NUESTRA
OPINIÓN
Enfrentamiento
entre dos mundos en la Amazonía peruana
El gobierno peruano eligió
el simbólico día internacional del medio ambiente
para lanzar una sangrienta represión contra los pueblos
amazónicos. El motivo: la decidida oposición de
las comunidades amazónicas al ingreso de industrias social
y ambientalmente destructivas como la minería, la explotación
petrolera, los monocultivos de árboles y los agrocombustibles
a sus territorios.
Las comunidades amazónicas
habían iniciado el 9 de abril lo que calificaron de “paro
indefinido” en toda la Amazonía peruana (ver Boletín
Nº 142 del WRM), como respuesta al incumplimiento del Congreso
de la República de revisar una serie de decretos lesivos
a los derechos de los pueblos indígenas. Se trataba de
decretos emitidos por el Ejecutivo en el marco de la implementación
del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Al desencadenar la masacre
en el Día del Medio Ambiente, el gobierno de Alan García
mostró claramente al mundo el poco interés que le
merece la conservación ambiental y el mucho aprecio que
le tiene a las grandes corporaciones que pretenden explotar –y
al mismo tiempo destruir- los recursos naturales del país.
Más grave aún, declaró públicamente
su desprecio por la vida de los pueblos indígenas que intentan
defender lo poco que les va dejando el avance de un modelo de
“desarrollo” que ya ha mostrado hasta el hartazgo su carácter
social y ambientalmente destructivo.
A partir de esa sangrienta
represión y del estado público que el hecho tomó
a nivel internacional, la Amazonía peruana se convirtió
en el símbolo de un enfrentamiento entre dos concepciones
sobre el presente y futuro de la humanidad que se desarrolla en
el escenario mundial.
Por un lado está el
mundo del interés económico, que implica la destrucción
social y ambiental, la imposición por la fuerza, la violación
de derechos. Ese mundo no está por supuesto representado
por el presidente peruano, que es apenas un asistente transitorio
y descartable de las corporaciones, como lo muestra ahora el destino
sufrido por el otrora todopoderoso presidente Fujimori. Sin embargo,
el papel de tales asistentes es muy importante, puesto que son
quienes le otorgan los necesarios visos de “legalidad” a un proceso
a todas luces violatorio de los más elementales derechos
de los pueblos.
En el otro extremo se encuentra
el mundo de quienes aspiran a un futuro solidario y respetuoso
de la naturaleza, simbolizado en este caso por los pueblos indígenas
de la Amazonía, pero que está también presente
en similares luchas en todo el mundo, enfrentadas a gobiernos
igualmente al servicio del interés económico de
las grandes empresas. Solo por nombrar algunos, tales son los
casos de la lucha actual en los países del sudeste asiático
por defender al río Mekong –del que se alimentan millones
de personas- de su destrucción por gigantescas represas
hidroeléctricas ; la lucha de los pueblos de Africa contra
la explotación petrolera y maderera; las luchas de los
pueblos tribales de la India para la defensa de sus bosques contra
la minería y así sucesivamente.
En este enfrentamiento, la
hipocresía de quienes buscan imponer el modelo destructivo
parece no tener límites. En el caso del Perú, el
mismo presidente Alan García, que pretende abrir la Amazonía
a la explotación, declaró hace poco más de
un año que quería “impedir que esa riqueza básica
que Dios nos ha dado se degrade por obra del hombre, por la incompetencia
de quienes actúan sobre la tierra o quienes trabajan económicamente
y para eso creamos este Ministerio del Ambiente”.
A escala global, el tema de
la hipocresía gubernamental también resulta muy
claro y más aún si se lo analiza desde la perspectiva
climática. Los gobiernos han concordado, en un interminable
proceso internacional iniciado en 1992, en que el cambio climático
es la peor amenaza que enfrenta la humanidad. Han acordado también
que las dos principales causas del cambio climático son
las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso
de combustibles fósiles y de la deforestación. Finalmente,
concuerdan en que es necesario hacer algo al respecto. Luego de
firmar los acuerdos correspondientes y de volar de vuelta a sus
países, dedican sus mayores esfuerzos a promover la explotación
petrolera y/o la deforestación.
Sin necesitar la creación
de ministerios del ambiente o de participar en procesos internacionales
contra el cambio climático, los pueblos están llevando
a cabo numerosas acciones para defender el ambiente y el clima
de las amenazas que los acechan. En casi todos los casos, tales
acciones son criminalizadas o reprimidas –tanto en el Sur como
en el Norte- por quienes deberían estar impulsándolas
y apoyándolas: los gobiernos.
En el ahora simbólico
caso de Perú, los pueblos amazónicos –con el apoyo
de miles de ciudadan@s de todo el mundo- han ganado una importante
batalla en este enfrentamiento entre dos mundos. Por supuesto
que nadie piensa que la lucha aquí termina, pero se trata
de una victoria que aporta esperanza a muchos otros pueblos que
luchan por objetivos similares, así como al mundo entero,
ya que del resultado del enfrentamiento entre estos dos mundos
depende el destino de la humanidad.
COMUNIDADES
Y BOSQUES
Ciudadanos
del Mekong entregaron la petición “Salven al Mekong” con
15.000 firmas al Primer Ministro tailandés
COMUNICADO
DE PRENSA. La profunda preocupación por el destino del
río Mekong en el sudeste asiático tuvo su expresión
en la petición “Salven al Mekong”, que firmaron más
de 15.000 personas de los seis países que conforman la
región del Mekong y del resto del mundo, en la que exhortan
a los gobiernos a abandonar los planes de desarrollo hidroeléctrico
a lo largo del curso principal del río. La petición,
escrita en siete idiomas, fue entregada personalmente al Primer
Ministro tailandés, H.E. Abhisit Vejjajiva, el 18 de junio
en Bangkok, y enviada a los demás líderes gubernamentales
de la región.
A pesar del
fuerte respaldo gubernamental con que cuenta la construcción
de represas en el río Mekong, más de 10.000 personas
de la región firmaron la petición dirigida a los
primeros ministros de Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, instándolos
a que dejen que el río fluya libremente y busquen opciones
menos nocivas para la generación de electricidad. La petición
en forma de postales está firmada por pescadores y agricultores
que viven a lo largo del curso principal del río y sus
afluentes, así como por monjes, estudiantes, gente de la
ciudad e incluso algunas de las reconocidas celebridades de la
región. Otras 5.000 personas del mundo entero firmaron
las postales y una petición en línea.
Además
de firmar, la
mayoría escribió mensajes personales a los líderes
de la región:
“¡No
permitan que las represas hidroeléctricas bloqueen el futuro
de nuestros hijos!” Wang Dezhi, Yunnan, China
“No construyan
las represas sobre el Mekong. ¡Las que ya existen en Tailandia
provocan luchas fratricidas!” Mak Vangdokmai, Roi et, Thailand
“Amo a mi
país. No quiero ver que algunas personas lo destruyan por
codicia. ¡Quisiera hacer lo posible por proteger a nuestro
Mekong!” Sneampay, Vientiane, Laos
“¿Dónde
iremos a vivir si se construyen las represas?” Aldeano, provincia
de Sting Treng, Camboya
“¡Sálvennos,
salven nuestros recursos! ¡La electricidad no es todo!”
Nguyen Thanh Hang, Hanoi, Vietnam
La pesca en
el Mekong es una fuente indispensable de alimentos e ingresos
para millones de personas que viven a lo largo del río.
