NUESTRA
OPINIÓN
-
Un cuento sobre dos
convenciones
Érase
una vez ... un mundo que enfrentaba graves problemas ambientales
y todos los gobiernos se reunieron para hacer algo al respecto.
El histórico evento fue llamado Cumbre de la Tierra y tuvo lugar
en 1992, en el escenario tropical de Río de Janeiro.
Todo
el mundo estaba muy entusiasmado porque los gobiernos se habían
comprometido con la idea de un nuevo tipo de desarrollo – que
definieron como “sostenible” –, el cual evitaría los impactos
negativos sobre el ambiente generados por el modelo de desarrollo
que en ese entonces prevalecía.
La
gente quedó más esperanzada aún respecto al futuro cuando se
les dijo que los gobiernos asegurarían que toda la producción
fuera socialmente equitativa y ambientalmente inocua.
Como
prueba de la seriedad de los compromisos asumidos por los gobiernos,
se acordó la creación de un Convenio para la protección de la
diversidad biológica (CDB) y otro para la prevención del cambio
climático (identificado como CCC).
Sin
embargo, ambas convenciones fueron pronto secuestradas por el
ogro presente en casi todos los cuentos. Peor aún, este cuento
en particular tuvo una gran cantidad de ogros extremadamente malos
que solo querían devorar los recursos de la Tierra. La única “sostenibilidad”
que les interesaba era la del flujo de dinero hacia sus bolsillos.
Como
todos y todas sabemos, desafortunadamente ésta es una historia
verdadera sobre cómo las empresas transnacionales tomaron el control
de ambas convenciones. Como resultado de ello, en lugar de proteger
la diversidad biológica, el CDB ha generado espacios para el control
empresarial de la riqueza biológica terrestre, incluida la manipulación
genética de formas de vida. En lugar de trabajar para evitar el
cambio climático, la CCC ha colaborado en la creación de un mercado
de carbono, inútil en cuanto al clima pero extremadamente rentable
para las mismas empresas que lo están destruyendo.
Y
esas empresas han sido tan exitosas que, a 16 años de la aprobación
de los convenios, la diversidad biológica continúa desapareciendo
en bosques, praderas y pantanos, mientras que el cambio climático
sigue aumentando. Peor aún, ambas convenciones se han transformado
en herramientas útiles para generar ganancias empresariales en
industrias como la biotecnología, la agroindustria, la hidroenergía,
la energía nuclear y otras, al tiempo que permite que los peores
criminales de la biodiversidad y el clima – encabezados por la
industria petrolera – continúen con sus negocios como de costumbre.
Así
pues, para lograr que ambas convenciones cumplan con su mandato
original – conservar la diversidad biológica y prevenir el cambio
climático – es necesario eliminar la influencia de quienes secuestraron
ambos procesos y generar presión desde la sociedad civil organizada,
exigiendo a los gobiernos un cambio de rumbo.
El
cuento aún continúa. Ambas convenciones se reunirán este año:
el CDB en mayo y la CCC en diciembre. Todavía es posible que haya
un final feliz, pero el desenlace dependerá de la capacidad de
la sociedad civil para contrarrestar la influencia de las empresas
y para incluir las necesidades de los pueblos en las agendas de
las convenciones.
inicio
FOCO
EN BIODIVERSIDAD
-
Un reclamo a la COP9: biodiversidad con la
gente y para la gente
Hoy
el mundo --el mundo de la gente-- asiste desvalido a una crisis
mundial por la súbita alza de los precios de los alimentos, que,
como todos los desastres, afecta más gravemente a los sectores
más vulnerables, a las economías más dependientes, a los países
más empobrecidos.
Se
han señalado múltiples factores que coadyuvan a esta crisis: el
aumento del precio de los fertilizantes, intensas sequías en regiones
claves, aumento de la demanda de países con economías en expansión
--como India y China. Y sobre todo, que
las tierras agrícolas se destinan cada vez más a la producción
de agrocombustibles. En efecto, de la producción mundial de granos,
menos de la mitad se destina a consumo humano; la diferencia tiene
como destino la alimentación animal y cada vez más la producción
de combustible.
La
economía global dominante va desmantelando los sistemas alimentarios
nacionales y provoca que los cultivos para alimento dejen de estar
al servicio de la gente, al igual que la naturaleza toda. En una
patética parodia del rey Midas, el predominante modelo neoliberal
y globalizante convierte todo lo que toca en mercancía, negocio,
especulación y lucro. Para ello ha debido desviar el carácter
diverso de la naturaleza, apadrinando todos los tipos de monocultivos
posibles: los agrícolas, los forestales, los de la mente. Ha contado
con algunas herramientas: el modelo agrícola industrial y exportador
de la “Revolución Verde” iniciado en la década de 1960 y la liberalización
del comercio vía las “recetas” y políticas impuestas por el Banco
Mundial, el FMI, la Organización Mundial de Comercio y últimamente
los Tratados Bilaterales de Libre Comercio.
Las
esferas tecnocráticas, donde suelen definirse los destinos de
la gente, también reproducen el modelo y pierden total contacto
con la realidad. Un ejemplo es la FAO, que con su definición de
las plantaciones industriales de monocultivos de árboles como
“bosques” –la cual es tomada por el Convenio sobre la Diversidad
Biológica-- ignora por completo el concepto de ecosistema. Las
poblaciones locales que han sufrido los impactos de las plantaciones,
en cambio, perciben claramente la diferencia que se refleja en
las diversas definiciones que les dan en distintas partes del
mundo, de acuerdo con la experiencia que han tenido con las mismas.
En
un país como Tailandia, donde la agricultura es una actividad
de vital importancia para la población campesina, definen al eucalipto
como el “árbol egoísta”, porque no solo no permite que se desarrollen
cultivos bajo los árboles, sino que además se apropia del agua
necesaria para el cultivo de arroz.
En
Chile, las grandes plantaciones de pinos fueron instaladas en
territorio Mapuche durante la dictadura de Pinochet. No resulta
por tanto extraño que se las defina como “milicos plantados”,
porque son verdes, están en líneas y ¡avanzan!
En
el Valle del Cauca en Colombia, la gente local llama a las plantaciones
de pinos los “bosques del silencio”. Ello se debe a que las plantaciones
están desprovistas de toda forma de vida más allá de los árboles.
El silencio es por tanto total.
En
Brasil, la gente denomina “desiertos verdes”a las plantaciones
de eucaliptos y lo mismo ocurre en Sudáfrica, tanto con eucaliptos
como con pinos. Sin embargo, en este segundo país esta definición
ha sido cuestionada con el argumento de que en unos pocos metros
cuadrados de desierto ¡hay más vida que en una plantación entera!
Por
otro lado, también en Sudáfrica hay gente que prefiere definir
a las plantaciones como “cáncer verde”, expresión que refleja
el avance incontenible de las plantaciones, que van destruyendo
el agua, el suelo, la flora, la fauna y los medios de vida de
la gente, eventualmente matando todo ... tal como lo hace el cáncer.
En
el estado de Sarawak en Malasia, la gente local sostiene que las
plantaciones de eucaliptos y palma aceitera son mucho peores que
el madereo industrial. El argumento es que las empresas madereras
ingresan al bosque, cortan los mejores árboles y se van llevándose
la madera. En cambio las empresas plantadoras cortan los mejores
árboles, queman el resto, plantan sus árboles y ¡se quedan!
En
Ecuador, hay comunidades que, no por casualidad, llaman “eucas”
a los eucaliptos. La razón es muy sencilla: “eucaliptos”
contiene el diminutivo simpático “ito”, que estos árboles no se
merecen por ser tan malvados.
Un
último ejemplo, que de alguna manera resume todas las definiciones
anteriores, proviene del estado de Espirito Santo en Brasil, donde
las plantaciones de eucaliptos fueron definidas como “bosques
muertos, que matan todo”.
Toda
esas definiciones son reflejo de que bien saben las comunidades
rurales lo que significa la biodiversidad, porque ella ha sido
sustento de sus formas de vida: desde la diversidad agrícola,
atesorada y transmitida milenariamente, hasta los bosques, que
han sido otro espacio de soberanía alimentaria para quienes los
habitan y dependen de ellos.
Los
monocultivos arrasan no solamente con la diversidad de las semillas
locales sino también con el conocimiento que las acompaña, la
identidad cultural que procreó, la soberanía alimentaria que les
aseguró. Los dueños de los monocultivos –crecientemente las grandes
trasnacionales del agronegocio-- se adueñan de la tierra, las
semillas y el destino de los alimentos y la gente.
Pero
no les alcanza, quieren profundizar aún más su poder con la manipulación
transgénica, para hacer plantaciones de árboles a la medida de
sus negocios. Los árboles transgénicos asoman amenazadoramente
sus copas verdes desde los tubos de ensayo de poderosos laboratorios
emparentados con Universidades famosas y no tanto, y liados a
grupos empresariales interesados en las distintas puntas del negocio:
biotecnología, industria automotriz, industria de celulosa y papel,
industria energética, industria química, por citar algunas. Pretenden
hacer monocultivos de árboles transgénicos, ¡y aún así seguir
llamándolos bosques!
En
este marco, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) tiene
una gran responsabilidad entre manos: definir si la biodiversidad
estará al servicio de las empresas o al servicio de la gente.
