Tres grandes actores dominan el escenario mundial de los bosques: las poblaciones locales, los gobiernos y las empresas transnacionales. En tanto las primeras intentan proteger el bosque que les provee su sustento y supervivencia cultural, se ven obligadas a enfrentar –en una lucha desigual- a las fuerzas combinadas de las transnacionales y los gobiernos, cuyos planes de "desarrollo" resultan inevitablemente en la destrucción de los bosques.

Este boletín contiene –como la mayoría de las 32 ediciones anteriores- ejemplos de lo antedicho: madereo industrial, explotación petrolera, minería, represas, plantaciones, cría de camarones, tráfico de armas y otras inversiones que hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, destruyendo, en el proceso, el bosque que se encuentra en su camino y a las poblaciones que lo habitan.

Actualmente, la mayoría de los gobiernos de países tropicales parecen considerar que su papel se limita simplemente a competir con otros gobiernos del Sur, rivalizando en quién ofrece las mejores condiciones para la inversión de las transnacionales. Esto incluye de manera especial a los subsidios, que van desde exenciones fiscales hasta la represión de la oposición a efectos de asegurar la rentabilidad de los inversionistas extranjeros.

Por su parte, las transnacionales consideran que no tienen que rendir cuentas ante nadie, excepto –y sólo en cierta medida- frente a sus accionistas. Ellas imponen su voluntad, no sólo sobre gobiernos del Sur aparentemente débiles sino también sobre gobiernos del Norte e instituciones multilaterales. Nadie las eligió nunca para gobernar nada, pero de hecho cada vez más gobiernan el mundo entero.

Dentro de un escenario de ese tipo, las poblaciones locales que luchan por proteger sus bosques constituyen una luz de esperanza para el futuro. No sólo son la principal oposición en el terreno a la destrucción de los bosques, sino que también forman la base para la creación de alianzas mundiales de personas deseosas de proteger a los bosques y las poblaciones que los habitan, que sin esas luchas no tendrían mayor sentido.

Por otro lado, las poblaciones locales están elaborando y poniendo en práctica alternativas de formas de vida verdaderamente sustentables, apartadas del discurso oficial ya carente de significado del "desarrollo sustentable", que gobiernos y transnacionales vaciaron del contenido que inicialmente tenía.

Sin embargo, la luz de esperanza representada por esas poblaciones todavía no es lo suficientemente fuerte y necesita el apoyo de todas las organizaciones que trabajan a favor del respeto de los derechos humanos y la conservación ambiental. Pero ese apoyo no debe considerarse como que "nosotros" los ayudamos a "ellos", sino como un esfuerzo de colaboración para asegurar las formas de vida presentes y futuras para todas las poblaciones de la Tierra.

Los Ogoni y Ogiek en África, los Pataxó y Mapuche en América Latina, los Karen y Dayak en Asia, junto con innumerables pueblos indígenas, comunidades tradicionales y campesinas de todo el mundo están enseñando el camino. Sus luchas son nuestras y cuanto mayor apoyo reciban, más avenidas abrirán para el futuro de la humanidad.

Hacia fines de marzo de este año, indígenas de todo el país comenzaron a salir de sus aldeas y a marchar hacia Porto Seguro, el sitio oficial del "descubrimiento", en dirección opuesta a la seguida por los colonizadores europeos en el 1500. Con gran expectativa, la mayoría se reunió el 15 de abril en Monte Pascoal, el parque nacional retomado el año pasado por los Pataxó, que se convirtió así en un potente símbolo de la lucha de todos los pueblos indígenas del país, donde más de la mitad de sus tierras aún no han sido demarcadas. Más de 1500 indígenas se juntaron con las 22 familias Pataxó y festejaron la reunión con rituales, cánticos y discursos, dando su apoyo total a la lucha de los Pataxó.

El día 17 de abril todos se dirigieron a la aldea de Coroa Vermelha, en territorio Pataxó, distante unos 200 kilómetros de Monte Pascoal y cercana al sitio del "descubrimiento: Porto Seguro. Más de 30 ómnibus que los transportaban fueron detenidos por el primero de los numerosos retenes policiales establecidos por el gobierno para asegurar la "seguridad pública", a los que se destinaron más de 5000 efectivos de la policía militar. Los buses sólo fueron autorizados a continuar su camino a través de la intervención directa del Procurador General de la Nación. Arribados finalmente a Coroa Vermelha, al día siguiente inauguraron la Conferencia Indígena 2000, contando con la presencia de 2500 representantes de 186 pueblos indígenas de todo el país, constituyéndose así en la mayor reunión indígena en la historia del Brasil.

A lo largo de los 4 días que duró la conferencia, los indígenas lograron ocupar el primer lugar en las noticias en torno a los acontecimientos de los 500 años, mostrando su fuerza y su indignación frente a los festejos oficiales. Mientras el gobierno preparaba y organizaba festejos muy costosos y excluyentes, ignorando la historia real del país, los indígenas lograron, con mínimos recursos, mostrar al público su historia, su riqueza cultural, su sabiduría y sus propuestas para los próximos 500 años, reivindicando el respeto a sus derechos, principalmente la demarcación de sus tierras, así como salud y educación dignas y adecuadas a su realidad. Mostraron una fuerza y unidad muy reales y verdaderas, en tanto el gobierno intentaba mostrar una falsa unidad de todo el pueblo brasilero y una fuerza basada en la presencia de miles de policías militares.

Finalmente llegó el día 22 de abril, la fecha del "descubrimiento" por Pedro Alvares Cabral en 1500. Debía ser el gran día para el presidente de Brasil, junto con su colega portugués, mostrando al mundo que Brasil es una gran nación con un pueblo feliz: ¡un día de victoria! Pero fue un día de derrota, un día que refleja como el gobierno brasileño trata a su pueblo, sobre todo a los primeros habitantes: los indígenas. Primero intentaron convencer a los 2500 indígenas para que no realizaran su manifestación de protesta el día 22, y que en vez escogieran a 20 representantes para entregar un documento al presidente de la República. Sin embargo los indígenas, conscientes de su historia, no aceptaron esta verdadera manipulación y respondieron con un recado al presidente en el que manifestaban que querían conversar con él, pero en otro momento, porque el día 22 no era un día para salir en una foto con el presidente, sino un día para recordar el genocidio de más de 5 millones de indígenas a lo largo de los 500 años de historia del Brasil.

