Perú:
pretenden privatizar Amazonía para establecer monocultivos de árboles
El gobierno de Alan García
está impulsando el proyecto de ley 840, conocido también como “Ley
de la Selva”. Se trata de una ley referida a la promoción de la
inversión privada en reforestación y agroforesteria, por la cual
las tierras sin cubierta boscosa de la Amazonía peruana --denominadas
erróneamente deforestadas y eriazas, es decir, sin derechos adquiridos
sobre ellas-- podrían adjudicarse en régimen ya no de concesión
sino de propiedad privada. Esto abriría la puerta a los grandes
capitales para establecer plantaciones de árboles en gran escala,
que es a lo que suele dar lugar el término
"acciones de reforestación".
El argumento es que para
incentivar la reforestación es necesario atraer la inversión privada
y dar seguridad a los inversionistas. Para ello no alcanza con darles
una concesión de 40 años renovables, como lo establece la Ley Forestal
vigente, sino que hay que darles las tierras “en propiedad”, es
decir para siempre. Por otro lado, cuando el Estado entrega las
tierras en propiedad, ya no podrá controlar o exigir de la misma
forma que con la concesión.
Existe una fuerte resistencia
al proyecto, entre otras cosas, porque va contra del art. 66 de
la Constitución, que establece el carácter público de los recursos
naturales renovables y no renovables. También se denuncia que no
existe un catastro preliminar que delimite cuántas son las áreas
deforestadas en las que se puede invertir y dónde están, con lo
cual la ley se convertiría en un incentivo perverso para alentar
la deforestación y arrasar la Amazonía.
Por otra parte, en Loreto
(como en Ucayali o en Madre de Dios) no existen grandes áreas deforestadas
libres o eriazas, según se denuncia en un
artículo publicado por Servindi (1). Se aclara que “el modelo agrícola
tradicional de tala y quema, empleado por los campesinos e indígenas,
implica dejar en descanso por 10 ó 20 años el terreno cansado para
que se empurme y se recuperen los nutrientes del suelo. La mayoría
de las purmas [bosques secundarios en proceso de regeneración] en
Loreto tienen dueño, aunque carezcan de título”. Si bien también
ocurre que “de las cerca de 2.500 comunidades indígenas y campesinas
que hay en Loreto, menos de 500 están tituladas, y el resto carece
de ningún documento que certifique sus derechos de posesión sobre
chacras, purmas y bosques que usan y han usado por cientos de años
para su subsistencia”.
El 17 de febrero se realizó
la Primera Cumbre Amazónica, en Pichanaki, Junín, en la que, entre
otras cosas, se proclamó el derecho de las comunidades nativas a
las tierras de la Selva Central y la Amazonía y se rechazó “la pretendida
intención del Gobierno de Alan García, de poner en subasta nuestra
Amazonía a favor de grandes capitales extranjeros” (2).
La Segunda Cumbre Amazónica
se llevó a cabo el 12 y 13 de este mes en Pucallpa, región Ucayali.
En la oportunidad se relanzó la “Plataforma de los pueblos originarios
amazónicos ante al estado peruano y la comunidad internacional frente
al mundo unipolar” (3). En su plan de acción figura exigir “el archivamiento
definitivo del paquete legislativo que contiene el Proyecto de Ley
de la Selva”, porque “con esta propuesta de Ley se tiene la intención
de despojarnos de nuestros territorios y de los recursos naturales
de la Amazonía; por lo cual pedimos que se tome en cuenta nuestra
propia iniciativa de desarrollo comunitario como pueblo, y no ser
discriminados para favorecer al gran capital”.
Se produjeron numerosas
manifestaciones y huelgas en la zona de la selva central en rechazo
a la ley 840. En marzo de este año, en la página web de “Con nuestro
Perú” se informa que “Varios miles de indígenas de los pueblos Shipibo,
Konibo, Ashaninka, Yine y Cocama recorrieron ayer las principales
calles de la ciudad de Pucallpa para pedir al Estado peruano archivar
los proyectos de Ley 840 y 2133 o Ley de la Selva. A la marcha pacífica,
considerada una de las más grandes manifestaciones indígenas realizadas
en la región, se sumaron estudiantes, profesionales y alcaldes indígenas”(4).
Según informes de Servindi
(5), el Grupo Romero está detrás de la iniciativa gubernamental
y cuenta con diez millones de dólares para comprar dos millones
de hectáreas de tierra en la Amazonía apenas se apruebe el proyecto.
Una parte de los dos millones de hectáreas se dedicarían a la siembra
de plantaciones forestales para captura de carbono, que, gracias
al mecanismo habilitado por el Protocolo de Kyoto, pretende comercializar
en la Bolsa de Nueva York. También se beneficiarían las administradoras
de fondos de pensiones, algunos grupos de poder y altos funcionarios
del actual gobierno.
Tal como se pronunció
la Primera Cumbre Amazónica, “Declaramos en emergencia la Amazonía,
por el peligro que se cierne sobre nuestros pueblos y llamamos a
cada una de las Regiones de la Amazonía para prevenir la consumación
de la violación de nuestros derechos humanos y constitucionales,
del derecho a la vida y medio ambiente, a la biodiversidad de nuestros
recursos hídricos y energéticos”.
Artículo basado en información
proporcionada por Alain A. Salas Dávila, ONG Incodes, c.e. ongincodes@malko.com,
www.malko.com/ongincodes
y Carlos Felipe Dávila Obregón, c.e.: carlosfelipedaob@yahoo.es
(1) “Ley de la Selva y
Desarrollo Regional”, José Álvarez Alonso, Servindi,
http://www.servindi.org/archivo/2008/3346
(2) Primera Cumbre Amazónica,
16 y 17 de Febrero de 2008,
http://www.wrm.org.uy/paises/Amazonia/Cumbre.pdf
(3) Plataforma de los
pueblos originarios amazónicos ante al estado peruano y la comunidad
internacional frente al mundo unipolar,
http://www.wrm.org.uy/paises/Peru/Pueblos_Originarios_Amazonia.pdf
(4) Indígenas de Ucayali
marchan contra Ley de la Selva, 20 de marzo de 2008,
http://www.connuestroperu.com/index.php?option
=com_content&task=view&id=1681&Itemid=32
(5)
Perú: ¿Por qué es criticado el Proyecto 840, “Ley de la Selva”?,
enero de 2008, Servindi,
http://www.servindi.org/archivo/2008/3332
