NUESTRA
OPINIÓN
- Doble discurso: el lenguaje de las negociaciones sobre el clima
Una
de las consecuencias del cambio climático es el aumento y el agravamiento
de fenómenos naturales como las sequías, las inundaciones y las
tormentas. Para empeorar las cosas, las consecuencias del actual
cambio climático provocado por el ser humano se vuelven aún más
graves debido a una serie de actividades destructivas, entre las
cuales hay dos en las que nos enfocaremos: la deforestación y
el monocultivo de árboles.
Si
bien las lluvias torrenciales son naturalmente frecuentes en los
trópicos, la actual inundación en el estado malayo de Sarawak
puede ser atribuida a mayores precipitaciones debidas al cambio
climático. Sin embargo, debemos hacer hincapié en el hecho de
que, por más de dos décadas, el gobierno de Sarawak ha promovido
la destrucción de los bosques al apoyar la explotación forestal
industrial. A pesar de la fuerte oposición local organizada con
el apoyo de ONG internacionales contra la tala (la “Campaña de
Sarawak”), los intereses corporativos prevalecieron y la mayor
parte de los bosques primarios de Sarawak desaparecieron. Como
resultado de ello, los bosques dejaron de cumplir su función de
reguladores de las lluvias, la erosión del suelo aumentó, los
lechos de los ríos perdieron profundidad a causa de la sedimentación,
y las inundaciones resultantes devastaron el sustento y la vida
de las poblaciones locales (ver detalles en el artículo correspondiente
de este boletín).
De
manera similar, las sequías son fenómenos naturales en Uruguay,
y algunos culpan al cambio climático por la duración de la que
está ocurriendo ahora. Sin embargo, las políticas forestales gubernamentales
que promueven el establecimiento de monocultivos de eucaliptos
y pinos han tenido, sin duda alguna, un papel fundamental en la
actual crisis del agua. Vastas extensiones de plantaciones de
árboles de crecimiento rápido están absorbiendo ahora los ya escasos
recursos hídricos, agravando así los impactos de la sequía (ver
más detalles en el artículo correspondiente de este boletín).
Como en el caso de Sarawak, el gobierno uruguayo eligió ignorar
la oposición nacional (a las plantaciones en este caso) y, por
el contrario, apoyó la creación de plantaciones por parte de empresas
extranjeras como la finlandesa Botnia, la estadounidense Weyerhaeuser,
la española Ence y la sueco-finlandesa Stora Enso.
Los
dos ejemplos anteriores no son en modo alguno excepcionales, y
es fácil encontrar casos similares en la mayoría de los países
que enfrentan los impactos de la deforestación, o los relacionados
con la expansión de las plantaciones de crecimiento rápido, o
ambos.
Al
vincular situaciones como éstas a las negociaciones internacionales
sobre el cambio climático, la conclusión es que dichas negociaciones
se están llevando a cabo en un lenguaje muy cínico que sólo puede
calificarse de doble discurso.
Los
gobiernos están todos de acuerdo en que el cambio climático es
un hecho y que es necesario abordarlo, tanto a nivel local como
internacional. También están de acuerdo en que los combustibles
fósiles y la deforestación son las dos causas principales del
cambio climático. Hablan de mitigación, compensación y adaptación.
Y luego, o bien no hacen nada, o bien hacen lo contrario de lo
que debería hacerse.
En
lugar de declarar criminal la extracción de combustibles fósiles,
continúan extrayendo los recursos existentes y explorando en busca
de nuevos yacimientos de gas y petróleo. En lugar de declarar
ilegal la deforestación a gran escala, discuten formas complejas
de hacer negocio con la conservación forestal, al tiempo que continúan
destruyendo bosques. En lugar de buscar la forma de preparar a
sus pueblos para sobrellevar el cambio climático –el cual tendrá
impactos desproporcionados sobre los pobres, las mujeres y otros
sectores desfavorecidos de la sociedad– se embarcan en actividades
como la deforestación y la plantación de árboles, que agotan recursos
indispensables para una adaptación futura, tales como el agua.
Siete
años atrás, durante la Conferencia sobre Cambio Climático que
tuvo lugar en Delhi, un líder religioso hindú, Swami Agnivesh,
hizo frente al doble discurso de los gobiernos con la pura verdad:
“¿A quién creen que están engañando? Engañan a sus hijos; engañan
a sus nietos.”
Esas
palabras siguen siendo hoy tan ciertas como lo fueron entonces.
inicio
COMUNIDADES Y BOSQUES
- Colombia: minería militarizada atropella derechos ancestrales
de comunidades Embera y afrocolombianas del Chocó
El
Chocó biogeográfico es una región neotropical (es decir, que incluye
los mayores bosques tropicales) cuya alta pluviosidad, condición
tropical y aislamiento han contribuido a que sea la más diversa
del planeta. En Colombia abarca la Región Costa Pacífica y, entre
otros, el departamento del Chocó, ubicado entre las Selvas del
Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan.
Allí,
durante siglos, han habitado las comunidades indígenas Embera
y las comunidades negras de la cuenca del río Jiguamiandó, que
hoy se ven amenazadas por un proyecto minero. En
2005 el gobierno colombiano concedió a la
empresa estadounidense Muriel Mining Corporation una concesión
durante 30 años para explotar cobre, oro, molibdeno y otros minerales
(proyecto minero Mandé Norte) en una
extensión que abarca 11.000 hectáreas
de territorio indígena y afrocolombiano en los municipios de Murindó
(Antioquía) y Carmen del Darién (Chocó). La zona
ya ha sido golpeada por la violencia de diversas operaciones del
ejército colombiano apoyado por grupos paramilitares, que generaron
desplazamientos continuos en comunidades indígenas y afrocolombianas.
En
2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgó y condenó a
la empresa Muriel Mining “Por la violación de la autodeterminación,
la cultura y la cosmovisión de las comunidades indígenas, afrodescendientes
y mestizas. Por los beneficios derivados de la ejecución sistemática
de los crímenes que en los últimos diez años las estructuras militares
y paramilitares han cometido en las zonas del Bajo Atrato y el
Urabá, para explotar y comercializar las reservas de cobre y los
subproductos de oro y molibdeno” (http://www.sicsal.net/articulos/node/631).
Desde
finales de 2004, la Muriel Mining ha incursionado de manera inconsulta
en la zona, con la anuencia del Estado y el gobierno colombiano,
lo cual ha sido sistemáticamente denunciado por los Pueblos Indígenas
y las comunidades afrocolombianas.
A
principios de enero de este año, personal de la empresa minera
ingresó al Cerro Cara Perro, o Ellausakirandarra, lugar sagrado
y de tradiciones espirituales de los pueblos ancestrales y comunidades
locales, quienes denuncian que la empresa no ha realizado la debida
consulta para ingresar a su territorio, en clara violación de
la Constitución Colombiana de 1991, la Resolución 169 de la OIT
y la Ley Nacional 70 de 1993.
La
ejecución del proyecto pone en riesgo la supervivencia misma de
las comunidades, pues la explotación minera implicará la contaminación
de los ríos Jiguamiandó y Murindó, la destrucción de fauna, flora
y la prohibición de utilizar los recursos naturales por parte
de los pobladores ancestrales.
La
zona ha sido fuertemente militarizada por unidades del ejército
colombiano, que procura controlar el territorio y proteger la
explotación minera por sobre los derechos de los habitantes tradicionales
y legítimos del territorio. El gobierno justifica su decisión
en base a seis reuniones realizadas con supuestos representantes
indígenas.
Por
su parte, las comunidades de Alto Guayabal, Bachidubi, Bella Flor,
Cañaveral, Caño Seco, Koredó, Coredocito, Guaguay, Isla, Lobo,
Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, y Urada se movilizaron
para detener a la compañía minera, contando con el apoyo de representantes
de organizaciones de derechos humanos. Las comunidades afectadas
por el Proyecto Mandé Norte rechazan las
reuniones que el gobierno colombiano presenta como consulta en
la medida que fueron realizadas a través de la Dirección de Etnias
del Ministerio del Interior y de Justicia. Denuncian que en ellas
participaron solamente algunas de las comunidades de la zona,
con lo cual no se respetó el principio de representatividad ni
el consentimiento pleno y debidamente informado de los interesados,
contemplado en la Resolución 169 de la OIT.
