NUESTRA
OPINIÓN
-
El engaño del carbono-neutro
Parece
que ser “carbono-neutro” se puso de moda. El Banco Mundial, el
Vaticano, los Juegos Olímpicos, el Mundial de fútbol, la cadena
de tiendas The Body Shop, los Rolling Stones y una larga lista
de famosos se proclaman total o parcialmente “carbono-neutros”.
Hasta Mercedes Benz organizó recientemente en California lo que
se describió como “la primera semana de la moda carbono-neutro
del mundo”. Por lo tanto es comprensible que un diccionario, el
New Oxford American Dictionary, haya elegido a "carbono-neutro"
como su Palabra del Año para 2006.
Hay
que reconocer que ser “carbono-neutro” suena bien y que algunos
de los mencionados creen honestamente estar haciendo lo correcto,
porque da la impresión de que “neutro” significa no emitir nada.
Sin embargo el concepto esconde un peligroso juego de engaño en
el que muchos jugadores corporativos están ganando mientras el
clima de la Tierra pierde.
Quizás
la mejor manera de “neutralizar” este absurdo sea a través del
ridículo. Eso hizo la gente que creó el sitio Cheatneutral (“engaño-neutro”)
en internet. Inventaron, siguiendo los pasos de los inventores
de la compensación del carbono, el concepto de “compensación del
engaño”. Cheatneutral, declaran, “compensa sus engaños financiando
a otra persona para que sea fiel y NO engañe. Esto neutraliza
el dolor y la infelicidad para que Ud. quede con la conciencia
limpia”.
Pretender
“neutralizar” las emisiones de carbono es igualmente ridículo.
Los vuelos carbono-neutros son quizás la mejor forma de demostrar
que esto es una estafa. Los aviones no vuelan con combustibles
renovables sino con petróleo. Una vez que entra en combustión
para permitir que los aviones vuelen, el carbono contenido en
el combustible se libera a la atmósfera para no volver jamás a
su lugar original bajo tierra. Este carbono nunca puede neutralizarse;
se sumará a la creciente cantidad de carbono atmosférico que está
destruyendo el clima del planeta.
A
pesar de ello, los muy imaginativos comerciantes del carbono han
inventado una forma de ganar dinero con esto. Si las personas
no quieren sentirse culpables o las empresas desean promocionarse
como “amigas del clima”, hay cada vez más empresas deseosas de
brindarles, a cambio de una suma de dinero, una solución.
Por
ejemplo, la británica Carbon Neutral Company dice que “Debido
al carbono emitido, volar es una de las causas del cambio climático
que crece con mayor rapidez”. Sin embargo, a cualquiera que pueda
preocuparse por eso se le garantiza inmediatamente que es posible
“Neutralizar sus emisiones de carbono con nuestros Vuelos Carbono-Neutros
y hacer que su viaje sea más ecológico”. Según la distancia del
vuelo, “neutralizarlo” cuesta entre £4.50 y £52.50. Además de
librarlos del sentimiento de culpa, la empresa también brinda
a sus compradores un “certificado con una dedicatoria personal
si Ud. así lo desea”, un “mapa en colores e información sobre
'sus' proyectos”, una “etiqueta de viaje de cuero reciclado” y
una “carpeta de color crema, atada con una cinta” (¡esto no es
broma, está en el sitio de Carbon Neutral!).
Se
han creado muchas otras empresas para beneficiarse con la compensación
del carbono. TerraPass, Native Energy, DriveNeutral, Climate Friendly,
AtmosFair, Climate Care y GreenSeat son algunos ejemplos de las
empresas, que cada vez son más, que ofrecen tales servicios.
Los
medios que usan estas empresas para “compensar” son diversos y
van desde lamparitas eléctricas eficientes hasta la plantación
de árboles. Dentro de este juego del engaño, es esto último lo
que más nos preocupa. Un informe reciente (State of the Voluntary
Carbon Market 2007) explica que algunos proyectos son más “carismáticos”
que otros y añade que “Los árboles son un aspecto de la captura
del carbono que todo el mundo entiende, hasta los niños pequeños
lo entienden... la gente capta la idea”.
A
pesar de su “carisma”, los árboles han demostrado ser problemáticos
y esto llevó a algunas instituciones a favor del carbono-neutro
a desvincularse públicamente de dichos planes: “Debido a los muchos
problemas que tienen los proyectos de plantación de árboles, la
Fundación David Suzuki solamente compra compensaciones a proyectos
de energía eficiente o renovable”. The Body Shop explica que “En
2006 compensamos nuestro negocio de transporte aéreo... financiando
proyectos que no implicaran la plantación de árboles”. La empresa
Cleaner Climate Company, que brinda servicios de compensación
de carbono a Adobe, explica que “no planta árboles” porque “la
ciencia que respalda la captura del carbono no es suficientemente
precisa” y porque se ha comprometido “a tener un impacto positivo
en las comunidades locales”, dando a entender que las plantaciones
tienen un impacto negativo.
Esta
inquietud acerca de las compensaciones relacionadas con la plantación
de árboles no ha surgido por casualidad. Es el resultado de años
de campañas contra los monocultivos en gran escala y de la documentación
de sus impactos y de las luchas en su contra. Además, se han investigado
y expuesto ampliamente algunos casos especialmente negativos de
plantaciones para compensar carbono (como los de la fundación
holandesa FACE en Uganda y Ecuador), obligando a las empresas
de comercialización de carbono a procurar inversiones menos riesgosas.
Esta
creciente inquietud sobre las plantaciones es una muy buena noticia
para las comunidades locales que podrían haber sufrido los impactos
de las plantaciones para compensar carbono. Sin embargo, implica
que el floreciente mercado del carbono simplemente se está mudando
a otras zonas más “carismáticas”. Esta estafa tiene que salir
a la luz. La gente tiene que entender que ser “carbono-neutro”
tiene exactamente el mismo valor que ser “engaño-neutro”, es decir
ninguno, y que se necesita urgentemente actuar de verdad en escala
mundial para reducir drásticamente las emisiones de los combustibles
fósiles, sin engaños.
inicio
CAMBIO CLIMÁTICO
-
Se crea una coalición para intensificar
las acciones destinadas a impedir el cambio climático y responder
al mismo
Durante
la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático celebrada en Bali, Indonesia, en diciembre
de 2007, varios grupos y movimientos sociales acordaron establecer
una coalición llamada Climate Justice Now! (¡Justicia Climática
Ahora!) para mejorar el intercambio de información y la cooperación
entre sí y con otros grupos con el fin de intensificar las acciones
para impedir el cambio climático y poder responder al mismo.
Entre
los miembros de la coalición se cuentan Carbon Trade Watch, Transnational
Institute, Center for Environmental Concerns, Focus on the Global
South, Freedom from Debt Coalition (Filipinas), Amigos de la Tierra
Internacional, gender cc - mujeres por la justicia climática,
Coalición Mundial por los Bosques, Global Justice Ecology Project,
International Forum on Globalization, Kalikasan-Peoples Network
for the Environment (Kalikasan-PNE), La Vía Campesina, integrantes
del Grupo de Durban por la Justicia Climática, Oilwatch, Coalición
de los Pueblos Indígenas del Pacífico por el Medio Ambiente (Aotearoa/Nueva
Zelanda), Sustainable Energy and Economy Network, Red Ambiental
Indígena, Red del Tercer Mundo, WALHI/ Amigos de la Tierra Indonesia,
Movimiento Mundial por los Bosques.
El
14 de diciembre la coalición emitió la siguiente declaración:
“Durante
la Conferencia sobre el Clima de la ONU, activistas de organizaciones
y movimientos sociales de todo el mundo llevaron la lucha por
la justicia social, ecológica y de género a las salas de negociaciones
y a las calles de Bali.
Tanto
dentro como fuera del centro de convenciones, los activistas reivindicaron
políticas y prácticas que protejan los medios de vida y el entorno.
En
decenas de actos paralelos, informes, protestas espontáneas y
ruedas de prensa se han presentado las falsas soluciones al cambio
climático, como la compensación de emisiones, el comercio de emisiones
para los bosques, los agrocombustibles, la liberalización comercial
y la privatización, defendidas por gobiernos, organismos financieros
y empresas multinacionales.
Las
comunidades afectadas, pueblos indígenas, mujeres y campesinos
exigieron soluciones reales a la crisis climática, soluciones
que no han captado la atención de los dirigentes políticos. Entre
estas verdaderas soluciones, cabe destacar:
*
reducción del consumo.
*
importantes transferencias económicas del Norte al Sur "por
su responsabilidad histórica y deuda ecológica" para pagar
los costes de adaptación y mitigación, transferencias que se obtendrían
desviando los presupuestos militares, con nuevos impuestos y con
la cancelación de la deuda.
*
dejar los combustibles fósiles bajo tierra e invertir en la eficiencia
energética y en energías renovables, seguras, limpias y dirigidas
por las comunidades.
*
una conservación de los recursos que se base en los derechos,
que haga valer los derechos territoriales indígenas y promueva
la soberanía popular sobre la energía, los bosques, la tierra
y el agua.
*
agricultura familiar sostenible y soberanía alimentaria de los
pueblos.
En
las negociaciones, los países ricos e industrializados han ejercido
una presión injustificable sobre los gobiernos del Sur para que
se comprometan a reducir sus emisiones. Al mismo tiempo se han
negado a cumplir con sus obligaciones legales y morales de reducir
drásticamente las emisiones y respaldar las iniciativas de los
países en desarrollo para reducir las emisiones y adaptarse a
los impactos climáticos. De nuevo, se está obligando a la mayoría
del mundo a pagar por los excesos de la minoría.
Comparado
con los resultados de las negociaciones oficiales, el principal
éxito de Bali está en el impulso que se ha generado en torno al
movimiento mundial por la justicia climática.
Y
seguiremos con nuestra lucha no sólo en las negociaciones, sino
también sobre el terreno y en las calles: ¡justicia climática
ya!”
inicio
-
Género y cambio climático
Por
primera vez en la historia de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, una coalición mundial de mujeres
redactó documentos de posición con la perspectiva de género y
de las mujeres sobre los asuntos más acuciantes negociados en
la conferencia celebrada en Bali, Indonesia, entre el 3 y el 14
de diciembre. Gender and Climate Change (gender cc), la alianza
mundial de mujeres sobre género y cambio climático, presentó sus
documentos de posición en una conferencia de prensa realizada
durante la convención y distribuyó cientos de ejemplares a los
delegados gubernamentales.