La respuesta de los indígenas generó una tensión muy grande. El gobierno optó por el camino de la represión total. Impidió la entrada de manifestantes de todo el país a la ciudad de Porto Seguro, impidió que varios movimientos se juntaran e impidió cualquier tipo de protesta. Así atacaron a más de 2000 indígenas en su marcha, con bombas de gas lacrimógeno y balas de goma. De esta manera, el día 22 de abril se convirtió en un día de derrota total para el gobierno brasileño. La imagen del indígena Gildo Terena, pidiendo a los policías de la tropa de choque que detuvieran su violencia, rodó por el mundo, atemorizando al gobierno, siempre preocupado por la imagen de Brasil en el exterior.

Los indígenas, tristes e indignados, pero de cabeza erguida y orgullosos con su resistencia y unidad, tomaron conciencia que están iniciando una nueva etapa en su lucha, percibiendo que nada parece haber cambiado en estos 500 años. El gobierno acabó por darles el mismo tratamiento que les dieron los colonizadores en el 1500, cuando comenzó uno de los mayores genocidios de la historia. Necesitarán recurrir a toda su fuerza y unidad, que estuvieron muy presentes en los días de la conferencia, para entrar en esta nueva fase de la historia brasileña. Y es a partir del Monte Pascoal, sitio del inicio de la colonización, es a partir de su retomada por los Pataxó, que los indígenas prometen con mucha lucha y unidad "retomar" el Brasil y contribuir, con sus derechos plenamente respetados, a la construcción de un país sin exclusiones, verdaderamente pluriétnico y multicultural.

Al sur de Chile, en la comuna de San Juan de la Costa, cercana a Osorno se encuentra el fundo Huitrapulli. Se trata de aproximadamente 20.000 hectáreas cubiertas de bosques siempreverdes habitados desde tiempos ancestrales por comunidades Mapuche-huilliche. El lugar es parte de una de las áreas prioritarias para la conservación a nivel mundial, los extensos bosques valdivianos que se desarrollan en esa zona de la Cordillera de la Costa corresponden a una de las últimas reservas no fragmentadas de bosque templado a nivel mundial. El área se caracteriza por su gran biodiversidad y por un alto número de especies endémicas.

Aprovechando estos recursos, además de los productos del mar recolectados del borde costero, las comunidades desarrollaron una economía recolectora que por definición requiere de grandes superficies de territorio. El aislamiento y el escaso valor agrícola de las tierras mantuvieron esta zona al margen de los procesos de colonización europea y chilena que vivieron otras comunidades Mapuche a partir del siglo XIX. Sin embargo, la expansión de la actividad forestal -en particular los monocultivos forestales- ocurrida en Chile en las ultimas décadas comenzó a generar interés en esas tierras. Esta situación llegó a un nivel crítico cuando el propietario de una gran hacienda vecina comenzó a ocupar terrenos del fundo Huitrapulli desplazando a las comunidades. Esto generó múltiples conflictos que llevaron a la intervención de fuerzas policiales y juicios por usurpación de tierras donde se acusaba a las comunidades y a los profesionales que trabajaban con ellas.

En un episodio sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de las comunidades y los profesionales que las apoyaban, señalando que las tierras eran fiscales y reconociendo la ocupación ancestral de los huilliches. Posteriormente, la propiedad de la tierra fue traspasada del Ministerio de Bienes Nacionales (antiguamente de Tierras y Colonización) a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) como un primer paso en el proceso de regularización.

A principios de este año, la CONADI contrató a un grupo de consultores para realizar una propuesta para la regularización de los títulos de dominio y una propuesta de desarrollo asociada. El estudio, actualmente en ejecución, se está efectuando con la participación activa de las familias y propondrá los límites entre las comunidades al interior del fundo, además del tipo de tenencia de la tierra (individual, comunitaria o mixta). El plan de desarrollo incluirá una evaluación de los recursos existentes y un conjunto de líneas de proyectos para que las comunidades se beneficien equitativa y sustentablemente de esos recursos.

La importancia de este caso es que constituye una excepción en el contexto de las relaciones tradicionales entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche, que ha incluido numerosos conflictos precisamente en relación al tema de los derechos territoriales. El éxito de esta experiencia será fundamental para su replicación en Chile y eventualmente en otros países de la región con situaciones similares.

El caso es también muy importante para resaltar el papel que las comunidades indígenas juegan en la conservación de los bosques. Los huilliche han utilizado sustentablemente este bosque por siglos, mientras que la mayor parte de los bosques del sur de Chile eran destruidos por el "desarrollo". El reconocimiento legal de su derecho a la tierra es un paso necesario para asegurar la futura conservación de este bosque único por parte de quienes están más interesados en su conservación: los propios Mapuche-huilliche.

Entre el 15 y el 21 de marzo del 2000 una Misión Internacional, convocada por las principales autoridades de los pueblos indígenas Embera-Katio y U'wa, visitaron Colombia con la finalidad de observar a campo su situación respecto del prolongado conflicto que sostienen en defensa de sus derechos territoriales y culturales. La misión estuvo conformada por representantes de pueblos indígenas de Ecuador y Panamá, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), Oilwatch, Amigos de la Tierra, International Rivers Network, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en Colombia, Ríos Vivos (Argentina), Sobrevivencia (Paraguay) y Movimiento de Afectados por las Represas (Brasil).

Como resultado preliminar de su trabajo la misión enfatizó que, a consecuencia de las obras en curso, la actual situación es crítica tanto del punto de vista ambiental como social; que hay contradicciones entre las declaraciones de las autoridades y lo observado a campo; y que se está dando una tendencia a resolver los conflictos con una óptica militar, desconociendo los aspectos sociales y ambientales que los originan.

