NUESTRA
OPINIÓN
- Las
muchas “Gaza” invisibles de los bosques
Durante las últimas semanas el mundo asistió
con impotencia al horror de la invasión israelí a la franja de
Gaza. A pesar de que las imágenes trasmitidas por televisión reflejaban
apenas una pequeña parte del sufrimiento de la población palestina,
las mismas eran más que suficientes para comprender el drama que
se estaba viviendo. Familias enteras diezmadas por bombas; hogares,
escuelas, comercios, hospitales y templos reducidos a escombros
en cuestión de segundos; sistemas de distribución de agua, saneamiento
y energía destruidos; miedo, rabia, dolor, agotamiento, hambre,
sed.
Lo que gran parte del mundo no sabe –porque nunca llega a ser
difundido por los medios de comunicación masiva- es que existen
otras situaciones muy similares a la de Gaza, que ocurren casi
a diario en distintas partes del planeta. Las armas empleadas
pueden ser diferentes y el número de personas afectadas ser menor,
pero los resultados son los mismos: la violación de los derechos
humanos de las personas y la destrucción de sus medios de vida.
Por ejemplo, el 18 de diciembre de 2008, cientos de policías y
paramilitares irrumpieron en un pueblo de la provincia de Riau,
Sumatra, Indonesia, con armas y gases lacrimógenos. Un helicóptero
lanzó una bomba incendiaria sobre el pueblo quemando cientos de
casas, supuestamente con napalm. Se utilizaron gases lacrimógenos
y armas de fuego. Dos niños murieron y mucha gente fue herida
mientras otros fueron arrestados. Unos 400 aldeanos huyeron al
bosque en las montañas y sólo 58 personas permanecieron en la
aldea. Dos días después, un helicóptero sobrevoló a baja altura
las carpas de los aldeanos sin hogar bombardeándolos con piedras.
El motivo de tanta violencia puede hasta parecer absurdo: la producción
de papel. Sin embargo, al igual que en el conflicto palestino,
el problema de fondo radica en el control territorial. El gobierno
indonesio desconoce los derechos tradicionales de las poblaciones
locales y se asigna la propiedad del territorio, que cede a una
empresa para plantar árboles destinados a la producción de papel.
Las comunidades locales se resisten a ser expulsadas y se les
responde con la violencia.
Situaciones similares están ocurriendo permanentemente y el tema
del control del territorio está siempre presente como una de las
causas centrales. Por ejemplo, cada vez que un gobierno decide
hacer una gran represa hidroeléctrica, está violentando los derechos
de miles o cientos de miles de personas que habitan en el área
y cuyos hogares, bosques y campos de cultivos van a ser inundados
o cuyos medios de supervivencia van a ser gravemente afectados
por la represa. Lo normal es que la gente no acepte pasivamente
tal hecho y que el Estado intervenga a través de la represión
y criminalización de la protesta.
Lo mismo ocurre cuando un Estado otorga concesiones madereras,
petroleras o mineras a alguna empresa. Los territorios afectados
no están vacíos, sino que allí habitan comunidades indígenas,
tradicionales o campesinas, que en muchos casos han vivido allí
mucho antes de la existencia del Estado nacional. Sin embargo,
este último desconoce los derechos ancestrales de esas comunidades
y se atribuye a sí mismo el derecho de propiedad sobre dichas
tierras.
Es importante aclarar que para estos pueblos, la destrucción del
bosque es equivalente a lo que se presenció en Gaza: la destrucción
de hogares, templos, escuelas, almacenes, hospitales, sistemas
de agua potable. En efecto, el bosque es su hogar y templo y de
él obtienen alimentos, medicinas, abono, fibras, maderas, agua
y todo cuanto requieren como medios de vida. La desaparición del
mismo y la degradación ambiental resultante de las actividades
industriales que lo sustituyen –madereo, monocultivos, explotación
minera o petrolera, hidroenergía, etc.- son como “bombas” arrojadas
sobre sus territorios que destruyen todo lo que para ellos tiene
valor.
“Todos somos palestinos”. Bajo esta consigna miles de personas
de todo el mundo manifestaron su apoyo al pueblo palestino y su
repudio al ataque del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza.
Muchos otros “palestinos” –como los ayoreo en Paraguay, adivasi
en India, bagyeli en Africa Central, Tagaeri y Taromenane en Ecuador/Perú
y muchos otros- están siendo hoy “bombardeados” y requieren ser
apoyados en su desigual lucha contra enemigos mucho más poderosos
que ellos.
inicio
COMUNIDADES Y BOSQUES
- Camerún: un “bosque comunal” al cual se oponen las comunidades
locales
Establecer
un bosque comunal puede parecer una buena idea. Sin embargo, también
podría no serlo, según muchos lugareños del distrito de Dzeng
(Provincia Central, Departamento de Nyong y So'o), quienes denunciaron
el intento del actual alcalde de Dzeng por utilizar sus tierras
boscosas para una explotación comercial. Unas 25.182 hectáreas
de bosque serían clasificadas como “bosque comunal”, una categoría
intermedia entre la concesión forestal y el bosque comunitario.
La
Ley No. 94/01 establece que dicha clasificación debe tomar en
cuenta el entorno social de las poblaciones locales para que éstas
mantengan sus derechos tradicionales de uso. Para la categoría
de “bosque comunal”, la autoridad local debe preparar un plan
de gestión, y éste debe también incluir la participación y el
acuerdo de la población local. En este caso, las comunidades locales
nunca fueron consultadas y la desconfianza surge del hecho de
que tampoco fueron informadas sobre el plan del alcalde de clasificar
sus tierras como “bosque comunal”, quebrantando así el espíritu
de la ley. La única manera que tuvieron de enterarse fue un comunicado
apenas visible, colgado en una de las paredes de la municipalidad
de Dzeng.
El
alcalde dijo que planea construir un aserradero en la zona. “Expresamos
firmemente nuestra oposición a este proyecto de clasificación
forzada de todos nuestros bosques por los que cruza el arroyo
Tofini como bosques comunales, con el propósito de llenar los
bolsillos de un grupo de individuos que nunca se han preocupado
por el interés público”, escribieron al alcalde los jefes de las
aldeas Assok y Nkonmedzap. (1)
El
alcalde sostiene que el empobrecimiento extremo de su municipalidad
es lo que vuelve urgente el establecimiento de un bosque comunal,
para poder contar con recursos que permitan realizar proyectos.
Sin embargo, esas tierras boscosas ya fueron explotadas en gran
medida por empresas madereras que sólo trajeron la destrucción
de los bosques a las comunidades. El bosque perdió sus especies
más valiosas y recién ahora se está recuperando de la acción de
compañías como SAB y SEBC subsidiarias del Grupo Thanry, de propiedad
francesa, uno de los mayores conglomerados madereros de África.
Thanry está ahora controlado por la empresa Vicwood Pacific, de
Hong Kong.
En
una carta abierta enviada al Presidente de la República de Camerún,
Paul Biya, Alain G. Njimoluh expresa su temor “que también es
compartido por todas las familias del distrito antes mencionado,
cuando nos dicen que, como premio consuelo por la pérdida de nuestras
tierras a favor de la explotación comercial, ¡recibiremos a cambio
un aserradero!”. Esta carta solicita al Presidente su mediación
para evitar “el intento de saquear nuestro distrito, como ya ha
sucedido en otras regiones de nuestro amado país”.
Otra
carta abierta fue dirigida al alcalde Emmanuel Nnemde, donde se
argumenta que sería una clasificación manipulada de las tierras
boscosas como “bosques comunales”, que no generaría ningún beneficio
para las comunidades locales. “Usted sostiene que su decisión
para la adquisición urgente de un bosque comunal fue motivada
por la extrema pobreza de su distrito y por una gran necesidad
de recursos para implementar proyectos. Sus electores, cuyos bosques
fueron explotados despiadadamente por las empresas madereras Sab
y Coron en los años ochenta, sin recibir a cambio ni una sola
inversión local, rebatieron sus argumentos”, decía la carta.
En
su carta, Njimoluh Anyouzoa hizo referencia a las consecuencias
desastrosas que ha tenido la gestión caótica de los bosques comunales
existentes – problemas sociales como desempleo, pobreza, hambruna,
prostitución, enfermedades graves (VIH/SIDA), embarazos no deseados.
Sobre estos problemas sociales, dijo, “la gente de Assok, Nkomedzap
y otras poblaciones ha intentado hablarle en su petición, presentada
a los funcionarios cameruneses pertinentes, en lo que refiere
específicamente a la ley 94/01 del 20 de enero de 1994, que regula
los bosques, la fauna y flora y las pesquerías, y que le otorga
a usted un poder casi discrecional para explotar estos bosques
una vez que sean ‘bosques comunales’”.
