
documento, y se crearon numerosos mecanismos para que no entre
en vigencia. Hasta que no sea aprobado por el organismo ambiental
competente (CONSEMA) no tiene valor de ley y lo que constituiría
un marco para el Estado se deja de lado por presiones políticas.
La
presión política en el Estado generó el alejamiento, en cuatro
meses, de cuatro presidentes de la Fundación Estadual de Protección
del Ambiente Natural (FEPAM), organismo estadual responsable de
las autorizaciones y del cambio de la Secretaria de Medio Ambiente.
La elección del nuevo secretario de medio ambiente, un fiscal,
parece querer ejercer una coacción moral en las acciones de la
fiscalía para que no cumpla sus tareas en la defensa del medio
ambiente y de los derechos difusos (que se refieren a un bien
o interés común) de la población.
Audiencias públicas fraudulentas
La
división en zonas debería presentarse a la población en cada una
de las UPNs, en audiencias públicas realizadas en el interior.
Sin embargo, las audiencias realizadas estuvieron repletas de
funcionarios de las empresas de celulosa que iban de una audiencia
a otra. La población local, afectada directamente por las plantaciones,
no se enteró del contenido del documento y no pudo entrar a las
audiencias porque todos los lugares estaban ocupados.
Se
fijaron nuevas audiencias públicas para tratar las Evaluaciones
de Impacto Ambiental que tienen que ver con los respectivos Informes
de Impacto Ambiental de las empresas Aracruz Celulose, Derflin
(Stora Enso) y Votorantim Celulose e Papel. La expectativa es
volver a repetir el espectáculo. Los estudios que deberían realizarse
a lo largo de una década, como mínimo -por ejemplo, los de hidrología-
se presentaron como concluidos.
Flexibilización de las leyes pone en
riesgo al ambiente
Las
zonas fronterizas, adquiridas ilegalmente por la empresa Stora
Enso burlando la legislación nacional correspondiente, fueron
autorizadas para la plantación de Delfrin -empresa de nombre nacional
pero de capital de Stora Enso. Hubo intentos en el Parlamento
de modificar esta legislación.
La
bancada ruralista, que tiene gran interés en los latifundios de
eucalipto por entender que impiden el avance de los asentamientos
de reforma agraria, a los cuales considera una amenaza, presentó
a nivel federal un proyecto que propone introducir modificaciones
al Código Forestal, con el objetivo de flexibilizar las leyes
ambientales.
El
proyecto de ley 6424/05 está actualmente en la Cámara de Diputados.
Entre las modificaciones sugeridas está la plantación de árboles
exóticos en zonas de reserva legal. La actual legislación brasileña
establece que la superficie de Reserva Legal debe ser de 80% en
la Amazonia, 35% en la región de Cerrado dentro de los Estados
que componen la Amazonia Legal y 20% de la propiedad en las otras
regiones del país. La Reserva Legal es una zona en la que debe
mantenerse la vegetación nativa que cumple la función ecológica
de habitat para la biodiversidad y/o proveedora de servicios ambientales
tales como abastecedora de productos forestales, protección del
suelo y cuerpos de agua, control de plagas e incendios y captación
de carbono de la atmósfera. Si se aprueba, el proyecto permitirá
el avance de la plantación de materia prima a gran escala para
la producción de agrocombustibles, principalmente de palma aceitera
en la Amazonia y el avance de los monocultivos de eucalipto en
el resto de Brasil.
La
expansión de las zonas con eucalipto que inicialmente eran para
la producción de celulosa y papel serán transformadas a mediano
plazo en monocultivos para la producción de agrocombustible. José
Goldemberg, investigador de la Universidad de San Pablo, afirma
que la solución para la crisis energética en términos científicos
es invertir en investigaciones para extraer el combustible a partir
de la celulosa, con rendimiento energético hasta diez veces mayor
que el alcohol brasileño. Hoy en día, la tecnología para la transformación
de celulosa de eucalipto en combustible todavía es sofisticada
y está en manos de Shell y British Petroleum. De esta forma, las
plantaciones de eucalipto sirven para asegurar la hegemonía y
el control sobre los agrocombustibles. El cambio de la matriz
energética petrolera por otros productos está generando cambios
en la sociedad, ya previstos por el Grupo Rockefeller, que consolida
su dominio sobre la matriz energética del planeta.
Por suerte, las hormigas también molestan
a las gigantes
La
ilegalidad de las empresas, confabuladas con el Estado, se hizo
evidente a partir de la firma de contratos de forestación con
los asentados de la reforma agraria para el establecimiento de
plantaciones en sus predios. El contrato no podría firmarse con
los asentados porque ellos aún no tienen la posesión de la tierra.
La plantación en los asentamientos fue una buena estrategia de
marketing. Las empresas divulgaban por todos lados que la plantación
de monocultivos era buena y cumplía su función social, porque
hasta los asentados estaban plantando. En mayo de este año los
asentados arrancaron los árboles o las mudas de eucalipto que
habían plantado en los lotes.
El
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), hizo
una marcha con 1700 personas entre setiembre
y noviembre. El 16 de octubre fue la Jornada contra las
multinacionales y por la soberanía alimentaria.
Acamparon delante de Votorantim y cortaron eucaliptos plantados
por las empresas Votorantim Celulose (Bagé) y Stora Enso (Rosário
do Sul) como estrategias para llamar la atención de la población
y del gobierno para que destine recursos públicos a otros fines
y no a estas grandes empresas.
