Colombia:
minería militarizada atropella derechos ancestrales de comunidades
Embera y afrocolombianas del Chocó
El
Chocó biogeográfico es una región neotropical (es decir, que incluye
los mayores bosques tropicales) cuya alta pluviosidad, condición
tropical y aislamiento han contribuido a que sea la más diversa
del planeta. En Colombia abarca la Región Costa Pacífica y, entre
otros, el departamento del Chocó, ubicado entre las Selvas del Darién
y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan.
Allí,
durante siglos, han habitado las comunidades indígenas Embera y
las comunidades negras de la cuenca del río Jiguamiandó, que hoy
se ven amenazadas por un proyecto minero. En 2005 el
gobierno colombiano concedió a la empresa estadounidense
Muriel Mining Corporation una concesión durante 30 años
para explotar cobre, oro, molibdeno y otros minerales (proyecto
minero Mandé Norte) en una extensión que
abarca 11.000 hectáreas de territorio indígena y afrocolombiano
en los municipios de Murindó (Antioquía) y Carmen del Darién (Chocó).
La zona ya ha sido golpeada por la violencia
de diversas operaciones del ejército colombiano apoyado por grupos
paramilitares, que generaron desplazamientos continuos en comunidades
indígenas y afrocolombianas.
En
2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgó y condenó a la
empresa Muriel Mining “Por la violación de la autodeterminación,
la cultura y la cosmovisión de las comunidades indígenas, afrodescendientes
y mestizas. Por los beneficios derivados de la ejecución sistemática
de los crímenes que en los últimos diez años las estructuras militares
y paramilitares han cometido en las zonas del Bajo Atrato y el Urabá,
para explotar y comercializar las reservas de cobre y los subproductos
de oro y molibdeno” (http://www.sicsal.net/articulos/node/631).
Desde
finales de 2004, la Muriel Mining ha incursionado de manera inconsulta
en la zona, con la anuencia del Estado y el gobierno colombiano,
lo cual ha sido sistemáticamente denunciado por los Pueblos Indígenas
y las comunidades afrocolombianas.
A
principios de enero de este año, personal de la empresa minera ingresó
al Cerro Cara Perro, o Ellausakirandarra, lugar sagrado y de tradiciones
espirituales de los pueblos ancestrales y comunidades locales, quienes
denuncian que la empresa no ha realizado la debida consulta para
ingresar a su territorio, en clara violación de la Constitución
Colombiana de 1991, la Resolución 169 de la OIT y la Ley Nacional
70 de 1993.
La
ejecución del proyecto pone en riesgo la supervivencia misma de
las comunidades, pues la explotación minera implicará la contaminación
de los ríos Jiguamiandó y Murindó, la destrucción de fauna, flora
y la prohibición de utilizar los recursos naturales por parte de
los pobladores ancestrales.
La
zona ha sido fuertemente militarizada por unidades del ejército
colombiano, que procura controlar el territorio y proteger la explotación
minera por sobre los derechos de los habitantes tradicionales y
legítimos del territorio. El gobierno justifica su decisión en base
a seis reuniones realizadas con supuestos representantes indígenas.
Por su parte, las comunidades
de Alto Guayabal, Bachidubi, Bella Flor, Cañaveral, Caño Seco, Koredó,
Coredocito, Guaguay, Isla, Lobo, Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo,
Puerto Lleras, y Urada se movilizaron para detener a la compañía
minera, contando con el apoyo de representantes de organizaciones
de derechos humanos. Las comunidades afectadas por el Proyecto Mandé
Norte rechazan las reuniones que el gobierno
colombiano presenta como consulta en la medida que fueron realizadas
a través de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y
de Justicia. Denuncian que en ellas participaron solamente algunas
de las comunidades de la zona, con lo cual no se respetó el principio
de representatividad ni el consentimiento pleno y debidamente informado
de los interesados, contemplado en la Resolución 169 de la OIT.
Por
ello, las autoridades indígenas anuncian que “con la fuerza de la
Madre Tierra y nuestros espíritus, desde mediado de enero más de
700 indígenas realizamos un ejercicio de reconocimiento y control
territorial en la comunidad de Coredocito, sitio donde se está construyendo
un campamento que queda a una distancia de 3 horas de la comunidad”.
(1)
Del
24 al 28 de febrero de 2009 las comunidades realizarán una
Consulta por la Defensa de su territorio en un proceso de decisión
interna en el cual se pronunciarán las mujeres, los ancianos, los
hombres y los jóvenes mayores de 14 años para decidir si admiten
o no a la compañía minera en sus territorios. La instancia contará
con veeduría nacional de organismos sociales, de derechos humanos,
ambientales e internacionales de la sociedad civil, quienes participarán
como observadoras/es y garantes del proceso.
La
ONIC exclama: “El Oro no lo necesitamos para vivir, el maíz y el
patachuma (plátano) ¡Sí!, Por tanto, ¡Tomemos chicha, sembremos
maíz, FUERA MULTINACIONALES DEL PAÍS!¡Fuera la Muriel Mining Corporartion
de los territorios indígenas y afrocolombianos!”
Para apoyar la protesta de los indígenas Embera y pobladores
afectados por la Muriel Mining, la organización Salva la Selva organiza
una campaña a la que pueden sumarse a través de su página web
http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=346
(1) “La Muriel Mining
Coporation, atropella y desconoce las autoridades indígenas en la
mina Cerro Carra de Perro”, declaración de la ONIC, en Noticias
de Censat, Agua Viva,
http://www.censat.org/noticias/2009/2/6/La-Muriel-Mining-Coporation-atropella-y-desconoce-las-autoridades-indigenas-en-la-mina-Cerro-Carra-de-Perro/
