Brasil:
ley permite avance del agronegocio en la Amazonía
El
9 de julio de 2008 el Senado brasileño aprobó una
disposición del Poder Ejecutivo denominada “medida
provisoria”, sujeta a la aprobación posterior del Poder
Legislativo. La disposición ha sido duramente cuestionada
por ambientalistas y diversos sectores políticos y sociales
de Brasil, incluida la ex ministra de Medio Ambiente y ahora senadora,
Marina Silva.
En
las décadas de 1970 y 1980, los gobiernos dictatoriales de
la época brindaron incentivos para la ocupación de
la Amazonía, beneficiando a grandes latifundistas que se
consolidaron en la región y se apropiaron ilegalmente de
tierras públicas. Esa situación generó conflictos
con las poblaciones tradicionales de la zona.
Ahora,
en una tercera tentativa, el presidente Luiz Inácio
Lula da Silva promulgó el pasado mes de junio la “medida
provisoria” devenida en ley (Proyecto de Ley de Conversión
09 (PLV)), que había sido aprobada por la Cámara de
Diputados y posteriormente la de Senadores. Con ello se regulariza
la situación de los ocupantes de más de 67 millones
de hectáreas de tierras estatales en la Amazonía Legal
– que comprende un total de 508,8 millones de hectáreas
en los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima y Tocantins y parte de Maranhão.
Hasta
ahora la concesión de tierras públicas –del
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria- a particulares,
para uso rural y sin exigencias como la licitación, estaba
limitada a unidades de 500 hectáreas. La medida legal amplía
ese límite a 1.500 hectáreas. Esto implica que la
regularización dejará un 72% de las tierras bajo el
control de apenas un 7% de ocupantes, quienes podrán explotarlas
en agricultura y ganadería y pasados tres años podrán
ponerlas en venta.
Las
denuncias apuntan a que la medida no distingue entre los ocupantes
campesinos, generalmente familias que se han establecido para trabajar
la tierra (“posseiros”) y los especuladores –
tanto quienes tratan de conseguir la mayor cantidad de parcelas
para luego revenderlas a mayor valor, como quienes se han adueñado
de la tierra por medio de la violencia, generalmente grandes terratenientes
(“grileiros”) que crean una verdadera mafia y fraguan
documentos y títulos de propiedad en zonas signadas por los
conflictos y la deforestación.
Para
Marina Silva, la medida “va a significar un proceso de privatización
de tierras, de legalización de áreas de las que se
han apropiado ilegalmente [Grilagem: Escrituración y apropiación
ilegal de tierras] y con graves perjuicios para el Plan de Combate
a la Deforestación de la Amazonía”.
Ariovaldo
Umbelino, Profesor de Geografía Agraria de la Universidad
de São Paulo explica: “Otra parte de esta ingeniosa
operación para legalizar la apropiación de tierras
del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria
(INCRA) en la Amazonía Legal, fue el aprovechamiento del
aumento de la deforestación en aquella región para
realizar el nuevo registro de los inmuebles. Éste va a permitir
que los “grileiros” que todavía no tenían
registradas las tierras públicas de las que se apropiaron
hasta diciembre de 2004, pudiesen ahora hacerlo, y así habilitarse
para ‘comprar’ las tierras de las que se apropiaron
sin licitación. Además, la noticia en el sitio web
del INCRA sobre el nuevo registro, de forma absurda ya reconoce
a los “grileiros” como “posseiros”: ‘Los
dueños o “posseiros” de áreas mayores
a cuatro módulos fiscales [...] tendrán que llevar
al Incra, entre el 3 de marzo y el 2 de abril, documentos que comprueben
la titularidad o posesión pacífica de la tierra, plantas
y memorias descriptivas con la correcta ubicación geográfica
de los inmuebles rurales’ (http://www.incra.gov.br). Es preciso
aclarar que los predios de las familias campesinas en la Amazonía
ocupan menos de 100 hectáreas y que los cambios previstos
en la nueva legislación sirven para regularizar las apropiaciones
de tierras públicas que corruptos funcionarios del INCRA
‘vendieron’ ilegalmente al agrobandolerismo.”
