NUESTRA
OPINIÓN
-
Aridez y muerte versus diversidad y fertilidad:
una visión de las plantaciones desde las mujeres
Se
acerca el Día Internacional de la Mujer y, como forma de rendir
homenaje a las incontables mujeres que luchan por sus derechos,
quisiéramos compartir partes de una investigación llevada recientemente
a cabo por dos mujeres en Brasil, que por un lado aporta una visión
de conjunto de la lucha de las mujeres contra las plantaciones
en ese país y por el otro provee testimonios de mujeres locales
sobre como esas plantaciones han impactado sobre sus vidas y medios
de subsistencia.
En
el primer párrafo de trabajo las autoras recuerdan que “El 8 de
marzo de 2006, Día Internacional de la Mujer, dos mil mujeres
de Via Campesina, antes de la salida del sol, ocuparon el vivero
de plantines de la empresa Aracruz Celulose en el Estado de Rio
Grande do Sul y en una acción relámpago, con vendas de color lila
sobre sus rostros, destruyeron miles de plantines de eucalipto.
El movimiento tuvo como objetivo llamar la atención de la opinión
pública brasileña sobre los impactos producidos por los monocultivos
de eucaliptos y pinos sobre las personas y los ecosistemas locales.
... Las mujeres campesinas igualaron, en
su discurso, el desierto verde de los eucaliptos a
aridez y muerte e hicieron notar la relación entre diversidad
y fertilidad –factores que posibilitan la vida– y monocultivo
y desertificación –que representan a la muerte.
La investigación
incluye numerosos testimonios acerca de como las plantaciones
de eucalipto y la fábrica de celulosa de Aracruz afectaron a las
comunidades locales en general y a las mujeres en particular.
Por ejemplo Maridéia, una mujer indígena Tupinikim recuerda como
era la vida antes de la llegada de Aracruz: “Era tan maravilloso
que se abriese el río para nosotras. Lavábamos ropa, juntábamos
agua para beber, para hacer comida... Una pescaba peces, los agarraba
con un tamiz. El mujererío... ¡se juntaba tanta gente! Era el
lugar de lavar ropa. Terminaba de lavar ropa, uno se daba un baño
y se iba, ¿verdad?”
Esos
fueron los viejos y buenos tiempos. Luego llegó Aracruz y “acabó
con todo, ¿verdad? Acabó con todo lo que teníamos, acabó con nuestro
bosque, acabó con nuestro río, con los peces, la caza” (Rosa,
aldea Tupiniquim Pau-Brasil).
En
base a los testimonios de las mujeres, el informe concluye que
“En ese nuevo contexto, hombres y mujeres experimentan impactos
comunes y también diferenciados. Con la pérdida del territorio,
las mujeres perdieron sus quintas, lugares para las huertas, para
criar pequeños animales y para la producción de hierbas medicinales.
La
sustitución del bosque por la plantación de eucalipto llevó a
la pérdida del alimento otrora traído por los frutos, por la pesca
y por la caza. El fin del bosque tropical produjo, asimismo, la
extinción de ríos y arroyos, que eran los lugares de encuentro
de las mujeres y un espacio privilegiado de intercambio de saberes
femeninos. Indígenas y quilombolas tuvieron que convivir con la
contaminación del ambiente por agroquímicos utilizados por la
industria del monocultivo. La desaparición del bosque también
provocó el fin de la materia prima usada para la fabricación de
los utensilios y de la artesanía que, en el caso indígena constituye
una actividad prioritariamente desarrollada por mujeres.
La
pérdida de la biodiversidad significó la pérdida de gran cantidad
de medicamentos oriundos de las plantas, raíces y animales del
bosque; vetó a las mujeres indígenas guaraníes, que antes hacían
el uso de hierbas para estimular y reducir la fertilidad, el derecho
a su planificación familiar, dejándolas rehenes de anticonceptivos
y ligaduras de trompas. Indígenas y quilombolas tampoco encuentran
más a los cipós, a los árboles y a las grasas de animales usados
para la práctica de su medicina.
Algunas
mujeres indígenas, portadoras de un rico conocimiento sobre la
fauna y la flora, fueron transformadas en empleadas domésticas,
jornaleras, niñeras y cocineras de los funcionarios de Aracruz
Celulose. La obligatoriedad de desempeñar esas nuevas tareas afectó
el ejercicio de la maternidad, forzándolas a dejar de amamantar
a sus hijos más tempranamente o dejarlos, todavía bebés, para
cuidar a los hijos de mujeres urbanas.
Considerando
las transformaciones vividas, esas poblaciones construyeron alianzas
con movimientos y ONG solidarios a su lucha. Hoy se articulan
en red, buscando, cada vez más, aumentar su capacidad de resistencia.
Las mujeres, que también son protagonistas de esas luchas, inician
un proceso de organización en espacios específicos, buscando discutir
los impactos del monocultivo del eucalipto que inciden sobre ellas
y las maneras de contribuir para recomponer el modo de vida de
su pueblo”.
“Las
mujeres indígenas y quilombolas, que compartieron durante tantas
décadas los impactos del monocultivo del eucalipto, buscan ahora
compartir su experiencia organizativa, descubriendo juntas los
caminos de la libertad. Mujeres que están cada vez más cerca y
que se fortalecen mutuamente, luchando contra la opresión del
agronegocio y del patriarcado”.
Si
bien lo que antecede ilustra una situación concreta en una región
específica de Brasil, sabemos que un sinnúmero de mujeres que
viven en áreas de plantaciones en distintos países de América
Latina, África y Asia encontrarán sus problemas reflejados en
esta investigación. En este Día Internacional de la Mujer esperamos
que la evidencia presentada en este documento sirva a sus luchas
para frenar este modelo de plantaciones a gran escala que simboliza
“aridez y muerte”, hacia un tipo de desarrollo que represente
“diversidad y fertilidad, factores que posibilitan la vida”.
(1) Barcellos,
Gilsa Helena y Ferreira, Simone Batista (2008).- Mujeres y Eucalipto:
Historias de Vida y Resistencia. Impactos del monocultivo de eucaliptos
sobre mujeres indígenas y quilombolas en Espírito Santo, enero.
http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Libro_Mujeres.html
inicio
COMUNIDADES Y BOSQUES
-
Amazonía: el derecho de los pueblos a vivir
en aislamiento voluntario
En
el artículo “PUEBLOS OCULTOS EN LA SELVA ¿Derecho a vivir la propia
Amazonía?” (*) la escritora argentina Elina Malamud incursiona
con gran sensibilidad en las condiciones que han llevado a numerosos
pueblos de la selva a un aislamiento escogido voluntariamente.
La autora recoge palabras del brasileño
Sydney Possuelo, adalid de la lucha por la defensa de los derechos
de los grupos indígenas a continuar su estilo de vida: “Si fuéramos
más decentes, no habría pueblos aislados pero nuestra conducta
los ha llevado a buscar protegerse de nosotros. Su aislamiento
no es voluntario, es forzado por nosotros.”