Una
de las declaraciones más importantes de dichos documentos es que
“Las mujeres son las más afectadas por el cambio climático, pero
también catalizadores clave para un cambio positivo. Su conocimiento
y su experiencia son fundamentales para el éxito en la mitigación
del cambio climático, así como para la adaptación al mismo”.
Exigieron
“un futuro régimen climático diseñado en un marco de igualdad
de género y directrices de sustentabilidad en lugar de uno impulsado
por los factores económicos dominantes. Para mitigar el cambio
climático hay que encarar sus causas profundas de una manera más
medular”.
Exigieron
también el “reconocimiento de la contribución de las mujeres a
la conservación de los bosques. Las mujeres deberían estar incluidas
en todo mecanismo de protección de los bosques, medidas y planes
de compensación. El comercio del carbono, los grandes proyectos
hídricos y la expansión de los agrocombustibles no son la solución
al cambio climático sino que más bien aumentan la deforestación”.
Ulrike
Roehr, que actuó como coordinadora de la red gender cc, declaró:
“Necesitamos cuestionar la perspectiva dominante que se centra
principalmente en la tecnología y los mercados y poner la justicia
y el cuidado en el corazón de las medidas y los mecanismos”. Roehr
subrayó que “la falta de perspectivas de género en el actual proceso
del clima no solamente viola los derechos humanos de las mujeres,
principios fundamentales acordados por la comunidad de Naciones
Unidas, sino que también lleva a deficiencias en la efectividad
y la eficiencia de las medidas y los instrumentos relacionados
con el clima”.
El
último día de la conferencia, la red gender cc llevó al Plenario
una fuerte presentación donde declara: “Exhortamos a ustedes,
nuestros gobiernos, a garantizar cortes drásticos de las emisiones
desde su fuente. Ustedes tienen el poder de hacer esto aquí y
ahora. Las personas amenazadas por el cambio climático no pueden
esperar”.
Al
mismo tiempo, en una declaración presentada conjuntamente con
MADRE (ver en inglés:
http://www.wrm.org.uy/actors/CCC/Bali/Women_Agrofuels.pdf
), ambas organizaciones rechazaron los agrocombustibles como fórmula
válida de reducción de emisiones de carbono y exhortaron a todas
las partes interesadas, entre otras cosas, a apoyar la propuesta
del relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación,
Jean Ziegler, de aplicar una moratoria de cinco años a la producción
de agrocombustibles, que al ocupar cada vez más tierras
de cultivo contribuyen a aumentar el hambre en el mundo.
Por
más información sobre la red gender cc, sírvase comunicarse con
Ulrike Roehr, gender cc - mujeres por la justicia climática,
roehr@life-online.de, www.gendercc.net
inicio
-
La industria del papel y el “negocio del
cambio climático”
Durante
muchos años la industria de la pulpa y el papel ha intentado pintarse
de verde. Ningún desafío es demasiado grande, parece, para una
de las industrias más contaminantes del planeta. Aunque la producción
de papel es una importante consumidora de energía y una de las
causas principales de las emisiones de gases de efecto invernadero,
el último reto para esta industria es volverse “carbono-neutra”.
Mientras que la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero puede sonar como algo que todos recibiríamos con agrado,
esta discusión dominada por la industria deja de lado el hecho
de que la industria de la pulpa y el papel se está expandiendo
con rapidez, sobre todo en el Sur global. Ignora también el tema
del masivo exceso de consumo de papel en el Norte. La mejor forma
de reducir el impacto de la industria de la pulpa y el papel es
reduciendo la cantidad de papel que se produce. Pero por supuesto
que a la industria del papel no le interesa hablar de esto.
En
octubre de 2007, la Asociación de Productos Forestales de Canadá
(Forest Products Association of Canada, FPAC) anunció que para
2015 se convertiría en la primera industria “carbono-neutra” de
Canadá. El anuncio se hizo durante una conferencia celebrada en
un lujoso hotel de cinco estrellas en el centro de Ottawa. Los
discursos de Keith Trent (de Duke Energy) y Clive Mather, director
ejecutivo de Shell Canadá, fueron la piedra angular de esta conferencia
que llevó por título, por cierto muy apropiado, “Conferencia sobre
el negocio del Cambio Climático”.
La
FPAC ha entrado en sociedad con el WWF para “ayudar a guiar la
iniciativa”. La FPAC declara ya haber reducido sus emisiones de
gases de efecto invernadero en un 44% entre 1990 y 2004. Pero
esta cifra de 44% de reducción es un fraude. Excluye las llamadas
“emisiones indirectas”, osea, las emisiones
producidas con la generación de la electricidad que usa la industria.
Un
informe de 2005 incluye tanto las emisiones directas como las
indirectas y llega a la conclusión de que las emisiones de gases
de efecto invernadero del sector forestal de 2002 fueron iguales
que en 1980. El informe, producido por el Consejo Canadiense de
Ministros Forestales, señala que el sector forestal es el “mayor
consumidor individual de energía de Canadá y tiene emisiones de
gases de efecto invernadero significativas”.
Los
datos de otro informe más reciente indican que la situación podría
ser incluso peor. Este informe fue encargado por la FPAC, lo que
dio a la industria pocas excusas para ignorarlo. Escrito por el
NCASI (el Consejo nacional para la mejora del aire y los cursos
de agua), el informe compara las emisiones de 1990 con las de
2005. Distingue las emisiones directas (ocasionadas por la fabricación)
de las indirectas (causadas por la generación de electricidad,
las emisiones del transporte y el metano producido por los productos
forestales en los vertederos). En 2005, según el NCASI, la industria
forestal fue responsable de un total de 53,3 millones de equivalente
de dióxido de carbono, en tanto en 1990 fueron 49,7 millones de
toneladas, es decir que hubo un aumento de 7,2%.
Pero
el informe del NCASI no se detiene ahí y presenta una contabilidad
muy creativa en forma de “captura” y “emisiones evitadas”, dando
la impresión de que las cosas no están tan mal como parecen y
que en cualquier caso pronto podrían mejorar. “Los datos disponibles
demuestran que las emisiones de gases de efecto invernadero a
lo largo de la cadena de valor de la industria de los productos
forestales se compensan ampliamente con la captura lograda en
los productos forestales”, escribe el NCASI. Las emisiones de
metano generadas por la descomposición del
papel y otros productos forestales en los vertederos son la mayor
causa individual de los gases de efecto
invernadero de la industria forestal canadiense y dan cuenta de
alrededor del 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero
de 2005. Pero el NCASI nos tranquiliza al explicar que “las emisiones
de metano en los vertederos atribuibles a los productos forestales
canadienses son más que compensadas con el almacenamiento neto
de carbono en los productos forestales depositados en vertederos”.
Algunos productos forestales depositados en vertederos se descomponen
rápido y liberan metano, en tanto otros lo hacen
con más lentitud, liberando el metano más lentamente. Esto,
según el NCASI, es “captura”.
Mientras
tanto, las “emisiones evitadas” consisten en los cambios que la
industria podría hacer, como producir más papel reciclado o usar
formas combinadas de generación de calor y energía. El hecho de
que la industria también podría evitar las emisiones produciendo
menos papel no se menciona en el informe del NCASI. En su lugar,
el NCASI anticipa un aumento del consumo de productos forestales.
En
setiembre de 2007 la Confederación de Industrias Europeas del
Papel (CEPI) publicó un “marco para determinar la cantidad de
emisiones de carbono” (Carbon Footprint
Framework). La CEPI no hace mucho aspaviento con eso de que la
industria se vuelva “carbono-neutra”. En su lugar, el documento
presenta una serie de argumentos que las empresas pueden usar
para convencer a los consumidores de que su producto es “carbono-neutro”.
No sorprende que los argumentos de la CEPI sean similares a los
de su contraparte canadiense. Por ejemplo, la CEPI propone que
la industria debería alegar que el carbono se captura tanto en
los bosques como en los productos del papel: “Afirmen que el Manejo
Sustentable de Bosques asegura que las existencias de carbono
en los bosques se mantengan estables o incluso mejoren con el
tiempo, y elaboren sobre esta afirmación”.
Parte
de la razón por la cual está aumentando el consumo de papel es
porque las empresas del papel aparecen continuamente con nuevos
usos para el papel y promueven formas de usar más papel. Cuando
esos productos del papel terminan en vertederos, se descomponen
y producen metano. En lugar de intentar maquillar de verde sus
actividades con argumentos espurios sobre la captura del carbono,
la industria de la pulpa y el papel debería dejar de producir
basura.
Por
Chris Lang, http://chrislang.org
inicio
-
Por qué las plantaciones como sumideros de carbono prácticamente
no han sido instrumentadas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio
del Protocolo de Kioto... hasta ahora
En
la percepción pública general los árboles se asocian automáticamente
a beneficios ambientales y existe una demanda de consumo de proyectos
“simpáticos” de compensación relacionados con los árboles en oposición
al tipo de reducciones de emisiones industriales que han dominado
el mercado del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Se calcula
que cerca del 40% de los créditos de carbono generados en el mercado
voluntario viene de proyectos relacionados con árboles.
Sin
embargo, los proyectos forestales (y específicamente las plantaciones
como sumideros de carbono) han estado en gran medida ausentes
del mercado del carbono “certificado”, es decir el MDL. Siguen
representando una pequeñísima parte del programa de comercio del
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.
Como
informara Jutta Kill en el boletín Nº 119 del WRM, “en los tres
años a partir de la adopción de las normas para los proyectos
de forestación y reforestación y luego de doce rondas de presentaciones
sobre metodología de base, solamente una plantación (en China)
ha sido registrada como proyecto del MDL”.
Buena
noticia para las comunidades locales en lucha contra los monocultivos
de árboles porque, de ser instrumentadas, las plantaciones como
sumideros de carbono habrían sido legitimadas por el Protocolo
de Kioto como supuesta “solución” al creciente problema del cambio
climático y habrían aumentado más todavía la expansión de las
destructivas plantaciones en el Sur mediante subsidios encaminados
a través del mercado del carbono.
La
idea detrás del concepto de sumideros de carbono es que las plantaciones
de árboles, a través de la fotosíntesis, podrían “compensar” las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) al absorber dicho compuesto.
Hace ya muchos años que Larry Lohmann (1) advirtió que “El problema
consiste en cómo establecer una 'equivalencia'
significativa y confiable entre el carbono secuestrado en forma
permanente en depósitos de combustible fósil, el CO2 transitorio
en la atmósfera, y el carbono secuestrado temporariamente como
resultado de cualquier tipo de plantación de árboles o de programas
nacionales de forestación. Nadie tiene idea de cómo hacerlo. Y
es poco probable que algún día se pueda lograr”.
