NUESTRA
OPINIÓN
- El
cambio climático como marco para la unificación de las luchas
Para los pueblos que luchan por sus
derechos en las zonas de bosque, el cambio climático parece algo
muy alejado de sus preocupaciones inmediatas. Sin embargo, aun
sin saberlo, esos pueblos figuran entre los protagonistas principales
y más comprometidos en la protección del clima de la Tierra.
Por ejemplo, los que se oponen a las
operaciones madereras industriales en sus territorios quizás piensen
que están luchando sólo por sus derechos y medios de vida. Y de
eso se trata, por supuesto. Pero al detener las actividades madereras,
también están evitando la emisión de grandes cantidades de dióxido
de carbono – el principal de los gases de efecto invernadero que
provocan el calentamiento global – almacenado en la biomasa del
bosque.
También las comunidades que luchan
contra las grandes represas hidroeléctricas están impidiendo la
liberación de enormes cantidades de gases de efecto invernadero,
como el metano, el CO2 y el óxido nitroso desde el agua de los
reservorios, así como la liberación de dióxido de carbono de los
bosques que serían destruidos y de muchas otras fuentes relacionadas
con la construcción de represas.
Las poblaciones indígenas y otras comunidades
dependientes del bosque que se oponen a los planes gubernamentales
o empresariales de “conversión” (destrucción) de bosques para
agricultura industrial y ganadería, plantaciones de árboles para
madera o celulosa o de palma aceitera, cría industrial de camarones
o minería, de hecho están protegiendo el clima del mundo al evitar
la liberación de enormes cantidades de CO2 y de otros gases de
efecto invernadero.
Las comunidades del bosque que se enfrentan
a la exploración y la explotación petrolera en sus territorios
están aun más directamente vinculadas a la lucha contra el cambio
climático, porque hacen exactamente lo que hay que hacer: evitar
la extracción, y por ende la quema, de combustibles fósiles, la
fuente principal y, en lo que respecta al clima, la más grave,
de las emisiones de CO2 relacionadas con el calentamiento global.
Por todo ello se vuelve evidente, para
cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de las causas del
cambio climático, que las luchas de esos pueblos están impidiendo
un cambio climático aún mayor. Sin embargo, la mayoría de esa
luchas son reprimidas y criminalizadas por gobiernos que firmaron
y ratificaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático de 1992. Del mismo modo, las empresas directa
o indirectamente implicadas en esas inversiones tienen su sede
en países, mayormente del Norte, que también firmaron y ratificaron
la Convención.
La conclusión es obvia: al reprimir
esas luchas, o al apoyar a las empresas implicadas en el problema,
los gobiernos violan no sólo los derechos de los pobladores locales
sino la Convención de las Naciones Unidas creada para conjurar
el peligro más grave al que se haya enfrentado la humanidad: el
cambio climático.
Además, muchas de las “soluciones”
propuestas por los gobiernos para combatir el cambio climático
suelen tener otros impactos ambientales y sociales que provocan
resistencia a nivel local. Por ejemplo, como medio para evitar
los cortes necesarios en sus propias emisiones, los países norteños
fomentaron la creación de mecanismos para “compensarlas”. Uno
de ellos promueve la creación de grandes plantaciones de árboles
para que funcionen como “sumideros de carbono”. Esto equivale
a promover el mismo tipo de plantaciones al que ya se oponen incontables
comunidades del mundo entero. Otra “solución” para evitar los
cambios necesarios en las formas de producción y de consumo que
llevan al cambio climático, ha sido la promoción de los agrocombustibles
– de maíz, de soja, de palma aceitera o de eucalipto – que también
han demostrado ser social y ambientalmente destructivos y han
provocado la oposición organizada a nivel local.
Si bien no es fácil determinar si esas
“soluciones” – y muchas otras igualmente absurdas – provienen
de los delegados gubernamentales ante la Convención sobre el Cambio
Climático o de los grupos de presión empresariales, desde su país
o presentes en la Convención, sí resulta claro que numerosas empresas
y empresarios se están beneficiando con ellas o planean que así
sea.
En cuanto al clima, la situación actual
es prueba de que quienes tienen el poder de cambiar las cosas
– los gobiernos – no tienen la intención de hacer lo necesario.
En cambio, hay muchísimas personas
que están oponiendo diversas formas de resistencia a escala local,
originadas en diversos temas aparentemente ajenos al clima, como
la reforma agraria, la agricultura en pequeña escala, la soberanía
alimentaria, los derechos indígenas y tradicionales, la igualdad
de género, los derechos humanos, la contaminación, el consumo
y muchos otros.
La mayoría de esas luchas, si no todas,
tienen algún tipo de relación con el clima y, por consiguiente,
todos esos procesos de resistencia podrían ser parte de una lucha
mucho más amplia para evitar el cambio climático. Ése puede ser
el eslabón que una los movimientos locales, regionales e internacionales
dentro de un marco común, con el fin de lograr los grandes cambios
económicos y sociales necesarios para alcanzar ese objetivo.
Mientras los gobiernos tocan el violín
– para regocijo de las empresas – el futuro de la humanidad está
en manos de los pueblos.
inicio
LO QUE LA CONVENCIÓN
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO NO VE
-
Brasil: agronegocio y deforestación responsables del cambio
climático
El modelo de desarrollo actual se ha
profundizado en función de modelos a gran escala –de producción,
comercialización, consumo- y las actividades que lo sustentan
son también a gran escala y fundamentalmente intensivas. Ellas
son las que han acarreado el mayor problema que se cierne sobre
una humanidad distraída: el aumento de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera, responsables del
cambio climático.
Una de esas actividades económicas
industriales es la deforestación –generalmente para obtener madera
o/y ganar tierras para la cría industrial de ganado o la plantación
industrial de monocultivos (comestibles, combustibles o árboles).
Toda vez que la vegetación se quema
o se descompone, provoca la liberación del carbono contenido en
sus hojas y tallos, el cual se emite como dióxido de carbono y
es uno de los gases de efecto invernadero. Cuando se trata de
un proceso natural, el rebrote equilibra la emisión neta de carbono;
pero cuando se deforesta un bosque y se produce un cambio en el
uso de la tierra, la concentración atmosférica de dióxido de carbono
aumenta enormemente. La deforestación implica la eliminación total
de la biomasa de la tierra, incluidos los troncos de los árboles,
los tocones y las raíces. La conversión de las tierras de bosque
a cultivo agrícola industrial las convierte en unas de las menos
eficientes en absorber carbono del aire.
En la actualidad, la mayoría de las
emisiones netas de la deforestación ocurren en regiones tropicales,
y en la expansión de la agricultura mecanizada a gran escala se
encuentra uno de los factores más importante de pérdida de bosque.
Según datos aportados por un informe de PNAS (1), en los nueve
estados de la Amazonía brasileña, la agricultura industrial aumentó
en 36.000 km2 y la deforestación totalizó 93.700 km2 en el periodo
2001-2004. El informe revela que la intensificación de la agricultura
industrial para la producción de cultivos comerciales con gran
demanda --como la soja-- se ha hecho a expensas de la deforestación
de la Amazonía, que actualmente constituye la mayor fuente de
emisiones de CO2 de Brasil.
Por otro lado, la deforestación es
generalmente resultado directo o indirecto de políticas gubernamentales.
Así surge –aunque no a primera vista- de la información dada en
Brasil sobre el aumento de la deforestación de la Amazonía en
el último mes de agosto: 75.600 hectáreas contra 32.300 de julio.
El Ministerio de Medio Ambiente presentó una lista de los “100
mayores deforestadores” entre 2005 y 2008, en la cual los seis
primeros lugares los ocupan asentamientos del Instituto Nacional
de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) –lo que fue recibido
con una gran sonrisa socarrona por el agronegocio.
El profesor brasileño Ariovaldo Umbelino
de Oliveira, de la Universidad de San Pablo, expone de manera
muy reveladora las razones que se esconden detrás de estas cifras,
y afirma que lo que está en el banquillo de los acusados es la
política agraria oficial.
“El gobierno petista”, señala de Oliveira,
“por su decisión política de no enfrentar a los integrantes del
agronegocio que forman parte de su base de apoyo parlamentario,
no realizó la reforma agraria en las zonas donde están concentrados
los campamentos, y prefirió concentrarla en la Amazonia. Un total
de 307 mil familias habrían sido asentadas en la Amazonia Legal
entre 2003 y 2007. Esta es la primera razón para separar la defensa
de la reforma agraria de la defensa de la política implementada
por el Incra. Es necesario seguir defendiendo la reforma agraria,
porque es el camino para alcanzar la soberanía alimentaria. Sin
embargo, la política del Incra, no. Tiene que ser severamente
criticada por el error que contiene, de no asumir la necesidad
de la reforma agraria en todo el país.
La política de reforma agraria del
Incra está marcada por dos principios: no hacerla en las zonas
de dominio directo del agronegocio y sí hacerla en las zonas donde
pueda ‘ayudar’ a la expansión del agronegocio. Es decir, la política
de reforma agraria del actual gobierno está definitivamente acoplada
a la expansión del agronegocio en el país. Esta es la segunda
razón para separar la defensa de la reforma agraria de la defensa
de la política adoptada por el Incra.
Los asentamientos de los seis municipios
del estado de Mato Grosso, campeón absoluto de la tala de la Amazonia,
están localizados exactamente en uno de los frentes de expansión
territorial de la ganadería de bovinos a gran escala. El Incra,
por lo tanto, sí tiene culpa, porque no tiene una política de
seguimiento de esos asentamientos. En ellos, es común que los
asentados vendan ilegalmente sus lotes al agronegocio, que, para
“comprarlos”, exige que estén totalmente talados. Actúan así,
porque, de esa forma, la responsabilidad de la tala es del asentado
y del Incra. O si no, se valen de otro artificio: ceden cabezas
de ganado para criarlas conjuntamente con los asentados. En los
dos casos, el bosque es derribado para dar lugar a las pasturas
para la ganadería.
El mismo proceso tiene lugar en los
asentamientos que se implantaron en la localidad de Cotriguaçu
y que ocupan una superficie total de 141 mil hectáreas. Según
el Ministerio de Medio Ambiente, se talaron más de 46 mil hectáreas
de bosque para dar lugar al pastoreo y a la ganadería bovina.
En el asentamiento Bordolândia, el panorama es idéntico.