Por
ello, las autoridades indígenas anuncian que “con la fuerza de
la Madre Tierra y nuestros espíritus, desde mediado de enero más
de 700 indígenas realizamos un ejercicio de reconocimiento y control
territorial en la comunidad de Coredocito, sitio donde se está
construyendo un campamento que queda a una distancia de 3 horas
de la comunidad”. (1)
Del
24 al 28 de febrero de 2009 las comunidades realizarán una
Consulta por la Defensa de su territorio en un proceso de decisión
interna en el cual se pronunciarán las mujeres, los ancianos,
los hombres y los jóvenes mayores de 14 años para decidir si admiten
o no a la compañía minera en sus territorios. La instancia contará
con veeduría nacional de organismos sociales, de derechos humanos,
ambientales e internacionales de la sociedad civil, quienes participarán
como observadoras/es y garantes del proceso.
La
ONIC exclama: “El Oro no lo necesitamos para vivir, el maíz y
el patachuma (plátano) ¡Sí!, Por tanto, ¡Tomemos chicha, sembremos
maíz, FUERA MULTINACIONALES DEL PAÍS!¡Fuera la Muriel Mining Corporartion
de los territorios indígenas y afrocolombianos!”
Para apoyar la protesta de los indígenas Embera y pobladores
afectados por la Muriel Mining, la organización Salva la Selva
organiza una campaña a la que pueden sumarse a través de su página
web
http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=346
(1)
“La Muriel Mining Coporation, atropella y desconoce las autoridades
indígenas en la mina Cerro Carra de Perro”, declaración de la
ONIC, en Noticias de Censat, Agua Viva,
http://www.censat.org/noticias/2009/2/6/La-Muriel-Mining-Coporation-atropella-y-desconoce-las-autoridades-indigenas-en-la-mina-Cerro-Carra-de-Perro/
inicio
- India: una cadena humana para defender la montaña Niyamgiri
de la minería
La
montaña Niyamgiri, en Orissa, un lugar de una belleza natural
extraordinaria que se eleva hasta más de mil metros de altitud,
cuenta con algunos de los bosques húmedos más densos y prístinos
de la región, y es el origen del río Vamshadhara y de los principales
afluentes del río Nagaveli. Es también el lugar más sagrado de
los Dongria – literalmente “gente de la montaña” – un subgrupo
cada vez menos numeroso de los pueblos Kondh que han habitado
los bosques de la India oriental durante varios miles de años.
Los
Dongria dependen de esa montaña boscosa para su subsistencia:
cultivan sus faldas plantando entre los árboles. Sus huertas frutales,
ubicadas en lo alto de la ladera, requieren un arduo trabajo;
un hombre puede pasar 10 días allí protegiendo los preciosos cultivos
contra los elefantes, los jabalíes y los monos de dedos ágiles,
ahuyentándolos con canciones tribales y el retumbar de los tambores.
Obtienen dinero en efectivo de la venta en el mercado local de
frutos silvestres, flores y hojas recolectadas en el bosque.
Desde
el punto de vista ambiental, el bosque Niyamgiri es vital para
todo el ecosistema de la montaña, ya que permite que los numerosos
cursos de agua y exuberantes bosques que dan sustento a los Dongria
sigan prosperando. Pero también hay allí ricos yacimientos de
mineral de aluminio, y esto se ha vuelto una maldición para la
montaña y los pueblos que de ella dependen, ya que los intereses
mineros ponen en peligro su porvenir.
El
periodista Peter Foster (1), que visitó la aldea Dongria y escuchó
las quejas de sus habitantes, escribió que “según dicen, excavar
los montes Niyamgiris será una catástrofe social y ambiental pues
destruirá los ríos y arroyos de los que dependen miles de personas
para regar sus cultivos, contaminará los ríos con el “barro rojo”
tóxico que es un subproducto de la fabricación de aluminio y –
lo más importante según los antropólogos – destruirá a los Dongria,
quienes veneran esa montaña sagrada que lleva el nombre de su
dios, Niyamraja.”
La
minería en la montaña Niyamgiri equivaldría al genocidio de los
Dongria. Según el antropólogo Felix Padel, citado por Peter Foster,
“'los Dongria son gente de la montaña; reubicarlos en la planicie
es una forma de genocidio. Ellos viven en la montaña, veneran
a la montaña, sobreviven gracias a la montaña. No se trata simplemente
del lugar donde viven los Dongria, sino de la esencia misma de
su identidad. Reubicarlos es destruirlos.” Un anciano de la aldea
dijo al periodista cuando éste lo visitó: “No podemos irnos. Las
montañas son lo que somos.”
La
suerte que corrió Sakata, una aldea dongria reubicada, se cierne
sobre ellos como una triste premonición. Foster dice que la gente
recibió casas de material y tierra para cultivar “pero no han
hecho nada desde entonces con el obsequio del gobierno. Casi todos
los hombres de la aldea están muertos por tomar demasiado de la
bebida alcohólica local, que es mucho más fuerte que el vino de
sagú tradicional. “Al perder su relación con el bosque”, dice
un trabajador social, “los hombres de la aldea se limitaron a
ganar como jornaleros lo suficiente para embriagarse hasta morir.”
Si
bien la Suprema Corte de la India prohibió a Vedanta (una empresa
cuyo principal accionista es el multimillonario hindú residente
en Londres, Anil Agarwal) excavar minas en la montaña, la necesidad
de materia prima le llevó a aceptar a la filial india de Vedanta,
Industrias Sterlite. En agosto de 2008, Sterlite obtuvo luz verde
para operar en tierras de los Dongria respetando ciertos lineamientos.
La
empresa ha tratado de construir caminos para la mina. Sin embargo,
el 27 de enero, los Dongria y otras tribus Kondh marcharon a través
del denso bosque con el fin de formar un muro humano de 17 km
de largo en la base del monte Niyamgiri, para bloquear los caminos
y mantener a la empresa británica fuera de su montaña sagrada.
Según
Survival International, algunos informes sostienen que eran más
de 10.000 los hombres y mujeres de la zona del Niyamgiri que tomaron
parte en la protesta. Las pancartas que llevaban los manifestantes
incluían frases como 'Fuera Vedanta' y 'Detengan las excavaciones
en Niyamgiri'.
Esa
fue la segunda manifestación de grandes proporciones en diez días:
el 17 de enero, más de 7.000 manifestantes habían marchado hasta
las puertas de la refinería de aluminio de Vedanta, en la ciudad
cercana de Lanjigarh. (2)
Si
la mina llegara a operar, todo un mundo antiguo será destruido.
Según dice Foster, citando a Bijaya Kumar Baboo, quien trabajó
con las tribus de Orissa desde la hambruna del arroz de los años
80: “El pueblo Dongria ha vivido con tan poco durante tanto tiempo,
sin destruir su mundo. En cambio, nosotros estamos destruyendo
nuestro mundo a un ritmo insostenible. Antes de que los Dongria
dejen de existir, ¿no deberíamos preguntarnos si no tenemos nada
que aprender de ellos?”
Survival
International ha organizado una campaña en apoyo de los Dongria,
a la cual puede adherir escribiendo al Primer Ministro de la India
o a la embajada de la India en su país, y/o contribuyendo con
una donación (ver
http://www.survival-international.org/news/4152).
(1)
“Mining in Orissa threatens Dongria Kondh tribe”, Peter Foster,
Telegraph Media Group,
http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/3340194/Mining-in-Orissa-threatens-Dongria-Kondh-tribe.html.