Este
año, Votorantim (VCP) recibió 40 millones del Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social (BNDES), que de social solo tiene
el nombre. Caixa RS, Banrisul y BRDE manifestaron que sobran recursos
para la financiación de plantaciones. Las
empresas de celulosa están vinculadas a las coronas europeas y
en Brasil reciben incentivos fiscales y exoneraciones de impuestos,
bajo la Ley Kandir. Así, se exporta noventa y cinco por ciento
de la celulosa sin pagar impuestos. En el estado de Río Grande
del Sur las empresas exportadoras reciben exoneración del ICMS
(Impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios). Mientras
tanto, la población aguarda indefinidamente préstamos para pequeños
proyectos de turismo, de agroecología, y para la formación de
una red productiva que genere un desarrollo sustentable.
Además
de la presión popular, ONGs ambientalistas iniciaron uma acción
civil pública exigiendo que se cumplan las leyes ambientales y
se preste atención a la división de zonas para la
plantación de árboles. Últimamente la decisión de la jueza
federal Clarides Rahmeier desplazó de la esfera estadual hacia
el organismo federal, IBAMA, la misión de liberar zonas para las
plantaciones en Río Grande del Sur. Esta disposición reavivó
el debate. Intendentes de algunos municipios fueron a la capital
para cuestionar la decisión judicial. Todo cambio, por menor que
sea, en los planes estipulados por el gobierno y las empresas,
genera grandes presiones de parte de éstas, que presentan cifras
astronómicas de la posible disminución de sus inversiones en el
Estado.
Entrevistado
sobre esa decisión, el director de operaciones de Aracruz, Walter
Lídio Nunes, dijo “Nos invitaron para desarrollar la Mitad Sur.
Nos sorprende que la jueza cuestione un estado de derecho. Nos
atrasaremos en el cronograma”. De hecho, vivimos el estado de
derecho del capital que domina al medio ambiente y a la población.
A partir de la movilización social y judicial es de esperar que
algo cambie en la política actual. A fin de cuentas, miles de
hormigas también tienen la fuerza de derribar a un gigante.
Por
Ana Paula Fagundes, bióloga, correo electrónico:
sorriam@hotmail.com. Más información sobre el tema en
la página: www.defesabiogaucha.org
inicio
-Brasil:
organizaciones sociales de Bahia exigen moratoria
al plantío de eucaliptos
El
Gobierno del Estado de Bahia, a través del Centro de Recursos
Ambientales (CRA) realizó, los días 7 y 8 de noviembre, un seminario
con el fin de "iniciar un proceso de discusión y reflexión
sobre las perspectivas ambientales, sociales y económicas de la
actividad de silvicultura del eucalipto en el Sur y Extremo Sur
del Estado, teniendo como base un abordaje territorial, centralizado
en la construcción y consolidación de políticas públicas para
la región. Este evento representa la continuidad de un proceso
de discusión iniciado en junio de este año por el CRA, que busca
soluciones participativas y negociadas para los principales conflictos
ambientales y socioeconómicos asociados con esta actividad en
la región”.
Muchas
personas estuvieron presentes, incluyendo a representantes
de las empresas de celulosa, representantes de algunas Intendencias
Municipales, Foro Ambiental (Foro patrocinado por las empresas
de celulosa y con participación de algunas ONGs) y Foro Socioambiental
del Extremo Sur (compuesto por Movimientos Sociales, Sindicatos
y ONGs).
La
presentación del CRA fue tímida, pero trajo números bien diferentes
a los anteriores. La sociedad civil sabe que todavía no corresponden
a la realidad de la región. Incluso el órgano admite que diversas
propiedades con plantaciones de eucaliptos no poseen reserva legal
registrada como exige la legislación y que también forma parte
de las condicionantes en la autorización para la implantación
del proyecto. Según el Ministerio Público del Estado, representado
por el Dr. Sérgio Mendes, el CRA no tiene capacidad para fiscalizar,
seguir y exigir, por lo menos, el cumplimiento de esta exigencia.
El
CRA también trajo disertantes de diversas áreas; el Prof. Fernando
Pedrão, Economista del Instituto de Investigaciones Sociales,
habló con respecto al modelo de desarrollo económico basado en
la explotación de los recursos naturales, expropiación de tierras
y latifundio con la anuencia del Gobierno Federal y de los Estados;
el Profesor Pedro Rocha, del Instituto de Biología de la Universidad
Federal de Bahia, mostró claramente los impactos negativos del
monocultivo del eucalipto en el Extremo Sur de Bahia sobre la
fauna y flora locales, la desaparición de algunas especies y el
gran esfuerzo que hacen las especies que quedaron. Según el profesor,
muchas especies ni siquiera atraviesan la plantación de eucaliptos.
Walter
de Paula Lima, Profesor Titular del Departamento de Ciencias Forestales
de la Universidad de San Pablo, viejo conocido de las organizaciones
del Foro Socioambiental del Extremo Sur por haber participado
en la implantación del proyecto Veracruz Florestal --hoy denominado
Veracel Celulosa--, trajo datos e informaciones de Sudáfrica del
año 1997 e hizo comparaciones de plantaciones de eucalipto y pasturas.