Entre otras medidas, se recomendó que la licencia ambiental otorgada a Oxy el 21 de setiembre de 1999 por parte del Ministerio de Medio Ambiente sea revocada; que se den las garantías y se respete la integridad del territorio ancestral U'wa; que se realice inmediatamente una investigación sobre las acciones violentas de expulsión de los U'wa ocurridas en enero y febrero pasados; y que las autoridades civiles garanticen el derecho legal a la protesta pacífica por parte de los afectados.

El 31 de marzo ppdo. una corte colombiana ordenó a Oxy detener todas las obras en el sitio del pozo Gibraltar 1 en el territorio ancestral sagrado del pueblo U'wa. El juez determinó que la perforación en dicho sitio viola "los derechos fundamentales" de los U'wa, incluído su derecho a la vida. No obstante, todavía no está dicha la última palabra. Si bien esta decisión judicial constituye un importante paso, la orden habla de suspensión del proyecto y no de su cancelación. Además, Oxy es un actor poderoso y el propio gobierno de Colombia -más allá de usar bonitas palabras en relación con la diversidad cultural e incluso con los derechos indígenas reconocidos por la Constitución- parece estar más interesado en promover la explotación de petróleo que en respetar los derechos de los U'wa. No obstante, los U'wa cuentan con la solidaridad nacional e internacional y especialmente con su propia fuerza para defender sus derechos.

El cultivo comercial de palmito se inició en el Ecuador en 1987 y desde entonces, su expansión ha sido constante, convirtiéndose en un nuevo producto de exportación. El palmito se obtiene de la parte central y tierna de varias palmas. El "chontaduro" (Bactris gasipaes), especie nativa del Ecuador, es la más cultivada en el país para este fin.

La fiebre del palmito está provocando la deforestación de amplias zonas de bosque tropical en varias provincias amazónicas (Napo, Sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza), así como la desaparición de gran cantidad de remanentes de bosque en el Occidente del país. Este cultivo ha encontrado en las zonas tropicales y sub-tropicales del Ecuador, las óptimas condiciones agroambientales para su desarrollo: luminosidad, humedad y temperatura estables, un nivel de precipitación regular durante todo el año y muy buenas condiciones de riego y suelo.

Pero los impactos de la producción del palmito aumentan a medida que se incrementa la superficie cultivada. Entre los mismos se destacan el reemplazo de la vegetación original (en particular bosques primarios y secundarios), pérdida de biodiversidad y erosión de los suelos. Muchos cultivadores ni siquiera han respetado las franjas de vegetación de rigor que protegen los cursos hídricos, y han extendido sus plantaciones hasta los bordes ribereños, dando paso a la caída de materiales sólidos en el agua, lo cual a su vez causa problemas a quienes utilizan estas fuentes de agua. Menos aún, se han planteado la necesidad de dejar corredores de vegetación que permitan un mínimo fluido de la biodiversidad local.

Si bien hasta ahora las plantaciones de palmito no han alcanzado las dimensiones de los monocultivos de palma africana en el país, desde ya se puede percibir un cambio en el paisaje y notar la desaparición de gran parte de remanentes de bosque, especialmente de las estribaciones occidentales de los Andes. El cultivo de esta especie está en constante crecimiento debido al incremento de la demanda mundial de palmito ecuatoriano y hay muchas posibilidades de que las plantaciones se expandan y con ellas desaparezcan los últimos remanentes de biodiversidad en el Occidente.

En muchos ámbitos aún prevalece el mito de que los monocultivos de especies nativas no son "tan malos" como aquellas plantaciones de especies exóticas, como la palma africana, el pino o el eucalipto. Sin embargo, es tiempo ya de reconocer que los modelos de producción vigentes -en particular los monocultivos a gran escala destinados a la exportación- son ecológicamente insostenibles y no apuntan a cubrir las necesidades humanas más urgentes, como es la seguridad alimentaria. Al contrario, este modelo está provocando impactos tales como la pérdida de diversidad genética y con ello, mermando las posibilidades de sobrevivencia del ser humano. Es hora de exigir a los gobiernos que asuman sus responsabilidades con respecto al medio ambiente local y global. Es hora de entender que la diversidad tiene mayores ventajas y valor que los monocultivos a gran escala -sean de especies nativas o exóticas- que son y serán siempre social y ambientalmente insustentables.

Smurfit Cartón, subsidiaria de Jefferson Smurfit, es dueña de 34.000 hectáreas de monocultivos de gmelina, eucaliptos y pinos en los estados venezolanos de Portuguesa, Lara y Cojedes. De éstas, 27.000 hectáreas se encuentran localizadas en Portuguesa, donde la empresa se ha visto enfrentada a las comunidades de Morador y Tierra Buena, que resistieron la invasión de plantaciones forestales en sus tierras de cultivo (ver Boletines 18, 20, 22 y 23 del WRM).

De acuerdo con información recibida recientemente, Smurfit está enfrentando severos problemas sanitarios en sus plantaciones de Portuguesa. La uniformidad de los monocultivos forestales los hace muy vulnerables al ataque de insectos y plagas. La ventaja que tiene inicialmente la plantación de un árbol exótico -la ausencia de predatores locales- se convierte en una catástrofe, tanto cuando una especie local se adapta a alimentarse de esos árboles o cuando un predator natural eventualmente llega de su ecosistema original. Cualquiera sea el caso, el hecho es que muchos árboles están ahora muriendo en sus plantaciones.

Por otra parte, durante la estación seca las plantaciones de Portuguesa y Cojedes se han visto afectadas por incendios. Voceros de la compañía han acusado a los campesinos de acciones de sabotaje contra las plantaciones. La ocurrencia de incendios puede darse con mucha facilidad en condiciones secas en un ambiente uniforme como el conformado por las plantaciones forestales, especialmente en el caso de eucaliptos y pinos. Actualmente los campesinos locales y los ambientalistas temen que Smurfit trate de compensar las pérdidas de madera proveniente de las plantaciones, mediante la corta de los bosques aledaños, como solía hacer antes de las protestas que ocurrieron en 1999.

