NUESTRA
OPINIÓN
-
Pekín:
el engaño de los Juegos “Carbolímpicos”
Según
Wan Gang, Ministro chino de Tecnología, los Juegos Olímpicos de
Pekín tendrán como resultado la liberación de unos 1,18 millones
de toneladas de carbono a la atmósfera, “en parte por las grandes
distancias que recorrerán tantos atletas y espectadores”. Sin
embargo, no debemos preocuparnos por esto porque las autoridades
chinas aseguran que las Olimpíadas serán “básicamente” neutras
en carbono.
Por supuesto, esto es imposible. Nadie puede
ser “neutro en carbono” una vez consumido el combustible necesario
para “recorrer largas distancias” (sobre todo en aviones, ómnibus
y automóviles alimentados con combustibles fósiles). El carbono
acumulado en ese combustible habrá sido liberado, aumentando así
la cantidad neta de carbono en la atmósfera al sumarle el carbono
que hasta entonces había permanecido almacenado en depósitos de
petróleo subterráneos. En el caso de las Olimpíadas de Pekín,
esto generará 1,18 millones de toneladas adicionales de carbono
que contribuirán a aumentar el calentamiento global.
El
problema es que mucha gente sinceramente cree en la posibilidad
de ser “neutro en carbono”, mayormente porque, como dice el refrán,
“una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Y
esta mentira en particular es constantemente repetida por numerosos
“expertos” que tienen mucho para ganar con el comercio de carbono
y por algunas organizaciones supuestamente “verdes”.
Tal
es el caso del bien conocido WWF (que tiene un oso panda como
logo), cuya sección china ha creado una página web especial para
facilitar los pagos para poder ser “neutro en carbono”. El sitio
explica que “A través de su campaña Vé por el Oro (“Go for Gold”),
el WWF llama también a los atletas olímpicos a comprometerse a
realizar un viaje neutro en carbono a los Juegos de Pekín, donando
el equivalente al costo de carbono de su vuelo para un proyecto
“Gold Standard” de compensación del cambio climático.” El WWF-China
incluso recomienda cinco “puntos de venta” específicos:
www.climatefriendly.com,
www.myclimate.org,
www.atmosfair.de,
www.nativeenergy.com y
www.tricoronagreen.com.
La
cita antes mencionada lleva a creer que pagando – “donando” –
cierta suma de dinero, el carbono liberado por el avión, el ómnibus
o el auto desaparecerá en algún lado por obra de alguien que hará
algo que “compensará” tales emisiones. Parafraseando una película
muy conocida, esto es de hecho una “Emisión Imposible”.
Sin
embargo, se hace creer a las personas que una serie de medidas,
que pueden ser útiles en sí mismas pero que no tienen nada que
ver con “neutralizar” las emisiones de carbono de los combustibles
fósiles, les permitirán lograr la calidad de “neutros en carbono”.
Por ejemplo, no hay duda de que las medidas de ahorro de energía,
la eficiencia energética, el uso de energía solar, eólica y geotérmica
y la reducción del uso de automóviles, son todos pasos positivos
en la dirección correcta. El problema surge – como en el caso
de los Juegos Olímpicos de Pekín – cuando los organizadores afirman
que estas medidas garantizarán que los Juegos sean “básicamente”
neutros en carbono. No lo serán.
Lo
que hace falta para enfrentar verdaderamente el problema del cambio
climático es drásticamente reducir y finalmente eliminar el uso
de combustibles fósiles. No es una cuestión de elección individual
sobre ser “neutro en carbono”, sino un asunto político que debe
ser tratado a ese nivel. No son los atletas olímpicos, que ya
tendrán demasiados problemas para encontrar oxígeno suficiente
en el aire contaminado de Pekín, quienes deban soportar la presión
y cargar con la culpa, sino los gobiernos que continúan promoviendo
un modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles y la
destrucción del medio ambiente.
Los
Juegos Olímpicos de Pekín podrán llegar a ser un éxito desde el
punto de vista deportivo, pero no tendrán el “efecto positivo
sobre el cambio climático” que el Ministro chino Wan afirma, y,
ciertamente, no van a ser “básicamente” neutros en carbono. Intentar
maquillar de verde 1,18 millones de toneladas de carbono puede
resultar una tarea muy difícil.
inicio
COMUNIDADES Y BOSQUES
-
Brasil: la deforestación de la Amazonía cobra nuevo vigor
Este
mes el parlamento brasileño dio carácter de ley a la medida provisoria
Nº 422, que aumenta la superficie de la Amazonía que puede ser
concedida para uso rural sin necesidad de licitación. El límite,
estipulado anteriormente en 500 hectáreas, se amplía a 1.500 hectáreas,
pudiendo deforestar hasta el 20 por ciento de la superficie concedida.
La
votación contó con la fuerte oposición de la ex-ministra de Medio
Ambiente y actual senadora Marina Silva, quien acusó al gobierno
de legalizar la apropiación ilegal de las tierras de la Amazonía.
“Esta medida significará un proceso de privatización de la tierra”,
declaró, anunciando que traería graves perjuicios al Plan de Combate
a la Deforestación de la Amazonía.
Esta
noticia se cruza con las revelaciones de un nuevo estudio estadounidense
publicado en la revista “PNAS” y denunciado en un reportaje del
periódico Folha e Sao Paulo del 1/7/2008. El estudio demuestra
que entre 2000 y 2005, Brasil encabezó la lista en materia de
superficie deforestada y velocidad de devastación, aún cuando
en los últimos tres años había conseguido reducir en 59% los índices
de deforestación (pasando de 27.429 km2 de agosto de 2003 a julio
de 2004, a 11.224 km2 en la última medición, de agosto de 2006
a julio de 2007), algo que todo indica está a punto de revertirse.
Según
datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE),
la Amazonía brasileña perdió 1.096 kilómetros cuadrados en mayo
y más de la mitad de esa deforestación tuvo lugar en el estado
de Mato Grosso do Sul (646 km2), donde históricamente se han denunciado
las mayores presiones de las plantaciones de soja y de la ganadería
sobre la selva.
Por
otro lado, si bien la intensa expansión de la caña de azúcar para
producción de etanol no ocupa tierras amazónicas, ejerce una presión
indirecta en la medida que se ubica en zonas cercanas y las encarece,
empujando otras siembras y la ganadería hacia la Amazonía y contribuyendo
a su penetración con la construcción de carreteras e infraestructura.
La
deforestación incide directamente, además, en el calentamiento
global a través de la emisión de dióxido de carbono, y altera
el proceso de evapotranspiración que regula el comportamiento
climático.
Sin
duda que, reiterando nuestra opinión al respecto, decimos que
los bosques no están desapareciendo porque la gente y sus gobiernos
sean ignorantes o porque no haya planes de gestión adecuados.
Los bosques están desapareciendo porque una serie de políticas
nacionales e internacionales interconectadas preparan el terreno
para que ello suceda. Es por lo tanto a ese nivel que deben encontrarse
las soluciones.