Cifras oficiales recientes ubican el valor de la pesca artesanal
en el río en US$ 3.000 millones. Las represas ubicadas
en el curso principal del río impedirán las migraciones
masivas de peces que representan el 70% de la pesca comercial
del río y que garantizan la seguridad alimentaria de la
región. La experiencia en el mundo entero demuestra que
no hay forma de mitigar el impacto de estas grandes represas sobre
la industria pesquera.
Durante muchos
años, grupos de la sociedad civil de la región del
Mekong y del mundo entero han alertado sobre los planes de construir
once represas hidroeléctricas en el curso principal del
bajo Mekong, en lo que a menudo se describe como una lucha contra
la corriente.
VER COMUNICADO
DE PRENSA COMPLETO EN http://www.wrm.org.uy/deforestation/dams/Press_Release_Mekong.pdf
Sobre la iniciativa
“Salven al Mekong” y los planes respaldados por los gobiernos
de construir represas en el Mekong, hay más información
en inglés, birmano, chino, jemer, lao, tailandés
y vietnamita en el sitio web de la coalición: www.SavetheMekong.org.
Guatemala:
los amargos impactos de la caña de azúcar
Uno de los
cultivos que más impactos negativos ha generado desde sus
inicios hasta la fecha en nuestro país es la caña
de azúcar. Las plantaciones de caña se asentaron
en las Planicies del Pacífico, una zona rica por la fertilidad
de sus suelos de origen volcánico y por la cantidad de
agua que recibe por medio de lluvias y ríos que nacen en
la cadena volcánica. Esas condiciones fueron perfectas
para el desarrollo del cultivo y la expansión de los ingenios
azucareros; hoy en día Guatemala ocupa el quinto lugar
a nivel mundial en la exportación de azúcar y el
segundo en producción en América Latina y el Caribe.
En la actualidad
operan 14 ingenios azucareros y las plantaciones de caña
de azúcar para el año 2007 ocupaban 216 mil hectáreas
cultivadas, una extensión aproximada al tamaño del
departamento de Guatemala (225.300 hectáreas) considerable
para el tamaño de nuestro país (108.889 km2).
Uno de los problemas más graves que presenta el monocultivo
de caña es el de la destrucción total de los ecosistemas
donde se instala, que en Guatemala ha significado la desaparición
de amplias áreas de bosques.
A lo anterior
se suma el uso exagerado de agua, lo cual afecta a las comunidades
humanas y causa impactos directos e indirectos en los ecosistemas
terrestres y marino costeros. La quema de caña de azúcar
contamina el ambiente, afecta la salud de las poblaciones cercanas
y libera CO2, uno de los gases de efecto invernadero. La quema
de estas plantaciones, año tras año, contribuye
al aumento del calentamiento global. En época de zafra,
los ingenios azucareros desvían los ríos hacia sus
plantaciones, dejan a las comunidades sin agua y vierten los residuos
contaminantes en ellos.
En época
de lluvia los canales y zanjones, abiertos para la irrigación
de las plantaciones, llevan las aguas tierra adentro y provocan
inundaciones, lo que pone en situaciones de riesgo y vulnerabilidad
a muchas poblaciones. A esto se agrega la contaminación
generada por el uso excesivo de agroquímicos, plaguicidas
y madurantes, que por medio de los ríos se transportan
hacia los ecosistemas marino costeros, como el manglar.
Uno de los
problemas que encuentra la industria azucarera es la cantidad
de tierra disponible para expandir el monocultivo. Según
declaraciones en el año 2007 de Armando Boesche, gerente
de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) “Ya
no hay disponibilidad de tierras, porque ya se llegó al
límite”. Esta situación se ha convertido
en una amenaza para los ecosistemas y las poblaciones locales
y resulta delicada en un país donde la conflictividad por
la tierra ha generado guerra, desapariciones y muerte.
Un claro ejemplo de la falta de tierra fue el traslado del Ingenio
Guadalupe, en el año 2006, hacia el Valle del Río
Polochic en Izabal, cerca del refugio de vida silvestre y sitio
Ramsar Bocas del Polochic. Esta situación amenaza directa
e indirectamente el humedal y la vida silvestre debido al desvío
de ríos y el uso de productos agroquímicos que por
medio de las lluvias y escorrentía se transportan hacia
este cuerpo de agua, con el riesgo de aumentar el crecimiento
de Hydrilla verticillata, planta invasora que desde hace varios
años se encuentra en el lugar.
Sin embargo,
en el sur las plantaciones de caña no parecen haber llegado
“al límite”, ya que continúan su expansión,
talando los últimos árboles y bosques de ribera
que protegen los cauces de los ríos e impactando sobre
especies amenazadas como el Loro nuca amarilla que se encuentra
en grave peligro de extinción. La frontera azucarera ha
llegado a orillas de los manglares y en lugares como Iztapa y
Hawai, dos zonas que aún conservan este ecosistema amenazado,
las plantaciones llegan hasta sus límites produciendo un
fenómeno de aislamiento y presión.
En Guatemala
no se ha hecho una evaluación de los impactos acumulativos
de estos monocultivos, que afectan tanto a las comunidades aledañas
como a los ecosistemas locales. Mientras tanto, la gente continúa
endulzando bebidas y alimentos, desconociendo los amargos impactos
de este monocultivo para la naturaleza y la gente.
Por Carlos
Salvatierra. SAVIA -Escuela de Pensamiento Ecologista-Guatemala
savia.guate@gmail.com
salvatierraleal@gmail.com
www.saviaguate.org
Nigeria:
El largo brazo de la justicia finalmente se acerca a Shell
El 9 de junio,
Environmental Rights Action/Amigos de la Tierra Nigeria (ERA/AdTN)
publicó un comunicado de prensa en el que describe como
un hito significativo en la búsqueda de justicia en los
sangrientos campos petrolíferos del Delta del Níger,
el resultado del histórico juicio iniciado por Ken Saro-Wiwa
hijo y otros Ogonis, quienes acusaban a Shell de complicidad en
la ejecución, en 1995, del escritor y activista por los
derechos humanos Ken Saro-Wiwa y de otros líderes Ogoni,
así como de diversas violaciones de los derechos humanos.
Después
de los vaivenes legales que duraron casi catorce años,
Shell se ha visto obligada a pagar una liquidación extrajudicial
establecida en 15,5 millones de dólares a favor de los
demandantes Ogoni, que han luchado para que la empresa sea declarada
cómplice en las atrocidades cometidas contra el pueblo
Ogoni en los años 90, incluida la ejecución de Saro-Wiwa.
Los demandantes
iniciaron el juicio en un tribunal de Nueva York, alegando que
Shell financió, proporcionó las armas y se alió
en secreto, durante la época de Sani Abacha, con las fuerzas
militares nigerianas, las cuales atacaron brutal y mortalmente
a los Ogoni del Delta del Níger.
Luego del
anuncio realizado el lunes 8 de junio de 2009 a propósito
del acuerdo, Shell hizo una precipitada declaración en
la que dijo que su decisión había sido “un gesto
humanitario hacia los demandantes y los estados que representan,
en reconocimiento del trágico giro que tomaron los acontecimientos
en tierra Ogoni, aunque Shell no tuvo nada que ver con la violencia
desatada.”