Desde el punto de vista político las cosas tampoco parecen ir bien para Smurfit. La nueva Constitución de Venezuela, aprobada por el referendum de diciembre de 1999, incluye explícitamente los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas, y condena la concentración en la tenencia de la tierra. De acuerdo con principios de justicia social en el campo y de planificación territorial sustentable, las plantaciones comerciales no están permitidas en suelos aptos para la agricultura, dado que ello significaría una competencia con la producción de alimentos.

AMERICA CENTRAL

Honduras tiene la obligación, tanto por las leyes nacionales como internacionales, de proteger 75.000 hectáreas de humedales en el Golfo de Fonseca. En mayo de 1999, en la Convención de RAMSAR sobre Humedales y a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el gobierno hondureño obtuvo para los Humedales Costeros del Golfo de Fonseca la designación de "Sitio 1000 de RAMSAR".

A pesar de eso, Honduras no cumple con su obligación de proteger el "Sitio 1000 de RAMSAR". Por lo tanto CODDEFFAGOLF (una organización de base de Honduras) e ISA Net (Red de acción sobre la cría industrial del camarón) están reclamando al gobierno de Honduras que cumpla con las obligaciones que le imponen las leyes tanto nacionales como internacionales. Es difícil hacer un cálculo exacto de la cantidad de hectáreas afectadas por el daño, porque esas zonas están custodiadas por pistoleros a sueldo armados con AK47.

Hasta ahora se han autorizado proyectos de cría de camarones y corte de manglares dentro de las zonas protegidas por la Convención Ramsar. Como consecuencia, se han secado algunos de esos humedales protegidos del Golfo de Fonseca. En "La Aguadera", Punta Ratón, donde se localiza el proyecto "Zona de ordenamiento de hábitats y especies de San Lorenzo", se concluyó un proyecto de cría de camarones que ocupa varias hectáreas de hermosos manglares. Se cortaron árboles en "El Gorrión", sitio del proyecto "Zona de ordenamiento de hábitats y especies de Las Iguanas y Punta de Condega". En la "Zona de ordenamiento de hábitats y especies de La Berberia" se destruyeron varias zonas de manglares y humedales como "Los Comejenes" para construir estanques para cría de camarones. El uso constante de la autopista a lo largo de la laguna de La Berberia, que bordea la frontera con Nicaragua, ha provocado graves daños al ecosistema costero.

A fines de marzo pasado, varios hombres que estaban cortando árboles con el uso de tractores en la zona de "El Carey", amenazaron a miembros de CODDEFFAGOLF y expulsaron a dos funcionarios del gobierno de la Oficina del Fiscal de Medio Ambiente, quienes intentaron detenerlos. Los funcionarios gubernamentales volvieron cinco días después con un grupo de policías, encontraron a los hombres realizando las actividades de corta con cuatro tractores y lograron detenerlos momentáneamente, pero más tarde los volvieron a encontrar cortando árboles y ahora con seis tractores. Los individuos se ufanaron de que nadie podía detenerlos porque estaban "bien protegidos".

En vista de esa situación, CODDEFFAGOLF e ISA Net exhortan a todos los que estén interesados en la conservación de estos humedales, a participar en una campaña de envío de cartas. Por favor escribir a:

Su excelencia, el Sr. Presidente de Honduras Carlos Roberto Flores
Fax: (504)235-6949

Cc: Profesor Rafael Pineda Ponce, Presidente del Congreso Nacional Soberano de Honduras
Fax: (504)238-6048

Cc: Dr. Delmar Blasco, Oficina de la Convención de Ramsar, Gland, Suiza
Fax: 41 22 999 0169

Los bosques húmedos primarios de Gabon están desapareciendo a un ritmo acelerado. La explotación de madera tropical preciosa es llevada a cabo como una actividad depredadora, en que las empresas transnacionales madereras, titulares de enormes concesiones, se llevan la parte del león, mientras que las comunidades locales son las que pagan los costos (ver Boletín 28 del WRM).

Un ejemplo de ello lo constituyen las actividades madereras de la región Mingouli, cerca de Libreville. En la comunidad de Ovan la gente está preocupada por las actividades madereras destructivas que están devastando la región, y que se llevan a cabo dentro de un marco de negligencia de parte de las autoridades de la Administración de Aguas y Bosques, así como de la falta de interés de los políticos.

Con el pretexto de que los habitantes locales no son capaces de "desarrollarse", las compañías madereras los están privando de sus bosques, pagando exiguas sumas de dinero por madera tropical valiosa –como okoumé y otras especies- y causando efectos perniciosos en las formas de vida y el ambiente de la gente. Se ha denunciado que la vida silvestre –utilizada por las comunidades locales- está menguando debido a la creciente deforestación. Por otro lado, el prometido "desarrollo" nunca se hizo realidad. Las empresas madereras no invierten en las aldeas, y las escuelas nuevas y la infraestructura prometida no han llegado para beneficiar a los habitantes. Una vez que ingresan en una zona, se llevan la mayor cantidad posible de madera preciosa y se olvidan de las promesas que hicieron. Las principales compañías responsables de esos daños son: Rougier-Océan, SHM, FOX, BSG, Sélectionna, Leroy y Lutexo, que han realizado actividades extractivas en la región, o todavía lo siguen haciendo. Los habitantes del lugar se sienten estafados y desilusionados por las falsas promesas de las empresas, y también se sienten abandonados por quienes tienen la obligación de defender los recursos del país. Por eso se están organizando ahora para resistirse a que la destrucción continúe y para salvar los bosques húmedos del país.

El pueblo Ogiek de Kenia –una comunidad de minorías habitantes de la selva, actualmente compuesta por unas 20.000 personas-, ha vivido desde tiempos inmemoriales en la zona de bosques montañosos del Tinet, en Molo, en el distrito Nakuru. Durante décadas los Ogiek han defendido sus derechos contra la arbitrariedad del gobierno colonial y luego del poscolonial, quienes progresivamente los empujaron a zonas marginales. Recién en 1991 se reconocieron parcialmente sus derechos territoriales y se les otorgó una parte del bosque Tinet. Sin embargo, como todavía siguen amenazados por poderosos intereses deseosos de ocupar sus tierras para la explotación maderera, fueron a los tribunales para evitar un desalojo inminente (ver el Boletín 24 del WRM).