(1)
Según
Nilo D’Ávila, de Greenpeace, “La tendencia es
que las mayores y mejores propiedades queden en manos de especuladores
inmobiliarios y de personas que no viven de esta tierra. La puerta
de especulación inmobiliaria de tierras en la Amazonía
está totalmente abierta. Y el resultado de la suma de esas
acciones que el gobierno está provocando va a ser igual a
deforestación”.(2)
Vale
la pena señalar que la presión de las organizaciones
sociales y ambientales logró cierta mejora a la medida original.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva introdujo un veto
al artículo 7 de la disposición, que permitía
la transferencia de tierras a personas jurídicas o individuos
que no habitaran en la región y administraran sus terrenos
mediante testaferros. No obstante, las críticas apuntan a
que puede no resultar significativo en la medida que los especuladores
no suelen actuar como personas jurídicas.
La
reforma agraria, que trabajosamente la movilización popular
logró introducir en la constitución, está siendo
“bloqueada”, según palabras del coordinador del
Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), Joao Stedile. Denunció
que "tierras que deberían ser utilizadas para la reforma
agraria, se están destinando a empresas extranjeras para
la producción de eucaliptus, soja, ganado y agrocombustibles".
(3)
Según
datos del MST “En 1992, había poco más de 19
mil latifundistas con más de 2 mil hectáreas, que
en conjunto sumaban 121 millones de hectáreas. En 2003, el
número de esas propiedades aumentó a 32 mil (casi
duplicó), y el área total suma 132 millones de hectáreas.
En 11 años, 12 millones de hectáreas fueron apropiadas
por el latifundio”. (4)
Son
momentos en que se está produciendo un peligroso proceso
mundial de apropiación de tierras por parte del agronegocio,
en respuesta a las crisis financiera y alimentaria. Gobiernos y
empresas se han lanzado a la búsqueda de tierras agrícolas
en Asia y África, pero también están llegando
a América Latina. China y Arabia Saudita están interesadas
en adquirir tierras agrícolas en Brasil. Según el
INCRA hay cuatro millones de hectáreas brasileñas
registradas a nombre de extranjeros y más de la mitad se
encuentra en la Amazonía.
Por
el momento la fiscal general de la república interpuso ante
el Supremo Tribunal Federal del Brasil un recurso de inconstitucionalidad
contra la nueva ley de regularización de las tierras invadidas
en la región amazónica, por considerar que es violatoria
del artículo 188 de la Constitución que dispone que
“el destino de tierras públicas y fiscales será
compatibilizado con la política agrícola y con el
plan nacional de reforma agraria”. Y más, afirma también
en su artículo 191 que “aquel que, no siendo propietario
de inmueble rural o urbano, posea como suyo, por cinco años
ininterrumpidos, sin oposición, área de tierra, en
zona rural, no superior a cincuenta hectáreas, volviéndola
productiva mediante su trabajo o el de su familia, teniendo en ella
su vivienda, adquirirá su propiedad.
No
todo está dicho. La resistencia continúa.
(1)
“A farra da legalização da grilagem”,
03/04/2008, Ariovaldo Umbelino, http://www.mst.org.br/
mst/pagina.php?cd=5162
(2) “MP da Grilagem beneficia poucos posseiros com muita terra
na Amazônia”, 06/07/2009, Brasil de fato, http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia
/nacional/mp-da-grilagem-beneficia-poucos-
posseiros-com-muita-terra-na-amazonia/
(3) “MST denuncia que está “bloqueada”
la Reforma Agraria en Brasil”, AMARC-ALC, http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13954
(4) “MST evalúa Reforma Agraria en el país y
critica al agro negocio”, 14/04/09, Adital, http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38204
