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Boletín del WRM
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NUESTRA OPINION Cambio Climático: la lección de Lyon Delegados gubernamentales de todo el mundo se reunieron este mes en Lyon, Francia, en una Conferencia Preparatoria previa a la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático a realizarse en noviembre próximo en La Haya, Holanda. Lo único bueno que puede decirse acerca del encuentro de Lyon es que los delegados trabajaron muy duro y hasta tarde en la noche, y que algunos de ellos --lamentablemente demasiado pocos-- realmente trataron de hacer algo en relación con el cambio climático. Sin embargo, el encuentro estuvo caracterizado en general por el chantaje, las presiones, el mercadeo, el soborno y el comercio entre las diferentes élites allí presentes. La mayor parte del tiempo se estuvo discutiendo acerca de cuestiones de dinero para programas que en verdad poca o ninguna relevancia tienen para el clima. Uno de los temas de los que más se habló fue sobre algo llamado "Mecanismo de Desarrollo Limpio" (MDL). A través de este esquema (entre otras cosas) los países industrializados podrían "compensar" sus emisiones utilizando "sumideros de carbono" en el Sur --tales como plantaciones forestales, bosques y cambios en el uso del suelo-- permitiéndoles de esta manera mantener e incluso incrementar las emisiones de combustibles fósiles, que son la causa primera del cambio climático. Los diplomáticos y tecnócratas presentes prestaron poca atención a los comprobados impactos negativos que proyectos forestales del tipo de los contemplados en el MDL ya han tenido sobre la gente y el ambiente. Afortunadamente, esta falsa "solución" para el clima todavía no ha sido aprobada por la Conferencia de las Partes. Sin embargo, las negociaciones preliminares en Lyon dejan poco espacio para ser optimistas. Algunas de las delegaciones concurrentes se centraron en el chantaje ("No firmaremos el Protocolo de Kioto al menos que se incluya un gran volumen de sumideros de carbono"), acompañado de presiones abiertas o solapadas ("Pueden discrepar con nuestros planteos, pero en ese caso ...). Los EE.UU. y Japón sobresalieron en ese sentido. Otras procuraron comercializar la capacidad de sus países como "sumideros de carbono" a cambio de dinero. Algunos delegados de América Latina se destacaron en esta tarea. Un tercer grupo --que incluía muchos de los delegados europeos-- intentaron mostrar su compromiso con la reducción de emisiones acordada en Kioto, pero dejaron la puerta abierta para proyectos forestales a ser aprobados en el próximo acuerdo de La Haya. Por su parte, el reducido grupo de países que se oponen frontalmente a la inclusión de los sumideros de carbono en el Protocolo de Kioto poco pudo hacer más que intentar hallar la manera de evitar lo peor de entre las propuestas sobre la mesa. Desafortunadamente, estos fueron los puntos destacados del encuentro. Casi no hubo discusión sobre los temas reales: igualdad de derechos sobre la atmósfera, disminución del uso de combustibles fósiles, en especial en el Norte, fuentes alternativas de energía, eficiencia y conservación energéticas. Si verdaderamente los gobiernos hubieran deseado abordar el cambio climático, se habrían centrado en cómo lograr una drástica reducción de las emisiones de combustibles fósiles mediante la activa promoción de fuentes de energía limpias, renovables y de bajo impacto. El Norte y el Sur podrían haber comenzado a compartir las investigaciones y la experiencia que ambos tienen en relación con el uso de energía de bajo impacto y habrían considerado mecanismos para asegurar el efectivo intercambio de conocimiento relevante, tecnología y experiencia política, tanto Sur-Norte como Norte-Sur. Estos deberían haber sido los temas centrales en discusión en el marco del "Mecanismo de Desarrollo Limpio". Pero los gobiernos presentes optaron por otra cosa. Del encuentro de Lyon puede extraerse una lección: a menos que los pueblos ejerzan presión sobre