México:
resistencia a minera Blackfire terminó en asesinato
El 41% del total del territorio
de la región de la Sierra Madre de Chiapas – 227.000
km2, equivalente a la mitad de todo el territorio de Centroamérica –
fue entregado a empresas nacionales y extranjeras en forma de
concesiones mineras. Empresas mineras canadienses, estadounidenses
y australianas, extraen de allí
oro y plata, con la anuencia y protección de los gobiernos
y el auspicio del TLC.
Las empresas mineras se han
extendido sobre el territorio nacional, invadiendo tierras
ejidales y comunales, subordinando poderes locales y estatales,
y violando cotidianamente derechos de comunidades indígenas
o campesinas, o regulaciones de terrenos nacionales, áreas
naturales protegidas o áreas de contenido y tradición
ceremonial y de patrimonio cultural del país. Las consecuencias
ambientales, sociales y culturales de la minería a cielo
abierto son enormes. La destrucción de los cerros trae
consigo el deterioro del paisaje de las majestuosas serranías
y de las cuencas de los principales ríos de la región.
La alta toxicidad de la minería
metálica proviene no de los metales sino de los métodos
con que se extraen (ver Boletín Nº 71 del WRM).
En primer lugar, los miles de kilogramos diarios de dinamita
utilizados para demoler montañas, se esparcen en polvo
con nitrato de amoníaco y diesel. A eso se suma la filtración
y el escurrimiento natural de los depósitos de miles
de metros cúbicos de agua con cianuro de sodio (utilizado
para la lixiviación de los metales) que contamina ríos
y mantos acuíferos, traduciéndose en casos de
muerte y enfermedades como cáncer o leucemia.
Ante la escalada de la explotación
minera y sus impactos ambientales crece también la resistencia.
Es así que en junio de 2008 se dieron cita cientos de
personas integrantes de organizaciones sociales, indígenas,
campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos,
de educación, de comunicación, de estudiantes,
académicos, provenientes de 12 estados del país,
y dieron origen a la Red Mexicana Antiminera (REMA).
La REMA denuncia lo que deja
la minería: remoción de millones de toneladas
de suelo y rocas con maquinaria pesada, contaminación
de manantiales, ríos y cuencas con químicos,
destrucción de sembradíos, desplazamiento de
pueblos. Cuando se va, sólo deja su rastro de destrucción:
enormes tiraderos de desechos y residuos, tierras estériles,
aguas contaminadas, enfermedad y desolación.
La militarización
de la región, que se incrementó en el marco del
llamado “Plan Mérida” –
técnicamente un proyecto de seguridad por el que Estados
Unidos libera millones de dólares en equipo, tecnología
computarizada y entrenamiento a México y los países
de Centroamérica y el Caribe para combatir el narcotráfico
y el crimen organizado – representa una ventaja para las
empresas mineras. La fuerte presencia del ejército
y policías federales y estatales encapuchados y fuertemente
armados que cierran caminos y carreteras con retenes donde bajan
a las personas de los vehículos para someterlas a interrogatorio,
le proporciona una custodia que les asegura la apropiación
del territorio y el control de la resistencia. Existe un permanente
control social de los vecinos para averiguar quiénes integran
alguna organización.
En ese contexto, la minera canadiense Blackfire, con 10 concesiones
para la explotación de barita a cielo abierto, oro y antimonio
en la región, fue objeto de fuertes protestas de habitantes
del ejido Grecia, acusada de contaminar y despojarlos ilegalmente
de tierras. Varios integrantes de la REMA, entre ellos Mariano
Abarca Roblero, mantuvieron un plantón en la cabecera
municipal de la empresa y luego otro frente a la embajada de
Canadá en la ciudad de México, reclamando
el retiro de la trasnacional del municipio de Chiapas. Posteriormente,
Mariano Abarca fue objeto de amenazas, hasta que finalmente,
el pasado 27 de noviembre, fue asesinado por un presunto matón
a sueldo.
La REMA responsabiliza de
este crimen al gobernador, por no haber actuado en tiempo y
forma para evitar el crimen, y a “Blackfire, a su Director
General Artemio Ávila Cervera, a su Gerente de Relaciones
Públicas Luis Antonio Flores Villatoro, y al gobierno
del Estado de los acontecimientos de violencia contra los luchadores
que defienden el agua, la tierra, el territorio y el medio
ambiente”.
Y termina exigiendo, además
de justicia inmediata y castigo a los responsables materiales
e intelectuales del crimen, el retiro inmediato de la empresa
canadiense Blackfire y sus concesiones mineras en Chiapas.
“¡Fuera Canadá y
sus trasnacionales de Chiapas y México!”, es la
consigna.
Información basada
en: Nace la Red Mexicana de Afectados por la Minería
(REMA) http://www.otrosmundoschiapas.org/analisis/REMAI.pdf;
Asesinaron a Mariano Abarca Roblero, líder opositor
contra la minera canadiense Blackfire en Chiapas, http://rema.codigosur.net/
Boletín
Nº; 149 del WRM, diciembre de 2009