El
Sr. Anyouzoa anunció que había enviado esta semana una copia de
su carta “a la oficina de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) en Copenhague (Dinamarca), con el propósito de averiguar
si la Unión Europea (UE) estaba involucrada de alguna forma en
este proyecto, y para denunciar enérgicamente la política de ‘eliminar
nuestros bosques’ en la cual la UE ha participado en ocasiones
con la ayuda de algunos funcionarios locales.”
Fuentes:
(1)
« Dzeng : Une forêt déchire les populations et le maire »,
Mutations, 27 de noviembre de 2008,
http://www.quotidienmutations.info/mutations/nov08/1227799736.php
(2)
Carta abierta al alcalde del Distrito de Dzeng – Camerún, por
Njimoluh Anyouzoa, 30 de diciembre de 2008, enviada por el autor.
inicio
-
Ecuador: nuevas exploraciones en el Yasuní
El Parque Nacional Yasuní se extiende en
las cuencas de los ríos Yasuní, Cononaco, Nashiño y Tiputini.
Estos
ríos además de sus importantes cauces, poseen
zonas planas inundables, zonas pantanosas, pozas y varios complejos
lacustres como los de Jatuncocha, Garzacocha y Lagartococha.
Este es el territorio ancestral del pueblo Waorani y de dos pueblos
en aislamiento voluntario, los Tagaeri y Taromenane.
Cononaco y Tiputini al igual que centenares de nombres indígenas
son además campos petroleros. La industria petrolera adoptó
nombres indígenas como una forma más de humillación, para nombrar
lo que sería la devastación.
En diciembre del 2008 los Waorani lanzaron la denuncia de
nuevas exploraciones petroleras en el campo Cononaco. Para neutralizar
a la comunidad la empresa nacional (Petroecuador) les entregó
35.000 dólares. Pero esas nuevas exploraciones afectan al Parque
Nacional Yasuní.
Las operaciones petroleras en Cononaco fueron inspeccionadas dentro
del juicio que se sigue contra la empresa Texaco, pues fue un
campo abierto y operado por esta empresa. De las 35 muestras
tomadas, 30 presentaron indicadores superiores a los permitidos
por la ley.
Esta zona es parte de la Reserva de la Biosfera Yasuní, es Territorio
Waorani y la contaminación afecta directamente al Parque Yasuní.
Cuando en 2006 se rompió la tubería que interconecta los campos
Auca y Cononaco, el derrame contaminó al Rio Tiputini que serpentea
dentro del Parque. Pero lo más grave es que las nuevas exploraciones
se dan en las zonas de influencia de los pueblos en aislamiento
voluntario.
El problema que lleva implícita esta denuncia de nuevas exploraciones
petroleras en áreas protegidas es que revela la voluntad de continuar
con un modelo extractivista, para el que la naturaleza es solo
una adversidad, que no solo utiliza las mismas prácticas típicas
de la industria sino que rompe con la primera perforación todos
los derechos que fueron reconocidos en la nueva y flamante Constitución.
*
Prohibición de operaciones petroleras en áreas protegidas, Art.
407
*
El derecho de la naturaleza a existir y mantener sus ciclos vitales
y estructura, Art. 72
*
El principio de precaución al afirmarse que el Estado deberá aplicar
medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan
conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas
o alteración permanente de ciclos naturales, Art. 73
*
Protección del territorio de los Pueblos en Aislamiento Voluntario,
derecho que de ser violado incurría en delito de genocidio y etnocidio,
Art. 57
Los Waorani, que han demostrado su oposición a las operaciones
petroleras con diferentes formas de protesta, han sido criminalizados,
divididos e ignorados. Sin embargo, ahora, amparados en el reconocido
derecho a la resistencia (Art. 98)
tienen una nueva herramienta para pasar
de la denuncia a la acción.
Por Esperanza Martínez, Oilwatch, correo electrónico:
inicio
- Filipinas: petróleo y gas traen miseria y destrucción en región
de manglares
Hace
más de tres años un gran navío llegó sin aviso al Estrecho Tañon,
uno de los sitios de pesca más ricos de la región central de Filipinas
y centro mundial de biodiversidad marina. Durante dos meses, el
M/S Veritas Searcher, de propiedad de la empresa japonesa
Petroleum Exploration Co. Ltd. (Japex), recorrió el estrecho para
detectar la existencia de depósitos de petróleo y gas natural
utilizando tecnología sumamente sofisticada para ubicar y determinar
el alcance de esos depósitos.
Sin que la gente se enterara, Japex estaba llevando a cabo una
vasta exploración geofísica, utilizando un navío con lanzadera
de aire comprimido e hidrófonos conectados a un cable que arrastra
bajo agua para hacer sondeos sísmicos que detecten las características
geológicas generales de la superficie bajo el agua. La explosión
acústica del disparo de una lanzadera de aire comprimido es de
255 decibeles (dB), muy por encima del umbral humano de 80 dB
y del de animales que es aún menor. Las explosiones sísmicas pueden
dañar órganos reproductivos, hacer explotar vejigas de aire y
provocar estrés fisiológico en organismos marinos. También puede
provocar modificaciones en la conducta y reducir o eliminar hábitats,
alterar la distribución de los peces en decenas de kilómetros
y destruir huevos y larvas planctónicos. Desde entonces, la vida
de cientos de pescadores de subsistencia nunca ha vuelto a ser
la misma.
Los manglares que bordean
el Estrecho de Tañon son indicio del rico ecosistema proveedor
de alimentos y que ahora se ve amenazado por actividades de exploración
de petróleo y gas. El pescado es un componente básico de la dieta
y representa más del 50% del total de proteína animal consumida
en el país. Las actividades de exploración de petróleo y gas de
Japex en el Estrecho de Tañon y de NorAsia Energy Ltd. en el Estrecho
Cebu-Bohol están afectando negativamente a unos 200.000 pescadores
de las provincias de Cebu, Bohol, Negros Oriental y Negros Occidental
en la región de Visayas Central. Varias Misiones Investigadoras
conducidas por distintos grupos desde 2005 documentaron la destrucción
de instrumentos de pesca de los pobladores, desaparición de tipos
de peces locales, así como reducción de los volúmenes de pesca
provocados por las actividades de Japex y NorAsia: entre 3 y 5
kilos con respecto a 15 y 20 kilos de pesca con botes a motor;
entre 0 y 2 kilos con respecto a 4 y 6 kilos sin botes a motor.
La organización de pescadores Pamalakaya teme que las actividades
de exploración de petróleo y gas tengan impactos a largo plazo
no solamente sobre las formas de sustento de los pescadores artesanales
de la región, sino también sobre la seguridad alimentaria de todo
el país. Podría provocarse una “crisis del pescado” que reduciría
la producción nacional en un promedio de 600.000 toneladas anuales
de peces y otros productos marinos para los próximos siete a 10
años, declaró el grupo. Hasta el consumo per capita de pescado
de los filipinos podría reducirse en no menos del 20%.
Mientras tanto, la empresa australiana NorAsia se prepara para
llevar a cabo perforaciones off-shore en el Estrecho Cebu-Bohol
a principios de este año. Si la exploración de petróleo y gas
tuvo tantos efectos devastadores, ¡qué no será la explotación!
“Tememos que cuando comiencen las perforaciones no nos quede nada
para comer. Incluso ahora lo único que podemos permitirnos en
general es apenas arroz. Algunas de mis colegas vendedoras de
pescado emigraron a las ciudades a trabajar como empleadas domésticas,
porque aquí no tenemos cómo ganarnos la vida”, dijo Lucena Sarahena,
41 años, residente de Brgy. Langtad, Argao. “Nuestros ingresos
solían alcanzarnos como para cubrir los gastos de transporte,
alimento y electricidad. Ahora apenas si alcanzan para poner algo
de comida en la mesa”, contó Merla Labid, 53 años, cuyo nieto
se enfermó de bronconeumonia y tuvo que abandonar 6º año de escuela.
NorAsia también prometió a los residentes de Argao que los precios
del combustible, así como de los productos básicos, bajarían si
la exploración de petróleo y gas resultaba exitosa. Pero los pescadores
de Brgy. Langtad no están convencidos de eso. “¿Qué vamos a hacer
con precios bajos si no tenemos dinero porque no hay más peces?,
reflexionó Felisa Albandonido, de 60 años.
Mientras tanto se han creado y fortalecido grupos de pescadores
locales en toda la región. Los pescadores ahora organizan actividades,
foros públicos, piquetes y acciones de masas.
