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Boletín del WRM
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NUESTRA OPINION El mito de que las plantaciones ayudan a proteger los bosques "Las plantaciones forestales colaboran a aliviar la presión sobre los bosques naturales, con lo que están contribuyendo a frenar la deforestación". Las palabras pueden variar algo según el forestal o la compañía plantadora de que se trate, pero este concepto es repetido una y otra vez para convencer a la opinión pública de que las plantaciones son buenas y deberían ser apoyadas y promovidas aún más si lo que se desea es salvar los bosques del mundo de su desaparición. Esta aseveración puede ser cierta en algunos casos, en especial donde las comunidades locales han plantado árboles para satisfacer sus propias necesidades; sin embargo, resulta completamente falso si se trata de las plantaciones de especies de rápido crecimiento a gran escala. A medida que este tipo de plantaciones se está expandiendo rápidamente a nivel global, las tasas de deforestación continúan sin disminuir o incluso crecen. Si echamos un vistazo a los países más "exitosos" en materia de plantaciones (Chile, Brasil, Indonesia, Sudáfrica), encontraremos que la forestación mediante plantaciones incrementa la deforestación en forma directa o –en el mejor de los casos- no juega absolutamente ningún papel en lo que respecta a la conservación de los bosques. Grupos ambientalistas chilenos acaban de publicar el libro "La tragedia del bosque chileno", donde se documenta la destrucción de los bosques nativos. Considerando que Chile es uno de los países líderes en plantaciones forestales (cuenta con una superficie de dos millones de hectáreas de monocultivos de exóticas) debería –según lo que afirman los forestales y las compañías plantadoras- haber prevenido la destrucción de los mismos. Desgraciadamente ha sucedido lo contrario y se ha demostrado que en muchos casos esos bosques nativos han sido sustituidos por plantaciones, siendo éstas por lo tanto una causa directa de la deforestación. En otros casos, extensas áreas de bosque han sido cortadas, convertidas en chips y el producto fletado con destino a las fábricas de pulpa del Japón, pese a la abundante oferta de madera de plantaciones disponible y utilizable con ese fin. Lo mismo puede decirse de Brasil y de Indonesia, que cuentan con enormes superficies boscosas a la vez que millones de hectáreas de plantaciones, y en los cuales la deforestación no deja de aumentar. En ambos países, el madereo y los incendios forestales son frecuentemente utilizados para eliminar los bosques con el fin de sustituirlos por plantaciones industriales. Asimismo en Sudáfrica, con sus más de dos millones de hectáreas de eucaliptos y pinos plantados en zonas no boscosas, continúan degradándose los escasos remanentes de bosque nativo. Un ejemplo muy específico y actual es el de la compañía Smurfit en Venezuela (ver artículo en este número del boletín). Dicha empresa ha plantado miles de hectáreas de eucaliptos, pinos y gmelinas para alimentar su planta de pulpa. Sin embargo, la misma empresa ha sido y es un importante agente de deforestación en la región. En primer término porque parte de sus plantaciones fue establecida a expensas de bosques previamente existentes. En segundo lugar porque, si bien muchas de sus plantaciones han alcanzado la maduración para la corta, Smurfit ha estado abasteciendo a su planta de pulpa con madera proveniente del bosque nativo, que resulta ser una materia prima más barata. Solamente ahora la compañía ha decidido dejar de usar esta madera tropical, pero no como resultado de una especial preocupación por la protección ambiental, tal como se expresa con hermosas palabras en su página web (www.smurfit.ie). En realidad tal decisión fue el resultado de una exitosa lucha de la población local para defender sus bosques, que culminó en enero pasado con el bloqueo de la carretera que lleva a la fábrica y la detención de por los menos doce camiones de la compañía, que transportaban madera proveniente del bosque tropical. En resumen, las plantaciones forestales industriales no constituyen en absoluto una respuesta adecuada para garantizar la sobrevivencia de los bosques del mundo. En muchos casos, por el contrario, son una causa directa de deforestación. Es sabido que para abordar la deforestación y la degradación de los bosques es necesario identificar las causas directas y, en especial, las causas subyacentes que conducen a esos procesos destructivos. En gran medida muchas de esas causas han sido identificadas y se han propuesto soluciones para abordarlas. Pero, para empezar, los gobiernos deberían en todos los casos apoyar en lugar de reprimir –como informamos de un caso sucedido recientemente en Costa Rica- las luchas populares para proteger los bosques, dando de ese modo señales claras de su postura favorable en relación con la conservación de los bosques.
AFRICA Violencia contra activistas en defensa de los bosques El pasado enero la Prof. Wangari Maathai, una de las más notorias ecofeministas y luchadoras por la democracia en Africa, y otros activistas keniatas fueron atacados por matones mientras manifestaban pacíficamente en las afueras de Nairobi contra la privatización del Bosque de Karura. El día 2 de febrero James Orengo, David Mwenje y John Makanga fueron arrestados por la policía. En la víspera el Presidente Moi se había pronunciado a favor de la privatización de dicha zona. Al final del día los tres detenidos fueron conducidos frente al juez, acusándoselos de incitación al desorden, siendo luego liberados tras el pago de una fianza de 100.000 Ksh cada uno. Los mismos debieron comparecer nuevamente ante la corte el día 16 de febrero. Esta no es la primera vez que ecologistas son víctimas de este tipo de abusos en Kenia. En 1993 efectivos de la policía habían irrumpido en la casa de la Sra. Maathai para arrestarla. Kenia viene sufriendo la destrucción de sus bosques en nombre del "desarrollo". El Bosque de Karura ha sido un lugar tradicional del pueblo indígena Mabari ya Kihara, y toda el área es considerada sagrada. Hoy en día se encuentra amenazada por la descontrolada expansión de Nairobi, capital del país, dado que esta área forestal habrá de ser privatizada. Kenia tiene una de las mayores tasas de natalidad el mundo, con un alto nivel de migración urbano-rural. A través de un fax de fecha 2 de febrero, dirigido a organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, la Sra. Maathai –Presidenta del Movimiento Cinturón Verde (Green Belt Movement)- denuncia que "el gobierno se ha convertido en el peor enemigo del ambiente" y afirma que "la batalla por Karura no tiene nada que ver con odio o con cuestiones étnicas. Por el contrario tiene mucho que ver con amor, compasión, preocupación y responsabilidad por salvar la vida en el Planeta". Organizaciones sociales, ambientales y religiosas de todo el país han expresado su oposición al proyecto. El jefe de la Iglesia Anglicana de Kenia Arzobispo David Gitari y su colega católico Raphael Ndingi Mwana a Nzeki, dos de los más importantes líderes religiosos de Kenia, han dicho públicamente que muy pronto conducirán una manifestación de protesta a Karura, a efectos de expresar su desaprobación a la asignación del área a particulares. Los interesados en expresar su preocupación por el destino de los ambientalistas arrestados y su apoyo a la lucha que vienen desarrollando Wangari Maathai y el pueblo de Kenia, pueden dirigirse a la Embajada de Kenia en sus respectivos países y a: Su Excelencia, Sr. Presidente de Kenia Daily Nation fax: (254) 2 21 39 46 Sunday Newspaper fax: (254) 2 21 40 48 People Daily fax: (254) 2 22 33 44 International Press: fax (254) 2 21 07 54 KTN (Broadcasting Line): (254) 2 21 44 67 Fuentes: The Green Belt Movement, 2/2/99; World Civil Society Conference (WOCSOC) 5/2/99; Jubilee 2000 Kenya Campaign, 22/2/99; Gaia Foundation, 24/2/99