Mientras que en la localidad de Querência,
los asentamientos ocupan una superficie de 101 mil hectáreas y
en la localidad de Nova Ubiratã, los asentamientos ocupan 48 mil
hectáreas. Estas dos localidades están en el frente de expansión
territorial de la ganadería a gran escala y de la soja. Allí,
la tala de más de 30 mil hectáreas tuvo lugar en virtud de la
presión del agronegocio bovino y de la soja en regiones donde
la tala es prácticamente total. Es obvio que este proceso no ocurrió
sin la participación u omisión del Incra.
Corresponde también, en este contexto,
criticar la forma en que el Ministerio de Medio Ambiente divulgó
los datos, ya que en la lista, al lado de los propietarios individuales,
hay asentamientos enteros, lo que crea una ilusión de que la responsabilidad
es de la reforma agraria, lo cual no es verdad. Cuando se divide
el total talado por el número de familias asentadas, se verifica
que es de menos de 70 hectáreas en promedio. Por lo tanto, quienes
talan la Amazonia Legal en mayor medida continúan siendo los grandes
ganaderos y productores de soja, ya sea que se apropien ilegalmente
de la tierras o no.”(2)
(1) “Cropland expansion
changes deforestation dynamics in the southern Brazilian Amazon”,
http://www.pnas.org/content/103/39/14637.full.pdf+html?sid=ca3200
2c-b059-479b-9729-688006d4ffd1
(2) [Texto extractado y adaptado de:
“A Amazônia e a reforma agrária de novo no banco dos réus”, Adital,
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=35400
]
inicio
-
Colombia: criminalización, mecanismo
para asegurar un “desarrollo” injusto
En Colombia, el Estado
utiliza la criminalización de las organizaciones sociales y de
base como uno de los mecanismos de represión destinado a imponer
forzosamente los agronegocios del mercado global, obras de infraestructura
o la extracción de recursos naturales con altos costos humanos,
sociales y ambientales.
La criminalización
ha sido una técnica eficaz que a través de estrategias discursivas
y simbólicas, combinadas con el uso formal de la legalidad, deslegitima
y penaliza a los actores sociales que se oponen a condiciones
injustas laborales, a la destrucción ambiental, al desarrollo
de políticas que lesionan la supervivencia del planeta que se
subordina a la rentabilidad y las ganancias empresariales.
Los señalamientos,
el rompimiento de los vínculos de relación entre la sociedad y
el movimiento social, y la judicialización de las expresiones
sociales son famosas en Colombia desde la década de los años 30.
Las manifestaciones de los trabajadores del banano que fueron
acusadas de ser “comunista”, derivaron en una masacre colectiva
propiciada por una empresa bananera estadounidense. En los 50
y 60 el movimiento campesino que exigía tierra fue agredido con
crímenes y bombardeos, y acusaciones injustas ante tribunales.
En la década del 70, el fruto de la movilización urbana y rural
en el Paro Cívico Nacional fue ahogado con los crímenes indiscriminados
de los manifestantes, las torturas y el procesamiento de civiles
en tribunales militares. O en los 80, a través del paramilitarismo,
bases sociales de organizaciones campesinas mestizas, afrocolombianas
y mestizas fueron masacradas, obligadas al destierro, al exilio,
a su exterminio, y sus sobrevivientes sometidos luego a procesos
judiciales bajo las acusaciones de terrorismo.
Hoy, en tanto los intereses
para el mercado mundial se ubican en los territorios, las expresiones
sociales de resistencia de los pobladores rurales, entre los cuales
están los sobrevivientes a la violencia sistemática del Estado,
son objeto de violencia y criminalización para lograr su control
o su asentimiento a modelos de desarrollo.
Luego de una operación
militar de arrasamiento, conocida como “Génesis”, en el Norte
del Chocó, en el Darién colombiano, del desplazamiento de los
afrocolombianos, de la comisión de 80 crímenes y de la instalación
en una base paramilitar de la empresa Maderas del Darién, Filial
de Pizano S.A, se inició la destrucción de bosques primarios y
secundarios. Los líderes que valientemente iniciaron las denuncias
por estas actuaciones contra los territorios colectivos en que
ellos habitaron fueron sometidos a amenazas de muerte, a montajes
en los medios de información y procesos judiciales de rebelión
y tráfico de drogas. Los responsables de lo que se conoció como
un ecocidio, a mediados de los 90, y de los crímenes cometidos
nunca fueron investigados. Las empresas deforestaron, las tierras
nunca fueron devueltas, los militares fueron ascendidos y los
paramilitares junto con políticos nacionales desarrollaron nuevos
agronegocios. Las comunidades quedaron criminalizadas y estigmatizadas.
En esa misma región
del Chocó biogeográfico colombiano, las cuencas del Curvaradó
y Jiguamiandó, declaradas reserva natural desde 1959, son un ejemplo
del uso de la violencia oficial – militar y paramilitar- para
la implementación del agronegocio de la palma aceitera y la extensión
ganadera. La Brigada 17 del ejército nacional y los paramilitares
iniciaron desde 1996, cuando el actual presidente Álvaro Uribe
Vélez era gobernador del departamento de Antioquia, una persecución
contra los habitantes mestizos, afrodescendientes e indígenas.
Más de 140 campesinos fueron asesinados o desaparecidos y 40 líderes
de las comunidades judicializados con órdenes de captura por el
delito de rebelión. Estos hechos, junto con las amenazas de muerte,
el bloqueo económico, los abusos de autoridad, los bombardeos,
y el saqueo de bienes de supervivencia, provocaron 15 desplazamientos
forzados masivos de centenares de familias.
Esta violencia ha posibilitado
la apropiación ilegal de más de 23 mil hectáreas de territorio
colectivo por palmeros, ganaderos y madereros vinculados con la
criminalidad del Estado, el paramilitarismo y el lavado de activos.
El despojo de tierra se ha acompañado de la deforestación intensiva
de selva primaria en más de 10 mil hectáreas, la desertización
de cinco ríos, la contaminación de los caños con el uso de agrotóxicos,
generando afectaciones especialmente graves sobre mujeres, niñas
y niños.
La criminalización
solamente puede comprenderse como parte de los mecanismos de la
represión, de la violación de los derechos humanos y de la pretensión
de control social, hoy claramente asociadas a los negocios sobre
los territorios.
En Colombia, de acuerdo
con organizaciones de derechos humanos en los últimos 15 años
se han desplazado forzosamente de sus tierras
por operaciones armadas que comprometen la responsabilidad del
Estado cerca de 4 millones de personas; se han cometido 14 mil
crímenes de lesa humanidad entre 1988 y 2003 (1).
Organizaciones de familiares de desaparecidos indican que se han
cometido más de 15 mil desapariciones forzadas (2).
Y cerca de 7 millones de hectáreas de tierras han sido apropiadas
ilegalmente por paramilitares o traficantes de drogas en los últimos
15 años, la mayoría de las veces, luego de haber forzado el desplazamiento
de los pobladores (3).
La política de seguridad
democrática y la construcción de un Estado comunitario, iniciado
desde el año 2002 por el gobierno Uribe, se ufana de distanciarse
de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de cero tolerancia a
las violaciones de los derechos humanos. Tales afirmaciones no
han sido más que una reingeniería publicitaria de las prácticas
militares y policiales represivas de antaño. Entre el 2002 y el
2006, se produjeron cerca de 6000 detenciones ilegales y arbitrarias
(4), así como cerca de 1000 asesinatos
por las fuerzas militares. Muchas de estas víctimas suelen ser
expuestas ante los medios de información como muertos en combate
(5).
El Estado colombiano
justifica el uso de la violencia contra los campesinos, los afrocolombianos,
los indígenas, los sindicalistas y los líderes sociales con el
pretexto de la persecución a las guerrillas o al tráfico de drogas.
Pero estos ataques suelen favorecer los intereses económicos de
empresas nacionales e internacionales relacionadas
con agronegocios, obras de infraestructura y extracción
de recursos naturales. Estas empresas también se protegen o usan
de la criminalidad para sostener sus intereses
(6).
Las acciones fácticas
de violencia son acompañadas de prácticas discursivas, de señalamientos
y de falsas acusaciones mediáticas, las que se derivan en procesos
judiciales. Se penaliza los procesos organizativos que afirman
sus derechos al ambiente sano, al respeto a la biodiversidad y
a los territorios colectivos para asegurar las inversiones.
Desde octubre de 2008,
las manifestaciones de los indígenas del pueblo Nasa de los departamentos
del Cauca y del Putumayo, contra la suscripción de Tratados de
Libre Comercio y por el respeto a la biodiversidad y de los territorios,
han dejado dos asesinados y más de 200 heridos. Altos funcionarios
del gobierno han deslegitimado el movimiento indígena, acusándolo
de ser dirigido por la guerrilla de las FARC. Estas acusaciones
no son nuevas, de tiempo atrás los líderes indígenas han sido
objeto de montajes judiciales.
Recientemente, los
trabajadores de la caña de azúcar se declararon en paro para cuestionar
la política energética nacional y la ausencia de garantías laborales,
siendo blanco de falsas acusaciones. Tres de ellos fueron posteriormente
detenidos (7).
La criminalización
mediática y judicial son parte de los mecanismos de la represión
y una formalidad para legitimar las violaciones de derechos humanos.
Detrás de ella, en Colombia, se ha pretendido asegurar la privatización
territorial para los negocios del mercado global, destruir la
oposición, imponer el silenciamiento, y el asentimiento social
a un modelo de “desarrollo” injusto.
Por Danilo Rueda, Justicia
y Paz, correo electrónico:
daniloruedar@gmail.com ,
http://justiciaypazencolombia.org
Notas:
1.
http://colombia.indymedia.org/news/2005/07/28883.php
2.
http://justiciaypazencolombia.org/spip.php?
article161&decoupe_recherche=tribunal%20sobre%20
desapariciones%20forzadas%20en%20BOGOTA
3.
http://justiciaypazencolombia.org/spip.php?page=recherche&recherche=
4.
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EVIU-6FJD73?
5. http://www.ddhhcolombia.org.co/node/166
. La bancada demócrata de los Estados Unidos incluso se
atrevió a condicionar las posibilidades de un Acuerdo Comercial
de persistir la impunidad en los crímenes de más de 2000 asesinatos
de sindicalistas, situaciónque persiste no solo por la ausencia
de investigaciones eficaces, sino que gracias a ella se repiten
nuevos crímenes, cerca de 51 de estos líderes en el primer semestre
de 2008, la totalidad por estructuras de tipo paramilitar.