“En Asia y en muchas partes del mundo hemos visto que históricamente
el petróleo no se traduce en riqueza para el pueblo”, declaró
Gilbert Sape de la Coalición Popular sobre la Soberanía Alimentaria
(PCFS por su sigla en inglés). Por el contrario, la experiencia
de los pescadores en la región central de Filipinas ha demostrado
una vez más que el posible descubrimiento de petróleo ha provocado
aún mayor pobreza y destrucción de las riquezas naturales del
planeta.
Extraído
y adaptado de:
“Hunger and plunder in the seas: Oil
and gas exploration causes destruction of marine environment and
food insecurity in Central Philippines,” Ilang-Ilang D. Quijano,
PAN AP and PCFS, noviembre de 2008,
http://www.foodsov.org/resources/hungerplunder.pdf
inicio
- Paraguay: acción para proteger a pueblo indígena en aislamiento
voluntario no admite demoras
El
pueblo indígena Ayoreo es una de las aproximadamente 100 tribus
no contactadas del mundo y el único pueblo no contactado en Sudamérica
fuera de la Amazonía. Los Totobiegosode (“gentes del lugar de
los cerdos salvajes”) son el grupo más aislado de los Ayoreo y
viven en el Chaco, una vasta extensión de bosque denso y enmarañado
que se extiende desde Paraguay a Bolivia y Argentina. En una comunicación
de emergencia enviada a las Naciones Unidos en noviembre de 2008
por Survival International (1), se advierte que estos indígenas
son extremadamente vulnerables a toda forma de contacto con personas
externas, porque no tienen inmunidad a ciertas enfermedades.
Aunque
algunos han logrado evitar todo contacto con gente de afuera hasta
el día de hoy, muchos han sido forzados desde 1969 a salir del
bosque, empujados por la deforestación llevada a cabo por especuladores
de tierras y empresarios ganaderos. Dos empresas brasileras -
Yaguareté Porá SA y
River Plate SA – están en estos momentos devastando el territorio
ancestral y los medios de vida de los Totobiegosode, principalmente
para dedicarlo a la cría de ganado para exportación de carne.
La
publicación de fotos satelitales que revelan la destrucción de
las tierras de este Pueblo Indígena, unida a una creciente cobertura
del tema en los medios de prensa de todo el mundo y una campaña
de cartas lanzada por Survival International, han dado como resultado
una amplia condena y presión pública en Paraguay. El Consejo Nacional
del Ambiente de Paraguay (CONAM) anunció la
decisión de retirarle a Yaguareté la licencia para trabajar en
la zona. Sin embargo, cuando un equipo del gobierno concurrió
al sitio a investigar las actividades de la empresa brasilera
Yaguareté Porá SA, empleados de la empresa le impidieron
llevar a cabo su cometido.
La
Coalición Mundial por los Bosques (Global Forest Coalition, GFC)
informa que “Esta tragedia está ocurriendo en el mayor reservorio
de carbono de Paraguay y sucede en un departamento donde la deforestación
está prohibida por Ley Departamental”. (3)
El
área de bosque de los Totobiegosode destruido
con máquinas topadoras se ha casi triplicado desde mayo del año
pasado. El impulso a los agrocombustibles se ha sumado a la tradicional
apropiación de tierras para la cría de ganado. El Ministro de
Agricultura de Paraguay estuvo en la región del Chaco promoviendo
cultivos para agrocombustibles como una actividad rentable. Las
empresas argentinas Carlos
Casado y Patagonia Bioenergía se asociaron en una empresa para
producir en Paraguay agrocombustibles en base a la jatrofa (Jatropha
curcas). (http://www.biodiesel.com.ar/?p=1001#more-1001).
De
acuerdo con el informe divulgado por GFC, “la tierra de los Ayoreo
está siendo deforestada con tremenda rapidez. Se talaron más de
200 hectáreas y hay otras 1.000 marcadas para ser cortadas a fines
de año. Los deforestadores aseguran que van a cumplir esa meta
“pase lo que pase”. Las tierras se destinarán al cultivo de 5
especies de oleaginosas para la producción de ‘biodiesel’, en
especial Jatropha curcas. GFC informa que “la empresa Carlos
casado ya tiene un ‘ensayo de campo’ de 15.000 hectáreas en la
parte occidental del Chaco.”
Los
proyectos y políticas que destruyen la diversidad cultural de
la sociedad, el medio ambiente y el clima son lo opuesto a lo
manifestado por el Presidente Fernando Lugo, quien prometió proteger
los derechos de los Pueblos Indígenas y el medio ambiente. Tal
como advierte Survival International, “Lugo debe tomar acción
inmediata para proteger a los Ayoreo-Totobiegosode.
Si no lo hace ya, entonces puede resultar demasiado tarde”.
(1)
“Emergency report to UN about uncontacted tribe”, Survival International,
http://www.survival-international.org/news/3938
(2)
“Glimmer of hope for uncontacted tribe”, Survival International,
http://www.survival-international.org/news/3929
(3)
“Agrofuel Production Threatens the Life of last remaining Indigenous
Peoples Living in Voluntary Isolation South from the Amazonian
Basin,” 11 December 2008, enviado por Rachel Smolker, Global Justice
Ecology Project/Global Forest Coalition, e-mail:
inicio
- República Democrática del Congo: las represas Inga dejan suculentos
negocios a las empresas pero ningún beneficio a las comunidades
locales
El
proyecto hidroeléctrico Inga (Inga 1, Inga 2, Inga 3 y Gran Inga)
está ubicado a 255 kilómetros al suroeste de la capital Kinshasa,
sobre las Cataratas de Inga, las mayores del mundo en volumen
de agua, donde el Río Congo cae 96 metros a lo largo de 14 kilómetros
de rápidos, con un caudal de 42.476 m³/s.
El
proyecto comenzó en 1920 durante el dominio colonial belga. Las
autoridades coloniales obligaron a los primeros habitantes del
lugar a abandonarlo sin darles ningún tipo de compensación. Hasta
ahora, las comunidades desplazadas no han recibido reparación
alguna.
Las
centrales hidroeléctricas Inga 1 e Inga 2 comenzaron a funcionar
en 1972 y 1982 respectivamente. Ambas represas
contribuyeron en gran medida a la crisis de endeudamiento del
país y actualmente operan a tan solo un 40 por ciento de su capacidad
porque nunca recibieron mantenimiento: cerca de la mitad de las
14 turbinas no funcionan. (1)
Inga
3, con un costo total de unos 8.000 millones de dólares, consistiría
en la desviación del agua a través de un sistema de túneles con
turbinas que permitirían exportar electricidad a Sudáfrica y otros
países vecinos y atraer industrias que hacen uso intensivo de
energía. (2)
El
proyecto Gran Inga (ver Boletín Nº 77 del WRM) fue propuesto en
la década de 1980 y se demoró por los conflictos políticos en
África central. Se retomó en abril del año pasado cuando varios
gobiernos africanos y los mayores bancos y empresas de construcción
del mundo se reunieron para planificar el gigantesco proyecto
hidroeléctrico, que tendrá un costo estimado de 80.000 millones
de dólares. Planeado como una serie de instalaciones de turbinas
de 52.750MW, el megaproyecto Gran Inga (que incluye la mencionada
represa Inga 3) podría generar más del doble de electricidad de
la producida por el mayor complejo de represas del mundo, las
Tres Gargantas, en China.
Supuestamente
Gran Inga “alumbraría a África”, permitiendo su industrialización
como una vía para aliviar la pobreza del continente. Citando el
informe de International Rivers: “Es poco probable que el sistema
centralizado de suministro de energía eléctrica de Inga “alumbre”
al 90% de la población africana que ahora vive sin electricidad,
en su gran mayoría en zonas rurales fuera del alcance de las redes
de suministro eléctrico. La ampliación del tendido eléctrico es
muy costosa y aumentaría los costos del proyecto así como el costo
de la electricidad... La tendencia histórica dicta que los efectos
de “goteo” del desarrollo en la forma de puestos de trabajo e
impuestos será mínima para los sectores más pobres de África,
mientras que por otro lado aumentará la carga insustentable de
la deuda nacional”. (3)
En
efecto, el mega proyecto traerá un crecimiento económico industrial
para las empresas extranjeras que buscan electricidad barata y
oportunidades financieras para las elites comerciales y los dirigentes
políticos africanos. Ellas cuentan además con el apoyo financiero
del Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco
Africano de Desarrollo, así como con el peso político de los países
del Grupo de los 8.
También,
según un artículo de The Guardian, “Se dice que las perspectivas
de que Gran Inga quede finalizado para 2022 habrían aumentado
sustancialmente el último año en la medida que países, bancos
y empresas privadas encontraron que pueden obtener importantes
ganancias a partir del mercado mundial de compensación de carbono
y los créditos de carbono de la ONU vinculados al cambio climático”.