(2)
“Tribe forms human chain to keep British company off sacred mountain”,
29 de enero de 2009, Survival International,
http://www.survival-international.org/news/4152.
inicio
- Liberia: un país que se encamina al desastre con el reinicio
del madereo
Los
bosques de Liberia guardan grandes promesas para su gente, pero
esas promesas se esfuman rápidamente con el mal manejo que el
gobierno liberiano hace de este valioso recurso. El gobierno está
entregando contratos de tala que no cumplen con los debidos requisitos,
se pisotean los derechos comunitarios y sobre las organizaciones
de la sociedad civil pende la amenaza de ser censuradas en caso
de que realicen denuncias. (1)
Camino
hacia el desastre
En
un esfuerzo por romper con la historia sangrienta del país vinculada
a la explotación de los recursos naturales, el gobierno de Liberia
aprobó una nueva ley forestal en 2006. La ley prometió un nuevo
proceso participativo para identificar las posibles áreas para
nuevas concesiones de tala comercial, y procesos transparentes
tanto para la precalificación de empresas madereras, como para
el otorgamiento de nuevas concesiones. Lamentablemente, según
palabras del Grupo de Expertos de la ONU, la Autoridad de Desarrollo
Forestal de Liberia "a menudo no es consciente de los requisitos
legales o es incapaz de seguirlos". (2)
En
lo que constituye una violación de las leyes (3) se concedió una
serie de contratos de tala a empresas madereras que carecen de
capacidades técnica y financiera probadas y con avales financieros
de los cuales se sabe muy poco. El gobierno no estableció normas
adecuadas para la calificación de las compañías que pueden presentarse
a licitar, y por lo tanto no eliminó a las empresas que arrastraban
moras y otras que no podrían cumplir sus obligaciones una vez
otorgados los contratos.
Las
tres compañías que recibieron los tres mayores contratos no los
hubieran recibido si las autoridades forestales hubieran aplicado
la ley. Por ejemplo, Liberia Tree and Trading Company (LTTC) tenía
atrasos en el pago de impuestos al momento de ser precalificada.
La empresa todavía estaba en mora cuando se presentó a licitación
(4), nuevamente en violación de la ley. Durante la etapa de evaluación
la empresa se puso en comunicación con el grupo evaluador “para
pedirle que demorara una semana su informe final de evaluación
y le permitiera así arreglar sus atrasos en los impuestos con
el Ministerio de Hacienda” (5); el Presidente del Grupo de Evaluación
de Licitaciones informó al Grupo que esto constituía una violación
de la ley (6). La propiedad de la segunda compañía, Alpha Logging
and Wood processing, cambió sustancialmente entre la precalificación
para la licitación y el momento en que licitó uno de los tres
contratos (7). Este cambio sustancial de la propiedad anuló automáticamente
su certificado de precalificación (9). Pero como en el caso de
LTTC, las autoridades forestales les concedieron un contrato aun
cuando no estaban calificados para licitar. La tercera empresa,
E J and J, no demostró tener las suficientes capacidades técnica
y financiera durante el proceso de diligencia debida, una precondición
fundamental para el otorgamiento de un contrato.
La
diligencia debida demostró lo poco que se sabe de esas empresas:
cómo la dirección cambió de manos, cómo los financiadores permanecen
en las sombras, o cómo nunca llega a materializarse el capital
inicial requerido. Y lo que sin duda es más preocupante: los contratos
concedidos se beneficiaron con un silencioso cambio de último
momento en sus obligaciones de pago, reduciendo en un 96 por ciento
la cantidad que pagarían al gobierno por concepto de arrendamiento
de la tierra. Si bien este cambio se corrigió luego de que se
plantearan interrogantes, resulta demostrativo del futuro incierto
y potencialmente peligroso prometido por unas autoridades forestales
confundidas.
El
atropello de los derechos de las comunidades
El
gobierno parece resuelto a ignorar también los aspectos de la
ley que protegen los derechos limitados de las comunidades del
bosque. El gobierno no puede quitarles unilateralmente a las comunidades
del bosque parte de su tierra sin que medie un debido proceso,
consulta, acuerdo y obligaciones contractuales que les ofrezcan
beneficios. Sin embargo ha violado esos requisitos, a veces por
incompetencia y otras veces intencionalmente.
Si
bien el derecho liberiano lamentablemente no reconoce los derechos
de propiedad de las comunidades tradicionales a sus árboles, se
exige que a la hora de zonificar ciertas áreas como aptas para
el madereo, la Autoridad Forestal solicite permiso a las comunidades
que serán afectadas por dicha actividad. Este proceso está destinado
a coordinar o impedir la quita sistemática de tierras de bosques
por un organismo descontrolado. La Autoridad Forestal no cumplió
con esos requisitos.
Además,
la gente que se verá afectada por el madereo está siendo acosada.
El gobierno está obligado a ayudar a las comunidades a formar
organismos locales representativos y a pedir permiso a esos organismos
para talar el bosque. De las diez concesiones madereras actuales
o potenciales, el autor habló con personas que viven en ocho de
ellas y no encontró pruebas de que quienes viven en esas tierras
hubieran otorgado permiso alguno. Y si bien se están formando
organismos representativos, eso se hace únicamente después de
que el gobierno ya decidió cuales bosques serán talados.
A
pesar de esta violación, la Autoridad Forestal sigue adelante.
Antes de que a una empresa se le permita iniciar las actividades
de madereo, se le exige firmar un contrato, un Acuerdo Social,
con los afectados por la operación. Se supone que este Acuerdo
contiene beneficios que la comunidad recibirá a cambio de la tala
de su bosque. Se firmaron seis acuerdos y hay abundantes informes
de los abusos que caracterizaron el proceso.
Por
ejemplo, en una región la Autoridad Forestal llegó y convocó a
una reunión. En la reunión se les anunció la necesidad de que
se eligieran representantes o un Comité de Desarrollo Forestal
Comunitario (CFDC, por su sigla en inglés). El día de la reunión,
los representantes de la comunidad se reunieron con los de la
Autoridad Forestal y la empresa maderera. Se leyó un Acuerdo redactado
por la Autoridad Forestal, pero ese Acuerdo estipula sólo un mínimo
de los beneficios exigidos por la ley, está plagado de errores
tipográficos y contiene numerosas promesas jurídicamente falsas.
La Autoridad Forestal, las empresas madereras y los funcionarios
del gobierno local conspiran para amenazar y mentir a los representantes
de las comunidades. El Acuerdo se firma en el término de 24 horas,
sin haber sido revisado. Los informes indican que el proceso por
el cual se firmaron otros Acuerdos Sociales, se caracterizaron
de manera similar por la coerción y una falta generalizada de
consentimiento informado.
Se
reclama a la Autoridad Forestal que invalide esos Acuerdos; tiene
la oportunidad de asegurar que otros Acuerdos futuros se firmen
voluntariamente y con conocimiento de causa. De no hacerlo, entonces
la gente cuya vida diaria se verá profundamente afectada por el
madereo, tendrá pocas oportunidades de beneficiarse siquiera del
corte de sus árboles.
Sordos
al mundo
En
lugar de hacer frente a esas dificultades, la Autoridad Forestal
ha optado por meter su cabeza dentro de la arena. La Autoridad
tiene el mandato de seguir ciertos requisitos de transparencia,
y ello incluye producir documentos sobre su tratamiento de los
derechos comunitarios. No obstante, se han ignorado los reiterados
pedidos de ONGs y grupos de comunidades, lo que crea una gran
incertidumbre acerca de si las violaciones ya constatadas reflejan
realmente el grado del daño realizado.
Como
alternativa, la Autoridad Forestal, equivocando el camino, ha
elaborado unas Directrices sobre cómo considera que deberían actuar
los actores de la sociedad civil. Las Directrices establecen que
todas las acciones de las ONGs vinculadas a los bosques deben
ser sometidas primero a una investigación por la Autoridad Forestal.
Si una ONG actúa sin la aprobación de la Autoridad Forestal, entonces
ésta recomendaría que se le quitara la acreditación a la ONG.
Por la Constitución de Liberia y la legislación forestal, esas
Directrices son ilegales e inaplicables, pero los pedidos de su
revocación han permanecido sin respuesta. La Autoridad Forestal
sigue siendo un organismo que no está preparado para centrarse
en la corrección de los procesos forestales de Liberia, y escoge
en cambio cerrar sus oídos a los llamados de atención.
No
es demasiado tarde. Si bien hasta la fecha la Autoridad Forestal
firmó seis contratos de madereo, los tres más grandes todavía
no son operacionales ya que esperan una ratificación legislativa.
Se está a tiempo de corregir los procesos de calificación, licitación
y Acuerdo Social. Hay tiempo de que se consulte a las comunidades
y que el madereo beneficie a la gente de Liberia. Tal vez más
importante aún, hay tiempo para que se discutan alternativas al
madereo; alternativas que puedan generar el capital que el gobierno
necesita, los derechos que las comunidades merecen y la protección
ambiental que el país requiere. Todavía hay tiempo de que Liberia
disfrute las promesas que guardan sus bosques.
