Liberia:
un país que se encamina al desastre con el reinicio del madereo
Los bosques de Liberia
guardan grandes promesas para su gente, pero esas promesas se esfuman
rápidamente con el mal manejo que el gobierno liberiano hace de
este valioso recurso. El gobierno está entregando contratos de tala
que no cumplen con los debidos requisitos, se pisotean los derechos
comunitarios y sobre las organizaciones de la sociedad civil pende
la amenaza de ser censuradas en caso de que realicen denuncias.
(1)
Camino hacia el desastre
En un esfuerzo por romper
con la historia sangrienta del país vinculada a la explotación de
los recursos naturales, el gobierno de Liberia aprobó una nueva
ley forestal en 2006. La ley prometió un nuevo proceso participativo
para identificar las posibles áreas para nuevas concesiones de tala
comercial, y procesos transparentes tanto para la precalificación
de empresas madereras, como para el otorgamiento de nuevas concesiones.
Lamentablemente, según palabras del Grupo de Expertos de la ONU,
la Autoridad de Desarrollo Forestal de Liberia "a menudo no
es consciente de los requisitos legales o es incapaz de seguirlos".
(2)
En lo que constituye una
violación de las leyes (3) se concedió una serie de contratos de
tala a empresas madereras que carecen de capacidades técnica y financiera
probadas y con avales financieros de los cuales se sabe muy poco.
El gobierno no estableció normas adecuadas para la calificación
de las compañías que pueden presentarse a licitar, y por lo tanto
no eliminó a las empresas que arrastraban moras y otras que no podrían
cumplir sus obligaciones una vez otorgados los contratos.
Las tres compañías que
recibieron los tres mayores contratos no los hubieran recibido si
las autoridades forestales hubieran aplicado la ley. Por ejemplo,
Liberia Tree and Trading Company (LTTC) tenía atrasos en el pago
de impuestos al momento de ser precalificada. La empresa todavía
estaba en mora cuando se presentó a licitación (4), nuevamente en
violación de la ley. Durante la etapa de evaluación la empresa se
puso en comunicación con el grupo evaluador “para pedirle que demorara
una semana su informe final de evaluación y le permitiera así arreglar
sus atrasos en los impuestos con el Ministerio de Hacienda” (5);
el Presidente del Grupo de Evaluación de Licitaciones informó al
Grupo que esto constituía una violación de la ley (6). La propiedad
de la segunda compañía, Alpha Logging and Wood processing, cambió
sustancialmente entre la precalificación para la licitación y el
momento en que licitó uno de los tres contratos (7). Este cambio
sustancial de la propiedad anuló automáticamente su certificado
de precalificación (9). Pero como en el caso de LTTC, las autoridades
forestales les concedieron un contrato aun cuando no estaban calificados
para licitar. La tercera empresa, E J and J, no demostró tener las
suficientes capacidades técnica y financiera durante el proceso
de diligencia debida, una precondición fundamental para el otorgamiento
de un contrato.
La diligencia debida demostró
lo poco que se sabe de esas empresas: cómo la dirección cambió de
manos, cómo los financiadores permanecen en las sombras, o cómo
nunca llega a materializarse el capital inicial requerido. Y lo
que sin duda es más preocupante: los contratos concedidos se beneficiaron
con un silencioso cambio de último momento en sus obligaciones de
pago, reduciendo en un 96 por ciento la cantidad que pagarían al
gobierno por concepto de arrendamiento de la tierra. Si bien este
cambio se corrigió luego de que se plantearan interrogantes, resulta
demostrativo del futuro incierto y potencialmente peligroso prometido
por unas autoridades forestales confundidas.
El atropello de los
derechos de las comunidades
El gobierno parece resuelto
a ignorar también los aspectos de la ley que protegen los derechos
limitados de las comunidades del bosque. El gobierno no puede quitarles
unilateralmente a las comunidades del bosque parte de su tierra
sin que medie un debido proceso, consulta, acuerdo y obligaciones
contractuales que les ofrezcan beneficios. Sin embargo ha violado
esos requisitos, a veces por incompetencia y otras veces intencionalmente.
Si bien el derecho liberiano
lamentablemente no reconoce los derechos de propiedad de las comunidades
tradicionales a sus árboles, se exige que a la hora de zonificar
ciertas áreas como aptas para el madereo, la Autoridad Forestal
solicite permiso a las comunidades que serán afectadas por dicha
actividad. Este proceso está destinado a coordinar o impedir la
quita sistemática de tierras de bosques por un organismo descontrolado.
La Autoridad Forestal no cumplió con esos requisitos.