Además de eso, durante toda su presentación criticó los carteles
de protesta llevados por entidades de los movimientos sociales
y esparcidos por el auditorio. Usó en su presentación la frase
"El eucalipto no se come", usada por el MST de Bahia
en 2005 cuando ocupó una área de Veracel Celulose en protesta
por la falta de una política de Reforma Agraria en el Estado de
Bahia. Afirmó que debemos tener cuidado con estas frases, que
por atrás de las pancartas y de esa frase siempre hay "otras"
intenciones. Se rió y menospreció a los manifestantes, mostrando
una total falta de respeto por los presentes.
Durante
el debate, diversas personas tuvieron la oportunidad de manifestar
nuestra indignación. Melquíades, miembro de Cepedes, se refirió
a la participación de de Paula Lima en la elaboración de un informe
técnico para la implantación del proyecto Veracel, y señaló las
irregularidades del proyecto así como el fraude de la Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA)/Informe de Impacto Ambiental (IIA)
de la empresa celulósica. Destacó que incluso los técnicos responsables
del documento copiaron las páginas del libro de de Paula Lima
como si fuesen de su autoría. Mostró también que las informaciones
utilizadas en la presentación del Profesor de Paula Lima ya son
afirmaciones superadas y que cualquier trabajador rural tiene
conocimiento de que el monocultivo del eucalipto destruye los
recursos hídricos, seca el suelo y acaba con la biodiversidad,
según lo afirmado por el Profesor Pedro
Rocha, del Instituto de Biología de la Universidad Federal de
Bahia, en su presentación. Melquíades también impugnó la falta
de respeto de de Paula Lima con los movimientos sociales y dijo
que, efectivamente, detrás de las frases allí presentadas hay
mucha cosa: ¡está el hambre, la violencia, la falta de respeto,
el incumplimiento de las leyes, así como detrás de las verdades
científicas presentadas por el profesor [de Paula Lima] existe
el financiamiento de las empresas del sector del papel y celulosa
como Aracruz, Suzano Bahia Sul y Stora Enso!
Al
día siguiente fue el turno de la sociedad civil. El Padre
José entregó un documento por el Foro Socioambiental del Extremo
Sur pidiendo la moratoria de la plantación de eucalipto, ya que
el órgano responsable de autorizar las plantaciones asume que
no tiene capacidad para actuar según determinan las Leyes, al
afirmar que existen solamente 20 técnicos para atender todo el
Estado de Bahia.
CARTA ABIERTA A LA SOCIEDAD Y A LOS
ÓRGANOS AMBIENTALES SOBRE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DEL MONOCULTIVO
DEL EUCALIPTO EN EL SUR Y EXTREMO SUR DE BAHIA
Hace 20 años, fue en la segunda mitad de los años 80, que se realizaron
las audiencias públicas de la primera empresa de celulosa y papel,
Bahia Sul Celulose. Un pequeño grupo de personas se había preparado
bien para poder hacer el seguimiento crítico de la implantación
de este primer "Plan de Desarrollo" para la región del
Extremo Sur, participando de todas las audiencias públicas, de
la Localización, de la Implantación y de la Operación.
Desde el comienzo exigimos siempre el cumplimiento de las leyes
existentes. De esta forma, en todas estas audiencias pedimos que
antes de nada se elaborara una Zonificación Económica Ecológica
(ZEE) con participación de representantes de la comunidad del
Extremo Sur, porque tanto representantes de la empresa como del
Gobierno confirmaban que un ZEE no era solamente importante sino
necesario para garantizar un desarrollo sustentable. El 7 de febrero
de 2001 se creó la Legislación Ambiental del Estado 7799, que
contempla esta solicitud en el capítulo IV de la Zonificación
Ambiental, art. 42, que dice: "La Zonificación Ambiental,
elaborada por el Poder Público a nivel del Estado y Municipal,
en los respectivos ámbitos de competencia, tiene por objetivo
armonizar las políticas públicas con la política ambiental, orientando
el desarrollo socioeconómico, de manera de garantizar la calidad
ambiental y la distribución de los beneficios sociales”.
Además de ello, buscamos fundamentos en la Constitución Federal,
que informa que es de competencia común de la Unión, Estados,
Distrito Federal y Municipios:
- “Proteger el medio ambiente...” CF/88, art. 23, inciso VI
- “Preservar los bosques, la fauna y la flora” CF/88, art. 23,
inciso VII
- “Fomentar la producción agropecuaria y organizar el abastecimiento
de alimentos”. (CF/88, art.23, inciso VIII)
Después participamos en todas las audiencias públicas (de la Localización,
de la Implantación y de la Operación) de las empresas Aracruz
y Veracel. Además de ello, participamos de las audiencias públicas
en los momentos en que las 3 Empresas solicitaron el "Sello
verde internacional". En todos esos encuentros denunciamos
irregularidades, el incumplimiento de las leyes, y cada vez pedimos,
con toda calma y educación, que se hiciera el ZEE. Queremos recordar
aquí que cuando denunciamos cierta vez que un arroyo se había
secado, la respuesta de la empresa certificadora fue: "¡el
arroyo no está dentro del área de la empresa!” (Como si el eucalipto
solamente consumiese el agua en el lugar donde está plantado.)
En la última gran "audiencia pública" organizada por
el IBAMA en 2005, también aquí en Porto Seguro, entregamos decenas
de fotografías que prueban irregularidades, anotamos coordenadas
de GPS, facilitando la fiscalización, pidiendo una vez más el
ZEE... y hasta ahora estamos esperando por lo menos una respuesta.