Pero el Director
Ejecutivo de ERA/Amigos de la Tierra Nigeria, Nnimmo Bassey, rechazó
el argumento de la empresa en una declaración emitida en
Lagos, insistiendo en que “la repentina decisión de Shell
de llegar a un acuerdo extrajudicial es una clara muestra de que
la compañía es culpable de las atrocidades mencionadas
y de muchas más.”
“Esto representa
una luz de esperanza para el pueblo del Delta del Níger,
de que Shell deberá asumir la responsabilidad por los actos
violatorios de sus tierras y sus medios de vida cometidos durante
las últimas cinco décadas de explotación
petrolífera en la región. No obstante, es lamentable
que se haya logrado hacer justicia en el lejano territorio de
los EE.UU. y no en suelo nigeriano, donde personas inocentes del
Delta del Níger han sido catalogadas como criminales y
vándalos.”
Bassey dijo
que el gobierno nigeriano debería tomar en cuenta el resultado
del juicio y obligar a Shell a utilizar sus indecentes ganancias
para comenzar de inmediato la limpieza de los ríos, arroyos
y campos, y a responder por otras numerosas violaciones de los
derechos humanos cometidas antes y después del incidente
de Saro-Wiwa, que tuvo lugar en 1995.
Otra fase
de la campaña legal contra Shell se desarrolla en la sede
de la compañía en la Haya, Países Bajos,
donde la empresa se enfrenta a un juicio iniciado por residentes
del Delta del Níger con apoyo de Amigos de la Tierra Países
Bajos y Amigos de la Tierra Nigeria, por reiterados derrames de
petróleo.
“El claro
mensaje para Shell es que no importa cuán lejos esté
su casa matriz, el largo brazo de la justicia llegará hasta
allí. El sometimiento de personas inocentes y de su medio
ambiente nunca pasará inadvertido y alguien deberá
rendir cuentas por ello. Shell ha logrado escurrir el bulto hasta
ahora, pero es seguro que pronto le llegará el turno de
sentarse en el banquillo de los acusados,” agregó Bassey.
El
coordinador de Oilwatch International, Keania Karikpo, considera
que la afirmación de Shell, según la cual aceptó
un acuerdo extrajudicial por compasión, “es un grave insulto
capaz de caldear los ánimos en un territorio Ogoni donde
la gente comienza a disfrutar de paz gracias a la ausencia de
la empresa. Su postura demuestra que esta compañía
es incorregible”.
Comunicado
de prensa de ERA, 9 de junio de 2009, www.oilwatch.org.
Perú el genocidio silencioso de los últimos
indígenas no contactados
El
Gobierno de Perú no solo es responsable de la abierta
represión hacia los pueblos Amazónicos llevada
a cabo en estos días, sin también por el genocidio
silencioso de los últimos grupos de indígenas
no contactados que aún viven en aislamiento voluntario
en sus territorios ancestrales.
Como
se documenta en un informe reciente de Survival International,
uno de estos casos está sucediendo con los pueblos indígenas
que habitan a lo largo del Río Envira en el departamento
peruano de Ucayali. Madereros ilegales han estado invadiendo
el territorio que pertenece a los pueblos indígenas aislados
del sudeste de Perú, forzando a los indígenas
a huir a través de la frontera con Brasil, donde podrían
entrar en conflicto con otros pueblos, también aislados,
que ya vivían en Brasil.
Los
madereros buscan principalmente caoba y cedro. Perú tiene
una de las últimas reservas de caoba comercialmente viables
del mundo. Según José Carlos Meirelles, jefe del
puesto de vigilancia de la FUNAI (Fundación Nacional
del Indio, organismo del gobierno de Brasil) para la zona:
“[Ha habido una] migración forzada de grupos autónomos
en Perú, provocada por la exploración maderera
en la cabecera de los ríos Jurúa, Purús
y Envira”.
A
pesar de las pruebas, el Gobierno peruano se ha negado a aceptar
públicamente que los indígenas aislados están
huyendo a Brasil desde Perú. Su presidente, Alan García,
incluso ha llegado a sugerir que dichos grupos no existen.
Otro
caso es el de los indígenas Napo-Tigre en el Departamento
de Loreto. Empresas multinacionales petrolíferas trabajan
en el interior de los territories de al menos dos pueblos indígenas
aislados que viven entre los ríos Napo y Tigre, al norte
de Perú.
Una
de ellas, Perenco (petrolera anglo-francesa) manifestó
recientemente su intención de enviar a cientos de trabajadores
a la región. Según dicha empresa, ya se perforó
un pozo petrolífero.
La
zona en la que trabaja Perenco está en el medio de un
área propuesta como reserva para los indígenas.
Las organizaciones indígenas de Perú se oponen
a la presencia de esta empresa en la región y ya han
presentado varias demandas contra ella.
No
está clara la identidad de estos pueblos indígenas
aislados, pero se cree que uno de ellos es un subgrupo de los
waorani y al otro se le conoce como “pananujuri”. Perenco niega
que exista algún pueblo indígena en la zona.
El
presidente de Perenco, Francois Perrodo, se reunió recientemente
con Alan García, presidente de Perú. Unos días
más tarde se aprobó una ley que declaró
el trabajo de Perenco en la región como de “necesidad
e interés nacional”.
Otras
empresas que trabajan en la zona de Napo-Tigre son Repsol-YPF,
ConocoPhillips, Ecopetrol (la empresa petrolífera estatal
colombiana) y Petrobras (la empresa petrolífera estatal
brasileña).
Los
pueblos indígenas aislados se enfrentan a dos amenazas
principales que ponen en juego su supervivencia. La mayor es,
por lejos, su falta de inmunidad ante enfermedades occidentales
tan comunes como la gripe, la varicela, el sarampión
y diversas afecciones del sistema respiratorio. Incluso cuando
el “primer contacto” entre un pueblo indígena aislado
y foráneos se produce con sumo cuidado, es frecuente
que un número significativo de los indígenas muera
en los meses sucesivos a dicho contacto.
Si
el primer contacto tiene lugar sin medidas preventivas ni planes
de atención médica, la totalidad del pueblo indígena
o al menos una gran parte de sus miembros puede morir. Esta
situación catastrófica se ha producido repetidamente
en la Amazonia y no sólo en un pasado lejano. Por ejemplo,
en 1996 al menos la mitad de los indígenas murunahua
murió después de haber sido contactados por madereros
ilegales de caoba. La otra gran amenaza es la violencia. En
muchos de los casos descritos en este informe, los miembros
de pueblos indígenas se enfrentan a bandas de madereros
fuertemente armados y dispuestos a dispararles sólo con
verles.
Al
negarse a reconocer la existencia de estos grupos y al permitir
–e incluso promover- la entrada de los madereros y las compañías
petroleras en sus territorios, el gobierno de Perú es
culpable de genocidio.
Artículo
basado en información del informe de Survival International
“Un año después. Los Pueblos Indígenas
no contactados se enfrentan a la extinción”, 29 de mayo
de 2009, disponible en http://assets.survival-international.org/documents/16/un_ano_despues.pdf
índice
COMUNIDADES
Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
India: Las plantaciones de jatrofa destruyen los
medios de vida de las comunidades locales pobres
Los planes
para establecer plantaciones de jatrofa destinada a la producción
de biodiésel se basan en la supuesta disponibilidad de
tierras “estériles y degradadas” en el país. En
el gobierno existe la creencia de que hay vastas superficies dentro
de los bosques que son tierras yermas -incluidos los bosques degradados,
las pasturas y praderas y los bosques ralos- y que podrían
ser usados para plantar jatrofa.