(4)
En
tiempos de contracción del crédito, el Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL), un mecanismo de mercado destinado a subsidiar proyectos
con emisiones de carbono supuestamente bajas en países en desarrollo
–que permitiría a los contaminadores industriales continuar contaminando-
representa una fuente adicional de dinero para un proyecto millonario
tan necesitado de fondos como éste. El proyecto Gran Inga es publicitado
como productor de energía “limpia e inocua para el ambiente”,
capaz de compensar emisiones de carbono en otro lugar “aprovechando
la energía hidráulica mediante una central ‘de agua fluyente’
o ‘de pasada’, sin que implique la construcción de una represa
sobre el río”.
Pero,
como advierte International Rivers: “Si bien los proyectos hidroeléctricos
‘de pasada’ pueden tener consecuencias menos dañinas que las
represas, a menudo distan mucho de ser ambientalmente benignos.
El término “de pasada” es indefinido y a menudo se utiliza para
‘maquillar de verde’ los proyectos. De hecho, numerosos
proyectos ‘de pasada’ o ‘de agua fluyente’
tienen grandes muros de contención, traen importantes impactos
sociales y ambientales y cuentan incluso con embalses. Todavía
no está claro el grado de extensión de las barreras y canales
involucrados en este proyecto colosal, pero los impactos acumulados
de las 52 turbinas de Gran Inga, así como de Inga 3, en el curso
del río, podrían ser considerables.
Los impactos en las poblaciones de peces, los bosques ribereños
y la ecología del río requieren un estudio cuidadoso. A medida
que se realizan más estudios de las emisiones de gases de efecto
invernadero de las represas, los científicos encuentran mayores
evidencias de que las emisiones de las represas, especialmente
de metano, son una preocupación legítima”.
(1)
Inga 1 and Inga 2 dams, International Rivers,
http://www.internationalrivers.org/en/node/2877
(2)
Inga 3, International Rivers,
http://www.internationalrivers.org/en/africa/grand-inga-dam-dr-congo/inga-3;
(3)
Grand Inga, International Rivers,
http://www.internationalrivers.org/en/africa/grand-inga-grand-illusions
(4)
“Banks Meet Over £40bn Plan to Harness Power of Congo River and
Double Africa's Electricity”, John Vidal, The Guardian,
http://www.internationalrivers.org/en/node/2744
inicio
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS
DE ÁRBOLES
-
Indonesia: el papel que trajo violencia y muerte
Una
vez más, el conflicto por los recursos naturales ha
causado estragos entre la gente humilde.
Esta vez la acción criminal tuvo lugar en el asentamiento de Suluk
Bongkal, Beringin, en el distrito de Bengkali de la Provincia
de Riau, Sumatra.
El
18 de diciembre de 2008, cientos de policías y paramilitares irrumpieron
en el pueblo con armas y gases lacrimógenos. Un helicóptero, aparentemente
perteneciente
a PT Arara Abadi, lanzó una bomba incendiaria sobre el pueblo
quemando cientos de casas, supuestamente con napalm. Se utilizaron
gases lacrimógenos y armas de fuego. Dos niños murieron y numerosas
personas resultaron heridas mientras que otras fueron arrestadas.
Unos 400 aldeanos huyeron al bosque en las montañas y sólo 58
personas permanecieron en la aldea. Dos días después, un helicóptero
sobrevoló a baja altura las carpas de los aldeanos sin hogar bombardeándolos
con piedras. Están bajo una presión psicológica extrema.
El
ataque buscaba desalojar a la población que sostiene desde hace
largo tiempo un conflicto por los derechos territoriales con la
empresa plantadora PT Arara Abadi, una filial del Grupo Sinar
Mas, empresa perteneciente a Eka Tjipta Wijaya, al igual que Asia
Pulp and Paper (APP). Arara Abadi explota la plantación industrial
de árboles más grande de Indonesia para proveer de madera a la
fábrica de papel y celulosa Indah Kiat. Sólo en Riau, Arara Abadi
tiene concesiones sobre más de 350.000 hectáreas.
La
organización ambientalista WALHI (Amigos de la Tierra Indonesia)
denuncia que la mayor parte de esas plantaciones de árboles fueron
establecidas contraviniendo las leyes indonesias: se ha ignorado
la legislación forestal, los monocultivos fueron establecidos
en pendientes empinadas que están a un ángulo de más de 30°, en
cuencas hidrográficas de gran diversidad biológica y en tierras
pertenecientes a las comunidades locales. Los lugareños están
perdiendo el derecho a su tierra sin recibir una compensación
justa y oportuna, y se vuelven cada vez más pobres al perder el
acceso y el control de las riquezas naturales del país.
WALHI
considera que la violencia en Suluk Bongkal, Bengkalis-Riau refleja
la forma en que se manejan los recursos naturales en Indonesia,
una forma que crea aún más conflictos y priva a la población indonesia
de recursos esenciales.
El
conflicto comenzó en 1984, cuando PT Arara Abadi reclamó la tierra
y destruyó 200 tumbas de indígenas Sakai. Desde entonces, el conflicto
y la violencia se han intensificado.
El
pueblo debe recuperar su soberanía sobre los recursos de los que
dependen sus medios de vida. El gobierno debe reestructurar la
industria del papel y la celulosa así como revisar las licencias
otorgadas para monocultivos de árboles a gran escala. “WALHI
exige que el gobierno indonesio retire la licencia a PT Arara
Abadi, termine con la violencia contra la gente y con todas las
medidas para aislar la aldea, libere a quienes fueron detenidos
y devuelva todas las propiedades que fueron robadas a la población”,
dice Berry Nahdian Forquan. “WALHI exige también que se tomen
fuertes medidas contra los responsables de la violencia.”
“WALHI
se opone enérgicamente a toda violencia estatal contra la población
con el propósito de defender los intereses de la industria” dice
el Director de WALHI. “Esta acción policial y paramilitar constituye
una violación de los derechos humanos”, declara.
Alentamos
a l@s lector@s
a apoyar las demandas de WALHI: que las autoridades estatales
se obliguen a garantizar los derechos humanos de la población
y a investigar y castigar a los responsables de este crimen; que
se le retiren los permisos otorgados a la empresa de plantación
en cuestión; y que no se sacrifiquen los derechos de la población
por los intereses económicos de las empresas.
Para ello, les
invitamos a firmar una carta publicada en el sitio web de Rettet
den Regenwald:
http://www.regenwald.org/international/englisch/protestaktion.php?id=345,
que será enviada a las autoridades de
Indonesia.
El
grupo de trabajo por la democracia, los derechos humanos y la
protección del medio ambiente de Indonesia y Timor Oriental, Watch
Indonesia!, reclama también “una investigación inmediata de esta
nueva violación de los derechos humanos, la indemnización a población
local y la garantía de su seguridad y sus derechos, así como el
castigo de los responsables de la violencia. Exigimos que los
gobiernos europeos examinen sus vínculos con empresas como Sinar
Mas, responsables de violaciones de los derechos humanos. El consumo
excesivo de Europa es en parte responsable del creciente recurso
a la violencia en los conflictos territoriales por el papel, el
aceite de palma, el oro y otras materias primas. Sumatra no es
el único lugar donde los pueblos están siendo expulsados violentamente
para la producción masiva de papel.”
Artículo
basado en comunicados de prensa de WALHI, enviados por Ade Fadli,
adefadli@walhi.or.id,
y de Watch Indonesia!,
http://lists.topica.com/lists/indonesia-act@igc.topica.com/read/message.html?sort=t&mid=813357752.
inicio
- Nigeria: neumáticos a expensas
de los medios de vida de la gente
¿Alguna
vez imaginaste que los neumáticos de tu auto podrían haber sido
producidas a expensas de los medios de vida de una comunidad local
en Nigeria?
La
mayor parte de la producción mundial de caucho natural se destina
a la elaboración de neumáticos para diferentes tipos de vehículos,
ya sea autos, camiones, aviones, etc. Para tener una idea acerca
de la enorme cantidad de neumáticos que se consumen, podemos ver
las estadísticas del 2007, que nos dicen que ese año se produjeron
1.300 millones de neumáticos.
Los
países del sudeste asiático (Malasia, Indonesia y Tailandia) son
los mayores productores mundiales de caucho, en tanto que en África
se produce el 5% del total mundial. Dentro de África, los principales
países productores son Nigeria (300.000 hectáreas), Liberia (100.000)
y Costa de Marfil (70.000).
Las
empresas multinacionales Michelin y Bridgestone son los principales
actores en la producción mundial de neumáticos. Ambas empresas
tienen actividad en África, donde han establecido sus plantaciones
de caucho. La corporación Bridgestone/Firestone tiene sus conflictivas
plantaciones en Liberia, cuya triste historia es bien conocida
(ver los artículos sobre Bridgestone publicados en los boletines
102 y 134 del WRM).