La
próxima COP 9 deberá resolver varios temas
pendientes, entre ellos agrocombustibles, árboles transgénicos
y diversidad forestal, en torno a los cuales no ha habido consensos,
por lo cual los textos propuestos están llenos de corchetes (*).
Parafraseando a Helena Paul, de Econexus ....la biodiversidad
misma está entre corchetes.
En
árboles transgénicos el CDB tendrá que definir entre moratoria,
principio de precaución o ninguna restricción. La propuesta de
moratoria fue presentada por algunos delegados ante el CDB en
2006, impulsada por diversas organizaciones sociales. En esa oportunidad
se decidió que el CDB produciría un informe sobre “los posibles
impactos ambientales, culturales y socioeconómicos de los árboles
genéticamente modificados”, el cual presentó en febrero en la
13ª reunión del SBSTTA. En el mismo se señalaba que muchos científicos
ponen “énfasis en que debe aplicarse el principio de precaución
al considerar el uso de árboles genéticamente modificados”. Pero
algunos países tratan de debilitar esa salvaguardia, impulsando
otra redacción que la deja entre corchetes.
En
agrocombustibles, a pesar de las reconocidas y contundentes evidencias
de los impactos ambientales y sociales negativos de su producción
en gran escala, el CDB se maneja entre dos aguas, reconociendo
los impactos negativos pero hablando de los positivos, y no es
categórica en cuanto a oponerse a su expansión a gran escala.
En
términos generales, resulta alarmante que el CDB abra sus puertas
a las empresas, responsables de modelos productivos, de comercialización
y consumo causantes de tanta destrucción y que hoy pueden, impunemente,
formar parte de delegaciones nacionales.
Para
proteger la biodiversidad, el CDB debería, en cambio, apoyar decididamente
a los sistemas de manejo comunitario del bosque y a los sistemas
agrícolas tradicionales, que exitosamente la aprovecharon y conservaron.
Tal
como se reclama en la carta abierta a la
CDB a la que están adhiriendo numerosas organizaciones sociales
(http://www.wrm.org.uy/actores/CBD/Carta_abierta_CBD.html),
esto excluye la expansión de los monocultivos a gran escala y
exige que:
-
los monocultivos de árboles sean excluidos de la definición de
bosques
-
se suprima todo tipo de apoyo político, técnico y financiero a
los monocultivos para agrocombustibles debido a su impacto directo
en la biodiversidad y la soberanía alimentaria
-
se prohíba la liberación de árboles transgénicos y el uso de la
tecnología “terminator”
Sólo
así se podrá pensar en una biodiversidad para y con la gente.
(*)
Los textos sobre los que no hay consenso permanecen entre corchetes
para su próxima discusión.
inicio
COMUNIDADES Y BOSQUES
-
Ecuador: amnistía visibiliza la criminalización injusta a
defensores de la naturaleza
La
Asamblea Constituyente instalada actualmente, encargada de discutir
y elaborar la nueva Constitución, concedió el 14 de marzo 2008
el recurso de amnistía a 357 ciudadanos defensores de los derechos
humanos, “criminalizados por sus acciones de protesta y resistencia
en defensa de sus comunidades y de la naturaleza", según
un comunicado de prensa oficial. Beneficia a 357 ciudadanos, en
su mayoría líderes comunitarios y campesinos, algunos de ellos
indígenas, de varias comunidades a lo largo y ancho del país,
vinculados a procesos comunitarios en contra de la minería, petróleo,
hidroeléctricas, explotación maderera, por defender el agua y
la calidad ambiental, por defender tierras comunales y derechos
colectivos. Su crimen: defender la vida, los derechos humanos,
la naturaleza.
Las
organizaciones locales de derechos humanos como la Comisión Ecuménica
de Derechos Humanos (CEDHU), se han afanado en recolectar datos
acerca de los innumerables casos de criminalización en el Ecuador.
Laboriosamente, han conseguido elaborar un registro de más de
100 casos, que afectan a un número mucho mayor de personas, pues
muchas denuncias son colectivas y afectan a grupos, familias o
a comunidades enteras. Pero las dimensiones del problema son mucho
mayores, ya que muchos de los casos permanecen anónimos, desconocidos
y pasan desapercibidos como casos de delincuencia común.
"Celebramos este hecho como un triunfo de las causas
colectivas sobre la pretensión de individualizar la lucha socio-ambiental,
a través del enjuiciamiento a líderes y pobladores”, dice el comunicado
conjunto de las organizaciones de derechos humanos emitido justo
después de conocerse la Amnistía.
Entre
los amnistiados hay muchos habitantes de Intag, un valle con una
riqueza única gracias al bosque subtropical que lo cubre, perteneciente
a la bioregión Chocó, una de las más importantes en biodiversidad
en todo el mundo. Esta selva única continúa bajo la protección
incondicional de las comunidades, que se ven constantemente amenazadas
de exterminio por un megaproyecto minero transnacional. En este
contexto, muchos líderes fueron denunciados, viéndose implicados
en los procesos cerca de 100 campesinos de la zona. En los procesos,
que ya fueron celebrados ante los tribunales locales, resultaron
absueltos todos los acusados. En el transcurso de los mismos se
evidenciaron estrategias inventadas por las empresas, falsos testimonios
de los testigos y procedimientos irregulares.
Con
la Amnistía se consigue ahora ir más allá. Para las comunidades
tiene una gran trascendencia. Lo que logra es desculpabilizar
a líderes comunitarios y campesinos por su participación en actos
de resistencia comunitaria legítimos. En forma abierta y relevante,
un organismo oficial está asumiendo la existencia de la criminalización
injusta a defensores de la naturaleza y de los derechos humanos,
un hecho que en general se encuentra enormemente invisibilizado
ante la opinión pública.
Con
el hecho de la Amnistía se desenmascara buena parte de las sucias
estrategias para silenciar a las comunidades en resistencia, aplicadas
por algunas empresas con poderosos intereses económicos en los
recursos naturales y las materias primas. Aunque suene increíble,
parte de estas estrategias consisten en enjuiciar penalmente por
delitos comunes tipificados en el Código Penal a personas que
se interponen al proyecto empresarial extractivo de turno. Estos
procesos son “amañados” comprando testigos, y a veces corrompiendo
funcionarios. No es raro que los acusados injustamente acaben
entre rejas. Los delitos de los que más frecuentemente se ha acusado
a los afectados incluyen sabotaje y terrorismo, rebelión y atentado
a funcionarios públicos, apología del delito, asociación ilícita,
delitos contra la propiedad --como el robo-- o contra las personas
--como el secuestro--, etc. “No es posible que se quebranten derechos
de las comunidades, que se lesione su patrimonio natural, que
se les expulse de sus tierras, con el pretexto de obtener ingresos
para el desarrollo social, del cual, de entrada, ya se les excluye”,
nos explican desde la CEDHU.
Es
por estas razones que esta gran victoria se convierte en un referente
y un antecedente de éxito para otras comunidades en situación
similar. Estos casos no son aislados en Latinoamérica.
Con
esta Amnistía, este acoso sistemático a quienes se oponen a proyectos
extractivos destructivos de los recursos naturales, a la destrucción
de las selvas tropicales, al acoso y violación de los derechos
humanos, se convierte en un hecho más visible y conocido ante
la sociedad y la opinión pública nacional e internacional. La
sociedad civil debe tomar cartas en el asunto, y exigir a otros
gobiernos que tomen medidas similares con los criminalizados en
sus países.
El
significado de esta Amnistía trasciende las fronteras del Ecuador,
sentando un importante precedente para las luchas campesinas criminalizadas
del mismo modo en otros países. Muchas comunidades latinoamericanas
y miembros de organizaciones sociales o de derechos humanos han
sido en el pasado, o son criminalizados en la actualidad por sus
procesos de lucha y resistencia legítimos, en defensa de la vida
y la naturaleza (por una perspectiva de la situación en el mes
de diciembre de 2007 ver Boletín Nº 125 del WRM,
http://www.wrm.org.uy/boletin/125/opinion.html#Criminalizados).
Este hecho, relativamente desconocido y sistemáticamente silenciado,
cobra relevancia y sale a la luz pública tras esta Amnistía concedida
por la Asamblea Constituyente ecuatoriana.
En
las comunidades campesinas de Ecuador ya se está celebrando esta
noticia esperanzadora. La Amnistía ha sido resultado de una decidida
iniciativa de las comunidades afectadas y de las organizaciones
de derechos humanos y ecologistas, que siguen vigilantes para
que prevalezca la verdad y la justicia. Felicidades a todos ellos
por esta nueva victoria. La Amnistía es una señal de que luchando
por ello, la transformación es posible.
Para
información específica, visite la página web de la Asamblea Constituyente
ecuatoriana, y los comentarios de su presidente, Alberto Acosta:
http://asambleaconstituyente.gov.ec/boletines/
amnistia-para-defensores-de-los-derechos-humanos-criminalizados-aprueba-asamblea.do,
http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/alberto
_acosta/2008/03/14/acosta-%e2%80%9cse-ha-hecho-
justicia-con-los-perseguidos-politicos-por-defender-la-
naturaleza%e2%80%9d/
Por
Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva, c.e.:
guadalupe@regenwald.org,
www.salvalaselva.org
inicio
- Ghana:
empresa noruega de agrocombustibles destruye bosque local para
establecer una gran plantación de jatrofa
La
agricultura en Ghana Septentrional genera más del 90% del ingreso
de los hogares y emplea a más del 70% de la población de la región.