Por
Jonathan Gant, de la Universidad de Columbia, EEUU, trabajando
para el SDI en Monrovia, y Silas Kpanan’Ayoung Siakor, Director
de Sustainable Development Institute (SDI), 20 de febrero de 2009
inicio
- Malasia: sedimentación de los ríos debida a la deforestación
provoca graves inundaciones en Sarawak
Lluvias
torrenciales que se prolongaron durante casi un mes comenzaron
a caer el 14 de enero en el este de Malasia, en el Estado de Sarawak,
afectando principalmente las regiones central y norte.
Miles
de evacuados, transporte aéreo de alimentos básicos hasta las
aldeas, toneladas de ayuda humanitaria, cierre de escuelas primarias,
deslizamientos de tierra y cultivos destruidos fueron el saldo
de una inundación devastadora sin precedentes que golpeó sobre
todo el Sarawak rural. Cuando la lluvia comenzó, los arrozales
estaban madurando, y terminaron totalmente destruidos. Según un
artículo publicado en el Borneo Post el 11 de febrero de 2009,
las poblaciones indígenas de una serie de aldeas de la región
del río Baram perdieron casi la totalidad de las cosechas. (1)
Si
bien se puede acusar convenientemente al cambio climático de este
desastre (culpa de todos, culpa de nadie), hay quienes señalan
ahora que una de sus causas principales reside en los más de veinte
años de políticas forestales que favorecieron el desmonte a gran
escala de ecosistemas de bosque tropical muy frágiles para obtener
beneficios a corto plazo (y cortos de miras).
Como
lo recuerda la organización Bruno Manser Fonds, “A pesar de las
alertas de ambientalistas y científicos internacionales, menos
del diez por ciento de los bosques primarios de Sarawak se han
salvado de la tala, sin dar la debida importancia a las consecuencias
ecológicas, sociales y económicas”.
Un
abogado de Kuching, una de las provincias afectadas por las inundaciones,
escribió en su blog (http://voonleeshan.blogspot.com/2009/01/2009-floods-in-kuching.html)
que muchas de las causas de las inundaciones en Kuching y otras
zonas adyacentes habían sido creadas por las políticas del gobierno
del momento, y pregunta: “¿Por qué talar árboles y eliminar los
bosques, cuando los árboles contribuyen a mitigar las inundaciones
absorbiendo agua durante las fuertes lluvias? ¿Por qué está permitido
cortar árboles y desmontar bosques para que unos pocos se beneficien,
sin prever una política de replantación y de manejo apropiada?
¿Acaso no contribuyó esto a la erosión y la sedimentación del
río Sarawak? ¿Acaso no fue la acumulación de sedimentos lo que
rellenó el lecho de los ríos? ¿Acaso no fue debido a la falta
de profundidad de los ríos que el nivel del agua subió rápidamente
e inundó los cultivos, los comercios y las casas?”
La
sedimentación debida al desmonte ha provocado también la muerte
masiva de peces. Sobre esto, el Digest on Malaysian News informó
que “cientos de peces subieron a la superficie del [río] Batang
Rajang en busca de aire, algunos ya muertos. También se informó
que hubo varios incidentes de este tipo en Belaga y Kapit desde
fines del año pasado, lo cual preocupó mucho a los pobladores.
La Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente (NREB) descubrió
que los peces habían muerto prácticamente por asfixia, y no por
envenenamiento. La causa de este incidente es muy simple: el río
Rajang se ha vuelto muy poco profundo debido a la acumulación
de sedimentos provocada por el desmonte intensivo y descontrolado
realizado río arriba”.
Según
la misma fuente, “Todos sabemos que la erosión se debe a la tala
descontrolada en el curso superior del Batang Rajang. Las culpables
(con las que resulta estar asociado Taib Mahmud, Primer Ministro
de Sarawak) son las empresas madereras. Violaron la selva virgen
de Sarawak y provocaron la deforestación masiva, la erosión y
la consiguiente sedimentación del Batang Rajang, favoreciendo
las inundaciones (con graves consecuencias para la ciudad de Sibu)
e impidiendo la navegación debido a la escasa profundidad. Y ahora,
los peces están muriendo”.
Las
enormes ganancias de la actividad maderera han ido a parar a un
puñado de empresas y a los bolsillos de unas pocas personas poderosas,
pero sus devastadores efectos están recayendo sobre miles de personas,
muchas de las cuales se han opuesto activamente a la tala en sus
territorios.
(1)
“Rural Sarawak suffers flood consequences”, comunicado de prensa
de Bruno Manser Fonds, 17 de febrero de 2009,
http://www.bmf.ch,
info@bmf.ch.
(2) “Siltation killed fish at Batang Rajang”, Digest on Malaysian
News (http://malaysiadigest.blogspot.com/2009/02/siltation-killed-fish-at-batang-rajang.html).
Otras
fuentes: diversas noticias publicadas en el sitio malayo The Star
Online, http://thestar.com.my.
inicio
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS
DE ÁRBOLES
- Brasil: las plantaciones
de Veracel, la usurpación certificada
En
1991, la empresa Veracel Celulose, con el nombre de Veracruz Florestal,
llegó al Extremo Sur de Bahía.
Originalmente,
la región, de clima húmedo, estaba cubierta por varios tipos de
Mata Atlántica, actualmente devastada y sustituida por cultivos,
pasturas y monocultivos de eucaliptos.
Un
“modelo de desarrollo” basado en deforestación, violencia
y expulsión de la población campesina se impuso en la región,
facilitó el proceso de implantación del monocultivo de eucalipto
y de las fábricas de celulosa en el Extremo Sur de Bahía.
A
mediados de 1991, Veracruz Florestal adquirió 47.140 hectáreas
de tierras de la empresa Vale do Rio Doce. Desde noviembre de
1992, se presentaron denuncias a organizaciones de la sociedad
civil de que Veracruz Florestal tendría cientos de camiones que
retiraban madera nativa para plantar eucalipto.
El 17 de junio de 2008,
después de 15 años de proceso, la Justicia Federal de Eunápolis
finalmente declaró culpable a la empresa Veracel Celulosa por
la devastación ambiental cometida desde sus primeros años de funcionamiento
hasta 1993, y multó a la empresa con la suma de R$ 20 millones,
además de anular las licencias ambientales concedidas para la
plantación de eucaliptos. La decisión significa que Veracel tendrá
que arrancar los eucaliptos plantados de acuerdo a las licencias
y replantar esas superficies con especies de Mata Atlántica.
En
1997, la entonces Stora, empresa sueca, se convirtió en uno de
los principales propietarios de Veracel. Posteriormente, en 2000,
Aracruz Celulose formó con Stora Enso una joint venture,
en la que cada una tenía el 50% de las acciones. Con la expansión
de sus plantaciones de eucaliptos, tanto Veracel como Aracruz
se han ido aproximando a los Parques Nacionales de la región,
tradicionalmente ocupados por el Pueblo Indígena Pataxó.
Dentro
de tierras que la FUNAI identifica como territorio Pataxó, existen
1.645 hectáreas de eucalipto de Veracel Celulose. El
Frente de Resistencia Pataxó afirma que la presencia de Veracel
Celulose en tierras que pertenecen al pueblo Pataxó (120 mil hectáreas)
llega a aproximadamente 30 mil hectáreas.
Los
Pataxó denuncian que Veracel se apropió de tierras “griladas”
(con falsos títulos de propiedad) por hacendados, taló la vegetación
nativa, envenenó y envenena fuentes de agua con los agrotóxicos
aplicados y así mata a los animales y peces.
“A esto lo llamamos
desierto verde porque esta plantación de eucalipto nos trae mucha
contaminación, nos trae muchos problemas para nosotros y nuestros
niños. Este desierto verde no nos trae salud, no nos trae educación,
no nos trae alimentos; ni siquiera los pájaros son libres para
vivir en esa plantación. Solamente trae riqueza para la gente
de fuera, pero a nosotros no nos trae nada. Y estoy indignado
por estar en un desierto verde dentro del territorio indígena”
(Entrevista: cacique Jurandir, aldea Jitaí, 09/04/2008).
Al
largo de estos años, los Pataxó han luchado por la demarcación
de sus tierras y se han manifestado contra la plantación de eucalipto.
Hay
un gran problema para que el poder público inspeccione las acciones
de una empresa como Veracel, que es su carencia total de estructura
y personal tanto a nivel federal como estadual.