Por
su parte, la empresa francesa Michelin ha empezado a escribir
su propia historia de violaciones de derechos humanos en época
más reciente. Todo comenzó el 29 de mayo de 2007, cuando más de
3.500 hectáreas de la reserva forestal de Iguobazuwa, incluyendo
tierras de labranza individuales y comunitarias, fueron asignadas
a Michelin para ser convertidas en plantaciones de caucho, a partir
de un acuerdo ilegal que no contó con el consentimiento de las
comunidades. La invadida reserva forestal de Iguobazuwa está localizada
en la Provincia de Edo en el sudoeste del Nigeria.
La
reserva forestal de Iguobazuwa ha sido descrita como una de las
regiones ricas en bosques y en biodiversidad del país. Más de
20.000 personas habitan en torno a la reserva. Estas comunidades
dependían del bosque para obtener sus medios de vida y sus tierras
de cultivo se encontraban alrededor del bosque.
Sin
haber consultado nunca a las comunidades, el gobierno local asignó
3.500 hectáreas de tierras boscosas a la multinacional francesa
para que estableciera allí sus plantaciones de caucho.
Cuando
Michelin llegó, arrasó con maquinaria 3.500 hectáreas de bosques
y también las tierras de cultivo de la gente. De una día para
el otro, la gente local sufrió la destrucción total de sus dos
fuentes de subsistencia: el bosque y sus tierras agrícolas. Las
comunidades de Iguobazuwa lo perdieron todo.
Las
tierras agrícolas les permitían cultivar alimentos para consumo
diario, pero eran también una fuente de ingresos, ya que acostumbraban
vender algunos de sus productos en el mercado local. Los bosques
vecinos solían ser su farmacia, así como su proveedor de madera
y agua y su sitio espiritual.
El
grupo nigeriano Environmental Rights Action (ERA-Acción por los
Derechos Ambientales), que ha estado siguiendo el caso de cerca,
informa que “en vísperas de la terminación de su mandato como
gobernador de la provincia de Edo (29 de mayo 2007), Lucky Igbinendion
aprobó la asignación de más de 3.500 hectáreas de la Reserva Forestal
Iguobazuwa a Michelin Nigeria (propietaria de la empresa Osse
River), sin cumplir con los trámites legales correspondientes.
La aprobación, que se cree fue realizada de manera fraudulenta,
no contó con el debido proceso ni con el consentimiento de la
gente de la comunidad. Esta acción, publicitada por Michelin y
por el gobierno como un signo de desarrollo, ha resultado en graves
impactos para las comunidades locales, ya que las plantaciones
de caucho de Michelin han destruido su bosque, sus recursos forestales,
sus antiguas tierras de cultivo individuales y comunitarias y
sin que la gente de la comunidad afectada recibiera compensación
alguna.
En
conversación con la responsable de bosques y biodiversidad de
ERA, Rita Osarogiagbon, el presidente de la Asociación para el
Desarrollo de la Comunidad de Iguobazuwa, Gabriel Igbinigie, reveló
que la gente de su comunidad había una vez encabezado una delegación
de protesta ante la anterior Comisionada de Medio Ambiente de
la provincia de Edo, Sara Adetugbogboh (ahora Comisionada de Industria
y Comercio), sobre una supuesta concesión ilegal de tierras boscosas
a Michelin Nigeria. Ella había reiterado que el acuerdo vigente
con Michelin había sido realizado por el anterior y no por el
actual gobierno, agregando que Michelin debería resolver las diferencias
a través del pago de compensación a los miembros afectados de
la comunidad”.
Han
habido muchos intentos por parte de diferentes miembros de las
comunidades para hacerse oir, pero nada ha cambiado. Las mujeres,
cansadas de ser pasivas, han decidido elevar sus voces para que
sus demandas sean escuchadas, tanto por parte de las autoridades
como de la empresa. Durante los primeros días de noviembre se
reunieron en un taller de dos días para intercambiar sus experiencias.
Como resultado, han planteado una serie de demandas y están decididas
a lograr que sus tierras les sean devueltas.
A
consecuencia del taller de dos días llevado a cabo el 4 y 5 de
noviembre de 2008, Michelin llamó a algunos miembros de dos de
las nueve comunidades directamente impactadas (Aifesoba e Iguobazuwa)
y les pagó una compensación. Uno de los grupos de Iguobazuwa recibió
una compensación completa mientras que la comunidad de Aifesoba
recibió lo que la gente de la comunidad describió como monedas,
ya que está muy lejos de la amplitud de la destrucción y no guarda
relación ni siquiera con el valor de los cultivos destruidos.
Esta
táctica divisionista de Michelin ha causado graves problemas entre
las comunidades y sus miembros. En respuesta, una marcha pacífica
de protesta en la que participaron hombres, mujeres y niños de
las comunidades afectadas, fue llevada a cabo recientemente en
la ciudad de Benin para dar a conocer sus reivindicaciones. Solicitaron
el continuo apoyo de ERA y del WRM para lograr que se haga justicia.
Una
mujer de una de las comunidades de Iguobazuwa describió la situación
en términos muy claros diciendo: “No quiero dinero. Quiero
que me devuelvan mi tierra. Si me dan un millón de naira (moneda
local) hoy, aún voy a estar liquidada, pero si tengo mi tierra
siempre podré cultivarla para mantener a mi familia y posiblemente
pasar la tierra a mis hijos”.
Las
comunidades están enfrentando graves amenazas, vinculadas tanto
a la escasez de alimentos –que ha resultado en el aumento en los
precios de los alimentos en los mercados locales y en la consiguiente
hambre y desnutrición- como a riesgos de salud debido a la aparición
de epidemias que se vinculan a la extinción de las plantas medicinales
locales debido a la conversión de sus bosques en plantaciones
de caucho por parte de Michelin.
Han
afirmado que no se detendrán hasta tanto no les devuelvan sus
tierras, no sea replantado cada árbol cortado y no reciban compensación
completa por los cultivos destruidos. Saben que no es un camino
fácil y que para lograrlo necesitan apoyo internacional.
Quienes
deseen apoyar a estas mujeres pueden hacerlo firmando la carta
disponible en
que
será enviada al gobierno de Nigeria y también a las oficinas de
Michelin.
Artículo
basado en: información del Informe de Campo de ERA 172 disponible
en:
http://www.eraction.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105:field-report-172-michelin-converts-prime-forest-to-plantation&catid=5;
Michelen web site:
www.michelin.com;
http://www.michelin.com/corporate/front/templates/affich.jsp?codeRubrique=88&lang=EN,
http://www.michelin.com/corporate/front/templates/affich.jsp?codeRubrique=88&lang=EN;
Información
recogida durante un taller llevado a cabo en Nigeria el 4 y 5
de noviembre en el marco del proyecto conjunto WRM-FoE sobre el
rol de la UE en el desempoderamiento de las mujeres en el Sur
inicio
- Nueva publicación del WRM sobre la resistencia contra las plantaciones
industriales en Camerún
Esta
nueva publicación de la Serie del WRM sobre Plantaciones (*)
examina la resistencia de las poblaciones vecinas a las dos mayores
plantaciones industriales de árboles de África: el monocultivo
de caucho Hévéa-Cameroun (HEVECAM) y la plantación de palma
aceitera Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM).
El informe pretende ayudar a llenar un vacío de información sobre
la situación que rodea a las plantaciones comerciales de África
Ecuatorial.
Previo
al establecimiento de los dos monocultivos, la región – situada
en el Sur de Camerún, cerca de Kribi – estaba cubierta por bosques
tropicales costeros excepcionalmente ricos en biodiversidad. Estaba
escasamente poblada por agricultores-cazadores Bantúes y cazadores-recolectores
Bagyeli (pigmeos), ambos estrechamente dependientes de los recursos
del bosque. Con la llegada de las plantaciones, en 1975 en el
caso de HEVECAM y en 1978 para SOCAPALM, estas poblaciones fueron
desplazadas y el bosque talado y reemplazado por monocultivos.
Como explica el informe, hoy en día las plantaciones están adyacentes
a unas veinte comunidades Bantúes y Bagyeli que se encuentran,
en mayor o menor medida, en conflicto abierto contra estas agroindustrias.
Al
analizar el conflicto, surge claramente que el papel del gobierno
ha sido siempre central, sobre todo en la determinación del marco
legal dentro del cual operan las agroindustrias (propiedad de
la tierra, términos y condiciones, leyes sociales y ambientales).