La mayor parte de la producción agrícola es generada por pequeños
productores para su subsistencia y depende de las lluvias estacionales,
impredecibles y esporádicas. Durante la estación seca, gran parte
de la población no tiene trabajo y se ve forzada a emigrar hacia
las regiones más prósperas del sur del país, donde consigue trabajos
menores.
Las
comunidades rurales, desesperadas por percibir un ingreso, son
seducidas con promesas de un “futuro mejor”; con la excusa de
que esas “tierras improductivas” solo les permiten sobrevivir
y les ofrecen la posibilidad de percibir un ingreso regular
si ceden sus tierras para proyectos de “desarrollo”. Este argumento
no toma en consideración el significado que tiene la tierra para
las comunidades africanas. Si bien la tentación inicial de entregar
la tierra para ganar un salario es enorme, presagia un futuro
ominoso, donde el sentido de pertenencia a la comunidad, su soberanía
y su identidad desaparecerán como consecuencia de la fragmentación
que sufrirá la comunidad.
La
estrategia para quedarse con la tierra suele ser la siguiente:
se trata de capturar la fantasía de algunos líderes influyentes
hablándoles de los beneficios que el proyecto aportaría a la comunidad,
y se los cautiva con promesas de cargos en la compañía o con incentivos
económicos. La idea es que estas personas allanen el camino en
las aldeas, corriendo la voz sobre las oportunidades de trabajo.
Entonces se elabora un documento, básicamente un contrato, para
arrendar la tierra a la compañía. En caso de que surjan problemas,
el promotor puede presionar haciendo valer dicho “contrato” o
acuerdo. Cuando no se examina atentamente la legalidad del proceso,
los promotores tienen el camino libre, pero si se le somete a
un examen apropiado surge que estos contratos no son legalmente
vinculantes ya que no han pasado por los canales legales correctos.
Esto es lo que sucedió en el área de Alipe.
En
noviembre de 2007, un grupo de RAINS (Regional Advisory and Information
Network Systems) descubrió una zona cuya cubierta vegetal había
sufrido una destrucción masiva. Se trata de una gran franja de
tierra cercana a una aldea llamada Alipe, dentro de la cuenca
del río White Volta, a unos 30 kilómetros de Tamale, la capital
de la región Septentrional de Ghana. Unos metros al sur de la
ciudad el grupo pudo ver cómo maquinaria agrícola pesada derribaba
sistemáticamente los árboles y diezmaba la zona. Más tarde, una
investigación reveló que se trataba de una empresa noruega de
agrocombustible llamada BioFuel Africa (una subsidiaria de BioFuel
Noruega), la cual estaba preparando el terreno para establecer
una enorme plantación de jatrofa.
Amparándose
en reglamentaciones nacionales, RAINS logró que los obligaran
a detener la destrucción, pero no antes de que más de 2.600 hectáreas
de tierra fueran despojadas de su cubierta vegetal natural. Para
ese entonces no se conocía la identidad de la empresa responsable
del emprendimiento; tan solo se hablaba de “unos hombres blancos”.
En esta comunidad, como en muchas partes de Ghana, más del 80%
de la tierra es de propiedad comunitaria, y más del 70% de esta
tierra es manejada por jefes tradicionales, en representación
de los miembros de sus territorios tradicionales. El jefe fue
muy categórico en cuanto a que él no había hecho tal concesión
y que también había luchado contra esa “gente blanca” para detenerla,
sin mucho éxito. Confirmó que había “firmado con el pulgar” un
documento, en compañía del asambleísta de la zona que había sido
traído a su palacio por los “blancos”, pero no confirmó su contenido.
Inicialmente, el jefe no había querido ir contra la voluntad de
su gente, ya que sus esfuerzos por detener a los promotores habían
sido interpretados por la comunidad como una forma de “dejar pasar
la oportunidad de ganar ingresos durante la estación seca actual”.
Luego
que RAINS presentara el caso a la comunidad y que el mismo fuera
discutido, los pobladores se dieron cuenta de que las promesas
de BioFuel Africa eran realmente un engaño. La comunidad comprendió
el impacto que semejante proyecto tendría sobre sus vidas en particular
y sobre la comunidad en general, y entendió que la promesa de
trabajo, prosperidad compartida y mejores ingresos (el principal
beneficio para la comunidad), no eran realmente compromisos sino
meros ardides propagandísticos de la compañía. ¿Pero cuánto tiempo
lo recordarán, mientras esperan ociosos que lleguen las próximas
lluvias de abril?
De
hecho, quienes más se hicieron oír en la sesión fueron, en su
mayoría, mujeres. Una de ellas, mirando a los ojos al representante
de BioFuel, dijo: “Mire todos los karités que ya cortó. Las nueces
que yo recojo en un año me permiten comprar la ropa para todo
el año y también me dejan un pequeño capital, puedo invertir mi
pequeño ingreso en un carnero y a veces, en un buen año, puedo
comprar una vaca. Ahora usted ha destruido estos árboles y está
prometiéndome algo con lo usted mismo no quiere comprometerse.
Entonces, ¿adónde quiere que vaya? ¿Qué quiere que haga?”
Esta
es la historia de cómo una empresa noruega de agrocombustibles
se aprovechó del sistema tradicional africano de propiedad comunal
de la tierra y de la presión de su situación económica y climática
actual, para reclamar y deforestar grandes extensiones en Kusawgu,
en el Norte de Ghana, con la intención de crear “la plantación
de jatrofa más grande del mundo”.
Extraído
y adaptado de “Biofuel land grabbing in Northern Ghana”, Bakari
Nyari, Vice Presidente de RAINS (Regional Advisory and Information
Network Systems) Ghana, miembro del Comité directivo de la African
Biodiversity Network,
http://www.wrm.org.uy/subjects/agrofuels/Biofuel_Northern_Ghana.pdf
(1)
Jatropha curcas es una especie nativa de América Central. Sus
semillas oleaginosas pueden ser utilizadas para producir biodiesel.
inicio
-
Indonesia: plantaciones de palma aceitera
y de árboles para celulosa destruyen los bosques y aceleran el
cambio climático
Un
estudio reciente publicado por el WWF (1) analiza la deforestación
y la degradación forestal de la provincia de Riau entre 1982 y
2007 e identifica sus principales causas: las plantaciones industriales
de palma aceitera y árboles para celulosa.
El
estudio muestra que la tasa de deforestación de mayor crecimiento
en Indonesia se está dando en la provincia de Riau, en Sumatra,
que solía tener el 78% de sus tierras cubiertas por bosques. En
el correr de los últimos 25 años se han destruido 4,2 millones
de hectáreas (65%) de bosques tropicales y turberas para el establecimiento
de plantaciones industriales.
Se
ha talado alrededor de un 30% del bosque de Riau para dar lugar
a plantaciones de palma aceitera. El reciente aumento de la demanda
de aceite de palma para alimentar el creciente mercado mundial
de agrocombustibles es un gran estímulo para dicha actividad.
Las
plantaciones industriales de árboles para celulosa también han
entrado en escena. Según el estudio: “En los años 80 comenzó el
auge de la conversión forestal que cubrió a Riau con más concesiones
de palma aceitera que cualquier otra provincia de Indonesia. Durante
la última década, la industria del aceite de palma vio surgir
un nuevo competidor en Riau: la industria del papel y la celulosa”.
La presión sobre los bosques de Riau y de toda Indonesia aumentará
a medida que se aceleren los planes para establecer plantaciones
de árboles.
Como
señala el informe, “la rapidez y el carácter irreversible” de
la conversión forestal para alimentar a las industrias papelera
y aceitera en constante expansión no se ven igualadas “por ningún
otro tipo de deforestación”.
Sin
embargo, la pérdida de diversidad biológica no es el único problema
que plantea la deforestación en Riau. Las emisiones de gas de
efecto invernadero, causadas por la deforestación, la degradación
de los bosques y la quema y descomposición de las turberas de
Indonesia, están siendo objeto de gran atención.
Tanto
los bosques como las turberas son muy importantes para la Tierra,
como depósitos de carbono a largo plazo, o incluso permanentes.
De acuerdo con el estudio, “Riau cuenta con vastas turberas que,
según se estima, contienen los mayores depósitos de carbono del
sudeste asiático y algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad”.
La pérdida de suelos causada por la deforestación ha generado
emisiones de CO2 mundialmente significativas y las tan mencionadas
neblinas transfronterizas que atraviesan el Estrecho de Malaca.
“A
partir del año 2000, la conversión forestal comenzó a enfocarse
en las turberas de Riau. Canales largos y profundos, a veces de
más de un metro de profundidad, disecan las turberas de Riau y
drenan el suelo hasta que los leñadores, tanto legales como ilegales,
pueden entrar para cortar los árboles y sacar los troncos flotando.