El 7 de abril pasado, el tribunal consideró que su pedido no era urgente. Por lo tanto, quedan ahora expuestos a la decisión del gobierno de desalojarlos. Su esfuerzo por mantenerse en el bosque en vías de desaparación se ve amenazado por el estado, que ha asignado a las elites dirigentes grandes parcelas de tierras que antes fueron bosques, además de otorgarles permisos para realizar actividad maderera en los bosques de los Ogiek.

Si Kenia realmente desea conservar estos bosques valiosos y actuar de conformidad con los acuerdos internacionales para la protección de los pueblos indígenas que ha firmado, entonces el gobierno debe respetar y proteger los derechos de asentamiento de los Ogiek en su condición de comunidad de habitantes del bosque. En lugar de obligar a los Ogiek a vivir como marginados, sufriendo inseguridad en sus propias tierras, deberían aplicarse programas para el reasentamiento de los Ogiek en sus territorios tradicionales. Esto aseguraría un futuro mejor para los Ogiek y sus bosques.

En los primeros años de la década del 90, Liberia fue el escenario de una guerra civil que cobró un saldo de 150.000 víctimas fatales y un millón de personas desplazadas o que dejaban el país como refugiados. De enero a noviembre de 1996, la guerra se desencadena nuevamente hasta que finalmente tienen lugar elecciones presidenciales en 1997. Los gobiernos de los países vecinos, así como los gobiernos y compañías europeas -particularmente belgas y franceses- participaron en la entrega de armas a los diferentes grupos comprometidos en el conflicto, a cambio de oro, diamantes y madera rolliza.

Francia proveyó de armas al Frente Patriótico Nacional de Liberia y recibió a cambio madera tropical preciosa. El gobierno de Costa de Marfil también ayudó al NPFL y obtuvo el beneficio de concesiones mineras y de explotación de bosques. El valor total de las exportaciones ilegales de madera desde las zonas controladas por los diferentes grupos armados en conflicto, alcanzaba a 53 millones de dólares al año. Durante el período de la guerra civil liberiana, la importación de madera preciosa tropical en España, proveniente de Libeia, aumentó considerablemente. Desde 1997, el flujo ha recomenzado. Greenpeace-España denunció recientemente que el consumo del país de madera preciosa tropical proveniente de Liberia promueve la destrucción social y ambiental en ese país.

La guerra ahora ha aparentemente terminado, pero los buitres de siempre están prontos para seguir lucrando. Empresas transnacionales madereras –tales como LAMCO (EEUU-Suecia), Bridgestone (Japón), y Oriental Timber Company (Malasia)- apuntan a Liberia, donde el 35% de los bosques húmedos todavía permanecen intocados (ver Boletín 30 del WRM). A pesar de la manifiesta intención del gobierno de "minimizar la destrucción del bosque y promover la gestión sustentable del bosque", el poder económico y político de los gobiernos y empresas extranjeras, sumado a una economía nacional hecha trizas como resultado de la guerra civil, plantea una amenaza importante a su supervivencia. Y lo que es necesario recalcar es que esos mismos poderosos gobiernos, que en los foros internacionales se muestran como comprometidos con la conservación del bosque tropical, son los que más ansiosos están por sacarle tajada a la destrucción de los bosques de Liberia.

En octubre de 1999, el propio ministerio de Medio Ambiente de Nigeria responsabilizó a las transnacionales petroleras por la situación reinante en el Delta del Níger, y les dio el ultimátum de que en seis semanas debían descontaminar el medio ambiente de las comunidades, afectado por numerosos derrames de petróleo (ver Boletín 28 del WRM). A pesar de eso, las cosas no parecen haber cambiado mucho.

Durante seis meses -del 10 de junio de 1998 hasta diciembre de 1998-, un oleoducto perteneciente a la empresa Shell Petroleum Development Company Limited (SPDC), ubicado en la ensenada de Kolo, en la cuenca del río Num, reventó y derramó petróleo crudo en los bosques de manglares de Oyara, poniendo en peligro a la pequeña comunidad rural Otuegwe 1, compuesta predominantemente por población indígena dedicada a la agricultura y la pesca. Debido a las copiosas lluvias que cayeron en ese periodo, el derrame de petróleo se esparció por los arroyos, fincas y sitios sagrados circundantes de los Otuegwe. Para enfrentar las acusaciones que señalaban a la compañía, la Shell optó por culpar a las víctimas y atribuyó el derrame a un acto de sabotaje. Así, se negó a asumir la responsabilidad de reparar el derrame del oleoducto.

Las comunidades locales de agricultores y pescadores tradicionales, que tuvieron que sufrir no sólo los riesgos a la salud sino también los impactos del derrame en sus recursos naturales, iniciaron una campaña con la ayuda de Niger Delta Human and Environmental Rescue Organization (Organización de Rescate Humano y Ambiental del Delta del Níger/ND-HERO). Al final, Shell tuvo que responder a esa presión y contrató a Willbros Nigerian Ltd para reparar la filtración. La empresa también escogió una forma "ambientalmente responsable" de eliminar los residuos remanentes de la filtración de petróleo: ¡prendió fuego a vastas extensiones de bosque! Esa estrategia de quemar el bosque parece ser la política oficial de Shell como forma de "limpiar" los derrames de petróleo crudo en el Delta del Níger. Otras comunidades de la zona, como los Obelele y los Igebiri, sufrieron en carne propia esta misma política de Shell, y ya hay 3.500 km2 de bosques destruidos por el efecto de este drástico método de provocar incendios intencionales.

Como consecuencia de los impactos negativos de esta actividad, los pobladores del Delta del Níger no quieren más a las compañías petroleras en general -y a la Shell en particular, menos aún- en sus territorios. No obstante, las transnacionales petroleras y el Gobierno Federal continúan ignorando los reclamos de las comunidades, quienes tienen que pagar el alto costo del petróleo barato. "Prometemos escuchar", dice Shell en su página Web. Pero en el Delta del Níger, la empresa parece haberse quedado totalmente sorda.