La Amazonía --codiciada desde la conquista de los españoles por
el oro, luego el caucho, el petróleo, las maderas preciosas--
fue apropiada con “angurria” por aventureros y mercantilistas,
que dejaron tras de sí un trasiego de enfermedades, muerte y desintegración
entre sus pobladores. Hoy, las obras civiles vinculadas a proyectos
de desarrollo (como la carretera transamazónica y las represas)
así como la expansión agroindustrial siguen teniendo los mismos
efectos devastadores sobre la integridad física y cultural de
los pueblos indígenas de la Amazonía.
Possuelo, testigo de primera mano de cómo opera “la integración”,
lo relata: “El contacto traía aparejado desestructuración grupal,
necesidades artificiales –“si les das ropa, luego debes darles
jabón para que la laven”-, descontrol personal, borrachera, prostitución,
destrucción, porque lo peor de todo eran las epidemias que nosotros
curamos a diario con una pastilla pero para las cuales los indios
del corazón de la selva carecían de cualquier defensa inmunológica
y morían sin remedio, solos, abandonados en la selva por sus hermanos”.
“Desde 1987, yo pasé del contacto a la protección, es decir al
no contacto, al derecho al aislamiento como la mejor manera de
preservarlos.”
Estos grupos indígenas, por su estilo de vida, son autosuficientes
en su medio y --en la medida que éste no sea alterado-- viven
en la abundancia de lo que la selva les da: “caza, pesca, frutas
y maderas combinado con la horticultura de roza y quema, recursos
de flora y fauna que sus prácticas culturales y su baja demografía
permiten que sean renovables”.
Los grupos que han escogido aislarse tienen ese derecho, reconocido
por las Naciones Unidas. Y la autora argumenta que más que eso,
tienen “el derecho a un reconocimiento político y jurídico por
parte de los Estados nacionales, a la propiedad colectiva de sus
territorios, de sus recursos, de sus genes, de sus conocimientos
culturales.”
A todos y todas nos compete reconocer y defender sus derechos
e impedir que continúen las historias de genocidio y muerte, de
los pueblos y de los bosques.
(*)
“Pueblos ocultos en la selva ¿Derecho a vivir la propia Amazonía?”,
Elina Malamud, 5 de febrero de 2008,
http://www.ecoportal.net/content/view/full/75895
inicio
-
Colombia: decisión constitucional por Ley
Forestal da victoria a organizaciones sociales
El
28 de marzo de 2006, en medio de una fuerte presión del gobierno
y de la industria maderera, se aprobó en Colombia la ley 1021,
conocida como “Ley Forestal” (ver boletín Nº 105 del WRM), que
permitía que los grandes inversionistas madereros accedieran fácilmente
y con privilegios a los bosques del país, comprometiendo así el
futuro de los bosques tanto públicos como de propiedad de las
comunidades indígenas y afrocolombianas.
En
2007, el “Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad
de los Andes”, con el apoyo de amplios sectores sociales colombianos
e internacionales, presentó una demanda por inconstitucionalidad
de la Ley Forestal.
El
23 de enero de este año la Corte Constitucional se pronunció declarando
“inexequible” --es decir que deja sin efecto-- la Ley Forestal,
dándole así la razón a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas,
quienes habían denunciado reiteradamente su carácter inconstitucional
por no cumplir con la exigencia de consultarles y darles participación
en el proceso de formulación y aprobación de dicha ley.
En
un comunicado a la opinión pública firmado por numerosas organizaciones
sociales colombianas (1) se señala que: “Esta sentencia
erige de nuevo una salvaguardia fundamental para la integridad
de las minorías étnicas y controvierte y frena las pretensiones
gubernamentales de liquidar la consulta previa, las concepciones
que pretenden convencernos que es irreversible la liquidación
de los derechos colectivos y de la integridad cultural, social
y económica de los pueblos y comunidades étnicas”.
Según
reflexiona el grupo colombiano Semillas: “Con esta decisión de
la Corte Constitucional ganamos todos los colombianos que creemos
que un mundo más justo y sostenible es posible. Este triunfo abre
una ventana de esperanza y recarga las fuerzas en los procesos
de resistencia y de lucha de la sociedad en general, frente a
este modelo de privatización de todos los bienes públicos y el
vaciamiento de los territorios colectivos” (2).
Se
trata de una victoria de la lucha popular de numerosas organizaciones
sociales de Colombia que ha logrado una decisión de alto rango
que sienta jurisprudencia. Corresponde celebrarla.
Artículo
basado en: (1) “Comunicado a la Opinión Pública. La liberación
del derecho a la consulta previa. La Corte Constitucional, declara
inexequible la Ley General Forestal, enero 23 de 2008”, enviado
por Diego Alejandro Cardona Calle, Censat
Agua Viva, correo electrónico: La Corte Constitucional declara
inexequible la Ley Forestal”, Grupo Semillas,
http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=I1----&x=20155467
inicio
- México: la lucha contra la tala ilegal
sigue, con amenazas contra defensores
En
México, la lucha por la defensa de los bosques sigue en marcha.
Activistas que buscan proteger sus ecosistemas siguen siendo víctimas
de amenazas por taladores ilegales, a menudo protegidos por las
propias autoridades.
Un
caso relevante en esta lucha es el del ambientalista tlahuica
Ildefonso Zamora, su familia y su comunidad, quienes en San Juan
Atzingo, municipio de Ocuilán en el Estado de México, defienden
los bosques. Desde 1998, Ildefonso Zamora ha denunciado el problema
de la tala ilegal en su comunidad, ubicada en las inmediaciones
del Parque Nacional Lagunas de Zampoala, una de las zonas más
afectadas por la tala ilegal a nivel nacional. Greenpeace ha llamado
a esta zona “el gran bosque de agua”, ya que contiene dos por
ciento de la biodiversidad del mundo y proporciona tres cuartas
partes del agua que se consume en la Ciudad de México.
En
años recientes, Ildefonso, su familia y otros líderes tradicionales
de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo han sido
víctimas de amenazas por parte de los taladores, debido a sus
reiteradas denuncias. Algunos de estos sucesos han incluido disparos
afuera de domicilios familiares, amenazas de muerte, confrontaciones
en vehículos en la carretera y aun amenazas dirigidas al alcalde
municipal.
El
incidente más terrible contra estos y estas defensores del bosque
fue el asesinato del hijo de Ildefonso, Aldo Zamora, de 21 años,
en una emboscada de la carretera por un grupo de taladores. Después
de un negligente retraso, el arresto de dos hombres involucrados
en el ataque ocurrió a 79 días del homicidio. A la fecha, cuando
han transcurrido 9 meses desde el asesinato de Aldo, dos de los
cuatro asesinos siguen prófugos, a pesar de que han sido claramente
identificados y existen órdenes de aprehensión en su contra. Aunque
el Presidente de México, Felipe Calderón, se comprometió públicamente
en julio de 2007 a que habría justicia, la impunidad ha prevalecido.
Como
consecuencia de la notoriedad del caso, las autoridades han realizado
operativos policíacos y militares en la zona de reserva ecológica
Parque Nacional Lagunas de Zempoala, donde se encuentra el municipio
de Ocuilán, con un gran despliegue de agentes. Sin embargo estos
operativos han dando resultados magros, notorios únicamente durante
el período de implementación de los mismos. Por otra parte, según
la propia comunidad, habitantes locales que cortan madera para
uso domestico fueron detenidos en los operativos sin que los verdaderos
taladores ilegales hayan sido aprehendidos.