sus gobiernos, los negociadores sobre el clima no harán nada para prevenir el inminente desastre climático a nivel mundial. Los movimientos populares deben tener el coraje de no creer en lo que la mayoría de los tecnócratas de los gobiernos, los institutos de investigación e incluso de las ONGs les están diciendo, vale decir, que el cambio climático es un tema reservado solamente a "expertos". Deben entender que ésta no es una cuestión técnica, sino de poder, y que el escenario en el que se juega es político, por lo que todos estamos igualmente habilitados a participar. Deben tener bien claro que el tema es básicamente muy sencillo y tiene una solución igualmente simple, que todo el mundo puede entender: reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de energía alternativas y no perjudiciales para el ambiente. No se llegará a una solución para el cambio climático plantando millones de hectáreas de pino y eucalipto, lo que sólo agregará más problemas a los ya existentes. Si los dejamos actuar por si solos, los delegados oficiales nos conducirán a todos al desastre. Estos deben ser presionados --tanto desde fuera como desde dentro de sus grandes salones de reunión-- a actuar de manera más sobria y responsable. Esta es la lección de Lyon. LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS AMERICA DEL SUR Argentina: deforestación y plantaciones en dos provincias Coincidiendo con la conquista del vasto territorio argentino por parte del gobierno centralista de Buenos Aires, iniciada en la segunda mitad del siglo XIX en nombre de la modernización, los bosques de las distintas regiones del país entraron en una etapa de decadencia que ha continuado hasta el presente. Los dos casos mencionados a continuación constituyen sólo dos ejemplos de un proceso que está afectando a todo el país. En la Provincia de Santa Fé la cobertura boscosa disminuyó en unos 4,6 millones de hectáreas durante los últimos 80 años. Según un informe publicado recientemente por la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, la superficie total de bosques en la provincia es hoy en día de tan sólo 1.300.000 hectáreas. En 1915 el Censo Forestal de Santa Fé revelaba la existencia de 5,9 millones de hectáreas de bosques. Entre 1915 y 1970 la tasa de deforestación era de 52.700 hectáreas al año, pero en el período 1970-1984 saltó a 121.500 hectáreas anuales. Directamente responsables del actual estado de cosas son dos empresas forestales. Una de ellas es la británica "La Forestal", que comenzó a operar en la región en 1880 explotando los montes de quebracho (Schinopsis balansae) y siendo dueña de la tercera parte del territorio de la provincia. Para ello empleaba a la población local, que se vio forzada a trabajar en condiciones de semi-esclavitud. En la década de 1960, cuando la explotación de quebracho ya estaba declinando, la empresa cerró sus puertas y dejó tras de sí un desierto, tanto del punto de vista ambiental como social. En la década de 1930 llegó a la región "Celulosa Argentina". Para alimentar sus plantas de celulosa y papel la compañía también explotó los bosques nativos y, además, estableció plantaciones de eucalipto. La Provincia de Misiones también está sufriendo un severo proceso de pérdida de sus bosques y sustitución de los mismos por plantaciones. A principios de siglo el 90% de su superficie estaba cubierta de selva subtropical. Hoy en día quedan en pie solamente 1.500.000 hectáreas, de las cuales sólo la tercera parte están incluídas en áreas protegidas. La deforestación sigue sin disminuir. Sólo tomando el caso de una empresa extranjera de pulpa y papel, se espera que la misma ha de deforestar 7.000 hectáreas al año, a la vez que no hay ninguna medida programada para frenar este proceso de deterioro. Al mismo tiempo Misiones está siendo cubierta por extensas plantaciones de pinos de rápido crecimiento y los pinos ya están invadiendo las pocas áreas boscosas protegidas que quedan en la provincia. Como siempre, la pérdida de bosques en ambas provincias se ha dado en forma