Artículo
basado en información obtenida de: “Brasil é líder total em desmatamento,
mostra novo estudo”, Instituto Humanista Unisinos, Internet, 1-7-08,
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/42192;
“Deforestación amazónica superó los 1.000 km2”, Diario El Universal
C.A.,
http://www.eluniversal.com/2008/07/15/ten
_ava_d eforestacion-amazon_15A1799685.shtml
inicio
-
Guatemala: deforestación y desplazamientos por agrocombustibles
En
Guatemala, como en varios otros países del Sur, las comunidades
indígenas y el ambiente pagan un alto costo por la expansión de
los agrocombustibles. Deforestación, desplazamiento forzoso, amenazas,
detenciones ilegales y hasta el asesinato signan este avance.
La
organización Salva la Selva denuncia una situación que viene ocurriendo
en los últimos tres años en un área conocida como “Finca Los Recuerdos”,
donde el Ingenio Guadalupe, una de las empresas productoras de
etanol del país, ha estado deforestando en tierras indígenas para
plantar caña de azúcar con destino a la producción del referido
combustible.
En
medio de una crisis alimentaria y del aumento de precios de los
alimentos, el 30 de junio de este año, 60 familias Keqchi de La
Isla, Caserío el Morador Semano, Corazón de Maíz y Teleman Punto
15, en Panzos, intentaron recuperar parte de su tierra para cultivarla
y producir alimentos.
En
respuesta, según consigna Salva la Selva, “fueron atacados por
paramilitares asociados a la compañía. Durante este ataque, les
dispararon desde un helicóptero, resultando herido un hombre de
35 años, padre de tres niños, quien tuvo que ser hospitalizado.
Al día siguiente, las familias y representantes de la organización
campesina CUC, realizaron una protesta pacífica durante la cual
volvieron a ser atacados por los paramilitares, a quienes acompañaban
dos representantes del Ingenio Guadalupe. Hubo disparos, amenazas
de muerte, y dos mujeres resultaron detenidas de manera ilegal.”
En la zona de Coatepeque también ocurrieron ataques similares
por la expansión de la palma de aceite para la producción de biodiesel.
De
acuerdo a las informaciones facilitadas por el CUC, y por la organización
internacional de derechos humanos Rights Action, esos eventos
son representativos de lo que está pasando en toda Guatemala.
Miembros del CUC denuncian lo siguiente: “Hacemos ver que el gobierno
no tiene medidas claras para enfrentar la crisis alimentaria y
de altos precios, y lo hacemos responsable de la reacción y acciones
que tome la población ante el agravamiento de la crisis”.
Hasta
ahora las medidas que se han adoptado han ido en apoyo de los
intereses de los grupos del agronegocio, para que éstos, tal como
se denuncia, “obtengan de forma ilegal tierras que pertenecen
a comunidades indígenas, y donde la violencia cometida por paramilitares
e incluso por las fuerzas de seguridad del Estado se utiliza para
desplazar a comunidades”.
La
destrucción ambiental y la violación de los derechos humanos es
promovida por el sistema financiero mundial: en enero de este
año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó una financiación
que habilita al gobierno guatemalteco a desarrollar una estrategia
nacional de agrocombustibles. Eso inevitablemente se traducirá
en más deforestación, más apropiación de tierras, más desplazamientos
forzosos, más violación de los derechos de las comunidades indígenas...
El
BID es uno de los mayores financiadores de la expansión de los
agrocombustibles en Latinoamérica y está preparando créditos privados
por valor de $3 billones. Rights Actions exhorta a realizar una
acción ante el BID, denunciando la situación y reclamando la suspensión
inmediata de todo apoyo y financiación a la producción de agrocombustibles
en Guatemala mediante una carta que finaliza diciendo: “La producción
de agrocombustibles en Guatemala ha incrementado la deforestación,
la desertificación y acelera el cambio climático. También incrementa
el hambre, y viola los derechos territoriales de las comunidades
indígenas, incrementando la represión violenta. Por favor, suspenda
inmediatamente su apoyo a los agrocombustibles en Guatemala.”
(accesible en
http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=283).
Artículo
basado en información obtenida de: “Empresa de agrocombustibles
reprime violentamente a indígenas en Guatemala”, Salva la Selva,
http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=283
inicio
- Malasia: pueblos del bosque de Sarawak hostigados por madereros
y represas
En
el boletín del mes pasado del WRM recordábamos la lucha que por
tanto tiempo libraron las comunidades locales en defensa de los
bosques de Sarawak, particularmente mediante bloqueos en las rutas
para detener la entrada de los camiones de las empresas madereras
a sus territorios.
Ahora,
el pueblo Kenyah está peleando nuevamente en defensa de sus medios
de vida. Según un informe del Instituto de Recursos de Borneo
(BRIMAS), “Más de cien (100) indígenas Kenyah de varias aldeas
comunitarias que viven en el interior de Telang Usan (Kedaya Telang
Usan), en la región de Baram del Estado de Sarawak, Malasia Oriental,
se reunieron en la cuenca superior del río Moh para llevar a cabo
una protesta pacífica contra las operaciones madereras de la Samling
Timber Company. El 19 de de mayo de 2008, los indígenas Kenyah
de seis (6) aldeas comunitarias, a saber: Long Moh, Long Je'eh,
Long Bela'ong, Long Sawan, Long Silat y Long Mekabar, comenzaron
el bloqueo. Éste se estableció en las principales rutas madereras
utilizadas por la empresa Samling Timber Company para sus actividades
dentro de las tierras comunales y los bosques de los Kenyah en
Kedaya Telang Usan, en la región de Baram”.
El
grupo Samling, uno de los gigantes madereros de Sarawak, certificado
por el Consejo Malayo de Certificación Maderera (MTCC), no sólo
taló ilegalmente sin previo consentimiento dentro de las tierras
comunales indígenas sino que además, como dijo el Instituto de
Recursos de Borneo, “ignoró los reclamos razonables de beneficios
sociales y desarrollo para las comunidades, las cuales poseen
derechos sobre el bosque y con total justicia deberían beneficiarse
de los recursos forestales de la zona”.
Los
Kenyahs han protestado en reiteradas ocasiones ante las autoridades
y la empresa forestal por los problemas causados por la destrucción
del bosque, del que todavía dependen en gran medida para su existencia.
Sin embargo, no se tomó ninguna medida y la compañía siguió adelante
con sus actividades. Por eso decidieron recurrir a los bloqueos,
con el fin de llamar la atención sobre su reclamo y detener los
camiones de la empresa para que ésta no pueda extraer y transportar
árboles valiosos del bosque de los Kenyah en la cuenca superior
del Sungai Sebua, Sungai Jekitan y Sungai Moh. Sus pancartas decían:
“Samling, no roben la riqueza de las tierras de los pobres para
dársela a los ricos de la ciudad.”
Según
BRIMAS, el pasado 14 de junio la policía recibió la orden de acudir
al sitio del bloqueo con una orden de detención emitida por la
Corte Suprema de Miri. Afortunadamente, hasta el momento no hemos
tenido noticias de que se haya efectivizado algún arresto.