El
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro
Prodh), en la Ciudad de México, ha trabajado junto con la familia
Zamora y la comunidad de San Juan Atzingo mediante acciones legal,
educativas, de difusión y de denuncia internacional. En junio
de 2007 el Centro Prodh y Greenpeace México presentaron ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud
de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física
de la familia Zamora. En enero de 2008, el Centro Prodh también
presentó un informe sobre el caso a la Representante Especial
del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Defensores
de los Derechos Humanos.
Cabe
señalar que estos hechos ocurren en un contexto generalizado de
hostigamiento y descrédito de los y las defensores de los derechos
ambientales en México. El asesinato de Aldo Zamora remite a casos
como el de Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Felipe Arreaga y
Albertano Peñaloza, ambientalistas de La Montañas de Guerrero;
y los casos de las ambientalistas indígenas rarámuris Isidro Baldenegro
y Hermenegildo Rivas, en el estado de Chihuahua.
Que
defender el medio ambiente en México todavía signifique poner
en riesgo la vida y la libertad, evidencia el claro incumplimiento
de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Entretanto, la familia Zamora y su comunidad guardan la memoria
de Aldo, y demandan justicia y seguridad.
Para
más detalles del caso y para enviar una carta a las autoridades
pidiendo justicia en el caso, consúltese:
www.centroprodh.org.mx
y
el sitio web de Greenpeace México:
http://www.greenpeace.org/mexico/press/releases
/caso-aldo-zamora-seis-meses-d
inicio
-
República Democrática del Congo: comenzó
la invasión de la palma aceitera
Nacida
a la independencia en 1960, la República Democrática del Congo
ha vivido desde entonces en medio de contiendas. Su antiguo gobernante
colonial, Bélgica, así como EEUU, la Unión Europea e instituciones
financieras internacionales como el Banco Mundial han sido actores
ocultos y partes interesadas clave en un drama donde la rivalidad
étnica atrapó la atención del mundo escondiendo al mismo tiempo
las luchas económicas por las riquezas de un país que llegó a
ser el mayor exportador mundial de cobalto y el cuarto exportador
de diamantes y figuró entre los primeros diez productores mundiales
de uranio, cobre, manganeso y estaño.
La
guerra civil que asoló el país entre 1998 y 2002, seguida hasta
ahora de combates renovados, en gran medida tuvo por fin asegurar
los intereses sobre los diamantes, el oro, el coltan, el cobalto,
el marfil y la madera. En esta guerra estuvieron implicados no
solamente nueve de los Estados vecinos del Congo sino también
varios países occidentales, prestando apoyo a los rebeldes o al
gobierno.
Una
compleja red de empresas occidentales con intereses directos e
indirectos en la región han intentado controlar los recursos naturales
del país: Anglo American, American Mineral Fields, Barclays Bank
y De Beers del Reino Unido; Texaf, George Forrest International,
Petrofina y Union Minière de Bélgica; Tenke Mining Company de
Canadá; Bayer A.G. de Alemania; America Mineral Fields, Cabot
Corporation y Brown & Root (filial de Halliburton) de EEUU,
por nombrar unas pocas.
La
guerra, emprendida y armada por intereses comerciales extranjeros,
se hizo al costo de la empobrecida población local. Dejó en el
país 3,8 millones de víctimas.
Los
pueblos de los bosques como los Mbuti, Sua, Aka, Efe, Ituri, Batwa,
Luba, Mongo, Azande, Bangi, Ngale, Rundi, Teke, Boa, Chokwe, Lugbara,
y Banda han vivido en estas tierras desde tiempos antiguos. No
se los consultó cuando los poderes coloniales se apropiaron de
sus territorios, ni durante el neocolonialismo cuando actores
similares se quedaron con el poder. El madereo industrial, la
agroindustria y los proyectos de conservación no solamente no
les han traído beneficios sino que implicaron el desalojo de comunidades
que viven o dependen de los bosques. Se calcula que seis millones
de personas ya han sido desplazadas en el país, donde unos 40
millones de personas de un total de 62,6 millones dependen del
bosque para sobrevivir. Ya han muerto millones, sobre todo de
hambre y enfermedades. Viven en medio de las mercancías que más
se valoran comercialmente en el mundo, pero se han convertido
en meras víctimas y sujetos de la ayuda humanitaria.
Aunque
los combates continuaron en algunas partes del país, el Congo
tiene ahora un presidente electo, Joseph Kabila, confirmado por
las elecciones generales de 2006. Según un
informe reciente de BBC News “Kabila ha contado con el claro apoyo
de gobiernos occidentales como EEUU y Francia, aliados regionales
como Sudáfrica y Angola y empresarios y magnates mineros que bajo
su gobierno firmaron multimillonarios contratos en dólares”.
La
reciente aparición de China como rival serio en la contienda por
obtener las ganancias derivadas de los altos precios de los bienes
de consumo ha cambiado las cosas en forma radical. Según un informe
de John Farmer y Ann Talbot, “China se estableció en el Congo
aportando US$ 8.000 millones para proyectos de infraestructura
y operaciones mineras. Este acuerdo permitirá a las empresas chinas
controlar varias minas de cobre y cobalto importantes. Desde que
se anunció la inversión china, todos los gobiernos que temen que
sus intereses en el Congo puedan verse perjudicados han estado
haciéndole la corte al presidente Kabila”.
La
mesa está servida. Todavía quedan millones de hectáreas de valiosos
bosques tropicales, que irónicamente se salvaron de la devastación
a causa de la guerra, prontos para ser saqueados. En estrecho
vínculo con el madereo industrial, también se proyecta usar zonas
de bosques para establecer monocultivos de palma aceitera que
alimenten el floreciente mercado de los agrocombustibles para
los automóviles estadounidenses y europeos así como para la insaciable
demanda china de aceite de palma.
A
pesar de los innumerables testimonios que pueden encontrarse en
Colombia, Camerún, Indonesia, Ecuador y muchos otros países sobre
los impactos de los monocultivos de palma aceitera en gran escala
y la forma en que privan a las comunidades de su sustento, el
discurso oficial sigue diciendo que son buenas. Por ejemplo, el
Dr Schmidhuber, economista de la ONU, dijo que la República Democrática
del Congo podría dedicar millones de hectáreas a las materias
primas para la producción de agrocombustibles, incluida la palma
aceitera. Ignorando el modo en cómo se da el proceso en todos
los demás lugares, dice también que las inquietudes ambientales
no serían tanto problema en la RDC puesto que hay grandes superficies
de tierras cultivables fuera de las zonas de bosque tropical.
Tal argumento no solamente ignora la presencia de personas que
viven en estas zonas o dependen de ellas sino que es completamente
erróneo. El motivo es simple: lo que hace a las plantaciones
de palma aceitera realmente lucrativas es poder ganar acceso a
las zonas de bosque, talarlo, vender la madera y luego plantar
la palma aceitera con las ganancias resultantes.
El
proceso destructivo ya ha comenzado. En octubre de 2007 una empresa
china firmó un contrato de miles de millones de dólares para establecer
más de tres millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera
en el país. La invasión empezó y los bosques, salvados de la destrucción
por la guerra, ahora se destruirán en paz.