La turba se asienta y los suelos secos se transforman en la principal
fuente de incendios en Riau. Hay años en que el fuego cubre con
una nube los territorios de Sumatra central, Singapur y Malasia
durante semanas, y acelera la liberación de incontables toneladas
de CO2.”
Los
incendios de las turberas, así como la destrucción de los bosques,
privan a los pueblos de su sustento y generan una pobreza creciente,
que hoy en día es hasta cuatro veces mayor en la
zona de turberas que en el resto de las áreas bajas del
país. Los incendios han provocado también un aumento de las enfermedades,
y “aproximadamente un 30% de los niños pequeños de las áreas
de turberas padece enfermedades respiratorias y problemas
de crecimiento como consecuencia del humo de turba”.
Estas
conclusiones se suman a tantas otras que exigen
un cambio drástico en las políticas públicas, para detener el
modelo actual de producción, comercialización y consumo, que destruye
despreocupadamente los bosques y otras fuentes de vida, cambia
nuestro clima de modo irresponsable y, con actitud criminal, nos
está llevando a la extinción.
(1)
“Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2”
Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia”, 2008, WWF, Remote Sensing
Solutions y Universidad de Hokkaido,
http://assets.panda.org/downloads/riau_co2_report__wwf_
id_27feb08_en_lr_.pdf
inicio
- Perú:
pretenden privatizar Amazonía para establecer monocultivos de
árboles
El
gobierno de Alan García está impulsando el proyecto de ley 840,
conocido también como “Ley de la Selva”. Se trata de una ley referida
a la promoción de la inversión privada en reforestación y agroforesteria,
por la cual las tierras sin cubierta boscosa de la Amazonía peruana
--denominadas erróneamente deforestadas y eriazas, es decir, sin
derechos adquiridos sobre ellas-- podrían adjudicarse en régimen
ya no de concesión sino de propiedad privada. Esto abriría la
puerta a los grandes capitales para establecer plantaciones de
árboles en gran escala, que es a lo que suele dar lugar el
término "acciones de reforestación".
El
argumento es que para incentivar la reforestación es necesario
atraer la inversión privada y dar seguridad a los inversionistas.
Para ello no alcanza con darles una concesión de 40 años renovables,
como lo establece la Ley Forestal vigente, sino que hay que darles
las tierras “en propiedad”, es decir para siempre. Por otro lado,
cuando el Estado entrega las tierras en propiedad, ya no podrá
controlar o exigir de la misma forma que con la concesión.
Existe
una fuerte resistencia al proyecto, entre otras cosas, porque
va contra del art. 66 de la Constitución, que establece el carácter
público de los recursos naturales renovables y no renovables.
También se denuncia que no existe un catastro preliminar que delimite
cuántas son las áreas deforestadas en las que se puede invertir
y dónde están, con lo cual la ley se convertiría en un incentivo
perverso para alentar la deforestación y arrasar la Amazonía.
Por
otra parte, en Loreto (como en Ucayali o en Madre de Dios) no
existen grandes áreas deforestadas libres o eriazas,
según se denuncia en un artículo publicado por Servindi
(1). Se aclara que “el modelo agrícola tradicional de tala y quema,
empleado por los campesinos e indígenas, implica dejar en descanso
por 10 ó 20 años el terreno cansado para que se empurme y se recuperen
los nutrientes del suelo. La mayoría de las purmas [bosques secundarios
en proceso de regeneración] en Loreto tienen dueño, aunque carezcan
de título”. Si bien también ocurre que “de las cerca de 2.500
comunidades indígenas y campesinas que hay en Loreto, menos de
500 están tituladas, y el resto carece de ningún documento que
certifique sus derechos de posesión sobre chacras, purmas y bosques
que usan y han usado por cientos de años para su subsistencia”.
El
17 de febrero se realizó la Primera Cumbre Amazónica, en Pichanaki,
Junín, en la que, entre otras cosas, se proclamó el derecho de
las comunidades nativas a las tierras de la Selva Central y la
Amazonía y se rechazó “la pretendida intención del Gobierno de
Alan García, de poner en subasta nuestra Amazonía a favor de grandes
capitales extranjeros” (2).
La
Segunda Cumbre Amazónica se llevó a cabo el 12 y 13 de este mes
en Pucallpa, región Ucayali. En la oportunidad se relanzó la “Plataforma
de los pueblos originarios amazónicos ante al estado peruano y
la comunidad internacional frente al mundo unipolar” (3). En su
plan de acción figura exigir “el archivamiento definitivo del
paquete legislativo que contiene el Proyecto de Ley de la Selva”,
porque “con esta propuesta de Ley se tiene la intención de despojarnos
de nuestros territorios y de los recursos naturales de la Amazonía;
por lo cual pedimos que se tome en cuenta nuestra propia iniciativa
de desarrollo comunitario como pueblo, y no ser discriminados
para favorecer al gran capital”.
Se
produjeron numerosas manifestaciones y huelgas en la zona de la
selva central en rechazo a la ley 840. En marzo de este año, en
la página web de “Con nuestro Perú” se informa que “Varios miles
de indígenas de los pueblos Shipibo, Konibo, Ashaninka, Yine y
Cocama recorrieron ayer las principales calles de la ciudad de
Pucallpa para pedir al Estado peruano archivar los proyectos de
Ley 840 y 2133 o Ley de la Selva. A la marcha pacífica, considerada
una de las más grandes manifestaciones indígenas realizadas en
la región, se sumaron estudiantes, profesionales y alcaldes indígenas”(4).
Según
informes de Servindi (5), el Grupo Romero está detrás de la iniciativa
gubernamental y cuenta con diez millones de dólares para comprar
dos millones de hectáreas de tierra en la Amazonía apenas se apruebe
el proyecto. Una parte de los dos millones de hectáreas se dedicarían
a la siembra de plantaciones forestales para captura de carbono,
que, gracias al mecanismo habilitado por el Protocolo de Kyoto,
pretende comercializar en la Bolsa de Nueva York. También se beneficiarían
las administradoras de fondos de pensiones, algunos grupos de
poder y altos funcionarios del actual gobierno.
Tal
como se pronunció la Primera Cumbre Amazónica, “Declaramos en
emergencia la Amazonía, por el peligro que se cierne sobre nuestros
pueblos y llamamos a cada una de las Regiones de la Amazonía para
prevenir la consumación de la violación de nuestros derechos humanos
y constitucionales, del derecho a la vida y medio ambiente, a
la biodiversidad de nuestros recursos hídricos y energéticos”.
Artículo
basado en información proporcionada por Alain A. Salas Dávila,
ONG Incodes, c.e. ongincodes@malko.com,
www.malko.com/ongincodes
y Carlos Felipe Dávila Obregón, c.e.: carlosfelipedaob@yahoo.es
(1)
“Ley de la Selva y Desarrollo Regional”, José Álvarez Alonso,
Servindi,
http://www.servindi.org/archivo/2008/3346
(2)
Primera Cumbre Amazónica, 16 y 17 de Febrero de 2008,
http://www.wrm.org.uy/paises/Amazonia/Cumbre.pdf
(3)
Plataforma de los pueblos originarios amazónicos ante al estado
peruano y la comunidad internacional frente al mundo unipolar,
http://www.wrm.org.uy/paises/Peru/Pueblos_Originarios_Amazonia.pdf
(4)
Indígenas de Ucayali marchan contra Ley de la Selva, 20
de marzo de 2008,
http://www.connuestroperu.com/index.php?option
=com_content&task=view&id=1681&Itemid=32
(5)
Perú: ¿Por qué es criticado el Proyecto 840, “Ley de la Selva”?,
enero de 2008, Servindi,
http://www.servindi.org/archivo/2008/3332
inicio
- Los agrocombustibles
de segunda generación destruirán los ecosistemas
y empeorarán la crisis alimentaria
El
mundo está atravesando una aguda crisis alimentaria, donde los
precios de los alimentos básicos se disparan haciendo estallar,
en muchos países del Tercer Mundo, motines desesperados que amenazan
su estabilidad política. Hacia fines de marzo, los precios del
arroz y el trigo se habían duplicado respecto al año anterior,
y el maíz había aumentado más de un 33% en el mismo período. Según
la FAO, el monto de las importaciones de cereales de los países
más pobres aumentará en un 56% en 2007/2008, tras un incremento
del 37% en 2006/2007.
La
crisis de los precios de los alimentos es el resultado de una
combinación de factores, entre los cuales se encuentra la disminución
de las reservas debido a que los granjeros han pasado del cultivo
de alimentos al cultivo para agrocombustible. Los países ricos
han promovido la producción de agrocombustibles a pesar de los
fuertes argumentos que advierten sobre el desastre social y ecológico
que esto implicaría para la seguridad alimentaria del mundo y
para el sustento de las poblaciones locales y su ambiente.
Sin
embargo, haciendo oídos sordos al sentido común y para no dejar
pasar una nueva oportunidad comercial, se anuncia ahora la segunda
generación de agrocombustibles, basada mayormente en biomasa de
madera. Según Glen Barry (1) “Es un mito que existan desechos
agrícolas y forestales, así como un excedente de tierra para cultivar
diversas plantas herbáceas y leñosas, en cantidad suficiente como
para contar con una fuente de energía industrial. Lo mismo sucederá
con la producción de etanol de los árboles. El etanol celulósico
será el factor de deforestación definitivo, algo así como desmantelar
y quemar la propia casa para mantenerse caliente.”