6.
http://justiciaypazencolombia.org/spip.php?article141&decoupe
_recherche=dictamen%20final%20tribunal
%20permanente%20de%20los%20pueblos%20colombia
7.
http://justiciaypazencolombia.org/spip.php?article189&d
ecoupe_recherche=juan%20pablo%20ochoa
inicio
-
Congo, RD: el madereo liquida los bosques, la gente y el clima
La selva tropical de
la República Democrática del Congo, la segunda del mundo en extensión,
está desapareciendo a causa de la industria maderera. Según un
informe de The Guardian(1), esta industria está dominada hoy en
día por una docena de grandes empresas, mayormente europeas, que
poseen vastas concesiones: Trans-M tiene propietarios libaneses;
otro grupo, que controla unos 6 millones de hectáreas, pertenece
a los hermanos portugueses Trinidade; la familia estadounidense
Blattner tiene más de 800.000 hectáreas; el grupo alemán Danzer
posee 2 millones. Para que valga la pena realizar la complicada
tarea de exportar madera atravesando los rápidos cercanos a la
capital, Kinshasa, se busca la madera de mejor calidad para las
cocinas, pisos y muebles europeos. La paz ha exacerbado el problema,
abriendo el bosque a empresas más pequeñas.
La mayoría de las concesiones
madereras fueron otorgadas a pesar de la moratoria nacional vigente
desde 2002 sobre los permisos de madereo, y violando la nueva
legislación forestal. Las empresas saben que podrán apelar, y
seguir talando, durante muchos años.
El bosque provee alimento,
medicinas y materiales de construcción a dos tercios de la población
del Congo (40 millones de personas). La selva tropical de la RDC
es también uno de los mayores depósitos de carbono del mundo.
Sin embargo, se promueve que las empresas se lleven todo lo que
puedan. Por otra parte, un estudio financiado por el Banco Mundial
sobre la legalidad de 156 contratos de explotación maderera aumentó
el peligro, ya que 46 se convirtieron en concesiones legales (33
de las cuales fueron otorgadas luego de que la moratoria de 2002
entrara en vigor).(2) Al carecer de criterios sociales y ambientales,
el proceso de revisión ignoró el impacto sobre los medios de vida
de la población local. La mayoría de las concesiones fueron otorgadas
en zonas habitadas por pueblos dependientes del bosque, muchas
de ellas por Pigmeos, y un tercio en áreas identificadas como
vitales para la conservación. Asimismo, se ignoró la importancia
mundial de los bosques tropicales para estabilizar el cambio climático
y proteger la diversidad biológica.(3)
En 2003, Safbois (un
conglomerado de propiedad estadounidense y belga) recibió una
concesión de más de 25 millones de hectáreas para hacer madereo
en el bosque en busca de la preciada teca africana. Las comunidades
locales condenan a la empresa que, según dicen, sacará provecho
de sus árboles sin darles nada o casi nada a cambio: destruyen
sus terrenos de caza, se les niega acceso a los alimentos silvestres,
hay poco trabajo, la paga es miserable.
El informe de The Guardian
explica que: “el método de los concesionarios, que consiste en
ofrecer regalos a las comunidades a cambio de permisos de tala,
se ha extendido a toda la actividad forestal en el Congo. Se persuade
a las comunidades aisladas, que rara vez han tenido contacto con
forasteros, a ceder los derechos sobre el bosque del que han dependido
por millones de años, a cambio de unos pocos machetes y bolsas
de sal. Una empresa dio a una comunidad 18 barras de jabón, 4
paquetes de sopa, 24 botellas de cerveza y 2 bolsas de azúcar.
Otra firmó un acuerdo por 20 sacos de azúcar, 200 bolsas de sal,
200 machetes y 200 palas. En la Provincia Oriental, otra empresa
prometió una escuela, una clínica y madera suficiente para los
ataúdes de los pobladores.”
“Se otorgan concesiones
sin informar a los aldeanos sobre lo que los jefes están firmando.
Las comunidades están en una situación caótica y el conflicto
social es cada vez mayor. Es un sistema cruel, que perpetúa las
injusticias y las atrocidades del sistema colonial pero que es
incluso peor, porque despoja a las comunidades de sus recursos
y las condena a la pobreza perpetua.”
Un funcionario del
Banco Mundial declaró en forma anónima: “Es evidente que las empresas
son la raíz del problema. Están aprovechándose del caos. Explotan
a los pobres. Es normal. Son hombres de negocios. Hay un grupo
muy pequeño de personas que se enriquece, y un gran grupo que
permanece en la pobreza. Como el gobierno es débil, no puede hacerse
cargo de ellos. Casi nada ha cambiado desde la época del rey Leopoldo.
Todo esto comenzó en la época colonial. El gobierno continuó con
las viejas costumbres luego de la independencia. Sigue siendo
un sistema colonial.”
Las empresas dicen
que quieren sacar sólo unos pocos árboles, pero “para sacar un
solo árbol valioso es necesario construir caminos que penetren
en la profundidad del bosque, lo cual significa que se talarán
o destrozarán cientos de árboles diferentes. En general, esos
otros árboles son los que las comunidades usan y necesitan para
obtener medicinas y alimentos. Las empresas no replantan – los
árboles que derriban pueden tener 100 años de edad – y dejan el
bosque vulnerable a la avalancha de cazadores y agricultores que
se instalan allí y siguen talando.”
El bosque desaparece
para siempre, y las empresas se llevan todo, “incluso las posibilidades
de desarrollo”, como lamenta un poblador local.
Además, el madereo
industrial es un factor importante del cambio climático. Al remover
y compactar el suelo, el madereo provoca la liberación de los
gases almacenados y la exposición de éste al oxígeno acelera su
degradación. Cuando se extraen los troncos de un bosque, un gran
porcentaje de carbono permanece en los “desechos” – plantas muertas,
árboles descartados, ramas, tocones, raíces – los cuales se descomponen
y a veces se prenden fuego, liberando grandes cantidades de CO2
en la atmósfera. Los troncos son transportados en camiones que
recorren miles de kilómetros diarios, produciendo millones de
toneladas de gases de efecto invernadero. Los troncos exportados
como madera rolliza o convertidos en tablones o astillas se embarcan
luego hacia mercados extranjeros en enormes buques de carga que
agregan más toneladas de emisiones de carbono.
A pesar de todo lo
expuesto, el viejo sistema colonial de concesiones “es ahora aceptado
por el Banco Mundial y los gobiernos occidentales. Priva a millones
de personas de sus recursos, fomenta la corrupción, impide el
desarrollo, divide a las comunidades y contribuye al cambio climático.
El verdadero escándalo es que, por unos pocos metros cuadrados
de parqué, una puerta o el pilar de una cama, hoy se destruye
el segundo bosque del mundo, probablemente para siempre”. (1)
Fuentes :
(1)
http://www.guardian.co.uk/world/2007/sep/22/congo.environment
(2)
http://www.greenpeace.org/usa/press-center/releases2/
greenpeace-exposes-impacts-of
(3)
http://www.greenpeace.org/usa/news/carry-on-up-the-congo-2
inicio
- Costa
Rica: resistencia popular a la minería a cielo abierto en Crucitas
El 17 de Diciembre de 2001, mediante
la Resolución # R-578-2001-MINAE, y de manera totalmente furtiva,
el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica otorgó
a la empresa Industrias Infinito S.A., filial de la transnacional
canadiense Vanesa Ventures, la concesión de explotación de una
mina de oro a cielo abierto mediante la lixiviación con cianuro.
Los planes de Industrias Infinito S.A.
son explotar un área de 18 kilómetros cuadrados en Crucitas, en
la zona norte del país, entre los cerros La Fortuna y Botija,
a unos 3 kilómetros del río San Juan. Eso supone la tala de más
de 190 hectáreas de bosque (incluyendo especies vedadas como el
Almendro), porque, como describe el periodista y opositor del
proyecto, Marco Tulio Araya:
“La actividad minera no permite ningún
árbol en pie, la tala debe ser rasa, es decir dejar la montaña
en pura tierra para luego empezar a escarbar y a sacar la roca
que contiene el oro. Se necesita una tonelada y media o más de
roca para poder sacar un gramo de oro. Para sacar un kilo tienen
que moler y licuar grandes cantidades de material con millones
de litros agua cianurada, porque el cianuro actúa como un imán
que atrae las microscópicas partículas de oro. Una mina que extrae
oro y otros metales mediante este procedimiento que se llama de
lixiviación, requiere una cantidad de agua tal, que el agua que
gasta la mina en una hora es el agua que consume una familia campesina
en 20 años. Para lograr reunir esa cantidad de agua lo que hace
la empresa es comprar las fincas alrededor de la mina para que
nadie acuse y desviar las quebradas para juntarlas, lo que a todas
luces es prohibido. Y el agua contaminada con residuos de cianuro,
que ya no se necesita, va a dar a grandes lagunas donde sigue
envenenando a cuanto animalito tome de esa agua. La empresa lo
que hace a veces, es poner unos letreros de advertencia pero como
ni los pájaros ni los animales saben leer, la muerte y la destrucción
continúan.”
El costo es muy alto: no solo el paisaje
de Las Crucitas se destruirá, también se verán afectadas no menos
de 32 comunidades aledañas y el río San Juan, vecino a Nicaragua.
Como en Costa Rica la tala rasa está
prohibida y la única excepción permitida es ante un proyecto de
Conveniencia Nacional, después de varias idas y venidas, el proyecto
de minería a cielo abierto terminó siendo considerado con carácter
de “utilidad pública”, para así poder aprobarlo. Pero el pueblo
de Costa Rica se pregunta de qué utilidad pública se habla cuando
lo que la minería aporta es destrucción, contaminación y más cambio
climático.
Está por demás demostrado, y las comunidades
afectadas de todo el mundo bien lo pueden atestiguar, que la minería
es una actividad a corto plazo pero con efectos destructivos a
largo plazo, extendidos y generalmente irreversibles. Uno de los
efectos es la contribución al cambio climático, tanto a través
de la deforestación que generalmente conlleva -como ya lo está
sufriendo Costa Rica- como porque se trata de una actividad industrial
que requiere una gran cantidad de energía para su ejecución, proveniente
en general de la quema de combustibles fósiles (carbón, gas o
diesel), cuyas emisiones son responsables del cambio climático.
Desde que el gobierno de Costa Rica
emitió la declaratoria de utilidad pública, el movimiento ecologista
y social liderado por las organizaciones y comunidades de la Zona
Norte está en pie de lucha, con un amplio respaldo del público
en general.
