Colombia:
la palma aceitera crece a fuerza de violencia
Desde el inicio
de la presente década, todas las áreas de expansión de las plantaciones
de palma en Colombia han coincidido geográficamente con áreas de
expansión y presencia paramilitar. Hasta tal punto que algunas de
las nuevas plantaciones en desarrollo se han financiado como proyectos
productivos para los mismos desmovilizados del grupo paramilitar
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que antes incursionaron en
esas mismas zonas.
Esta estrategia
de control territorial mediante la expansión palmera tiene un aliado
importante en las políticas gubernamentales de apoyo e incentivación
a la siembra de palma aceitera que también buscan claramente el
control económico, político y militar de grandes áreas de Colombia
que escapan al control estatal.
Las políticas
estatales están a su vez potenciadas por los lineamientos estratégicos
de la inversión de los organismos internacionales. Un análisis de
las propuestas inversoras del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) son ilustradoras al respecto: “A criterio del BID, los cultivos
de mediano y largo plazo tienen mayor potencial exportador, mayor
capacidad de supervivencia en una economía
abierta, imprimen grandes beneficios en términos del proceso de
pacificación y generan un crecimiento sostenido del agro, superando
de esta manera los problemas de financiamiento agropecuario de largo
plazo. (…) Y en concordancia con el Documento de País (BID), el
programa focaliza sus actividades en las zonas y proyectos importantes
desde el punto de vista del esfuerzo de pacificación. En general
las inversiones en cultivos de mediano y largo plazo son vistas
por el BID como estrategias de gobernabilidad o control territorial
frente a problemáticas como el conflicto guerrillero, la violencia
política, la delincuencia común y los cultivos ilícitos. La agricultura
extensiva es una alternativa real para la ocupación del territorio
y para la generación de empleo en áreas de conflicto.”
Finalmente, todos
estos discursos confluyen en la idea de que los cultivos de palma
son un medio de desarrollo económico útil para la pacificación del
país. Esta confluencia de actuaciones ilegales y delictivas, de
políticas gubernamentales y de inversiones internacionales conforma
el modelo palmero colombiano.
Este modelo se
puede generalizar en un esquema de 5 fases:
1. Arremetida
o conquista paramilitar.
2. Apropiación
ilegal de las tierras. Robo o compra con intimidación armada.
3. Sembrado de
palma.
4. Complejo palmero
= Plantaciones + Extractoras.
5a. Flujo del
aceite hacia el mercado nacional y/o internacional.
5b. Dominio territorial.
Esta caracterización
es una síntesis de los diferentes procesos que se vienen desarrollando
en las zonas palmeras del país, pero es particularmente aplicable
en su totalidad (de 1 a 5) a las nuevas plantaciones desarrolladas
desde principios de la presente década.
En procesos anteriores
como en Santander o Tumaco, el modelo se ha iniciado con complejos
palmeros ya establecidos, siendo los empresarios palmeros los que
conformaron o invitaron y financiaron a grupos paramilitares como
cuerpos de seguridad privada frente a la guerrilla. En cambio en
Casanare, las plantaciones de palma se expandieron al mismo ritmo
que el accionar paramilitar, solapándose ambas expansiones. El caso
que se ajusta perfectamente al modelo corresponde a las plantaciones
del Chocó donde fueron los propios paramilitares los que invitaron
a los empresarios palmeros a instalarse en sus zonas de control.
Según la Procuraduría
General de la Nación, “la apropiación, usurpación y saqueo de las
tierras por parte de grupos de autodefensas (33%), guerrillas (17%),
narcotraficantes, esmeralderos [comerciantes de esmeraldas], terratenientes,
algunos palmicultores y otros actores se ha denominado por analistas
y medios de comunicación como la ‘contrareforma agraria’ y la ‘parareforma
agraria’”.
En el estimado
de entre 2,6 y 6,8 millones de has., hay muchas que actualmente
están plantadas con palma. Esta ‘contrarreforma agraria’ denunciada
por distintos analistas y medios de comunicación lleva siendo denunciada
desde hace mucho tiempo por las propias víctimas, como en el caso
de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó afectadas por las
plantaciones de palma.
Las incursiones,
arremetidas o la posterior conquista territorial han dejado un saldo
macabro en las áreas rurales de Colombia. Los asesinatos o masacres,
las desapariciones forzadas, las amenazas, los secuestros, las torturas
y demás hostigamientos provocan el desplazamiento forzoso colectivo
y/o individual de los habitantes de las tierras que se pretenden
arrebatar.
Las dimensiones
del desplazamiento forzoso en Colombia son alarmantes. Se estima
que en Colombia han sido desplazadas por la violencia entre 1.874.917
y 3.832.525 personas según los diferentes registros. De este elevado
número, dos de cada tres desplazados poseían tierras en el momento
de ser desplazados.(Texto extraído y adaptado de “El flujo del aceite
de palma Colombia - Bélgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva
de derechos humanos”).
Las denuncias
continúan: la organización colombiana Salva la Selva (Rettet den
Regenwald) denunció que los líderes comunitarios que se oponen a
las plantaciones de palma y los que apoyan a comunidades desplazadas
en posesión de títulos legales sobre sus tierras para que regresen
a los lugares de donde fueron desplazados, han estado recibiendo
amenazas de muerte. Otras personas de la zona han sido atacadas
por miembros de fuerzas paramilitares y militares. En septiembre
de 2007, dos personas fueron heridas de bala por hombres que se
cree que eran miembros de un grupo paramilitar. También continúan
las amenazas a las comunidades que ya han regresado a sus tierras.
Desde 2001, se
han producido 113 asesinatos, 13 desplazamientos forzosos, y se
ha sabido de numerosas amenazas de muerte y ocupaciones ilegales
de tierras. El pasado diciembre, el Fiscal General de la Nación
elevó un caso en contra de 23 representantes de compañías de palma
de aceite, aunque esto no ha llevado a esfuerzos reales por
detener la expansión de la palma ni de la ganadería en tierras comunitarias.
El pasado mes
de mayo los miembros de la comunidad de Caracolí, territorio colectivo
de Curvaradó, Jair Barrera, Jonny Barrera y Devis Salas, y las defensoras
de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz,
Elizabeth Gómez y Luz Marina Arroyabe, fueron
detenidos ilegalmente por la policía con acusaciones dirigidas a
criminalizarlos, y posteriormente sufrieron malos tratos, torturas
y amenazas. Toda la actuación policial estuvo acompañada por beneficiarios
del paramilitarismo y la palmicultura (ver
http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=255)
Por su parte,
el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) anunció
nuevas políticas que incrementarán el apoyo gubernamental a la expansión
de los agrocombustibles, con la intención de convertir a Colombia
en una potencia exportadora de agrocombustibles.
Las violaciones
de los derechos humanos en el Chocó y otras partes, y la destrucción
acelerada de bosques tropicales y otros sistemas vitales y biodiversos,
son el resultado directo de estas políticas del gobierno.
Artículo basado
en: “El flujo del aceite de palma Colombia - Bélgica/Europa. Acercamiento
desde una perspectiva de derechos humanos”, Fidel Mingorance, Estudio
realizado por HREV para la Coordination Belge pour la Colombia,
http://www.hrev.org/media/documentos/elflujopalmaes.pdf; “Colombia:
agrocombustibles destruyen comunidades y biodiversidad”, Salva la
Selva,
http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=255