El
Dr. Barry explica que “Al igual que con los agrocombustibles,
una industria del etanol celulósico destruiría los bosques indirectamente
y provocaría un aumento del costo de los alimentos porque, al
competir por la tierra, incrementaría la presión sobre los bosques
y los cultivos agrícolas. La resultante sería más plantaciones
enormes, sin vida, tóxicas y dependientes del agua, de monocultivos
de árboles monstruosos, genéticamente modificados, en tierras
robadas y deforestadas, con pérdida neta de carbono. Y los agrocombustibles
se venderán luego como un producto ‘ecológico’, tal vez certificado
como ‘bien manejado’ por el WWF, el FSC y otros entreguistas de
los bosques”.
La
promoción del etanol celulósico llevará entonces a una creciente
destrucción de los ecosistemas terrestres: “Como si los bosques,
la tierra, los ecosistemas y los hábitats del mundo no estuvieran
ya lo bastante exigidos, tratemos ahora de usarlos para proveer
de energía a siete mil millones de consumidores que quieren tenerlo
todo. ¿Les parece éste un juicio innecesariamente severo? Mencionen
una oportunidad en que el sistema económico mundial haya demostrado
autocontrol para adaptar el crecimiento a los recursos disponibles.”
Barry advierte que “El sistema de la Tierra está peligrosamente
cerca del colapso; ya no puede resistir soluciones ambientales
basadas en el uso de más y más recursos para la actual población
humana y su nivel de consumo ni, mucho menos, para una población
y un consumo aún mayores. Hay una cantidad limitada de energía
que puede ser tomada de la biosfera global, y otra cantidad limitada
de desperdicios que pueden ser volcados a la misma antes de que
se vuelva inhabitable. Y estamos alcanzando ese punto, si es que
no lo hemos pasado ya.”
“Es
imperativo que adoptemos una agenda ambiental basada en lo que
realmente necesitamos, para mantener y restaurar los sistemas
ecológicos de los que dependen todas las formas de vida. Es muy
tarde para poner nuestros esfuerzos en otra cosa que no sea el
paquete completo de cambios a nivel personal y de la sociedad
toda, indispensable para preservar la biosfera. A esta altura
no existen soluciones que valga la pena intentar, salvo las que
sirvan desde el punto de vista ecológico. Cualquier otra solución
intermedia equivale a agravar una enfermedad inexorablemente destructiva”,
concluye Glenn Barry.
(1)
“Burning Forests to Feed Cars. The Ecological Madness of Biofuels,
Take Two”, Glenn Barry, 15 de marzo de 2008, Ecological Internet,
Earth Meanders,
GlenBarry@EcologicalInternet.org,
http://earthmeanders.blogspot.com/; publicado por Rachel Smolker,
rsmolker@uvm.edu.
inicio
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS
DE ÁRBOLES
- El Brasil de Stora
Enso: violencia contra mujeres y legislación a su medida
En
Brasil hay dos modelos en pugna: el de los grandes monocultivos
(desde eucaliptos hasta caña de azúcar, pasando por soja y arroz)
en tierras concentradas en unas pocas grandes empresas, y el de
las comunidades de campesinos, indígenas y sin tierra, que construyen
espacios productivos colectivos y diversos y reclaman la históricamente
prometida reforma agraria.
En
el marco de la semana del Día Internacional de la Mujer y como
forma de fortalecer el 8 de marzo como día de lucha de las mujeres
campesinas contra el agronegocio y por la soberanía alimentaria
del pueblo brasileño, 900 mujeres integrantes de la Vía Campesina
de Rio Grande do Sul - Brasil ocuparon 2100 hectáreas ocupadas
por monocultivos de eucaliptos de la transnacional sueco-finlandesa
Stora Enso -- la estancia Tarumã, situada en el municipio de Rosário
do Sul (estado de Rio Grande do Sul), dentro de la zona de frontera
con Uruguay. El hecho de que Stora Enso sea propietaria de esas
tierras supone una violación de las disposiciones legales que
prohíben la adquisición de tierras por extranjeros en zonas de
frontera ubicadas en una faja de 150 kms del país limítrofe. Stora
Enso ha tratado de eludir la reglamentación comprando las tierras
a través de una empresa “ficticia”, la agropecuaria Azenglever,
cuyos dueños son dos importantes funcionarios de la empresa.(1)
La
ocupación de dicha estancia por parte de las mujeres de Vía Campesina
tenía varios objetivos:
-
reivindicar la expropiación de esas tierras, adquiridas ilegalmente
por Stora Enso, para la reforma agraria,
-
reivindicar que se retiren del Senado y la Cámara Federal los
proyectos que proponen una reducción de la faja de frontera, pues
eso sólo provocaría una mayor concentración de tierra para
beneficio de las empresas extranjeras, mientras que supondría
una amenaza para los ecosistemas y la soberanía de Brasil, mayor
destrucción ambiental y más pobreza para el pueblo,
-
denunciar los impactos de los monocultivos de eucalipto –agotamiento
de fuentes de agua, eliminación de flora y fauna
por agrotóxicos aplicados a las plantaciones-- , que terminan
afectando a la agricultura campesina, como bien puede dar testimonio
de ello la población rural del municipio de Encruzilhada do Sul,
donde Aracruz Celulose tiene un inmenso desierto verde.(2)
La
acción contra Stora Enso tuvo una rápida respuesta represiva.
La Brigada Militar de Rio Grande do Sul hizo uso de una extrema
violencia contra las 900 mujeres y los 250 niños y niñas que ocuparon
las plantaciones de Stora Enso, quienes posteriormente mostraron
en sus cuerpos restos de balas de caucho, fragmentos de bombas,
pisadas de caballos, entre otras atrocidades.
La
rapidez de la reacción del gobierno de Rio Grande en apoyo a Stora
Enso podría explicarse por el hecho de que la campaña electoral
de la actual gobernadora fue en parte financiada (según datos
oficiales del Tribunal Superior Electoral), por las empresas de
celulosa Aracruz, Votorantim y ... Stora Enso.
En
medio de tanta violencia, sin embargo, predominó la solidaridad:
la población de la ciudad fronteriza de Santana do Livramento
se movilizó para garantizar alimentos y asistencia médica, los
abogados contribuyeron voluntariamente para evitar mayores desmanes,
algunos pocos parlamentarios presionaron a los gobiernos federal
y estadual reclamando la adopción de medidas contra Stora Enso
y el castigo a los responsables de los actos de violencia contra
las mujeres y varias personas de distintas partes del mundo enviaron
manifestaciones de solidaridad con la lucha de las mujeres, indignadas
por la violencia.
Como
respuesta a la violencia, las mujeres redoblaron su compromiso,
sintiendo que por cada mujer que sufre violencia, diez más aparecen
dispuestas a resistir los planes de muerte que llevan adelante
empresas como Aracruz, Stora Enso (por medio de su empresa Derflin)
y Votorantim, además de la plantadora Granflor, las cuales planean
plantar 400.000 hectáreas de monocultivos de árboles en los próximos
10 años en Río Grande do Sul.
A
diferencia de lo que aconteció con las mujeres campesinas, las
empresas no debieron enfrentar represión alguna para lograr sus
objetivos. Sus presiones tuvieron como resultado que el 9 de abril,
19 de un total de 29 integrantes del Consejo Estatal de Medio
Ambiente (Consema), de Río Grande do Sul, votaron y aprobaron
el cuestionado Ordenamiento Ambiental de Silvicultura, en elaboración
desde hace casi tres años. El plan original establecía límites
en el Estado para la plantación de árboles exóticos –como eucaliptos,
pinos y acacias. A lo largo de 2006 dejaron de concederse licencias
y se otorgaron tan solo autorizaciones temporarias. En 2007, las
industrias de la celulosa comenzaron a presionar por considerar
que la situación lesionaba sus negocios, argumentando que el gobierno
incentivaba los proyectos pero dificultaba el avance de las inversiones
al no autorizar la plantación de árboles. ¿El resultado? Se retiraron
los porcentajes máximos de superficie de plantación autorizados.(3)
La decisión “comprometerá de 500 mil a un millón de hectáreas
de nuestros campos nativos en una generación. Cuando eso ocurra,
los actuales gestores de la cosa pública ya estarán muertos y
no podrán ser cuestionados ni responsabilizados”, expresó Celso
Marques, miembro del Consejo Superior de la Asociación Gaúcha
de Protección al Ambiente Natural (Agapan).
Y
añadió: "Los medios de los que el gobierno del estado viene
valiéndose para imponer los intereses de las grandes empresas
nacionales y extranjeras del ramo madera-celulosa-papel forman
un rosario de irregularidades legales y administrativas. Éstas
van desde una verdadera intervención gubernamental en el órgano
ambiental del estado, Fepam, cambiando sucesivamente su dirección,
imponiendo un régimen de terror con amenazas a los funcionarios
y persecuciones efectivas a los técnicos que, en bien del servicio
público, no estuvieron de acuerdo con las imposiciones políticas
del gobierno en la normatización del sector, hasta la culminación
de las irregularidades y atropellos a la legislación y a la ética
como lo fue la tramitación de la aprobación de la Zonificación
Ambiental de la Silvicultura en el Consejo de Medio Ambiente del
Estado". (4)
Dos
modelos se enfrentan y excluyen: por un lado el Brasil del lucro,
las transnacionales, la concentración, que arremete con los monocultivos
del agronegocio y cuenta para ello con el apoyo del poder y la
violencia. Por el otro el Brasil de las mujeres, los campesinos,
los indígenas, que se defiende con la solidaridad, la convicción
y el coraje. A este último rendimos nuestro tributo.