Las comunidades
locales e indígenas cuestionan el criterio de tierras estériles
y degradadas. Por ejemplo, muchos ecosistemas áridos y
semiáridos han sido clasificados como “estériles
y degradados”, a pesar de que dichas áreas a menudo están
habitadas y son utilizadas por las comunidades que, por su parte,
no las consideran estériles ni degradadas. Cuando estas
tierras son clasificadas como tales, quedan expuestas a las plantaciones
de jatrofa o a otros supuestos “mejoramientos de la tierra” a
los cuales se opone fuertemente la comunidad afectada.
Para lograr
sus ambiciosos objetivos de plantaciones de jatrofa, gobiernos
estatales como el de Chhattisgarh, prácticamente dieron
carta blanca a la Corporación para el Desarrollo Forestal
(CDF) y al departamento forestal (DF) y les dejaron la vía
libre para llevar a cabo sus planes. Tanto los funcionarios de
la CDF como los del DF comenzaron a plantar indiscriminadamente
árboles jóvenes de jatrofa en cualquier terreno
–fuera boscoso, no boscoso o en disputa– al que pudieron echar
mano, a menudo por la fuerza, provocando graves violaciones de
los derechos de las vulnerables comunidades forestales, tribales
y los Dalits [los “intocables” del sistema de castas], y afectando
severamente su derecho al sustento.
Durante la
segunda mitad de 2007, cientos de familias tribales que vivieron
por generaciones en los bosques de Chhattisgarh fueron desplazadas
de sus tierras cultivables por el departamento forestal, y se
plantó jatrofa en sus tierras por la fuerza. “Hubo incidentes
de plantación forzada de jatrofa por parte del departamento
forestal en por lo menos cinco distritos: Kawardha, Bilaspur,
Korba, Kanker y Rajnandgaon,” declaró Pravin Patel, de
Tribal Welfare Society.
Los Baiga
son un grupo indígena que habita en las regiones boscosas
de Chhattisgarh y Madhya Pradesh. Estas tribus viven en extrema
pobreza; cultivan algunos alimentos básicos como la calabaza
kodu, algo de lentejas y arroz cuando tienen acceso a tierras
cultivables. Muchos de ellos se dedican a trabajos manuales y
cuidan ganado.
Como lo describió
Budhu Ram, de Baridih, en el distrito de Bilaspur, “los funcionarios
forestales locales, normalmente los guardias forestales y sus
ayudantes, acompañados por el Sarpanch (jefe del panchayat
de la aldea), vienen con un gran rebaño de ganado que corre
enloquecido sobre sus cultivos, pisoteándolos y destruyéndolos
por completo. Luego esa tierra agrícola se planta por la
fuerza con jatrofa”.
Esto es precisamente
lo que sucedió en la aldea de Baridih, en Baigatola, el
7 de agosto de 2007, cuando un rebaño de 400 cabezas de
ganado fue arreado hacia los campos de los Baigas, destruyendo
los cultivos de kodu plantados en junio. Luego, en toda la zona
se plantaron árboles jóvenes de jatrofa. Los Baigas
opusieron resistencia, arrancaron los árboles y presentaron
una demanda ante la policía local. Pero los Baigas, Bhils
y Dalits de otras aldeas no tuvieron tanta suerte. Los aldeanos
que protestaron en Belgahona, Konochara, Mithtu Nawagaon y Kekradihi
fueron golpeados por los guardabosques y arrestados por la policía.
En el proceso, más de 150 familias perdieron las tierras
de cultivo que eran su único medio de subsistencia.
La historia
se repite en los bosques de los distritos de Kanker y Bastar.
Según Ratneshwar Nath, de Parivartan, una ONG que trabaja
entre las tribus de los distritos de Kanker y Bastar, al menos
355 familias de 27 aldeas fueron afectadas y desplazadas por la
plantación forzada de jatrofa en sus tierras. “Más
de mil setecientos acres de tierra que las tribus cultivaron por
generaciones fueron arrebatados para plantar jatrofa”, dijo Ratneshwar.
Las visitas
de campo y los informes de los medios indican que la plantación
forzada de jatrofa en tierras tribales y de Dalits, en tierras
comunitarias y en praderas, está aumentando en los demás
distritos de Raipur, Dhamtari, Kabirdham, Durg, Rajnandgaon, Korba,
Sarguja y Jashpur.
¡Y todo
para alimentar autos!
Artículo
basado en un informe aún no publicado, elaborado por Soupama
Lahiri para Amigos de la Tierra Internacional. Por más
información sírvase comunicarse con el autor del
informe: lahiri2006@gmail.com.
indice
Uganda:
La expansión de la plantación de palma aceitera
de BIDCO pondrá en mayor riesgo los medios de vida de las
comunidades locales
BIDCO, el
mayor fabricante de aceites vegetales, grasas, margarina, jabones
y concentrados de proteínas de África central y
oriental, es también el de más rápido crecimiento
y está invirtiendo en una multimillonaria plantación
de palma aceitera en las islas Bugala, en Kalangala. La compañía
cuenta con socios inversores como Archer Daniels Midlands of America,
el grupo Wilmar de Malasia y Josovina de Singapur. En el marco
del proyecto ugandés denominado Vegetable Oil Development
Project (VODP), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
(FIDA) y el Banco Mundial le otorgaron un préstamo de $10
millones para financiar las plantaciones y la infraestructura
necesaria, mientras el gobierno contribuirá con $12 millones
en forma de tierras, electricidad y caminería, y BIDCO
invertirá $120 millones (ver Boletín N° 100
del WRM).
El proyecto
tenía como objetivo cultivar 10.000 ha de palma en la isla
de Bugala. Hasta ahora se ha plantado casi toda la superficie
proyectada. Del área total del proyecto, 6.500 ha fueron
plantadas por la empresa madre y 3.500 por pequeños propietarios
subcontratados.
Según
los proponentes del proyecto, el mismo fue diseñado para
mejorar los medios de vida del pueblo de Uganda y de Kalangala
en particular, sobre todo las condiciones de nutrición
de los sectores pobres, y para reducir los costos que implica
para el país la importación de aceites vegetales.
Hasta la fecha,
Oil Palm Uganda Limited (filial de BIDCO) ha cortado más
de 6.500 ha de bosques y praderas reemplazándolas en su
mayor parte con palmas que estarán listas para ser procesadas
este año.
Sin embargo,
el proyecto de palma aceitera no ha logrado los objetivos prometidos
por el gobierno y la empresa. Según un informe recientemente
realizado por el Foro de ONG del Distrito de Kalangala (KADINGO),
la gente del lugar se está enfrentando a graves impactos
negativos.
El establecimiento
de las plantaciones ha tenido un fuerte impacto ambiental, comenzando
por la deforestación y el agotamiento del agua; y las poblaciones
locales ya no pueden conseguir una gran cantidad de productos
y servicios del bosque que desaparecieron como resultado de la
plantación. Sin embargo, el impacto más serio al
que se enfrentan las comunidades es la apropiación de su
tierra por las empresas de plantación. En el distrito de
Kalangala, los lugareños no son formalmente propietarios
de la tierra. Las empresas reciben concesiones o títulos
de propiedad sobre dichas tierras, así como el apoyo del
gobierno para reprimir cualquier oposición que pudieran
enfrentar por parte de las comunidades locales.