AMERICA CENTRAL Reprimen protesta pacífica en Costa Rica De acuerdo con información recibida del Frente Nacional por los Bosques de Costa Rica –una coalición de ONGs sociales y ambientalistas- una manifestación pacífica que se realizó el pasado 19 de febrero en el cruce de la carretera Puerto Jiménez con la Interamericana para llamar la atención al público y a la prensa sobre la grave situación de los bosques de la Península de Osa, fue violentamente reprimida por la guardia rural de la zona. La manifestación reunió a más de cien personas en defensa de los remanentes bosques de la región del Pacífico amenazados por actividades de madereo, estaba organizada por el Frente, junto a comunidades locales de Osa, organizaciones campesinas y el Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales. Algunos medios de prensa registraron de qué forma los guardias atacaron a los manifestantes, en su mayoría mujeres y niños, que distribuían panfletos a los automovilistas. Cuatro personas fueron detenidas y conducidas con rumbo desconocido. Ante este hecho ilegal y violatorio de los Derechos Humanos, los manifestantes decidieron bloquear la carretera hasta que, dos horas más tarde, los detenidos fueron devueltos al grupo. Cecilia Solano, dirigente comunal de Osa, manifestó: "Estamos haciendo uso de nuestro legítimo derecho de manifestarnos para defender los bosques de nuestro país. Los bosques son asunto de todos los habitantes del Planeta, defenderlos es un derecho humano. Cualquier intento de reprimir estas acciones es una clara violación a nuestros derechos humanos". El día 22 de febrero las organizaciones convocantes dirigieron una carta a la Vice-Presidenta de la República y Ministra de Ambiente y Energía, Sra. Elizabeth Odio, expresándole su preocupación por la grave situación e instándola a tomar cartas en el asunto. Las autoridades están tratando de implicar a los organizadores en acciones violentas contra la Guardia Nacional, ocurridas hace algún tiempo en la localidad de Rancho Quemado en Osa. Tanto las comunidades de Osa como el Frente, que comenzaron a actuar en junio de 1998 en vista de la muerte anunciada de los bosques de la zona, rechazan tal acusación y reclaman que el gobierno tome medidas para proteger los bosques húmedos del Pacífico costarricense. Por el contrario su postura es propositiva, habiendo ya presentado una serie de demandas entre las que se destacan: la revisión de todos los planes de manejo aprobados a fin de determinar su verdadero impacto ambiental; el establecimiento de un organismo neutral de contralor forestal; la asignación del presupuesto completo recaudado por el impuesto a los hidrocarburos, para apoyar el Programa de Servicios Ambientales, que permitiría pagar incentivos por conservación del bosque a los pequeños propietarios; la eliminación de los incentivos al "manejo forestal" que permite la tala del 40% del bosque y está destinada a las grandes empresas. La página web http://www.preserveplanet.org ofrece información y fotografías sobre la campaña en pro de los bosques de Osa y sobre el mencionado incidente. Por más información sírvanse contactar a: Luis Diego Marín (preserve@sol.racsa.co.cr ) o María Elena Fournier (yiskicr@sol.racsa.co.cr )
Costa Rica: no todo lo que brilla es oro Teniendo en cuenta los elevados guarismos de sus indicadores de Desarrollo Humano, Costa Rica puede ser considerado un país excepcional en la región centroamericana. Este ha asumido también una posición de liderazgo en los foros ambientales a nivel internacional. En el pasado mes de enero, el Gobierno de Costa Rica ofició de anfitrión del Taller Global sobre Causas Subyacentes de la Deforestación y la Degradación de los Bosques. Sin embargo –como surge del artículo anterior y del presente- no todo lo que brilla . . . Según lo dispuesto por la Ley Forestal 7575/1996 Costa Rica pagará a los dueños de bosques y de plantaciones forestales por sus "servicios ambientales" en cuanto a conservación de la biodiversidad, regulación hídrica, sumideros de carbono, conservación del paisaje, etc. Los costos serán solventados utilizando una tercera parte de los ingresos resultantes de una tasa del 5% aplicada a los combustibles, y de proyectos de Implementación Conjunta, siendo los fondos administrados por FONAFIFO (Fondo Nacional para el Fomento y la Inversión Forestal. No obstante, hasta el presente se ha destinado al pago de servicios ambientales una suma mucho menor que la prevista. El estado ha promovido tradicionalmente la "reforestación" exclusivamente en base a monocultivos utilizando un reducido número de especies -en su mayoría exóticas- fundamentalmente gmelina, teca, pochote (Bombacapsis), pino y ciprés. La tasa de forestación entre 1988 y 1995 alcanzó las 10.547 hectáreas anuales. Al mismo tiempo se han talado extensas áreas de bosque primario, para dar lugar a plantaciones forestales, así como de banana y ananá (piña). Son los monocultivos –no los bosques- los que captan la mayor parte de los fondos manejados por FONAFIFO. ONGs ambientalistas y académicos de Costa Rica están preocupados por la situación. En noviembre de 1998 la Comisión Nacional por la Conservación de la Lapa Verde, integrada por AECO (Asociación Ecologista Costarricense) , denunció la tala de una vasta zona de bosques –incluyendo árboles frutales- en la región norte del país, para ocuparla con monocultivos de gmelina. AECO propone una alternativa, que consiste en la forestación con mezcla de especies. El programa, que está dirigido a pequeños campesinos, será implementado durante este año y recibirá apoyo financiero por servicios ambientales. Fuentes: Javier Baltodano, AECO-Amigos de la Tierra, Costa Rica, Febrero de 1999; Segura, Olman et al. (ed.), Políticas forestales en Centro América: análisis de las restricciones para el desarrollo del sector forestal, IICA-Holanda, El Salvador, 1997.
Continúa la destrucción de los bosques remanentes en El Salvador Durante la década de 1970 la destrucción de los bosques naturales de El Salvador fue acompañada del establecimiento de plantaciones de café bajo cubierta forestal y de algunas plantaciones forestales. Hoy en día el área de las plantaciones de café de sombra, así como la de coníferas y latifoliadas está descendiendo rápidamente como consecuencia de la urbanización. Por su parte los manglares de la costa sur-occidental están siendo destruidos por las camaroneras industriales y las actividades turísticas. La Ley Forestal aprobada en 1973 fracasó en su intención de frenar la deforestación y promover un uso racional del suelo, que tuviera en cuenta la función de los bosques en relación con los recursos hídricos. En los ’90 comenzó a darse una revisión de dicha normativa, que se focalizó en las plantaciones forestales y la agroforestación, lo que no fue una medida efectiva puesto que no había suficiente disponibilidad de tierras para plantaciones y la agroforestación (una actividad más sustentable desde el punto de vista ambiental y social) no fue realmente promovida. El área metropolitana de San Salvador, capital del país, constituye un ejemplo paradigmático de degradación ambiental. El denominado Gran San Salvador incluye varios municipios, como ser Mejicanos, Apopa y Soyapango. Sólo unas pocas áreas forestadas y algunos parques sobreviven en la ciudad. Incluso el área del volcán Quezaltepeque está siendo invadida por una urbanización caótica. Una gran controversia se generó en El Espino, zona boscosa ubicada en los suburbios de San Salvador. El Espino captura más de 16 millones de metros cúbicos de agua que alimentan el acuífero utilizado para proveer a la ciudad. El área es también refugio de especies de aves, algunas de ellas amenazadas de extinción. Compañías cafetaleras, agencias inmobiliarias y las municipales se han disputado la administración de El Espino. Finalmente el área fue dividida y se construyeron varias estructuras para el "desarrollo" de la misma, lo que provocó una severa degradación ambiental. Organizaciones de la sociedad civil llevaron el caso a los tribunales y la Suprema Corte de Justicia ordenó la detención de los trabajos. Sin embargo luego la autoridad reconsideró la medida y otorgó permisos para la continuación de las obras en algunas partes de El Espino, lo que habrá de provocar la destrucción de las remanentes plantaciones de café de sombra. Fuentes: Nestor Martínez (nestormtz@hotmail.com ) basado en información suministrada por Carlos R. Ramirez Sosa; Segura Olman et al. (ed.), Políticas forestales en Centro América: análisis de las restricciones para el desarrollo del sector forestal, IICA-Holanda, El Salvador, 1997.