Sabiendo que este Seminario también es
para indicar directrices para la autorización ambiental y la Zonificación
Ecológica-Económica de la región, según la invitación que recibimos
del CRA, vinimos una vez más a participar de este Seminario sobre
la problemática del monocultivo del eucalipto, no para pedir un
ZEE, porque ya es muy tarde. Solamente con fines ilustrativos,
cuando salimos al campo en estos días, constatamos el siguiente
hecho: en el camino donde de un lado había monocultivo de caña
y del otro eucalipto, encontramos una vaca desnutrida y angustiada
que acababa de parir a un becerro. Alrededor de la cría, había
por lo menos 50 buitres atacando al recién nacido, y la madre,
demasiado débil para defender a su cría. La desaparición de arroyos,
riachuelos, "ojos de agua", así como también los cambios
en la fauna y la flora, hacen que los buitres, con hambre, estén
atacando a los becerros recién nacidos para alimentarse.
Tampoco es la primera vez que oímos al ilustre Profesor Walter
de Paula Lima aquí en la región. Él, como otros ilustres profesores,
ya pasaron varias veces por aquí. Durante todos estos años también
nosotros nos informamos. Descubrimos que en la vieja controversia
con respecto a los efectos ambientales del monocultivo del eucalipto,
a pesar de los argumentos -generalmente fundamentados en trabajos
científicos patrocinados por grandes empresas que hacen la explotación
industrial de esa especie-
que pretenden colocar en la lista de simples "mitos"
a las calamidades causados por el monocultivo del eucalipto a
la fertilidad del suelo y a los manantiales de agua, hay una vasta
literatura mundial que comprueba, por lo menos, los siguientes
puntos fundamentales:
1)
La alta demanda de agua en el monocultivo del eucalipto de crecimiento
rápido puede agotar la humedad del suelo y perjudicar la recarga
del agua subterránea, desestabilizando el ciclo hidrológico.
2)
La fuerte absorción de nutrientes en las plantaciones de monocultivos
de eucalipto de crecimiento rápido puede generar en el suelo un
gran déficit, desestabilizando el ciclo de nutrientes.
3)
La liberación de sustancias químicas, o los efectos alelopáticos
sobre la microflora, pueden afectar el crecimiento de otras plantas
y microorganismos, disminuyendo así, más aún, la fertilidad del
suelo.
4)
Los árboles genéticamente modificados son una amenaza definitiva
para los bosques nativos todavía existentes.
5)
Para las especies de la fauna local, las plantaciones del monocultivo
del eucalipto son desiertos alimentarios, motivo por el cual aquéllas
tienden a desaparecer.
6)
La problemática de los efluentes de las fábricas de celulosa que
usan el sistema ECF (libre de cloro elemental) para blanquear,
que poseen organoclorados (dioxinas y furanos), sustancias cancerígenas,
persistentes y con capacidad de ir acumulándose en organismos
animales, provocando cáncer, trastornos hormonales y neurológicos,
infertilidad, diabetes y debilidad en el sistema inmunológico.
Ante lo expuesto y CONSIDERANDO que “todos tienen derecho a recibir
de los órganos públicos informaciones de su interés particular,
o de interés colectivo o general, que serán prestadas, en el plazo
previsto por la ley, bajo pena de responsabilidad...” (Constitución
federal art., 5º, inciso XXXIII)
EN
ESTE SENTIDO SOLICITAMOS :
A)
UN INFORME COMPLETO de los órganos a nivel del Estado responsables
del medio ambiente, identificando a los responsables de la visita
técnica, así como los instrumentos y metodología aplicados para
las visitas en la Región Sur y Extremo Sur del Estado de Bahia.
B)
UN INFORME COMPLETO sobre las fiscalizaciones, investigaciones
y relevamientos que esos órganos hicieron durante los últimos
15 años en la región Sur y Extremo Sur del Estado en las plantaciones
del monocultivo del eucalipto, incluidos: Órgano del Estado, Nombre
de la persona responsable, Tipo de trabajo (fiscalización, relevamiento
o investigación), lugares donde fue realizado, participación de
terceros y los resultados de estos trabajos, sobre:
1)
los impactos hídricos del monocultivo del eucalipto como:
- nivel de la napa freática.
- envenenamiento de la napa freática.
- desaparición de arroyos y riachuelos en la región.
2)
los impactos sobre el suelo en las plantaciones de eucalipto a
causa de la alelopatía:
- ¿dónde se ubican los puntos / lugares para verificar los impactos
de la alelopatía?
- ¿Qué sustancias ecotóxicas se encontraron?
- ¿Cuál fue la pérdida del suelo, nutrientes y fertilidad del
suelo a causa de la erosión durante el período en que el suelo
queda sin cobertura?
3)
la fauna y el desequilibrio biológico en los monocultivos de eucalipto:
- ¿qué investigaciones y relevamientos relacionados con la fauna
se realizaron en las plantaciones de eucalipto?
- ¿cuáles fueron los resultados?
4)
la flora en los monocultivos de eucalipto y región, principalmente
la flora del suelo:
- ¿Qué elementos tóxicos están siendo encontrados en el suelo
de los monocultivos de eucalipto y qué otros cambios hubo en la
flora dentro de los monocultivos y alrededor de los
mismos?