Han surgido
altercados entre BIDCO y la comunidad por definir quién
es el propietario de la tierra. Algunos vecinos no pueden decir
con certeza qué sucederá mañana, simplemente
porque la tierra en la que están establecidos está
siendo reclamada por BIDCO.
Sumado a ello, muchas comunidades han sido desplazadas de las
zonas donde cultivaban y pastoreaban, por lo cual algunos de sus
miembros se han visto forzados a vender sus animales. Si bien
se dijo que algunas personas sin tierra de Bwendero, Buguzi y
Mulabana recibieron facilidades para adquirir tierras para reubicarse,
las comunidades desplazadas de Buswa y Mugela no habrían
recibido compensación alguna por sus pérdidas, o
bien la indemnización recibida fue absolutamente insuficiente.
La entrega
de tierras públicas afectó a las comunidades locales
que siempre vivieron allí y dependieron de ellas para su
sustento. Además, el boom del mercado de tierras en la
isla atrajo a mucha gente de dinero en busca de tierras privadas
para comprar. La mayoría de los pobladores locales e indígenas
que vivieron allí por años vieron sus tierras cercadas
o fueron expulsados.
Como consecuencia,
las comunidades que vivían tanto en tierras públicas
como privadas perdieron sus medios de vida. Incluso quienes no
han sido afectados directamente están preocupados por su
futuro y no pueden hacer inversiones a largo plazo en la tierra.
En la aldea Mugoye, más de 100 personas viven actualmente
en un enclave rodeado de plantaciones de palma aceitera. La población
local está preocupada por lo que sucederá si los
“propietarios” de la tierra deciden venderla a los dueños
del Proyecto o dedicarla al cultivo de palma aceitera en régimen
de subcontratación.
La tierra
y los recursos naturales, como los bosques, siempre fueron una
red de seguridad para las víctimas de cambios sociales,
desplazamientos, desempleo, oportunidades perdidas en las zonas
urbanas, etc. Su pérdida aumentó la vulnerabilidad
de las comunidades frente a esos cambios sobre los cuales no tienen
control alguno.
Además,
existen muchos conflictos entre las comunidades y el Proyecto,
que surgen en la medida que se les niega el acceso a:
- el uso de
la red vial del proyecto para el movimiento o transporte de ganado;
- las fuentes de agua ubicadas en el área del proyecto
que antes eran usadas por las comunidades; algunas fueron destruidas
durante el desmonte de la tierra para actividades del proyecto,
especialmente los pozos de Kibaale;
- las tierras de pastoreo dentro del área del proyecto;
los animales que “entran en propiedad privada” son confiscados,
y se debe pagar una multa exorbitante de 50.000 chelines ugandeses
por animal, o correr el riesgo de que los carneen y consuman gratis;
esto desalienta la cría de ganado en la mayoría
de las áreas del proyecto.
Un problema
particularmente grave surgió con la toma de control de
las areneras por parte del proyecto, con lo cual las comunidades
locales e indígenas dejaron de tener acceso a materiales
de construcción, como fue el caso de Bukuzzindu. La zona
brindaba un servicio comunitario ya que ahí se podía
obtener arena para la construcción, pero cuando el proyecto
asumió el control, le negó a los indígenas
y a los lugareños la posibilidad de acceder a este material
vital. El área fue utilizada para establecer plantaciones
de palma aceitera y la infraestructura necesaria para el alojamiento
de los principales funcionarios y trabajadores de la empresa.
La negativa de BIDCO a liberar el área está creando
fricciones entre la compañía y la comunidad, a tal
punto que la gente ha reaccionado cavando cunetas de arena al
borde de los caminos para provocar accidentes a los vehículos
de BIDCO.
En el afán
de la empresa por obtener más tierras para plantaciones
¡hasta el patio de recreo de los niños de la comunidad
de Kasenyi – Bamungi fue convertido en plantación de palma
aceitera!
Dado que BIDCO
planea establecer 30.000 ha más de palma aceitera en el
territorio continental, es importante informar a las comunidades
locales que habitan las zonas objetivo de las plantaciones acerca
de los impactos negativos de las 10.000 ha ya plantadas en las
islas. La expansión propuesta no sólo no mejorará
sino que empeorará el nivel de vida de la gente, y las
comunidades de las islas Buggala de Kalangala, que ya han sufrido
estos impactos, pueden proporcionar evidencias más que
suficientes sobre el tema.
Artículo
basado en información extraída de: “A study to identify
key issues for engagement about the oil palm project in Ssese
islands Kalangala district: A case study of Buggala and Bunyama
island in Kalangala district”, enviado por David Mwayafu – funcionario
del programa Uganda Coalition for Sustainable Development (UCSD),
P.O. Box 27551 Kampala, Tel: 256 414, 269 461, correo electrónico:
ugandacoalition@infocom.co.ug,
sitio web: www.ugandacoalition.or.ug.
El informe completo está disponible en: Kalangala District
NGO Forum, correo electrónico: Kalangalango@yahoo.com.
indice
Uruguay:
Historias eucalípticas y celulósicas de Ence, Arauco
y Stora Enso
Los monocultivos de árboles siguen avanzando sobre las
praderas uruguayas y hoy ocupan cerca de un millón de hectáreas
de tierras antes dedicadas a la producción de alimentos.
En varias oportunidades hemos hecho referencia a los impactos
de estos monocultivos sobre el ambiente y su gente y en el boletín
Nº 139 incluíamos testimonios recientes de productores
rurales familiares del departamento de Paysandú (ver http://www.wrm.org.uy/boletin/139/Uruguay.html
).
A los impactos
sociales y ambientales de tales monocultivos se suma la creciente
apropiación de tierras por parte de grandes empresas. Al
día de hoy, 4 empresas extranjeras son propietarias de
casi 600.000 hectáreas de tierras -Stora Enso (Suecia-Finlandia),
Arauco (Chile), Weyerhaeuser (USA) y Botnia (Finlandia)- constituyéndose
en los más grandes terratenientes del país.
Recientemente
ocurrió un hecho inédito, que muestra el accionar
de estas empresas: la venta por parte de la española Ence
de la casi la totalidad de sus activos en Uruguay, como forma
de enfrentar sus graves problemas financieros en España.
Hasta ese momento, Ence era una de las principales propietarias
de tierras en el país, con un total de 160.000 hectáreas
y tenía un proyecto de instalación de fábrica
de celulosa ya aprobado por el gobierno. Sus plantaciones habían
sido subsidiadas, se le había exonerado de impuestos, había
recibido una zona franca para instalar su fábrica, pero
decidió irse y se fue, embolsando todos los beneficios
recibidos a través de la venta de sus tierras y plantaciones.
Los activos
de Ence fueron adquiridos por un consorcio integrado por dos empresas
que hasta entonces eran propietarias –en conjunto- de un total
de 110.000 hectáreas: la sueco-finlandesa Stora Enso y
la chilena Arauco. A partir de esta venta –decidida y negociada
entre tres empresas extranjeras- surgió, de un día
al otro, el mayor latifundio en la historia del país: 253.000
hectáreas en manos de un consorcio extranjero.