AMERICA DEL SUR Asesinato de ambientalistas solidarios en Colombia Los cuerpos de los ciudadanos estadounidenses Terence Freitas, de 24 años, Ingrid Washinawatok, de 41, y Lahe'ena'e Gay, de 39, fueron encontrados el pasado jueves 4 de marzo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Los tres activistas habían sido previamente secuestrados por desconocidos. Eran miembros de la organización Pacific Cultural Conservancy International, con sede en Hawaii, y habían sido invitados por los líderes U’wa a visitar sus tierras durante una semana, a efectos de estudiar sus condiciones de vida y prestarles apoyo en el conflicto que tienen desde hace años con empresas petroleras que intentan penetrar en sus territorios. La firma Occidental de Colombia, filial de Occidental Petroleum de Bakersfield, California, ha estado procurando explorar la región con fines de prospección petrolera, lo que ha generado la reacción de sectores académicos y ONGs –incluído el WRM- defendiendo la integridad territorial y cultural de esta nación indígena amenazada por los proyectos petroleros. En 1997 los U’wa ganaron una querella legal contra dicha compañía a la que se le prohibió realizar prospecciones en la zona. En un primer momento el grupo guerrillero FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fue responsabilizado del asesinato. Sin embargo el mismo parecería no corresponder a la zona donde actúan las FARC ni tener las características operativas de la guerrilla. Observadores incluso indican que la guerrilla no tendría nada para ganar con un atentado de este tipo, considerando que actualmente se encuentra en un proceso de conversaciones con el gobierno colombiano para poner fin a un largo conflicto armado, que ya cegó 30.000 vidas. El secuestro previo al asesinato ocurrió en un control carretero de Arauca, zona en la que últimamente grupos paramilitares de derecha han venido desarrollando un campaña de exterminio de sindicalistas, activistas de Derechos Humanos y sospechosos de apoyar a los rebeldes. El vocero internacional de las FARC, Comandante Ariel ha negado la participación de su organización en los asesinatos. En relación con este trágico hecho hemos recibido el siguiente comunicado del Grupo de Trabajo en Defensa de los U’wa, que transcribimos: "Acerca de los Asesinatos de Tres Activistas Americanos en Colombia 'Hoy sentimos que nuestra lucha es contra un espíritu muy grande y fuerte que nos quiere convencer u obligar a recibir una ley contraria a la que Sira (Dios) estableció y escribió en nuestros corazones, aún antes de haber sol y luna. Ante tal pretensión no nos queda otra alternativa que seguir luchando al lado de los espíritus del cielo y de la tierra o desaparecer cuando la irracionalidad del invasor viole lo más sagrado de nuestra ley'. Declaracion U'wa, Agosto 10 de 1998 Estamos afligidos y conmocionados por la noticia tragica del asesinato en Colombia de nuestros tres colegas y activistas compañeros Terence Freitas, Ingrid Washinawatok, y Lahe'ena'e Gay y queremos hacer llegar nuestras sinceras condolencias a sus familias y amigos. Terence Freitas era un amigo querido de todos y un activista dedicado, quien entregó los últimos dos años de su vida al apoyo del pueblo de los U'wa de Colombia, en la defensa de sus derechos y territorios tradicionales, contra la exploración petrolera por parte de Occidental Petroleum. Terry era el coordinador del Grupo de Trabajo en Defensa de los U'wa. Nadie fuera de Colombia ha hecho más que Terry para apoyar esta lucha. Pedimos una investigación completa acerca de las muertes de nuestros tres colegas por el gobierno de los Estados Unidos y observadores de los derechos humanos independientes. Le pedimos al Departamento de Estado que se asegure que cualquier posible participación por parte de los grupos paramilitares sea completamente investigada, y le pedimos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que clarifiquen cualquier involucramiento si lo hay. Los derechos y la tierra ancestral del pueblo U'wa siguen bajo amenaza a causa del proyecto petrolero propuesto. Los U'wa han expresado repetidamente y con condiciones inquebrantables su oposición a este proyecto. La solicitud de Occidental para una licencia de perforar actualmente esta pendiente con el Ministerio Colombiano, y se espera recibir una decisión en cualquier momento. Los lugares de los pozos que están en cuestión caen dentro de un area que los U'wa consideren su tierra ancestral. En varias ocasiones el ano pasado, Terry reportó ser seguido y observado por individuos que se creyó estar asociados con actividad paramilitar. Durante el mismo viaje, Terry fue obligado a firmar una declaración por parte de los militares colombianos el cual esencialmente absolvía a los militares colombianos de cualquier responsabilidad por su seguridad. El lo nterpretó como una táctica de intimidación. Las muertes de nuestros amigos recalca la necesidad de tomar pasos inmediatos para terminar pacíficamente con la creciente violencia en regiones petroleras y contra partidarios de los derechos humanos en Colombia. Reafirmamos la exigencia de los U'wa de que Occidental retire inmediatamente su solicitud para perforar en sus tierras ancestrales y le pedimos a Occidental que tome en cuenta su participación en el ciclo de violencia progresivo en Colombia. El petróleo y la violencia están intrínsecamente vinculados en Colombia. Trece de los catorce batallones militares colombianos implicados en abusos de los derechos humanos por Amnistía Internacional recibieron armas o entrenamiento de los Estados Unidos. El Oleoducto Caño Limón de Occidental ha sido atacado por las guerrillas mas de 500 veces en sus 12 años de existencia. En respuesta a esta táctica guerrillera, el gobierno ha militarizado las zonas de producción petrolera y de oleoductos, persiguiendo poblaciones locales quienes supone el gobierno están ayudando a las guerrillas. El Arauca, zona donde fueron matados nuestros amigos, tiene uno de los índices de más altos registros de abuso de los derechos humanos por parte de las fuerzas paramilitares leales a los gobiernos. Estamos determinados a seguir con el trabajo de Terry, Ingrid and Lahe' en defensa del pueblo U'wa. La muerte de ellos no será en vano. Para mas información acerca de la lucha U'wa, por favor consulte: uwa.moles.org y www.ran.org , www.arcweb.org Miembros del Grupo de Trabajo en Defensa del Pueblo U'wa: Amazon Coalition; Amazon Watch; Action Resource Center; Earth Justice; Legal Defense Fund; EarthWays Foundation; International Law Project for Human Environmental & Economic Defense, Project Underground, Rainforest Action Network, Sol Communications". Fuentes: Grupo de Trabajo en Defensa de los U’wa, 6/3/1999; Andrew Jacobs, "Kidnapped Americans Slain; Colombian Rebels Suspected", The New York Times, 5/3/1999; Patrick J. O'Donoghue, VHeadline.com: Sunday, March 7, 1999 "Colombian FARC denies US citizens' killing despite international and domestic condemnation"
Venezuela: Smurfit es forzada a no continuar deforestando La subsidiaria venezolana de la empresa transnacional fabricante de pulpa, cartón y embalajes Jefferson Smurfit, con sede central en Dublín, se ha visto forzada finalmente a parar las actividades de deforestación en el estado de Portuguesa. Si bien la compañía posee enormes plantaciones de especies de rápido crecimiento (ver Boletín nro. 18 del WRM), ha estado usando en forma intensa madera proveniente de los escasos bosques tropicales remanentes en la zona, tanto de los situados en terrenos propios, como de los que son propiedad de terceros. La razón para esta actividad ilegal -en algunos casos "legalizada"- es sencilla: la materia prima de los bosques es más barata que la de las plantaciones. La decisión de cambiar su política no resultó del compromiso que la compañía manifiesta tener con la protección ambiental, ni de la acción de las agencias gubernamentales encargadas de hacer cumplir la ley. El cambio verificado señala el éxito de una larga lucha llevada adelante por campesinos y ambientalistas a nivel local, con el apoyo de algunos parlamentarios y de organizaciones internacionales, entre ellas el WRM. Luego de años tratando de evitar la deforestación practicada por Smurfit, más de un centenar de campesinos, estudiantes y ambientalistas decidieron finalmente bloquear la carretera mediante la cual los camiones de la compañía transportaban madera del bosque tropical hacia la planta industrial. La acción propició la intervención de la Guardia Nacional, que fue puesta en una situación en la cual no pudo hacer otra cosa que intervenir contra la empresa, por lo menos deteniendo doce camiones que cargaban más de 200 toneladas de madera del bosque tropical. A pesar de los resultados logrados en esta acción, las organizaciones locales han expresado un moderado optimismo en relación con las declaraciones de la compañía de que no usaría más madera tropical en el futuro. Estos sostienen que las mismas fueron formuladas por funcionarios de rango menor dentro de la empresa, y que se encuentran a la espera de más información por parte de ésta y de la Guardia Nacional. Carlos Molina, del Grupo Ambiental Morador, dijo que "por ahora nuestros bosques ya no serán convertidos en cartón corrugado", en tanto Angel Marín –Presidente del Comité Ambiental Ospino- declaró que la Guardia Nacional "simplemente está haciendo lo que ha dejado de hacer durante años, al aplicar la Ley Forestal de Suelos y Aguas. Lo importante es que hubo un gesto de soberanía ante tanta impunidad". Analizando la situación, Marín expresó que "Smurfit es un gran factor de deforestación en una región cuya precaria cobertura boscosa debe preservarse". Subrayó la importancia de la cobertura internacional que este caso ha recibido y atribuye la decisión de la compañía "a la presión internacional, a la movilización social y al trabajo de congresantes y parlamentarios regionales". El Dr. Rafael Gonzalez, abogado del Comité de Tierras de Morador, comentó que "comienza a caer una red organizada de transgresiones ambientales. El costo social de las deforestaciones nunca puede ser compensado por empleos temporales y mal pagados de una actividad que supone destruir la fauna, la flora y los cursos de agua". El Prof. Raúl Lugo, conocido ambientalista de la región, agregó que la cuestión del uso ilegal de tierras agrícolas por parte de Smurfit está todavía pendiente y que "se está organizando un frente nacional para enfrentar la colonización del país con empresas depredadoras que imponen un anti-desarrollo". Fuentes: Grupo Ecológico Morador.- Optimismo por paralización de deforestaciones anunciado por Smurfit. Boletín de Prensa 17/2/99; Ultimas Noticias 27/1/99; El Regional 31/1/99; El Nuevo País 28/1/99
Brasil : preocupación por declaraciones del nuevo Presidente de FUNAI El ex-congresista y Vicegobernador del estado de Mato Grosso Marcio Lacerda es el nuevo presidente de la FUNAI (Fundación Nacional Indígena). Sucede en su puesto a Sullivan Silvestre, quien falleció mientras cumplía funciones el 1ro. de febrero pasado en un accidente de avión. El Sr. Lacerda es uno de los principales proponentes del sistema de hidrovías, que incluye la Hidrovía Tocantins-Araguaia, la cual afectaría negativamente un territorio ocupado por 10.000 indígenas. En sus primeras declaraciones públicas defendió la minería del oro, y la explotación de madera y de la biodiversidad en tierras indígenas. En un informe de fecha 25/2/99 CIMI (Conselho Indigenista Missionario) expresó su preocupación e indignación por los dichos de Lacerda, los que reflejan que su interés no se centra en las culturas y necesidades de los pueblos indígenas, sino en los recursos naturales de sus territorios. Ello es especialmente preocupante teniendo en cuenta que en el Congreso Nacional están por ser discutidos varios proyectos de ley contrarios a los intereses de los indígenas garantizados por la Constitución del Brasil, los cuales ahora pueden recibir un renovado impulso merced al nuevo enfoque de FUNAI. En lo que respecta a las actividades mineras que amenazan los territorios tradicionales indígenas, cabe mencionar que José Lacerda –hermano del nuevo presidente de FUNAI- apoyó en forma entusiasta la invasión del área indígena de Sararé en 1996, acción que resultó en el genocidio del grupo indígena Kithaurlu. En el referido discurso Lacerda condenó lo que él considera propuestas "extremadamente radicales" para defender los derechos de los pueblos indígenas, basadas en la imposición de prohibiciones que no pueden ser instrumentadas. En su opinión, las tierras indígenas deben ser transformadas en áreas productivas. Gran cantidad de ejemplos en Brasil y en el mundo entero contradicen el punto de vista de Lacerda: la apertura de territorios indígenas al "desarrollo" no aporta a éstos ninguna ventaja, ni tampoco al ambiente a nivel local o global. Si el gobierno brasileño estuviera realmente preocupado por el respeto a los Derechos Humanos y por la conservación ambiental, este funcionario debería ser inmediatamente removido de su cargo. Fuentes: CIMI, 25/2/1999; Glenn Switkes, 23/2/1999.