Si bien es cierto que el Estado debe cumplir con los requisitos
de actores internacionales (FMI, Banco Mundial, gobierno francés),
también es cierto que es un actor clave en el conflicto y que,
casi siempre, está del lado de las agroindustrias. La relación
entre los pobladores y el Estado en este sentido es ambigua: por
un lado, se lo percibe distante y autoritario (“la tierra no es
de ustedes sino del gobierno” es la respuesta típica que los aldeanos
reciben de las autoridades), y por otro lado, el Estado es aún
respetado en cierta medida (“¡no tomaremos las armas contra nuestro
propio gobierno!”).
En
este contexto conflictivo, uno podría preguntarse por qué, en
Camerún, las plantaciones industriales han sido tan promovidas
por el Estado, cuando su rendimiento económico estuvo a menudo
por debajo de lo esperado. Una explicación consiste en mostrar
los intereses creados de la élite nacional y/o la subordinación
de los campesinos a los requerimientos de la acumulación capitalista,
considerada como único camino hacia el “desarrollo”. En resumidas
cuentas, el Estado se posicionó indiscutiblemente desde el comienzo
de la colonización – y a pedido del sector privado de la metrópoli
– como principal agente de la transición hacia el capitalismo,
a pesar de la resistencia de muchas comunidades locales. A propósito
de esto, el primer movimiento nacionalista importante – la UPC
(Unión de los Pueblos de Camerún) del socialista Ruben Um Nyobé
– surgió a partir de problemas relativos a la propiedad de la
tierra relacionados con la colonización francesa.
Pero
el conflicto entre las poblaciones locales y HEVECAM-SOCAPALM
no es solamente una lucha por la tierra: es también, y tal vez
sobre todo, un conflicto ambiental. Esto se debe a que los Bantúes
y Bagyeli no reclaman el control del territorio de las plantaciones
en sí mismo ya que, desde su punto de vista, esto se ha vuelto
inútil. Lo que reclaman es: (1) una compensación de cualquier
tipo – en dinero, en plantaciones para la aldea o en infraestructura
(calles, escuelas, etc.) – por la destrucción de lo que ellos
consideran su bosque; y (2) la no expansión de HEVECAM-SOCAPALM,
es decir, la preservación de sus restantes bosques tradicionales.
Es con tal propósito que los Bantúes de la zona reclaman que algunos
de los suyos sean empleados como altos ejecutivos dentro de las
empresas.
Sin
embargo, como suele acontecer con las poblaciones rurales pobres,
los conflictos sociales permanecen latentes, poco organizados
y sin una clara dimensión política. Los aldeanos suelen mostrarse
en cierta forma resignados. Como el Estado es el “jefe supremo
de la tierra” así como de la violencia legítima, hay que someterse
a él. La protesta se limita en general al terreno del discurso,
situación que R. Oyono llama “conflicto de lenguaje”. De hecho,
los eventos descritos en la publicación se corresponden bastante
bien con lo que J. Scott llama las “formas cotidianas de resistencia”.
Esto último se refiere a cualquier acto realizado por miembros
de las clases bajas que buscan mitigar o rechazar las exigencias
(en este caso: la ocupación de la tierra y la obligación de respetar
la propiedad privada) de las clases superiores (es decir, la gerencia
de HEVECAM-SOCAPALM y el Estado), o que intentan expresar sus
propias exigencias (una compensación en sentido amplio). Si bien
este tipo de resistencia es la forma más común de conflicto entre
las poblaciones rurales, suele pasar desapercibida para los historiadores
y los científicos políticos, porque generalmente no quedan rastros
escritos. Así, esas poblaciones no son lo que los observadores
externos creyeron ver, es decir, estratos sociales globalmente
pasivos que esporádicamente se rebelan en estallidos de violencia.
Estas medidas cotidianas de resistencia suelen ser las armas de
quienes carecen de poder. Pueden tomar diferentes formas, como
el sabotaje, el robo, la ignorancia fingida, el falso acuerdo,
la ocultación, la falta de compromiso, la difamación, los incendios
provocados, etc. En nuestro caso, los robos de productos de las
plantaciones y los incendios son formas típicas de resistencia
que tienen lugar en el entorno de HEVECAM-SOCAPALM. Este tipo
de lucha de clases requiere poca o ninguna coordinación y planificación;
generalmente es anónima y evita toda confrontación directa con
las autoridades o las clases superiores, con el fin de eludir
la represión. Al
acumularse, esos actos de resistencia pueden terminar por afectar
seriamente los intereses de las clases dominantes.
En
lo que respecta a la relación conflicto-efectos, J. Martínez-Alier
señala que “si el objetivo es avanzar hacia una economía ecológica,
más que en ‘la solución de los conflictos ambientales’ habría
que centrarse (dentro de límites gandhianos) en la exacerbación
de dichos conflictos”. En efecto, según este autor, es posible
que este tipo de conflictos ambientales – descritos como el “ecologismo
de los pobres” – pronto represente una fuerza social importante
que permita lograr una mayor sostenibilidad.
Por
Julien-François Gerber, correo electrónico:
JulienFrancois.Gerber@campus.uab.es
(*)
Colección del WRM sobre Plantaciones, número 13: "Résistances
contre deux géants industriels en forêt tropicale. Populations
locales versus plantations comerciales d’hévéas et de palmiers
à huile dans le Sud-Cameroun" escrito
por Julien-François Gerber.
Disponible
sólo en francés, se puede solicitar una copia en papel comunicándose
a la dirección bookswrm@wrm.org.uy
ó se puede bajar una copia electrónica desde
http://www.wrm.org.uy/publications/Cameroun_fr.pdf
inicio
- Papúa Nueva Guinea: el Banco Mundial promueve la palma aceitera
y lleva a la gente a la pobreza
El
Proyecto para el Desarrollo de la Pequeña Agricultura (SADP por
su nombre en inglés) es un préstamo del Banco Mundial recientemente
otorgado al gobierno de PNG. Dicho proyecto, que representa un
crédito de US$ 27,5 millones, “apunta a mejorar los ingresos de
los agricultores de numerosas comunidades de las Provincias de
Oro y Nueva Bretaña del Oeste”. Según Benson Ateng, Gerente Regional
del Banco Mundial para PNG, este proyecto es “un elemento central
de la nueva Estrategia de Asistencia al País, que brinda apoyo
para el alivio de la pobreza en dos provincias donde se cultiva
la palma aceitera. El proyecto busca incrementar los ingresos
de los agricultores que cultivan palma aceitera a través de un
enfoque comunitario del desarrollo agrícola.”
Sin
embargo, la población local de la Provincia de Oro, donde las
plantaciones fueron establecidas también con un préstamo anterior
del Banco Mundial y que es una de las zonas previstas por el proyecto
SADP, se opone fuertemente y denuncia que el préstamo “fue acaparado
por las empresas de plantación de palma aceitera de Papúa Nueva
Guinea para favorecer la expansión de la palma aceitera, en lugar
de gastarlo en regiones donde se generarían mayores beneficios
económicos para las masas rurales de Papúa Nueva Guinea, que dependen
de la agricultura.”
En
lugar de promover un enfoque diversificado del desarrollo agrícola,
este proyecto alentará a los pequeños propietarios a recibir fondos
para establecer plantaciones de palma aceitera en sus tierras.
Según
una carta recibida por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales,
las comunidades locales objetan el uso del préstamo para la expansión
de la palma aceitera por las siguientes razones:
“En
primer lugar, la palma aceitera no es la única opción para
una participación activa de la población rural en la economía
monetaria, contrariamente a la opinión de nuestro gobierno y de
las empresas multinacionales de palma aceitera que operan en nuestro
país. Las diversas evaluaciones se han enfocado en la palma aceitera
y no en las alternativas. En la Provincia de Oro, los equipos
de evaluación sólo mantuvieron conversaciones con las partes interesadas
de la industria de la palma aceitera. Estas consultas tampoco
incluyeron reuniones con agricultores dedicados a otros cultivos
en zonas de plantación de palma aceitera. De este modo, las opiniones
presentadas en apoyo del préstamo no reflejan los puntos de vista
de un amplio sector de la comunidad.
En
segundo lugar, consideramos que, para que este préstamo SADP beneficie
a más familias que dependen de la agricultura, el gobierno debería
enfocarse en desarrollar y mantener rutas
de acceso a las comunidades rurales para permitir una mayor participación
del grueso de la población.
Una
mayor expansión de la palma aceitera será contraria al interés
de la nación, dado que tendrá serios efectos negativos sobre nuestro
ambiente social y terrestre. Ya ha provocado grandes pérdidas
de bosques y biodiversidad en nuestro país, acarreando con ello
problemas sociales y ambientales de los que las empresas de palma
aceitera se niegan a aceptar cualquier responsabilidad.
Sabemos
que el Banco Mundial está bien informado sobre asuntos como el
impacto directo de la industria de la palma aceitera, sin embargo,
aún así considera apropiado otorgar otro préstamo al gobierno
de PNG pretendiendo que el desarrollo de la agricultura es una
estrategia para aliviar la pobreza, mientras que la realidad es
que las empresas multinacionales se benefician con los préstamos
pero somos nosotros quienes los reembolsamos.
