Se
reúne red contra monocultivos de árboles en América
Latina
El
1º de agosto de este año, miembros de la Red Latinoamericana
contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA) se reunieron
en la localidad de Villa Serrana, Uruguay, para analizar las razones
de la alarmante expansión de los monocultivos de árboles
destinados a la producción de carbón, celulosa y
madera, y agrocombustibles (agrodiesel y etanol derivado de madera),
principalmente con destino a exportación.
Representantes
provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay,
Perú y Uruguay intercambiaron información y experiencias
acerca de los distintos casos de plantaciones: eucaliptos, pinos,
palma aceitera, teca, melina.
Un
elemento común a todos ellos es el proceso creciente de
apropiación de territorios por parte de las empresas forestales
y palmicultoras, provocando una concentración de tierras
que afecta directamente los derechos y el buen vivir de las comunidades
locales, como se registra en la declaración final del encuentro
(ver la declaración completa en: http://www.wrm.org.uy/plantaciones/RECOMA/declaracion_08_09.html).
En el caso de Chile, que ha resultado “el modelo”
para la expansión de la forestación en la región,
hay dos millones y medio de hectáreas plantadas con pino
y eucaliptos para celulosa, concentradas en unas pocas regiones.
La expansión continúa; en los últimos 5 años
la producción de celulosa se duplicó, con la introducción
de fábricas que producen más de 1 millón
de toneladas anuales – el 98% para el mercado internacional.
La
expansión sigue dándose gracias al apoyo gubernamental,
si bien ha cambiado el formato. Los subsidios y exenciones impositivas
otorgados a las empresas se focalizan ahora en pequeños
campesinos e indígenas, buscando cooptarlos con créditos
de "enlace", donde se adelanta el dinero para establecer
la plantación.
En
Perú, un decreto llamado Ley de la Selva, que estuvo en
la base del reciente levantamiento indígena, pretende establecer
las inversiones privadas en miles de hectáreas de la selva
amazónica. Con el argumento de que se promueve la “reforestación”
de zonas “deforestadas”, la ofensiva permitiría
introducir plantaciones de árboles en gran escala en tierras
que forman parte del modelo agrícola tradicional de tala
y quema empleado por campesinos e indígenas.
En
la sierra peruana las plantaciones se promueven dentro de los
planes de cierre de minas, mientras que las plantaciones de palma
avanzan en la zona de la selva desplazando comunidades de pequeños
campesinos. También en la zona de la costa hay 18 proyectos
de plantaciones forestales.
En
Colombia las plantaciones de pinos, eucaliptos y palma aceitera
abarcan 600.000 hectáreas. En el caso de la palma aceitera,
el auge de los agrocombustibles ha incidido fuertemente y se habla
de establecer 3 millones de hectáreas de plantaciones.
Siguiendo
el modelo chileno, la expansión ha contado con apoyo estatal
bajo la forma de subsidios y la exoneración de distintos
tipos de impuestos.
En
este momento las políticas están profundizando la
mercantilización del patrimonio natural (selvas, agua,
fauna, etc), impulsando estrategias de certificación de
plantaciones, desmontando el sistema de controles del Ministerio
de Ambiente.
En
Ecuador, las plantaciones de árboles se establecieron en
zonas de bosque y páramos, en tierras de comunidades que
fueron inducidas y engañadas a firmar contratos de 20 años
por los cuales le dan al Estado el derecho a intervenir y quedan
expuestas a la aplicación de sanciones.
En
Nicaragua se inicia el cultivo de palma africana en la costa atlántica,
simultáneamente a una deforestación feroz que afecta
la Reserva de Bosawuas. Está en ciernes un programa de
reforestación e infraestructura vial en el occidente del
país, con cultivo de teca y melina.
En
México se proyecta 1 millón de hectáreas
de plantaciones de palma africana. La promoción está
ocurriendo a un ritmo acelerado y desorganizado, con el argumento
de que no se está deforestando sino ocupando tierras degradadas.
La Unión Europea ha sido un actor importante en la expansión
de palma en torno a la Selva Lacandona, con el argumento de que
es para evitar que los indígenas deforesten.
Detrás
de la expansión de las plantaciones de árboles en
Brasil están los sectores papelero-celulósico y
siderúrgico. En 2003, el plan forestal del gobierno plantea
un crecimiento de 6 millones de hectáreas anuales. Finalmente
el crecimiento se dio principalmente en los Estados de Rio Grande
do Sul, Paraná, Pará y Bahia; también en
Espirito Santo y Minas Gerais, si bien allí no fue tan
fuerte.
La
expansión en Brasil se dio en una primera etapa básicamente
sobre tierras tradicionales de indígenas, afrodescendientes
y campesinos. En la última etapa las plantaciones avanzaron
sobre zonas que serían para reforma agraria, o en tierras
de pequeños campesinos a través de contratos de
alquiler.
En
Uruguay, la ley de promoción de plantaciones estableció
beneficios que permitieron llegar al millón de hectáreas
forestadas, de las cuales más de 600.000 están en
manos de tan solo 4 empresas extranjeras - Stora Enso (Suecia-Finlandia),
Arauco (Chile), Weyerhaeuser (USA) y Botnia (Finlandia). Un consorcio
formado por Stora Enso y Arauco posee 253.000 hectáreas,
el mayor latifundio en la historia del Uruguay.
La
certificación del FSC fue un factor importante para la
consolidación y legitimación del modelo, debilitando
la oposición. La certificación está presente
en todas las plantaciones y constituye un proceso meramente burocrático.
Como
expresa la declaración de la RECOMA, “el proceso
de expansión de las plantaciones de árboles se está
consolidando y expandiendo aún más de la mano de
las falsas soluciones al cambio climático tales como los
agrocombustibles y los mal llamados sumideros de carbono, que
son nuevas fuentes de negocios para las empresas transnacionales”.
“Las
comunidades, movimientos y organizaciones sociales que resisten
y denuncian este avance desenfrenado de los monocultivos están
sufriendo persecución, hostigamiento, criminalización
y despojo de sus medios de sustento”.
La
RECOMA afirma que asume “como parte de nuestra lucha la
defensa de la soberanía alimentaria, por la tierra y los
territorios, la defensa del bosque, la biodiversidad y el agua”.