Se lanza en Chile campaña por el Santuario Forestal Gondwana En abril de 1998, activistas y científicos del área forestal de Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Escocia y los EE.UU. se encontraron en Santiago y Pucón, Chile, para lanzar la campaña por el Santuario Forestal Gondwana, cuyo objetivo es "proteger, reconectar y restaurar la vida del Gondwana, creando un santuario internacional de los bosques más australes de la Tierra". Los bosques de la tierra del Gondwana se encuentran en parte de Sudamérica, Australia y Nueva Zelandia. En Sudamérica se ubican en la región sur y central de Chile y en ambos lados de la cordillera andina, desde la Patagonia a Tierra del Fuego en Argentina. Estas regiones albergan la mayor biodiversidad gondwánica, incluyendo especies forestales como el haya austral (Notofagus spp.), el alerce (Fitzroya cupressoides) y la araucaria (Araucaria araucana). En Australia, la isla de Tasmania posee las más extensas florestas gondwánicas, en tanto existen remanentes en tierra firme en los estados de Victoria, Nueva Gales del Sur y Queensland. Estos bosques crecen también en extensas superficies de South Island en Nueva Zelandia, así como en pequeñas porciones de North Island. El Parque Nacional Herquehue, en la Región de los Lagos, en Chile, es una muestra de un hábitat ocupado por vegetación gondwánica. El Santuario Cani constituye un ejemplo, en pequeña escala, de cómo pueden ser conservados y restaurados los cada vez más raros y apreciados bosques australes. Destinadas a ser cortadas en 1990, las 500 hectáreas del Santuario Cani fueron en cambio adquiridas con apoyo de la organización Ancient Forests International. Ello estimuló la constitución de la Fundación Lahuen, que es la primera ONG exclusivamente dedicada a la protección y conservación de los bosques. Actualmente Lahuen administra el santuario y maneja una serie de proyectos vinculados al mismo, entre ellos: un vivero de especies autóctonas en Pichares, proyectos locales de educación donde los escolares crían y plantan árboles nativos, y giras guiadas por el área. Este tipo de proyectos sirven para contrarrestar, al menos parcialmente, el severo proceso de destrucción que está afectando a los bosques del sur de Chile a consecuencia de la tala descontrolada. El primer propósito de la campaña por el Santuario Forestal Gondwana es la protección de los bosques primarios de Tierra del Fuego, que constituyen el ecosistema arbóreo más austral de la Tierra, en territorios chileno y argentino. Estos bosques sub-antárticos están amenazados por el proyecto de explotación maderera de Río Condor a cargo de la compañía estadounidense Trillium. Compuesta por 360.000 hectáreas de ancestrales bosques de lenga de 10.000 años de vida, este bosque boreal es altamente frágil. Esta campaña señala el inicio de un proceso de creación de un sistema internacional de reservas forestales intercontinentales del Gondwana, comenzando por el extremo austral de Sudamérica, en Tierra del Fuego, y que se extenderá hacia el norte y hacia el exterior. Tierra del Fuego ha de servir como modelo para la Campaña del Gondwana, que preparará un plan integral de conservación de los bosques y uso del suelo para esta enorme isla. El mismo tiene como objetivo defender a las comunidades locales de los proyectos industriales en gran escala, como el de Río Condor, y enfrentar las actuales políticas económicas y comerciales insustentables, que promueven la exportación de recursos naturales como mera materia prima. Asimismo se están realizando esfuerzos para crear el "Complejo Transandino de Areas Silvestres", que con sus cinco millones de hectáreas es potencialmente una de las mayores áreas protegidas del mundo, abarcando las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut, y las regiones chilenas de Los Lagos, Valdivia y Patagonia Norte. La campaña se propone también trabajar por un acuerdo ambiental internacional entre los países de bosques templados para poner fin al madereo y otras actividades industriales en los bosques primarios. Dicha campaña realizará asimismo el monitoreo de los impactos sobre los bosques de las políticas económicas y comerciales en el marco de la globalización promovida por los gobiernos del Norte y agencias internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Cooperación Económica del Pacífico Asiático (APEC) y el Tratado de Libre Comercio de la Cumbre de las Américas. Como alternativa se formularán propuestas ambiental y socialmente sustentables. Se invita a l@s interesad@s en recibir más información sobre esta campaña, a contactar: En Chile: Defensores del Bosque Chileno, Adriana Hoffmann/Malú Sierra, e-mail: bosquech@entelchile.net. En Argentina: Finnis Terrae, Graciela Ramacciotti, Telefax: 54 0945 99081 Fuente: Tim Cadman, Native Forest Network, tcadman@nfn.org.au
Bolivia: bosque tropical seco en peligro El próximo 9 de marzo la Junta Directiva de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) habrá de considerar la concesión de un seguro al riesgo político de la construcción de un gasoducto que atravesará a lo largo de 200 kilómetros la selva tropical y por 100 kilómetros un área de humedales prístinos en la Amazonia boliviana. La obra propuesta, que habrá de transportar gas natural, tendrá 630 km de largo, iniciándose en Ipias, Bolivia, donde se bifurcará del gasoducto principal Bolivia-Brasil (todavía en construcción) para luego dirigirse al noreste, hacia San Matías y finalmente a Cuiabá, Brasil. El gasoducto partirá al medio el mayor bosque tropical seco que queda intacto en el mundo. A través de una carta enviada esta semana a OPIC, Amazon Watch, Amigos de la Tierra y World Wildlife Fund recordaron a la agencia que la Ley de Ayuda Externa de los EE.UU. prohibe a OPIC financiar proyectos en bosques tropicales primarios, y solicitan a su junta directiva que niegue el apoyo al cuestionado proyecto. La carta señala asimismo que "la aprobación de dicho Proyecto pondría seriamente en cuestión la promesa, realizada por el Presidente Clinton en ocasión de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997, de que las agencias bilaterales de préstamo aumentarían sus exigencias ambientales, incluyendo la prohibición de apoyar proyectos extractivos y de construcción de infraestructuras en bosques tropicales primarios". Mientras que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del propio proyecto y científicos independientes han clasificado la región como "bosque tropical primario", Enron –su mayor promotor- argumenta que el bosque es "secundario" dado que en algunas áreas se han realizado esporádicas prácticas de madereo. El personal de OPIC aparentemente acepta esta discutible clasificación que Enron hace de la zona, pese a que se contradice con la opinión de reconocidos científicos y con la propia EIA del proyecto. La oposición al proyecto se basa en las siguientes razones: - sus impactos negativos sobre los frágiles ecosistemas de selva tropical primaria y de humedales atravesados por el gasoducto; - la falta de suficiente consulta y de un acuerdo final entre los promotores del proyecto y las poblaciones afectadas en lo que respecta a compensación, mitigación y planes de desarrollo para los pueblos indígenas (el recorrido propuesto atraviesa el área indígena de Santa Teresita); - el incremento en la tala, la caza y la colonización que se dará por la utilización de la ruta de acceso de 30 metros de ancho al gasoducto, situación análoga a la que se está dando en el gasoducto principal Bolivia-Brasil; - lo inadecuado de la EIA realizada, que carece de una evaluación de los ecosistemas y de propuestas de mitigación lo suficientemente efectivas. Fuente: Amazon Watch y Amigos de la Tierra-EE.UU., 3/3/1999.