Sin
embargo, la pregunta es: ¿por qué las plantaciones de árboles
no se adoptaron ampliamente como mecanismo de “compensación” siendo
que tantos gobiernos estaban muy interesados en promocionarlas
ofreciendo abundantes créditos de carbono baratos basados en el
rápido crecimiento de los árboles en los países del Sur?
Una
de las posibles explicaciones es que, mientras que el Protocolo
de Kioto reconocía la forestación y la reforestación como actividades
válidas para capturar emisiones y gases
de efecto invernadero, establecía limitaciones a las compensaciones
de las llamadas Actividades de uso de la tierra, cambio de uso
de la tierra y silvicultura (LULUCF): solamente se permitía el
equivalente al 1% de las emisiones del año de base (1990) anual
por país. Además, los créditos de tales proyectos de plantación
de árboles son temporarios, circunstancia que los compradores
perciben como riesgosa y compleja.
Además,
las plantaciones como sumideros de carbono son riesgosas: pueden
arder y liberar el carbono almacenado en los árboles, como ocurrió
recientemente en Sudáfrica y Swazilandia (véase el boletín Nº
123 del WRM). Al mismo tiempo, estas plantaciones enfrentan una
cantidad de problemas legales relacionados con los títulos de
propiedad, títulos de carbono, transferencia de derechos, contratos
de administración e instrumentación y problemas metodológicos
como falta de línea de base, definición
poco clara de bosque, “filtraciones”, etc. (2).
Más
importante todavía, la oposición a las plantaciones a
nivel local y el apoyo de las ONG en la esfera internacional
ciertamente han tenido un impacto. Como declararon el economista
Franck Lecocq y el funcionario Philippe Ambrosi del Banco Mundial
en un informe de 2007 (3), “Los proyectos LULUCF en el MDL se
enfrentaron a [...] las críticas de algunos interesados, sobre
todo ONG ambientalistas. Según los críticos, los proyectos LULUCF
serían ambientalmente negativos, inundarían
el mercado de créditos de dudoso valor y
llevarían a catástrofes ambientales en el Sur porque favorecerían
las plantaciones industriales de árboles de crecimiento rápido
de especies exóticas por sobre el manejo
comunitario y sustentable de los bosques.
Esta presión llevó a que en los Acuerdos
de Marrakesh se estableciera una estricta
limitación del alcance de los proyectos LULUCF en el
marco del MDL ”.
Sin
embargo, dos decisiones recientes pueden llegar a atraer más plantaciones
al MDL. En primer lugar, se han eliminado las restricciones que
exigían que los proyectos de plantación de árboles del MDL solamente
podían ocurrir en tierra que no hubiera estado
cubierta de bosques después de 1990. Esta restricción,
adoptada en su origen para evitar que el MDL brindara un incentivo
perverso a la tala de bosques para sustituirlos con monocultivos
patrocinados por el MDL, fue eliminada recientemente por la Junta
Ejecutiva del MDL. Con este cambio, el MDL se volverá mucho más
atractivo para las empresas y “superficies considerables de plantaciones
en gran escala podrán aspirar a ser consideradas proyectos MDL”
[véase el boletín Nº 119 del WRM,
http://www.wrm.org.uy/boletin/119/opinion.html#MDL]. El segundo
cambio acaba de ser acordado en las conversaciones sobre el clima
de Bali y consiste en aumentar el tamaño de los proyectos de plantación
de árboles que pueden presentarse al MDL, con trámites simplificados
y menos requisitos para la evaluación de los impactos sociales
y ambientales. Una vez más esto será un nuevo incentivo para que
las empresas de plantaciones intenten acceder al MDL.
Otro
punto que vale la pena mencionar es que, mientras solamente un
proyecto de plantación de árboles ha sido registrado como proyecto
de forestación y reforestación del MDL, las empresas de plantaciones
han descubierto otro camino que lleva al Mecanismo: como proyectos
energéticos en lugar de sumideros de carbono. Un ejemplo es V&M
do Brasil, cuyas plantaciones en el estado brasileño de Minas
Gerais han seguido este camino y ahora se embolsan el dinero del
MDL sin haberse identificado como proyectos de plantación de árboles.
Ni siquiera el asesinato de un campesino por parte de los guardias
de seguridad de V&M dentro de las plantaciones de la empresa
fue suficiente para revocar el registro como proyecto del MDL
[véase el boletín Nº 119 del WRM en
http://www.wrm.org.uy/boletin/119/opinion.html#plantaciones].
Hasta
ahora las plantaciones como sumideros de carbono prácticamente
no han sido instrumentadas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio
del Protocolo de Kioto, pero las tendencias recientes podrían
hacer cambiar las cosas, con lo que será
necesario redoblar la conciencia y la resistencia.
(1)
véase “El mercado del carbono: Sembrando más problemas” en
http://www.wrm.org.uy/plantaciones/material/carbono.html
(2)
véase “Markets for LULUCF Credits” en
http://www.climatefocus.com/newspubs/downloads/publications/LULUCF_markets.pdf
(3) “The Clean Development Mechanism: History, Status, and Prospects”
(http://earthmind.net/labour/briefing/docs/reep-2007-cdm.pdf)
Artículo
basado en comentarios de Jutta Kill, FERN, correo-e: jutta@fern.org,
Kevin Smith, Carbon Trade Watch, correo-e:
kevin@carbontradewatch.org, y Larry Lohmann, The Corner House,
correo-e: larrylohmann@gn.apc.org,
y los documentos mencionados.
inicio
COMUNIDADES Y BOSQUES
-
Criminalizados por Defender la Naturaleza
Recientemente,
durante el mes de noviembre, se celebró en Quito la Cumbre de
Comunidades Criminalizadas por Defender la Naturaleza. La criminalización
forma parte de una estrategia encaminada a acallar cualquier protesta
en contra de las actividades extractivas de las transnacionales
dentro de las fronteras del Ecuador. Pareciera que el próximo
acusado puede ser cualquiera. Basta que eleve su voz en contra
de la irracionalidad de la economía global.
La
mayoría de los casos se están dando en las últimas áreas de bosque
tropical que quedan en el país, que es donde se localizan también
los recursos mineros y petroleros. En esta reunión se han analizado
las circunstancias del número creciente de estos casos de criminalización
injusta en las poblaciones indígenas y campesinas en las que está
habiendo oposición a actividades empresariales extractivas, nacionales
y transnacionales.
El
encuentro de Quito quiso y logró ser un primer paso para “visibilizar
frente a la opinión pública nacional e internacional la escalada
de persecuciones políticas, jurídicas y para-judiciales a líderes
sociales defensores de la naturaleza y la vida, frente a un modelo
de desarrollo economicista, violador de derechos”, tal y como
anunciaba la convocatoria a la Cumbre. En Ecuador, la criminalización
a los campesinos se ha estado dando al Norte, en la zona subtropical
de Intag y actualmente en el Sur del país, en la región amazónica.
Algunos
de los rostros presentes en el evento parecen aliviados, seguramente
al ver que no son los únicos que están pasando por eso. Policía,
juzgados, investigaciones, indagaciones, sentencias, jueces, abogados,
fiscales, doctores. Este mundo los sorprendió repentinamente a
todos ellos. Algunos se han hecho ya expertos en leyes y procedimiento
penal. No es raro, cuando una sola persona enfrenta diez, quince
y hasta veinte juicios.
Es
el caso de Tarquino Cajamarca, del cantón Limón Indanza en la
provincia amazónica de Morona Santiago, perseguido por Sipetrol,
gestora del proyecto Hidroabanico; de Rodrigo Aucay de El Pangui
en la también amazónica Zamora Chinchipe, perseguido por la minera
Corrientes Resource de la canadiense Ecuacorrientes; o de Polibio
Pérez, de la zona subtropical de Intag, que ha sido perseguido
también por la minera canadiense Ascendant Copper. En el evento
se escuchan testimonios acerca de estos casos. El mayor delito
de estos tres líderes comunitarios, respetados y reconocidos en
sus zonas de origen, fue tal vez haber sido los que se opusieron
más enérgicamente a las actividades de las transnacionales, aseguran
los representantes de las organizaciones de derechos humanos.
Desgraciadamente no son casos aislados.
Los
costos de la defensa de estos y todos los campesinos acusados
son enormes, tanto en términos económicos como en esfuerzo físico
y psicológico. No sólo son los honorarios de los abogados lo que
hay que pagar. Las distancias que los criminalizados tienen que
recorrer hasta llegar a las audiencias son enormes. Muchos viven
en parajes remotos, donde prácticamente no existía la delincuencia
hasta la intervención de las transnacionales en sus zonas. Estas
personas están siendo víctimas de un modelo de desarrollo totalmente
ajeno a sus formas de vida y de entender el mundo. Algunos han
pasado por la prisión, otros se han visto obligados a esconderse
días o semanas para evitar la cárcel, viéndose alejados de sus
familias y sus actividades cotidianas. Sobre Tarquino Cajamarca
de Limón Indanza pesa una orden de captura en estos momentos.
Es
difícil la defensa. En muchos de estos casos, la acusación no
es ejercida directamente por las transnacionales o personas abiertamente
relacionadas con éstas, sino por personal pagado para dar falso
testimonio y acusar a un líder campesino de un delito común, que
éste no ha cometido. Durante algunos de los procesos, testimonios
idénticos aportados por diferentes testigos evidenciaron que éstos
estaban repitiendo un guión que se les había entregado previamente.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU así como la Fundación
Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, ambas con sede
en Quito, poseen documentación completa sobre muchos de estos
casos. Según un miembro de INREDH, los campesinos están siendo
vinculados a listas negras. Se les roba material de trabajo como
computadoras, como parte de una estrategia para inmovilizar a
las organizaciones de reivindicación social. La Unidad de Investigación
de la CEDHU reporta además numerosos casos de agresiones de personal
de las empresas extractivas o de personal pagado por éstas, que
incluyen amenazas de muerte, persecución, agresiones físicas,
hostigamiento, calumnias y otras muchas.
Pero
cada vez son más los acusados de algún delito común que no han
cometido, lo que hace necesario y urgente que se tomen medidas.