paralela al incremento del área de plantaciones. Sin embargo, muchos forestales --apoyados en la definición de "bosque" que hace la FAO-- dirán que en Santa Fé y Misiones la "cobertura boscosa" ha aumentado, por el sólo hecho de haberse agregado la superficie ocupada por plantaciones como parte de esa "cobertura boscosa". Afortunadamente la opinión pública se está dando cuenta de que los monocultivos de eucalipto y pino no son "bosques" y de que, en realidad, las plantaciones constituyen una causa fundamental de deforestación. Artículo basada en información obtenida de: Elsa Ortalda, 24/6/2000, correo electrónico: elgozante@punillanet.com.ar ; Centro Investigaciones Ecológicas Subtropicales, 2/8/2000; correo electrónico: cies@fnn.net Bolivia: críticas a megaproyecto hidroeléctrico en El Bala La cuenca baja del Río Beni en el oeste de Bolivia, que abarca parte de la zona andina y parte de la Amazonía, está amenazada por la instalación de un megaproyecto hidroeléctrico, que está provocando gran inquietud a nivel de los pobladores locales, ONGs ambientalistas y círculos académicos. El área abarca una superficie de 68.000 km2, presentando alturas que van de 6.500 metros s.n.m. a 200 metros s.n.m. en un tramo angosto del bajo Beni, conocido como el Bala. Este fue el lugar elegido para la construcción de la obra. Dadas las características de relieve e hidrográficas de la región en cuanto a su potencial para la generación de energía hidroeléctrica, desde hace cincuenta años se viene hablando de este proyecto. A partir de 1998 se le dio un nuevo impulso declarándolo de "prioridad nacional" y ahora se encuentra en la fase de licitación para la elaboración de los términos de referencia de los estudios de prefactibilidad. Sin embargo la zona no es un "espacio vacío", como lo ven los planificadores desde esferas oficiales. Por el contrario, la misma comprende una riquísima flora y fauna, dado el gradiente altitudinal, que permite la existencia de diferentes tipos de ecosistemas forestales, como bosque tropical seco, selva húmeda y bosque pluvial subandino. Asimismo, en la cuenca hay cinco áreas protegidas, dos de las cuales --el Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas-- se encuentran en el área de influencia directa de la represa. Más importante aún, en el área amenazada habitan unas 1.000 personas, la gran mayoría de las cuales pertenece a culturas amazónicas tradicionales ---como los chimanes, los tacanas y los mosetenes-- pueblos que desde hace décadas vienen siendo sometidos a un proceso de aculturación por el avance de la frontera agrícola y la deforestación en sus territorios. Un estudio recientemente publicado por el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) revela los impactos ambientales, sociales y económicos de carácter negativo que el proyecto traerá consigo, en caso de ser ejecutado. La apertura de caminos significará --como ha sucedido en la Amazonía brasilera-- la instalación de vías de penetración para madereros, cazadores y colonizadores. El llenado del embalse dejará anegada una superficie de 2.505 km2, enteramente ocupada por bosque primario, lo cual provocará la pérdida definitiva de la vegetación y la huida de la fauna local. El flujo hídrico, de nutrientes y de sedimentos se verá completamente alterado, lo que traerá consecuencias aguas abajo, afectando a la población campesina. Se teme que la baja calidad del agua que saldrá de la represa --por su alto grado de eutrofización-- la hará inutilizable. Por otra parte, si bien desde el punto de vista ingenieril la represa podría servir para la contención de las crecidas anuales que afectan a las poblaciones de Rurrenabaque y San Buenaventura, las últimas investigaciones en materia de conservación y manejo de ríos indican, por el contrario, que el mantenimiento de áreas de inundación natural resulta esencial para beneficiarse de la dinámica del curso. Incluso desde el punto de vista económico el proyecto resulta inviable, ya que la prevista venta de energía al Brasil no logrará compensar los