Argentina: justicia ambiental en acción El Tribunal de la provincia argentina de Río Negro aceptó una demanda presentada por el ciudadano Jorge Ronco contra EDERSA (Empresa de Energía Río Negro S.A.) y DPA (Departamento Provincial de Aguas) por los daños ambientales causados por el proyecto hidroeléctrico llevado a cabo por ambas compañías en la zona de El Bolsón, en la Patagonia. El proyecto, que preveía una inversión de U$S 10 millones, comenzó en 1993, siendo presentado como una oportunidad de desarrollo para la región. No obstante, el mismo ignoró los requerimientos de la Ley 2342/89 y no se realizó ninguna evaluación de impacto ambiental. Fue entonces cuando el Sr. Ronco, habitante de la zona, decidió demandar a los ejecutores. Un grupo de académicos, encabezados por el Prof. Luis Sancholuz del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional Comahue, evaluó los daños provocados por las obras. La Corte sentenció que se había cometido delito ecológico y que el daño ambiental debía ser resarcido. Los márgenes de los ríos y arroyos afectados deberán ser reforestados con especies nativas a efectos de restaurar el ecosistema. Es ésta la primera vez que en Río Negro se lleva a juicio a infractores de la Ley Ambiental, lo que es por cierto una buena señal para el futuro. Fuente: Red de Ecología Social, 28/12/98
ASIA Sarawak (Malasia): pueblos indígenas defienden sus derechos El 12 de enero de este año los Penans de Long Sayan y Long Belok construyeron barricadas en puntos estratégicos de la carretera para evitar que la empresa Lajung Lumber S.Bhd siguiera con la tala de sus bosques comunales, luego de que la misma se rehusara a escuchar sus demandas. En octubre de 1997 Lajung Lumber había firmado un acuerdo con los Penans para hacer cortas en áreas preestablecidas de sus bosques comunales. Sin embargo, la empresa violó los términos y las condiciones estipulados en el acuerdo, intentando talar áreas no comprendidas en el mismo, incluso sin pagar compensación alguna. Tal abuso provocó la reacción de las comunidades indígenas. Como consecuencia de esta acción directa, el día 26 de enero la policía comunicó a los Penans que debían presentarse en Marudi para una reunión con el Gerente General de la compañía. El caso fue presentado ante el Oficial de Distrito, quien dio un veredicto favorable a los Penans, estableciendo que Lajung Lumber debía pagarles una compensación por el volumen de madera cortado desde enero de 1998. Además, todos los vehículos y máquinas de madereo pertenecientes a la compañía debían ser retirados de las zonas ocupadas por bosques comunales, que quedaron fuera del acuerdo mencionado. Por otra parte la autoridad solicitó a la empresa que suministrara a los indígenas los materiales necesarios para construir una nueva casa comunal en Long Sayan. Otra importante acción a señalar fue la realizada por varias familias Iban en Selangau, Distrito Mukau. El día 2 de febrero iniciaron una protesta contra la compañía Ladang Hijau (Sarawak) Sdn.Bhd. por haber invadido sus tierras para establecer plantaciones de palma aceitera. La protesta consistió en pedir a los trabajadores de la empresa que detuvieran su actividad en el área en disputa, colocando una barricada para impedir que se realizaran otros trabajos y desplegando carteles para atraer la atención del público. Previamente a la protesta, los Ibans afectados habían enviado un memorandum-petición al Ministro en Jefe de Sarawak, al Ministro Estatal de Desarrollo Territorial y a su representante en el Congreso (por Tamin), donde establecían claramente sus puntos de vista y preocupación en relación con varios aspectos del esquema de plantaciones en sus territorios tradicionales. Desgraciadamente su pedido parece haber caído en saco roto. Luego de haber agotado todas las vías para hacer llegar sus problemas a los líderes del gobierno y demás autoridades, y dado que no se tomaba medida alguna, los Ibans afectados sintieron que no había otra salida que realizar una acción de protesta directa para poner fin de inmediato al despojo y la destrucción de sus hogares y medios de vida. Asimismo resolvieron iniciar acciones legales con la esperanza de que la Corte prohiba a la compañía ulteriores operaciones. Los monocultivos de palma oleaginosa se están expandiendo en el Sudeste asiático –principalmente en Indonesia y Malasia- a expensas de las tierras de los pueblos indígenas y ocasionando un severo daño ambiental. Fuente: Sahabat Alam Malaysia, e-mail: sam77@tm.net.my
Indonesia: oposición a las plantaciones de palma oleaginosa Indonesia está sufriendo un acelerado proceso de plantación de palma aceitera. Se espera que la actual superficie de 3.200.000 hectáreas aumente a una tasa de 300.000 hectáreas anuales. Dado que estos monocultivos invaden territorios originalmente ocupados por bosques y generalmente habitados por pueblos indígenas y comunidades locales, su expansión consituye un significativo problema ambiental y social. Ya se han denunciado muchos casos de conflictos en relación con el uso del territorio y los recursos naturales (ver Boletines nros. 14 y 15 del WRM). Dicha actividad se encuentra en manos de un poderoso grupo de compañías, que generalmente integran la totalidad del proceso productivo, desde las plantaciones a las fábricas para procesamiento y cocido del aceite, incluyendo la producción de aceite de palma crudo. A través de la enorme expansión que se ha dado en los últimos años, el dominio de este conglomerado se volverá seguramente cada vez mayor. Algunas de las compañías provienen de otros sectores de la economía, en tanto otras -como Musim Mas, Bukit Kapur Reksa y Hasil Karsa- han crecido a partir del propio negocio de la industria de aceite de palma. En la primera etapa de la cadena de producción las compañías más importantes son los grupos Sinar Mas y Salim, con una superficie de 64.010 hectáreas y 49.492 hectáreas plantadas respectivamente. El Grupo Salim, al que fue conferida una concesión por 130.000 hectáreas para ser destinadas a plantaciones de palma en Kalimantan Oriental, es hoy en día el mayor terrateniente del país en ese ramo. Otro pez gordo es Sumalindo Lestari Jaya, que recibió 119.500 hectáreas. En lo que respecta a la industria, el Grupo Musim Mas es el mayor productor de aceite cocido, contando con cuatro fábricas localizadas en Medan, Bekasi y Sidoario, con una capacidad de producción de 877.000 toneladas anuales. Hay también una empresa estatal, que aporta un importante volumen a la industria del aceite de palma: se trata de PTPN IV, con base en Sumatra del Norte. En 1997 su producción alcanzó las 554.899 toneladas. PTTN posee también plantaciones en Kendari, al sudeste de Sulawesi. Actores extranjeros juegan también un importante papel. El 75% de los 650 inversores que están presentando solicitudes para convertir territorios ocupados por bosques en plantaciones de palma son compañías de fuera del país. En diciembre pasado el Ministerio de Investigación y Tecnología y la Asociación Indonesia de Palma Aceitera invitaron a 25 inversores holandeses a participar de un proyecto para instalar ese tipo de plantaciones sobre una superficie de un millón de hectáreas de suelos turbosos en Kalimantan Central. Inversores de Brunei también se están preparando para entrar en Indonesia, con un proyecto de plantaciones e industrialización de palma aceitera, de alrededor de 5,5 mil millones de rupias, y que se localizará sobre 360.000 hectáreas en Kalimantan Oriental. El gobierno no sólo está vendiendo las tierras del país al mejor postor, ignorando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y la sustentabilidad de los ecosistemas, sino que también está participando directamente con inversiones en el sector. En junio de 1998 el Gobierno central suministró a la Oficina de Plantaciones de Kalimantan Oriental la suma de 3 mil millones de rupias, proveniente del Fondo de Reforestación, para plantar con palma aceitera ambos bordes de la carretera Samarinda-Balikpapan. El año pasado el gobierno también destinó 10 mil millones de rupias para el acondicionamiento de 200.000 hectáreas con destino a monocultivos de exportación, entre ellos la palma. Los pueblos indígenas y los moradores locales oponen fuerte resistencia a esta política. En este tipo de conflicto, la gente debe enfrentarse a las compañías, así como también a la administración local y a los militares, que protegen los intereses de los que invaden sus tierras. Algunos de estos proyectos son para plantación de palma aceitera exclusivamente, en tanto otros incluyen actividades de madereo, minería, etc. Un caso paradigmático es el de las áreas aledañas al Parque Nacional Bukit Tiga Puluh en Riau, Sumatra. En la parte norte de la zona de amortiguación del Parque hay un conflicto por la tierra entre pueblos indígenas y compañías plantadoras, mientras que en la parte oriental los nativos han sido trasladados para así dar paso a plantaciones forestales y de palma aceitera, y a la invasión -promovida y organizada desde el Estado- de inmigrantes provenientes de Aceh Norte y Sumatra Occidental. Según una investigación realizada en 1998 por miembros de LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia), ICEL (Centro Indonesio para la Legislación Ambiental) y WWF-Riau, al norte de la zona de amortiguación del Parque los indígenas perdieron sus 3.000 hectáreas de tierra –que contenían árboles de caucho y de ratán y huertos frutales- debido a la tala practicada por las empresas PT. Sumatra Makmur Lestari y PT. Arvena Sepakat. Bajo la protección de las autoridades locales y de las fuerzas armadas, e ignorando los 'hak ulayat' (derechos indígenas a la tierra), las compañías mencionadas realizaron expropiaciones, sin brindar compensación alguna para los damnificados, incluso sin tener el correspondiente permiso para establecer plantaciones de palma aceitera en esa zona. En resumen, las plantaciones de palma oleaginosa en Indonesia constituyen un claro ejemplo de cómo los monocultivos forestales en realidad no protegen los bosques, sino que los destruyen. Y por lo tanto son negativos para la salud de los ecosistemas y para los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales quienes, junto a ONGs ambientales locales, se oponen a que esta actividad continúe. Fuentes: Mustafa Alwy, LATIN, latin@indo.net.id ; Sawit Watch, euron@indo.net.id , bioforum@indo.net.id