 ASIA

En la década del 90, el gobierno de Camboya, con el respaldo del Banco Mundial, intentó promover el cultivo industrial en gran escala de camarones en la zona costera del país. En 1993, el Proyecto de Acción por los Manglares (MAP, por sus siglas en inglés), ayudó a impedir que la gigante agroindustrial tailandesa Charoen Pokphand, se instalara en las costas de manglares de Camboya, en donde llevaría a cabo un proyecto de cultivo del camarón tigre negro. No obstante, la idea no quedó en el olvido, y posteriormente nuevos inversionistas de Tailandia financiaron actividades de acuicultura intensiva de camarón tigre negro en Camboya, importando equipos, personal capacitado e incluso ración para tal fin. La provincia Koh Kong, que tiene una extensa zona limítrofe con Tailandia, fue invadida por estanques de cultivo de camarones y la industria prometió un futuro de prosperidad para la región.

Pero en 1994, la fiebre del camarón llegó a Camboya. Una vez más, tal como había ocurrido antes en Tailandia y Taiwán, esta enfermedad se convirtió en el peor enemigo de la industria de la acuicultura intensiva de camarones. Se esperaba que habría un cese de este tipo de actividades, que de continuar significarían la destrucción de los manglares. El propio gobierno admitió que la zona de manglares de Camboya había disminuido de más de 63.000 hectáreas en 1992, a menos de 16.000 en 1995. El Ministerio de Medio Ambiente responsabilizó de esta situación al cultivo industrial de camarones por sus actividades depredadoras, por lo que estableció una moratoria temporal a la concesión de nuevas licencias. No obstante, después de 1995 el Departamento de Pesca seguía otorgando licencias para el cultivo de camarones. Ha sido recientemente, y sólo cuando la situación empeoró, que se prohibió la concesión de nuevos permisos.

Actualmente, las lagunas del cultivo industrial de camarones –que supuestamente traerían prosperidad a la provincia de Koh Kong- fueron abandonadas en los sitios en que una vez florecieron los manglares. Los capitales tailandesas también abandonaron el país ... probablemente para establecer su industria en otro lado, donde todavía hay manglares en pie.

El cincuenta por ciento de las zonas de manglares de todo el mundo ya han desaparecido y el cultivo industrial de camarones es una de las principales causas de este desastre ambiental. ¿Cuánto más tendremos que esperar hasta que se detenga definitivamente la autorización de nuevas actividades de esta industria?

El madereo descontrolado en el estado de Sarawak, en Malasia, ha sido motivo de gran preocupación para los ambientalistas desde mediados de la década del 80. El tema cobró importancia internacional en 1987, cuando a los indígenas Dayak se les agotó la paciencia después de décadas de haber reclamado infructuosamente el reconocimiento de sus derechos a la tierra. Los Dayak erigieron barricadas a lo largo de los caminos de la compañía maderera para impedir la destrucción de sus bosques. Cuando el gobierno reaccionó con arrestos en masa, la detención de activistas sin cargo ni juicio y recurriendo a las leyes de seguridad coloniales, se organizaron campañas internacionales de solidaridad con los Dayak. Con ello se logró que la destrucción de los bosques de Borneo pasara a tener un destaque internacional, sólo superado por el de la Amazonía. Las evaluaciones técnicas de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial confirmaron los índices insustentables de explotación de maderas tropicales en el estado. La ITTO recomendó un nivel sustancialmente menor de extracción y la suspensión del madereo en las zonas en disputa, en tanto que el Banco Mundial recomendó la adopción de medidas para reconocer los derechos a la tierra de los indígenas. No obstante, debido a la corrupción en gran escala, esas recomendaciones fueron prácticamente ignoradas por completo por los gobiernos de Sarawak y Malasia.

Sin embargo, a partir de las recomendaciones de la ITTO, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), elaboró un proyecto de asistencia técnica con una de las mayores empresas de madereo del estado, para realizar actividades experimentales de corta de madera de bajo impacto. El proyecto fue sumamente criticado por organizaciones no gubernamentales, tanto locales como europeas, preocupadas por los posibles impactos sobre los pueblos indígenas Penan, Kenyah y Kelabit, quienes habitan en la zona del proyecto. Las críticas al proyecto, en su concepción original, apuntaban a que se trataba de una actividad técnica de madereo que tendría graves repercusiones en los bosques tropicales primarios y que no priorizaba las necesidades y derechos de los pueblos indígenas. Sus principales motivos de preocupación eran:

- No se contemplaron medidas para reconocer los derechos a la tierra de los Pueblos Indígenas, aún cuando las comunidades indígenas actualmente transitan instancias judiciales para lograr el reconocimiento de sus derechos en la zona.

- Si bien casi la totalidad de la zona del proyecto entra dentro de los territorios de agricultura, caza y recolección de las comunidades, el personal de GTZ desestimó las reclamaciones de tierra de los Dayak por considerarlas "excesivas" e "irrealizables", antes siquiera de investigar cómo las comunidades efectivamente utilizan esas zonas.

- La participación indígena en la planificación y puesta en marcha del proyecto llegó demasiado tarde. Esto significa que las comunidades tienen que ajustarse a un plan preconcebido o bien rechazar el proyecto. Como consecuencia de esto, muchos han rechazado el proyecto.

- En lugar de partir del uso que los indígenas dan a la tierra, así como del conocimiento que de ella tienen, para elaborar un programa de ordenamiento forestal social y ambientalmente amigable, el proyecto pretende someter la zona al madereo, a la vez que alienta a los pueblos indígenas a dedicarse a la agricultura intensiva en los bordes de sus territorios. Ninguna de ambas prácticas tiene posibilidades de ser sustentable.

- La negación de los derechos a la tierra de los indígenas, la falta de consultas efectivas con las comunidades afectadas y la realización de actividades de madereo en los bosques primarios, implican una violación por parte del proyecto, de las directrices del Ministerio Alemán de Asistencia al Desarrollo en materia de bosques tropicales y de pueblos que habitan los mismos.