De
hecho, el préstamo anterior del Banco Mundial para el proyecto
de expansión de la palma aceitera en la Provincia de Oro no redujo
la pobreza sino todo lo contrario. Algunos de nuestros pobladores
se encontraron súbitamente sin tierras, siendo los primeros de
una nueva clase de pobres. Esto es algo que no habíamos conocido
desde el tiempo de nuestros ancestros.”
En
base a las consideraciones antes mencionadas, las comunidades
locales exhortan al Banco Mundial o bien a revisar las condiciones
del préstamo para promover alternativas a la palma aceitera, o
bien a cancelar dicho préstamo.
Por
su parte, las empresas de palma aceitera presionan al gobierno
para que libere los fondos rápidamente, ya que ellas tienen listos
sus propios planes de implementación. Sin embargo, aún hay tiempo
para lograr que las cosas cambien, y eso es exactamente lo que
buscan los pobladores de la Provincia norteña de Oro: detener
este enfoque de monocultivo y presionar por un futuro diversificado.
Ellos
piden apoyo internacional y han redactado el borrador de una carta
que será enviada tanto a las autoridades del Banco Mundial como
al gobierno de PNG. La carta completa está disponible en inglés
en
http://www.wrm.org.uy/countries/Support_to_Papua_New_Guniea.html.
Quienes deseen apoyar esta iniciativa pueden hacerlo enviando
su nombre, organización y país a la siguiente dirección:
support@wrm.org.uy, antes del 20 de febrero.
inicio
- Plantaciones, pobreza y poder: el papel de Europa en la expansión
de la industria de la celulosa en el Sur
Antes
del actual colapso económico mundial, la industria de la celulosa
tenía ambiciosos planes de expansión. Si bien se estaban cerrando
fábricas en el Norte, la industria se expandía drásticamente en
el Sur, donde debía generarse una capacidad adicional de cinco
millones de toneladas anuales durante los próximos cinco años.
Se establecieron vastas zonas de monocultivos de árboles para
proveer de materia prima a nuevas fábricas gigantescas, sobre
todo en Latinoamérica, el Sudeste Asiático y Sudáfrica.
Sin
embargo, hoy en día los analistas de la industria están hablando
de sobreproducción y se refieren a ella como un “muro de celulosa”.
Entre setiembre y diciembre de 2008, la producción mundial de
celulosa se redujo en más de 2 millones de toneladas. El golpe
más duro lo sufrió el Sudeste Asiático, donde Asia Pulp and Paper
y APRIL disminuyeron su producción de celulosa en un total de
580.000 toneladas. En Brasil, Aracruz está tratando desesperadamente
de ahorrar dinero luego de perder unos US$ 2.000 millones de inversiones
en productos derivados, y ha desechado (al menos por el momento)
su proyecto de construcción de una planta de celulosa con una
capacidad productiva de 1,5 millones de toneladas anuales en Rio
Grande do Sul.
Ni
las plantas se construyen a sí mismas ni las plantaciones se establecen
por sí solas. Una de las razones de los actuales problemas de
la industria es un conflicto de intereses. Las empresas, instituciones
y agencias de ayuda europeas tienen un papel importante en la
promoción y el financiamiento de la expansión de la industria
en el Sur. Promueven esta expansión no como una forma de “desarrollo”
sino porque resulta beneficiosa para la industria europea.
Mi
nuevo informe, “Plantaciones, pobreza y poder”, trata sobre el
papel de las empresas e instituciones europeas en la promoción
y la expansión de la industria del papel y la celulosa en el Sur.
Responde a las mentiras que los defensores de las plantaciones
repiten para justificar la expansión de las plantaciones industriales
de árboles en el Sur: que las plantaciones generan empleo, quitan
presión a los bosques, se establecen sólo en tierras degradadas,
restauran los suelos, secuestran carbono y ayudan a satisfacer
una “demanda mundial” de papel. La mayor mentira de todas es que
las plantaciones son bosques.
Para
las personas que viven en las zonas donde se establecieron las
plantaciones, la realidad es que éstas han destruido sus medios
de vida y secado arroyos y ríos. Los pocos empleos creados son
peligrosos, mal pagos y a menudo zafrales. Las plantas de celulosa
se encuentran entre las industrias con procesos industriales más
contaminantes. Una de las razones por las que el Sur parece tan
atractivo es que la reglamentación es menos estricta. Los árboles
crecen más rápido en los trópicos, la mano de obra es más barata
y los gobiernos proveen una serie de subsidios para estimular
la expansión de la industria. Pero otra razón importante que la
industria es más reacia a reconocer es que, en varios países,
el área de plantaciones industriales se expandió rápidamente bajo
brutales dictaduras militares, cuando la protesta contra los impactos
de las plantaciones era extremadamente peligrosa o imposible.
Entre los ejemplos figuran países como Sudáfrica, Chile, Brasil,
Tailandia e Indonesia.
El
informe examina en detalle cinco proyectos de celulosa: Veracel
(Brasil), Sappi (Swazilandia), Advance Agro (Tailandia), Asia
Pulp and Paper (Indonesia) y Botnia (Uruguay). Es poco probable
que alguno de ellos hubiese seguido adelante sin la existencia
de subsidios generosos. Los proyectos generaron una serie de contratos
lucrativos para consultoras, empresas de maquinaria, empresas
químicas y de ingeniería, europeas, nórdicas y norteamericanas.
Todos ellos desembocaron en graves problemas para las comunidades
locales.
Ese
examen está seguido por la descripción de algunos actores europeos
involucrados en la promoción, el diseño y la construcción de proyectos
en el Sur. Pöyry es la mayor empresa consultora en temas forestales
del mundo y ha facilitado (y sacado provecho de) la expansión
de la industria de la celulosa en muchos países, tanto en el Norte
como en el Sur. La Confederación de Industrias Papeleras Europeas
apoya a la industria
del papel y la celulosa sin importar sus impactos sobre las personas
y los bosques. El Banco Asiático de Desarrollo, la Corporación
Financiera Internacional y el Banco Europeo de Inversiones son
ejemplos de agencias de ayuda multilaterales que dan su apoyo
a la industria de la celulosa. Cada una de estas agencias de ayuda
tiene estándares diferentes que se supone deben aplicar a proyectos
potencialmente destructivos como las plantaciones industriales
de árboles y la industria de la celulosa. En todos los casos,
dichos parámetros (y la forma en que son aplicados) son inadecuados
para evitar los impactos sobre las comunidades locales y el medio
ambiente.
El
informe considera en detalle dos conjuntos de parámetros voluntarios:
las directrices de la Organización para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) sobre los “bosques plantados”, y el sistema de certificación
del Consejo de Administración Forestal (FSC). Ambas organizaciones
apoyan a la industria de la celulosa y
la expansión de las plantaciones industriales de árboles. Al definir
las plantaciones como bosques, la FAO ayuda a crear la ilusión
de que las plantaciones no son destructivas sino, simplemente,
otra clase de bosque. El FSC apoya a la industria de la celulosa
al certificar la buena gestión de las plantaciones industriales
de árboles y, al hacerlo, no se ocupa siquiera de los impactos
más atroces que éstas suelen tener.
El
informe concluye sugiriendo una forma alternativa para el desarrollo
de la industria de la celulosa, que consiste en proveer el papel
necesario para satisfacer la demanda local por medio de plantas
de celulosa y papel de pequeña escala, que utilicen materias primas
locales. El papel podría y debería producirse sin destruir los
bosques, las praderas y los medios de vida de la gente. Un primer
paso hacia una industria del papel y la celulosa menos destructiva
sería eliminar los subsidios que ayudan a mantener la situación
actual. Los fondos para el desarrollo deberían dejar de usarse
para facilitar la expansión de la industria mundial de la celulosa
y de las plantaciones industriales de árboles asociadas.
El
nuevo informe de Chris Lang, “Plantaciones, pobreza y poder: El
rol de Europa en la expansión de la industria de la celulosa en
el Sur”, puede ser descargado de:
http://www.wrm.org.uy/publications/Plantations_Poverty_Power.pdf
Por
Chris Lang, http://chrislang.org
inicio
EL NEGOCIO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
- Biochar: carbón vegetal disfrazado de otro negocio tecnológico
para enfrentar el cambio climático
De
acuerdo con un número creciente, elocuente y muy bien conectado
grupo de científicos, empresarios y lobbyistas profesionales,
la mejor y quizá única manera para que la humanidad pueda sobrevivir
al cambio climático y resolver la crisis alimentaria y energética
consiste en enterrar en el suelo miles de millones de toneladas
de carbón cada año. Al carbón utilizado de esta forma lo llaman
“biochar” (en inglés) y afirman que dejará aprisionado el carbono
durante miles de años, que el proceso de su producción generará
energía, que incrementará grandemente el volumen de las cosechas
y que detendrá la deforestación (que de acuerdo con muchos de
ellos, es causada principalmente por pequeños agricultores que
talan e incendian bosques porque no pueden mantener la fertilidad
de sus suelos). Sin importar cuan extrañas e infundadas puedan
ser tales afirmaciones, éstas están siendo tomadas muy en serio
en altos círculos de toma de decisiones.
