Ecuador: el gobierno intenta vender los manglares a privados

Ecuador se ve enfrentado actualmente a una situación social extremadamente delicada, resultante de una serie de impopulares medidas económicas promulgadas por el gobierno -en la línea marcada por el FMI y el Banco Mundial- las cuales derivaron en paros del sector obrero, manifestaciones de campesinos e indígenas, bloqueo de carreteras, violencia desatada en diferentes puntos del país, rumores de un posible golpe de estado y un caos generalizado en todo el país.

Entre las medidas referidas, una ha generado la cerrada oposición de parte de las organizaciones ambientalistas y de las comunidades afectadas, puesto que ella habría de afectar los ecosistemas de manglar, muchos de los cuales ya han sido destruidos por la industria camaronera.

En julio de 1998 la entonces Ministra de Medio Ambiente, Flor María Valverde, había prometido que tomaría medidas para asegurarse de que se estableciera una veda permanente a la corta del manglar por parte de la industria camaronera. Por ese entonces la ONG ambientalista Fundecol ya tenía registrados 745 casos de destrucción de los manglares por parte de operadores vinculados a dicha actividad. Sin embargo, lejos de desaparecer, la amenaza que pende sobre los manglares se ha incrementado desde entonces.

El 2 de marzo ppdo. el Presidente Jamil Mahuad anunció en cadena nacional el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley denominado Racionalización de las Finanzas Públicas que, entre otras medidas para enfrentar el déficit presupuestal, establecía que los criadores industriales del camarón que utilizaran tierras públicas debían pagar una suma por dicho uso. En los días previos varios periódicos habían advertido que tal medida estaba allanando el camino para que las compañías camaroneras adquirieran 60.000 hectáreas de tierras -aparentemente playas y bahías- ubicadas a lo largo de la costa del Pacífico. Dicha operación devengaría al erario U$S 60 millones. Asimismo el gobierno manifestó que la idea de abrir nuevas áreas para concesiones a la industria camaronera no debería ser descartada. Lo que ha sucedido hasta ahora es que las concesiones a estas empresas en la enorme mayoría de los casos (95% según Fundecol) no son otorgadas en "playas y bahías", sino en zonas de manglares, así como en áreas agrícolas. Ello fue posible gracias a la existencia de informes falsos y de una corrupción generalizada y rampante en la administración pública, que permiten a las empresas -una vez que han construido las piletas- afirmar que en la zona utilizada no existían previamente manglares ni tierras de uso agrícola.

Si bien el texto del proyecto de ley no menciona explícitamente la posibilidad de la venta de áreas costeras a empresas camaroneras, el mismo ha causado una justificada alarma entre las organizaciones ambientalistas del Ecuador y del mundo entero, puesto que no es difícil darse cuenta que es ese su objetivo final. En relación con ello, Sandra Cogliotore, Presidente de la Cámara de Acuicultura, ha manifestado públicamente: "Nosotros seremos los dueños de la tierra". Días previos al anuncio presidencial, la Cámara de Acuicultura había presionado fuertemente frente al gobierno para que el Presidente enviara el proyecto de ley al Parlamento. Representantes de la industria llegaron incluso a discutir los contenidos del texto con el Ministro de Comercio, la Subsecretaría de Pesquería y la Dirección de Marina Mercante (DIGMER).

La sociedad civil reaccionó rápidamente frente al proyecto, solicitando apoyo a nivel internacional para protestar contra tal medida, que colaboraría a empeorar todavía más la de por sí frágil situación de los manglares en Ecuador y, además, legalizaría la flagrante ilegalidad y las prácticas depredatorias con que la industria camaronera ha venido actuando desde siempre. Paradójicamente, la propia crisis económica en la que el país está sumergido como resultado de las medidas económicas señaladas, ha frenado, al menos por ahora, el proyecto. "Nos parece adecuado pagar U$S 1.000 por hectárea, pero es necesario discutir acerca del plazo y la forma del mecanismo de pago. Actualmente nadie tiene fondos como para pagar U$S 1.000 la hectárea . . ." manifestó la Cámara de Acuicultura. Los graves sucesos políticos acaecidos y la agitación social imperante últimamente han desviado del tema la atención de los políticos. Sin embargo, el riesgo todavía está latente.

Estos hechos dan lugar a algunas reflexiones. En primer término debe destacarse la actitud del gobierno ecuatoriano. El mismo no ha vacilado en literalmente vender al mejor postor los recursos naturales del país -en este caso los manglares- a efectos de mostrar su disposición a cumplir los mandatos de las instituciones financieras internacionales, que están exigiendo un "presupuesto fiscal equilibrado". Desde su punto de vista, la economía del país está completamente divorciada del uso sustentable de los recursos naturales. En cuanto a la propia industria camaronera, debemos decir que tras haber obtenido grandes ganancias a través de la depredación de los recursos costeros, ahora procura mostrar que está cooperando con el "desarrollo", teniendo en cuenta que el camarón es un importante rubro de exportación del país. La actual situación es ideal para la industria, porque puede derivar en que termine siendo dueña de una importante superficie de manglares, condenados a desaparecer para ser sustituidos por granjas camaroneras. Las poblaciones costeras no son tenidas en cuenta en decisiones como las que el gobierno acaba de proponer. Por el contrario, la mayor parte de la infraestructura de la industria camaronera ha ocupado y destruido áreas comprendidas en territorios ancestrales, hasta entonces ocupados y manejados en forma sustentable por comunidades tradicionales que allí encontraron alimento y albergue. Lo que es más, el impulso que quiere darse a la industria camaronera -lo que equivale decir, a la destrucción del manglar- ignora que los manglares constituyen barreras naturales protectoras frente al aumento del nivel del Océano Pacífico. Las inundaciones acaecidas durante 1997 y 1998 como consecuencia del fenómeno de "El Niño" han demostrado qué puede esperarse suceda en las zonas costeras si los manglares siguen desapareciendo, debido a la irresponsabilidad de las autoridades y a la codicia de un reducido pero poderoso e influyente grupo de empresarios.

Por más información sobre el tema, por favor contactar a: Acción Ecológica, Campaña por los Manglares, e-mail: cmanglar@hoy.net 

Fuente: Boletín Nº 21 del WRM, Marzo de 1999