El objetivo
declarado del consorcio Arauco/Stora Enso es la instalación
de una gigantesca fábrica de celulosa a ser alimentada
con plantaciones de eucaliptos. Éste sería el mayor
megaproyecto celulósico del mundo, puesto que implicaría
la instalación de una fábrica capaz de producir
1,5 millones de toneladas de celulosa, cuando la fábrica
más grande existente hasta ahora es de 1 millón
de toneladas. Dadas esas dimensiones, cualquier accidente, error
humano o desperfecto sería catastrófico y el nivel
de emisiones, por pequeñas que fueran, implicaría
una acumulación de impactos también de grandes dimensiones.
El historial
de estas empresas no hace presagiar nada bueno. Ambas empresas
son responsables de graves impactos sociales y ambientales en
los países donde se han instalado y como ejemplos geográficamente
cercanos a nuestro país podemos citar los casos de Stora
Enso en Brasil (Veracel) y de Arauco en Chile (CELCO) y Argentina
(Alto Paraná).
La instalación
de Stora Enso en el estado de Bahía, Brasil implicó
la expansión de los monocultivos de eucalipto en la zona,
resultando en una serie de graves impactos sociales y ambientales.
Según los indígenas Pataxó que habitan en
el área, la empresa se apropió de tierras con falsos
títulos de propiedad, taló la vegetación
nativa, envenenó y envenena fuentes de agua con los agrotóxicos
aplicados causando la mortandad de animales y peces. A su vez
los campesinos afirman que la empresa solo ha promovido la concentración
de tierras, el monocultivo y la expulsión de la gente de
campo.
Los impactos
de la empresa han sido documentados en forma detallada en un informe
de la organización local CEPEDES (2008), cuyo título
es más que ilustrativo: “Uma História de ilegalidade,
descaso e Ganância! Violaçoes Socioambientais promovidas
pela Veracel Celulose, priopriedade da Stora Enso e Aracruz Celulose”.
(ver informe completo en: http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/CEPEDES_2008.pdf
)
En el caso
de la empresa chilena Arauco, sus actividades en la provincia
de Misiones (Argentina), también han significado una serie
de impactos sociales y ambientales, tanto por su fábrica
de celulosa -la mayor de la provincia- como por sus plantaciones
de pinos. Los testimonios locales coinciden en denunciar fuertes
dolores de cabeza, alergias y enfermedades respiratorias como
algo muy común en el pueblo, ubicado a unos pocos kilómetros
de la fábrica. Cuentan que hay días (y en particular
noches) en que no se puede ni respirar y el olor se vuelve insoportable.
También hacen referencia a los bajos sueldos que se pagan
en la fábrica y al sistema represivo que impera en la misma.
En Chile,
la empresa cuenta también con un sinnúmero de denuncias
por parte de comunidades locales, principalmente del pueblo mapuche,
que ha sido reprimido y ha visto su territorio usurpado a manos
de la empresa. Arauco fue además la responsable de una
gravísima contaminación en la región de Valdivia
que afectó al santuario del Río Cruces, sitio Ramsar
y hábitat de los cisnes de cuello negro. El Río
Cruces era el lugar de anidación más importante
en Sudamérica para los cisnes de cuello negro y la fuente
de ingresos por turismo más importante para la población
local. Lo que comenzó con denuncias de la comunidad afectada
por los olores nauseabundos arrastrados por el viento, terminó
con la muerte masiva de los cisnes de cuello negro y los consiguientes
impactos económicos vinculados al turismo en la zona.
A pesar de
sus impactos ya constatados y documentados en Chile y Brasil,
estas empresas seguramente afirmarán que en Uruguay su
fábrica no va a contaminar y que sus plantaciones no tienen,
no han tenido y no tendrán impactos. Quien quiera creer
historias ... que las crea. Pero que sepa que no son más
que historias.
indice
ArborGen
intenta legalizar eucaliptos transgénicos en EE.UU. Brasil
no se queda atrás
“El
eucalipto es el perfecto árbol neoliberal porque crece
rápido, mata todo lo que está a su alrededor y
genera grandes ganancias para muy poca gente”. —Jaime Avilés,
La Jornada, México
ArborGen, líder
internacional en investigación y desarrollo de árboles
genéticamente modificados (transgénicos), está
avanzando rápidamente con sus planes de comercializar
“sus” árboles transgénicos tanto en los EE.UU.
como en Brasil. Esta empresa, con sede en Carolina del Sur,
Estados Unidos, ha recibido la aprobación preliminar
del gobierno de dicho país para autorizar la plantación
de más de un cuarto millón de eucaliptos transgénicos,
tolerantes al frío, con bajo contenido de lignina y que
dan flores, en siete estados del sudeste de los EE.UU. Sin duda
éste es un importante paso hacia la autorización
no reglamentada de las plantaciones a gran escala de eucaliptos
transgénicos. ArborGen ya inició el proceso de
solicitar al gobierno la autorización para comercializar
las plantaciones de eucaliptos transgénicos en 2010.
En Brasil, ArborGen declaró que planea comercializar
eucaliptos transgénicos a partir de 2012 pero, dado el
estado de la tecnología en los EE.UU., esto podría
suceder aun antes.
Las plantaciones
de eucaliptos transgénicos serían utilizadas para
pulpa de papel, para los llamados combustibles celulósicos
de “segunda generación” para transporte, o para la producción
de electricidad a partir de madera. Estas plantaciones de eucaliptos
transgénicos tolerantes al frío plantean una amenaza
sin precedentes para los bosques, no sólo de los EE.UU.
sino del mundo entero. El rasgo de tolerancia al frío
permitirá el desarrollo de plantaciones de eucaliptos
transgénicos en zonas geográficas más amplias
que los territorios donde hoy logran crecer. Así como
los eucaliptos convencionales han sido un desastre ambiental
y social para los bosques y las comunidades dependientes de
ellos en las regiones donde hoy crecen, los eucaliptos transgénicos
tolerantes al frío amenazarán a comunidades y
bosques de regiones mucho más extensas.
En el sudeste
de los EE.UU., uno de cada cinco acres forestados está
cubierto por monocultivos de pinos, pero los fríos inviernos
de la zona han hecho imposible el crecimiento de los eucaliptos.
Estas plantaciones de pinos podrían ser reemplazadas
pronto por eucaliptos, lo cual generaría impactos significativos.
Por ejemplo, los eucaliptos utilizan 2 veces y media más
agua que los pinos y tienen raíces mucho más profundas,
lo cual pondrá en peligro las reservas de agua subterránea
de una región que ya está sufriendo sequías
extremas en muchas zonas.
Las grandes
plantaciones de eucaliptos no transgénicos han agotado
la disponibilidad de agua dulce para las comunidades, los bosques
y otros ecosistemas. En el distrito chileno de Lumaco, por ejemplo,
algunas comunidades indígenas mapuche están completamente
rodeadas de plantaciones de eucaliptos. Si bien antes tenían
acceso al agua dulce todo el año, ahora deben traer agua
en camiones porque las plantaciones agotaron las reservas locales.
Además, los productos químicos utilizados en las
plantaciones de eucaliptos contaminaron el agua subterránea,
con lo cual aumentó la incidencia de enfermedades en
las comunidades mapuche.
Las plantaciones
de eucaliptos son también más inflamables que
las de pinos. En la primavera de 2007, los incendios que duraron
semanas arrasaron los bosques y las plantaciones de pinos de
Georgia y Florida. Si se hubiese tratado de plantaciones de
eucaliptos, el fuego habría sido mucho peor. Un ejemplo
dramático del peligro que representan los incendios de
eucaliptos se vio en Australia a comienzos de este año.