El número de líderes comunitarios y campesinos que están siendo
criminalizados por empresas como respuesta a la resistencia que
oponen algunas comunidades a sus actividades extractivas de petróleo,
minería u otras en áreas de bosque tropical es alarmante. Según
la Unidad de Investigación de la CEDHU, las acusaciones superan
las 100, y los acusados son muchos más, teniendo en cuenta que
gran parte de estas causas son múltiples, es decir, que acusan
a más de una persona. Todos ellos saben muy bien porqué se oponen
a estas actividades económicas: “¿A quiénes ha beneficiado 30
años de explotación petrolera? Las calles de los países del Norte
están cada vez más embellecidas e iluminadas, mientras en Lago
Agrio (ciudad petrolera en la Amazonía Ecuatoriana) siguen a oscuras,
y peor aún, enfermos de cáncer y contaminados” dice Humberto Cholango,
presidente de la Ecuarunari. Muchas poblaciones manifiestan que
no quieren acabar en condiciones similares y por eso rechazan
la extracción de los recursos naturales en sus zonas. Hay clara
resistencia a la minería en Intag, Pacto, El Pangui, Napo, Machala
y en otros lugares del país.
“Los
pueblos somos paridos por la madre tierra y es por eso que hay
que defenderla”, dice Cholango. “Pero mediante la no violencia”,
especifica Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica,
organización que también participó en este encuentro. “La no violencia
es un arma mucho más poderosa y como defensores de la naturaleza
no nos sale de otra forma”, añade. Esto a pesar de que entre los
delitos de los que se acusa a los diferentes líderes y campesinos
se encuentran el sabotaje y el terrorismo, los atentados contra
la seguridad del Estado, la rebelión y atentados a funcionarios
públicos, la apología del delito, la asociación ilícita, los delitos
contra la propiedad como el robo y los delitos contra las personas
como el plagio (secuestro). Con estos delitos comunes se intenta
disfrazar los hechos de la resistencia popular y de paso, encarcelar
para eliminar o neutralizar a las personas que ejercen mayor oposición
a las actividades de las empresas en sus territorios. Para el
trabajo sucio se contratan paramilitares o sicarios. Este caso
ya se ha dado reiteradamente en Ecuador.
En
la zona subtropical de Intag, cuatro de los 15 procesos iniciados
por la compañía minera canadiense Ascendant Copper fueron concluidos
con resoluciones absolutorias y favorables a las y los comuneros
injustamente acusados. “La justicia nos dio la razón” dice Robinson
Guachagmira, que expuso el caso de Intag durante el encuentro
en Quito, “Yo mismo estuve ocho días en prisión, los peores días
de mi vida, en los que me consolaba pensando que ojalá ese sacrificio
contribuyera a que el medio ambiente y los bosques de mi zona
permanezcan intactos para las futuras generaciones”. Más de 90
personas de la zona noroccidental de Intag fueron sorprendidas
con esta clase de denuncias arbitrarias.
Según
el Dr. Raúl Moscoso, abogado comprometido con las causas sociales
y presente en la Cumbre, “Los actos de resistencia de las comunidades
son actos políticos”. El doctor Moscoso construyó y sustentó la
primera versión de la propuesta de Ley de Amnistía para este tipo
de casos. La elaboración de este proyecto de Ley de Amnistía y
la conformación de una Red Internacional de personas afectadas
para evitar el enfrentamiento aislado e individual a las acusaciones,
fueron algunas de las soluciones propuestas al gravísimo problema
de la criminalización a campesinos, así como la propuesta de iniciativas
de movilización conjunta. Mediante la propuesta de Ley de Amnistía,
que el mismo día de la Cumbre se consiguió poner en manos de Alberto
Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente así como ante
la Fiscalía General de la Nación, se pretende proteger a personas
que participen en actos de resistencia comunitaria en ejecución
o por ejecutarse. Esta Amnistía general debería poder aplicarse
a los casos individuales. También debería incluir la amnistía
por responsabilidad civil.
Desgraciadamente,
este fenómeno de la criminalización no es un hecho aislado ni
exclusivo del Ecuador. En otros países de Latinoamérica se está
dando en idénticas condiciones, asociado a otras industrias extractivas
o al agronegocio, como es el caso del cultivo masivo de la soja
en Paraguay, o de la palma africana en Colombia, donde las empresas
hacen también un uso indiscriminado de la denuncia y la acusación
contra la población campesina afrocolombiana, para acallar toda
voz discordante que quiera impedir el desarrollo de la actividad
económica empresarial en tierras comunitarias. También en relación
con la minería se ha dado muy recientemente el caso de la criminalización
de 7 indígenas Maya Mam en Guatemala. Idénticas noticias llegan
desde este país: “A través de este juicio montado la empresa pretende
debilitar el movimiento social anti-mina que está luchando por
sus derechos en el municipio de San Miguel Ixtahuacan, mientras
logra expandir su explotación en la región y desestructurar socialmente
a las organizaciones que se oponen a la explotación minera”, según
Derechos en Acción de ese país.
ULTIMA
HORA: El tema de la criminalización de la protesta social, ha
tomado en los últimos días rabiosa actualidad en el Ecuador al
encontrarse en estos momentos detenida la Prefecta de la provincia
amazónica de Orellana, acusada de haber organizado la protesta
social que culminó el 29 de noviembre en los lugares de Tiguino
y Dayuma. Junto a ella están detenidas otras 22 personas. Criminalizadas.
Sus reclamos: asfalto para una carretera, abastecimiento de agua
y electricidad, y reparación de los daños ambientales y a la salud
causados por la extracción petrolera. Por esto, la provincia se
encuentra en estado de emergencia y se ha declarado el toque de
queda. Por su parte, el presidente Correa, en diferentes actos
públicos, se refirió en la misma línea a la protesta social, calificando
a los ecologistas de izquierdistas, románticos, infantiles y hasta
terroristas, desconociendo el hecho de que la protesta procede
de los pobladores y no de los “ecologistas”. En el fondo de las
iras del presidente se encuentra su intención de explotar a toda
costa minas y petróleos, en una desesperada búsqueda de recursos,
y a pesar de haberse presentado reiteradamente como “amigo de
la población indígena”, quienes en todo sentido serían los principales
afectados. Al presidente parece no gustarle la resistencia social
legítima que ha generado el balance de 30 años de explotación
del petróleo de la Amazonía, donde la pobreza y el abandono persisten
a pesar de todo lo prometido en su día por las petroleras.
Como
conclusión podemos apuntar que se requiere la unión de líderes
y campesinos afectados, a nivel nacional e internacional y una
respuesta acorde al problema de la criminalización por parte de
instituciones del Estado para evitar la persistencia de esta situación,
así como la garantía de mecanismos –como la ley de Amnistía- que
impidan a las transnacionales y al mismo Estado el hostigamiento
de la población. Cualquier defensor del medio ambiente, de las
selvas tropicales y los derechos humanos puede ser el próximo
acusado de sabotaje, terrorismo, robo, secuestro, injurias, incendio,
lesiones o asociación ilícita. Pero no olvidemos que de todas
formas, defender los derechos sigue siendo una responsabilidad
de todos.
Por
Guadalupe Rodríguez, Campaigner Selvas Tropicales y Derechos Humanos,
Salva la Selva, Latinoamérica, correo electrónico:
guadalupe@regenwald.org,
www.salvalaselva.org,
www.activistas.nireblog.com
inicio
-
India: instrumentación de la ley de 2006 de
derechos de los indígenas sobre los bosques
El
7 de diciembre de 2007, el ministro indio de Asuntos Tribales
prometió al Parlamento indio que la Ley de Reconocimiento de los
Derechos sobre los Bosques (de Tribus Registradas) de 2006, aprobada
hace un año por el Parlamento, sería notificada e instrumentada
a partir del 1º de enero de 2008.
India
tiene cerca de 90 millones de indígenas, en su mayoría Adivasi,
que han vivido más que nada una vida sustentable al estilo indígena
en el bosque y cuyos derechos podrían garantizarse con esta ley.
En los últimos 60 años cerca de 30 millones de indígenas fueron
desplazados de sus hogares y perdieron sus medios de vida debido
a proyectos de “desarrollo”.
La
nueva ley reconoce por primera vez que los Adivasi y otras comunidades
tradicionales de los bosques que no tienen documentos de propiedad
anteriores de sus hogares o cultivos tienen derecho a vivir en
el bosque al estilo indígena.
Pero
la instrumentación de la Ley se ha retrasado meses. En su contra
ha habido hasta avisos televisivos con niños que muestran pancartas
que exigen el desplazamiento de los Adivasi, para proteger los
bosques.
El
primer ministro Manmohan Singh y la dirigente del partido con
mayoría parlamentaria, Sonia Gandhi, están considerando ahora
qué hará el país, si decidir que una enorme cantidad de habitantes
indígenas de los bosques sean desplazados de sus hogares (en 600
reservas en los bosques) sin que quede claro cuáles son sus derechos
o aclarar primero, en cumplimiento de la nueva ley, cuáles son
sus derechos antes de definir si y cómo podrán desplazarse. Demarcar
en 15 días los “hábitats críticos de vida silvestre” de 600 zonas
de reserva sería violar los requisitos de cualquier debido proceso
y podría llegar a significar el desplazamiento de millones de
personas.
La
Ley estipula el debido procedimiento legal para establecer cuáles
son los hábitats críticos de vida silvestre de modo que el realojamiento
fuera de los mismos pueda ocurrir solamente a través del consentimiento
previo informado de las comunidades, con compensaciones acordadas
mutuamente, basándose en sus derechos debidamente establecidos.
También los compromisos internacionales de protección de la biodiversidad
exigen un papel igualmente crucial para los indígenas y las comunidades
locales y su participación en el uso sustentable y la conservación
de la biodiversidad.
Todavía
no está claro qué es lo que el gobierno indio decidirá ahora con
relación a los posibles nuevos desalojos de las comunidades indígenas
de los bosques. Por lo tanto, el programa de bosques y biodiversidad
de Amigos de la Tierra Internacional, el WRM y muchas otras organizaciones
ambientales apelaron el 13 de diciembre al primer ministro indio
y a Sonia Gandhi, presidenta de la Coalición UPA, que está en
el gobierno, para que garanticen la debida instrumentación de
la Ley de derechos sobre los bosques.