- ¿Cuáles son las diferencias de la flora del suelo en los monocultivos
de eucalipto y en las otras plantaciones?
- ¿Qué adaptaciones se hicieron por parte de las empresas a las
propiedades físicas, químicas, biológicas e hidrológicas de los
ecosistemas existentes, para minimizar los efectos nocivos?
5)
las plantaciones de árboles manipulados y/o genéticamente modificados.
-
En una reunión en Eunápolis con el Diputado Zilton Rocha, entonces
presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa,
representantes de Veracel admitieron que están haciendo alteraciones
con modificaciones genéticas para que los árboles no florezcan
más. Además de eso, constatamos diversas veces y en diversos lugares,
enfermedades en gran parte de las plantaciones de eucalipto. ¿Cómo
hace el Estado un seguimiento de las plantaciones con árboles
manipulados y genéticamente modificados?
El
Estado de Bahia también tiene la obligación de aclarar a la sociedad
los siguientes asuntos:
I)
Hasta los años 60, la productividad del monocultivo del eucalipto
era de 20 m3 há./año de madera, y en los años 80 aumentó a 40
m3 há./año, y hoy se habla de una producción de hasta 60 m3 há./año.
¿Este aumento de la producción por hectárea no acelera todavía
más el proceso de desertificación, agotando el suelo más rápidamente?
¿Este aumento de la producción por hectárea justifica el aumento
de la cantidad de tierras que las empresas están ocupando para
alcanzar la producción de madera establecida en los pedidos de
autorización que presentaron a los órganos públicos? ¿Qué hizo
el Estado para fiscalizar y controlar ese proceso de explotación
brutal y sin límites del suelo en la región? ¿Qué relevamientos
se hicieron en este sentido y cuáles fueron los resultados?
II)
SUZANO aumentó la producción de su fábrica en Mucuri, de 680.000
a 1.680.000 Ton./Cel./Año. Para producir 680.000 ton./año se precisaba
un EIA/IIA, así como también Audiencias Públicas. ¡En la casi
triplicación de la producción, no hubo ni EIA, ni IIA, ni Audiencias
Públicas! Triplicar la producción significa, entre otros
hechos impactantes, triplicar la cantidad de agua consumida durante
el proceso; la necesidad de aumentar la capacidad de la Estación
de Tratamiento de Agua, la necesidad de controlar y responsabilizar
a la empresa generadora por los residuos sólidos e industriales
generados en el proceso de producción, especialmente en lo relativo
a los residuos especiales y a los envases de agrotóxicos, entre
otros factores. ¿Cómo resolvió el Estado la autorización y la
triplicación de la producción de esta Empresa? ¿Cuáles fueron
los problemas que eso trajo para la situación ya bastante crítica
del río Mucuri? ¿Qué relevamientos se realizaron en este sentido
y cuáles fueron sus resultados?
III)
También quisiéramos recibir un informe sobre cuántas veces el
Estado hizo un análisis de los efluentes de las fábricas de Suzano
y de Veracel, y cómo se está manejando el destino final de estos
residuos altamente tóxicos;
IV)
Si la industria suele invocar en su beneficio la creación de nuevos
puestos de trabajo, es necesario que esos números sean conocidos
y analizados por la sociedad local para su cotejo con los impactos
sociales causados en la agricultura familiar y campesina. Urge
investigar si la DRT (Delegación Regional del Trabajo) ha cumplido
satisfactoriamente su papel fiscalizador; es preciso tomar conocimiento
del plan de salud laboral y otros factores relacionados con el
ambiente de trabajo;
V)
Es sabido por todos que las grandes empresas solamente se establecen
en los países en desarrollo mediante exoneraciones e incentivos
fiscales, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas
nacionales tienen que recaudar todos los tributos, generando una
perversa concentración de riqueza justamente en las manos de los
más ricos y poderosos. Precisamos conocer también los instrumentos
fiscales vigentes y su representatividad en el modelo de crecimiento
económico defendido por estas empresas.
La
expansión desenfrenada del monocultivo del eucalipto viene provocando
también conflictos socioambientales y violaciones de los derechos
humanos. No tendremos tiempo para detallar estos hechos, pero
es fundamental registrar la ocupación ilegal de tierras indígenas;
la falta de respeto por los derechos de las poblaciones restantes
de quilombos (comunidades de descendientes de esclavos fugados);
el agravamiento de las condiciones de existencia de la agricultura
familiar y campesina; la paralización de la reforma agraria; la
elevación constante de los precios de la tierra en la región;
la tugurización creciente de la población expulsada a las periferias
de las ciudades, donde es forzada a sobrevivir
en condiciones infrahumanas; el desabastecimiento y la inseguridad
alimentaria provocados por la disminución de familias agricultoras
y por el destino exagerado de tierras solamente para el monocultivo
y finalmente la falta de adopción de acciones afirmativas para
un desarrollo sustentable e inclusivo.
Considerando
que es de competencia común de la Unión, de los Estados, del Distrito
Federal y Municipios:
- Proteger el medio ambiente...” CF/88, art. 23, inciso VI
- “Preservar los bosques, la fauna y la flora” CF/88, art. 23,
inciso VII
- “Fomentar la producción agropecuaria y organizar el abastecimiento
de alimentos”. (CF/88, art.23, inciso VIII)
Solicitamos
informaciones sobre qué hicieron el Estado y los Municipios para
cumplir la Constitución Federal de 1988, art. 23, inciso VIII.