(1)
Manifiesto de las Mujeres de Via Campesina, marzo de 2008,
http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Manifesto_Mulheres_Via_Campesina.html
(2)
Carta de Mujeres de Via Campesina de RS,
http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Mulheres_Via_Campesina_Março.html
(3)
“Zoneamento para plantio de florestas é aprovado”, 9 de abril
de 2008, Zero Hora,
http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?u
f=1&local=1§ion=Economia&newsID=a1823196.xml
(4)
“Perda total do Estado de Direito”, 13 de abril de 2008, RS Urgente!,
http://www.rsurgente.net/2008/04/perda-total-do-estado-de-direito.html
inicio
-
Colombia: huelga de trabajadores de plantaciones
de palma en Wilches
En el
municipio de Puerto Wilches, dentro de
la Zona Central definida por el “Plan Agrícola para la
Implementación del Programa de Biodiesel”, se desarrolla una gran
parte de la agricultura de Santander, donde, según el documento
del referido Plan, la palma africana abarca unas 21 mil hectáreas
sembradas, que corresponden a un 91,7% de la producción del departamento.
En
este municipio las plantaciones de palma irrumpieron destruyendo
humedales y bosques húmedos tropicales, luego de que grandes hacendados
lograron adquirir la propiedad de las tierras. La destrucción
de esos ecosistemas, según lo reconoce el propio Plan Agrícola,
“ha tenido directa influencia en la desaparición de variedades
de flora y fauna, en la disminución del recurso hídrico que modifica
la estructura y composición de los suelos”.
El aumento de la superficie
sembrada con palma aceitera, a tan alto costo, no ha traído beneficio
alguno a la población del lugar, como lo indican los resultados
del Censo de 2005, según el cual la zona rural del Norte de Santander
registra niveles de desarrollo socioeconómicos bajos, reflejados
en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de 45,4% --que
al incluir la zona urbana baja a 21,9% para todo el departamento
(1).
En
diciembre de 2002 denunciábamos, por boca del delegado de la organización
de trabajadores del sector palmero del departamento de Santander,
las malas condiciones de trabajo de las plantaciones de palma
aceitera de la zona (ver Boletín Nº 65 del WRM).
Aproximadamente
son cinco mil los asalariados de la palma que trabajan en la región,
de los cuales solo 610 son trabajadores directos. El resto pertenece
a cooperativas de trabajo asociado, que pagan en promedio un salario
mensual inferior a 120 dólares, cifra muy por debajo del mínimo
legal. Los trabajadores cooperados tienen jornadas de hasta dieciséis
horas diarias, deben aportar por su cuenta herramientas de trabajo
y demás equipamiento y pagar gruesas multas por la
recolección de frutos verdes o muy maduros.
No se les reconocen derechos tan primarios como el de pensión,
asistencia a
la salud y subsidio familiar. La dramática
situación revive la que padecieron los obreros colombianos al
momento de arrancar el capitalismo en el país durante las primeras
décadas del siglo XX. (2)
El
30 de enero, 350 trabajadores de la plantación de palma Monterrey,
en Puerto Wilches, iniciaron un paro que rápidamente se
extendió al resto de plantaciones, hasta ser más de 2.500 los
trabajadores en huelga contra las empresas Monterrey, Bucarelia,
Brisas, Agropalma y Agrícola del Norte, reclamando contrato individual
de trabajo, aumento salarial, pago del transporte, alimentación,
dotaciones de ropa y herramientas y la eliminación de las sanciones
económicas por la calidad del fruto recolectado.
L@s
trabajador@s
de la industria de la palma y los poblador@s
de Puerto Wilches reclaman al Estado colombiano que asuma su responsabilidad
en cuanto a protección laboral y mejoras salariales de los trabajador@s
que, como bien lo dicen “son en última instancia quienes le generan
su riqueza”.
En
respaldo a los trabajadores, los habitantes de Puerto Wilches,
reunidos en asamblea obrero popular, decidieron la realización
de un Paro Cívico que se efectivizó los
días 14 y 15 de febrero, y una posterior concentración el 18,
acciones que fueron
violentamente
reprimidas por la fuerza pública, según denuncia la Central Unitaria
de Trabajadores de Colombia (3).
“Las organizaciones
sociales y sindicales de la región han señalado que la palmificación
pone en riesgo la seguridad alimentaria, pues cultivada en grandes
áreas empobrece los suelos y es incompatible con otro tipo de
vegetación. Un costo alto pagan los pobladores con estos cultivos
que dejan muy poca riqueza para su municipio.
El levantamiento surge
cuando la calidad vida de los trabajadores es paupérrima por cuenta
de la escasa seguridad industrial. En el año 2007 un trabajador
murió, al parecer por químicos de uso agrícola que son manipulados
sin una protección adecuada. Las condiciones laborales se establecen
con cooperativas de trabajo asociado que subcontratan y sirven
de intermediarias ante los grandes empresarios. La figura de la
"tercerización" es el instrumento creado por el Estado
para favorecer a los empleadores pues les permite eludir sus responsabilidades
negando la seguridad social y prestacional de los trabajadores”,
se dice en el Espacio de trabajadores
y trabajadoras (http://colombia.indymedia.org/news/2008/02/80323.php).
La CUT acusa al gobierno
de promover la tercerización laboral e impulsar la legalización
de las cooperativas de trabajo asociado, las agencias de empleo
temporal y toda forma deslaborizada que conduzca a abaratar la
mano de obra y desconocer los más elementales derechos de los
trabajadores.
Este modelo
de contratación,
como proclama un
Comunicado de la CUT del 21 de febrero (4), “se
extiende a lo ancho y largo de nuestro territorio sembrando miseria
y contribuyendo a ahondar más las difíciles condiciones sociales
y económicas de la población”.
Enfrentando
el amedrentamiento a líderes sindicales
y la represión de las manifestaciones con
gases lacrimógenos que afectaron incluso a niños y mujeres embarazadas,
el levantamiento de Puerto Wilches es un mojón en la defensa de
los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la palma.
Artículo
basado en información obtenida de: mensajes diseminados por Carlos
Vicente, GRAIN, c.e.
carlos@grain.org,
www.grain.org y Guadalupe Rodríguez,
Salva la Selva,
www.salvalaselva.org; (1) Censo General 2005, Necesidades
Básicas Insatisfechas, Departamento Administrativo
Nacional de Estadística,
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/nbi_censo2005.pdf;
(2) Envío de la Oficina de Prensa Senador
Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, divulgado
por Carlos A. Vicente, Responsable de información para América
Latina, GRAIN, correo electrónico:
carlos@grain.org; (3)
Huelga de trabajadores de CTA en Puerto
Wilches, CUT,
http://www.cut.org.co//index.php?option=com_
content&task=view&id=955&Itemid=456;
(4) Comunicado
de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT-,
21 de febrero de 2008,
http://www.abpnoticias.com/boletin_temporal/contenido/
comunicados/359.html
inicio
- Ecuador: impactos
sociales y ambientales de la palma aceitera
La
empresa Palmeras del Ecuador se estableció en la Amazonía ecuatoriana,
en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi, a finales de
la década de los 70.
El
entonces Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) concesionó
a la empresa una extensión territorial de 10.000 hectáreas consideradas
“tierras baldías”, ignorando deliberadamente que eran tierras
ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas Siona y Secoya,
provocando su casi exterminio por la ocupación de sus territorios.
El
método utilizado por la empresa para instalar sus plantaciones
de palma fue el desmonte total de la selva virgen, la construcción
de drenajes para secar los pantanos, y la utilización de herbicidas
para matar las malezas. Como resultado, el bosque tropical de
la zona fue destruido en su totalidad. De acuerdo con testimonios
locales “los señores de la palmera cogieron las mejores tierras
y los campesinos cogieron las tierras que sobraron”.
En
las plantaciones de la empresa trabajan tanto gente de la comunidad
como hombres que vienen de fuera. Entre l@s trabajador@s se dan
dos situaciones: quienes trabajan con contrato firmado y quienes
lo hacen sin contrato. En el primer caso, tienen seguro de salud,
seguro social, y garantías de ley, pero no ocurre así con quienes
trabajan sin contrato, que no están protegidos por la ley.
Las
mujeres que trabajan en las plantaciones tienen que hacer el mismo
trabajo que los hombres. Cada persona –hombre o mujer- tiene a
su cargo un determinado número de parcelas y el trabajo realizado
se mide por: 1) número de árboles podados, 2) cantidad de racimos
que corta y carga, 3) recogimiento y limpieza de las semillas
que están en el suelo, 4) la chapia, que consiste en cortar el
monte en toda la parcela y dejar el suelo limpio.