Incendios arrasadores, exacerbados por la sequía, avanzaron
a 100 kilómetros por hora, devastando la flora y fauna
y cobrándose la vida de 173 personas.
Los eucaliptos,
altamente invasores, también producen un compuesto que
inhibe el crecimiento de otras plantas, permitiendo la formación
de monocultivos cuando se escapan de las plantaciones. Según
el Introduced Species Summary Project de la Universidad de Columbia,
“La pérdida de biodiversidad y de hábitats es
una gran amenaza por parte de […] los eucaliptos. Esta especie
prácticamente crea monocultivos y puede apropiarse rápidamente
de zonas aledañas compatibles, cambiando completamente
el ecosistema.”
El Eucalyptus
grandis, una de las especies utilizadas en el híbrido
de eucalipto transgénico, es también conocido
por albergar al Cryptococcus gattii, un hongo patógeno
mortal. Este hongo puede causar una meningitis fúngica
letal en personas y animales que inhalen sus esporas. Antes
se le encontraba sólo en los trópicos, pero recientemente
se halló en Columbia Británica, Canadá
y el noroeste de los EE.UU.
Además
de estos efectos peligrosos, la legalización de los eucaliptos
transgénicos abriría la puerta a la liberación
comercial de otros árboles transgénicos, entre
ellos especies con parientes silvestres nativos, como los álamos
y los pinos, que, inevitable e irreversiblemente, contaminarían
los bosques nativos con rasgos transgénicos. Esto tendría
consecuencias devastadoras para los ecosistemas forestales,
la fauna y flora silvestres y las comunidades que dependen del
bosque. Una vez que los árboles transgénicos escapan,
ya no hay forma de frenarlos. La única manera de impedir
la contaminación genética de los bosques nativos
es prohibir la liberación comercial de los árboles
transgénicos antes de que sea demasiado tarde.
La campaña
STOP GE Trees se está movilizando para combatir esta
amenaza. Estamos reuniendo expertos en ingeniería genética,
protección forestal, fauna y flora silvestres, suelos,
agua y eucaliptos para llevar a cabo una campaña para
detener los planes de ArborGen. Si conoce expertos que puedan
ayudar, por favor ¡contáctenos!
¡Necesitamos
su ayuda! Esta será una larga batalla... ArborGen tiene
en juego millones de dólares en ganancias, y pondrá
en marcha todo su aparato de Relaciones Públicas. Por
favor ayúdenos a detener estas mortíferas plantaciones
de eucaliptos transgénicos.
Si desea recibir
actualizaciones sobre esta situación e involucrarse en
la lucha para detener a los eucaliptos GM, envíenos un
mensaje a info@globaljusticeecology.org
o visite nuestro sitio web: http://www.nogetrees.org.
Por Anne Petermann,
Global Justice Ecology Project, correo electrónico: globalecology@gmavt.net
indice
PALABRAS
Y NO HECHOS EN LAS CONVERSACIONES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
El
enorme abismo entre la ciencia climática y las negociaciones
sobre el clima
La distancia
que existe entre la ciencia climática y las negociaciones
sobre el clima quedó dramáticamente ilustrada
en la reunión sobre el clima de la ONU que tuvo lugar
en Bonn a comienzos de este mes. Mientras los científicos
nos dicen que necesitamos grandes reducciones en las emisiones
de gases de efecto invernadero, los gobiernos establecen objetivos
de reducción tan bajos que casi garantizan un cambio
climático descontrolado.
En un evento
paralelo organizado por el Instituto de Potsdam para la Investigación
del Impacto Climático, los científicos realizaron
una serie de presentaciones bajo el título: “Las emisiones
y el objetivo de quedar por debajo de 2°C – ¿lo lograrán
las propuestas actuales?”. Katje Frieler, del Instituto de Potsdam,
señaló que más de 100 países exigen
un objetivo que limite el calentamiento global a 2°C o menos.
“¿Cuánto hace falta reducir las emisiones para
alcanzar ese objetivo?”, preguntó. Los gráficos
que mostró daban miedo. Si las emisiones siguieran como
hasta ahora, el aumento de la temperatura oscilaría entre
los 3°C y los 8°C para 2100. Pero la cifra importante
fue 1 billón de toneladas de CO2. Esa es la cantidad
total de emisiones que podemos producir entre 2000 y 2050 para
que la posibilidad de exceder los 2°C no pase del 25 por
ciento. La mala noticia es que ya emitimos un tercio de esa
cifra en los últimos nueve años.
Joeri Rogelj
mostró que la situación era aún peor. Observó
los objetivos de reducción de las emisiones que los países
están fijando actualmente y concluyó que, si cumplen
con dichas metas, es “prácticamente seguro que excederemos
los 2°C”, con concentraciones medias de CO2 de más
de 700 partes por millón para 2100.
Bill Hare,
del Instituto de Potsdam y de Climate Analytics, resumió
las implicaciones de los hallazgos que fueron publicados en
la revista Nature el 30 de abril de 2009. Según dijo,
“Entre 2009 y 2050 podemos quemar menos de un cuarto de las
reservas de combustible fósil disponible y económicamente
recuperable”.
Como señaló
George Monbiot, “La prueba del compromiso de todos los gobiernos
para detener la crisis climática es ésta: si están
dispuestos a imponer un límite al uso de las reservas
[de combustibles fósiles] ya descubiertas y una moratoria
permanente a la prospección de nuevas reservas, bien.
Si no lo están, todo es pura palabrería.”
La urgencia
que revelaban las presentaciones del Instituto de Potsdam no
se vio reflejada en las negociaciones de Bonn. Ninguna de las
delegaciones gubernamentales presentes habló de imponer
límite alguno al uso de combustibles fósiles.
El Grupo de Trabajo ad hoc sobre la acción cooperativa
a largo plazo de la Convención (AWGLCA) terminó
presentando un borrador de negociación de 200 páginas,
o sea casi cuatro veces más largo que el borrador redactado
antes de la reunión. El Grupo de Trabajo ad hoc del Protocolo
de Kyoto no logró alcanzar ningún acuerdo sobre
objetivos de reducción de las emisiones más allá
de 2012. En otras palabras, pura palabrería.
Además
de detener la extracción y quema de combustibles fósiles,
debemos también detener la deforestación. Pero
en Bonn no hubo grandes progresos en las discusiones acerca
de reducir las emisiones por deforestación y degradación
forestal (REDD). En una sesión plenaria informal, Michael
Zammit Cutajar, presidente del AWGLCA, habló largo y
tendido sobre paréntesis y corchetes. Habló de
“la falta de perfección de los corchetes” y de algo que
él llamo “paréntesis mentales”.
En una reunión
del AWGLCA sobre REDD que tuvo lugar durante la segunda semana
de conversaciones, la impresión dominante fue que alguien
había soñado con REDD la noche anterior, después
de uno o dos vasos de cerveza. Durante 90 minutos, los delegados
charlaron sobre REDD como si nunca antes hubiesen tocado el
tema. Otras discusiones del AWGLCA fueron diabólicamente
complejas, referentes a temas como REDD plus; REDD y NAMA; REDD
y LULUCF; REDD y MRV; REDD y el CDB; REDD y la DNUDPI; REDD
y el comercio de carbono; REDD y las compensaciones; y REDD
y la contabilidad del carbono. Lo que todo esto significa no
tiene importancia alguna, ya que no se llegó prácticamente
a ningún acuerdo.