Además, la gente que se
verá afectada por el madereo está siendo acosada. El gobierno está
obligado a ayudar a las comunidades a formar organismos locales
representativos y a pedir permiso a esos organismos para talar el
bosque. De las diez concesiones madereras actuales o potenciales,
el autor habló con personas que viven en ocho de ellas y no encontró
pruebas de que quienes viven en esas tierras hubieran otorgado permiso
alguno. Y si bien se están formando organismos representativos,
eso se hace únicamente después de que el gobierno ya decidió cuales
bosques serán talados.
A pesar de esta violación,
la Autoridad Forestal sigue adelante. Antes de que a una empresa
se le permita iniciar las actividades de madereo, se le exige firmar
un contrato, un Acuerdo Social, con los afectados por la operación.
Se supone que este Acuerdo contiene beneficios que la comunidad
recibirá a cambio de la tala de su bosque. Se firmaron seis acuerdos
y hay abundantes informes de los abusos que caracterizaron el proceso.
Por ejemplo, en una región
la Autoridad Forestal llegó y convocó a una reunión. En la reunión
se les anunció la necesidad de que se eligieran representantes o
un Comité de Desarrollo Forestal Comunitario (CFDC, por su sigla
en inglés). El día de la reunión, los representantes de la comunidad
se reunieron con los de la Autoridad Forestal y la empresa maderera.
Se leyó un Acuerdo redactado por la Autoridad Forestal, pero ese
Acuerdo estipula sólo un mínimo de los beneficios exigidos por la
ley, está plagado de errores tipográficos y contiene numerosas promesas
jurídicamente falsas. La Autoridad Forestal, las empresas madereras
y los funcionarios del gobierno local conspiran para amenazar y
mentir a los representantes de las comunidades. El Acuerdo se firma
en el término de 24 horas, sin haber sido revisado. Los informes
indican que el proceso por el cual se firmaron otros Acuerdos Sociales,
se caracterizaron de manera similar por la coerción y una falta
generalizada de consentimiento informado.
Se reclama a la Autoridad
Forestal que invalide esos Acuerdos; tiene la oportunidad de asegurar
que otros Acuerdos futuros se firmen voluntariamente y con conocimiento
de causa. De no hacerlo, entonces la gente cuya vida diaria se verá
profundamente afectada por el madereo, tendrá pocas oportunidades
de beneficiarse siquiera del corte de sus árboles.
Sordos al mundo
En lugar de hacer frente
a esas dificultades, la Autoridad Forestal ha optado por meter su
cabeza dentro de la arena. La Autoridad tiene el mandato de seguir
ciertos requisitos de transparencia, y ello incluye producir documentos
sobre su tratamiento de los derechos comunitarios. No obstante,
se han ignorado los reiterados pedidos de ONGs y grupos de comunidades,
lo que crea una gran incertidumbre acerca de si las violaciones
ya constatadas reflejan realmente el grado del daño realizado.
Como alternativa, la Autoridad
Forestal, equivocando el camino, ha elaborado unas Directrices sobre
cómo considera que deberían actuar los actores de la sociedad civil.
Las Directrices establecen que todas las acciones de las ONGs vinculadas
a los bosques deben ser sometidas primero a una investigación por
la Autoridad Forestal. Si una ONG actúa sin la aprobación de la
Autoridad Forestal, entonces ésta recomendaría que se le quitara
la acreditación a la ONG. Por la Constitución de Liberia y la legislación
forestal, esas Directrices son ilegales e inaplicables, pero los
pedidos de su revocación han permanecido sin respuesta. La Autoridad
Forestal sigue siendo un organismo que no está preparado para centrarse
en la corrección de los procesos forestales de Liberia, y escoge
en cambio cerrar sus oídos a los llamados de atención.
No es demasiado tarde.
Si bien hasta la fecha la Autoridad Forestal firmó seis contratos
de madereo, los tres más grandes todavía no son operacionales ya
que esperan una ratificación legislativa. Se está a tiempo de corregir
los procesos de calificación, licitación y Acuerdo Social. Hay tiempo
de que se consulte a las comunidades y que el madereo beneficie
a la gente de Liberia. Tal vez más importante aún, hay tiempo para
que se discutan alternativas al madereo; alternativas que puedan
generar el capital que el gobierno necesita, los derechos que las
comunidades merecen y la protección ambiental que el país requiere.
Todavía hay tiempo de que Liberia disfrute las promesas que guardan
sus bosques.
Por
Jonathan Gant, de la Universidad de Columbia, EEUU, trabajando para
el SDI en Monrovia, y Silas Kpanan’Ayoung Siakor, Director de Sustainable
Development Institute (SDI), 20 de febrero de 2009