Una
mujer local cuenta: “no tenemos protección ... en casos de embarazos,
las mujeres no tenemos ningún beneficio de ley; las trabajadoras
de oficina sí tienen ese derecho, pero las mujeres que trabajamos
en el campo no lo tenemos”.
La
fumigación es una actividad que realizan tanto hombres como mujeres,
con mochilas de 12 litros de capacidad cargadas a la espalda.
Frecuentemente quienes han fumigado vuelven a la casa con mareos,
con dolor del cuerpo y con nauseas, s a causa de los químicos
que se usan en la fumigaciones. Una mujer cuenta que su hijo “andaba
fumigando y se le empezó a hacer parches en todo el cuerpo, la
piel moreteada, también una granazón, quedó feo el cuerpo, no
quería ni levantarse y allí se lo llevaron los de la empresa,
le pusieron suero, lo tuvieron todo el día y vino mejorcito. Después
de eso él cogió miedo y ya se fue a Santo Domingo”.
Más
allá de sufrir los mismos problemas que los hombres cuando ellas
mismas trabajan, también son impactadas cuando no lo hacen. Una
mujer explica esta situación diciendo: “Para nosotras las mujeres,
la atención a la familia, a los hijos y maridos que trabajan en
la empresa es una preocupación. Cuando vienen enfermos tenemos
que gastar mucho dinero en medicina para curarlos. Ellos los días
que están enfermos no van a trabajar y por lo tanto no ganan.
Nosotras tenemos que dejar de hacer nuestras labores cotidianas
y por lo tanto también dejamos de ganar nuestro sustento. Es una
gastadera”.
Un
problema especial es el de la contaminación hídrica. Si bien el
centro poblado tiene el agua entubada que proviene del pozo, para
lavar la ropa y para actividades de recreación como el baño y
los juegos de los niños, la gente usaba el río Raya, que hoy se
llama “río sucio”, que está en el medio de la plantación de palma
y absolutamente contaminado. Cuando la gente se baña en ese río
sale con comezones en todo el cuerpo. Lo que se ha podido observar
es que en la plantación se hacen muchos drenajes, cuya agua termina
finalmente en el río. Tanto los productos fumigados como el lavado
de las bombas terminan en los esteros, cuya agua llega eventualmente
al río. A quienes no saben eso y beben agua de los esteros o del
drenaje les da diarrea y vómitos.
Un
problema particular, que afecta tanto la salud como la economía
de los pobladores locales es la llamada Mosca del Establo. Esta
plaga se origina en la práctica de la empresa Palmeras del Ecuador
de fertilizar sus suelos colocando alrededor de cada planta de
palma los desechos de los racimos de palma, llamados “la tusa”.
La comunidad denuncia que la mosca se reproduce en los sitios
donde está colocada “la tusa”. Dicen que “es una mosca brava que
pica a todos los animales, a las vacas, a los caballos, incluso
a los cerdos; a las personas también pican y son fuertes las picaduras
de estas moscas”.
El
problema es grave: “La cantidad de moscas es tal, que las cabezas
de los animales quedan negras de tantas moscas. Cuando las moscas
pican a los animales ellos intentan huir y se van al monte; entonces
nos toca buscar en todo el monte hasta encontrarlos. Con el ataque
de las moscas el ganado no puede comer tranquilo. Durante el día
el ganado no come y sale a alimentarse en la noche para no ser
molestado por las moscas”.
Al
aplicar la tusa alrededor de las palmas y provocar la proliferación
de la mosca la economía campesina se ve gravemente afectada, porque
el ganado, -fuente importante de sustento de los campesinos- al
ser atacado por las moscas no se alimenta bien, enflaquece, ya
no produce leche y en algunos casos muere. Por otra parte, los
animales escapan de las áreas con mayor concentración de la mosca
y se alejan de las fincas de los campesinos, de manera que estos
deben dedicar mucho tiempo en recuperar sus animales, descuidando
otras labores en la finca.
Lo
que la empresa llama “mosca del establo” y mucha gente local denomina
“mosca brava” resulta también en problemas para la salud y los
más afectados son los niños, a los que causa fiebres, dolor de
cabeza, irritación en la piel.
A
pesar de las presiones, la empresa continúa con la práctica de
fertilizar con “tusa” y, dado que esto coincide con la presión
que la empresa está ejerciendo a los campesinos para que le vendan
sus fincas, hace suponer que la aplicación de la tusa es también
una medida para forzar las ventas. Resulta interesante señalar
un testimonio que dice que “aquí en el centro poblado la mosca
no ha atacado con mayor fuerza, porque la empresa no pone los
desechos en las cercanías”. Sin embargo, donde sí pone las tusas
es donde “están las fincas donde está el ganado y ahí es donde
molesta”.
Por
Ivonne Ramos, Acción Ecológica,
cbosques@accionecologica.org
inicio
-
Malasia: graves efectos de los plaguicidas
sobre la salud de trabajador@s de las plantaciones
de palma aceitera
Los
plaguicidas perjudican la salud y las vidas de millones de usuarios
de plaguicidas de uso agrícola, de sus comunidades y de los consumidores
del mundo entero; también causan un gran daño a la diversidad
biológica y el ambiente. Los plaguicidas utilizados en las plantaciones
de palma aceitera tienen efectos adversos sobre la salud humana
y el ambiente. Los trabajadores y trabajadoras agrícolas de las
plantaciones de palma aceitera están muy expuestos a los plaguicidas
y sufren una serie de trastornos de salud peligrosos, tanto agudos
como crónicos, a pesar de que en su gran mayoría ignoran trágicamente
sus causas.
Durante
los últimos años, Tenaganita y PAN AP han llevado a cabo numerosos
estudios en las plantaciones de palma aceitera en Malasia, los
cuales han revelado que las condiciones laborales son terribles:
las trabajadoras y trabajadores pulverizan los plaguicidas sin
tener ningún conocimiento de los peligros que implican; no cuentan
con un atuendo adecuado para su protección; sucede incluso que
se llegan a sacar las etiquetas de las botellas de plaguicida
antes de entregárselas a los trabajadores para que éstos no puedan
identificar el producto que están usando.
L@s
trabajador@s que se quejan por envenenamiento
con plaguicida son tratados con dureza por el personal médico,
que a menudo les receta paracetamol para el dolor y cremas para
la irritación de la piel. L@s trabajador@s
de las plantaciones de palma aceitera no quieren denunciar los
casos de envenenamiento con plaguicida por miedo a perder su trabajo
o a posibles represalias, porque no pueden permitirse el lujo
de no trabajar ni tampoco enfrentar los costos de la atención
médica. Los impactos de los pesticidas comprometen la capacidad
de las personas para trabajar, ganarse la vida y cumplir funciones
dentro de la comunidad.
Los
impactos crónicos, que incluyen enfermedades y daños sistémicos,
cáncer, problemas reproductivos y desórdenes hormonales, amenazan
seriamente la supervivencia de las comunidades rurales a largo
plazo. Los desórdenes endocrinos pueden afectar particularmente
al feto, perturbando su crecimiento y formación, provocando tanto
deficiencias sistémicas y funcionales como niveles de coeficiente
intelectual bajos, vulnerabilidad a las enfermedades, problemas
de comportamiento y efectos sobre la fertilidad futura. Estos
impactos sobre los niños amenazan gravemente el futuro de comunidades
enteras, que podrían caer en la desintegración social y económica
y en mayor pobreza y sufrimiento.
Las
mujeres son particularmente vulnerables, debido a sus características
fisiológicas y a las circunstancias socio-culturales y económicas,
ya que a menudo son las más pobres entre los pobres. Los impactos
sobre la salud de las mujeres (y los niños) son graves, dado que
los plaguicidas que las trabajadoras aplican son potencialmente
tóxicos para el feto. Las mujeres pueden estar expuestas incluso
si no aplican directamente los plaguicidas y, sin embargo, son
las que tienen menos posibilidades de recibir entrenamiento para
reducir los riesgos. Tal es el caso del glufosinato de amonio,
un contaminante de las aguas subterráneas muy peligroso para los
humanos, ya que tiene efectos cancerígenos, toxicidad reproductiva,
del desarrollo y del sistema nervioso, y toxicidad aguda.
Algunos
de los plaguicidas utilizados en las plantaciones de palma aceitera
pueden producir enfermedades crónicas y hasta la muerte en los
humanos, como el endosulfán, un insecticida químico perturbador
del sistema endocrino, que actúa en principio sobre el sistema
nervioso y es conocido por interferir con los mecanismos hormonales
a muy bajas concentraciones; el 2,4-D dimetilamina y el Diuron,
potenciales cancerígenos; el glifosato, la cipermetrina y el
maneb, pesticidas potencialmente capaces de afectar el sistema
endocrino.
El
paraquat es un plaguicida muy peligroso, del que se sabe que es
el mayor causante de envenenamientos entre los trabajadores rurales
de las plantaciones de palma aceitera en Malasia. El gobierno
malayo anunció la decisión de prohibirlo, pero ésta aún no ha
sido implementada debido a las presiones de la industria. Los
síntomas del envenenamiento con paraquat son hemorragia nasal,
irritación de los ojos, dermatitis de contacto, irritación de
la piel, decoloración y caída de las uñas y úlceras abdominales.