gastos que implica la obra, para la cual, además, el estado boliviano deberá endeudarse aún más. Los días 21 y 22 de julio ppdos. en la población de Rurrenabaque, se realizó un Seminario-Taller organizado por el Foro Paceño a efectos de analizar este problema. Presentados los estudios realizados acerca de los impactos esperados, así como antecedentes de obras de este tipo en Colombia y Brasil, los concurrentes --pobladores de la región, representantes de comunidades indígenas y campesinas, responsables de las áreas protegidas, organizaciones e instituciones de la zona y algunas autoridades locales-- expresaron su punto de vista crítico al proyecto de El Bala. Asimismo exigieron que previo al estudio de prefactibilidad debería considerarse los impactos esperados y focalizarse en alternativas de desarrollo sustentable para la región. Artículo basado en información obtenida de: Darío Jana, 5/8/2000, correo electrónico: darioj@bigfoot.com ; "Consideraciones sobre un megaproyecto: El Bala", FOBOMADE, La Paz, s.f.e.; Bayler Peter B., "Understanding Large River-Floodplain Ecosystems", Bioscience Vol 45 Nr 3: 153-158, March 1995. Las personas interesadas en obtener mayor información pueden dirigirse a: FOBOMADE, correo electrónico: fobomade@mail.megalink.com Colombia: hasta la historia asiste la causa de los U'wa El pueblo indígena U'wa viene sosteniendo un prolongado conflicto con el estado colombiano y la empresa Occidental Petroleum en defensa de sus territorios tradicionales. El permiso otorgado a la empresa y el comienzo de los trabajos de prospección petrolera en el Bloque Samoré, localizado en la zona de bosque premontano de la frontera colombo-venezolana constituye una amenaza para la vida de los U'wa y su entorno. Para la cultura U'wa el petróleo es la sangre de la Madre Tierra, por lo que perforarla constituye una profanación. Su lucha ha sido larga y por momentos cruenta, habiendo sufrido los U'wa la violencia desencadenada por cuerpos armados del estado. A su vez --y tal como lo comprobó la misión internacional independiente que visitó el área en marzo de este año-- las operaciones de Occidental ya han provocado impactos ambientales negativos en la zona del Pozo Gibraltar 1 (ver Boletines 22, 23, 26, 27 y 29 del WRM). Uno de los frentes en que el conflicto se viene desarrollando es el jurídico y legal. El artículo 332 de la Constitución Política de 1991 reconoce los derechos adquiridos por los pueblos indígenas en relación con la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales. Recientemente los U'wa han presentado ante autoridades nacionales y departamentales una serie de documentos que los confirman como legítimos dueños de las tierras en litigio. Para obtener dichos documentos, una delegación U'wa se trasladó a España, donde logró ubicar en el Archivo de Indias en Sevilla los títulos coloniales del Resguardo otorgados por la Corona Española en el siglo XVIII, cuando este territorio formaba parte del imperio español como Nuevo Reino de Granada. O sea, que esos títulos de propiedad son incluso anteriores a la propia creación del estado colombiano, que hoy cuestiona sus derechos. Junto a estos valiosos documentos históricos, los reclamantes aportaron jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia y del Honorable Consejo de Estado de Colombia, todas ellas decisiones que definen y amparan claramente su derecho a esas tierras y su subsuelo. Si bien estos nuevos elementos no resultan en sí suficientes para torcer la voluntad estatal de hacerle el juego a Occidental, de cualquier manera constituyen una importante herramienta en la lucha del pueblo U'wa por sus derechos. Las autoridades colombianas --con el Ministerio de Medio Ambiente a la cabeza-- hasta ahora no han hecho más que engañar, intimidar y reprimir a los U'wa, quienes, sin embargo, no cejan en su justa lucha. La resistencia de los U'wa --así como la de otros pueblos indígenas y comunidades negras en otros lugares de Colombia-- constituye un ejemplo de movilización popular pacífica en un país atrapado