Artículo
basado en información de: “Further war threatens in Congo as rivalry
for resources intensifies”, John Farmer y Ann Talbot, 22 de enero
de 2008, (http://www.wsws.org/articles/2008/jan2008/cong-j22.shtml);
“DR Congo has great potential for biofuels says U.N. official”,
mongabay.com, 9 de enero de 2008,
http://news.mongabay.com/2008/0109-congo.html; “Country profile:
Democratic Republic of Congo”, BBC, (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/country_profiles/1076399.stm);
The World Guide, New Internationalist/Instituto del Tercer Mundo,
2001/2002, pp.179-181.
inicio
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS
DE ÁRBOLES
- Aumento de la pobreza,
conflictos por la tierra y deforestación: el historial de plantaciones
del Banco Asiático de Desarrollo
Desde
su primer proyecto forestal en 1977 el Banco Asiático de Desarrollo
ha desembolsado más de mil millones de dólares en proyectos forestales.
La mayoría de los proyectos forestales recientes del Banco fueron
calificados de “parcialmente exitosos o no exitosos”. El Banco
reconoce “problemas con el diseño y la aplicación de los proyectos”
y que “sus inversiones en el sector [forestal] han tenido un mínimo
impacto positivo sobre la pérdida y la degradación de los bosques”.
Incluso este “impacto mínimo positivo” es resultado de definir
una plantación como bosque. Según el Banco, la sustitución de
los bosques y tierras agrícolas de los campesinos por monocultivos
de árboles es algo “positivo”.
Más
del 80% de los préstamos del Banco para proyectos forestales fueron
para establecer plantaciones. Las plantaciones financiadas por
el Banco han fracasado repetidamente debido a una mala selección
de especies, incendios, enfermedades o porque las tierras donde
se establecieron ya eran usadas por la población local. Muchos
de los proyectos de plantaciones del Banco fueron mal diseñados
y escasamente supervisados.
Los
propios documentos del Banco revelan claramente los problemas,
tal como lo demuestran los siguientes extractos. Un proyecto en
Samoa Occidental se retrasó “debido a lo prolongado de las negociaciones,
y algunas veces el fracaso de las mismas, para el arriendo de
tierras de propiedad colectiva”. En Filipinas, un proyecto del
Banco “sufrió deficiencias en el diseño y la instrumentación del
Proyecto”. Las plantaciones establecidas tuvieron escaso mantenimiento
y “se caracterizaron por una tasa de crecimiento de los árboles
baja y muy despareja”. Un proyecto financiado por el Banco estableció
20.000 hectáreas de plantaciones en Bangladesh, pero los aldeanos
que participaron en el proyecto “solamente recibieron beneficios
mínimos”. El resultado fue “la impaciencia y un sentimiento de
resignación entre los participantes” y “un ambiente social potencialmente
hostil”. En un proyecto en Nepal solamente pudo plantarse cerca
de un tercio de la superficie de 5.000 hectáreas pretendida por
el Banco “debido principalmente a que allí había ocupantes establecidos”.
Un
Proyecto de Plantación Maderera en Indonesia aspiraba a establecer
plantaciones en 51.000 hectáreas de “praderas y matorrales improductivos”.
Al momento de finalizar el proyecto solamente se había plantado
poco más de la mitad de esa superficie
objetivo. El Informe de Conclusión del Proyecto (PCR) del Banco
califica de “asombrosos” los daños sufridos por las plantaciones
debido a incendios y especies que fracasaron. Las especies de
árboles que se seleccionaron para el proyecto “no se basaron en
ensayos de campo probados y no se reevaluaron lo suficiente durante
la planificación y preparación del diseño del sitio de plantación”.
Una
de las empresas que estaba llevando a cabo la plantación (Inhutani
III), tuvo enfrentamientos con los indígenas en Kalimantan Occidental.
Una ONG indonesia, el Instituto de Investigación y Desarrollo
de Dayakología, acusó a Inhutani III de usar la fuerza para hacerse
de las tierras de las comunidades indígenas. El Banco contrató
a un consultor por unas pocas semanas, quien rechazó las acusaciones,
aunque la superficie del proyecto se redujo para excluir las “zonas
donde podrían surgir potenciales demandas de tenencia de la tierra”.
En
virtud del Proyecto de Plantaciones Industriales de Árboles del
Banco en Laos se otorgaron préstamos a los agricultores para que
plantaran eucaliptos. Muchos de los árboles no crecieron, con
lo que los agricultores se quedaron sin medios para pagar la deuda.
“Miles de agricultores e individuos inexperientes se dejaron llevar
por las perspectivas de ganancias inalcanzables, con lo que en
su mayoría los agricultores quedaron con onerosas deudas, sin
perspectiva de pagar los préstamos y con plantaciones fallidas”,
señala un informe del Departamento de Evaluación de Operaciones
del Banco.
El
proyecto también apoyaba las plantaciones comerciales de árboles.
Una de las empresas involucradas, BGA Lao Plantation Forestry
(hoy propiedad de la japonesa Oji Paper) usó la financiación del
Banco para entrar con excavadoras en terrenos comunales, bosques
y tierras agrícolas de los aldeanos para así hacer lugar para
sus monocultivos de eucaliptos.
La
supervisión de los proyectos de plantación por parte del personal
del Banco es débil. En Laos, las misiones del Banco incluyeron
pocos viajes fuera de Vientiane. Entre 1996 y 2003 no hubo especialistas
forestales en ninguna de las misiones de revisión de los proyectos
del Banco en Laos. Entre julio de 2000 y febrero de 2002 no se
envió al país ninguna misión de revisión.
En
un proyecto anterior en Filipinas solamente se llevó a cabo un
estudio socioeconómico y solo una misión del Banco incluyó la
visita de un especialista forestal a los sitios del proyecto.
El Informe de la Auditoría del Desempeño del Proyecto (PPAR) señala
que “Hubo escasa o nula evaluación del desempeño del crecimiento
de la plantación, de la adecuación del diseño del Proyecto y de
la determinación de la competencia técnica del personal encargado
del Proyecto. No se brindaron recomendaciones técnicas para el
establecimiento de las plantaciones ni asistencia en el sistema
de administración para el seguimiento del desempeño del Proyecto”.
El
Banco ha venido llevando a cabo una revisión de su Política Forestal
desde el año 2000. Hace mucho tiempo que se necesita una discusión
abierta sobre los problemas creados por los préstamos del Banco
al sector forestal (así como los impactos sobre las personas y
los bosques de los préstamos del Banco para carreteras, represas
y minería). Pero el borrador de acceso público más reciente de
la política propuesta data de junio de 2003. Desde entonces el
personal del Banco ha prometido en muchas ocasiones que un nuevo
borrador estaría disponible para el público. En enero de 2008
el asistente principal del Banco para la coordinación de la información
que se brinda al público, Robert Paul S. Mamonong, prometió que
“se está revisando el borrador del informe de síntesis y se espera
que esté pronto para abril de 2008”.