La organización Coecoceiba – Amigos
de la Tierra Costa Rica informa que “La lucha contra el proyecto
Crucitas tiene más de quince años de estar vigente gracias a las
comunidades de la zona norte. En estos quince años se ha logrado
echar abajo estudios de impacto ambiental, enormes empresas como
la Placer Dome y construir un tejido social fuerte que hoy nuevamente
se une para resistir y vencer una nueva embestida contra las comunidades
y su ambiente”.
El pueblo de Costa Rica ha reaccionado
frente a lo que considera un crimen ambiental, que muestra la
dualidad de la política del gobierno: “El actual gobierno posee
dos políticas en materia ambiental. Una, que expone a nivel internacional
donde sostiene que la conservación ambiental debe existir, que
el mundo esta en peligro debido a la debacle ambiental, entre
otras frases universalmente aceptadas. Alrededor del mundo, la
‘Iniciativa de Paz con la Naturaleza’, carbono neutral y ‘Costa
Rica por Siempre’ se han convertido en parte importante de la
política exterior por medio de la cual el país intenta posicionarse
en diversos foros a la vez que solicita recursos financieros.
La política ambiental a lo interno del país, la de todos los días,
es contradictoria con la anterior. Esta segunda política es la
que aboga por la desregulación eliminando cada día más actividades
que deben de contar con un estudio de impacto ambiental para determinar
su viabilidad. Es la política que defiende a capa y espada que
una mina de oro a cielo abierto con lixiviación con cianuro, es
compatible con el ambiente y para ello recita la añeja y superada
fórmula de que ‘el proyecto es viable en lo social, económico
y ambiental’”, denuncia Coecoceiba. ” (ver
http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1382&Itemid=76
)
El 14 de noviembre se realizó en Ciudad
Quesada la “Marcha por la Vida” para mostrar el rechazo que el
pueblo tiene contra proyectos destructivos. Gente de comunidades
aledañas al emprendimiento minero se acercaron para manifestarse
en contra de la minería a cielo abierto y exigir la derogatoria
del decreto. La marcha fue seguida de una actividad cultural.
Numerosas organizaciones han interpuesto
un recurso de amparo, exigiendo la reconsideración de los permisos
otorgados y su cancelación. Desde la limítrofe Nicaragua también
se siguen los acontecimientos con preocupación, pues hay comunidades
de ese país que resultarían afectadas con la mina a cielo abierto.
La indignación es grande, y así la
vuelca en estos versos un poeta costarricense:
Espejos por oro
500 años atrás
con cruces y espejos nos vencieron
ahora el futuro trae más sangre que siempre
y nos disfrazan su maldad con nuevas calles, puentes, escuelas
y otras “bondades”
y el empleado público es contratado como mercenario gubernamental
y su buena cara…de “lobo con piel de cordero”
trata de conquistar al campesino y sus ternuras
su sonrisa de oro fácil se ondea como pancarta
aduciendo el desarrollo
hace tanto que caímos bajo la misma trampa
espejos por oro
oro por almas
las cruces siguen
castigarán al caer tu cara
y la falsedad de tus palabras
serán tus hijos
señalándote el futuro
te recordarán a diario que los cambiaste como espejos
con un nudo en su garganta.
(poema de César Augusto Angulo Navarro,
costarricense)
Por mayor información, visitar la página
Web de la campaña contra la minería en Crucitas:
http://fueradecrucitas.blogspot.com
inicio
- Ecuador:
el gobierno entregará el manglar de todos los ecuatorianos a industriales
camaroneros
El 15 de Octubre, el Presidente de
la República, Econ. Rafael Correa Delgado y cuatro Ministros de
Estado emitieron el Decreto 1391 que regulariza la acuacultura
industrial del camarón.
El Decreto tiene la contradicción de
que, por un lado reconoce la ilegalidad en la que han funcionado
miles de hectáreas de piscinas dedicadas a la cría y cultivo del
crustáceo, así como la tala de manglar como resultado de las actividades
de esta industria. Pero por otro lado esa ilegalidad termina siendo
premiada en la medida que da en concesión a la industria camaronera
zonas que son Bien Nacional de Uso Público (ver
http://www.ccondem.org.ec/imagesFTP/6940.DECRETO_1391_10_2008_1_.pdf
), violando así 56 disposiciones legales que protegen el
ecosistema manglar desde la década de los 70.
La medida de “regularizar” acciones
ilegales (que en la práctica serán legalizadas) sienta un precedente
de inseguridad jurídica en el tema ambiental y en la garantía
de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
de los Pueblos Ancestrales de Pescadores y Recolectores Artesanales
de la costa ecuatoriana, a quienes se los ha desplazado de manera
violenta de su territorio y que han demandado, insistentemente,
a los gobiernos de turno, la recuperación de las zonas de ecosistema
manglar ocupadas de manera impune por la acuacultura industrial
de camarón.
¿Irá el manglar ecuatoriano a manos
privadas?
El ecosistema manglar es uno de los
cinco ecosistemas más productivos del mundo. Alarmados por su
destrucción, en el Registro Oficial No. 722 del 6 de julio de
1987 se declara como bosques protectores a 362.802 hectáreas de
tierras cubiertas de manglar, de otras especies forestales y áreas
salinas, localizados en 5 sistemas hidrográficos de la costa ecuatoriana.
Un estudio del Centro de Levantamientos
Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN)
del año 2000 revela que se talaron 254.503 hectáreas que equivalen
al 70% del manglar ecuatoriano original. Por otra parte, el III
Censo Agropecuario del año 2001 determina que existen 234.359
hectáreas de camaroneras.
La legislación ecuatoriana prohíbe,
históricamente, la tala, quema o destrucción de manglares. Sanciona
con multas, reposición íntegra del área destruida y hasta con
prisión, su destrucción.
Sin embargo, el reciente Decreto 1391,
haciendo tabla rasa de la legislación vigente, pretende premiar
a los industriales camaroneros que han destruido el manglar y,
con ello, despojado a las comunidades locales de su fuente de
sustento y vida, consintiendo la reforestación de un porcentaje
mínimo de lo destruido y redimiéndolos del pago de multas y de
sanciones penales.
El Decreto 1391 viola no solamente
Leyes y Códigos, sino principalmente el texto Constitucional,
aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre
de este año. La nueva Constitución, aplaudida en el ámbito internacional
por consagrar un texto constitucional de avanzada, establece una
serie de derechos de la Naturaleza, derechos del Agua y derechos
de los Pueblos que son violentados por este Decreto.
¿Y si se acaba el manglar?
Los Pueblos Ancestrales del Ecosistema
Manglar viven íntimamente ligados a su ecosistema natural que
es su fuente de sustento y vida. Este ecosistema beneficia no
solamente a las comunidades locales sino que cumple funciones
ecológicas vitales para el planeta. Vale recordar las escenas
terroríficas del tsunami de Asia (diciembre de 2006) en donde
al talarse la barrera protectora natural y cortina rompevientos,
que es el manglar, fueron arrasados poblados enteros y miles de
personas murieron o fueron gravemente laceradas, sin mencionar
los ingentes daños a los bienes materiales.
El manglar es también un importante
desalinizador de las aguas que ingresan al continente, lo que
permite la existencia de tierras agrícolas y por tanto la producción
de alimentos que, junto con peces, moluscos y crustáceos --resguardados
en las raíces aéreas del manglar durante su época de desove y
larvaria--, son fuente principal de alimentación de nuestra población.
Nuestra soberanía alimentaria se vería
seriamente afectada al privatizar nuestras costas y entregarlas
a industriales camaroneros, quienes producen un fabuloso crustáceo
de exportación que nutre las mesas de los países del Norte, puesto
que el camarón de cultivo no se consume dentro de los países productores:
es un bien de exportación.
El ecosistema manglar en pie alimenta
a nuestra población, genera honradas plazas de trabajo a las comunidades
locales que día a día han visto la reducción de los bancos de
conchas, peces, cangrejos, jaibas, etc. Su hábitat natural desaparece
a la velocidad del brazo mecánico de una retroexcavadora que en
días transforma un rico y frondoso manglar milenario en estanque
de camarón.
Los pueblos ancestrales del ecosistema
manglar exigen la derogatoria del Decreto 1391 y la sanción a
los camaroneros que han usurpado el manglar, hecho que es reconocido
por este mismo Decreto, y así lo expresa el Manifiesto de los
Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar contra la Regularización
y Certificación de la Industria del Camarón en Cautiverio.
Por Verónica Yépez, C-CONDEM, correo
electrónico: veroy@ccondem.org.ec
, www.ccondem.org.ec
inicio
-
India: el gobierno local acosa a los
Vangujjars del bosque
Los Vangujjars, una tribu nómade muy
especial y que posee un patrimonio cultural muy rico, han vivido
diseminados por los bosques de Uttrakhand durante los últimos
tres siglos. Todavía mantienen una vida nómade y se trasladan
con sus búfalos, alternando entre las altas cumbres del Himalaya
en verano y las zonas bajas en invierno. Siempre recibieron un
trato discriminatorio por parte de todos los gobiernos, sin importar
quién estuviera en el poder en Uttar Pradesh o Uttrakhand. Pero
desde octubre de 2008, los ataques a los Vangujjars han recrudecido
y son cada vez más flagrantes. Más de 100 cabañas fueron totalmente
destruidas por la administración del Parque Nacional de Rajaji.
La Ley de Tribus Registradas y otros
Habitantes del Bosque (Reconocimiento de Derechos sobre los Bosques),
popularmente conocida como Ley de Derechos de los Bosques, fue
promulgada por el Parlamento el 15 de diciembre de 2006 y entró
en vigor el 1 de enero de 2008. Todos los estados debían hacer
cumplir esta ley en sus respectivos territorios enviando los correspondientes
Decretos Gubernamentales a todos los distritos, pero el gobierno
de Uttrakhand no ha cumplido con esta obligación. Ningún decreto
ha sido emitido, ni el gobierno está mostrando voluntad política
alguna para implementar esta ley, a pesar de que Uttrakhand tiene
más de un 65% del territorio cubierto de bosques y que alrededor
del 80% de su población es enteramente dependiente del bosque.
Ahora el Parque Nacional Rajaji, famoso
destino turístico para las clases media y alta de Delhi y Dehradun,
se ha transformado en el campo de batalla de las comunidades que
allí habitan contra el Departamento Forestal. Este último planeaba
desalojar a unas 500 familias durante este mes de octubre, y tenía
como objetivo las “deras” (cabañas) de los líderes de los vangujjars,
quienes estaban organizándose y peleando en la Suprema Corte una
demanda judicial contra el desalojo por el Departamento Forestal.