En
un seminario en Porto Seguro (noviembre de 2007), la Directora
del Centro de Recursos Ambientales (CRA) de Bahía (IMA- Instituto
del Medio Ambiente) afirmó que el organismo cuenta con solo 20
técnicos para evaluar todos los proyectos en el estado de Bahía
que tiene 418 municipios. Para el Extremo Sur de Bahía, hay apenas
un inspector del organismo disponible, en una zona en que las
empresas ocupan nada menos que 400 mil hectáreas.
Frente
a estas afirmaciones, varias entidades del Extremo Sur de Bahía
solicitaron una moratoria a la plantación de eucalipto en la región
hasta que fuera concluido un zoneamiento económico- ecológico
y que el estado tuviera condiciones técnicas y humanas para autorizar
y fiscalizar las empresas, así como para garantizar la existencia
de zonas para otros fines como la agricultura familiar.
Sin
embargo, aún sin poder cumplir con sus funciones, el CRA sigue
autorizando y concediendo más tierras para que sean convertidas
en plantaciones de árboles. Ante esto, se concluye que la política
ambiental de Bahía favorece los intereses económicos de Veracel
y de otras empresas, en detrimento del bien común.
Actualmente
Veracel ocupa con eucaliptos el 15,1% de la superficie total y
el 40% de las tierras cultivables del municipio de Eunápolis.
En
cuanto al empleo, es bien sabido que el monocultivo de eucalipto
y la producción de celulosa poco contribuyen a la generación de
puestos de trabajo. Se trata de un sector altamente mecanizado
que precisa pocos trabajadores que monitoreen y dirijan el proceso
de producción para lograr alta productividad.
La
construcción de la fábrica generó un número relativamente alto
de empleos -alrededor de 9.000- pero con la fábrica de celulosa
en pleno funcionamiento, la empresa empleaba en su fábrica y sus
plantaciones a 741 personas, generalmente bien calificadas; lo
que significa, en términos de cantidad de tierras ocupadas con
eucalipto por Veracel, 1 empleo directo en 103 hectáreas de eucalipto.
El
hecho de que la empresa no creara miles y miles de empleos ha
generado una gran indignación en la población regional.
A
pesar de todo eso, la empresa Veracel cuenta con el sello “verde”
del FSC, lo que tan solo confirma que el FSC termina siendo una
herramienta importante para la propaganda y la prevista expansión
de las grandes empresas de celulosa, que transmite la imagen de
una empresa ecológicamente correcta y socialmente justa, y así
es también otro estímulo a las ventas.
Según
los habitantes de las comunidades rurales y miembros de movimientos
campesinos, la empresa solo ha promovido la concentración de tierras,
el monocultivo y la expulsión del hombre del campo. Quedan
dos alternativas: dejar el campo o resistir.
Extraído
y adaptado de: “Violações socioambientais promovidas pela
Veracel Celulose, propriedade da Stora Enso e Aracruz Celulose:
Uma história de ilegalidades, descaso e ganância”. CEPEDES – Centro
de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da
Bahia, Eunápolis – Bahia, 2008,
inicio
- Brasil: la racionalidad
privada en la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad
Federal de Viçosa
Ya
desde finales del siglo XVII existen registros de preocupación
con la eliminación de los bosques. A partir de entonces, algunos
estudiosos afirmaban que era necesario el desarrollo de conocimientos
para la explotación adecuados a la realidad de los bosques tropicales
y que la forma en que estaba siendo realizada, así como la concepción
esclavista, eran destructivas y degeneraban la moral de la nación.
Sin embargo, quedaron como referencias de posibilidades históricas
que se abrieron, pero que no tuvieron continuidad efectiva a largo
plazo, pues la sociedad señorial y patriarcal brasileña optó por
el monocultivo extensivo y por una economía agroexportadora, latifundista
y esclavista. Esta forma de vida social y económica impuso un
modelo de relación sociedad- naturaleza de tipo utilitarista,
inmediatista y predatorio.
En
la cuestión forestal, esta lógica avanza especialmente a través
de organismos públicos dominados por la lógica privada como el
Servicio Forestal, que en 1911 se torna un gran productor y difusor
del Eucaliptus sp. en detrimento de las investigaciones que intentaban
establecer otras especies para las más diversas finalidades. Una
de las consecuencias es que en 1935 la cubierta forestal de San
Pablo ya había sido reducida al 26,2%.
En
la misma lógica de la Revolución Verde, a partir de la década
de los 70 el “sector forestal” deja de tener solo acciones puntuales,
y además de planificaciones a medio y largo plazo, pasa a tener
programas y acciones políticas con masivas inversiones públicas
a fondo perdido e incentivos fiscales. Esto pone en evidencia
que las empresas privadas brasileñas denominadas “forestales”
fueron, en realidad, gestadas con dinero público, y a cambio,
se convirtieron en un flagelo para miles de familias, especialmente
de las llamadas poblaciones tradicionales.
Como
resultado de esta política, Fanzeres resalta que: A partir de
aquel momento, comienza a delinearse una serie de conflictos y
disputas, ahora llamados de carácter socio- ambientales. Sin embargo,
hasta el retorno y solidificación de las libertades políticas
en Brasil, iniciado en 1985, las disputas eran mantenidas bajo
un carácter local y aislado. La memoria de quienes vivieron esos
momentos reconstruye las acciones de las empresas o de sus intermediarios
como revestidas de violencia moral o física, causando inclusive
la muerte de muchos. Las disputas que hoy se denominan sociales
ocurrían básicamente por la apropiación de tierras a costo cero
o a precios simbólicos. Etnias indígenas y quilombolas, aún más
desempoderadas que los trabajadores rurales que también ocupaban
esas tierras sin título de propiedad, fueron igualmente expulsadas
o cercadas por vastas extensiones de plantíos de árboles. En seguida
comenzaron los problemas ambientales debido a la tala para la
substitución del bosque nativo, inapropiado para los fines industriales
pretendidos; y la utilización de productos químicos para combatir
a hormigas y otros males que atacan a los monocultivos de árboles.
Los impactos relacionados con los recursos hídricos, que demuestran
claramente la combinación socioambiental al perjudicar la supervivencia
humana y la de la biodiversidad nativa, en realidad, solo surgieron
con posterioridad a la implantación de estos plantíos. Y actualmente
es uno de los temas de suma importancia a ser debatido y resuelto
en relación a las vastas plantaciones de árboles.
Es
dentro de una coyuntura internacional de plena “guerra fría”,
de una concepción hegemónica de cuño desarrollista para el país,
tecnicista para las ciencias agrarias, y de gran efervescencia
de las disputas políticas que posteriormente resultan en un golpe
militar pro-capitalista en Brasil, que pasa a ser reconocida la
necesidad de un profesional con una formación orientada a las
cuestiones de la producción forestal en el país.
Ladeira
y Ehlers describen en sus trabajos que: Los institutos de investigación
y las escuelas de agronomía creadas a comienzos del siglo XX sufrieron
la influencia de diferentes convenios, como el acuerdo MEC/USAID.
Otros ejemplos son los acuerdos con la Fundación Ford, la Fundación
Rockefeller y la Alianza para el Progreso. Estos convenios se
materializaban en la donación de equipamientos científicos, materiales
bibliográficos, recursos humanos, [había gran intercambio entre
profesionales de EEUU y Brasil], y financieros. Las principales
escuelas de agronomía brasileñas (ENA, ESALQ, UFP, UFRGS y UFV,)
influenciadas por las escuelas norteamericanas de Purdue, Ohio,
Wisconsin y North Carolina, reformularon sus currículos, estructuras
y metodologías de enseñanza, investigación y extensión, comenzaron
a privilegiar las áreas y disciplinas directa e indirectamente
relacionadas con la adaptación y validación del modelo agrícola
emergente, que ya era convencional en EEUU y Europa. La carrera
de Ingeniería Forestal, creada en 1960, está inmersa en este contexto.
Esta
descripción reafirma lo que se está exponiendo aquí, y lo que
un ingeniero forestal formado en 1976, entrevistado por France
Coelho dice al retratar la concepción de las carreras de ingeniería
forestal: “Entonces, existía aquello de agrónomo-silvicultor.
