Criminalizados
por Defender la Naturaleza
Recientemente, durante
el mes de noviembre, se celebró en Quito la Cumbre de Comunidades
Criminalizadas por Defender la Naturaleza. La criminalización forma
parte de una estrategia encaminada a acallar cualquier protesta
en contra de las actividades extractivas de las transnacionales
dentro de las fronteras del Ecuador. Pareciera que el próximo acusado
puede ser cualquiera. Basta que eleve su voz en contra de la irracionalidad
de la economía global.
La mayoría de los casos
se están dando en las últimas áreas de bosque tropical que quedan
en el país, que es donde se localizan también los recursos mineros
y petroleros. En esta reunión se han analizado las circunstancias
del número creciente de estos casos de criminalización injusta en
las poblaciones indígenas y campesinas en las que está habiendo
oposición a actividades empresariales extractivas, nacionales y
transnacionales.
El encuentro de Quito
quiso y logró ser un primer paso para “visibilizar frente a la opinión
pública nacional e internacional la escalada de persecuciones políticas,
jurídicas y para-judiciales a líderes sociales defensores de la
naturaleza y la vida, frente a un modelo de desarrollo economicista,
violador de derechos”, tal y como anunciaba la convocatoria a la
Cumbre. En Ecuador, la criminalización a los campesinos se ha estado
dando al Norte, en la zona subtropical de Intag y actualmente en
el Sur del país, en la región amazónica.
Algunos de los rostros
presentes en el evento parecen aliviados, seguramente al ver que
no son los únicos que están pasando por eso. Policía, juzgados,
investigaciones, indagaciones, sentencias, jueces, abogados, fiscales,
doctores. Este mundo los sorprendió repentinamente a todos ellos.
Algunos se han hecho ya expertos en leyes y procedimiento penal.
No es raro, cuando una sola persona enfrenta diez, quince y hasta
veinte juicios.
Es el caso de Tarquino
Cajamarca, del cantón Limón Indanza en la provincia amazónica de
Morona Santiago, perseguido por Sipetrol, gestora del proyecto Hidroabanico;
de Rodrigo Aucay de El Pangui en la también amazónica Zamora Chinchipe,
perseguido por la minera Corrientes Resource de la canadiense Ecuacorrientes;
o de Polibio Pérez, de la zona subtropical de Intag, que ha sido
perseguido también por la minera canadiense Ascendant Copper. En
el evento se escuchan testimonios acerca de estos casos. El mayor
delito de estos tres líderes comunitarios, respetados y reconocidos
en sus zonas de origen, fue tal vez haber sido los que se opusieron
más enérgicamente a las actividades de las transnacionales, aseguran
los representantes de las organizaciones de derechos humanos. Desgraciadamente
no son casos aislados.
Los costos de la defensa
de estos y todos los campesinos acusados son enormes, tanto en términos
económicos como en esfuerzo físico y psicológico. No sólo son los
honorarios de los abogados lo que hay que pagar. Las distancias
que los criminalizados tienen que recorrer hasta llegar a las audiencias
son enormes. Muchos viven en parajes remotos, donde prácticamente
no existía la delincuencia hasta la intervención de las transnacionales
en sus zonas. Estas personas están siendo víctimas de un modelo
de desarrollo totalmente ajeno a sus formas de vida y de entender
el mundo. Algunos han pasado por la prisión, otros se han visto
obligados a esconderse días o semanas para evitar la cárcel, viéndose
alejados de sus familias y sus actividades cotidianas. Sobre Tarquino
Cajamarca de Limón Indanza pesa una orden de captura en estos momentos.
Es difícil la defensa.
En muchos de estos casos, la acusación no es ejercida directamente
por las transnacionales o personas abiertamente relacionadas con
éstas, sino por personal pagado para dar falso testimonio y acusar
a un líder campesino de un delito común, que éste no ha cometido.