Los esbirros del Departamento atacaron y destruyeron sus “deras”,
asustaron a mujeres y niños, saquearon sus pertenencias y los
echaron del bosque despiadadamente. Incluso cuatro jóvenes fueron
arrestados bajo falsas acusaciones mientras pastoreaban sus animales.
Desde 2004, la comunidad vangujjar
del parque nacional de Rajaji ha estado peleando una batalla muy
larga por el reconocimiento de sus derechos. Las autoridades del
parque sólo han reconocido a 512 familias, las cuales fueron instaladas
en Pathri, Hardwar, un lugar que no está construido de acuerdo
con las necesidades y el medio ambiente de esta comunidad tribal.
El Foro Nacional de Pueblos del Bosque
y Trabajadores Forestales (NFFPFW, por su sigla
en inglés) presentó una demanda pública. El Honorable Tribunal
Supremo, en un veredicto histórico, ordenó al gobierno del Estado
de Uttrakhand que implementara la ley de derechos de los bosques
de 2006 en un plazo de 60 días, formando el comité de derechos
sobre los bosques, para que los derechos de los vangujjar pudieran
ser establecidos de acuerdo con la ley.
La demora en la aplicación de la ley
creó muchos problemas para la comunidad vangujjar, ya que el nuevo
director del parque, S.S Rasily, era mucho más despiadado que
el anterior. Su única misión era expulsar a los vagujjars del
bosque sin esperar que se definieran sus derechos. Incluso después
de todas las medidas que se tomaron en su favor, los vangujjars
sufrieron el peor desalojo en octubre de 2008.
El personal del Departamento Forestal,
junto con la policía local, utilizó masivamente la fuerza policial
para desalojar a la comunidad tribal.
El 3 de noviembre de 2008, miles de
vangujjars, aldeanos y otros habitantes del bosque de 11 distritos
de Uttrakhand, desafiaron al gobierno estatal y protestaron frente
a la Secretaría de Estado, en Dehradun, para reclamar el cese
de los desalojos ilegales, la implementación inmediata de la ley
de derechos forestales y el retorno al Parque Nacional de Rajaji
de las 110 familias desalojadas. Las comunidades de los bosques
anunciaron que, si sus reclamos no son atendidos, comenzarán un
movimiento para reconstruir sus “deras” en su ubicación original,
a partir del 16 de noviembre de 2008. Ashok Chowdhury, miembro
fundador de NFFPFW, señala que “si el gobierno estatal no maneja
bien la situación, ésta se convertirá en un grave conflicto entre
las comunidades del bosque de Uttrakhand y el Estado”.
Resumen de un artículo de Roma, disponible
en
http://www.wrm.org.uy/countries/India/roma.html
, NFFPFW (Kaimur) / Human Rights Law Centre, Purab Mohal,
correo electrónico: romasnb@gmail.com
, hrlkaimoor@gmail.com
inicio
- La
expansión del aceite de palma para agrocombustible: ¿se quemará
toda esperanza de estabilizar el clima?
Hace dos años, 5,3
millones de hectáreas a lo largo de Indonesia se vieron envueltas
en llamas, en lo que fue la peor temporada de incendios desde
1997/1998. La nube de humo cubrió grandes extensiones del Sudeste
asiático, escondiendo otros incendios de turberas y bosques que
ardían en Malasia. Hubo más de 75.000 incendios en Sumatra y Borneo.
El profesor Florian Siegert, experto en turberas, ayudó a analizar
los detalles de las imágenes satelitales y concluyó que: “La mayoría
de los incendios fueron iniciados para abrir terreno a las plantaciones.
Esas quemas a menudo se salen de control, porque los boques ya
han sido dañados por la tala ilegal”.(1)1 Incendios similares
ocurren ahora cada año, aunque su tamaño varía dependiendo de
cuán larga y seca sea la estación seca. El aceite de palma se
ha vuelto la causa principal de la destrucción de las turberas,
seguido por las plantaciones de árboles para la producción de
pulpa y papel.
Según Siegert, el dióxido
de carbono liberado por los incendios de turberas y bosques de
2006 fue responsable del 15% de todas las emisiones mundiales
de dióxido de carbono de ese año. Sin embargo, esta cifra no representa
más que un atisbo del verdadero alcance de los impactos climáticos
vinculados al aceite de palma en el Sudeste asiático.
Las turberas del Sudeste
asiático representan el 60% de las turberas tropicales del mundo
y almacenan alrededor de 42 mil millones de toneladas de carbono.
Mundialmente, las turberas desempeñan un papel vital para la estabilización
del clima: mientras no se las toque y no se sequen como consecuencia
del cambio climático, son un depósito permanente de carbono. La
formación de turberas es uno de los medios que tiene el planeta
para quitar dióxido de carbono de la atmósfera y, por lo tanto,
se trata de un importante “termostato mundial”. Existe evidencia
sólida acerca del papel vital que tuvieron las turberas del Sudeste
asiático para evitar un calentamiento global más extremo y rápido
al final de la última era de hielo. Nadie sabe exactamente por
qué en ese momento el calentamiento no se descontroló causando
una extinción masiva, como había sucedido diez millones de años
antes. Después de todo, el calentamiento provoca automáticamente
la liberación de más dióxido de carbono en la atmósfera, proveniente
sobre todo de los océanos. Gran parte de ese dióxido de carbono
debió ser absorbido por el suelo y la vegetación, y sabemos que
la acumulación de turba se aceleró en esa época en que las turberas
eran más grandes, debido a que el nivel del mar era más bajo.(2)
Si se dejara intacto, podría esperarse que el bosque de turbera
del Sudeste asiático absorbiera parte del dióxido de carbono que
ya fue emitido por la quema de combustible fósil y que mitigara
el cambio climático. Así, su destrucción es doblemente perjudicial
para el clima del planeta: una vez que la turbera se avena (proceso
por el cual se da salida a las aguas por medio de zanjas) y se
tala, todo el carbono que contiene se “oxida”, lo cual significa
que reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Este
proceso puede llevar varias décadas, pero los incendios lo aceleran
mucho. Sin importar las medidas que se tomen para eliminar los
combustibles fósiles y terminar con la deforestación, no hay mucha
esperanza de que pueda evitarse siquiera un calentamiento de 2°C
(que ya sería catastrófico) si los 42 mil millones de toneladas
de carbono de las turberas de Indonesia y Malasia pasan a la atmósfera.
Peor aún: se está destruyendo una de las pocas formas que tendría
el planeta de estabilizar su temperatura ante la inminencia de
un cambio climático catastrófico, poniendo el futuro de todas
las formas de vida en un peligro aún mayor.
El 48% de los 27 millones
de hectáreas originales de turberas ya sufrió una tala intensiva
y fue drenado, y 3,7 millones de hectáreas y fueron completamente
destruidas. En teoría, sería posible restaurar lo que queda de
la turba drenada, volviendo a inundarla y reforestando. Varias
ONG comenzaron un proyecto de demostración, aunque la evidencia
anecdótica sugiere que la idea no ha tenido mucho éxito debido
a la falta de participación de la comunidad. En realidad, lo que
se puede suponer es que prácticamente todas las turberas restantes
serán destruidas, a menos que se imprima un giro de 180 grados
a las políticas bioenergéticas de los países europeos y otros,
y a las políticas gubernamentales de promoción de los monocultivos
para la exportación de agrocombustibles de Malasia e Indonesia.
En el pasado, el uso de aceite de colza para biodiésel en Europa
fue una de las principales causas de la expansión del aceite de
palma, ya que la industria alimentaria y de cosméticos respondió
reemplazando el aceite de colza por el de palma. El uso de aceite
de palma como fuente de calor y energía ha sido otro factor importante.
Es probable que en el futuro se utilice más aceite de palma directamente
para biodiésel: se están construyendo varias grandes refinerías
de biodiésel diseñadas específicamente para utilizar aceite de
palma, incluida la más grande del mundo, que Neste Oil está construyendo
en Singapur, mientras que Estados Unidos y Australia incrementan
sus importaciones para agroenergía.
Según Wetlands International,
al menos el 15% de las plantaciones de palma aceitera de Malasia
y el 25% de las de Indonesia están ahora sobre turba. En Indonesia,
más de la mitad de las nuevas concesiones para tales plantaciones
han sido otorgadas en turberas. En Malasia, el gobierno estatal
de Sarawak adjudicó recientemente 400.000 hectáreas de bosques
de turbera para plantaciones, principalmente para producir aceite
de palma.(3) Los bosques de turbera son el objetivo sobre todo
porque prácticamente todos los bosques tropicales de Sumatra y
casi todos los de Borneo fueron destruidos, de ahí que la madera
menos accesible, ubicada en pantanos de turba, atraiga a los madereros.
Las ganancias adicionales de la madera vuelven mucho más atractivas
las plantaciones de palma aceitera y, en algunos casos, las empresas
madereras y las productoras de aceite de palma forman parte de
una misma compañía. Además, las políticas del gobierno que promueven
el aceite de palma para exportación, sobre todo para satisfacer
la creciente demanda europea de agrocombustibles, hacen que sea
fácil obtener concesiones para convertir bosques en plantaciones.
Los bosques de turba
no son la única frontera para la expansión del aceite de palma
en Indonesia. Los últimos grandes bosques tropicales continuos
de Aceh y Papúa Occidental enfrentan una destrucción similar.
El gobierno indonesio designó 9,3 millones de hectáreas de bosque
de Papúa Occidental para “conversión”, en gran media para la producción
de aceite de palma. Hasta ahora, se han otorgado grandes concesiones
pero aún hay relativamente pocas plantaciones de palma aceitera
productivas.(4) Al igual que en Borneo y Sumatra, también en Papúa
Occidental el establecimiento de las plantaciones y la tala van
de la mano.
Según Watch Indonesia!,
en Indonesia hay 40 millones de personas que dependen directamente
del bosque como medio de vida. Hoy están pagando el precio de
una falsa “solución climática” que, en lugar de mitigar el cambio
climático, es una de las formas más efectivas de lograr que el
calentamiento se vuelva incontrolable.