Hace
pocos años Javed H. Mir, el especialista forestal del Banco, hizo
una presentación sobre un “Estudio regional sobre política forestal
y reformas institucionales” realizado por el Banco. El especialista
formuló una pregunta, “¿Qué es lo que no hay que hacer?”, que
él mismo respondió: “No repetir errores”. Para el Banco, seguir
este consejo representaría una ruptura importante con su historia.
Parece que repetir los errores es precisamente lo que el Banco
está determinado a hacer. El borrador de política forestal de
2003 del Banco, por ejemplo, se propone “aumentar la extensión
y la productividad de las plantaciones”.
En
lugar de seguir promoviendo problemas, el Banco debería dejar
de financiar plantaciones industriales de árboles.
Por
Chris Lang, http://chrislang.org
inicio
- España:
la certificación forestal de NORFOR/ENCE, un fraude más en el
FSC
La
empresa fabricante de pasta de papel ENCE posee monocultivos de
eucalipto en España y Uruguay certificados por el FSC. Una parte
de esas plantaciones, 12.000 hectáreas, repartidas en más de 200
parcelas, se concentran en el Noroeste del estado español (Galicia,
Asturias y Cantabria) y son gestionadas por una de sus filiales
forestales, NORFOR.
El
cultivo de eucalipto es una práctica que se realiza en Galicia
de forma masiva desde los años 50 y más desde que ENCE comenzó
a fabricar pasta de papel exclusivamente a partir de la madera
de este árbol. Hoy se puede comprobar el potencial destructivo
que lleva asociado este cultivo, que ha sido uno de los principales
agentes causantes de la proliferación de incendios, la erosión
y degradación de suelos, el empobrecimiento de las comunidades
rurales, los bajos ingresos actuales en la producción silvícola,
la pérdida de diversidad y la práctica desaparición en amplias
zonas del paisaje ecológico y cultural. El estado de degradación
de los montes que se ha alcanzado está llevando a las administraciones
a diseñar políticas destinadas al control de esta especie y a
su sustitución por otras más rentables y mejor adaptadas.
La
actividad forestal de NORFOR se ha caracterizado por el uso de
las técnicas de cultivo forestal más intensivistas y duras en
lo que se refiere a sus consecuencias sobre los sistemas biológicos
que soportan la producción pero, además, la actividad de la empresa
tiene consecuencias negativas en el ámbito económico ya que, siendo
el principal comprador de madera de eucalipto de Galicia, ejerce
como monopolio y ha provocado el derrumbe de los precios. Socialmente,
la actividad de la empresa repercute también negativamente, ya
que la imposibilidad de obtener otros recursos del monte como
consecuencia de las agresivas técnicas de cultivo que implica
la utilización incontrolada de grandes cantidades de agrotóxicos
como herbicidas, funguicidas e insecticidas, supone la eliminación
de gran cantidad de organismos que harían posible la apicultura,
la caza, la recolección de setas o la ganadería extensiva.
En
septiembre de 2004, tras una auditoría realizada por SGS que se
plasma en un delirante resumen público, se le concede la certificación
del FSC a NORFOR. A la certificación se le plantean reclamaciones
por parte de Greenpeace, WWF y la Asociación Pola Defensa da Ría,
de Pontevedra, apoyadas por el conjunto del movimiento ecologista.
En las reclamaciones se destaca, con evidencias, el incumplimiento
de la mayoría de los principios y criterios del FSC por parte
de la empresa, pero la falta de sensibilidad de SGS, NORFOR y
el propio FSC resulta absoluta; a pesar de que a SGS no le queda
más remedio que admitir el contenido de algunas de las quejas,
el certificado se mantuvo.
Por
fin, tras tres años de reclamaciones, los Servicios
de Acreditación de FSC Internacional (ASI) deciden realizar
una auditoría de seguimiento a SGS, la empresa que concedió el
certificado; en principio la auditoría se había programado para
estudiar los aspectos controvertidos de la certificación y atender
así a las reclamaciones que se venían presentando y manteniendo.
La auditoría de campo se realiza a finales de mayo de 2007 e incluye
un breve encuentro con los grupos ecologistas a principios de
junio. En este encuentro los miembros de ASI declaran que han
preparado y realizado la auditoría de campo sin haber leído el
contenido de las reclamaciones enviadas por la APDR (Asociación
pola defensa da Ría). Quedó así claro que los auditores
desconocían los hechos y evidencias de las reclamaciones y que
lo que se pretendía no era averiguar en qué medida éstas se referían
a hechos contrastados de la gestión forestal de NORFOR.
El
informe de auditoría resultó, como era de esperar, de pésima calidad
y de dudosa honestidad y no recoge más que una mínima parte de
los incumplimientos de estándares que incluyen las reclamaciones
a la certificación, no analiza los indicadores de los estándares
españoles, resuelve Incumplimientos Mayores de los Principios
con Solicitudes de Acción Correctivas Menores, minimiza los efectos
de las malas prácticas de NORFOR e indica que SGS ha realizado
un proceso de auditoría “profesional”. Aun así, ASI decide mantener
el reconocimiento a SGS como entidad certificadora y la certificación
de la empresa.
La
conclusión que se puede extraer es que el FSC, que ha tenido la
oportunidad de comprobar los elementos negativos de la gestión
forestal de NORFOR, al mantener el certificado ha decidido dar
un paso más hacia el fraude. El ASI del FSC no ha querido analizar
los aspectos reclamados para evitar tener que cancelar el certificado
de la empresa y retirar el reconocimiento a SGS.
Esta
falta de interés que demuestra el FSC por comprobar el cumplimiento
de los estándares y el gran número de empresas con certificación
denunciadas por los movimientos ecologistas y de defensa de los
derechos humanos en todo el mundo es indicativo de que los actuales
responsables del FSC han apostado a vaciar de contenido el certificado
y certificar sin tener en cuenta el cumplimiento de los estándares.
Ni siquiera la empresa muestra interés por mejorar su sistema
de gestión. Hoy en las parcelas de NORFOR se siguen apreciando
los mismos síntomas de degradación de suelos, se ocupan ecosistemas
protegidos para realizar monocultivos de eucaliptos, se utilizan
masivamente agrotóxicos, se oculta la situación de las parcelas
certificadas y se siguen incumpliendo la mayoría de los estándares
de certificación.
Ante
esta situación es necesario exponer ante la ciudadanía y las administraciones
el fraude que se oculta tras muchos productos del FSC, advirtiéndoles
que detrás del sello puede haber una mala gestión forestal, lo
cual es lo más posible si la madera procede de un monocultivo,
y que es posible que el “sello verde” oculte una actividad gravemente
dañina a nivel ambiental, económico y social, como ocurre con
los productos elaborados a partir de la madera de eucalipto de
NORFOR. Los consumidores deben saber que se conceden certificados
FSC sin que ello suponga promover una gestión forestal ambientalmente
responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable.
Por
Benito Andrade, Asociación Pola Defensa Da Ría
(APDR), correo electrónico:
apdr@apdr.info,
www.apdr.info
inicio
-
Indonesia: llamado a la acción contra
la certificación de las plantaciones madereras de Riau Andalan
Pulp and Paper
La
gigante de la celulosa PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP),
que opera en la provincia de Riau, ha solicitado al Sistema de
Certificación del Instituto de Etiquetado Ecológico de Indonesia
(LEI) que se le otorgue un Certificado de Manejo de Plantaciones
Forestales.