Quiere decir, la Ingeniería Forestal era pura silvicultura. Completamente
fuera de la cuestión, el manejo forestal. Quiere decir, no trabajaban
bosques, trabajaban reforestación. Silvicultura, como “EL ARTE
DE HACER BOSQUE”, pero no trabajaban con el bosque en sí, no trabajaban
con el bosque nativo, natural”.
La
carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Federal de Viçosa,
desde su surgimiento, dadas las relaciones intrínsecas y crecientes
con la iniciativa privada, hereda hasta hoy todas las concepciones
aquí presentadas. Para tener una noción de lo que ocurre con las
investigaciones en el Departamento de Ingeniería Forestal (DIF)
de la UFV, analizamos la participación de cada sector en la financiación
de las investigaciones registradas por el DIF. De los casi doce
millones de reales que se invirtieron en el período, el 83% tiene
origen en algún organismo público y el 17% es de instituciones
privadas, lo que es bastante significativo. Sin embargo, las empresas
privadas se apoderan también del 53% del dinero público destinado
a la investigación en el Departamento. Y debemos recordar que
lo más costoso es la infraestructura, el pago de salarios, y toda
la inversión desde la formación hasta el doctorado, que no está
contabilizada y se pagan con dinero público.
Entre
las líneas de investigación en las áreas de conocimiento, percibimos
que la de Medio Ambiente, como un todo, es la única que no tiene
la mayor parte de sus recursos destinada principalmente a las
necesidades privadas de grupos empresariales. No es casualidad
que a esta área esté destinado el menor volumen de recursos, apenas
el 13% de todos los fondos que entran en el DIF para investigación.
Respecto
al objeto de investigación, a pesar de tratarse de un país tropical,
el 44% de los proyectos de investigación absorbe el 55% de los
recursos que entraron al Departamento para el desarrollo científico-tecnológico,
y se destinaron a estudiar una sola especie, el Eucaliptus sp.
Y podemos afirmar también que existe relación directa entre investigar
tecnología vinculada al eucalipto y beneficiar mayoritariamente
a la iniciativa privada, porque de las 213 investigaciones con
la especie mencionada, el 76% de ellas, o sea el 80% de los recursos
que se destinan a ella tienen primacía en los avances productivistas
del sector privado.
Ante
todo esto, se necesitan mucha arremetidas, disposición y osadía,
como está demostrando el movimiento estudiantil y otros movimientos
sociales populares al realizar el trabajo militante de día tras
día en la construcción y el fortalecimiento de sus entidades representativas
en todos los niveles, a través de asambleas, congresos y diferentes
acciones como marchas, manifestaciones culturales que adoptan
las más diversas formas, ocupaciones del decanato, lucha por la
extinción de las fundaciones en las universidades e intentos para
impedir los convenios de las universidades con estas empresas.
Además, en la lucha positiva, exigir investigaciones que beneficien
efectivamente a las poblaciones tradicionales y campesinas.
Estos
choques son inevitables; a ese proceso de privatización de lo
público, el sociólogo Francisco de Oliveira responde que es esencial
la destitución del habla a través de la desmoralización del discurso
y de la descalificación de los opositores con el objetivo de la
anulación de la política, “la imposición de un consenso, al modo
de las dictaduras”. Y esto lo observamos fácilmente dentro del
DIF, y de la UFV en su totalidad, cuando se estigmatiza peyorativamente
a los grupos que se oponen a esta política privatizadora o al
modelo de producción hegemónico como los “eco-plomazos” o “neo-hippies”.
Y cuando ello no es suficiente, la tutela -con la creación de
medios para disminuir la autonomía estudiantil- y/o la violencia
psicológica y muchas veces la física entran en escena.
Aún
así, la lucha por una Universidad Democrática y Popular continúa,
especialmente en los corazones y en las mentes de los estudiantes
combativos que se organizan en sus varias entidades representativas.
Por:
Ingeniero Forestal Vladimir Oganauskas Filho, correo eletrónico:
florestavladimir@yahoo.com.br.
OBS:
El texto completo con gráficas, tablas, referencias bibliográficas
y fuentes, puede ser bajado de la página del WRM:
http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/ThesisVladimir_2008.pdf
inicio
- Indonesia: criminalización
de líder social para favorecer a empresa palmicultora
Como
ya se ha comentado en boletines anteriores del WRM, la criminalización
es parte de una estrategia dirigida a silenciar la protesta y
en general ha comenzado a aplicarse para contrarrestar las luchas
sociales que se oponen a las actividades extractivas de empresas
trasnacionales (ver Boletín Nº125 del WRM). Está ocurriendo en
todos los países del Sur. Y ocurre en estos momentos en Indonesia,
donde se ha victimizado a otro luchador social que resiste la
apropiación de tierras por las empresas palmiculturas en el país.
La
poderosa trasnacional del agronegocio, PT Sinas Mas, aparte de
tener vastas inversiones en la industria química, las finanzas,
la banca, hoteles, telecomunicaciones, raciones para cerdos, tiene
bajo su control las mayores áreas
de tierra del mundo plantadas con palma aceitera y es la
mayor compañía de aceite de palma de Indonesia.
Las
actividades comerciales de su filial PR Kresna Duta Agroindo (KDA)
en la provincia de Jambi, en la costa este de Sumatra, ha sido
origen de conflictos entre los aldeanos de Karang Mendapo. La
compañía amplió agresivamente sus plantaciones de palma aceitera
ocupando bosques y plantaciones de caucho de agricultores de Karang
Mendapo. Se talaron ilegalmente unas 600 hectáreas para poder
integrar esa tierra a una plantación de palma, por lo cual KDA
pagó a cada agricultor registrado un pago mensual equivalente
a 3,50 euros, sin especificar claramente el concepto de tal pago.
Según
la organización Watch Indonesia! (1), en agosto de 2008 los aldeanos
ocuparon la tierra –que de hecho es de ellos- y cosecharon los
frutos de las palmeras. Desde entonces, han sido objeto de intimidaciones
y maltrato por personas desconocidas, presumiblemente actuando
en nombre de KDA. Esos incidentes fueron denunciados a la policía,
pero en vano.
“Como
parte de la protesta, los ciudadanos de Karang Mendapo decidieron
devolver el dinero que habían recibido de KDA en agosto. No obstante,
KDA se negó a recibir el dinero”. Los aldeanos decidieron entonces
encomendar el dinero a uno de los dirigentes de la resistencia,
Muhammad Rusdi –quien es también intendente de la aldea- hasta
que KDA accediera a recibir ese dinero.
Rusdi
fue arrestado el 28 de enero de 2009 y todavía permanece detenido
en las instalaciones policiales del distrito. Fue interrogado
y ha habido denuncias de que fue maltratado. Todo indica que Rusdi
fue arrestado por el cargo de malversación del dinero que le encomendaron
los aldeanos.
El
comunicado de Watch Indonesia! dice que los activistas locales
y la población de Karang Mendapo temen que Rusdi esté a merced
de autoridades policiales locales que actúan en nombre de KDA.
Los activistas temen que terminarán criminalizando a Rusdi para
suprimir la protesta de quienes han sido víctimas de prácticas
abusivas de apropiación de tierras, aplicadas
por las empresas palmicultoras en toda Indonesia.
Con
7,1 millones de hectáreas plantadas con palma aceitera, Indonesia
se ubica como el principal productor mundial de aceite de palma.
El furor por plantar palma aceitera no ha decaído. Por el contrario,
el 18 de febrero de este año, Indonesia
admitió que había levantado silenciosamente una prohibición establecida
desde diciembre de 2007 sobre el uso de tierras de turberas para
la plantación de palma aceitera.(2) Esto implica que se deforestarán
y desecarán alrededor de 2 millones de hectáreas de tierra de
turberas para ser destinadas a la plantación de palma aceitera,
liberando así millones de toneladas de CO2 a la atmósfera que
agravarán el calentamiento global.
Creciente
criminalización, deforestación, destrucción, apropiación de tierras,
calentamiento global: el fruto de la palma aceitera sabe más amargo
que nunca.