El
proceso para legalizar los derechos tradicionales y consuetudinarios
de los Adivasi a la vida en el bosque, a tener su hogar en el
bosque, a la recolección de productos del bosque y a la agricultura
de subsistencia estará en todo caso lleno de luchas, pues la burocracia,
varios grupos de elite y los grupos que ganan con las visitas
turísticas a las reservas querrían mantener su control sobre el
bosque. En varios estados de la India los movimientos y grupos
por los derechos al bosque, unidos mediante la Campaña por la
Supervivencia y la Dignidad, continúan las protestas contra los
desalojos forzados y para que la Ley se instrumente debidamente.
Como
dice la Ley, es necesario que se reconozcan los derechos de los
habitantes indígenas del bosque para corregir la injusticia histórica
que se les ha hecho. Esto es verdad no solamente en India
sino en el mundo entero.
Por
Ville-Veikko Hirvelä, correo-e: villeveikkoh@gmail.com
inicio
-
Mekong: la Comisión internacional hace los
controles equivocados
Recientemente
han revivido las viejas propuestas de embalsar el río Mekong inferior.
Según comunicados de prensa de la ONG tailandesa TERRA, los gobiernos
de la República Popular de Laos, Camboya y Tailandia dieron permiso
a empresas tailandesas, malayas y chinas para llevar a cabo estudios
de factibilidad de hasta seis grandes represas hidroeléctricas
en el Mekong inferior. Hace diez años estos proyectos se desestimaron
por sus potenciales daños ambientales y elevadísimo costo.
La
Comisión internacional del río Mekong tiene el deber de proteger
este río. Según TERRA (véanse los comunicados de prensa –en inglés-
en
http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/MRC/Mekong_Mainstream_dams_media.pdf
y
http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/MRC/Press_Release_12_Nov.pdf),
“En virtud del Tratado del Mekong de 1995 el cometido de la Comisión
es ‘hacer el máximo esfuerzo para evitar, minimizar y mitigar
los efectos nocivos que pueda sufrir el medio ambiente... debido
al desarrollo y uso de los recursos hídricos de la cuenca del
río Mekong’ (artículo 7)”. Sin embargo, aunque en el sexto Simposio
Técnico sobre las Pesquerías del Mekong de la Comisión del Río
Mekong (2003) los investigadores concluyeron que “cualquier represa
en el curso principal del Mekong... podría resultar desastrosa
para las pesquerías”, la Comisión ha guardado un notorio silencio,
sostiene TERRA, que opina que “Aunque el establecimiento de la
Comisión fue celebrado como un paso adelante en la superación
de viejos antagonismos en la región del Mekong, [la Comisión]
sigue estando dominada por los intereses nacionales de sus Estados
miembros, apuntalados por un criterio enfocado en los beneficios
económicos que implica la exclusión de todo lo demás”.
Unas
175 organizaciones locales e internacionales, entre las que se
cuenta el WRM, e instituciones donantes que hoy colaboran con
la Comisión del Río Mekong firmaron una carta dirigida al director
ejecutivo de la Secretaría de la Comisión para expresar su preocupación
por el proyecto de construcción de seis represas hidroeléctricas
en el Mekong inferior así como “el fracaso de la Comisión internacional
del río Mekong para hacer respetar el Acuerdo del Mekong de 1995
en esta coyuntura crítica” (véase la carta completa en
http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/MRC/Letter_%2012_November.pdf).
En
lugar de responder a los graves asuntos planteados en la carta,
la Comisión empezó a comprobar si las organizaciones firmantes
eran verdaderas. Sin duda tiene derecho a hacerlo, pero por lo
menos debería hacerlo bien.
El
WRM recibió un mensaje de la Comisión, firmado por Lieven Geerinck,
diciendo que “la Comisión del Río Mekong se toma muy en serio
estas declaraciones” y que “la lista de organizaciones firmantes
en el documento adjunto es bastante importante aunque encontramos
algunas instituciones de menor pertinencia para el tema (por ejemplo,
www.proyectogato.org).
Creemos en la comunicación auténtica. ¿Podrían confirmar si su
organización firmó la carta adjunta?” (véase el mensaje de la
Comisión en
http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/MRC/MRC_Message.html).
Parece
que la Comisión cometió un gran error al asignar “menor pertinencia
para el tema” al Proyecto Gato, organización en nombre de la cual
firmó Jan Cappelle. Si se hubiera tomado la molestia de buscar
en internet “Jan Cappelle” además de “Proyecto Gato” no habría
confundido a esta organización con una
sociedad protectora de gatos y se hubiera enterado de su participación
directa en el asunto de las represas en la región.
Pero
ése no fue su único error. El comunicado y la información para
la prensa fueron claramente elaborados por TERRA, una organización
que trabaja en este asunto desde hace varios años, por lo que
la Comisión debería haberles contestado a dicha organización en
lugar de escribir a algunos signatarios para preguntarles si habían
firmado o no o si eran “pertinentes para el tema”.
La
Comisión debería actuar de acuerdo con su pretendida seriedad
y responder a la demanda de brindar “algunas medidas de supervisión
profesional y asesoramiento técnico de los proyectos de represa
propuestos”, así como detalles sobre su “importante estrategia
de coordinación de todos los tipos de proyectos hidroeléctricos
en la cuenca del Mekong para garantizar que se instrumente una
solución sustentable o medidas alternativas”.
¿Qué
ha hecho la Comisión para garantizar que las represas construidas
en la región del Mekong a partir de 1995 no infringieran los derechos
humanos básicos ni resultaran en la destrucción del medio ambiente?
¿Qué ha hecho para resolver los impactos de las represas en las
que participó antes de 1995?
Las
organizaciones civiles del río Mekong siguen esperando que la
Comisión responda estas preguntas.
inicio
-
La Ley sobre Bosques Comunitarios de Tailandia:
¿para quién piensa el gobierno militar que es buena?
La
Asamblea Nacional Legislativa (NLA), establecida el año pasado
en Tailandia después del golpe militar y que debería disolverse
después de las elecciones generales del 23 de diciembre, aprobó,
con su último aliento, la muy esperada Ley sobre Bosques Comunitarios.
En lugar de consolidar los derechos constitucionales de todas
las comunidades a manejar sus bosques de la forma que mejor les
parezca, la Asamblea eligió excluir a las comunidades que viven
fuera de las “zonas de conservación” del derecho de participar
en el manejo de los bosques.
Contando
a partir de la prohibición de las concesiones madereras, las comunidades
en Tailandia tienen ahora 18 años de experiencia en manejo comunitario
de bosques. La mayoría de los políticos e integrantes de la Asamblea
niegan este hecho y siguen considerando a los aldeanos como destructores
de los bosques. La información, las noticias y los análisis parciales
creados a partir de un conocimiento superficial de los problemas
han generado miedo y sospechas entre el público general en Tailandia.
Esta perspectiva plantea solamente dos formas de resolver los
problemas de la destrucción de los bosques. El primero es declarar
zonas de conservación (artículo 3º) donde no se permite vivir
a la gente. “Zonas de conservación” significa “Parque Nacional,
Refugio para la Vida Silvestre, Zonas de Caza Prohibida, reglamentadas
por las respectivas leyes, u otras zonas que sean cuencas u otras
zonas que tengan valor ambiental y cuya conservación se requiera
según las reglamentaciones ministeriales”. La segunda es aprobar
leyes que otorgan un poder monopólico a los funcionarios estatales
para imponer multas por la destrucción del bosque.
A
pesar de estas perspectivas anticuadas, hoy las comunidades han
aprendido de la crisis de los bosques degradados, que crearon
graves problemas para su sustento en un contexto donde las comunidades
agrícolas deben depender de la naturaleza. Las comunidades que
participaron de la destrucción de los bosques en el pasado han
vuelto a reunirse para preservar el bosque. Claro está que dichas
comunidades solamente pueden manejar en forma efectiva los bosques
si la sociedad reconoce su papel y si las comunidades pueden determinar
sus propias opciones económicas, sociales y políticas. Sobre esta
base serán capaces de manejar el bosque sirviéndose de mecanismos
tanto formales como informales según la naturaleza de las zonas
y las condiciones del grupo y de la comunidad. Varios grupos externos
están promoviendo un proceso de aprendizaje que incluye aprender
sobre los problemas a los que la comunidad se enfrenta, el aprendizaje
mutuo entre las comunidades y también información y noticias de
fuera de la comunidad.
Lo
mejor para el manejo comunitario de los bosques no es el enfoque
legal que pretende determinar los límites de varios tipos de bosque
para que al Estado le sea más sencillo administrar, dividiendo
las zonas de manejo según las responsabilidades de distintas unidades
gubernamentales. Por el contrario, el manejo de los bosques comunitarios
no hace distinciones estrictas entre zonas agrícolas, zonas residenciales
y zonas de bosques ni separaciones estrictas en cuanto a la propiedad
de tierras y bosques.
El
manejo de los bosques comunitarios en Tailandia empezó con las
comunidades dentro y fuera de los bosques conservados. Esto refleja
una creciente conciencia de que el manejo efectivo de los bosques
depende de un proceso de aprendizaje y fortalecimiento dentro
de la comunidad. Las comunidades tienen la capacidad y la disposición
de manejar los bosques dentro de unos límites evaluados junto
con la comunidad según sus propias condiciones locales sociales,
ambientales, económicas y políticas.
El
concepto tras la redacción de la versión de la Ley sobre Bosques
Comunitarios propuesta por el pueblo es resultado de haber aprendido
de la silvicultura comunitaria en la práctica. El manejo
comunitario del bosque merece apoyo
para aumentar la superficie de bosques naturales en Tailandia
en lugar de las plantaciones comerciales de árboles en las zonas
de reservas forestales nacionales, y también para reforestar zonas
de bosques degradados, tierras públicas y zonas de humedales que
se están destruyendo a causa de diversos proyectos de desarrollo.
Los bosques comunitarios deberían permitirse especialmente en
las zonas de bosques conservados que corren cada día el riesgo
de ser destruidos por el madereo ilícito en complicidad con funcionarios
e individuos adinerados. Estas zonas han permanecido fuera de
la vista de la ley, bajo las oscuras sombras de la corrupción
de los funcionarios estatales que siempre esperan hacer su negocio.
¿Consideró la Asamblea el hecho de que las comunidades establecidas
dentro y fuera de las zonas de conservación han tenido un papel
importante en la protección de los bosques cercanos y que muchos
dirigentes comunitarios fueron asesinados por proteger el bosque
en muchas zonas?