En
la conferencia de 2008 de la Iniciativa Internacional Biochar
(IBI, por su sigla en inglés) –el principal foro para la promoción
del carbón vegetal con esos fines - el orador central fue el australiano
Tim Flannery. Este señor preside el Consejo Climático de Copenhague,
el cual está organizando la Cumbre Mundial Empresarial sobre Cambio
Climático para mayo de 2009, en la que se plantearán “recomendaciones”
de dirigentes empresariales y pro empresariales a la Convención
sobre Cambio Climático (UNFCCC). Numerosos miembros y promotores
de IBI tienen también buenas conexiones y capacidad de influenciar
en decisiones políticas de alto nivel.
La
IBI cosechó importantes éxitos en la conferencia del UNFCCC realizada
en Poznan. A partir de una propuesta de la Convención contra la
Desertificación (UNCCD), el carbón vegetal fue incluido (como
biochar) en el “diálogo para el régimen del clima posterior
a 2012” (1). A eso se suma que el gobierno de Micronesia propuso
que el carbón vegetal debería jugar un rol importante en la mitigación
del cambio climático. Es posible que en la próxima reunión de
UNFCCC en Copenhague se aprueben formalmente créditos de carbono
a partir del carbón vegetal (como biochar) en el marco del Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL) para el período posterior a 2012.
En
caso de que ello sucediera, entonces una declaración hecha por
Flannery sobre “biochar” podría resultar cierta: “con la adecuada
... promoción y adopción, cambiaría nuestro mundo para siempre”,
aunque seguramente se alcanzaría la conclusión opuesta con respecto
a la segunda parte de sus palabras: “y ciertamente para mejor”.
(2)
El
carbón vegetal es un subproducto de la pirólisis de la biomasa,
una forma de producción de bioenergía que, además del carbón,
produce dos tipos de combustible: gasoil vegetal y syngas. Ambos
pueden ser utilizados para calefacción y energía y también pueden
ser refinados en agrocombustibles de segunda generación, es decir,
en gasolina para automóviles y potencialmente para aviación. Encaja
entonces perfectamente con el impulso a las biorefinerías y plantaciones
de árboles para alimentar autos, aunque sin depender de ellos.
La pirólisis para calefacción y energía podría despegar rápidamente
si se pudieran superar ciertos “obstáculos de mercado”. Si las
empresas dedicadas a la pirólisis pudieran ganar dinero mediante
la transformación del carbón resultante en fertilizantes patentados
(y la garantía de obtener elevadas ganancias de la venta de fertilizantes
en vinculación con la expansión de las plantaciones) y si, encima
de eso se pudieran obtener créditos de carbono, la industria despegaría
muy rápidamente. Para empresas tales como Best Energies, Eprida,
Dynamotive y Biomass Energy and Carbon, lograr la inclusión de
este carbón vegetal en el comercio de carbono podría significar
la diferencia entre una posible quiebra o, como lo dice Best Energies,
“ganar la actual disputa por los combustibles de nueva generación”.
(3)
Los
promotores de IBI difunden una imagen de una futura industria
que beneficiará principalmente a pequeños agricultores y otra
gente local a través de pequeñas unidades de pirólisis y cocinas
para producir carbón. Sin embargo, muchos de sus representantes
hacen llamados para objetivos de secuestro de carbón vegetal (biochar)
que harían que 500 millones de hectáreas de plantaciones parecieran
superficies conservadoras.
El
carbón vegetal presentado como “biochar” encaja entonces perfectamente
con otras falsas soluciones climáticas basadas en plantaciones
a gran escala y en apropiación de tierras, que van desde agrocombustibles
a plantaciones de árboles como “sumideros de carbono” y árboles
transgénicos. La lógica científica para el “biochar” es aún más
endeble que para muchas de esas otras falsas soluciones. Por dañinos
que sean, los agrocombustibles pueden al menos hacer mover autos.
Por su parte, la incorporación de carbón a los suelos no ha demostrado
aún ser capaz de secuestrar carbono o de aumentar por sí misma
la fertilidad de los suelos. La “evidencia” de tales afirmaciones
se basa fundamentalmente en antiguos suelos de la Amazonía Central,
que se formaron hace cientos o aún miles de años atrás, hoy llamados
“terra preta” (tierra negra). La terra preta fue creada
por pequeños agricultores que, durante muchas generaciones, incorporaron
al suelo una mezcla de carbón, compost, huesos animales y de pescado,
sedimentos del río, estiércoles y diversos restos de biomasa.
No hay evidencia de que se puedan recrear suelos ricos en carbono
y fértiles simplemente –o rápidamente- por la aplicación de grandes
cantidades de carbón a los campos de cultivo.
Hasta
el momento se ha publicado solo un estudio de campo sobre “biochar”
en revistas académicas. Los investigadores hallaron que el agregado
de carbón al suelo hacía que funcionaran mejor los fertilizantes
sintéticos nitrogenados. Sin embargo, el rendimiento de plantas
cultivadas con carbón vegetal y fertilizantes mostró ser considerablemente
menor que el de aquellas cultivadas solo con excrementos de gallina.
Al utilizar solo carbón, el aumento de producción fue nulo después
de dos cosechas. Esta es la razón que explica por qué gran parte
de la investigación sobre “biochar” incluye un fertilizante compuesto
de bicarbonato de amonio, en el que el carbón es solo un componente.
Al menos durante ese estudio de corto plazo, la mayor parte del
carbón permaneció en el suelo, pero otros estudios indican que
ni siquiera eso está garantido.
Un
estudio llevado a cabo en Kenia mostró que durante los primeros
20-30 años luego de la quema de biomasa, los suelos perdían el
72% del carbono contenido en el carbón. (4) Resultados iniciales
de un estudio de campo en Colombia mostraron que las parcelas
con carbón mostraban rendimientos mayores, pero que perdían 60%
más carbono del suelo que las parcelas de control luego de dos
años. (5) Esto muestra que las afirmaciones de que el “biochar”
tiene el potencial de secuestrar carbono a escala de geoingeniería
no son más que pretensiones sin fundamento.
La
presión actual por el carbón vegetal como “biochar” puede ser
comparada con la que se dio a los agrocombustibles hacia 2002.
Promesas infundadas para resolver la crisis climática y la pobreza
de una sola vez mientras que, detrás de bambalinas, un masivo
esfuerzo de cabildeo preparaba el camino para la creación de mercados
artificiales con apoyo estatal. Hacia fines de este año, el lobby
del “biochar” podría tener éxito en lograr su incorporación en
el MDL y otros esquemas de comercio de carbono a partir de 2012,
posiblemente con “créditos dobles” y accediendo a otros apoyos
estatales. Una vez esto esté logrado, sería seguido por grandes
inversiones en la industria y por la expansión de plantaciones.
Varias empresas indonesias de la celulosa y el papel, el director
ejecutivo de la Asociación indonesa de aceite de palma, EMBRAPA
en Brasil, la empresa de agronegocios boliviana DESA en Santa
Cruz y Shell se encuentran entre las que ya están promoviendo
esta idea. La pregunta es si los grupos y movimientos de la sociedad
civil serán capaces de organizarse lo suficientemente
rápido como para tener éxito en detener el avance del “biochar”
industrial y, en particular, el comercio de carbono vinculado
al carbón vegetal como mejorador de suelos. En caso de fallar
este año, pronto podríamos encontrarnos luchando contra una nueva
ola de apropiación de tierras y contra la destrucción de bosques
y otros ecosistemas.
Por
Almuth Ernsting, Biofuelwatch, http://www.biofuelwatch.org.uk,
e-mail:
info@biofuelwatch.org.uk
Referencias
Para
información más detallada, ver en particular la sección 4 de “Climate
Geo-engineering with ‘Carbon Negative’ Bioenergy”,
www.biofuelwatch.org.uk/docs/cnbe/cnbe.html
1.www.biochar.org/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=3
2.www.biochar-international.org/timflannery.html
3.
www.bestenergies.com/aboutus.html
4.
www.springerlink.com/content/0h15324rrg7k5061/
5.
www.biochar-international.org/images/J_Major_biogeochem.pdf
inicio