Las ONG de Riau, así como muchas otras ONG
regionales y nacionales, se oponen con firmeza a esta solicitud
en base a varios motivos, entre ellos:
* Según las imágenes de Landsat “hubo conversión
de tierras mucho antes de que se emitiera el permiso definitivo
el 1º de octubre de 2004”. De acuerdo con la “Respuesta Crítica”
(1) de Civil Society, mucho antes de que el Ministerio de Bosques
aprobara [la concesión de] 75.640 hectáreas a la empresa, PT.
RAPP había talado el bosque natural en el lugar donde se sitúa
su Sector de Pelalawan.
* 46,43% de la superficie total de plantaciones
industriales de PT. RAPP en el sector de Pelalawan está dentro
los límites del Bosque Protegido designado en virtud del Plan
Espacial de 1994 de la provincia de Riau (RTRWP), lo que constituye
una violación directa de varios criterios y normas del gobierno
que permiten las plantaciones industriales de madera solamente
en tierras clasificadas como “Bosques para la producción” (para
la extracción de madera).
*
Antes de su explotación a manos de la empresa, toda la zona HTI
(Hutan Tanaman Industri, “área de plantaciones de árboles
de crecimiento rápido”) de PT RAPP en el sector de Pelalawan había
sido un bosque prístino, tal como lo demuestra una imagen tomada
por Landsat en 1996.
En
su Llamado a una campaña de acción (2) lanzado en enero de 2008,
varias ONG:
1.
“exhortan al LEI a cancelar la
solicitud, que actualmente está siendo evaluada por la certificadora
Mutu Agung Lestari (MAL).
2.
exhortan a compradores y consumidores
a no comprar celulosa y papel fabricados por la empresa, pues
se están produciendo al costo de la destrucción del bosque y en
violación directa de las leyes indonesias existentes.
3.
apoyan al gobierno de Indonesia
(es decir, quienes hacen cumplir la ley) para que siga el proceso
legal contra la violación del permiso por parte de PT RAPP” .
Artículo
basado en los siguientes documentos:
(1)[http://www.wrm.org.uy/countries/Indonesia/
Civil_Society_Critical_Response.pdf]
(2)
[http://www.wrm.org.uy/countries/Indonesia/Campaign_Action.html]
producidos
por varias ONG y enviados por Rivani Noor, CAPPA, correo-e:
rivani@cappa.or.id,
www.cappa.or.id
inicio
-
Indonesia: nuevo informe acerca de los
impactos de la expansión de las plantaciones de palma aceitera
sobre los derechos humanos
El
gran tema de la tenencia de la tierra subyace tras el problema
de los planes de plantación de palma aceitera en Indonesia y el
resto del mundo. Al ocupar grandes áreas de tierras comunitarias
donde antes se sembraban cultivos destinados a la alimentación
y a la venta y se cosechaban medicinas y materiales de construcción,
los monocultivos de palma aceitera erosionan los derechos y el
sustento de las comunidades locales.
Las
empresas ingresan con promesas, engaños y sobornos lo cual, combinado
con la falta de conciencia de las comunidades locales respecto
de sus derechos, está llevando a la privatización en gran escala
de la tierra y los recursos naturales.
El
aceite de palma (un aceite vegetal que ya se usaba extensivamente
en la producción de alimentos, cosméticos y alimentación animal)
está siendo ahora crecientemente demandado como agrocombustible.
En respuesta a este mercado creciente se están estableciendo plantaciones
de palma aceitera en América Latina, África occidental y el sudeste
asiático. Indonesia, el mayor productor mundial de aceite de palma
crudo, ya aumentó a 7,3 millones de hectáreas sus plantaciones
de palma, que proyecta extender a otros 20 millones de hectáreas,
lo que equivale a la suma de las superficies de Inglaterra, Suiza
y los Países Bajos.
El
reciente informe “Losing Ground. The human rights impacts
of oil palm plantation expansion in Indonesia” [http://www.wrm.org.uy/countries/Indonesia/losingground.pdf]
[“Perdiendo terreno. Los impactos
sobre los derechos humanos de la expansión de las plantaciones
de palma aceitera en Indonesia) de Amigos de la Tierra, LifeMosaic
y Sawit Watch, revela la forma en que las políticas gubernamentales
indonesias y las prácticas de la industria de la palma aceitera
están perjudicando los derechos de las comunidades locales y los
pueblos indígenas y alega que frente a tales pruebas, las metas
para el aumento del uso de agrocombustibles en el Reino Unido
y el resto de la Unión Europea están mal fundadas y pueden llevar
a daños ambientales y abusos de los derechos humanos en una escala
aun mayor.
inicio
-
Tailandia: plantaciones de caucho contra
los bosques, la gente y la salud
El
reciente estudio “Rights of rubber farmers in Thailand under free
trade” [“Derechos de los caucheros de Tailandia en el régimen
de libre comercio”], de Sayamol Kaiyoorawong y Bandita Yangdee,
[http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/
Rights_of_rubber_farmers_in_Thailand.pdf], es una concienzuda
revisión de conjunto del negocio del caucho y sus actores en ese
país.
El
informe destaca que los primeros árboles de caucho traídos de
la península malaya y plantados en Tailandia en 1899 terminaron
convirtiéndose en un plan nacional de plantaciones integradas,
donde el caucho se cultivaba en combinación con plantas indígenas,
árboles frutales, plantas alimenticias y otras especies. Dicho
plan permitía a los agricultores no solamente cosechar el caucho
sino también obtener verduras, animales silvestres, hierbas, leña
y madera para la construcción.
Una
política de promoción de las plantaciones de caucho iniciada en
1911 y fortalecida en 1978 hizo que éstas se diseminaran
en las regiones sur, este y noreste del país hasta abarcar un
total de dos millones de hectáreas según datos de 2003. Y la tendencia
es seguir esta expansión. La expectativa es aumentar la producción
a 250.000 toneladas anuales en Tailandia con el fin de cubrir
la creciente demanda global de caucho para alimentar, entre otras,
a la industria del automóvil.
Este
aumento ha llevado a un cambio en el patrón de producción del
caucho, dando lugar al surgimiento de monocultivos en gran escala
que han hecho estragos en el medio ambiente y en la gente.
Las
plantaciones de caucho cambiaron el paisaje. Según el informe,
éstas “pueden verse en todo el sur de Tailandia, desde las tierras
altas hasta las planicies bajas. Además, desde el último proyecto
gubernamental de producción (2004-2006) empezaron a aparecer plantines
de caucho clonados en casi todas las provincias del país, reemplazando
a los cultivos de renta de ciclo corto.
También
han erosionado los ecosistemas, bosques incluidos: “Tratándose
de monocultivos, el uso de plaguicidas químicos y la ausencia
de otras plantas destruyeron la biodiversidad de los ecosistemas
y la coexistencia de la flora y la fauna”. “Al haber menos árboles
cubriendo el suelo, la evaporación del agua resultó afectada”
e incluso se redujo el nivel de las aguas subterráneas. Además,
en el sur algunas plantaciones de caucho fueron establecidas en
pendientes de entre 40 y 60 grados, lo que resultó en la erosión
del suelo.