Pero
no parece haber tregua para los pueblos del bosque de Sarawak.
Según Survival International, un documento secreto que se filtró
revela los planes de la empresa Sarawak Energy Berhad para construir
una serie de enormes represas hidroeléctricas en Sarawak, las
cuales sumergirían los hogares de al menos mil indígenas Penan,
Kelabit y Kenyah. Una de ellas dejaría también bajo agua parte
del Parque Nacional de Mulu, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
Los
proyectos energéticos serían construidos de aquí al 2020. La presentación
de Sarawak Energy Berhad fue publicada, según parece por accidente,
en una página web china, y ahora fue retirada. Sin embargo, aún
se puede descargar, junto con un mapa del lugar propuesto para
la represa, desde la página web de Survival:
http://www.survival-international.org/news/3450.
Artículo
basado en información extraída y adaptada de: “Malaysian police
ordered to clear Kenyah logging road blockade”, Bruno Manser Fonds,
http://www.bmf.ch/ch/news/?show=102
y “Secret plans revealed to submerge Penan villages”, 17 de julio
de 2008, Survival International,
http://www.survival-international.org/news/3450
inicio
-
Perú: paro nacional en defensa de los derechos colectivos indígenas
El
8, 9 y 10 de julio pasados, la Confederación Campesina de Perú
y la Confederación Nacional Agraria, con la nutrida adhesión de
numerosas organizaciones indígenas y campesinas, llevaron adelante
una amplia protesta en todo el país, coincidiendo el día 9 con
un paro general nacional convocado por la Central General de Trabajadores
del Perú (CGTP).
La
protesta reunió a varias Comunidades, Federaciones y Organizaciones
de Pueblos Indígenas de la Amazonía y varias consignas, en especial
el reclamo del respeto de los Derechos colectivos de los Pueblos
Indígenas, afectados por las políticas que el gobierno intenta
imponer en la Amazonía y que suponen la imposición de industrias
destructivas de la Amazonía y sus habitantes, como la minería,
la explotación petrolera y la forestación.
Algunos
de los reclamos de los Pueblos Indígenas en el Perú se refieren
a una serie de proyectos de leyes que cercenan los derechos colectivos
indígenas, entre ellas una serie de iniciativas legislativas:
*
los decretos legislativos 1015 y 994 , por el cual el Poder Ejecutivo
intenta imponer coactivamente la parcelación y propiedad individual
en tierras indígenas comunitarias en todo el Perú. Esto provocaría
su desprotección y permitiría la invasión de poderosos grupos
económicos, principalmente de las industrias extractivas. Las
normas propuestas también violan varios artículos de la Constitución,
que garantizan la propiedad comunal y establecen que las comunidades
son autónomas en su organización;
*
el proyecto de ley 840, llamado “Ley de la Selva” (ver Boletín
del WRM Nº 129), con el que se pretende privatizar miles de hectáreas
de bosques amazónicos para una supuesta “reforestación”, con el
argumento de que son zonas sin cubierta boscosa y eriazas, es
decir, sin derechos adquiridos sobre ellas, siendo que en la selva
no hay territorios eriazos, como denuncian las organizaciones
indígenas;
*
el proyecto de ley 2133, que faculta la venta de las playas, barrizales
y restingas que dejan los ríos de la Amazonía.
Al
decir del Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas – FREDESAA,
se trata de leyes con las que se deja sin tierras al habitante
amazónico, convirtiéndoles de sus legítimos dueños en peones o
posteriormente en esclavos.
La
medida de paro general del 9 de julio, que paralizó a buena
parte del país logrando los mayores grados de acatamiento en los
Andes sureños, en el centro y en la Amazonía, sumó a las referidas
consignas la protesta por la política neoliberal del gobierno,
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la privatización
de los puertos y servicios básicos como el agua.
En
numerosas ciudades la gente salió a las calles a manifestar y
se cortaron carreteras. El gobierno movilizó a cien mil policías
en todo el país y sacó a las fuerzas armadas para que asumieran
el control de instalaciones estratégicas, como las estaciones
de energía eléctrica, los depósitos de agua potable y los aeropuertos.
El saldo fue unas 200 personas detenidas.
Artículo
basado en información obtenida de: “Unidad de los Pueblos ante
Paro en la Amazonía del Perú”, Red Ucayali, 9/07/2008,
http://peru.indymedia.org/news/2008/07/40434.php; “El paro
pegó fuerte en Perú”, Carlos Noriega, Página 12, 10/07/2008, reproducido
por bilaterals.org,
http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=12653; “En
defensa de las tierras de la Amazonía”, FREDESAA, 6/06/2008,
http://frentes-
regionales.blogspot.com/2008/06/fredesaa-frente-de-defensa-y-desarrollo.html
inicio
- Pérdida de manglares y cambio climático – Una perspectiva mundial
Los
manglares son las selvas tropicales del mar. Grandes franjas de
la costa tropical y subtropical de Asia, África, Oceanía, las
Américas y el Caribe están bordeadas por manglares que alguna
vez se estimó que cubrían una superficie de más de 32 millones
de hectáreas. Ahora quedan menos de 15 millones de hectáreas (menos
de la mitad de la superficie original).
Nunca
se insistirá lo bastante sobre la importancia de la zona de amortiguación
protectora que proveen los manglares. En regiones donde los bosques
de la franja costera fueron eliminados, surgieron tremendos problemas
de erosión y encenagamiento y hubo terribles pérdidas de propiedades
y vidas humanas debido a los huracanes, las marejadas de tormenta
y los tsunamis.
Hoy
en día es cada vez más urgente reconocer la importancia de conservar
y restaurar el cinturón verde protector que constituyen los manglares
para disminuir los riesgos de futuras catástrofes porque, así
como aumenta el nivel del mar, lo harán la frecuencia y la intensidad
de los huracanes y las marejadas. La presencia de manglares lozanos
puede amortiguar la furia de esas tormentas destructoras, formando
una barrera que proteja los poblados ubicados detrás de ellos.
La
organización Mangrove Action Project (MAP) está trabajando con
otras organizaciones del Sur en la tarea, que consideran altamente
prioritaria, de restaurar las zonas de manglares degradados o
eliminados. MAP quiere sobre todo restaurar parte de las 250.000
ha de granjas camaroneras abandonadas, ubicadas en lo que antes
eran pantanos costeros, especialmente en Asia y América Latina.
Pero, lo que es aún más importante, la organización se esfuerza
por ayudar a conservar y proteger los manglares que aún existen
en el mundo.
La
conservación de los manglares existentes y la restauración de
las vastas zonas de humedales ya degradadas y devastadas contribuirán
a resolver en parte el problema del calentamiento global. Nuestro
planeta enfrenta tal vez una de las mayores amenazas a la vida
tal como la conocemos. El cambio climático inducido por los seres
humanos está en la raíz de esta crisis. Como casi la mitad de
la humanidad vive hoy en ciudades y poblados ubicados a lo largo
de las ahora vulnerables costas, el calentamiento global y la
consiguiente elevación del nivel del mar no pueden ser ignorados.