Indonesia: acciones populares contra actividades destructivas de una empresa Las selvas de Indonesia sufren periódicamente incendios pavorosos. Entre 1982 y 1983 severos incendios destruyeron 3,5 millones de hectáreas de bosque en Kalimantan. Están todavía frescos en nuestra memoria los enormes fuegos que a fines de 1997 devastaron millones de hectáreas de bosques en ese país, con consecuencias que afectaron a la totalidad del Sudeste asiático. Si bien son presentados como "desastres naturales" o "accidentes" los fuegos son, a decir verdad, consecuencia de la sobreexplotación de la selva por las compañías madereras, acompañada de la actividad de las compañías plantadoras y de la negligencia de las autoridades que tienen por cometido controlarlas. En tanto los incendios forestales significan una pérdida económica para la economía nacional, representan algo mucho más trágico para los pueblos indígenas y las comunidades locales que allí habitan. Un nuevo caso de abuso ha sido ahora denunciado. PT Matrasawit y London Sumatera Indonesia (Lonsum) han talado recientemente bosques en Kalimantan Oriental, Muara Pahu, Jempang y Bongan, sin contar con el permiso del Departamento Forestal. Se sospecha asimismo que dichas empresas están implicadas en casos de incendios registrados en esas zonas. Un portavoz de la policía local de Kalimantan Oriental manifestó que no existe evidencia suficiente como para juzgar a PT Lonsum en relación con los incendios. Por su parte el Departamento Forestal confirmó que la compañía carecía de licencia para instalarse en la zona, así como del permiso para utilizar madera, por lo que el caso había sido derivado a la policía para que realizara una investigación. Sin embargo la policía local informó que allí sólo se está estudiando el caso de los incendios. Según otras fuentes, el Ministerio de Plantaciones y Bosques habría solicitado al Jefe de la Policía Nacional que investigara el referido caso. Frente a las contradicciones existentes entre las autoridades responsables y la tardanza en que se concrete la compensación a los damnificados, los pobladores locales decidieron tomar cartas en el asunto de manera directa, secuestrando los equipamientos de la empresa. También realizaron una manifestación frente a las oficinas del Gobernador y de la administración de Kutai. Fuente: SAWIT WATCH – Campaña contra las Plantaciones de Palma Aceitera en gran Escala en Indonesia. E-mails: bioforum@indo.net.id , euron@indo.net.id
Invitación a Congreso de los Pueblos Indígenas en Indonesia Un grupo de redes de organizaciones de pueblos indígenas y ONGs de Indonesia está organizando el "Congreso de los Pueblos Indígenas del Archipiélago – Un desafió para las posiciones de los Pueblos Indígenas y del Estado", que tendrá lugar entre el 15 y el 22 de marzo próximos en Jakarta, Indonesia. Miembros de ONGs indonesias e internacionales, junto a representantes de organizaciones de pueblos indígenas de la región deliberarán sobre este tema y sentarán las bases de una futura alianza entre agrupaciones de pueblos indígenas. Previo al Congreso se realizará un taller. De acuerdo con la información que hemos recibido, debido a restricciones presupuestales los organizadores no se encuentran en condiciones de cubrir los gastos de los participantes. Sin embargo, se invita a tomar parte a todos aquellos interesados. Por mayor información, sírvanse contactar a: Titi Soentoro, e-mail: euron@indo.net.id
Clientes del Banco ABN Amro protestan contra las actividades de Freeport Durante años organizaciones ambientalistas y de Derechos Humanos han criticado duramente a Freeport –una gigantesca compañía minera, con base en EE.UU.- debido a sus actividades contaminantes durante la extracción de cobre y oro en Irian Jaya (Indonesia) y en Bougainville y Ok Tedi (Papua Nueva Guinea). La empresa se vio también envuelta en casos de violencia en perjuicio de campesinos Ekari, con la complicidad de las autoridades (ver Boletines del WRM nros. 7 y 8). Ahora los clientes holandeses del Banco ABN Amro se han sumado a las protestas mediante la firma de una petición que cuestiona las actividades mineras de Freeport en Indonesia, las cuales son parcialmente financiadas por dicha institución financiera. La organización ambientalista Milieudefensie presentó la petición al Gerente del banco, solicitándole que ABN, que es uno de los 40 financiadores de la operación, ejerza su influencia frente a la compañía estadounidense para que trabaje de una manera "limpia y honesta". El banco reaccionó positivamente y convocó a Freeport para alcanzar un acuerdo con organizaciones ambientalistas y los pueblos indígenas de la provincia indonesia de Irian Jaya, donde se encuentran las minas, con el fin de que se realice un evaluación independiente del impacto de las operaciones de Freeport. Herman Mulder, Director General para préstamos internacional del ABN, manifestó que durante 1999 la empresa llevará adelante un estudio independiente de los impactos ambientales y sociales de sus actividades de explotación minera. Fuente: Dow Jones News Service, 17/12/98.
India: ¿la gente contra la naturaleza, o el Banco Mundial y el gobierno contra la gente? En varios países del mundo se han generado conflictos entre la protección de los parques nacionales y la conservación de la vida silvestre por un lado, y la defensa de los derechos de los pueblos que viven en esas áreas por otro. El modelo hegemónico oficial de conservación tiene una visión de la naturaleza como compuesta por hermosos espacios, pero vacíos. Ignora que el uso sustentable que la mayoría de las comunidades locales hacen en estas zonas es la mejor garantía para la conservación. El problema es especialmente importante en países con una alta densidad de población rural. Además generalmente los mismos gobiernos que crean áreas protegidas, luego las abren de par en par a la minería, las represas, las industrias, el turismo, las carreteras y otros proyectos de "desarrollo". En anteriores ediciones del Boletín hemos abordado esta cuestión (ver Boletín nro. 3 sobre la India, Boletín nro. 8 sobre Tailandia y Boletín nro. 14 sobre Venezuela). Los pueblos indígenas que habitan en el interior y en las márgenes del Parque Nacional Nagarahole, conocido también como Parque Nacional Rajiv Gandhi, en el Estado de Karnataka, se ven enfrentados a una situación dramática. Al mismo tiempo la naturaleza y la vida silvestre también están amenazadas en esta autodenominada "área protegida", ubicada en el sur de la India. Nagarahole es una de las siete áreas protegidas por las cuales el Banco Mundial está financiando con U$S 68 millones al Gobierno de la India para el llamado Proyecto de Eco-Desarrollo. El mismo supone la transformación de una superficie total de 6.714 km2, en la que se incluyen otras áreas protegidas y reservas de tigres, ubicadas en los estados Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajastan, Kerala y Bengal occidental, afectando a una población de 48.800 personas de pueblos tribales. El Departamento Forestal y el Gobierno de Karnataka actulamente están procurando que más de 6.000 indígenas, que habitan 58 poblados al interior del Parque, abandonen su territorio. Si bien han vivido en la zona durante décadas, las autoridades ahora los consideran ocupantes ilegales. El mencionado proyecto también afecta al 25% de la población que vive en las márgenes del Parque, que en el futuro no tendría acceso al mismo. Se les prohibe entrar a la selva para recolectar alimento, cazar piezas menores, construir casas, utilizar los caminos, transportar materiales y –lo que es más importante- realizar sus prácticas culturales y rituales religiosos. Tanto el Departamento Forestal como el Gobierno de Karnataka cuentan con una larga historia tras de si en materia de violaciones de los derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas en Nagarahole. Sin embargo el proceder de las autoridades no es aislado, sino que el Banco Mundial lo apoya. A través de manifestaciones tales como que "la población local, cuando sus derechos tradicionales y acceso se ven limitados por el establecimiento de áreas protegidas, a menudo tienen escasos incentivos para utilizar los recursos naturales de un modo sustentable" (Documento de Información del Proyecto, mayo de 1996) y prestando el dinero para el Proyecto, el Banco Mundial estimula un nuevo desplazamiento forzado de pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, y el empobrecimiento de las ya crecientemente amenazadas selvas. Irónicamente el Banco Mundial habla de "desplazamiento voluntario" en lugar de decir que se trata de un desplazamiento forzado. ONGs ambientalistas locales, preocupadas por la situación, entienden que el mentado objetivo del Proyecto de conservar la biodiversidad es en realidad una cortina de humo para allanar el camino para la expansión de la agricultura industrial y de las plantaciones forestales en el Parque Nacional Nagarahole, tal como ha sucedido en otros casos en la India y con anterioridad en varias partes del propio Parque. Hoy en día tan sólo el 30% de su área total puede ser considerado bosque primario. El resto ha sido destrozado por las plantaciones y el madereo. Con el Proyecto de Eco-Desarrollo el Gobierno indio está violando varias normas y compromisos contraídos relativos a los pueblos indígenas, los reasentamientos forzados, la política forestal y el cambio climático, así como convenciones de Derechos Humanos y los Convenios 107 y 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas. Lo que es más, también han sido violadas las leyes y normas de procedimiento vigentes en la India atinentes a los Parques Nacionales. En cuanto al Banco Mundial, ha ignorado el trámite fijado por su propio Panel de Inspección. Aún teniendo en cuenta que el tiempo de que dispusieron las comunidades locales para prepararse para recibir la visita del Panel de Inspección enviado por el Banco en setiembre de 1998 fue muy corto, lograron presentar a los visitantes un Plan Popular de Alternativa frente al proyecto oficial. Empero su propuesta fue finalmente ignorada por completo. Por último pero no por ello menos importante, cabe señalar que este tipo de proyectos no contempla los últimos conceptos en materia de conservación y protección de la naturaleza, según los cuales el reconocimiento del conocimiento tradicional y de las habilidades propias de cada cultura, así como de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales constituye un elemento primordial. Las comunidades locales, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil organizada, tales como el Centro Indio por los Derechos Humanos y la Ley, con sede en Bombay, el Tribunal Indio de los Pueblos para los Derechos Ambientales y Humanos y CORD (ONG de apoyo a los pueblos indígenas de Karnataka) continuarán en su lucha contra estas "soluciones" impuestas que, en realidad, distan de ser soluciones para transformarse en una amenaza a la permanencia de sus medios de vida y a la conservación de la naturaleza. Por mayor información sobre acciones futuras
y sugerencias, por favor dirigirse a: Fuente: Jaroslava Colajacom.
