México:
masacre contra indígenas y campesinos que resguardaban autónomamente
sus territorios
La organización Maderas del Pueblo del Sureste,
A.C. informa en un comunicado emitido recientemente, que el pasado
3 de octubre se llevó a cabo, de forma por demás artera, brutal
y violatoria de los más elementales derechos humanos, individuales
y colectivos, un operativo policiaco de carácter federal y estatal,
en contra de la población indígena y campesina tojolabal de la comunidad
Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria, Chiapas. La referida
comunidad mantenía bajo su administración, desde el siete de septiembre
de este año, la zona arqueológica y ceremonial maya de Chinkultic.
Este operativo fue realizado por centenares de agentes de la Policía
Ministerial, Agencia Federal de Investigación (AFI) y Policía Estatal
Preventiva (PEP) quienes ingresaron al poblado en vehículos, a caballo
y a pie. En el poblado encontraron la resistencia de hombres, mujeres
y niñas-os, a lo cual las fuerzas represivas reaccionaron –según
reportes de periodistas testigos- con saña, “golpeando indiscriminadamente
a niños, mujeres y personas de la tercera edad, dándole el tiro
de gracia a tres heridos de gravedad y asesinando a un conductor
que los trasladaba a un hospital en Comitán”.
La acción represiva ejercida en contra de la comunidad de Miguel
Hidalgo se complementó con otra, desarrollada horas antes, en contra
de grupos indígenas tojolabales de las comunidades de Santa Rita,
Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás,
Tierra Blanca y Nueva Rosita, quienes también desde principios de
septiembre pasado, habían tomado pacíficamente el acceso al Parque
Nacional Lagunas de Montebello, controlado y administrado hasta
entonces por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP).
El saldo de estos actos de fuerza desmedida contra población civil
fue de al menos seis muertos y dos decenas de heridos, además de
más de cincuenta personas detenidas.
Con esta represión, el Estado mexicano (gobiernos federal y estatal)
les ha violentado flagrantemente, a hombres, mujeres y niñas-os
atacados, no sólo sus derechos humanos individuales, relativos a
la integridad y a la vida -consagrados tanto en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, como en la Convención Interamericana de
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos
y Civiles-; sino también sus derechos como indígenas, respecto al
territorio y a recuperar, resguardar y administrar su patrimonio
natural y cultural ancestral, tal como lo reconoce la Declaración
de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas (artículo 11) y el Convenio 169 de la OIT (artículo
14) como bien han señalado ya, el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas y la Comisión Internacional de Observación
por los Derechos Humanos.
Este brutal operativo represivo y esta masacre constituyen un hecho
deleznable y se impone la justa exigencia de justicia y castigo
ejemplar no solamente de los autores materiales sino también y sobre
todo a los autores intelectuales que dieron las órdenes desde el
más alto nivel.
Sin embargo, esto no es sino una muestra del tipo y magnitud de
los intereses que están detrás de la ambición de apoderarse, de
forma privatizada y con fines de lucro multinacional, de los territorios
indígenas y campesinos de Chiapas y del Sureste del país, ricos
en recursos naturales de carácter estratégico (biodiversidad; recursos
genéticos; agua dulce no contaminada y caudales potencialmente productores
de hidroelectricidad; viento –como energía eólica- y cubierta forestal
que captura carbono) así como también poseedores de inigualables
bellezas escénicas y Centros ceremoniales sagrados –que no “ruinas”-
y arqueológicos.
Sólo que, en este caso, la saña demostrada en Chinkultic por el
operativo oficial pareciera una señal de que fue ejecutado como
un escarmiento ejemplar cuya finalidad sería la de debilitar y desmoronar
posibles resistencias y nuevos intentos indígenas que –sin importar
su filiación política: zapatistas, perredistas ó príistas/panistas-
pretendan defender, recuperar, resguardar y administrar autónomamente
su patrimonio cultural y natural, para, de esta forma, garantizarle
a la inversión privada multinacional (léase, entre muchas otras:
Monsanto; Sanofi Aventis; Glaxo; Ford Motors Co.; Iberdrola; Repsol;
Femsa-Cocacola; Grupo Carso; hoteleras Meliá; Riu y Barceló) la
“tranquilidad social y política” que vienen exigiendo sin duda cada
vez con mayor impaciencia.
Es por ello que en éste, como en otros casos semejantes en Chiapas
y en el resto del país, lo que está en juego no son únicamente los
derechos, territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas
y comunidades en lucha y resistencia, sino los derechos de todo
el Pueblo mexicano en su conjunto y la soberanía misma de nuestra
Nación.
Artículo basado en información obtenida de: “Comunicado de Maderas
del Pueblo del Sureste, A.C.”, correo electrónico: m_a_zules@hotmail.com,
www.maderasdelpueblo.org.mx,
enviado por Miguel Angel Garcia Aguirre.