En el Pacífico Sur y el Sur de Asia ya han comenzado las evacuaciones
de islas bajas. Se esperan evacuaciones masivas de millones de
residentes costeros para los próximos 50 años si el nivel del
mar continúa aumentando como resultado del efecto invernadero
causado por las emisiones excesivas de gases carbónicos.
Sin
embargo, los manglares son a menudo la primera línea de defensa
que protege la costa contra la erosión y las tormentas. Los manglares
son también unas de las mejores herramientas de la naturaleza
para combatir el calentamiento global gracias a su gran capacidad
para secuestrar carbono. Es ésta una característica de los pantanos
de manglares que requiere ahora nuestra más inmediata y total
atención. Una de las mayores contribuciones que los manglares
pueden ofrecer es su gran capacidad para secuestrar el carbono
de la atmósfera y almacenarlo en el sustrato del humedal. Según
el número de febrero de 2007 de National Geographic, “Los manglares
son fábricas de carbono…Las mediciones sugieren que los manglares
podrían tener la mayor productividad neta de carbono de todos
los ecosistemas naturales (aproximadamente 40 kgs por cada media
hectárea y por día)…”
Los
manglares han sido seriamente subestimados por las agencias gubernamentales
responsables de su protección y manejo. Esto resulta evidente
en el Caribe, sobre todo en las Bahamas, donde se están tomando
medidas que son una parodia por su falta de visión, como sucede
en Guana Cay y las islas Bimini.
La
combinación de falta de ética ambiental, de codicia miope y de
débil aplicación de las leyes ha causado la desaparición masiva
de estos humedales costeros y ha tenido un altísimo precio oculto:
la oxidación y la liberación del carbono almacenado en los manglares.
Gracias
a un estudio realizado por el Dr. Ong de la Universidad Sams de
Malasia, se descubrió que las capas de tierra y turba que componen
el sustrato del manglar tienen un alto contenido de carbono, de
10% o más. Cada hectárea de sedimentos del manglar puede contener
cerca de 700 toneladas de carbono por metro de profundidad. Al
construir grandes cantidades de granjas camaroneras o complejos
turísticos, la tala resultante de los manglares y la subsiguiente
excavación del sustrato tendrían el potencial de provocar la oxidación
de 1.400 toneladas de carbono por hectárea y por año.
También
según el Dr. Ong, “Suponiendo que sólo la mitad del carbono se
oxidara durante un período de 10 años, estaríamos frente a un
retorno a la atmósfera de 70 toneladas de carbono por hectárea,
por año, durante 10 años. Esto equivale a unas 50 veces el nivel
de secuestro. Significa que bastaría con destruir apenas el dos
por ciento de los manglares para que se perdieran todas las ventajas
que estos tienen como sumideros de carbono atmosférico…”
Según
el último estudio realizado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el índice
actual de pérdida de manglares es de alrededor del 1% anual, lo
cual significa que cada año desaparecen unas 150.000 hectáreas
de manglares. Esto se traduce, cada año, en la pérdida de la capacidad
de secuestro de unas 225.000 toneladas de carbono y la liberación
adicional de aproximadamente 11 millones de toneladas de carbono
provenientes del suelo de los manglares afectados.
Obviamente,
se trata de un enorme problema que requiere nuestra acción coordinada.
No sólo estamos perdiendo el importante potencial de secuestro
de carbono que ofrecen los manglares, sino que además estamos
viendo la liberación de mayores cantidades de gases contaminantes
del propio sustrato afectado. El continuo desmonte de manglares,
por la razón que sea, debe ser considerado bajo una luz totalmente
nueva… una luz que ilumine mucho más allá de las sombrías grietas
del desarrollo por conveniencia e interés, hacia un futuro para
la vida y una vida sostenible en este planeta que hoy está en
peligro… este hogar nuestro que llamamos Tierra.
Por
Alfredo Quarto, Director Ejecutivo, Mangrove Action Project,
www.mangroveactionproject.org
REFERENCIAS:
Ong, Jim Eong, Prof., Centro de Estudios Marinos y Costeros, Universidad
de Sams, Malasia, The Hidden Cost of Mangrove Services, Use of
Mangroves for Shrimp Aquaculture, Intl. Science Roundtable for
the Media, 2002
inicio
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS
DE ÁRBOLES
El
17 de junio de 2008, la Justicia Federal de la ciudad de Eunápolis,
Estado de Bahia, divulgó en el Diario de la Justicia Federal de
Bahia (Nº 42/pág. 60), la sentencia de una Acción Civil Pública,
promovida por el Ministerio Público Federal en 1993 contra Veracel
Celulose –denominada en ese momento Veracruz Florestal- y los
órganos ambientales del estado (CRA – Centro de Recursos Ambientales)
y federal (IBAMA – Instituto Brasileño de Medio Ambiente).
La
Justicia Federal brasileña condenó a Veracel a restaurar, con
vegetación nativa, todas sus áreas comprendidas en las licencias
de plantación de eucaliptos que fueron emitidas entre 1993 y 1996.
Esto significa que un área de 96 mil hectáreas, cubierta por plantaciones
de eucalipto de la empresa, deberá ser reforestada con árboles
de la Mata Atlántica, uno de los biomas más diversos del planeta
y al mismo tiempo más amenazados del mundo. La empresa también
fue condenada a pagar una multa de R$ 20 millones (USD 12,5 millones)
por la deforestación de la Mata Atlántica, con tractores y máquinas
unidas con cadenas, ocurrida en los primeros años de su funcionamiento
(1991-1993). Veracel anunció que apelará la decisión.
Veracel
Celulose es una joint venture de dos de las mayores empresas
del ramo del papel y la celulosa en el mundo: la sueco-finlandesa
Stora-Enso y Aracruz Celulose, cada una titular del 50% de las
acciones. Veracel posee aproximadamente 205 mil hectáreas de tierras
en el Extremo Sur de Bahia, siendo cerca de 96 mil hectáreas de
monocultivo de eucalipto; su fábrica de celulosa tiene una producción
de aproximadamente 900 mil toneladas, destinadas a la exportación,
perteneciendo la mitad de esa producción a Aracruz y el resto
a Veracel.
Esta
decisión de la justicia brasileña puede ser clasificada como histórica
por diversos motivos:
-
La decisión hace
justicia a la lucha del Foro Socio-Ambiental del Extremo Sur de
Bahia y de la Red Alerta contra el Desierto Verde, que luchan
desde hace 15 años para que Veracel Celulose sea condenada por
su participación en la destrucción de la Mata Atlántica en la
región, comprobada por un video divulgado por Greenpeace. El video
llevó al entonces Ministro de Medio Ambiente, Fernando Coutinho
Jorge, a impedir el emprendimiento, a pesar de las tentativas
de la empresa de negar y camuflar los estragos ambientales cometidos.
Al mismo tiempo, se trata de una decisión inédita en el Brasil,
en el sentido de penalizar un delito ambiental cometido por una
gran empresa plantadora de eucaliptos, recordando que otras empresas
también han cometido el mismo delito pero nunca fueron condenadas.