Por Almuth Ernting,
Biofuelwatch, http://www.biofuelwatch.org.uk
, correo electrónico:
almuthbernstinguk@yahoo.co.uk
Referencias:
(1)
www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2006/1102/wissenschaft/0062/index.html
(2) “A record of Late Pleitocene and Holocene carbon accumulation
and climate change form an equatorial peat bog (Kalimantan, Indonesia):
implications for past, present and future carbon dynamics”, Susan
Page et al, Journal of Quarternary Science, Vol. 19, Nº 2, 27
de setiembre de 2004
(3) “Malaysian palm oil: green gold or green wash?, Amigos de
la Tierra, octubre de 2008,
www.foei.org/en/publications/pdfs/malaysian-palm-oil-report
(4) “Forests in Papua: Data and Facts”, Marianne Klute, Watch
Indonesia!, 26.1.08,
www.biofuelwatch.org.uk/docs/papua_article.pdf
inicio
-
Las represas en el curso principal
del Mekong destruirían los recursos pesqueros para millones de
personas
“El Mekong importa a las personas que
viven en sus alrededores tal vez más que cualquier otro río en
la tierra,” escribió Fred Pearce en su libro sobre los ríos del
mundo, “When the Rivers Run Dry”. Algo así como dos millones de
toneladas de peces se pescan cada año en el río Mekong, cifra
sólo superada por el Amazonas. En Camboya, el 70% de la ingesta
de proteínas de los aldeanos proviene del pescado. El Mekong también
es extremadamente diverso, con unas 1.300 especies de peces; también
en este caso está en segundo lugar, luego del Amazonas.
El caudal del Mekong es el más variable
de todos los ríos importantes del mundo. Durante el monzón, corre
por él 50 veces más agua que durante la estación seca. Esta variabilidad
es crucial para la pesca en el Mekong. Cada año, cuando las lluvias
del monzón transforman al Mekong en un torrente embravecido, el
Tonle Sap, su afluente en Camboya, invierte su curso e inunda
una vasta zona, denominada el Gran Lago. Los bosques inundados
son un ecosistema increíblemente productivo. Una enorme cantidad
de alevines son arrojados al lago y se alimentan de la vegetación
flotante. Existe una gran industria pesquera en el Gran Lago.
La pesca excesiva es una amenaza para
esta fecundidad, pero la mayor amenaza es una serie de represas
que han sido planificadas para el curso principal del río. China
ya construyó varias represas en el alto Mekong, y otras están
previstas. En los últimos años, Laos, Tailandia y Camboya han
estado desempolvando proyectos que fueron pensados décadas atrás,
para construir diez represas en el curso principal del Mekong.
En febrero de 2008, el gobierno de
Laos firmó un acuerdo de desarrollo de proyecto con Mega First
Corporation Berhad, una empresa de ingeniería malaya, para construir
la represa de Don Sahong. Esta bloquearía el canal Hoo Sahong
“con consecuencias devastadoras para la pesca y los medios de
vida basados en la pesca, tanto a nivel local como en toda la
región del Mekong”, señala un nuevo informe de International Rivers
sobre las represas en Laos.
Dos meses antes de la firma del acuerdo
de Don Sahong, más de doscientas ONG de 30 países (incluyendo
el WRM), escribieron a la Comisión del Río Mekong, el organismo
intergubernamental que se supone maneja el desarrollo en el río.
Las ONG se quejaron de que “A pesar de las serias implicaciones
ambientales y económicas que tendrá una represa en el bajo Mekong,
la Comisión del Río Mekong permaneció en silencio. Consideramos
esto como una extraordinaria abdicación de su responsabilidad.”
En febrero de 2008, la CRM designó como nuevo presidente a un
ingeniero, Jeremy Bird. El silencio de la CRM a propósito de las
represas sobre el curso principal del río ha sido ahora reemplazado
por un apoyo declarado.
“Las espectaculares fluctuaciones de
los precios del gas y el petróleo durante el último año y la creciente
evidencia sobre el cambio del clima del planeta han enfocado la
atención mundial en la necesidad de fuentes sostenibles de energía
limpia,” escribió Bird en setiembre de 2008 en el diario tailandés
The Nation. El río Mekong es “una fuente de energía colectiva
con un enorme potencial” escribió. “Al día de hoy, sólo un 5%
de dicho potencial ha sido aprovechado.”
Como señala Patrick McCully, de International
Rivers, las represas no son fuentes de energía limpia. “Las represas
y embalses son una de las principales fuentes de calentamiento
global,” dijo McCully el año pasado durante una exposición en
el Commonwealth Club de California. La materia orgánica que se
pudre en los embalses detrás de las represas emite dióxido de
carbono, metano y óxido nitroso. Otras emisiones provienen de
la enorme cantidad de cemento utilizada para construir las represas,
y del desmonte y la caminería para construirlas. McCully señala
que, en los trópicos, las emisiones de las represas son comparables
y en algunos casos muy superiores a las de una planta generadora
de energía a base de combustible fósil, de tamaño equivalente.
En setiembre de 2008, la CRM organizó
una reunión en Vientiane para discutir las propuestas de construcción
de represas en el bajo Mekong. De los millones de personas que
serán afectadas si las represas se construyen, ninguna fue invitada
a la reunión. Bird explicó a un periodista de Inter Press Service
que él no veía eso como un problema. Además la reunión se llevó
a cabo en inglés y “en un ambiente con el que las comunidades
no están familiarizadas”. Bird agregó que “lo
importante para nosotros es conocer las preocupaciones y los problemas
de aquellas comunidades, y eso podemos hacerlo de muchas formas.”
Si bien Bird reconoció que “la migración
de los peces se ha vuelto un punto central de la discusión,” no
piensa que sea un motivo para detener la construcción de la represa.
Según Bird, “se harán enormes esfuerzos para, ante todo, evitar
esos impactos; si esto no es posible, se trabajará para minimizarlos
y luego mitigarlos en la medida de lo posible.”
El daño que causarán el bloqueo del
Mekong con cemento y la alteración drástica del curso estacional
del río no puede ser mitigado. Justificar la construcción de estas
represas afirmando que son ‘amigables’ para el clima, como lo
hace Bird, es realmente “una renuncia extraordinaria de responsabilidad”.
La pesca en el Mekong ya ha sido severamente afectada por la construcción
de represas río arriba, en China. Construir represas río abajo
destruiría la pesca por completo. Al mismo tiempo, condenaría
a millones de personas a una grave escasez de alimentos y a una
pobreza creciente.
Chris Lang, http://chrislang.org
inicio
-
México: ecocidio por minera en Coahuayana, Michoacán
La empresa minera ítalo-argentina TERNIUM
planea impactar cerca de 2 000 hectáreas de selva tropical en
el municipio Coahuayana, estado Michoacán, al suroccidente de
México, para extraer mineral de hierro. Entre otros impactos,
esto dejaría sin agua a todo el municipio de 15 mil habitantes.
El río el Saucito ya ha sido afectado, así como la montaña y la
selva, y los pueblos Santa María Miramar, El Saucito, La Palmita,
El Parotal y Achotán están ya sufriendo las consecuencias por
lo que están solicitando a las autoridades que declaren una Zona
de Conservación Ecológica Municipal.
Según denuncian las
comunidades, “la empresa ingresó al territorio a destruir nuestra
fuente de vida que son las montañas, la selva y el río de El Saucito.
Árboles con mas de cien años de antigüedad; de cedro, nogal, rosamoradas,
mojos, ceibas y muchas especies más, han sido derribados”. “Con
ello han causado derrumbes que han afectado nuestro río a donde
han ido a parar miles de toneladas de lodo y piedras, además de
los aceites que utilizan las máquinas”, por lo que en un escrito
de inconformidad ante las autoridades califican estos destrozos
de “ecocidio”.
En términos ecológicos
la empresa ya ha ocasionado un gravísimo perjuicio al municipio
de Coahuayana en lo que se refiere al proceso de captación, almacenaje
y liberación del agua de lluvia que sostiene la vida de toda esta
zona. Por ello, la población se opone a toda actividad en la mina
llamada La Colomera por parte de TERNIUM ya que en estos meses
han observando cómo los trabajos de la minera provocan de manera
acelerada la contaminación del río El Saucito, así como de la
selva y todos los seres vivos que ahí habitan y que, según manifiestan,
“son parte de nosotros mismos como comunidades, por lo que esta
empresa es un extraño en esta tierra y no le importa destruir
la selva y el río”. La máxima preocupación es que: “En 10 años
prácticamente seremos pueblos sin vida”.
El ecosistema que los
pobladores locales defienden constituye, pues, una zona de inestimable
valor ecológico, siendo un elemento de transición natural entre
el ecosistema de la selva tropical y el bosque de pino y encino
y actúa como un mecanismo regulador de los ciclos del agua. Además,
es sabido que estos bosques contribuyen a equilibrar fenómenos
climáticos globales como el efecto invernadero y el calentamiento
global mediante la captación e inmovilización de dióxido de carbono,
lo cual es muy significativo en la medida que se trata de vegetación
de acelerado crecimiento gracias al clima tropical.
Pero además el bosque
es el último refugio de especies animales en peligro de extinción
que ya están sintiendo los efectos de este ecocidio: la nutria
de río (Lontra longicaudis), los langostinos de agua dulce
o chacales (Macrobrachium spp), los loros o pericos (Amazona
finschi y oratrix) el venado cola blanca (Odocoileus virginianus),
y el pavo de monte o “choncho” (Meleagris ocellata) -el
cual de hecho ya se consideraba extinto pero aun se encuentra
en ese lugar-, son ejemplos de esto. Así pues, los impactos a
este frágil e importante ecosistema resultan imposibles de medir.
Desde los primeros
meses de este año 2008 la empresa minera TERNIUM ha entrado al
territorio del municipio Coahuayana con la intención de trabajar
la mina de hierro en las inmediaciones de las áreas conocidas
como El Saucito y el Cerro de la Aguja. Las auoridades no reaccionaron
para defender al interés de las comunidades aun cuando la empresa
nunca notificó al municipio sobre los trabajos ni existía ningún
tipo de permiso. Por eso, los afectados presentaron diferentes
denuncias e insistieron para que se diera respuesta a las mismas.
Así, el 29 de octubre, llegaron a la zona afectada representantes
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
y de la empresa minera, para verificar los daños causados a la
selva y al río. Sin embargo, la inspección se llevó a cabo ya
en horas de la noche y solo con representantes de la empresa,
impidiéndose la participación de las comunidades denunciantes
de los hechos. El argumento fue que de acuerdo a su normativa
no hay obligación a dar parte al denunciante sino solo al denunciado.