La
expansión -- a manos del Estado-- de las zonas de conservación
hacia los relictos de bosques en los que las comunidades encuentran
su sustento se está dando precisamente en las zonas que han sido
protegidas por las comunidades. En lugar de recompensar a estas
comunidades demostrándoles confianza, el proyecto preliminar de
la Ley de Bosques Comunitarios les ha cercenado sus derechos al
manejo de los bosques comunitarios sobre la base de que están
asentados fuera de la zona de conservación. El hecho de que las
aldeas se encuentren fuera de la zona de conservación en prácticamente
todos los casos es resultado de las negociaciones entre las comunidades
y el Estado. La gente solicitó al gobierno que no incluyera sus
aldeas y tierras de cultivo, establecidas hace mucho tiempo, en
las zonas de conservación, aceptando al mismo tiempo que sus bosques
comunitarios entraran en las zonas de conservación del gobierno.
Esto se hizo con buena intención; la gente esperaba que sus bosques
comunitarios fueran bien cuidados por la comunidad y el Estado
en forma conjunta. Este asunto causó mucho sufrimiento a las comunidades,
que luego de entregar sus bosques comunitarios a las “zonas de
conservación” encontraron que el bosque se destruía aun más rápidamente.
La comunidad era impotente para detener el madereo y al mismo
tiempo no podía usar sus bosques.
Esta
clausura del espacio social para el manejo de bosques por parte
de las comunidades generó también conflictos más severos entre
el Estado y las comunidades. Al final, la sociedad tailandesa
y las comunidades solamente vieron un incremento de la destrucción
del bosque por parte de los grupos inversionistas y funcionarios
del gobierno que están a la espera de sacar su tajada del bosque.
En el futuro, las comunidades deberán enfrentarse a la extrema
pobreza por haber perdido acceso a los bosques de los que dependen.
¿Quién se hará responsable de esto después de que el gobierno
militar envíe la ley sobre bosques comunitarios a los políticos,
estos viejos muchachos que regresarán después de las elecciones
de este fin de semana?
Por Sayamol Kaiyoorawong. La autora ha trabajado en apoyo del
proyecto preliminar popular de la Ley de Bosques Comunitarios.
Actualmente es directora de Environmental Awareness Building,
en la provincia de Trang, Tailandia del Sur. Este artículo se
publicó por primera vez en tailandés en Prachataam News Network,
diciembre de 2007 (www.newspnn.com).
inicio
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS
DE ÁRBOLES
-
Chile: lo que no se dice del trabajo forestal
El
desarrollo forestal en Chile está marcado por una gran desigualdad
en la distribución de la riqueza monetaria generada por esta industria.
Las grandes utilidades que son subvencionadas por todos los chilenos
y chilenas llevan a los grupos económicos dueños de estas empresas
a generar grandes riquezas que dejan a la población mirando como
se menosprecian sus esfuerzos y recursos sin recibir a cambio
beneficios reales de esta actividad.
Los
daños económicos producidos por los desastres ambientales son
asumidos por los afectados (en Río Mataquito, Río Cruces en Valdivia,
por pérdida de agua en zonas netamente forestales, etc.). Por
su lado, el Estado y la empresa hacen oídos sordos a los daños
que provocan sus plantaciones de pinos y eucaliptos en comunidades
aledañas, mayoritariamente mapuche.
Las
condiciones del trabajo forestal, junto con sus trabajadores,
se mantienen ocultos a la opinión pública e invisibles ante la
comunidad, sin que puedan tener acceso a ellos los medios de comunicación,
que podrían reflejar las múltiples dificultades que afrontan tanto
en el terreno laboral como de salud física y sicológica. La diferencia
de los trabajadores de otros sectores, como la minería al igual
que los transportistas comerciantes, es que éstos tienen una capacidad
de exposición y conocimiento de los problemas mayor porque
generalmente se encuentran en zonas urbanas o pobladas y los medios
de comunicación difunden estos asuntos mucho más seguido por su
cercanía a la noticia. En cambio, el trabajo forestal generalmente
transcurre en zonas alejadas y de difícil acceso y además restringidas
por tratarse de predios forestales privados. A eso se suma la
escasa capacidad organizativa de los trabajadores, por pertenecer
a pequeños empresarios contratistas y sub contratistas.
La
pérdida de acceso a los bienes naturales afectados por las plantaciones
forestales, como el agua, que cada día se hace más escasa alrededor
de las plantaciones, es motivo del éxodo de campesinos y mapuches
pobres a las ciudades. Los recién llegados generalmente se suman
a los cordones de pobreza y a los diferentes servicios de asistencia
social.
Por
otro lado, los daños millonarios de carreteras y puentes que provoca
el tránsito pesado de la cantidad de camiones que acarrean madera,
recaen directamente sobre los pequeños productores hortícolas.
Éstos, impedidos en esas circunstancias de llevar sus productos
a los centros de consumo, muchas veces los terminan perdiendo.
Resulta así que los costos no los asumen las empresas sino toda
la población chilena que somos quienes
aportamos los dineros para pagar las reparaciones de los pavimentos
dañados.
Los
sueldos de los trabajadores forestales se pagan por producción
o rendimiento, medido en metros cúbicos. Suele ocurrir que se
alteran las cifras, disminuyéndolas. Se trata de un mecanismo
que utilizan algunas Emsefor (Empresas de Servicios Forestales)
para manipular la información que dan a los trabajadores de los
sueldos a pagar.
No
hay una información cabal del total de accidentes laborales porque
los accidentes menores (golpes, esguinces, heridas que no requieran
una atención mayor) son frecuentes y se tratan fuera del sistema
oficial, casi siempre en clínicas privadas o médicos particulares,
sin informarlos. Con ello evitan aumentar los índices de accidentes
laborales, lo cual aumenta los costos de los seguros.
El
régimen de trabajo que mantiene a los jefes del hogar 12 días
fuera de sus casas y luego les da 3 de descanso, no facilita una
convivencia familiar saludable y altera el mantenimiento de hogares
bien constituidos.
El
contacto con plantaciones recién fumigadas con plaguicidas, herbicidas
y funguicidas, entre otros, y la poca preocupación de la empresa
por realizar regularmente exámenes de salud, no permiten que estos
trabajadores reciban la debida información de los riegos a los
cuales se exponen.
La
prueba más clara de las repercusiones de este modelo de desarrollo
está en los altos índices de pobreza y bajo desarrollo humano
en las regiones mayoritariamente dedicadas al trabajo forestal,
como son la octava región y la provincia de Malleco de la novena
región en Chile.
Claro
que el modelo forestal produce riqueza, y en abundancia, pero
la pregunta es qué tipo de riqueza y cuánta de esa va en beneficio
de los relacionados a su generación (trabajadores forestales como
motoserristas, estroberos, despicadores,
jefes de faenas, operadores, transportistas, mecánicos, etc.)
y cuánta solo engrosa las arcas de grupos económicos inescrupulosos
que se ven beneficiados de que todos los chilenos carguemos con
los costos negativos de esta industria.
No
cabe duda de que se generan más pobres que los que salen de esta
calificación gracias al trabajo forestal. La excusa frecuentemente
utilizada por los gobernantes y las empresas para promover el
modelo forestal en las regiones más pobres de Chile es la creación
de empleo y por lo tanto absorción de mano de obra. Sin embargo
los hechos demuestran lo contrario ya que por causa de la industria
forestal se han perdido empleos independientes, bien pagados,
con trabajadores que se esfuerzan pero obtienen una recompensa
suficiente y son libres, y además sin provocar grandes impactos
en el medio ambiente, como los empleos que genera la pesca artesanal,
el turismo y la agricultura. A cambio se han generado empleos
mal pagados, esclavizantes, riesgosos, que además generan
grandes impactos en el medio ambiente.
¿Qué
tipo de empleos queremos? ¿Qué tipo de empleo quieren nuestros
gobernantes? Al parecer a estos últimos no les importa mientras
ellos conserven los suyos.
Por:
Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), correo electrónico:
radatemuko@googlegroups.com
inicio
-
Chile: el nulo valor del sello CERTFOR en
plantaciones de árboles
La
mayoría de las plantaciones de las empresas forestales chilenas
están certificadas, algunas por el FSC y la mayoría por CERTFOR
(afiliado a PEFC). En números redondos, el FSC ha certificado
unas 350.000 hectáreas, en tanto que CERTFOR lleva certificadas
unas 1.600.000 hectáreas. Dada la importancia de CERTFOR en Chile,
interesa entonces analizarlo más en detalle.
Lo
primero que llama la atención es el número total de hectáreas
certificadas por CERTFOR, que equivalen a casi el 80% del total
plantado en Chile. Es decir, que estas empresas certificadas son
las principales responsables de la mayor parte de los problemas
ambientales documentados en Chile vinculados a las plantaciones:
destrucción de bosque nativo, degradación de recursos hídricos,
tanto en cantidad como en calidad, impactos sobre los suelos,
sobre la flora y sobre la fauna.
Al
mismo tiempo esas plantaciones forestales han resultado en graves
impactos sociales: ocupación de territorios mapuche, represión,
criminalización, migración, pérdida de empleos, malas condiciones
de trabajo, enfermedades vinculadas al uso de agrotóxicos.
Cabe
señalar que encontrar información sobre estas empresas certificadas
no fue una tarea sencilla. Eventualmente se logró hallar las grandes
cifras de plantaciones expresadas en los párrafos siguientes,
pero no fue posible encontrar los detalles de la ubicación y el
tamaño de los distintos predios, ya que ninguna de estas empresas
aporta ese tipo de información en sus páginas web.
Llama
también la atención el hecho de que un solo grupo económico -el
Grupo Arauco- posea más de un millón de hectáreas de plantaciones
de pino y eucalipto certificadas por Certfor. Bosques Arauco (289.000
hás), Forestal Celco y Forestal Cholguán (550.000 hás) y Forestal
Valdivia (252.000) son todas empresas que forman parte de dicho
grupo.
Por
su parte, el otro gran grupo económico –el Grupo Matte, propietario
de Forestal Mininco- posee entre 550.000-600.000 hectáreas certificadas
por este mismo sello.
Aparte
de los impactos sumados (un aspecto que parece no tener importancia
para los certificadores) de esas plantaciones, estos dos grandes
grupos tienen un largo historial –pasado y presente- de impactos
sociales y ambientales negativos. En un artículo publicado recientemente
en este boletín (Chile: las patas cortas de la mentira forestal
- Boletín Nº 120), resumimos muchos de esos impactos. Por ejemplo,
allí se dijo que “en la época del año de mayor demanda de mano
de obra, en la comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, sur
de Chile, la forestal Mininco sólo da trabajo a 19 personas de
la comuna, con salarios muy bajos .... Como ocurre en otras partes
del país, sus enormes ganancias se traducen en pérdida de calidad
de vida para los lugareños. El 33,8% de la población vive entre
la pobreza y la indigencia.”