-
La decisión hace
justicia a la lucha del Foro Socio-Ambiental y de la Red Alerta,
que siempre alegaron que empresas como Veracel fueron autorizadas
ilegalmente, sin seguir las reglas y criterios para la elaboración
de estudios e informe de impacto ambiental (EIA/IIA). En 1994,
tres años luego de haber iniciado la plantación de eucaliptos,
la empresa encomendó, siendo obligada por el Ministro de Medio
Ambiente, una EIA/IIA para las plantaciones y la construcción
de la fábrica de celulosa. Los documentos fueron elaborados rápidamente
por la empresa finlandesa Jaakko Poyry (actual Poyry), empresa
que se benefició posteriormente con el emprendimiento, con servicios
de consultoría prestados a la empresa. En ese momento, la EIA/IIA
sufrió severas críticas de auditores contratados por el CRA y
ONGs. A pesar de ello, el CRA concedió las licencias necesarias
para que la empresa continuara la expansión de sus plantaciones
y la implantación de la fábrica.
-
Con esta decisión,
por primera vez se dice basta al poder político-financiero de
empresas como Veracel y de sus dueños, Aracruz y Stora-Enso. Estas
empresas se apropian del territorio si tener límites, financian
campañas de políticos para todos los cargos e influencian al poder
público para obtener reglas, incentivos y financiamientos para
facilitar sus inversiones; y contratan los mejores estudios jurídicos
del país para anular posibles perjuicios de acciones en el área
ambiental, social y laboral.
Cabe
recordar que no es la primera vez que Veracel recibe una multa
o es cuestionada por los órganos competentes por cometer ilegalidades:
-
En marzo de 2007, la empresa fue multada por el organismo federal
ambiental, el IBAMA, en R$ 400.000 (USD 250.000) por hacer uso
ilegal de una sustancia tóxica (herbicida Roundup) en 31,6 hectáreas
de un área de preservación permanente.
-
En diciembre de 2007, Veracel fue multada en R$ 360.900 (USD 225.563)
por el IBAMA por impedir la regeneración natural de Mata Atlántica
con proyectos de plantación de eucalipto en 1.203 hectáreas de
este bioma.
-
La empresa tiene 7.428 hectáreas de plantaciones alrededor de
los Parques Nacionales de Monte Pascoal y Pau Brasil, no respetando
una recomendación explícita del Ministerio Público Federal de
Bahia de que las empresas no planten más eucaliptos en un radio
de 10 km en el entorno de los Parques Nacionales en la región,
de conformidad con reglamentaciones federales.
Lo
que más impresiona es que, a pesar de todos esos hechos, Veracel
Celulose obtuvo de SGS/Qualifor en marzo de este año el certificado
FSC de buen manejo forestal ambientalmente adecuado para
sus plantaciones de monocultivo de eucalipto. El certificado fue
emitido a pesar de severas críticas de la sociedad local e internacional,
expresadas en una carta firmada por 347 entidades en agosto de
2007. Ni siquiera una auditoría realizada por el FSC (ASI) en
marzo de este año recomendó la suspensión del sello, a pesar de
haber indicado diversos motivos por los cuales el certificado
FSC no podría haber sido concedido.
Ciertamente,
a la empresa le interesa tener la legitimidad del sello FSC por
el hecho de estar en pleno proceso de duplicar sus plantaciones
y de construir una nueva fábrica. El informe anual de 2007 de
uno de los dos accionistas, Aracruz Celulose, publicado en el
Diario “A Gazeta” el 16/01/2008, afirma que “Antes de fines
de 2008, aproximadamente el 70% de la base forestal necesaria
para la duplicación de Veracel deberá estar adquirida. La nueva
línea tendrá una capacidad de 1,4 millones de toneladas anuales
de celulosa, lo que elevará la capacidad nominal de producción
de la unidad a 2,3 millones de toneladas (50% para cada uno de
los socios, Aracruz y Stora-Enso)”.
Y
asimismo, en su sitio en Internet Aracruz afirmó que “USD 65
millones ya habían sido invertidos en la adquisición de 35 mil
hectáreas de tierras y bosques.”
(http://www.aracruz.com.br/show_press.do?act=news&id=1000557&lang=1)
Esta
expansión significa la continuidad de los impactos negativos sobre
el medio ambiente, siempre relatados por las comunidades locales
vecinas a las empresas de monocultivos de árboles. Es extremadamente
preocupante cuando el FSC en su informe de auditoría afirma que
“la empresa no cuenta con procedimientos apropiados para monitorear
impactos sobre el agua y ambientales, antes, durante y después
de operaciones forestales, (..)”. De por sí, éste ya es un
motivo para no certificar a la empresa.
Sobre
el proceso de duplicación de las plantaciones y de la fábrica,
anunciada en el informe oficial por Aracruz, la propia Veracel
sorprende: “Al final de la auditoría ASI, el Sr. Alípio (Director-Presidente
de Veracel) afirmó a los equipos de auditoría de ASI y SGS que
no se había tomado ninguna decisión con relación a la expansión
de las actividades de Veracel. Indicó que en el momento los accionistas
solamente habían dado luz verde para iniciar un estudio de viabilidad
e impactos para dicho proyecto.” (FSC Surveillance of SGS
Qualifor in 2008, Forest Management Audit to VERACEL, Brazil,
26-28/03/2008)
¿Quiere
decir que las afirmaciones de Aracruz, citadas anteriormente son
falsas? ¿O el presidente de Veracel está mintiendo?
Estas
contradicciones explícitas, además de los demás aspectos indicados,
deberían ser motivo suficiente para que el FSC suspenda inmediatamente
la certificación concedida.
Al
mismo tiempo, resulta necesario que la sociedad civil brasileña
e internacional se movilice para garantizar la conquista de la
decisión histórica de la Justicia Federal brasileña, tan significativa
para
tod@s l@s que se
oponen a las acciones de estas empresas y tan importante en este
momento de expansión desenfrenada de la empresa Veracel y de sus
dueños, Aracruz y Stora-Enso, incrementando cada vez más los impactos
negativos de este tipo de emprendimientos sobre las comunidades
locales y el medio ambiente.
Es
en ese sentido que el Foro Socio-Ambiental del Extremo Sur de
Bahia elaboró una moción de apoyo al Ministerio Público Federal
de Bahia, felicitando a este órgano público brasileño, así como
a la Justicia Federal de Bahia, por la decisión tomada. El Foro
Socio-Ambiental invita a tod@s para que firmen la moción, que
se encuentra disponible en: http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/mocion_apoyo.html
Winnie
Overbeek, Red Alerta contra el Desierto Verde/Brasil
inicio
- Chile: cineasta presa por documentar lucha Mapuche contra empresas
forestales
La ocupación
de los territorios ancestrales Mapuches por latifundios de plantaciones
de eucaliptos y pinos de grandes empresas forestales como CMPC
y Forestal Bosques ARAUCO (Holding COPEC) cuenta para su
expansión con el apoyo del aparato del Estado. La represión, la
tortura, la muerte, y la criminalización de la resistencia Mapuche
constituyen el marco del “modelo forestal”.