- Si bien el objetivo del proyecto es desarrollar un modelo de madereo que pueda ser "certificado", el mismo viola los Principios 2&3 del Consejo de Manejo Forestal (FSC), que requiere el reconocimiento tanto de los derechos jurídicos como consuetudinarios de los pueblos indígenas y de su derecho a que los mismos estén legalmente establecidos.

Después de una enérgica correspondencia durante la cual la GTZ intentó en un principio negar esos problemas, entró finalmente en un diálogo más constructivo con las ONG y a fines de 1999 envió a un consultor independiente a la zona, para evaluar el componente socioeconómico. El informe del consultor adhiere sustancialmente a la posición de las ONG y recomienda medidas para enfrentar los principales problemas que se habían planteado. El gobierno de Sarawak y la empresa Samling Timbers se mostraron reticentes a aceptar el proyecto revisado y a principios del 2000 GTZ decidió retirarse del proyecto FOMISS después que sus contrapartes de Malasia se negaron a modificar el proyecto de forma que atendiera las inquietudes de los Dayak.

Los megaproyectos de construcción de represas en Tailandia fueron enfrentados con multitudinarias protestas por sus impactos negativos tanto en lo social como en lo ambiental. Los casos de la represa Pak Mun (ver Boletín 22 del WRM y nuevo artículo en este número) y la represa Rasi Salai (ver Boletín 27 del WRM), son quizás los más notorios, aunque no los únicos. Tailandia intenta ahora exportar ese modelo destructivo a su vecino Myanmar (ex Birmania).

Una compañía tailandesa dedicada a la construcción de represas –GMS Power- propone la construcción de una gigantesca represa hidroeléctrica en el río Salween, en la zona noreste de Myanmar. Al mismo tiempo, el gobierno tailandés se comprometió a que la Autoridad de Generación Eléctrica de Tailandia (EGAT, por su sigla en inglés) u otros organismos nacionales compraran parte de la electricidad generada por los proyectos en Myanmar en el año 2010.

La represa Ta Sarng, con una altura prevista en 188 mts, sería la represa más alta de la zona continental del sudeste asiático, y la primera represa que se construiría en el curso de 2.400 kilómetros del río Salween. Este es el único curso de agua importante que queda en la región sin haber sido embalsado. De las grandes cuencas de la región, la del río Salween, de 320.000 km2, es también la que menos represas tiene. Pero la amenaza pende sobre este río desde comienzos de los 70, en que las empresas consultoras australianas y japonesas, junto con agencias estatales de Myanmar y Tailandia, elaboraron siete grandes estudios examinando la posibilidad de construir allí grandes represas.

GMS Power es una subsidiaria del grupo de empresas MDX, de Tailandia. A través de GMS, MDX participa en los proyectos de construcción de represas de Camboya, Laos y China. Lahmeyer International, una firma consultora alemana, coordinó el estudio previo de factibilidad para el proyecto Ta Sarng, y se contrató a la empresa Electric Power Corporation de Japón, para supervisar el estudio de viabilidad del proyecto. Según esta empresa, el embalse del proyecto inundaría, como mínimo, una zona de 640 kilómetros cuadrados.

El Memorandum de Entendimiento entre Tailandia y Myanmar, firmado en 1997, intenta justificar la construcción de grandes represas hidroeléctricas y otros proyectos a gran escala para la generación de electricidad "para el mutuo beneficio de los pueblos del Reino de Tailandia y la Unión de Myanmar". Nada podría estar más alejado de la realidad. La infraestructura en gran escala relacionada con el sector energético en ambos países –por ejemplo el polémico proyecto del gasoducto Yadana (ver Boletín 22 del WRM)- implica la destrucción de los bosques, corrupción, mano de obra forzada y otras violaciones a los derechos ambientales y humanos. La vasta mayoría de la población nunca alcanza a ver los supuestos beneficios que esos megaproyectos generan. En este caso concreto, una vasta zona de bosques y tierras fértiles a lo largo del río Salween y de los valles tributarios quedaría sumergida permanentemente por el embalse. Muchas de estas zonas son utilizadas para la plantación zafral de cultivos con los que las comunidades locales abastecen sus necesidades. El embalse, además, destruirá el hábitat acuático y terrestre del río y su valle, y alterará radicalmente los hábitats que están aguas abajo de la represa. Además, como suele ocurrir en estos casos, miles de pobladores fueron desalojados a la fuerza del sitio destinado a la represa y el embalse, por orden de la dictadura militar de Myanmar.

"No puedo expresar lo que siento. Sería peor que la muerte de mi madre y de mi padre", respondió un aldeano a quien le pidieron su opinión sobre la inundación de su aldea debido a las obras de la represa. ¿Es éste el tipo de "mutuo beneficio de los pueblos" que ofrecen los gobiernos de Tailandia y Myanmar?

La represa Pak Mun, en la Provincia Ubon Ratchathani, en el noreste de Tailandia, ha sido firmemente resistida por los aldeanos locales, quienes sufren sus efectos negativos que se manifiestan en la escasez de agua potable, la reducción del número de peces, los peligros para la salud, la inundación de sus tierras y el reasentamiento forzoso (ver Boletín 22 del WRM).

A pesar de los poderosos adversarios que deben enfrentar y de que ya han pasado diez años desde que se instaló la represa, su lucha continúa. Ahora los aldeanos de la represa Pak Mun emplean tradiciones y costumbres locales para hacer oír sus voces.

A comienzos de abril, más de 3.000 personas se juntaron en sus botes en la represa Pak Mun para realizar el Sueb Chata Maenam, y exigir a las autoridades que dejen que el río Mun vuelva a correr libremente. Sueb Chata Maenam significa "extender la vida de un río" y es una adaptación moderna de una vieja ceremonia que rinde homenaje a los ríos, que son considerados la sangre vital de la sociedad tradicional tailandesa. Había pancartas que decían: "Queremos devolverles la libertad a nuestro río", y "Los ríos son vida, no muerte". Durante el encuentro, ambientalistas y académicos expresaron su solidaridad con la gente desplazada y señalaron los efectos adversos de los llamados proyectos de desarrollo en las poblaciones locales de Tailandia. El mes que viene se presentará una petición a la Autoridad de Generación Eléctrica para detener las actividades y abrir las compuertas para dejar que el río corra libre. Los aldeanos esperan que una vez que se elimine la obstrucción a la migración de peces, la pesca volverá al río Mun.