Algunos
de los impactos sociales de estos monocultivos se relacionan con
la cultura consumista introducida por la producción de caucho
para la venta. Los caucheros ahora tienen que pagar para obtener
las cosas que antiguamente podían cosechar en el sistema integrado.
Ahora es el dinero el que tiene un papel activo y dominante en
la forma de vida de la comunidad, separando a las personas de
la naturaleza y también de la forma de vivir y trabajar de la
comunidad. Ahora “cada hogar se concentra en recolectar su caucho
para ganar tanto dinero como pueda. Como las plantaciones están
alejadas entre sí, su cooperación está, en efecto, disminuyendo”.
Las
autoras explican las consecuencias que tuvo dicho cambio en la
vida de las comunidades: “Recolectando productos naturales junto
con los productos obtenidos al transformar parcialmente la naturaleza
en bosques de caucho, las comunidades podían llevar una vida feliz.
En el pasado, los miembros de la comunidad
tomaban todas las decisiones. Pero
cuando se introdujo el sistema de plantación de caucho, los propietarios
de las plantaciones pasaron a estar obligados a cumplir estrictamente
con los requisitos del ORRIF [órgano gubernamental]. Con el enfoque
de los monocultivos los plantadores de caucho deben obedecer y
seguir las instrucciones que reciban. No tienen control sobre
el sistema de producción, el desarrollo de variedades de caucho,
el precio del caucho ni su venta. El monocultivo de caucho, por
lo tanto, está destruyendo la sabiduría local de producción de
variedades de caucho y los métodos agrícolas de los caucheros”.
Con
relación al trabajo en las plantaciones, un estudio citado en
el informe encontró que “estos caucheros no descansaban adecuadamente.
Por lo tanto, eran físicamente débiles y tenían dolores y molestias
a causa de los movimientos que tenían que hacer según los distintos
niveles del árbol de caucho que sangraban y la sobrecarga de los
baldes de látex que tenían que cargar. El comer en forma irregular
produjo úlceras pépticas”. Según otro estudio, “los dedos de los
pies y las uñas de los caucheros estaban arruinados y sus ojos
infectados a causa de las fumigaciones con productos químicos
sin protección adecuada”.
Las
plantaciones de caucho en gran escala han sido causa de incontrolables
brotes de enfermedades, degradación del suelo y erosión de la
capa superficial del suelo en las pendientes. Además, los precios
del caucho escapan al control de los agricultores y son vulnerables
a ser rebajados. Para las comunidades locales, lo que las espera
puede ser el colapso potencial de los ecosistemas y también de
sus vidas.
Artículo
basado en “Rights of rubber farmers in Thailand under free trade”,
de Sayamol Kaiyoorawong y Bandita Yangdee, Project for Ecological
Awareness Building, enviado por Sayamol Kaiyoorawong, correo-e:
noksayamol@yahoo.com
inicio
- Uganda:
¿por qué el FSC está certificando disputas territoriales y abusos
de los derechos humanos en Monte Elgon?
Monte
Elgon ha sido testigo de importantes disputas por la tierra desde
que en 1993 se lo declaró parque nacional. Los aldeanos fueron
expulsados del parque en 1993 y de nuevo en 2002. La zona que
rodea el parque está densamente poblada y los agricultores no
tienen muchas opciones que no sean volver al parque a sembrar
sus cultivos. Han estallado conflictos violentos entre la Autoridad
Ugandesa para la Vida Silvestre (UWA), la agencia responsable
del manejo del parque, y los aldeanos que tratan de ganarse la
vida. Los aldeanos dicen que los funcionarios de la UWA los han
amenazado, les han disparado y han cometido abusos sexuales contra
ellos. Muchas personas han sido asesinadas.
La
situación se complica más con el plan de plantaciones de árboles
para compensar carbono administrado por la holandesa Fundación
FACE junto con la UWA. La Fundación FACE ha estado plantando
árboles alrededor de los límites de Monte Elgon desde 1994. Se
supone que los árboles almacenan carbono, y en 2002 la empresa
Carbon Neutral Company empezó a vender créditos de carbono de
Monte Elgon (la Fundación FACE y Carbon Neutral Company comparten
el mismo director, Denis Slieker). En la actualidad Carbon Neutral
Company no está vendiendo créditos de Monte Elgon y la UWA y FACE
no están aumentando la superficie de árboles plantados (hoy cerca
de 8.000 hectáreas) a causa de las disputas.
La
zona del proyecto de UWA-FACE, de 25.000 hectáreas, está certificada
por el Consejo de Manejo Forestal (FSC) desde 2002. En abril de
2007 el organismo certificador del FSC, SGS Qualifor, visitó Monte
Elgon con el fin de reevaluar el proyecto de plantación de árboles.
Cuando los asesores de SGS llegaron a Uganda, la UWA solicitó
a SGS la certificación de todo el parque nacional de Monte Elgon.
De un plumazo la superficie que había que evaluar aumentó de 25.000
a 112.100 hectáreas. Impávidos, los cuatro integrantes del equipo
de SGS evaluaron el entero parque nacional en tres días.
SGS
presentó tres importantes solicitudes de acción correctiva durante
la evaluación de abril de 2007. Para cumplir con las normas del
FSC, el certificado solamente podía emitirse luego de que se hubieran
cumplido estas acciones correctivas. Sin embargo, SGS extendió
la validez del certificado por seis meses. Luego de una “visita
de conclusión” de un auditor de SGS en agosto de 2007, SGS emitió
el certificado. Esta “visita de conclusión” no implicó visitas
a la zona certificada ni conversaciones con ningún aldeano.
Accreditation
Services International (ASI), subsidiaria del FSC, es la responsable
de comprobar que los órganos certificadores cumplan las normas
del FSC. En abril de 2007, ASI también estuvo en Uganda para llevar
a cabo una auditoría anual de SGS. Según informó ASI, la certificación
de Monte Elgon a cargo de SGS se basó en las mejoras futuras esperadas
más que en lo que realmente estaba pasando en el parque nacional.
ASI comenta que “se han dado por cumplidas solicitudes de Acción
Correctivas Mayores en base a documentos y procedimientos a ser
instrumentados y no a partir de lo realizado a nivel de campo”
y añade que “el cumplimiento de los requisitos para la certificación
del FSC no está claro”.
Con
esta auditoría en Monte Elgon ya son cuatro las veces que ASI
nota que SGS no está cumpliendo con las normas del FSC: “Este
asunto es un incumplimiento recurrente que ha sido también señalado
tras las auditorías de supervisión que ASI llevó a cabo en Rusia,
Polonia y Guyana”.
SGS
es responsable de una serie de controvertidas certificaciones.
Tal como fue documentado por el WRM en 2006, éstas incluyen las
certificaciones de Mondi en Sudáfrica y Swazilandia, la de Norfor
en España (hoy objeto de una demanda formal de la ONG española
Asociación Pola Defensa da Ría), la de V&M Florestal en Brasil
(certificado retirado tras el asesinato a tiros de un aldeano
por parte de un guardia de V&M), la de Smurfit Cartón en Colombia,
las de EUFORES y COFOSA en Uruguay y la de otro proyecto en el
que participa la Fundación FACE (FACE PROFAFOR) en Ecuador. SGS
también certificó a Barama, la subsidiaria guyanesa de la empresa
maderera Samling, cuya sede está en Malasia. El certificado fue
retirado cuando una auditoría realizada por ASI en noviembre de
2006 reveló que SGS había emitido el certificado sin “una evaluación
apropiada contrastada con los requisitos de certificación del
FSC”.