OBSERVACIÓN
FINAL:
Finalmente se impone una observación más: que creemos piadosamente
que el Estado no tiene las condiciones humanas y físicas necesarias
para cumplir su papel: - garantizar un ambiente sustentable para
la población actual y futura.
En
varios encuentros realizados, la Directora del CRA, Sra. Bete
Wagner, relató que al asumir la dirección del órgano ambiental
del Estado contaba tan solo con 20 técnicos ambientales para todo
el Estado y solamente 3 ingenieros especialistas en salud pública,
teniendo que realizar contrataciones temporales
para duplicar estos números, mientras espera la realización del
concurso público en 2008.
Frente a este cuadro aterrador resulta forzoso concluir que el
Estado no está preparado para evaluar y resolver sobre actividades
de alto impacto ambiental. Por lo tanto, rogamos la paralización
inmediata de cualquier autorización para nuevas plantaciones de
monocultivos de eucalipto (moratoria de la plantación de eucalipto),
hasta que el Estado tenga las condiciones necesarias para garantizar
un ambiente saludable ahora y en el futuro para la población de
Bahia, asegurando la participación de la sociedad civil en todas
las etapas de fiscalización.
En nuestra opinión, el Extremo Sur de Bahia ya es en gran parte
y el Sur de Bahia está dirigiéndose a transformarse en "REHÉN"
en las manos de las empresas de celulosa y papel, y esto es absolutamente
INACEPTABLE.
Porto
Seguro, 18 de noviembre de 2007.
Foro
Socioambiental del Sur y Extremo Sur de Bahia.
inicio
-
Brasil: mecanismos de promoción y de oposición a los monocultivos
de árboles
Para
que vastas extensiones de plantaciones industriales de árboles
fueran viables en Brasil, se establecieron estrechas interacciones
entre gobierno, empresas, bancos, universidades, medios de comunicación
así como con instituciones internacionales, financieras, productoras
y compradoras. Mediante una gran orquestación política, se crearon
mecanismos legales, tributarios, financieros, técnicos y científicos,
agrarios y logísticos. Del mismo modo, fueron aumentando las articulaciones
contrarias a estas políticas a medida que los monocultivos se
expandían.
Inicialmente,
la política forestal busca definir un conjunto de técnicas capaces
de ordenar la utilización de los recursos forestales. La primera
reglamentación de bosques en Brasil data de 1934 con el primer
Código Forestal, que define algunas áreas protegidas pero que
también incluye la posibilidad de sustituir los bosques por monocultivos
de árboles.
En
1965, a través de la Ley 4.771 se edita un segundo Código Forestal
en el que surgen nuevas categorías de unidades de conservación.
También en este contexto, mediante la Ley 5.106 del 2 de setiembre
de 1966, se reglamentaron los incentivos fiscales para la reforestación,
que beneficiaban a personas físicas y jurídicas contribuyentes
del Impuesto a la Renta. En el caso de personas físicas, podían
deducirse del ingreso bruto (para el cálculo del impuesto a la
renta) todos los gastos derivados de la actividad hasta un
límite del 50% del ingreso. En el caso de personas jurídicas,
era posible deducir el valor de los gastos derivados de la actividad
hasta el 50% del impuesto debido, y en 1970 por el Decreto-
Ley 1.134 (16/11/70) hubo una modificación que implicaba que lugar
de deducir los gastos del valor del impuesto debido,
el contribuyente podía descontar hasta el 50% de ese impuesto
para invertirlo en emprendimientos forestales.
Durante
las primeras décadas del siglo XX, algunos estados crearon servicios
forestales vinculados a las Secretarías de Agricultura y en 1967
se creó el IBDF (Instituto Brasileño para el Desarrollo Forestal),
por Decreto- Ley nº 289, en el ámbito del Ministerio de Agricultura.
Para
impulsar el crecimiento económico se hicieron grandes inversiones
en desarrollo científico y tecnológico. En 1967 se graduó
la primera generación de ingenieros forestales que concluyeron
la carrera mantenida por convenio entre el IBDF (Instituto Brasilero
de Desarrollo Forestal) y la FAO. En 1968 se creó el Instituto
de Investigaciones Forestales (IEPF), por iniciativa conjunta
de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-
USP) y de las empresas Champion, Duratex, Rigesa, Suzano y Madeirit.
El objetivo del IPEF era el desarrollo y la difusión de tecnología
en el área forestal, con financiación para la realización de investigaciones
y con recursos del sector público mediante incentivos fiscales
para la reforestación.
El
apoyo financiero del Estado, a través del BNDE (Banco Nacional
de Desarrollo) hizo posible que las empresas líderes se beneficiaran
de la Decisión Nº 196/68 para proyectos de instalación y/o ampliación
que superaran una capacidad productiva de 100 t por día de celulosa
y que aseguraran el abastecimiento propio de madera equivalente
por lo menos al 50% de las necesidades calculadas. A partir de
1972 se priorizaron los incentivos para proyectos con producción
de más de 1000 toneladas por día, pero se aceptaba que esta meta
se alcanzara en dos etapas de 500 toneladas cada una.