Pescadores locales protegen los manglares en Sri Lanka Los manglares son humedades ricos en biodiversidad, que están sufriendo una depredación severa en todo el mundo. En Sri Lanka los manglares están asociados a 22 cuerpos de agua salobre, conocidas a nivel local como lagunas. Si bien la superficie ocupada por los manglares en todo el país no supera las 12.000 hectáreas, la misma es de un gran valor dado que alberga especies y asociaciones vegetales muy poco comunes, en diferentes zonas climáticas. Además la pesca en estas lagunas constituye el medio de vida para más de 120.000 habitantes de la costa. Durante la década pasada, muchas de las lagunas y muchos de los estuarios de Sri Lanka sufrieron la rápida destrucción de su vegetación de manglar a manos de la acuicultura comercial. Este poderoso grupo industrial está compuesto por importantes políticos, burócratas del máximo nivel y hombres de negocios que han demostrado ya su falta de interés en la conservación de los manglares. Como consecuencia de esta actividad insustentable las lagunas se encuentran llenas de fango, los estuarios se han erosionado y los ecosistemas del manglar se han deteriorado. En el Distrito de Puttlam, por ejemplo, donde se da la mayor superficie de manglares conteniendo especies extraordinarias, más de 3.000 hactáreas ya fueron convertidas a granjas camaroneras, contándose para ello con el auspicio del propio gobierno. Donde actualmente están localizadas esas instalaciones industriales, en 1994 pescaban habitualmente 28.000 personas. Tras la construcción de las mismas dos tercios de ellos perdieron su trabajo y se vieron obligados a emigrar a la ciudad para buscar ganarse la vida. Antes de la expansión de la cría industrial del camarón, la captura promedio de pescado por unidad de esfuerzo era de 4 kg, mientras que hacia 1997 había caído a 1,5 kg. Esta industria también ha contaminado las aguas subterráneas, lo que ha afectado directamente las fuentes de agua potable, creando así ulteriores problemas a los pescadores. En las proximidades de los poblados ya no hay agua potable, por lo que la mayoría de las mujeres tienen que caminar entre cinco y seis kilómetros al día para llevar agua a sus hogares. Debido a la falta de este vital elemento la mayor parte de los niños en edad escolar no concurren a la escuela, dado que cuando por la mañana se constata la falta de agua en la casa, su primera tarea se torna el ir a buscar agua para el consumo doméstico. Toda la periferia de la laguna está bloqueada por cercos construídos por la industria camaronera y vigilada por guardias, lo que implica que los pescadores locales han perdido el derecho a acceder a su fuente tradicional de recursos y de alimento. Las comunidades pesqueras locales han reaccionado organizándose para enfrentar el problema. Así se formó la Federación de Pequeños Pescadores cuyo objetivo es movilizar a las comunidades de pescadores y a otras personas interesadas en conservar las lagunas y los ecosistemas de manglar, mediante adecuados programas de educación y estrategias prácticas de conservación. La primera tarea del grupo recientemente constituído fue poner el conflicto en la mesa de negociaciones. Se estableció un mecanismo de organización participativo, al cual se integraron 4.000 pescadores, quienes tomaron decisiones en relación con la conservación de los manglares, negociaron con los industriales para monitorear las actividades destructivas por ellos realizadas y trabajaron para mejorar el hábitat de los peces en las lagunas. El siguiente paso consistió en la creación de una organización para apoyar los comités de conservación y manejo de la laguna, ámbitos en los cuales los líderes populares de entre los pescadores, provenientes de diversos grupos de habitantes de la laguna, y los representantes del gobierno puedan dialogar en pro de la resolución de este conflicto, que afecta la vida de la gente de modo tan grave. Se abrió un Centro de Conservación y Demostración de los Manglares para realizar un programa educacional sobre los manglares y los hábitats de los peces. El Centro es visitado diariamente por escolares, estudiantes universitarios y otras personas interesadas. Realiza publicaciones en los tres idiomas oficiales utilizados en Sri Lanka y organiza seminarios y talleres para promover la protección de los manglares como la forma más efectiva y equitativa de conservar la naturaleza y los medios de vida de la población local. En lo que respecta a las estrategias de conservación, se han reconvertido a manglar más de 100 hectáreas de tierras degradadas. Para enfrentar la pérdida de puestos de trabajo derivada de la declinación de las existencias de peces y la imposibilidad de acceso a la laguna, la Federación de Pequeños Pescadores está trabajando en la introducción de actividades alternativas que generen ingresos, atendiendo especialmente a los pescadores, las mujeres y los jóvenes. Ya se han creado más de 623 puestos de trabajo mediante la promoción de la cría doméstica de animales y otras actividades capaces de proveer ingresos. Por más información, comunicarse con: Anuradha Wickramasinghe, Director Tele/Fax: 0094 32 47960 Fuente: Mangrove Action Project, 28th Edition of the Late Friday News, 22/1/1999.
Forestadores japoneses invaden China En tiempos del Imperio, Japón invadió China para expandir su poder en el Lejano Oriente. Hoy en día, cuando los tiempos de guerra en esa región ya han pasado, un nuevo tipo de invasión amenaza al territorio chino: el de las plantaciones forestales asociadas a los Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM, por su sigla en inglés) bajo el Protocolo de Kyoto. En un intento de asegurarse mayores cuotas para la emisión de dióxido de carbono, veinticinco compañías japonensas quieren iniciar un gran programa de forestación en China. La industria japonesa es uno de los más importantes agentes del calentamiento global a través de la emisión de gases de efecto invernadero -principalmente anhídrido carbónico- a la atmósfera. En lugar de buscar desarrollar tecnologías ambientalmente sustentables y de colaborar en frenar el consumismo que caracteriza a la moderna sociedad japonesa, el poderoso lobby de la industria parece haber encontrado un atajo: la plantación de extensos monocultivos forestales en el extranjero. Takashi Imai, presidente de la Federación Japonesa de Organizaciones Económicas (Keidanren), presentó el proyecto al Presidente de China Jiang Zemin durante su reciente visita a Japón. El proyecto es presentado bajo el disfraz de la restauración de los recursos forestales destruídos por una gran inundación. Las compañías proponentes ya han establecido un grupo de tareas encargado de determinar las localizaciones, la escala y un cronograma, y pedirán al gobierno japonés que el proyecto reciba apoyo oficial como proyecto "ambiental". A través de su agencia de "cooperación" internacional –JICA- el Japón ha venido promoviendo el modelo de grandes plantaciones de especies de rápido crecimiento en régimen de monocultivo en varios países del Sur. Oji Paper Co. y Sumitomo Forestry Co. suministrarán la tecnología. Ebara Corp., Nippon Steel Corp., Tokyo Electric Power Co., Obayashi Corp., Komatsu Ltd. y Mitsubishi Corp. son las principales firmas que están llevando adelante el proyecto. La planeada forestación de 100.000 hectáreas absorbería un volumen estimado de 500.000 a 600.000 toneladas de dióxido de carbono por año, que equivale al 6-7% de la liberación total de este gas por parte de la industria papelera en Japón en el año fiscal 1997. Las compañías esperan que el proyecto colabore a la reducción del 6% en sus emisiones (a partir de los niveles de 1990) que Japón debe alcanzar para el año 2010. Según las mencionadas firmas, sería muy difícil llegar a una reducción de ese nivel únicamente a través de acciones a nivel nacional. Aún dejando de lado los efectos ambientales y sociales negativos de las plantaciones forestales en gran escala a nivel local y regional, su utilidad para disminuir el tenor de dióxido de carbono en la atmósfera se sustenta sobre bases científicas débiles. Desde el punto de vista político y social, la solución al problema del calentamiento global no puede ser dejada en manos de los mismos agentes que han contribuido históricamente a generar el problema. En lugar de afrontar la cuestión con un enfoque realista –que llevaría al incremento del manejo forestal sustentable, la promoción del crecimiento de los bosques secundarios y el respeto a las comunidades y los pueblos indígenas que viven en y de los bosques- los gobiernos del Norte y las transnacionales ahora están tratando solamente de "pintar de verde" su imagen, pero su accionar se basa en el principio: yo emito, tú absorbes. Entretanto el calentamiento global sigue incrementándose. Fuentes: Nihon Keizai, Inside China Daily, 25/11/1998. "Japan eyes forestation in China". Comentarios: Secretariado Internacional del WRM.