El conflicto
Mapuche es como una lepra en la sociedad chilena, ocultado, estigmatizado,
negado.
La documentalista
y profesora de música Elena Varela se había interesado en la música
Mapuche y fue a realizar un trabajo académico de investigación
a la IX Región, para interiorizarse de su música y sus instrumentos.
Pero la situación con la que se encontró cambió la óptica de su
trabajo.
Según sus propias
declaraciones, “Vi que están empobrecidos, que sus tierras están
secas, que detrás de las forestales hay todo un aparataje político,
político-militar, y vi que la industria forestal se gasta toda
la plata que sea necesaria para acallar a cualquier persona que
se rebele contra el sistema. Los allanamientos a las comunidades
mapuches son constantes y terribles. Yo creo que algunos todavía
buscan entre los mapuches a ese terrorista que imaginó Pinochet,
un terrorista que nunca van a encontrar en la zona mapuche, porque
no existe”.
Elena
Varela se dedica, entonces, a rodar un documental al que llama
"Newen Mapuche" (La fuerza de la gente de la Tierra),
por el cual busca registrar el conflicto que enfrenta a las comunidades
Mapuches con la industria forestal por reivindicaciones territoriales
históricas, en defensa de sus derechos colectivos y por la protección
de su ambiente frente a la depredación de los monocultivos forestales
(ver Boletines Nº 120, 106, 101 del WRM)
En
los últimos años, en el marco del deterioro social, cultural y
ambiental provocado por la expansión territorial de las industrias
forestales, las legítimas protestas sociales del Pueblo Mapuche,
principal afectado, tienen como respuesta una violenta represión
contra los Mapuches y quienes abordan solidariamente esta problemática.
La
criminalización extiende su largo brazo. Desde el asesinato por
la espalda del joven Matías Catrileo hasta el encarcelamiento,
sólo en el periodo de Bachelet, de más de 55 Mapuches acusados
de atentar contra plantaciones forestales, en algunos casos con
condenas de hasta 10 años (ver Boletín Nº 26), pasando
por decenas de heridos en manifestaciones,
situaciones de amedrentamiento y terror.
El
pasado 7 de mayo, mientras realizaba su película, Elena Varela
fue detenida por más de 20 policías armados. Según sus propias
declaraciones en una entrevista realizada por el periodista Jaime
Díaz Lavanchy, Varela contó que “No me dejaron hablar con un abogado
en 24 horas, no me dijeron de qué se me acusaba”, y fue bastante
después que se enteró que la acusaban de "asociación
ilícita para delinquir".
Ella alega su
inocencia y afirma que está en la cárcel por su película: “Estoy
presa por mi trabajo profesional como cineasta, por la información
que manejo, por interactuar con activistas Mapuches que luchan
por lo que creen, por entrevistar a personas de comunidades Mapuches
que han sido muy reprimidas y que no se atreven a decir nada,
porque sé muchas cosas tan crueles que me llegan a enfermar. El
pueblo Mapuche ha sido humillado, ha sido perseguido. ¡He visto
tanta gente aplastada emocionalmente, siquiátricamente, tanta
gente que no se atreve a hablar! Por eso estoy presa”.
Lo que más me
duele, dice Elena, son los niños, “¡los niños enfermos de
Temucuicui! [comunidad Mapuche de la zona
de Ercilla sometida a constantes allanamientos de las Fuerzas
Especiales de Carabineros] Se ve en sus dibujos. En sus dibujos
ellos pintan militares dentro de sus casas, explosiones de
bombas lacrimógenas. ¡Eso es lo que no quieren que se sepa! Y
quieren saber, además, dónde están los Mapuches que están luchando,
para exterminarlos, como quieren hacer conmigo. Yo quise hacer
una película y me encarcelaron. Esta es una manera de exterminarme,
de silenciarme”.
Amnistía Internacional
declara oficialmente que cree que “las autoridades la han detenido
en un intento de frenar las investigaciones sobre este conflicto
y de intimidar tanto a ella como al pueblo indígena Mapuche. La
policía confiscó en su casa artículos como cintas de vídeo, equipo
de sonido, cámaras fotográficas y teléfonos móviles, así como
vestuario que se necesita para filmar el documental. Además, se
llevó los materiales de la investigación que Elena Varela había
realizado y documentos relacionados con la financiación de la
película por parte del Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes. Amnistía Internacional teme
que esta información pueda ser utilizada por las fuerzas de seguridad
chilenas para intimidar y acosar a activistas Mapuches y a quienes
contribuyen con su opinión a la investigación”.
La situación que vive la documentalista Elena Varela no es única.
Desde marzo de 2008, las autoridades han detenido a tres realizadores
de documentales que han denunciado el conflicto entre las empresas
madereras y el pueblo Mapuche. El informativo Mapuche Mapuexpress
da cuenta de que: “Dos periodistas franceses, Christopher Cyril
Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo
pasado en Collipulli, mientras filmaban a un werkén [autoridad
tradicional del pueblo Mapuche]. La policía requisó los equipos
de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado
hasta ese momento. Aunque hubo un intento de expulsión, el cónsul
francés evitó que eso ocurriera. Dos días (después) fueron agredidos
en la calle junto al werkén por un grupo de doce personas. Algo
similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Dario
Ioseffi, dos documentalistas italianos, en momentos en que hacían
un registro audiovisual de una movilización Mapuche en un predio
de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la
Comunidad Chupilko”.
Amnistía Internacional
recomienda una serie de acciones por el caso de Elena Varela,
entre ellas enviar una carta a la Presidenta, la Ministra de Cultura
y el Ministro del Interior (ver en
http://www.amnistia.cl/index_aauu.shtml?x=87763). Por su parte,
varias personalidades del mundo cinematográfico han circulado
una carta dirigida a la
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos reclamando la libertad de Elena
Varela y manifestando su “preocupación por la situación de la
libertad de expresión en Chile” (ver
http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/medidas_cautelares.pdf
y video de conferencia de prensa
http://www.youtube.com/watch?v=GaS9Fcoz3LA).
Para Elena Varela,
el dolor es muy grande “por no poder mostrar lo que tenía para
mostrar. Pero tengo que ser fuerte, porque el dolor de los Mapuches
lo estoy sufriendo ahora yo, en carne propia”.
Artículo
basado en información obtenida de: “Estoy presa por la información
que manejo”, Jaime Díaz Lavanchy / La Nación Domingo, 9 de junio
de 2008,
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/
20080628/pags/20080628180307.html; “Chile: Libertad de Expresión”,
Amnistía Internacional,
http://www.amnistia.cl/index_aauu.shtml?x=87763; “Documentalista
de Film Mapuche y las graves violaciones al trabajo documental”,
Mapuexpress,
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=2870; aportes
de Alfredo Seguel, Coordinación de Identidades Territoriales Mapuche,
alfredoseguel@gmail.com
inicio
- Colombia: la palma aceitera crece a fuerza de violencia
Desde
el inicio de la presente década, todas las áreas de expansión
de las plantaciones de palma en Colombia han coincidido geográficamente
con áreas de expansión y presencia paramilitar. Hasta tal punto
que algunas de las nuevas plantaciones en desarrollo se han financiado
como proyectos productivos para los mismos desmovilizados del
grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que antes
incursionaron en esas mismas zonas.