Se
ha organizado una campaña para reclamar la liberación inmediata
de Rusdi y la realización de una investigación exhaustiva acerca
de su detención. Están invitados a participar y enviar cartas
–hay una carta tipo que puede utilizarse- a las autoridades indonesias
a través de la página Web de Watch Indonesia! en
http://www.watchindonesia.org/Index-engl.htm, o en la página
Web de Salva la Selva en
http://www.regenwald.org/international/englisch/protestaktion.php?id=359
(1)
“Urgent Appeal: Resistance against Palm Oil - Unlawful Arrest
of farmers’ resistance leader in Jambi, Indonesia”, Watch Indonesia!,
Berlin, 5 de febrero de 2009,
(2)
“Indonesia reopens peatland to palm oil plantation”, Ian MacKinnon,
The Guardian, 18 de febrero de 2009,
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/feb/18/indonesia-peat-palm-oil
inicio
- Paraguay: campesinos pueden enfrentar avance de eucaliptos en
sus tierras en base a la experiencia de sus hermanos brasileros
En
Paraguay, la Federación Paraguaya de Madereros
(FEPAMA) habla de “colaborar con el proyecto de la Reforma Agraria
impulsada por el Gobierno, a través de una propuesta de desarrollo
rural integral y generación de riquezas mediante la forestación
utilizando las tierras ociosas.”(1) La FEPAMA aduce que
“con este trabajo se podrá brindar un especial apoyo a los pequeños
y medianos propietarios rurales, de forma que puedan contribuir
a organizar la promoción de plantaciones forestales ... en las
fincas de los pequeños y medianos propietarios”. (2)
Las
“tierras ociosas” a las que hace referencia la FEPAMA forman parte
del sistema productivo, generalmente diversificado, del campesinado.
Es en esos espacios que proponen la plantación de árboles de rápido
crecimiento. Este negocio, que beneficiaría principalmente a la
industria forestal proporcionándole la materia prima necesaria
para desarrollar una industria, se haría con dineros nacionales.
La FEPAMA propone que se cree un fondo para activar la Ley 536,
que establece subsidios a la forestación, con
“un aporte inicial de cinco a diez
millones de dólares provenientes de los Fondos Estructurales del
Mercosur, y/o de aportes sociales de Itaipú y/o del Banco Mundial,
BID, JICA y otros”.
La
Ley 536, de 1994, sentó las bases para el desarrollo del modelo
de forestación a gran escala –si bien por circunstancias particulares
de Paraguay se estancó- y también guarda una sospechosa similitud
con los marcos legales de países que han impulsado la forestación,
como Chile y Uruguay.
En
Paraguay se está dando entonces inicio al proceso de imposición
del modelo de monocultivos a gran escala con árboles de rápido
crecimiento y ésta es una buena oportunidad para que el campesinado
paraguayo se pueda beneficiar de la experiencia de sus herman@s
brasiler@s sobre la plantación de eucaliptos en fincas campesinas.
En
ese sentido, un documento elaborado recientemente por el Movimiento
de Pequeños Agricultores (MPA) de Brasil (al que puede accederse
desde el sitio del WRM en
http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Fomento_Florestal.pdf)
analiza los impactos en el Estado de Espíritu Santo del programa
de “fomento forestal” impulsado por el gobierno, que promueve
la plantación de monocultivos de eucalipto por pequeños agricultores.
Tras
el discurso de “beneficiar” al campesino se esconde una nueva
estrategia de expansión de las empresas del agronegocio (la empresa
de celulosa Aracruz, en el caso concreto de Brasil). Esta estrategia
les asegura el suministro de materia prima sin la responsabilidad
de su producción y eludiendo cualquier tipo de restricción a la
propiedad de la tierra. Por otra parte, logran madera de árboles
plantados en terrenos que no resultarían rentables para el manejo
industrializado de las empresas, como es el caso de las serranías.
Los
pequeños productores que entran en el programa quedan cautivos
de la empresa ya que ésta tiene el monopolio de la compra. Por
otro lado, la firma del contrato con la empresa les impone numerosas
obligaciones, como por ejemplo aplicar los agrotóxicos y la asistencia
técnica que define la empresa, llevar la madera hasta la empresa,
alcanzar la producción estimada. De no alcanzarla, el productor
puede llegar a tener que hacerse cargo de la diferencia.
“Casi tuvimos
que vender café para pagar el flete para transportar la madera
de eucaliptus. Fui hasta la oficina de Aracruz y dije que
no iba a hacer eso, pero ellos insitieron en que tenía que pagar”
La
experiencia de los agricultores habla, entre otras cosas, del
trabajo desprotegido y peligroso en las plantaciones de monocultivos
de árboles, de la merma que éstos provocan en los cursos de agua,
del uso obligatorio de venenos en la plantación.
En
un abordaje práctico, el documento compara el retorno económico
y socioambiental que podría tener una plantación de eucalipto
(en el peor y el mejor escenario) con el de una plantación de
maíz y poroto. Los resultados no dejan lugar a dudas de que, aún
en el mejor de los escenarios para el eucalipto, conviene más
al campesino invertir en el cultivo de alimentos e incluso diversificar
su producción con la plantación de árboles nativos.
Es
importante transmitir esta experiencia a otros países, donde la
expansión de los cultivos industriales de árboles quiere imponerse
utilizando los mismos argumentos. Los
campesinos y el pueblo paraguayos pueden apoyarse en la experiencia
de sus pares regionales, para que no los llamen a engaño. Están
a tiempo de resistir.
(1)
“Paraguay: FEPAMA plantea apoyo a reforma agraria mediante forestación”,
ForestalWeb,
http://www.forestalweb.com/Noticias-internacionales/paraguay-fepama-plantea-apoyo-a-reforma-agraria-mediante-forestacion/
(2)
“Fepama plantea desarrollo forestal”, ABC digital,
http://www.abc.com.py/2009-01-26/articulos/490192/fepama-plantea-desarrollo-forestal
inicio
- Uruguay: una nueva redistribución de tierras…a favor de las
forestales
En
el Uruguay de fines de los años cuarenta se impulsó desde el Estado
una iniciativa ejemplar, la creación del Instituto Nacional de
Colonización (INC), que surge ante la necesidad de un "instrumento
idóneo para promover una racional subdivisión de la tierra y su
adecuada explotación, procurar la radicación y bienestar del trabajador
rural, promoviendo además el aumento y la mejora de la producción
agropecuaria".
"La
colonización es un proceso socioeconómico productivo, mediante
el cual el Estado, adquiere tierras o las recibe en propiedad
o en administración, las redimensiona, y luego las adjudica a
productores para que se instalen en ellas con sus familias y las
trabajen debidamente." (1) Es así que dentro de las colonias
es común encontrarse con fraccionamientos que mantienen el nombre
de la estancia que les dio origen. Tal es el caso de Santa Kilda
y Santa Blanca, dentro de la Colonia Baltasar Brum en el departamento
de Paysandú.
Invitados
por vecinos de Santa Kilda y Santa Blanca --preocupados por el
avance de las plantaciones de pinos y eucaliptos en las cercanías
de sus campos-- tuvimos oportunidad de recorrer parte de la Colonia
Baltasar Brum. La zona originalmente era de uso agrícola, luego
pasó a ser agrícola-ganadera.
La
Colonia está siendo rodeada por monocultivos y a medida
que éstos crecen en altura y extensión, son cada vez más notorios
los impactos que sufren los productores rurales: falta de agua,
proliferación de plagas, entre otros.
"La
forestal nos mató la colonia, y nos están desapareciendo las aguadas
y los pozos", dice uno de los productores. "Arroyos
que jamás nunca se secaron hoy están sin agua" y "esto
no tiene nada que ver con la sequía". Se apresuran a aclarar
que en épocas de sequías importantes los arroyos tan sólo llegaban
a cortarse en algún punto de su recorrido, pero que desde que
la forestación se instaló en la zona, están secos. Los colonos
ven cómo en los pozos de 40 m de profundidad el nivel del agua
ha ido bajando peligrosamente e incluso se ha acabado en algunas
zonas, lo cual implica que el productor deba invertir en
otro pozo donde tratará de llegar a las napas freáticas a 100
m de profundidad. Éste es un costo extra que no todas las familias
pueden asumir.
Al
pasar por un campo perteneciente a una de las empresas forestales,
nos llama la atención una superficie bastante importante sin forestar,
"esos bajos eran bañados, por eso no los pudieron forestar,
no podían entrar con las máquinas. Usted ve que unos años después
de que plantaron el resto del campo, los bañados ya no existen,
ahora es suelo listo para forestar". Un proceso similar ocurrió
en campos de Colonos; acompañando el crecimiento de los eucaliptos,
los bajos -donde no se podía pasar ni a caballo y donde en las
peores sequías vividas en el país era lo que permitía salvar el
ganado- ahora hace más de cinco años que están secos.