El daño a los pulmones, por ejemplo, puede no ser evidente hasta
varios días después de la absorción. No hay antídoto contra el
envenenamiento con paraquat. El desenlace puede ser fatal y en
estos casos, la muerte llega por falla respiratoria. En 1994,
el gobierno danés impuso prohibiciones y restricciones severas
sobre 7 plaguicidas que consideraba una amenaza para la salud,
el ambiente o ambos, entre los cuales se incluía el paraquat.
La decisión danesa de prohibir el paraquat, que fue promulgada
en 1995, se basó en su persistencia y en su toxicidad para organismos
que no son el objetivo de su aplicación.
Sin
embargo, como ya expresó la oficina regional de Pesticide Action
Network for Asia and the Pacific (PAN AP), “en Malasia, las ganancias
de las industrias tienen más importancia que la consideración
por la salud de las personas.”
Por
Sarojeni V. Rengam, PAN Asia and the Pacific, c.e.:
sarojeni.rengam@panap.net y
panap@panap.net, www.panap.net
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COMERCIO DE CARBONO
-
(Des)Compensando la Democracia
El
comercio y las compensaciones de carbono distraen la atención
de los grandes cambios sistémicos y de las acciones políticas
colectivas que es necesario realizar para transitar hacia una
economía baja en carbono. Promover enfoques más efectivos y eficaces
en materia de cambio climático implica dejar de lado la estrechez
reductora del dogma del mercado libre, la falsa economía de las
supuestas soluciones rápidas y el propio interés a corto plazo
de las grandes empresas.
El
concepto que apuntala todo el sistema del comercio y las compensaciones
de carbono es que una tonelada de carbono aquí es lo mismo que
una tonelada de carbono allá. Esto significa que, si reducir las
emisiones de carbono en la India es más barato que hacerlo en
el Reino Unido, entonces se puede lograr el mismo beneficio para
el clima, y de una forma más eficiente desde el punto de vista
económico, haciendo las reducciones en la India.
Sin
embargo, la simplicidad seductora de este concepto se basa en
anular una serie de consideraciones importantes, como los derechos
a la tierra, las inequidades Norte-Sur, las luchas locales, el
poder empresarial y la historia colonial, para enfocarse en la
eficacia en materia de costos. Los mecanismos de comercialización
y compensación de carbono representan una reducción del problema
del cambio climático que niega la existencia de variables complejas
en aras de la rentabilidad.
Así
pues, cuando la Fundación FACE de los Países Bajos planta árboles
en el parque nacional de Kibale, en Uganda, para compensar los
vuelos de los consumidores, ignora el hecho de que, en un pasado
reciente, esa tierra fue escenario de violentos desalojos y que
aún es enérgicamente reclamada por personas que una vez vivieron
allí. Cuando las empresas compran créditos de carbono en el sistema
de comercio de emisiones de la Unión Europea, lo único que importa
es cuán baratas son las supuestas reducciones de emisiones. Pero
cualquier compensación en los países del Sur para justificar las
emisiones de los países del Norte, se hace con total prescindencia
de la extrema disparidad en los niveles de consumo de carbono
per cápita y asumiendo que las reducciones de emisiones en el
Sur pueden ser tratadas como otra mercancía colonial que puede
extraerse y comercializarse.
Incluso
dentro de la lógica del mercado obsesionada por los costos, el
uso del comercio y las compensaciones de carbono va contra el
sentido común. El meollo del sistema es dar oportunidades a las
empresas del Norte para que puedan demorar la costosa transición
hacia tecnologías bajas en carbono. Esto es, de hecho, “efectivo
en materia de costos” en el corto plazo, ya que es más simple
y más barato comprar créditos de carbono que emprender el complicado
camino de realizar dichos cambios. Sin embargo, los estudios han
mostrado una y otra vez que cuanto más demoremos en hacer esos
cambios, más caro y difícil será lograrlos, ya que la sociedad
estará cada vez más atrapada en la dependencia de los combustibles
fósiles y la adaptación a los impactos exacerbados del cambio
climático será aún más costosa.
Ya
existen documentos que explican de qué manera los países pueden
utilizar las compensaciones de carbono para evitar asumir la responsabilidad
de cumplir con los objetivos emanados del Protocolo de Kyoto,
y cómo empresas básicamente insustentables como Land Rover, BP
y BA pueden utilizar las compensaciones para tratar de conseguir
una legitimidad ambiental que no merecen. Pero lo que resulta
aún más inquietante son las nuevas modalidades creativas con las
que el sector empresarial está aplicando las compensaciones para
lograr sus objetivos.
La
influencia corrosiva de ese ilógico método ni siquiera se restringe
ahora a la esfera del cambio climático y las emisiones de carbono.
En reiteradas oportunidades, Coca-Cola ha sido objeto de campañas
organizadas por grupos de justicia social de todo el mundo, pero
sus prácticas comerciales en la India han recibido particular
atención. En 2003, el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente,
con sede en Delhi, publicó un informe basado en pruebas de laboratorio
que mostraron que los niveles de plaguicidas e insecticidas de
varios refrescos comercializados por Coca-Cola en la India eran
entre once y setenta veces más altos que los máximos establecidos
por la Unión Europea para el agua potable. El India Resource Centre,
con sede en Estados Unidos, ha realizado varios alegatos contra
la empresa, sosteniendo que provoca una grave escasez de agua
para las comunidades y que sus plantas embotelladoras contaminan
el suelo circundante y las aguas subterráneas. En marzo de 2004,
los funcionarios públicos de Kerala, un Estado al sur de la India,
cerraron una de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en base
a las quejas de las comunidades locales y los activistas, porque
había drenado y contaminado las existencias de agua de la zona.
En
agosto de 2007, mientras tomaba una Coca Light frente al logo
distintivo del panda del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
el Director General de Coca-Cola, Neville Isdell, anunció un acuerdo
con el WWF por el que se destinarían US$ 20 millones a “reponer
cada gota de agua que usamos en nuestras bebidas y su producción.”
Aparte de los planes para reducir y reciclar el agua que utilizan,
el tercer componente del paquete era la reposición. Esta no se
haría en los sitios de donde se sacó el agua sino a través de
una serie de proyectos que tendrían lugar en otras partes del
mundo – en los hechos, se trataría de compensaciones de agua.
Esos
20 millones de dólares (menos del 1% del enorme presupuesto anual
para publicidad de Coca-Cola, que asciende a 2.400 millones de
dólares) sirven para contrarrestar la gran cantidad de publicidad
negativa que la empresa ha recibido a causa de la contaminación
y el agotamiento del agua que ha provocado en países como la India.
La compañía ha realizado una fuerte campaña para negar toda responsabilidad
por cualquiera de los impactos devastadores que han sufrido las
comunidades de esos lugares. Las compensaciones de agua le permiten
ser el bueno de la película en algunos lugares del mundo, sin
tener siquiera que reconocer el daño que ha provocado en otros.
El
potencial de las compensaciones de agua no se limita a la posibilidad
de dar a alguna empresa una fachada ecológica. Algunos comentaristas
como John Regan, proveedor de créditos de carbono del Chicago
Climate Exchange, ve el sistema de compensación de agua de Coca-Cola
como “una señal alentadora de la naciente necesidad de un sistema
de comercio de créditos de agua”. La idea es que si una compañía
no controló lo suficiente su nivel de contaminación del agua,
tendrá que comprar créditos a otra compañía que lo haya hecho
por encima de sus objetivos.
Al
igual que el comercio de carbono, tal sistema sería una gran oportunidad
para emprender procedimientos contables oscuros y una oleada de
actividad en el mercado, con el fin de dar una impresión de movimiento
y enmascarar el hecho de que, en realidad, no se está haciendo
casi nada para encarar los temas fundamentales de la degradación
ambiental y la injusticia social.
Se
han propuesto o están en ciernes muchos otros sistemas para mercantilizar
y comercializar los problemas ambientales, incluido el comercio
de vertederos, el de especies en extinción y el de humedales.
La ironía es que la eterna expansión de las economías de mercado
es lo que ha creado tal presión sobre los recursos naturales y
ha amenazado todo tipo de ecosistema con crecientes niveles de
contaminación industrial. Ahora, esas mismas fuerzas del mercado
son presentadas como la panacea para nuestros múltiples males
ambientales. Este programa de mercantilización tiene poco que
ver con el interés público, y mucho con la posibilidad de que
las empresas ganen dinero con las transacciones de esos nuevos
mercados. Lo que se anuncia como una solución barata para que
la industria cumpla con los estándares ambientales, transforma
un problema social y político en un asunto de mercado, haciendo
a un lado la democracia.
Si
queremos resolver el problema del cambio climático adecuadamente,
debemos crear y aplicar un análisis sistémico que vaya más allá
de la obsesión del costo o incluso del dióxido de carbono, y que
promueva sinergias con las luchas por resolver otros problemas
importantes, en las áreas de comercio, finanzas, derechos humanos,
diversidad biológica, justicia ambiental y democracia.
Por
Kevin Smith, Carbon Trade Watch/Transnational Institute (publicado
anteriormente por Resurgence Magazine en marzo/abril de 2008),
c.e.: kevin@carbontradewatch.org,
enviado por el autor.
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