Además,
“La actividad agrícola descendió 22% en los últimos 10 años, forzando
a poco más de 1.400 personas a emigrar a los pueblos ... Una de
las razones es la falta de agua, ya que las plantaciones forestales
han resecado los suelos. Cada verano la municipalidad debe distribuir
agua en camiones para el consumo domiciliario.”
“Pero
además de la falta de agua está el problema de la contaminación
con agrotóxicos. Los vecinos de los sectores rurales Porvenir
Bajo y Porvenir Alto sufren graves problemas por las fumigaciones
que efectúa la forestal Comaco. Los agrotóxicos, principalmente
herbicidas (glifosato y simazina), son esparcidos en forma mecánica
o manual antes de plantar y en diversos momentos de la primera
etapa de crecimiento de los árboles, contaminando ríos, esteros
y acequias.”
También
los trabajadores que logran acceder a un empleo en estas empresas
certificadas se enfrentan a problemas. Una noticia publicada recientemente
en la prensa (15/11/07) informa que “trabajadores forestales de
la Provincia de Arauco, en Curanilahue, acusan a Forestal Arauco
de intervencionismo en los sindicatos; de no cumplir sus compromisos
y obligaciones; de empobrecer gravemente a la provincia”. Más
grave aún, un movimiento iniciado en marzo en la zona de Arauco
“que dio inicio a las negociaciones de trabajadores contratistas
con los holdings forestales matrices (Bosques Arauco, Forestal
Mininco) ... terminó con el saldo de un trabajador muerto”.
Estas
empresas son también responsables de la criminalización de la
oposición y de largas penas de prisión impuestas a los oponentes.
La excepción ocurrió el 15 de junio de 2007, cuando por
primera vez, una empresa forestal –Mininco- perdió un juicio interpuesto
por un comunero mapuche, José Cariqueo. Sin embargo, cabe recordar
que durante cinco años José Cariqueo tuvo que sufrir prisión y
persecución por las falsas acusaciones de Mininco.
En
definitiva, al otorgar a estas empresas su sello, CERTFOR se está
otorgando a si mismo otro sello: el de defunción.
Artículo
elaborado en base a información de: Mapuexpresss. Trabajadores
Forestales denuncian a Empresa Arauco del Grupo Angelini, 15/11/07
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=2185
. Pehuén. Mapuche gana juicio a forestal Mininco, 15/6/07
http://www.pehuen.org/mapuche-gana-juicio-forestal-mininco
. El Quinto Infierno. Amplia gama de actividades en Santiago
y regiones por movilización de CUT http://www.elquintoinfierno.cl/2007/08/28/amplia-gama-de-
actividades-en-santiago-y-regiones-por-movilizacion-de-cut/
Cifras
de plantaciones certificadas, http://www.pefc.org/
y http://www.certfor.org/
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Papua New Guinea: Los isleños de Woodlark
exigen que se detengan las plantaciones de palma aceitera
Las
85.000 hectáreas del territorio de la isla Woodlark, en la provincia
de Milne Bay en Papúa Nueva Guinea, están casi completamente cubiertas
por un denso bosque de tierras bajas --bosque
seco en la parte oriental y selva tropical densa en la parte occidental--
que es hogar de
varias especies endémicas. En
la isla Woodlark hay especies únicas de ébano, entre ellas las
variedades de ébano negro azabache, gris y pardo; este tipo de
bosque es único en el mundo.
La
mayor parte de los 6.000 habitantes de la isla dependen del medio
ambiente natural disponible, así como de los recursos del mar,
sus huertos (plantan principalmente ñame, taro [Colocasia esculenta],
boniato y banana), la caza y la pesca, que tienen un papel menor,
aunque importante, en su dieta.
Ahora
la isla se enfrenta a la amenaza de ser tragada por un establecimiento
de palma aceitera, que forma parte de un proyecto de la empresa
malaya Vitroplant Ltd.
El proyecto incluye también la construcción de una planta de metyl
éster en Alotau, la capital de la provincia. Woodlark alimentará
esta fábrica con los frutos de la palma aceitera de los extensos
monocultivos de árboles que se convertirán en biodiésel para el
consumo interno y la exportación.
Este
establecimiento para la plantación de palma aceitera ocupará aproximadamente
60.000 hectáreas. La mayor parte del proyecto
se desarrollará en tierras fiscales y el resto en forma de aldeas
de palma aceitera, es decir palma aceitera en tierras consuetudinarias.
La
empresa ha solicitado un Permiso Ambiental que todavía no ha obtenido.
En la solicitud declararon que todos los
requisitos necesarios habían sido cumplidos, incluidas las consultas
con los propietarios de las tierras.
Sin
embargo George Laume, de CELCOR INC, Amigos de la Tierra-PNG,
recibió informes de personas de la isla
relativos al proyecto de palma aceitera y sus conclusiones es
que sigue habiendo falta de consulta y que las comunidades se
oponen a esta iniciativa.
El
mes pasado, Jeremy Hance declaró en su informe (1) que “según
los isleños, nunca se los consultó en relación con los planes
antes de que el gobierno otorgara la concesión a Vitroplant Ltd”.
El Dr. Simon Piyuwes es un médico nacido en la isla que se ha
convertido en defensor de la lucha contra la plantación de palma
aceitera. Hance menciona las “muchas razones” de Piyuwes “por
las que los planes de Vitroplant Ltd. resultan inaceptables para
los isleños. Declara que el madereo destruiría el ébano endémico
de la isla, provocaría la extinción de varias especies y amenazaría
la vida marina con los efluentes del proyecto. Anticipa no solamente
una catástrofe ambiental sino también la desintegración de la
cultura nativa, señalando que los planes de la empresa traerían
consigo “una conducta socialmente inaceptable en la isla” y declara
que todos los isleños terminarían amenazados de “morir de hambre”
puesto que “no habrá espacio para la caza y los huertos”. El
Dr. Piyuwes admite que aunque pueda haber algunos beneficios económicos
y de infraestructura cree que las desventajas superan por mucho
a las ventajas”.
Un
proyecto presentado por sus promotores como crucial para el desarrollo
de la isla se percibe por parte de mucha gente como una amenaza
para Papúa New Guinea. Recientemente más de cien isleños y simpatizantes
viajaron hasta la sede del gobierno provincial de Milne Bay, en
la ciudad de Alotau, para exigir que se detenga el proyecto de
palma aceitera y reclamar sus tierras.
Saben
que el proyecto Vitroplant --que implica la tala de bosque-- hará
que las aguas queden turbias, lo que a su vez implicará la muerte
de los arrecifes de coral por falta de sol. Los arrecifes así
como las zonas de pesca y de cría de peces (manglares) que proveen
de alimento a la isla, se verán afectados. Se perderán las posibilidades
de caza y recolección de alimentos del bosque. La gente de la
isla Woodlark pasará a depender de alimentos importados y procesados
y para sobrevivir no tendrá más remedio que trabajar en las plantaciones
de palma aceitera.
Se
ha sugerido en el plan ambiental que el proyecto generará puestos
de trabajo para otros ciudadanos de Papua Nueva Guinea. El trabajo
en las plantaciones de palma aceitera es intensivo y la escasa
población actual no podrá sostener por sí sola el peso de una
plantación de esta escala, por lo que seguramente habrá que importar
mano de obra para cubrir las necesidades laborales. Este país
es uno de los países de mayor diversidad cultural del mundo, en
el que se hablan más de 850 idiomas diferentes. Esto significa
que hay muchas diferencias culturales dentro de distancias relativamente
cortas. La introducción de grupos foráneos significará una enorme
presión sobre las poblaciones locales.
El
reclamo de suspensión de las plantaciones de palma aceitera surgido
desde las bases podría cambiar el curso de los acontecimientos.
A partir de la conciencia, la determinación
y el impulso de los isleños de Woodlark, ese cambio puede lograrse.
Artículo
basado en información brindada por George Laume, CELCOR INC.
Amigos de la Tierra-PNG, correo-e:
glaume@celcor.org.pg,
www.celcor.org.pg,
y (1) Biofuels versus Native Rights: Planned logging of Woodlark
Island for biofuels opposed by islanders and scientists, Jeremy
Hance, especial para mongabay.com, 12 de noviembre de 2007,
http://news.mongabay.com/2007/1112-hance_woodlark.html
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Swazilandia: Woodmark y SAPPI ignoran
las enseñanzas de un agricultor vecino
Peter
George es agricultor. O, para ser más precisos, era agricultor.
A mediados de la década de 1970 compró el establecimiento Elangeni
Farm en los frescos campos altos (“alto veld”) de Swazilandia.
Cultivó verduras y algunos árboles: eucaliptos y acacias. Iba
al mercado local dos veces por día para vender sus coles. Tenía
unas cuantas ovejas, pollos, dos vacas y un perro pastor medio
ciego. Después de unos años empezó con un pequeño criadero de
peces que abastecía a restaurantes y hoteles locales. Se construyó
su propia casa, se casó y formó una familia.
Cuando
compró el campo, había mucha agua de los arroyos que corrían por
las pendientes. A mediados de la década de 1980 la pastera Usutu
Pulp Company empezó a plantar pinos en los cerros. George se vio
obligado a dejar de cultivar cuando se secaron los arroyos de
su campo. En 1988 la empresa sudafricana de la pulpa y el papel
SAPPI pasó a ser accionista mayoritaria de la fábrica de celulosa
de Usutu y las plantaciones asociadas. “Para 1990 no había casi
agua para el cultivo de las verduras y muy poca para el consumo
doméstico”, explicó George. “Pero un día los arroyos no corrieron
ni siquiera durante la estación lluviosa y para eso tenía que
haber una buena razón”, añadió.
En
noviembre de 2007 formé parte de un equipo del WRM que visitó
Swazilandia. Junto a colegas de Amigos de la Tierra, que estaban
en Swazilandia para su reunión anual, visitamos la maloliente
y contaminante planta de celulosa de Usutu, perteneciente a SAPPI.
El agua del arroyo que corre a su lado era color negro azabache
a causa de los efluentes de la fábrica.
Peter
George nos invitó a visitar su establecimiento al día siguiente.