"Usted
siembra un cultivo y los bichos le comen todo, hay millones de
palomas, aunque los ingenieros de las forestales dicen que las
palomas no viven en esos montes [se refiere a las plantaciones
de árboles], pero, qué no van a vivir!"
Otro
colono que tiene su campo al lado de la "cortina forestal"
afirma que "cuando uno planta el sorgo vienen los jabalíes
y se lo comen, y eso nadie lo ve, está minado de jabalíes y ciervos."
"Esto era una Colonia de lujo, nos echaron a perder con la
forestación, usted cría un animal y los jabalíes se lo comen,
tanto al ternero como a las vacas".
Dentro
de los argumentos utilizados para promover la plantaciones de
árboles dicen que generan empleo, hablan de biodiversidad, de
manejo sustentable. Leyendas como "El bosque da vida y trabajo.
Protéjalo" se pueden leer al borde de las carreteras.
Los
habitantes de la Colonia tienen otra opinión al respecto. "¿Te
das cuenta vos cómo debajo de los árboles no nace nada?"
mientras señala las 1000 hás. de forestación que rodean su campo
de 40 hás. Ése era un campo como éste [haciendo referencia a su
campo donde cultiva la tierra y cría ganado] y ellos vinieron
y mataron todo, no hay más pasto, no hay vida en ese lugar".
Estas
familias, que han vivido toda su vida en el campo, dicen que "a
quienes conocemos de campo, no nos vayan a hablar de trabajo en
la forestación; hay trabajo cuando siembran, y después, nada".
"La cosecha tampoco da mano de obra, es mentira, es una mujer
que maneja la máquina y viene el grapo y otro hombre lo carga
y viene el camión y hasta luego y no hay más mano de obra".
"Las
empresas forestales han avanzado con todo sobre nuestras Colonias,
llegan haciendo promesas y ofreciendo materiales y electrodomésticos
para las escuelas, para promover una buena imagen y para lograr
la aceptación". "Para nosotros, con los impactos que
sufrimos con la forestación, esas cosas ni nos importan"
"Uno
trabaja la tierra, acondiciona la casa y su entorno, para que
nos pase esto ahora…" Hoy no sólo estos suelos agrícolas
por excelencia están compitiendo con la forestación sino también
entra en juego la permanencia de las familias de colonos que ven
con tristeza cómo se está dando nuevamente un proceso de redistribución
de sus tierras, salvo que ahora el proceso es inverso, tierras
que podrían asignarse a nuevos colonos se les están entregando
a las empresas forestales extranjeras. No sólo volvemos a concentrar
la tierra sino además a extranjerizarla, y como si esto no fuera
suficiente, estas plantaciones están certificadas por el FSC.
(1)
Instituto Nacional de Colonización
http://www.colonizacion.com.uy
inicio
COMERCIO DE CARBONO
- De
bañeras, comercio de carbono y cambio climático
En
2008 el valor del mercado de carbono aumentó 84 por ciento y el
total de transacciones aumentó de 64.000 millones de dólares en
2007 a 118.000 millones en 2008. Con todo ese pasamanos de dinero,
seguramente habrá alguna buena noticia que dar sobre la cantidad
de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿La habrá?
Lamentablemente
no. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del gobierno
de los Estados Unidos informa que en 2008 las concentraciones
mundiales de dióxido de carbono aumentaron en 2,28 partes por
millón.
Los
comerciantes de carbono dirigen ahora sus miradas al comercio
del carbono almacenado en los bosques del mundo. Esperan que la
reducción de las emisiones producto de la deforestación y la degradación
de los bosques (REDD por su sigla en inglés) generará grandes
cantidades de carbono a ser comercializado. Pero esto tiene tres
grandes problemas.
En
primer lugar, provocaría una caída de los precios del carbono,
quizás incluso hasta provoque el derrumbe del mercado de carbono.
Hace poco los precios del carbono experimentaron una brusca caída,
lo que hizo que las inversiones en energía renovable fueran menos
atractivas. Como señala el Financial Times: “El precio
del dióxido de carbono en la Unión Europea cayó a niveles tan
bajos que ya dejó de ser un incentivo para el desarrollo de tecnologías
con bajas emisiones de dióxido de carbono, y parece poco probable
que llegue a serlo en un corto plazo”.
El
segundo problema con el comercio del carbono almacenado en los
bosques es que le daría una enorme ventaja a los contaminadores
que más contribuyeron al efecto invernadero en el mundo. Necesitamos
reducir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Esto quiere decir que necesitamos reducir drásticamente las emisiones
de gases de efecto invernadero, no encontrar nuevas formas de
permitir que continúen las emisiones.
En
todo esto subyace una mala interpretación generalizada sobre el
cambio climático. Para impedir que el cambio climático se descontrole
es necesario que reduzcamos la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera. Esto significa cortar las emisiones
radicalmente –no alcanza con estabilizar las emisiones.
Actualmente
la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es de 386
partes por millón. El Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) establece que para
impedir que el calentamiento global supere los 2ºC es necesario
reducir mundialmente las emisiones en un 85 por ciento (en comparación
con el año 2000) para 2050. La meta del IPCC es de 450 ppm, pero
según James Hansen, de la NASA, el objetivo debe ser 350 ppm.
Quizás
la mejor manera de entender la diferencia entre concentraciones
y emisiones es la “analogía de la bañera”, presentada por John
Sterman, del Instituto de Tecnología de Massachussets, y linda
Booth Sweeney, de la Escuela de Graduados en Educación de Harvard.
Ellos explican que la atmósfera es como una bañera: la canilla
abierta representa las emisiones de gases de efecto invernadero;
el desagüe representa la absorción que hacen las plantas y el
océano; y el agua en la bañera representa la concentración de
gases de efecto invernadero en la atmósfera. Con la tasa actual
de emisiones de gases de efecto invernadero, la cantidad de agua
que sale de la canilla es más del doble de la que se va por el
desagüe. Así que el nivel de agua de la bañera va en aumento.
Para peor, continuamos abriendo un poco más la canilla, aumentando
la cantidad de agua que sale. Para impedir que la bañera se desborde
no alcanza con dejar igual la canilla (el equivalente a estabilizar
las emisiones): tenemos que cerrarla, de manera que entre menos
agua a la bañera de la que sale por el desagüe.
Reducir
la deforestación equivale a desbloquear el desagüe. Pero comercializar
el carbono almacenado en los bosques equivale a abrir más la canilla
al mismo tiempo.
El
tercer problema vinculado a la comercialización del carbono almacenado
en los bosques es que en términos del clima el carbono almacenado
en los bosques no es el mismo que el carbono almacenado en los
combustibles fósiles. El carbono almacenado en los combustibles
fósiles es estable y no ingresará a la atmósfera a menos que se
lo desentierre y se lo queme. El carbono almacenado en los bosques
es inestable y puede ser fácilmente liberado y devuelto a la atmósfera.
Los recientes incendios en Australia ilustran bien este argumento.
Esos incendios seguramente aumentarán con el cambio climático.
Citando el Cuarto Informe de Evaluación del ICC: “Un aumento del
riesgo de incendios en Australia es probable que esté asociado
con una reducción del intervalo entre incendios, una mayor intensidad
de los incendios, una disminución de la extinción de incendios
y una propagación más acelerada de los incendios”.
Los
incendios en Australia fueron una tragedia en la que murieron
más de 200 personas y 1.800 hogares resultaron destruidos. También
provocaron la liberación de millones de toneladas de dióxido de
carbono a la atmósfera –más de un tercio de las emisiones anuales
de dióxido de carbono de Australia.
Pero,
¿qué hubiera pasado si el carbono almacenado en los bosques quemados
de Australia se hubiera comercializado? Al permitir que se continuara
emitiendo en otro lado, la cantidad de dióxido de carbono emitido
a la atmósfera se hubiera duplicado.
Sin
duda alguna en necesario detener la deforestación. Pero comercializar
el carbono almacenado en los bosques tan solo garantiza que las
emisiones de gases de efecto invernadero continúen en otro lugar.
La comercialización de carbono no reduce las emisiones. Comercializar
el carbono almacenado en los bosques sólo empeorará las cosas.
Por
Chris Lang, chris@chrislang.org
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