Durante algunos de los procesos, testimonios idénticos aportados
por diferentes testigos evidenciaron que éstos estaban repitiendo
un guión que se les había entregado previamente. La Comisión Ecuménica
de Derechos Humanos CEDHU así como la Fundación Regional de Asesoría
en Derechos Humanos INREDH, ambas con sede en Quito, poseen documentación
completa sobre muchos de estos casos. Según un miembro de INREDH,
los campesinos están siendo vinculados a listas negras. Se les roba
material de trabajo como computadoras, como parte de una estrategia
para inmovilizar a las organizaciones de reivindicación social.
La Unidad de Investigación de la CEDHU reporta además numerosos
casos de agresiones de personal de las empresas extractivas o de
personal pagado por éstas, que incluyen amenazas de muerte, persecución,
agresiones físicas, hostigamiento, calumnias y otras muchas.
Pero cada vez son más
los acusados de algún delito común que no han cometido, lo que hace
necesario y urgente que se tomen medidas. El número de líderes comunitarios
y campesinos que están siendo criminalizados por empresas como respuesta
a la resistencia que oponen algunas comunidades a sus actividades
extractivas de petróleo, minería u otras en áreas de bosque tropical
es alarmante. Según la Unidad de Investigación de la CEDHU, las
acusaciones superan las 100, y los acusados son muchos más, teniendo
en cuenta que gran parte de estas causas son múltiples, es decir,
que acusan a más de una persona. Todos ellos saben muy bien porqué
se oponen a estas actividades económicas: “¿A quiénes ha beneficiado
30 años de explotación petrolera? Las calles de los países del Norte
están cada vez más embellecidas e iluminadas, mientras en Lago Agrio
(ciudad petrolera en la Amazonía Ecuatoriana) siguen a oscuras,
y peor aún, enfermos de cáncer y contaminados” dice Humberto Cholango,
presidente de la Ecuarunari. Muchas poblaciones manifiestan que
no quieren acabar en condiciones similares y por eso rechazan la
extracción de los recursos naturales en sus zonas. Hay clara resistencia
a la minería en Intag, Pacto, El Pangui, Napo, Machala y en otros
lugares del país.
“Los pueblos somos paridos
por la madre tierra y es por eso que hay que defenderla”, dice Cholango.
“Pero mediante la no violencia”, especifica Esperanza Martínez,
presidenta de Acción Ecológica, organización que también participó
en este encuentro. “La no violencia es un arma mucho más poderosa
y como defensores de la naturaleza no nos sale de otra forma”, añade.
Esto a pesar de que entre los delitos de los que se acusa a los
diferentes líderes y campesinos se encuentran el sabotaje y el terrorismo,
los atentados contra la seguridad del Estado, la rebelión y atentados
a funcionarios públicos, la apología del delito, la asociación ilícita,
los delitos contra la propiedad como el robo y los delitos contra
las personas como el plagio (secuestro). Con estos delitos comunes
se intenta disfrazar los hechos de la resistencia popular y de paso,
encarcelar para eliminar o neutralizar a las personas que ejercen
mayor oposición a las actividades de las empresas en sus territorios.
Para el trabajo sucio se contratan paramilitares o sicarios. Este
caso ya se ha dado reiteradamente en Ecuador.
En la zona subtropical
de Intag, cuatro de los 15 procesos iniciados por la compañía minera
canadiense Ascendant Copper fueron concluidos con resoluciones absolutorias
y favorables a las y los comuneros injustamente acusados. “La justicia
nos dio la razón” dice Robinson Guachagmira, que expuso el caso
de Intag durante el encuentro en Quito, “Yo mismo estuve ocho días
en prisión, los peores días de mi vida, en los que me consolaba
pensando que ojalá ese sacrificio contribuyera a que el medio ambiente
y los bosques de mi zona permanezcan intactos para las futuras generaciones”.
Más de 90 personas de la zona noroccidental de Intag fueron sorprendidas
con esta clase de denuncias arbitrarias.
Según el Dr. Raúl Moscoso,
abogado comprometido con las causas sociales y presente en la Cumbre,
“Los actos de resistencia de las comunidades son actos políticos”.