Pero mientras
las negociaciones oficiales sobre REDD se ahogan en una sopa
de acrónimos, organizaciones como The Nature Conservancy
(TNC) avanzan a todo vapor con sus propias versiones de REDD.
Durante un evento paralelo en Bonn, Sarene Marshall de TNC describió
el Programa Piloto REDD de Berau, que cubre un área de
2,2 millones de hectáreas en Kalimantán oriental.
De dicha superficie se talarían 780.000 hectáreas.
Como nos lo aseguró la presentación de Marshall,
se trataría de una “tala certificada de bajo impacto”.
Luego, el proyecto “vendería 'créditos' por reducciones
a compradores voluntarios del mercado de carbono.”
Aquí
tenemos dos problemas serios. En primer lugar, la tala producirá
grandes cantidades de emisiones. Comparar estas emisiones con
lo que podría haber pasado con una tala más destructiva
es fraudulento. Un nuevo informe de Global Witness, “Intereses
Creados – la tala industrial y el carbono en las selvas tropicales,”
documenta cómo la tala de bajo impacto “mata entre 5
y 10 árboles no previstos por cada árbol objetivo
que se tala, y libera entre 10 y 80 toneladas de carbono por
hectárea.” Además, la explotación también
vuelve a los bosques más vulnerables a una mayor deforestación
y a los incendios. “Durante los eventos del Niño a fines
de los años 90, el 60% de los bosques explotados de Borneo
se convirtieron en humo, contra el 6% del bosque primario,”
señala Global Witness.
El segundo
problema es que necesitamos reducir las emisiones por la quema
de combustible fósil tanto como detener la deforestación,
especialmente la tala a escala industrial de bosques primarios.
No podemos compensar una cosa con la otra. “En la práctica,
la compensación de emisiones de carbono está teniendo
un efecto desastroso sobre las posibilidades de evitar un catastrófico
cambio climático,” escribe Amigos de la Tierra en un
nuevo informe sobre el sistema de compensaciones. “Las compensaciones
no deben ser ampliadas en Copenhague. Los nuevos mecanismos
de compensación propuestos no deben incluirse en las
negociaciones y hay que eliminar los mecanismos de compensación
existentes.”
La diapositiva
más extraordinaria de la presentación de Sarene
Marshall sobre el proyecto de Berau se titulaba “REDD Berau
- Estructura de la Fase 1” y resumía las transferencias
de dinero. Una flecha con tres símbolos de dólar
va desde “Proveedores de Fondos” hasta “Concesiones Madereras”.
Se creará un fondo de fideicomiso y una unidad de dirección
de proyecto. Bajo las palabras “Actividades REDD” hay tres recuadros
llamados: “Concesiones Madereras”, “Palma Aceitera” y “Bosques
de Protección”. Por debajo está la palabra “Compensaciones”.
Un recuadro incluye las palabras “Gobierno Local, Gobierno Nacional,
Sociedad Civil, etc.” y otros dos dicen “Gobierno” y “Comunidades”.
Ninguno de éstos parece tener intervención alguna
en la supervisión de los flujos de dinero, ni en mucha
otra cosa. La diapositiva de Marshall muestra la infraestructura
política y financiera que establecerá TNC, una
ONG con sede en los EE.UU. que, a mi entender, no ha sido elegida
para gobernar esta zona de Kalimantán. Esto no es democracia,
es carbocracia.
Por Chris Lang,
http://chrislang.org/
Global Witness,
“Vested interests - Industrial logging and carbon in tropical
forests”. http://bit.ly/F7al4
Friends of the Earth/Amigos de la Tierra, “Offsetting: A dangerous
distraction”. http://bit.ly/3cgNy
indice
GenderCC
exhorta a que realmente se detenga la deforestación en lugar
de promover la compensación de carbono
Las negociaciones
sobre el Clima que tuvieron lugar en Bonn en junio de 2009 fueron
el escenario de un nuevo empuje para incluir la preservación
de los bosques en las negociaciones sobre el cambio climático.
Por un lado,
hay propuestas controvertidas que apoyan con entusiasmo el pago
de incentivos económicos para proteger los bosques. Por
otro lado, argumentos sólidos alertan sobre el peligro
de establecer mecanismos basados en el mercado que podrían
permitir que todo continúe incambiado, en lugar de detener
realmente la deforestación, una importante causa de las
emisiones de carbono.
GenderCC,
la red global de mujeres y activistas en torno a temas de género,
ha estado muy involucrada en el proceso de las negociaciones de
las Naciones Unidas sobre el cambio climático (UNFCCC).
En Bonn, el grupo lanzó una declaración donde subraya
que el apoyo de las negociaciones sobre el cambio climático
de las Naciones Unidas a “la protección y restauración
de los bosques y de los ecosistemas que los sostienen” debería
abarcar varias dimensiones, incluida la de los derechos humanos.
Esto significa
que cualquier medida relativa a la protección de los bosques
debe respetar y fortalecer “todos los derechos de las comunidades
indígenas y habitantes de los bosques quienes hasta ahora
los han conservado, con especial apoyo a los sistemas de conocimiento
y derechos tradicionales de las mujeres”. Los custodios tradicionales
deben figurar “en el centro de la toma de decisiones y la planificación,
desde la base hasta los niveles más altos”.
Consecuente
con las normas sobre los derechos humanos está también
la necesidad de preservar y restaurar los bosques por “el valor
de su biodiversidad y por ser el medio de subsistencia de sus
pobladores y de quienes dependen de ellos”, dado que los bosques
son el hogar y el medio de vida de unos 300 millones de personas
del mundo entero.
Existe el
peligro de que las propuestas y los proyectos para reducir las
emisiones derivadas de la deforestación y la degradación
(RED/D, por su sigla en inglés) se transformen en mecanismos
basados en el mercado que permitan compensar las emisiones de
carbono: “Algunos de los mecanismos REDD propuestos y la iniciativa
biochar relacionada permitirían la permanencia de economías
y tecnologías de alta intensidad de carbono al darles la
posibilidad de compensar sus emisiones. El ‘ahorro’ proyectado
por REDD favorecería la existencia y la expansión
de dichas economías, que podrían incluso compensar
sus emisiones realizando plantaciones industriales de árboles.
Esto no es aceptable”, declaró GenderCC, que también
advirtió que “Las plantaciones se disfrazan de bosques
en los mecanismos REDD y otros ‘mecanismos de desarrollo limpio’
(MDL), acceden a las protecciones legales de los bosques y ya
están generando violaciones masivas de los derechos humanos
y daños a los ecosistemas, incluso agravando el cambio
climático.”
La declaración
del grupo puso en evidencia el peligro que implicaría “la
transferencia de grandes sumas de dinero a través de los
mecanismos REDD” al provocar cambios rápidos en los modelos
culturales, de consumo y producción de las sociedades tradicionales.
En una economía monetaria “las mujeres serían las
más excluidas, perderían sus derechos ancestrales
como mujeres indígenas, sus medios de vida se verían
comprometidos y se alterarían sus sistemas de conocimiento”.
Como sostiene enérgicamente GenderCC: “El asunto es reducir
las emisiones”. Las compensaciones y los mecanismos de comercio
de carbono no serían más que una forma de esquivar
el problema.
(La declaración
completa está disponible en http://www.gendercc.net/policy/conferences/road-to-copenhagen.html.)