La globalización avanza como una fuerza motriz poderosa, erosionando la diversidad biológica y cultural de todo el mundo. Los mega proyectos de represas son tan solo una muestra de este desarrollo voraz. Toda expresión de resistencia cultural –como ésta de los aldeanos del río Mun- constituye un paso hacia un mundo alternativo, más humano y sustentable.

OCEANIA

El nuevo gobierno de Aotearoa -una coalición apoyada por los Verdes- ha prohibido la corta de las hayas nativas (y probablemente suceda pronto otro tanto con el rimu y otras especies), dada la enorme presión que se está ejerciendo sobre los remanentes de bosques en el país, que incluyen el bosque templado húmedo y el bosque templado seco.

Como consecuencia, los beneficiarios de la cadena de producción forestal (aserraderistas y otros procesadores de la madera), iniciaron una demanda contra el gobierno por violación de los contratos existentes que, de ser cumplidos, implicarían un serio riesgo para la sustentabilidad de los bosques de haya. Afortunadamente perdieron la demanda, pero su acción dio lugar a una enorme lucha a nivel nacional acerca del futuro de la industria forestal, que es uno de los mayores generadores de empleo y una de las más poderosas industrias del país.

Las Organizaciones de Pueblos Indígenas (OPI) y las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) locales respondieron a la presión señalando que el país cuenta con una de la mayores áreas plantadas de pino radiata e industrias forestales en el mundo. Sin embargo, como otros países se están incorporando a la plantación de pinos, en un lapso de 30 a 40 años el precio de la madera de las distintas especies de pino habrá de bajar drásticamente debido a la competencia internacional. Las OPIs y ONGs están proponiendo ahora que cada vez que se corte una superficie de pinos, un porcentaje del área sea replantado con especies indígenas, como forma de ir construyendo gradualmente el equivalente a un corredor biológico.

Asimismo se propone que la "barrera carismática" en dichas áreas incluya algunas especies no madereras, productoras de néctar y bayas, dado que en Aotearoa el número de especies de aves en peligro es superior al de cualquier otro país. La barrera carismática es la franja de las plantaciones que da a los caminos y que raramente es cortada, de modo que el público no perciba el paisaje de grandes superficies deforestadas. Recibe esta denominación dado que su objetivo es ofrecer la ilusión de que la tala no está ocurriendo.

La utilización de especies indígenas en plantaciones, reemplazando a los pinos y/o en áreas de tierras no productivas para la agricultura, significa que el país habrá de generar un estoc de especies forestales nativas, de modo que en cincuenta o sesenta años, cuando se dé una presión sobre las especies nativas –dado que el precio del pino habrá de ser muy bajo- el país contará con plantaciones de nativas a ser cortadas en lugar de los bosques en peligro.

Este esquema aparece como viable y beneficioso porque:

- Contaría con un fuerte apoyo por parte de los Jefes, dado que los árboles nativos son vistos como Taonga (tesoros) por los ancianos Maori

- Prevé una presión sobre los bosques antes de que la misma ocurra y suministra alternativas de empleo

- El propio programa de plantaciones es intensivo en el uso de fuerza de trabajo, por lo que habrá de ser apoyado por el gobierno en zonas con alta tasa de desempleo

- Utilizar la barrera carismática como zona de inclusión de árboles nativos productores de bayas y miel generaría una zona apta para las aves autóctonas, que actualmente es inexistente en el país.

- Más que nada, alivia la presión de corta sobre los bosques como fuente de empleo

- Es económicamente viable

Actualmente las ideas anteriormente mencionadas están siendo entusiastamente promovidas por la comunidad de IPOs y ONGs, con la doble finalidad de promover la conservación de los bosques y la generación de empleo en un país donde mucho intentan –en defensa de sus propios intereses- mostrar la conservación y el empleo como antagónicos. Por tanto, y al contrario de lo que la industria se esfuerza en querer hacer ver, las OPIs y ONGs están dando muestras de ser actores verdaderamente razonables y responsables, que procuran compatibilizar la conservación ambiental con la calidad de vida.

CAMPAÑA SOBRE PLANTACIONES

Los árboles genéticamente modificados constituyen una amenaza que se cierne sobre los bosques y otros ecosistemas a nivel mundial. Joint-ventures formadas por gigantes de la biotecnología, la química y el papel, junto a algunos de los mayores terratenientes del mundo, están promocionando el desarrollo de los llamados "Frankentrees". Monsanto -que tiene una larga y negra historia en el área de los alimentos genéticamente manipulados- ForBio, International Paper, Fletcher Challenge Forests, GenFor, Canada Interlink, Silvagen, la agencia de desarrollo de Chile, Shell y Toyota son algunos de los actores implicados en el desarrollo de esta tecnología. El aumento del consumo de papel a nivel internacional, así como la iniciativa de considerar a las plantaciones forestales como sumideros de carbono –supuestamente para mitigar el efecto invernadero- son las excusas utilizadas para la promoción de la ingeniería genética en el sector forestal (ver Boletín 27 del WRM).

En realidad, los árboles genéticamente manipulados (GM) constituyen un paso más en el marco del modelo de los monocultivos forestales en gran escala, que ya está generando impactos sociales y ambientales altamente negativos en todo el mundo. Los árboles GM habrán de incrementar sustancialmente tales efectos: los mismos crecerán más rápido, intensificando de ese modo el agotamiento de los recursos hídricos y de los nutrientes del suelo, a la vez que en la búsqueda de ganancias, más y más tierra fértil habrá de ser ocupada por monocultivos forestales, despojando a la gente de su tierra y sus medios de vida. El futuro se ve amenazante, dado que muchas preguntas relativas a seguridad, conservación de la biodiversidad y control de dicha tecnología permanecen sin respuesta.

En el Documento Informativo de la Campaña sobre Plantaciones "El mercado del carbono: sembrando más problemas" se deslizó un error:

En la página 23, primer renglón, donde dice: "...la deforestación no debería..."