La
proliferación de grupos ejecutivos sectoriales originó la creación,
en 1969, del Consejo de Desarrollo Industrial (CDI), formado por
representantes de los ministerios económicos, de las fuerzas armadas,
BNDES, Banco do Brasil, además de instituciones representativas
del sector privado, como el grupo de papel y celulosa que tuvo
la función de formular y coordinar las directrices orientadoras
de la expansión sectorial.
En
la década del 70 hasta mediados de los 80 fue la fase en la cual
las plantaciones de árboles recibieron más incentivos fiscales,
con el II Plan Nacional de Desarrollo (II PND). Según este plan,
las metas que debían alcanzarse entre 1974 y 1979 para la producción
de celulosa y papel representaban un crecimiento del 85% y del
28% respectivamente.
El
plan de acción del BNDE para el período 1974-78 incluyó el apoyo
a proyectos de celulosa de gran porte para que la economía alcanzara
un nivel de producción superior a 2,5 millones de toneladas en
1978.
El
FISET (Fondo de Incentivos Sectoriales), creado por el Decreto-Ley
1376/74, fue la forma principal de incentivo fiscal de 1974 a
1988 con préstamos a largo plazo a costos reducidos. Permitía
la deducción del impuesto a la renta para inversiones en proyectos
de reforestación.
En
1974 se lanzó el Plan Nacional de Papel y Celulosa (PNPC) cuya
meta de plantación era de 4 millones de hectáreas de árboles.
Para ello se programó la implantación de 30 “Distritos Forestales”-
zonas seleccionadas para la racionalización del proceso de no
dispersión de los recursos del área forestal. Se estableció una
división en subdistritos celulósicos y subdistritos energéticos.
La superficie mínima exigida era de 1.000 hectáreas por proyecto
y se tenía en cuenta la cercanía a las industrias. Se privilegiaba
a las industrias con base forestal propia. Para asegurarse grandes
superficies contiguas, el gobierno induciría el establecimiento
de las plantaciones en zonas definidas.
Otras
modalidades de incentivos concedidos a las empresas privadas estaban
relacionadas con conceder la exoneración del Impuesto de Importación
(II) y del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), además
de estimular la ampliación de la producción destinada a la exportación.
En
1987 surge el II Plan Nacional de Papel y Celulosa que establecía
metas de expansión para 1995 (importación de equipamientos, nuevas
reforestaciones y exportación de la producción). La proyección
de ampliación de la producción de celulosa fue
de 3,5 millones t/año a 6,6 millones t/año.
Además
de las financiaciones a gran escala del BNDES, otro mecanismo
de financiación y capitalización, principalmente de las empresas
de celulosa, fueron los préstamos de organismos internacionales
como la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.
La captación de recursos en el mercado internacional incluye varias
operaciones y bancos, como es el caso de Aracruz Celulose con
el banco Den Norske Bank (noruego), Citibank, J.P. Morgan, Chase
Manhatan, Bolsa de Valores de Nueva York.
En
2000 se creó el Programa Nacional de Bosques (PNF, sigla en portugués)
dentro del Ministerio de Medio Ambiente, bajo la responsabilidad
del Directorio del Programa Nacional de Bosques. Se implementó
el programa con recursos provenientes del Tesoro Nacional y de
la cooperación técnica y financiera externa, principalmente de
la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), Programa
Piloto para Protección de los Bosques Tropicales (PPG7), del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y de los gobiernos de Japón,
Holanda e Inglaterra.
De
2004 a 2007, una de las metas del PNF era la expansión de la base
forestal plantada, a través de la plantación de 800 mil hectáreas
en pequeñas y medianas propiedades, y de 1,2 millones de hectáreas
con programas empresariales.
Para
ello se crearon algunas líneas de financiación para la plantación
de árboles, siendo las principales: BNDES- FINEM (Financiación
Directa a Emprendimientos), PRONAF Forestal (coordinado por el
Ministerio de Desarrollo Agrario desde 2002), PROPFLORA (coordinado
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento,
desde 2002).
Además
existen líneas de financiación forestal de alcance regional como
el FNO Floresta (Región Norte), FCO Pronatureza (Región Centro-Oeste),
FNE Verde (Región Nordeste).
Entre
otros estímulos financieros que favorecen las plantaciones forestales
figuran el Programa Nacional de Crédito Agrario, como parte del
Plan Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo
Agrario y que deriva del acuerdo de préstamo con el Banco Mundial.
Con
un conjunto tan amplio de mecanismos para la viabilización de
los monocultivos, las empresas hacen fuertes inversiones en campañas
electorales de candidatos de todos los partidos y así logran asegurarse
el apoyo en el Parlamento, como por ejemplo con el Frente Parlamentario
de Silvicultura, además de la bancada ruralista.
De
más reciente creación, otra estrategia de expansión de las plantaciones
de árboles en Brasil es la de los créditos de carbono, a partir
del Protocolo de Kyoto. Uno de los principales mercados que negocia
estos créditos es el Mercado Brasileño de Reducciones de Emisiones
(MBRE)- una iniciativa conjunta de BM&F y del Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC).
Otro
mercado potencial en Brasil es el de los agrocombustibles
a base de celulosa, que ya cuenta con inversiones para investigación.
Asimismo
están en curso algunas propuestas de modificación del Código Forestal
(en trámite en el Parlamento Nacional) que sugiere la reducción
de la superficie de reserva legal de la Amazonia del 80% actual
al 50% donde ya hubo tala de bosque. En el 30% restante los propietarios
pueden plantar especies exóticas.