El doctor Moscoso construyó y sustentó la primera versión de la
propuesta de Ley de Amnistía para este tipo de casos. La elaboración
de este proyecto de Ley de Amnistía y la conformación de una Red
Internacional de personas afectadas para evitar el enfrentamiento
aislado e individual a las acusaciones, fueron algunas de las soluciones
propuestas al gravísimo problema de la criminalización a campesinos,
así como la propuesta de iniciativas de movilización conjunta. Mediante
la propuesta de Ley de Amnistía, que el mismo día de la Cumbre se
consiguió poner en manos de Alberto Acosta, presidente de la Asamblea
Constituyente así como ante la Fiscalía General de la Nación, se
pretende proteger a personas que participen en actos de resistencia
comunitaria en ejecución o por ejecutarse. Esta Amnistía general
debería poder aplicarse a los casos individuales. También debería
incluir la amnistía por responsabilidad civil.
Desgraciadamente, este
fenómeno de la criminalización no es un hecho aislado ni exclusivo
del Ecuador. En otros países de Latinoamérica se está dando en idénticas
condiciones, asociado a otras industrias extractivas o al agronegocio,
como es el caso del cultivo masivo de la soja en Paraguay, o de
la palma africana en Colombia, donde las empresas hacen también
un uso indiscriminado de la denuncia y la acusación contra la población
campesina afrocolombiana, para acallar toda voz discordante que
quiera impedir el desarrollo de la actividad económica empresarial
en tierras comunitarias. También en relación con la minería se ha
dado muy recientemente el caso de la criminalización de 7 indígenas
Maya Mam en Guatemala. Idénticas noticias llegan desde este país:
“A través de este juicio montado la empresa pretende debilitar el
movimiento social anti-mina que está luchando por sus derechos en
el municipio de San Miguel Ixtahuacan, mientras logra expandir su
explotación en la región y desestructurar socialmente a las organizaciones
que se oponen a la explotación minera”, según Derechos en Acción
de ese país.
ULTIMA HORA: El tema de
la criminalización de la protesta social, ha tomado en los últimos
días rabiosa actualidad en el Ecuador al encontrarse en estos momentos
detenida la Prefecta de la provincia amazónica de Orellana, acusada
de haber organizado la protesta social que culminó el 29 de noviembre
en los lugares de Tiguino y Dayuma. Junto a ella están detenidas
otras 22 personas. Criminalizadas. Sus reclamos:
asfalto para una carretera, abastecimiento de agua y electricidad,
y reparación de los daños ambientales y a la salud causados por
la extracción petrolera. Por esto, la provincia se encuentra en
estado de emergencia y se ha declarado el toque de queda. Por su
parte, el presidente Correa, en diferentes actos públicos, se refirió
en la misma línea a la protesta social, calificando a los ecologistas
de izquierdistas, románticos, infantiles y hasta terroristas, desconociendo
el hecho de que la protesta procede de los pobladores y no de los
“ecologistas”. En el fondo de las iras del presidente se encuentra
su intención de explotar a toda costa minas y petróleos, en una
desesperada búsqueda de recursos, y a pesar de haberse presentado
reiteradamente como “amigo de la población indígena”, quienes en
todo sentido serían los principales afectados. Al presidente parece
no gustarle la resistencia social legítima que ha generado el balance
de 30 años de explotación del petróleo de la Amazonía, donde la
pobreza y el abandono persisten a pesar de todo lo prometido en
su día por las petroleras.
Como conclusión podemos
apuntar que se requiere la unión de líderes y campesinos afectados,
a nivel nacional e internacional y una respuesta acorde al problema
de la criminalización por parte de instituciones del Estado para
evitar la persistencia de esta situación, así como la garantía de
mecanismos –como la ley de Amnistía- que impidan a las transnacionales
y al mismo Estado el hostigamiento de la población. Cualquier defensor
del medio ambiente, de las selvas tropicales y los derechos humanos
puede ser el próximo acusado de sabotaje, terrorismo, robo, secuestro,
injurias, incendio, lesiones o asociación ilícita. Pero no olvidemos
que de todas formas, defender los derechos sigue siendo una responsabilidad
de todos.
Por Guadalupe Rodríguez,
Campaigner Selvas Tropicales y Derechos Humanos, Salva la Selva,
Latinoamérica, correo electrónico:
guadalupe@regenwald.org,
www.salvalaselva.org,
www.activistas.nireblog.com