La industria papelera china en Myanmar Al tiempo que forestadores japoneses están ocupando el territorio chino con plantaciones, China está haciendo negocios en el extranejro en el sector papelero. Kunming Electro-Chemical Plant (KECP), empresa con sede en la provincia china de Yunnan, en diciembre pasado firmó un contrato con el Ministerio de Industria de Myanmar para renovar la planta de soda cáustica y cloro de la fábrica de papel Sittoung Paper Mill No.1, ubicada en el estado de Mon. La fábrica fue instalada en 1992 y entró en actividad en 1994. De acuerdo con los términos del contrato, la parte china se encargará de los costos de renovación de las instalaciones, que alcanzan a U$S 1,2 millones, comprendiendo el suministro de maquinaria y la transferencia de know-how técnico, mientras que la parte de Myanmar pagará con la producción de soda. Luego de la renovación, esta producción pasará de 9 a 15 toneladas. Se desconocen todavía los efectos de la industria papelera sobre el ambiente en dicho país, incluído el uso de los bosques como fuente de materia prima. Dos tercios de los bosques primarios de la ex-Burma ya han desaparecido. Fuente: Rainforest Relief, January 1999
OCEANIA Papua Nueva Guinea: exenciones impositivas favorecen la destrucción de los bosques La apertura de la economía de Papua Nueva Guinea ha promovido la explotación de sus recursos naturales a un nivel insostenible. La vegetación dominante del país es el bosque húmedo tropical, el cual está sufriendo un severo proceso de deforestación debido a la tala indiscriminada. Tras haber repetido una y otra vez que la tala de la selva para obtener madera con destino a la exportación en Papua Nueva Guinea debe cesar para el año 2000, a principios de 1998 el Gobierno anunció una moratoria para nuevos proyectos de corta de madera para exportación. La moratoria resultó de un acuerdo entre el Departamento de Finanzas y el Departamento Forestal, fundamentándola en que los precios de las trozas descendieron, los ingresos por tasas eran bajos y el manejo forestal dificultoso. El poderoso lobby de la industria maderera reaccionó inmediatamente y comenzó a ejercer presión sobre los tomadores de decisiones. Es así que en octubre pasado la moratoria fue eliminada del presupuesto, posiblemente por obra del Ministro de Bosques Peter Arul y el Primer Ministro Bill Skate. En carta dirigida a los comités provinciales de manejo forestal, de fecha 9/12/1998, el Sr. Arul expresaba que: "El Primer Ministro ha enfatizado la importancia de promover estos proyectos en este momento crucial de la economía del país. Ha enfatizado el hecho que el procesamiento y la exportación de rolos crearán 50.000 puestos de trabajo y promoverá la construcción de infraestructuras y otros desarrollos a nivel rural. El despegue de estos proyectos aportará al país las tan necesarias divisas, que fortalecerán nuestra débil economía". ¿Cabe alguna duda acerca de qué concepto de "desarrollo" defiende el gobierno? A decir verdad la decisión de diferir la moratoria para el próximo presupuesto permite a las madereras acceder a nuevas concesiones. Las exenciones impositivas en favor de la industria maderera ha determinado un drástico aumento de la producción, sin que los beneficios llegaran a todo el país, a los propietarios ni al ambiente. Con las próximas exenciones las empresas no pagarán absolutamente ningún impuesto sobre los rolos exportados a un precio FOB inferior a 125 kina (moneda local) por metro cúbico. Ello les determinará un ahorro de 25 kina por metro cúbico. Un estudio reciente a cargo de los investigadores Theodore Levantis y John Livernois demostró que, con esta reducción de impuestos, el erario recibirá solamente un 2,75% del valor total del producto, frente al 33% que le correspondía con el régimen anterior. "Hemos comprobado que el volumen de exportación de rolos en noviembre de 1998 aumentó aproximadamente en un 150% respecto del promedio de ese mes en años anteriores, pasando de 100.000 a 250.000 metros cúbicos" afirmó Brian Brunton de Greenpeace Pacific. Es sorprendente que cuando parecía haber consenso sobre la necesidad de frenar la tala de los bosques para sacar madera de exportación, el Gobierno está dando más concesiones a compañías madereras. Hay resistencia a nivel local frente a esta decisión. El pueblo Maisin de la Bahía de Collingwood en la Provincia de Oro se ha opuesto desde siempre a toda forma de extracción maderera de sus tierras. Asimismo, el pueblo Managlas Plateau en Oro es conocido por su oposición a las actividades de maderero en la región de Musa Pongani. Organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación por las concesiones otorgadas por el Departamento Forestal de Papua Nueva Guinea para la corta de selva en Western y Sandaun, provincias que se extienden a lo largo de la frontera con Irian Jaya. Estas selvas forman en conjunto la mayor área de bosque tropical intocado del mundo, luego de la Amazonia. Al mismo tiempo, existen persistentes rumores en el sentido de que el gobierno está por otorgar un permiso que afectará la enorme Area de Manejo de la Selva de Kamula Doso. Investigaciones realizadas recientemente concluyen coincidiendo con el punto de vista de las ONGs, según el cual los mejores resultados para los propietarios de los bosques y para el ambiente –así como para la economía nacional en su conjunto- se obtienen del madereo en pequeña y mediana escala practicado por las comunidades locales. Por más información, sírvanse contactar a: Greenpeace Pacific, Lafcadio Cortesi (lafcadio.cortesi@dialb.greenpeace.org ) Fuentes: Greenpeace Pacific
(http://pidp.ewc.hawaii.edu/PIReport/1998/) ;
Brian D. Brunton, Greenpeace Pacific, Forests
Update, 30/12/1998
GENERAL National Geographic, bosques y plantaciones National Geographic es una publicación mundialmente conocida, que trata de la diversidad de los paisajes y de los pueblos del Planeta. De acuerdo con una renovada visión de la Geografía, últimamente la revista ha venido prestando gran atención a los temas ambientales. En enero pasado la ONG, con base en EE.UU., Earth Culture/Rainforest Woods Coalition envió una carta al Director de la prestigiosa revista solicitándole que lance un programa de adquisión responsable de papel a nivel mundial. Allí se menciona que en EE.UU. se consume el 20% de los productos forestales del mundo, lo que significa una contribución a la destrucción de las selvas tropicales de la Amazonia y de Indonesia, así como de los bosques templados de Chile, Siberia y British Columbia (Canadá). Simultáneamente 1,2 millones de acres (486.000 hectáreas) de bosques del sudeste de los EE.UU. sufren año a año el embate de las fábricas productoras de pulpa y papel. Se denuncia que el actual nivel de producción de pulpa y papel en el sudeste es inusitado, provocando talas masivas que generan degradación en la calidad del agua, del paisaje, de la vida silvestre, de las economías dependientes de los bosques y, en general, de la calidad de vida de la gente. La carta subraya la insustentabilidad de los monocultivos forestales en los EE.UU. y en muchas regiones del mundo. Según datos del Servicio Forestal de ese país, aproximadamente 36% de los bosques nativos de pino en el sur han sido convertidos en plantaciones forestales. El Servicio Forestal prevé que, a este ritmo, hacia el año 2020, el 70% de los bosques de pino habrá pasado a ser monocultivos forestales con destino a saciar la creciente demanda de papel. La conversión de bosques nativos a plantaciones con destino a pulpa es un fenómeno que se está dando aceleradamente en todo el mundo, en base a monocultivos de pino elliotti, pino radiata, gmelina y eucaliptos. Considerando el prestigio y la influencia de National Geographic, los firmantes le solicitan que:
Fuente: Rick Spencer, EarthCulture &
Coalition Coordinator, Rainforest Wood Coalition,
e-mail: earthcul@nr.infi.net
ACTIVIDADES GENERALES DEL WRM Noticias del Secretariado Internacional Hemos recibido un fax de la ex-presidenta de la Comisión Ambiental del Congreso de Venezuela, Dra. Lucía Antillano, en el que se agradece al WRM por su accionar en dicho país. Su texto reza: "Habiendo llegado al término de mis funciones como parlamentaria quiero reconocer el apoyo del World Rainforest Movement en la divulgación de temas como los derechos de los indígenas y campesinos, y los llamados procesos de apertura a la economía global que se nos pretende imponer, bajo patrones carentes de sustentabilidad ecológica y social. Su colaboración personal y la del WRM ha resultado de sumo provecho para que el mundo conozca la amenaza de la Minería en un área calificada como de Megadiversidad como IMATACA, o la tragedia de los campesinos de Morador y Tierra Buena, que se resisten al modelo de plantaciones forestales industriales de la Multinacional Smurfit." El Centro Humboldt de Nicaragua nos ha expresado su gratitud por el fax que le enviáramos con fecha 18 de febrero, apoyando la movilización de la sociedad civil nicaragüense en defensa de los bosques remanentes en dicho país, amenazados por incendios durante la entrante estación seca. El 19 de enero fueron enviadas cartas a los representantes de Boise Cascade expresando nuestra preocupación por el proyecto "Cascade Chile" por la instalación de una fábrica de chips y de cartón en las cercanías de Puerto Montt. Varias organizaciones sociales y ambientales chilenas, así como sectores políticos y académicos se oponen con firmeza a este proyecto, que habrá de ser desastroso para los bosques templados de la región. Enviamos un fax a la compañía petrolera Chevron protestando por su actividad en Nigeria, que intimida y reprime a las poblaciones de Opia e Ikian, en el estado de Delta, las cuales se oponen a los proyectos de prospección petrolera de Chevron en sus territorios.
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Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Maldonado 1858
11200 Montevideo - Uruguay
tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985
wrm@wrm.org.uy