Ese mismo día, por la mañana, el representante regional de la
Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) manifestó que “la delegación
de SEMARNAT en Michoacán no tiene registrado ningún lote minero
para este municipio, por lo que no puede haber algún tipo de permiso
para realizar trabajos en ese sentido". La PROFEPA por el
contrario afirmó que la empresa sí tiene un permiso, lo que a
las comunidades les resulta sospechoso.
Por estas razones,
los habitantes tienen dos exigencias: que la zona Noroeste del
territorio municipal de Coahuayana que va desde El Saucito y hasta
el Cerro de la Aguja sea declarada como Zona de Conservación Ecológica
Municipal, para que nunca mas ninguna empresa o persona pueda
sentirse con derecho de venir a destruir los recursos naturales
que se encuentran en esta selva y en el río. Y en segundo lugar
que se cancele la concesión de empresa TERNIUM en municipio Coahuayana.
Por último, los habitantes
señalan lo siguiente:
“No
queremos negociar, ni queremos el dinero ni los empleos que promete
la empresa, porque no hay dinero ni empleo que pueda pagar la
vida que acá se está destruyendo. Solo que se respete nuestro
derecho de tener agua limpia y que se respete la dignidad del
río y de la selva.”
A pesar de los intentos
de la empresa por crear división social y enfrentamientos por
medio de afirmaciones falsas acerca de quienes se resisten a los
trabajos mineros, señalan también que la resistencia ha sido pacífica
en todo momento y explican:
“No nos oponemos al
desarrollo de nuestro municipio siempre y cuando ese desarrollo
no sea una amenaza para nuestro medio ambiente y los recursos
naturales básicos como el agua”.
Es esperanzador que,
poco a poco, las autoridades se están dando cuenta que el movimiento
avanza mas allá de sus propias previsiones.
Firmado:
Habitantes de las comunidades
de El Parotal, La Palmita, Achotán, Santa María Miramar y El Saucito,
integrantes del movimiento de resistencia civil pacífica contra
la mina La Colomera de la empresa TERNIUM en el municipio de Coahuayana
A los 13 días del mes
de Noviembre del año 2008
NO A LA MINA, SI A
LA VIDA !!!
Nota: Para apoyar a
estas comunidades, se invita a firmar una carta de protesta dirigida
a las autoridades locales y nacionales de México, entrando a www.salvalaselva.org
Ahí se encuentra la acción de protesta por correo
electrónco: NO a la minería de la muerte en Coahuayana, Michoacán,
México.
inicio
- Nigeria:
la quema de gas, contribuye al cambio climático y a la violación
de los derechos humanos
Nigeria cuenta con 11.700 kilómetros
cuadrados de manglares: por su extensión, ocupan el tercer lugar
en el mundo y el primero en África. La mayor extensión de este
manglar se encuentra en el Delta del Níger. Nigeria es también
uno de los mayores productores de petróleo, y la mayor parte de
la extracción se realiza en el Delta del Níger. Allí, el petróleo
abunda en las formaciones rocosas. La compleja mezcla de hidrocarburos
y otros compuestos orgánicos que forman ese combustible líquido
inflamable de origen fósil se extrae de los pozos que se encuentran
en dichos campos petrolíferos.
Cuando el petróleo crudo es extraído,
también arrastra gas asociado con él. Este gas natural podría
ser separado del petróleo y utilizado, pero las empresas prefieren
quemarlo. Shell-BP fue la primera en comenzar con esta práctica
en los años 60.
La quema de gas natural asociada a
la extracción de petróleo ha sido reconocida internacionalmente
como una fuente significativa de emisiones de gas de efecto invernadero,
y uno de los principales factores del cambio climático. Durante
la combustión, los hidrocarburos gaseosos reaccionan con el oxígeno
atmosférico para formar el dióxido de carbono (CO2).
La quema de gas también provoca lluvia
ácida que acidifica los lagos y los arroyos y daña la vegetación,
contamina el aire y puede causar leucemia, asma y muerte prematura.
Si bien el gobierno británico implementó
políticas internas para reducir al mínimo la quema de gas en su
país, las empresas británicas no aplican el mismo criterio en
Nigeria, donde Shell y otras empresas que controlan el negocio
del petróleo, como Agip, ExxonMobil, Texaco, TotalFinaElf y Chevron
siguen quemando gas.
Es sólo una cuestión de dinero – y
de poder. De dinero, porque en lugares que carecen de la infraestructura
necesaria para hacer uso del gas asociado – como es el caso de
los manglares del Delta del Níger – es más barato simplemente
quemarlo, sin importar los impactos nocivos. De poder, porque
las corporaciones transnacionales tienen la capacidad de imponer
sus intereses comerciales sobre la salud, los medios de vida y
los derechos humanos de las comunidades locales, mostrando así
su indiferencia hacia las personas. Si bien una ley de 1984 técnicamente
declaró que la quema de gas era ilegal, la industria petrolera
aún quema miles de millones de metros cúbicos de gas por año.
El gas liberado es quemado por medio
de chimeneas, de donde brotan considerables llamas de un anaranjado
intenso, cuyo humo y enorme calor provocan la degradación y la
destrucción del manglar, y siembran conflictos y muerte (ver Boletín
N° 56 del WRM).
A pesar de ser un importante productor
de petróleo, Nigeria se encuentra entre las naciones más pobres
del mundo, probando así que las economías de los países del Sur,
si están basadas en el petróleo sólo enriquecen a un pequeño grupo
de transnacionales y élites locales. Además, el país padece una
escasez crónica de energía.
Mucho sufrimiento, represión y muerte
han acompañado la oposición de larga data a los impactos de la
producción petrolera, incluyendo la polución y la quema de gas
en Nigeria. En setiembre último, durante un foro comunitario interactivo
sobre el impacto de la quema de gas en la comunidad de Iwherekan,
Estado del Delta, los soldados nigerianos que vigilan los sitios
donde Shell quema el gas arrestaron a unas 25 personas que asistían
al encuentro.
Entre los detenidos había ancianos,
mujeres y niños de la comunidad, miembros de la organización Acción
por los Derechos Ambientales/ Amigos de la Tierra, y periodistas
de diarios y estaciones de televisión nacionales, incluyendo la
Autoridad Nigeriana de Televisión (NTA), propiedad del gobierno
federal; la cámara del equipo de la NTA fue confiscada.
El 14 de noviembre de 2005, Shell recibió
la orden de detener la quema de gas en la comunidad Iwherekan
para abril de 2007. El dictamen de la Suprema Corte Federal reconoció
que la práctica de la quema de gas violaba el derecho fundamental
a la vida y la dignidad, y fue el resultado de un juicio iniciado
el 20 de julio de 2005 por el Sr. Jonah Gbemre, en representación
propia y de la comunidad Iwherekan, contra Shell, la Corporación
Nacional Nigeriana de Petróleo (NNPC) y el Fiscal General de la
Federación.
Sin embargo, la empresa continuó con
su práctica letal de quemar gas. La gente expresó su preocupación
y, aparentemente, el arresto fue para intimidar a la comunidad
y para evitar las constantes campañas de los ambientalistas por
el cese de la quema de gas. Nnimmo Bassey, Director Ejecutivo
de la organización declaró: “Esta acción mostró claramente que
este gobierno no está preocupado por el impacto de la quema de
gas sobre los medios de vida y la salud de la población del Delta
del Níger. Asimismo, es una clara evidencia de que la única respuesta
que tiene esta administración ante la agitación legítima de los
pobladores del Delta del Níger, es la intimidación, la fuerza
bruta y el encubrimiento. Es una verdadera lástima que esto suceda
bajo un gobierno que ha pregonado a los cuatro vientos su confianza
en la autoridad de la ley”.
Artículo basado en
información de: “Gas Flaring, LAC & Climate Change”, Keith
R., Temas Actuales LLC,
http://www.temasactuales.com/temasblog/environmental-
protection/gas-flaring-lac-climate-change/
; “Gas Flaring Disrupts Life in Oil-Producing Niger Delta”,
Ofeibea Quis-Arcton, NPR,
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=12175714
; “Press Release: Environmentalists Denounce Arests in
Gas Flaring-Affected Community”, Environmental Rights Action/Friends
of the Earth Nigeria,
http://www.eraction.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
133:press-release-environmentalists-denounce-arrests
-in-gas-flaring-affected-community&catid=9
inicio
-
Uruguay: plantaciones de eucalipto degradan
suelos y emiten carbono
A pesar de toda la
evidencia científica existente sobre el impacto de los monocultivos
de árboles a gran escala, la Convención de Cambio Climático insiste
en promoverlos bajo el falso argumento de que las plantaciones
pueden aliviar los efectos del cambio climático actuando como
“sumideros de carbono”.
Los impactos negativos
de los monocultivos de árboles en áreas boscosas han sido bien
estudiados y documentados en casi todos los países donde esto
ocurre. Sin embargo, se tiende a minimizar el impacto que estos
monocultivos causan en las praderas, el principal ecosistema en
países como Sudáfrica, Swazilandia, Uruguay, sur de Brasil y amplias
zonas de la Argentina, donde el área de tales monocultivos continúa
expandiéndose.
Esa realidad, explica
Carlos Céspedes, un investigador de la Facultad de Ciencias en
el Uruguay, es la que lo estimuló a emprender en su tesis de doctorado
un estudio con el propósito de evaluar los efectos de la conversión
de praderas a cultivo forestal.
En un trabajo anterior,
este investigador ya había demostrado que el cultivo de eucalipto
tiene efectos negativos sobre el suelo de pradera. En dicho estudio,
Céspedes había constatado que los monocultivos de eucaliptos producen
en la pradera una importante pérdida de materia orgánica y un
aumento de acidez, asociados a su vez a la alteración de los valores
normales de otras propiedades fisicoquímicas.
Los suelos de praderas
uruguayas tienen un nivel de acidez (pH) de aproximadamente 6,5
- 6,8 (es decir, catalogados como “ligeramente ácidos”), si bien
en el caso de praderas arenosas, éstos valores puede estar en
el entorno de 5,5. En el caso de plantaciones de eucalipto en
esos mismos tipos de suelos, los análisis mostraron resultados
muy por debajo de esos valores, ubicándose en el entorno de 4,5
(valores que los definen como “fuertemente ácidos”). Para comprender
la importancia de esa cifra, cabe decir que el pH se expresa en
escala logarítmica, por lo que un punto de diferencia de pH (5.5
versus 4.5) es mucho. Pero sobre todo, es necesario saber que
un pH de 5 representa un umbral; es decir, que por encima o por
debajo de ese valor ocurren cambios significativos en el suelo
(que no ocurrirían si el cambio fuera de 7 a 8 o de 3 a 4), tales
como cambios en su Capacidad de Intercambio Catiónico o CIC, propiedad
muy ligada a la fertilidad del suelo como se detalla más abajo.