Después
de descubrir que uno de los órganos certificadores del FSC está
certificando sistemáticamente en desacuerdo con las normas del
FSC, ciertamente lo único sensato que ASI puede hacer es suspender
la emisión de certificados del FSC por parte de SGS. En lugar
de esto, ASI solicitó que SGS “instrumente medidas apropiadas
para corregir la disconformidad detectada”. ASI había hecho la
misma solicitud un año antes, tras la auditoría de SGS del Directorado
Regional de Bosques Estatales en Bialystok, Polonia. En Monte
Elgon, ASI descubrió que SGS no había tomado ningún tipo de medida,
apropiada o no.
Cuando
los asesores de SGS visitan las aldeas que circundan Monte Elgon,
lo hacen acompañados de personal de la UWA. No sorprende que SGS
se haya encontrado con que los aldeanos no estaban muy dispuestos
a hablar de abusos sexuales o de violaciones de los derechos humanos
por parte de los guardias forestales de la UWA. En su resumen
público de la reevaluación de Monte Elgon, SGS reconoce que en
Monte Elgon hay disputas por la tierra. También
reconoce que hubo personas asesinadas. El criterio 2.3
del FSC declara que las “Disputas de magnitudes sustanciales que
involucren intereses numerosos y significativos, normalmente descalificarán
la certificación de una operación”. ¿Cuántas personas más deben
morir en Monte Elgon antes de que SGS acepte que se trata de una
disputa de “magnitudes sustanciales”?
En
julio de 2007 el periodista Stephan Faris, de la revista Fortune,
visitó Monte Elgon. El periodista informó de graves conflictos
por la tierra alrededor del parque nacional y descubrió que en
2006 se habían cortado medio millón de árboles de la Fundación
FACE. En la tierra desbrozada los aldeanos plantaron maíz, judías
verdes, maracuyá, palta y banano.
Pero
SGS prefiere la estrategia del avestruz cuando se trata de noticias
que podrían afectar su decisión de certificar Monte Elgon. En
setiembre de 2007 le escribí a Gerrit Marais, de SGS, para preguntarle
cómo podía SGS emitir el certificado dadas las disputas en Monte
Elgon. Le envié el enlace del artículo de Fortune
y le pedí sus comentarios. “No estoy al corriente del artículo
publicado en Fortune”, respondió.
Por
Chris Lang, http://chrislang.org
inicio
ÁRBOLES TRANSGÉNICOS
-
Bélgica: proyectan ensayos de campo de
álamos transgénicos para etanol
A
fines del año pasado, el Instituto Flamenco de Biotecnología (VIB),
un instituto de investigación en ciencias biológicas, solicitó
autorización para establecer en Bélgica un ensayo de campo de
álamos genéticamente modificados (GM). Los árboles GM tendrían
su contenido de lignina modificado con el fin de facilitar la
producción de etanol.
El
VIB se estableció en 1996. Financiado en gran parte por el gobierno
flamenco, el instituto emplea a más de mil científicos. El objetivo
del VIB es producir descubrimientos científicos con “potencial
de aplicación industrial” que luego patenta. Después firma acuerdos
con empresas existentes o establece nuevas empresas para que estos
descubrimientos se conviertan en “productos listos para el mercado”.
Para 2006 el VIB tenía patentes sobre cien de sus descubrimientos.
El
VIB tiene un equipo de comunicadores que produce información destinada
a educadores, periodistas y políticos. Organiza concursos en las
escuelas y brinda material educativo, libros, presentaciones y
exposiciones. Entre los materiales se cuentan títulos como “¿Qué
es la bioingeniería?”, “La seguridad de los cultivos de ingeniería
genética” y “Xenotrasplante: el animal en el hombre...”. En estos
atractivos folletos el VIB promueve la biotecnología, desestima
los riesgos y presenta a los científicos como expertos neutrales
interesados solamente en el bien de la sociedad. Entre tanto,
hace presión sobre los políticos para debilitar las reglamentaciones
sobre el uso de células humanas y los cultivos GM.
Según
la solicitud presentada a las autoridades belgas, el VIB pretende
plantar árboles GM en una parcela experimental de 0,24 hectáreas
en el parque científico e industrial de la Universidad de Ghent,
en Zwijnaarde. El plan es empezar a plantar los árboles en mayo
de 2008. El experimento debe durar hasta el fin de 2014.
El
género Populus incluye cerca de 30 especies de árboles,
nativos de la mayor parte del hemisferio norte, conocidos popularmente
como álamos. Es el árbol preferido de los científicos para la
experimentación genética. La primera liberación de árboles genéticamente
modificados del mundo fue un campo de ensayo de álamos GM resistentes
a herbicidas establecido en 1988 en Bélgica. Desde entonces, bastante
más de la mitad de los más de 200 ensayos de árboles GM del mundo
han sido con álamos. En 2006, el Populus trichocarpa se
convirtió en el primer árbol con código completo de ADN secuenciado.
Los
únicos árboles GM que se han liberado comercialmente son los álamos
y desde 2002 se plantan álamos GM en China. No se lleva un registro
de la cantidad de árboles plantados ni de los lugares donde se
plantaron. En 2004, Xue Dayuan del Instituto Nanjing de Ciencias
Ambientales dijo al periódico China Daily que ya habían aparecido
genes de los árboles GM en variedades naturales que crecen cerca
de aquéllos.
Dada
la gran cantidad de parientes silvestres, los riesgos de contaminación
genética son enormes. Los álamos pueden reproducirse mediante
brotes que crecen a partir de las raíces. El polen y las semillas
se diseminan con el viento “posiblemente a distancias bastante
grandes”, señala el VIB. Sin embargo, el Instituto declara que
“la regeneración de la semilla no se observa a menudo, puesto
que las condiciones ecológicas necesarias para la germinación
de las semillas y el desarrollo de los plantines rara vez se cumplen”.
Las expresiones “a menudo” y “rara vez” son poco tranquilizadoras
dado que el impacto de la contaminación genética en árboles no
GM es desconocido pero potencialmente devastador.
Sin
embargo el VIB declara que “Se espera que el impacto ambiental
de la liberación sea nulo, dado que los álamos GM no van a florecer
y que se destruirán todos los brotes nacidos de las raíces superficiales”.
Es cierto, los árboles que se plantarán serán clones femeninos
y no producirán polen. También es probablemente cierto que si
los árboles florecen, el VIB retirará las flores. Pero el impacto
ambiental de estos ensayos no será nulo.
El
VIB ignora el hecho de que el propósito de este ensayo es desarrollar
árboles GM para producir etanol. Para ser comercialmente viables
las plantaciones de álamos GM tendrían que cubrir vastas superficies
de tierra. Si se establecieran plantaciones de árboles GM en gran
escala, la contaminación genética de las variedades naturales
de álamos sería inevitable.
El
VIB no menciona