Esta
estrategia de control territorial mediante la expansión palmera
tiene un aliado importante en las políticas gubernamentales de
apoyo e incentivación a la siembra de palma aceitera que también
buscan claramente el control económico, político y militar de
grandes áreas de Colombia que escapan al control estatal.
Las
políticas estatales están a su vez potenciadas por los lineamientos
estratégicos de la inversión de los organismos internacionales.
Un análisis de las propuestas inversoras del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) son ilustradoras al respecto: “A criterio
del BID, los cultivos de mediano y largo plazo tienen mayor potencial
exportador, mayor capacidad de supervivencia
en una economía abierta, imprimen grandes beneficios en términos
del proceso de pacificación y generan un crecimiento sostenido
del agro, superando de esta manera los problemas de financiamiento
agropecuario de largo plazo. (…) Y en concordancia con el Documento
de País (BID), el programa focaliza sus actividades en las zonas
y proyectos importantes desde el punto de vista del esfuerzo de
pacificación. En general las inversiones en cultivos de mediano
y largo plazo son vistas por el BID como estrategias de gobernabilidad
o control territorial frente a problemáticas como el conflicto
guerrillero, la violencia política, la delincuencia común y los
cultivos ilícitos. La agricultura extensiva es una alternativa
real para la ocupación del territorio y para la generación de
empleo en áreas de conflicto.”
Finalmente,
todos estos discursos confluyen en la idea de que los cultivos
de palma son un medio de desarrollo económico útil para la pacificación
del país. Esta confluencia de actuaciones ilegales y delictivas,
de políticas gubernamentales y de inversiones internacionales
conforma el modelo palmero colombiano.
Este
modelo se puede generalizar en un esquema de 5 fases:
1.
Arremetida o conquista paramilitar.
2.
Apropiación ilegal de las tierras. Robo o compra con intimidación
armada.
3.
Sembrado de palma.
4.
Complejo palmero = Plantaciones + Extractoras.
5a.
Flujo del aceite hacia el mercado nacional y/o internacional.
5b.
Dominio territorial.
Esta
caracterización es una síntesis de los diferentes procesos que
se vienen desarrollando en las zonas palmeras del país, pero es
particularmente aplicable en su totalidad (de 1 a 5) a las nuevas
plantaciones desarrolladas desde principios de la presente década.
En
procesos anteriores como en Santander o Tumaco, el modelo se ha
iniciado con complejos palmeros ya establecidos, siendo los empresarios
palmeros los que conformaron o invitaron y financiaron a grupos
paramilitares como cuerpos de seguridad privada frente a la guerrilla.
En cambio en Casanare, las plantaciones de palma se expandieron
al mismo ritmo que el accionar paramilitar, solapándose ambas
expansiones. El caso que se ajusta perfectamente al modelo corresponde
a las plantaciones del Chocó donde fueron los propios paramilitares
los que invitaron a los empresarios palmeros a instalarse en sus
zonas de control.
Según
la Procuraduría General de la Nación, “la apropiación, usurpación
y saqueo de las tierras por parte de grupos de autodefensas (33%),
guerrillas (17%), narcotraficantes, esmeralderos [comerciantes
de esmeraldas], terratenientes, algunos palmicultores y otros
actores se ha denominado por analistas y medios de comunicación
como la ‘contrareforma agraria’ y la ‘parareforma agraria’”.
En
el estimado de entre 2,6 y 6,8 millones de has., hay muchas que
actualmente están plantadas con palma. Esta ‘contrarreforma agraria’
denunciada por distintos analistas y medios de comunicación lleva
siendo denunciada desde hace mucho tiempo por las propias víctimas,
como en el caso de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó
afectadas por las plantaciones de palma.
Las
incursiones, arremetidas o la posterior conquista territorial
han dejado un saldo macabro en las áreas rurales de Colombia.
Los asesinatos o masacres, las desapariciones forzadas, las amenazas,
los secuestros, las torturas y demás hostigamientos provocan el
desplazamiento forzoso colectivo y/o individual de los habitantes
de las tierras que se pretenden arrebatar.
Las
dimensiones del desplazamiento forzoso en Colombia son alarmantes.
Se estima que en Colombia han sido desplazadas por la violencia
entre 1.874.917 y 3.832.525 personas según los diferentes registros.
De este elevado número, dos de cada tres desplazados poseían tierras
en el momento de ser desplazados.(Texto extraído y adaptado de
“El flujo del aceite de palma Colombia - Bélgica/Europa. Acercamiento
desde una perspectiva de derechos humanos”).
Las
denuncias continúan: la organización colombiana Salva la Selva
(Rettet den Regenwald) denunció que los líderes comunitarios que
se oponen a las plantaciones de palma y los que apoyan a comunidades
desplazadas en posesión de títulos legales sobre sus tierras para
que regresen a los lugares de donde fueron desplazados, han estado
recibiendo amenazas de muerte. Otras personas de la zona han sido
atacadas por miembros de fuerzas paramilitares y militares. En
septiembre de 2007, dos personas fueron heridas de bala por hombres
que se cree que eran miembros de un grupo paramilitar. También
continúan las amenazas a las comunidades que ya han regresado
a sus tierras.
Desde
2001, se han producido 113 asesinatos, 13 desplazamientos forzosos,
y se ha sabido de numerosas amenazas de muerte y ocupaciones ilegales
de tierras. El pasado diciembre, el Fiscal General de la Nación
elevó un caso en contra de 23 representantes de compañías de palma
de aceite, aunque esto no ha llevado a esfuerzos reales por
detener la expansión de la palma ni de la ganadería en tierras
comunitarias.
El
pasado mes de mayo los miembros de la comunidad de Caracolí, territorio
colectivo de Curvaradó, Jair Barrera, Jonny Barrera y Devis Salas,
y las defensoras de derechos humanos de la Comisión de Justicia
y Paz, Elizabeth Gómez y Luz Marina Arroyabe,
fueron detenidos ilegalmente por la policía con acusaciones dirigidas
a criminalizarlos, y posteriormente sufrieron malos tratos, torturas
y amenazas. Toda la actuación policial estuvo acompañada por beneficiarios
del paramilitarismo y la palmicultura (ver
http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=255)
Por
su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)
anunció nuevas políticas que incrementarán el apoyo gubernamental
a la expansión de los agrocombustibles, con la intención de convertir
a Colombia en una potencia exportadora de agrocombustibles.
Las
violaciones de los derechos humanos en el Chocó y otras partes,
y la destrucción acelerada de bosques tropicales y otros sistemas
vitales y biodiversos, son el resultado directo de estas políticas
del gobierno.
Artículo
basado en: “El flujo del aceite de palma Colombia - Bélgica/Europa.
Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos”, Fidel
Mingorance, Estudio realizado por HREV para la Coordination Belge
pour la Colombia,
http://www.hrev.org/media/documentos/elflujopalmaes.pdf; “Colombia:
agrocombustibles destruyen comunidades y biodiversidad”, Salva
la Selva,
http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=255
inicio
- Malasia: barricadas contra empresa de palma aceitera en Sarawak
En
Europa y Estados Unidos, el aceite de palma es promocionado como
un agrocombustible que supuestamente evitará el aumento de las
emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Obviamente, el
modelo que se está implementado no es el de pequeña escala, diversificado,
sino el de gran escala. Y esto es, de hecho, una forma de retrasar
el cambio, imperiosamente necesario, de los modelos de producción,
de consumo y de comercio con uso intensivo de energía. Las plantaciones
de palma aceitera para producir agrocombustible sólo sirven para
agravar los ya nocivos efectos de las plantaciones de palma para
uso industrial.
Mientras
tanto, las grandes empresas se quedan con la parte del león, aprovechando
el mercado floreciente de un cultivo industrial que cubre vastas
extensiones. Los países del Sur son el objetivo, pero el fruto
de la palma tiene un sabor amargo para sus comunidades, que reciben
menos de las migajas prometidas. Lo siguiente es un ejemplo más
de esto.
En
1996, los Iban, propietarios de tierras en Sarawak, aceptaron
que en su territorio del distrito de Kanowit se plantara palma
aceitera. Así, se estableció una empresa conjunta entre Boustead
Plantations (60%), los aldeanos (30%) y la agencia gubernamental
Land Custody and Development Authority, LCDA (10%).
A
través de este acuerdo, se prometió a los aldeanos que se construirían
calles para conectar las aldeas multifamiliares de la zona y que
se les proveería de electricidad y agua corriente. Además, los
poseedores consuetudinarios
recibirían títulos de propiedad válidos por 60 años.
Sin
embargo, se ha informado que si bien la empresa ha estado cosechando
frutos desde hace muchos años, los poseedores consuetudinarios
de las tierras no han recibido hasta ahora ningún beneficio, exceptuando
el magro adelanto inicial que se les pagó en 1997. Hasta ahora
no se ha cumplido ninguna de las promesas restantes.
Los
nativos no soportaron más el abuso y decidieron tomar medidas
para proteger sus intereses. En abril instalaron una barricada
en el camino de acceso a la plantación de palma aceitera para
que la empresa no pudiera entrar. En un principio esto fue llevado
a cabo por sólo tres comunidades, pero más tarde se sumaron otras,
hasta llegar a las actuales 20. Según un artículo de Tony Thien,
unas 400 personas de 20 poblaciones Iban de la región de Machan
impidieron la entrada de la compañía a su plantación de palma
aceitera, mientras que en un punto de acceso a Ladang Kelimut,
ubicado en la margen derecha del río Rajang, los aldeanos pusieron
a su propia gente para evitar que los trabajadores accedieran
a la propiedad. En otro camino de acceso instalaron dos barreras.
Se espera que muchas otras aldeas se unan a los bloqueos.
Al
mismo tiempo, los aldeanos presentaron una denuncia policial en
Kanowit, diciendo que la empresa no les había pagado los dividendos
correspondientes y avisando que, si no lo hacían pronto, se verían
obligados a llevar el caso a la corte y a detener simultáneamente
las operaciones de la compañía.
Como
es usual en estos casos, el periodista que cubre este tema informa
que “no se pudo contactar a la empresa para obtener sus comentarios”.
Artículo
basado en: “Angry native landowners act against Sarawak oil palm
company”, Tony Thien, Malaysiakini,
http://www.bmf.ch/en/news/?show=103.
inicio
- África Occidental: los ambiciosos planes de Wilmar y Olam International
para la expansión del aceite de palma
Un
artículo del boletín de junio del WRM subrayaba el papel de Unilever
en la amenaza a los Bosques de Pantano de Tanoé, uno de los últimos
bloques boscosos de Costa de Marfil. Como consecuencia de las
protestas internacionales, Unilever “promete” ahora una Evaluación
de Impacto Ambiental, pero no ha dado garantías de que el bosque
vaya a ser protegido. En cambio, ha dado publicidad a los planes
que tiene desde hace tiempo de vender acciones que posee en PALM-CI,
concesionaria de Tanoé, si bien continuará siendo uno de los principales
clientes de dicha empresa. Detrás del anuncio, y posiblemente
detrás de los planes para destruir los bosques de Tanoé, hay cambios
de mucho alcance en la industria del aceite de palma de la región.
En
noviembre de 2007, las empresas Wilmar International y Olam International,
con sede en Singapur, anunciaron sus planes para una expansión
agresiva en África Occidental. Formaron una empresa conjunta,
con participación igualitaria, llamada Nauvu, la cual adquirió
acciones en Palm-CI, en la firma SIFCA (agroindustria de África
Occidental e inversor importante en Palm-CI), y en un nuevo negocio
de refinería establecido por SIFCA y Unilever.
(1) El gobierno de Costa de Marfil
vendió sus acciones a SIFCA. Desde que Wilmar International compró
el Grupo Kuok el año pasado, transformándose en el mayor comerciante
de aceite de palma del mundo, han considerado expandirse hacia
nuevas regiones, en especial África Occidental. Sus planes son
ambiciosos: Palm-CI, principal productora de aceite de palma y
propietaria de la mayor planta de procesamiento de Costa de Marfil,
planea aumentar su producción en más de un 200% para el 2020.
Wilmar, Olam y SIFCA buscan expandir la producción de aceite de
palma, azúcar y caucho, no solo en Costa de Marfil sino en toda
la región, incluyendo Guinea, Liberia y Nigeria (el mayor productor
de aceite de palma de África). En Costa de Marfil ya hubo un primer
ensayo de producción de biodiesel a partir del aceite de palma.
(2)
La
nueva sociedad Wilmar-Olam y su inversión en África Occidental
son noticias preocupantes: ambas empresas han estado implicadas
en la deforestación y en el menosprecio de los derechos de las
comunidades. Las concesiones de Wilmar están en Indonesia, donde
la expansión del aceite de palma ha estado muy vinculada a la
deforestación. Las empresas talan habitualmente una zona de bosques
varias veces mayor que la que de hecho plantan con palmas aceiteras,
y obtienen ganancias extra de la venta, a menudo ilegal, de la
madera obtenida.
Un
informe de 2007 realizado por Amigos de la Tierra Países Bajos,
Kontak Rakyat Borneo y Lembaga Gemawan (3)
expuso la participación de Wilmar en la destrucción de la selva
tropical y en los incendios forestales del distrito de Sambas,
Kalimantán, y su desconocimiento de las leyes nacionales y los
derechos de las comunidades. El informe de Greenpeace “Cooking
the Climate” (4)
revela una gran cantidad de concesiones de Wilmar sobre tierras
de la selva tropical así como un gran número de focos de incendio
durante la estación seca. Unilever participa como cliente más
que como empresa de plantación, tal como intenta hacer ahora en
África Occidental. Olam, por otro lado, obtuvo una concesión maderera
en la República Democrática del Congo violando una