Iniciativas que se oponen a los monocultivos
industriales de árboles
Mientras
los monocultivos de árboles crecen, tienen lugar varias articulaciones
a fin de restringir la superficie plantada, frenar la expansión
e inclusive interrumpir la producción a gran escala.
Entre
las acciones restrictivas figuran:
*
leyes estaduales como la Ley 6.780/01 del Estado de Espíritu Santo,
que prohibía la plantación de eucalipto destinada a la producción
de celulosa hasta que fuera concluida y promulgada la Demarcación
Ecológica Económica. Pero la Suprema Corte Federal la dejó sin
efecto en junio de 2002.
*
leyes que garantizan el derecho territorial de pueblos tradicionales
como los quilombolas (Decreto- Ley 4887/ 03) también pueden restringir
la posesión de tierras por parte de empresas de la celulosa.
*
la articulación de la sociedad civil en redes que se organizan
para divulgar los impactos de los monocultivos, denunciar, presionar
al gobierno y a empresas, proponer alternativas al modelo de desarrollo,
entre otras acciones. En este sentido pueden ser citadas la Red
Desierto Verde, Via Campesina, Articulación Nacional de Agroecología,
Red Brasileña de Justicia Ambiental, Red Brasil sobre Instituciones
Financieras Multilaterales.
*
la participación de la sociedad civil en audiencias públicas de
implantación o expansión de los proyectos industriales. La audiencia
pública condiciona la aprobación de los emprendimientos; sin embargo,
en la práctica no definen nada.
*
denuncias ante el Ministerio Público, los organismos internacionales, las
acciones judiciales.
*
en varias regiones del país se hicieron ocupaciones de tierras
plantadas con eucaliptos por parte de los movimientos sociales
del campo, principalmente el MST, en reivindicación de la Reforma
Agraria y cuestionando la productividad y la función social (según
los artículos 185 y 186 de la Constitución Federal) de estos latifundios.
*
también hubo una fuerte articulación de la sociedad civil para
exigir al BNDES que cumpliera su carácter de banco público y estableciera
políticas de apertura, diálogo y transparencia de sus inversiones,
definiera criterios sociales y ambientales más adecuados para
disminuir las desigualdades sociales entre la población brasileña,
y además dejara de invertir en proyectos privados de agronegocio,
como es el sector de papel y celulosa- de acuerdo con la “Plataforma
BNDES”, 2007.
Por
Daniela Meirelles y Alacir De´Nadai, FASE/ES, correo eletrónico:
fases@terra.com.br
inicio
UNA MIRADA A LOS
ESCENARIOS REGIONALES
-
Indonesia: la política
gubernamental de desarrollo de la palma aceitera
Si
se analiza la evolución de la legislación sobre plantaciones de
Indonesia es posible identificar cinco fases en las políticas
gubernamentales para el desarrollo de la palma aceitera en ese
país. Las llamaremos fase PIR-Trans (hasta octubre de 1993), fase
de desregulación (1993-1996), fase de privatización (1996-1998),
fase de cooperativas (1998-2002) y la actual fase de descentralización
(2002-2006). Es de señalar, sin embargo, que estas fases nunca
fueron del todo diferenciadas y que la iniciación de una nueva
etapa no implicaba necesariamente el fin de los procesos iniciados
con anterioridad.
PIR-Trans:
Antes de octubre de 1993 los esfuerzos del gobierno para establecer
plantaciones de palma aceitera se centraban en tomar zonas forestadas
de las islas exteriores y adjudicárselas a los operadores de PTPN
[empresa estatal de plantaciones], que controlaban tanto los establecimientos
inti [operaciones en gran escala en zonas de gran extensión]
como los plasma [pequeños establecimientos operados en
forma individual], abastecidos de trabajadores y pequeños propietarios
gracias al programa Transmigración. En 1986 y 1990 se aprobaron
leyes concebidas para garantizar una mejor coordinación entre
los organismos del gobierno y así acelerar el proceso necesario
para permitir la liberación de tierras boscosas para su conversión.
El control sobre los bosques permaneció centralizado y las oficinas
forestales regionales (Kanwil Kehutanan) solamente tenían autorización
para liberar hasta 100 hectáreas para plantaciones.
Durante
este período los derechos consuetudinarios sobre la tierra de
las comunidades residentes a menudo no se reconocieron. En su
lugar se insertó a los indígenas en los planes de Transmigración,
reubicándolos en aldeas transmigrantes formadas con personas del
lugar (Translok) o en asentamientos mixtos (Transmigrasi sisipan)
compuestos de personas del lugar e inmigrantes auspiciados por
el Estado procedentes de Java, Madura y Bali. La mayoría de los
planes PIR-Trans adjudicaban solamente dos hectáreas a cada familia
transmigrante y se esperaba que en una mitad se cultivara arroz
y en la otra palma aceitera para abastecer las fábricas construidas
a lo largo del establecimiento central. Los inmigrantes se quejaban
de las malas viviendas, los bajos precios de los racimos de fruto
de palma aceitera fresco (FFB) y las largas demoras en el pago
de salarios, la cancelación de deudas y la transferencia de títulos
de propiedad.
Fase
de desregulación: En octubre de 1993 el gobierno aprobó dos leyes
como parte