La acidez fue más alta
en la primera capa del suelo (lo que se denomina horizonte A)
y si bien disminuyó algo en las capas más profundas (horizonte
B), fue igualmente el pH fue igualmente más bajo que en las praderas.
La explicación de este notorio aumento de acidez, dada por distintos
autores, es la extracción de calcio del suelo en cantidades significativas,
el cual es acumulado en la biomasa forestal en forma de cristales
(oxalato de calcio). Como era de esperar, el bajo pH alcanzado
condujo a un notorio aumento de aluminio en el suelo, en una concentración
que puede resultar tóxica para una mayoría de especies vegetales
nativas. Como resultado, ciertas especies de plantas que habitaban
esos suelos, ahora –luego de años bajo eucaliptos- se encuentran
con que las condiciones del mismo se han vuelto inapropiadas para
su supervivencia. Sin embargo, hay especies que sí logran adaptarse
a las nuevas características del suelo, como es el caso de la
“gramilla brava” (Cynodon dactilon), una especie exótica invasora.
Para los microorganismos, estos cambios serían incluso mas graves,
debido a que son muy sensibles a los cambios fisicoquímicos del
suelo.
Este ambiente más ácido
es un factor que además contribuye a la proliferación de hongos,
en particular, basidiomicetes. Estos hongos generan un entramado
de micelios sobre la tierra (el “cuerpo” de los hongos, que se
puede visualizar en el campo como filamentos blancos) que inducen
a una verdadera impermeabilización del suelo (fenómeno conocido
como “water repellency”), que impide que el agua penetre con facilidad
hacia la profundidad del mismo. Ello produce una menor infiltración
hacia la napa subterránea de agua y un aumento comparativo de
la escorrentía superficial, estimulando la erosión del suelo.
La disminución de la
materia orgánica del suelo responde a varios factores que se interrelacionan
entre sí. Entre ellos, es importante destacar que existe una menor
incorporación de residuos orgánicos al suelo en una plantación
de eucaliptos respecto a la pradera. Los residuos de los eucaliptos
permanecen depositados en la superficie y por su naturaleza bioquímica,
son más resistentes a la biodegradación. Por otro lado, la disminución
se origina también en la “exportación” que realiza la plantación
de eucaliptos de la materia orgánica originalmente acumulada en
el suelo por la pradera.
La drástica disminución
de materia orgánica en el suelo redunda en una disminución en
la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). La CIC expresa la
capacidad de retención de nutrientes minerales de un suelo; es
decir, determina su fertilidad potencial. La investigación mostró
que la CIC disminuyó en el horizonte A por la influencia de los
eucaliptos. Esta disminución de la CIC en el horizonte A es por
demás grave, ya que es sobre este horizonte del suelo donde se
asienta la producción agropecuaria. Al disminuir la materia orgánica
y la CIC, no sólo disminuye la fertilidad del suelo, sino que
se generan importantes efectos negativos en su estructura, en
la aireación y en la actividad biológica, entre otros fenómenos.
Los defensores de la
forestación argumentan que la plantación de árboles hasta puede
mejorar los suelos, aunque a veces aclaran que esto no sucede
en suelos tan bien cuidados, bien manejados, de altísima productividad
y tan poco degradados como los excelentes suelos de pradera uruguaya.
Pero sostienen que esta mejora del suelo podría verificarse en
suelos que no tengan esa excelencia.
Sin embargo, otro de
los hallazgos importantes en esta investigación es que se demuestra
que los monocultivos de árboles también tienen efectos negativos
en suelos con historia de uso en otras producciones agropecuarias.
Ni siquiera en los suelos arenosos -que según los defensores de
la forestación lo único que podría acontecer sería que mejoraran-
se ha podido comprobar esto como cierto. De acuerdo con los resultados
obtenidos por Céspedes, la forestación sería la peor opción también
en este tipo de suelos, ya que en caso de que tales suelos, degradados
por actividades agrícolas, fueran abandonados, serían recolonizados
por plantas herbáceas –muchas de éstas nativas–, que en un plazo
determinado harían que el suelo mejorara sustancialmente, lo cual
no ocurriría si fuesen plantados con eucaliptos.
Pero quizás lo más
importante de esta investigación, es que demuestra que el cultivo
de eucaliptos en suelo de pradera, afecta de forma negativa –y
significativa– el balance de carbono existente en el suelo.
Uno de los argumentos
más utilizados últimamente para justificar los monocultivos de
árboles en gran escala es que éstos pueden ser utilizados para
mejorar el clima y contrarrestar el efecto invernadero. Se argumenta
que a medida que los árboles van creciendo, van tomando carbono
del aire en cantidades mayores a las que emiten. De acuerdo con
esa óptica, las plantaciones son definidas como “sumideros de
carbono”.
Sin embargo, esta investigación
ha comprobado que esto es falso en el caso de la pradera, ya que
ésta es una gran acumuladora de carbono, pero de un carbono totalmente
diferente al que pueda acumularse en la biomasa de los árboles.
El carbono que acumula la pradera es lo que se denomina carbono
estable (sustancias húmicas); se trata de una reserva de carbono
que puede mantenerse allí durante cientos o miles de años y que
bajo ciertas condiciones, puede continuar en aumento. Este carbono
orgánico, que inicialmente se acumulada en la masa viva –sobretodo
de las raíces– progresa gradualmente a través de la actividad
de los organismos del suelo, hacia complejos orgánicos cada vez
más estables. Sin embargo, el laboreo del suelo, el uso de agrotóxicos
y la implantación de especies arbóreas exóticas y de rápido crecimiento,
destruyen gran parte de esta reserva. Como consecuencia de ello,
las praderas invierten su rol de “sumidero” para transformarse
en fuente o emisores de CO2.
Además, la captura
de carbono que realizan las plantaciones durará relativamente
poco tiempo en la medida que los árboles sean cortados, utilizados
o incluso –como ocurre con frecuencia- que se incendien y liberen
todo el carbono a la atmósfera. Al respecto, los promotores del
denominado “Mecanismo de Desarrollo Limpio” argumentan que si
bien este carbono acumulado por los árboles tiene un tiempo medio
de residencia (TMR) bajo, de cualquier modo se trataba de un carbono
que ya estaba en el atmósfera (como dióxido) contribuyendo al
“efecto invernadero”. Por lo tanto su contribución es igualmente
válida dado que no utiliza un carbono nuevo, sino que recicla
uno ya existente. Esta opinión podría tener alguna validez si
la producción de árboles no tuviera como contraparte una emisión
de carbono desde el suelo. Cosa que ha sido demostrada.
La tesis de doctorado
de Céspedes demuestra entonces no solo que los monocultivos de
eucaliptos degradan los suelos de manera irreversible, sino que
además destruyen suelos que actúan como enormes reservorios de
carbono. Los promotores de tales plantaciones deberán por tanto
inventar nuevas mentiras para promoverlos. ¡Y cada vez les van
quedando menos!
Artículo elaborado
en base a la tesis de doctorado de Carlos Céspedes disponible
en http://ethesis.inp-toulouse.fr
y entrevistas con el autor y material extraído del
artículo “Impacto de las plantaciones de eucaliptos en el suelo”,
por Teresa Pérez, disponible en:
http://www.guayubira.org.uy/plantaciones/Cespedes.html
inicio
CONTRIBUCIÓN DEL
WRM AL DEBATE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
-
Cuatro nuevos informes del WRM relacionados con el cambio
climático
Como una contribución
a facilitar la participación de la sociedad civil en la protección
del clima del planeta, el WRM acaba de publicar cuatro documentos
informativos relacionados con el cambio climático:
“De REDD a
DEDD” reflexiona sobre el mecanismo referido a las emisiones
provenientes de la deforestación que está siendo discutido en
la Convención sobre el Cambio Climático -REDD. El documento argumenta
sobre la inutilidad de un REDD basado en el mercado del carbono,
que permitiría a los contaminadores del Norte pretender que “compensan”
sus emisiones de combustibles fósiles contribuyendo a evitar la
deforestación en otros lugares. Del mismo modo, el informe analiza
los problemas que acarrearía un mecanismo de donaciones centrado
en la “reducción” de la deforestación, y propone un enfoque totalmente
diferente, basado en políticas y compromisos tendientes a detener
la deforestación.
(http://www.wrm.org.uy/publicaciones/REDD.pdf)
“Los magos del
carbono neutro” trata del mito de la “compensación”, basado
en una premisa engañosa: que el carbono emitido al quemar combustibles
fósiles (que durante millones de años no ha participado en el
funcionamiento de la biosfera) puede ser “compensado” de alguna
forma por medio de otras actividades, como la plantación de árboles.
El documento explica que el carbono de los combustibles fósiles
no puede ser regresado a su depósito de origen y que, cuanto más
se extrae, más aumenta el volumen total de carbono de la biosfera.
Para influir realmente sobre el clima es necesario reducir y finalmente
eliminar el uso de combustibles fósiles. El juego de “neutralizar
el carbono” es un fraude y sólo sirve para distraer la atención
de un problema muy real y urgente.
(http://www.wrm.org.uy/publicaciones/CarbonoNeutro.pdf)
“GE tree research.
A country by country overview” (disponible
sólo en inglés). Los árboles modificados genéticamente
(transgénicos) no sólo han sido explícitamente aceptados por la
Convención sobre Cambio Climático para ser utilizados en las plantaciones
denominadas “sumideros de carbono”, sino que también se los considera
como posibles fuentes de producción de etanol, como substituto
del combustible fósil. En este nuevo informe, el WRM reunió información
sobre todos los países donde se realiza investigación en árboles
transgénicos, para que la opinión pública de cada uno de ellos
pueda involucrarse directamente en el tema.
(http://www.wrm.org.uy/subjects/GMTrees/Briefing_GM_Trees_by_country.pdf)
“Es necesario detener
la certificación FSC de plantaciones de árboles”. La certificación
de las plantaciones de árboles ha servido para validar la expansión
del monocultivo de árboles (y en particular las plantaciones llamadas
“sumideros de carbono”), a pesar de su impacto negativo sobre
la naturaleza y las comunidades. En este informe, el WRM presenta
los argumentos a favor de la exclusión de las plantaciones de
árboles de la certificación FSC.
(
http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/WRM_documento.pdf
)
inicio
