Indonesia:
nuevo informe acerca de los impactos de la
expansión de las plantaciones de palma aceitera sobre los derechos
humanos
El
gran tema de la tenencia de la tierra subyace tras el problema de
los planes de plantación de palma aceitera en Indonesia y el resto
del mundo. Al ocupar grandes áreas de tierras comunitarias donde
antes se sembraban cultivos destinados a la alimentación y a la
venta y se cosechaban medicinas y materiales de construcción, los
monocultivos de palma aceitera erosionan los derechos y el sustento
de las comunidades locales.
Las
empresas ingresan con promesas, engaños y sobornos lo cual, combinado
con la falta de conciencia de las comunidades locales respecto de
sus derechos, está llevando a la privatización en gran escala de
la tierra y los recursos naturales.
El
aceite de palma (un aceite vegetal que ya se usaba extensivamente
en la producción de alimentos, cosméticos y alimentación animal)
está siendo ahora crecientemente demandado como agrocombustible.
En respuesta a este mercado creciente se están estableciendo plantaciones
de palma aceitera en América Latina, África occidental y el sudeste
asiático. Indonesia, el mayor productor mundial de aceite de palma
crudo, ya aumentó a 7,3 millones de hectáreas sus plantaciones de
palma, que proyecta extender a otros 20 millones de hectáreas, lo
que equivale a la suma de las superficies de Inglaterra, Suiza y
los Países Bajos.
El
reciente informe “Losing Ground. The human rights impacts
of oil palm plantation expansion in Indonesia” [http://www.wrm.org.uy/countries/Indonesia/losingground.pdf]
[“Perdiendo terreno. Los impactos sobre
los derechos humanos de la expansión de las plantaciones de palma
aceitera en Indonesia) de Amigos de la Tierra, LifeMosaic y Sawit
Watch, revela la forma en que las políticas gubernamentales indonesias
y las prácticas de la industria de la palma aceitera están perjudicando
los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas
y alega que frente a tales pruebas, las metas para el aumento del
uso de agrocombustibles en el Reino Unido y el resto de la Unión
Europea están mal fundadas y pueden llevar a daños ambientales y
abusos de los derechos humanos en una escala aun mayor.