Cuando llegamos había trabajadores cortando eucaliptos plantados
en sus tierras que se habían quemado este mismo año. Desde que
los arroyos se secaron, el eucalipto es una de las pocas cosas
que puede cultivar. Las plantaciones de SAPPI cercanas al campo
de George estaban negras a causa del fuego. Este año SAPPI perdió
alrededor del 7% de sus plantaciones en Swazilandia debido a los
incendios.
Dimos
algunas vueltas por el campo y George nos mostró los lugares donde
Usutu Pulp Company había plantado pinos atravesando justamente
los arroyos que habían abastecido de agua su establecimiento.
SAPPI empezó a talar las plantaciones en 2002 y desde entonces
los arroyos volvieron a correr, aunque a uno le llevó 18 meses
recuperarse. SAPPI no ha vuelto a plantar hasta el borde de los
arroyos pero tampoco ha mantenido las franjas de 30 metros a lo
largo de ambas orillas que las reglamentaciones de Swazilandia
exigen. En un lugar los árboles estaban a un poquito más de diez
metros del arroyo.
George
nos señaló unos restos de pared, todo lo que queda de una vivienda,
hoy completamente rodeada por las filas de pinos de SAPPI. Los
cerros “habían sido pasturas y tierras labrantías para la población
local desde que podemos recordar”, dijo.
George
nos contó que en 1994 le escribió a SAPPI para quejarse de la
falta de agua en su campo. Siete meses después SAPPI respondió
prometiendo que investigarían el problema. SAPPI dijo que la investigación
llevaría dos años. George sigue esperando los resultados de la
investigación.
En
2004 George ya había empezado una demanda legal contra SAPPI.
No solamente su tierra se secó: “Los arroyos de otras personas
se habían secado y no siempre tenía la culpa la sequía”, señaló.
En
junio de 2006, Soil Association's Woodmark certificó las plantaciones
de Swazilandia de SAPPI como bien manejadas en virtud del sistema
del Consejo de Manejo Forestal (FSC, en inglés). En marzo de 2006
Peter George se reunió con el equipo asesor de Woodmark. El resumen
público de Woodmark reconoce que la reunión tuvo lugar pero brinda
pocos detalles. El resumen público menciona que los arroyos se
secaron pero añade que ahora “han vuelto a la normalidad”. No
hace mención al hecho de que durante 12 años prácticamente no
hubo agua en el campo. “El asunto relativo a la reducción del
caudal del agua a causa de la plantación de los árboles y la subsiguiente
demanda es 'sub judice' y por lo tanto está [sic] bajo consideración
judicial”, comentaron los asesores de Woodmark en el resumen público.
Según
la norma británica sub judice (expresión latina que significa
“pendiente de una decisión judicial”), la discusión pública de
casos penales actuales o futuros puede constituir un delito. El
objetivo de la norma es proteger el derecho de los acusados a
un juicio justo, pero en este caso Woodmark se esconde tras la
norma sub judice para impedir un debate legítimo.
Woodmark
parece querer que Peter George simplemente se vaya. Cuando los
asesores de Woodmark volvieron a visitar Swazilandia en 2007 para
su auditoría anual de las plantaciones de SAPPI, no lo invitaron
a su reunión de partes interesadas ni visitaron su campo.
En
agosto de 2007 George le escribió a Woodmark señalando que “SAPPI
no tiene permisos de plantación para las parcelas en cuestión
ni los solicitaron”. George tiene una carta de SAPPI que declara
que la empresa no tiene permiso de plantación para determinada
parcela, que es la tierra más arriba de Elangeni Farm. En su carta
a Woodmark, George añade: “En mi opinión, SAPPI no debería recibir
la certificación hasta que se arregle este asunto. Si dicha certificación
se otorgó, tomaré medidas para impugnarla”. Woodmark no ha respondido
las cartas de George.
Los
problemas que enfrenta Peter George en su campo de Swazilandia
no son exclusivos. El WRM ha informado de muchos ejemplos en países
del Sur de arroyos y fuentes de agua que se secan después de que
se establecen plantaciones industriales de árboles. En lugar de
ignorar a Peter George, los “peritos” de Woodmark deberían tener
la humildad de darse cuenta que tienen mucho que aprender de él.
Por
Chris Lang, http://chrislang.org
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Unión Europea y agrocombustibles: la insostenibilidad
de lo “sostenible”
Los
políticos europeos junto a otras instancias quieren justificar
la acelerada introducción de los agrocombustibles en los países
de la Unión Europea estableciendo criterios de supuesta sostenibilidad.
Sin embargo, antes de realizar evaluaciones completas, de consultar
a las poblaciones afectadas y de establecer estos criterios, los
objetivos o porcentajes obligatorios de agrocombustibles con los
que deben ser mezclados los combustibles fósiles ya están fijados
de antemano. Los porcentajes son tan altos (5,75% hasta 2010 y
10% hasta 2020) que son muchos los análisis que anuncian que son
imposibles de alcanzar.
Se
intenta presentar una actividad meramente comercial como la solución
a problemas ambientales y de cambio climático. Se crean problemas
sociales irreparables en poblaciones extremadamente vulnerables
de los países productores del Sur. Las plantaciones de palma,
sojales, cañaverales y otros cultivos siguen extendiéndose a costa
de bosques tropicales y otros ecosistemas fundamentales, despojando
a la población local indígena, afrolatinoamericana y campesina
de sus tierras y modos de vida.
Por
otra parte, la sustentabilidad económica de algunas industrias
parece depender de la continua amenaza a la estabilidad del clima
y del planeta. Actualmente, los impactos ambientales y sociales
de la producción de materia prima para agrocombustibles en los
países del Sur, como respuesta a la demanda procedente de los
países del Norte, tienen connotaciones que preocupan seriamente
a las comunidades y organizaciones sociales y ambientales. No
sólo por lo que ya está aconteciendo sino por la posibilidad de
que todo ello se multiplique exponencialmente y sin vuelta atrás.
Los precios de la tierra y de los alimentos experimentan importantes
subidas. Para la producción de los agrocombustibles se deforestan
bosques tropicales, afectando su biodiversidad y el modo de vida
de personas que habitan estos ecosistemas, y además se necesitan
grandes dosis de agroquímicos que contaminan a la población, los
suelos y las aguas.
La
Unión Europea está incluyendo en sus normativas la condición de
“sostenibilidad” de la materia prima para agrocombustibles importados
de los países del Sur. No obstante, no cuenta actualmente con
ningún sistema que garantice el cumplimiento de estándares sociales
y ambientales. Es más, ningún sello de certificación social y
ambiental aplicados en la actualidad en otros ámbitos similares
arroja los resultados inicialmente deseados. Las iniciativas que
se encuentran en marcha para certificar la “sostenibilidad” de
los agrocombustibles tienen una participación predominante de
gobiernos y otras instituciones de los países del primer mundo,
de las empresas y de organizaciones que favorecen sus intereses,
pero no toman en cuenta los impactos actuales ni las preocupaciones
de las organizaciones sociales del Sur, ni a las poblaciones potencialmente
afectadas. Se trata de puro “lavado verde”.
Todo
lo referido hace preguntarse lo siguiente: ¿de qué sostenibilidad
se está hablando?
Si
son las naciones industrializadas las que desarrollan los esquemas
de sustentabilidad, sin intervención de los países productores,
no se reflejarán las realidades ni las prioridades socioambientales
de éstos. Es más, en muchos casos estas prioridades no están claras
ni siquiera al interior de los propios países productores, cuyas
políticas están en la mayoría de los casos altamente influenciadas
por transnacionales y políticas de apoyo a éstas, como las del
Banco Mundial, el BID, los organismos de cooperación internacional,
etc. Por estas causas son los pequeños productores, la población
local, la más pobre, quien corre el riesgo de pagar todos los
costos, como ya está sucediendo en la actualidad.
Los
países del Norte tienen la obligación de considerar los impactos
que tienen sus políticas de comercio de agrocombustibles en otras
partes del mundo, concretamente en los países del Sur. Pero nadie
quiere renunciar a nada: las empresas no quieren renunciar a un
negocio en expansión que promete beneficios extraordinarios; las
agendas de los gobiernos parecen estar dominadas por las empresas
que son las beneficiarias y potenciales beneficiarias de este
negocio multimillonario y sucesor de la industria petrolera, por
lo menos por la ligereza con la que se establecen leyes y normativas
(eso sí, las fronteras europeas bien cerradas, y cada vez más
cerradas, no vaya a ser que los innumerables desplazados del Sur
Global puedan querer entrar “en casa”); los consumidores no quieren
renunciar a un nivel de vida que implica un gasto energético desmedido
en su vida diaria, lo que incluye el transporte individual, responsable
de 20 % de las emisiones globales de CO2.
Nadie
parece estarse planteando políticas serias y realmente efectivas
de ahorro energético, de disminución de los niveles desmedidos
y exagerados de consumo actual. Es significativo el hecho de que
cualquiera de los países de Latinoamérica, en los que se proyecta
una gran parte de la producción de las commodities para agrocombustibles,
tiene niveles significativamente más bajos de emisiones de CO2.
Para
esclarecer todas estas contradicciones, más de 190 organizaciones
de Norte y Sur están pidiendo una moratoria de 5 años para los
agrocombustibles (el texto de la moratoria está disponible en
varios idiomas. Texto y adhesiones a través de
www.econexus.info). Recientemente, el relator especial de
la ONU para la seguridad alimentaria, Jean Ziegler, también aludió
en su informe a la necesidad de una moratoria.
Actualmente
no existe una definición común internacionalmente aceptada y consensuada
de “agrocombustible sostenible”. Entonces, políticos, ciudadanos
de la Comunidad Europea, seamos honestos: ¿De qué hablan cuando
hablan de la sostenibilidad para la producción de agrocombustibles?
¿De que las compañías productoras tengan asegurado para siempre
el abastecimiento de materia prima para la producción de combustibles
como agro-diesel y del agro-etanol? ¿De sostener un modo de vida
ostentoso y derrochador? Tal vez sería más justo y humano preocuparse
de que los indígenas y campesinos del Sur Global tengan asegurada
para siempre su medio ambiente, en especial las últimas selvas
tropicales, su soberanía alimentaria y su forma de vida.
Extraído
y adaptado del artículo de Guadalupe Rodríguez al cual puede accederse
en:
http://www.wrm.org.uy/temas/Biocombustibles/Union_Europea_agrocombustibles.html,
Guadalupe Rodríguez, Campaigner Selvas Tropicales y Derechos Humanos,
Salva la Selva, Latinoamérica, correo electrónico: Guadalupe@regenwald.org,
www.salvalaselva.org
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