por la violencia y la intolerancia desplegadas de las fuerzas armadas, los paramilitares y la guerrilla. Artículo basado en información obtenida de: Editor Equipo Nizkor, 20/9/2000, correo electrónico: nizkor@teleline.es ; Censat Agua Viva, 21/9/2000, correo electrónico: censat@colnodo.apc.org Ecuador: pedido de apoyo para retiro de demanda legal contra defensores de los bosques Defender los bosques puede ser algo muy peligroso, en particular cuando las empresas madereras forman parte de poderosos grupos nacionales, como en el caso de Botrosa S.A. en Ecuador, perteneciente al grupo Durini, que ha explotado bosques primarios en la región de la costa del Ecuador por más de 30 años. Como ejemplo del poder de la empresa, se destaca el hecho de que el actual Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Ing. Roberto Peña Durini, está directamente vinculado a la misma. Las actividades de Botrosa han venido siendo crecientemente resistidas, tanto por pobladores locales como por entidades ambientalistas, que han denunciado la destrucción de bosques en las zonas en las que la empresa opera. En el caso que motiva este artículo, luego de múltiples acciones y en medio de un clima de extrema violencia contra las poblaciones locales, el Ministerio del Ambiente finalmente realiza una inspección al predio El Pambilar --centro de las cuestionadas y resistidas acciones de Botrosa-- para determinar si éste se encontraba en Patrimonio Forestal del Estado. En esta comisión participaron representantes de la empresa maderera Botrosa, de la Asociación Ecuador Libre, de la Defensoría del Pueblo y de Acción Ecológica. En agosto del 2000 esta comisión determina que el 90 % del predio se encuentra en Patrimonio Forestal del Estado, y el Ministro del Ambiente establece que este debe retornar al Estado. Las represalias no se hacen esperar. A finales de agosto del año 2000 la empresa ingresa a la zona de conflicto alrededor de 100 hombres armados, que actuando como un grupo paramilitar secuestran y torturan a 32 campesinos miembros de Ecuador Libre. El presidente de la comisión de fiscalización del Congreso Nacional, diputado Carlos González junto con Acción Ecológica el día 14 de septiembre del 2000 entregan a la Ministra Fiscal la denuncia que involucra a la empresa Botrosa por la adjudicación de 3123 has. de tierras que pertenecen al Patrimonio Forestal del Estado y se pide la devolución del predio al Estado. El escenario pasa ahora al área legal, donde los inocentes pasan a ser acusados. Acción Ecológica y la cooperativa Ecuador Libre, que han llevado a cabo acciones legales contra el accionar ilegal de la empresa se encuentran ahora en el banquillo de los acusados, por una demanda contra los dirigentes de la cooperativa y contra Ricardo Buitrón --responsable de la Campaña de Bosques de Acción Ecológica-- interpuesta por un ex trabajador de la empresa involucrado en los hechos de tortura acaecidos en El Pampilar. Acción Ecológica solicita el apoyo de tod@s para iniciar una campaña internacional por el caso y dice: "Las organizaciones y ecologistas populares necesitan de su urgente apoyo para que el conflicto provocado por la presencia de la empresa Botrosa en la zona de el Pambilar termine". "Solicitamos el envío de cartas al Ministro del Ambiente en Ecuador pidiéndole que tome cartas en el asunto y exija la devolución del predio El Pambilar que se encuentra dentro del Patrimonio Forestal del Estado, que inicie un proceso de investigación para establecer si la empresa maderera tiene otras tierras que están siendo explotadas dentro de tierras forestales del Estado o en tierras de posesión efectiva o ancestrales de las poblaciones locales y que pida el cese de la violencia en Esmeraldas y el retiro de la demanda legal en contra de los ecologistas de Acción Ecológica y de la Cooperativa Ecuador Libre". Las cartas deberán dirigirse a: Señor Rodolfo Rendón Por información detallada
sobre el conflicto y sus antecedentes, ver : Venezuela: "¡Deténgalo Presidente!" reclaman líderes indígenas Pemón La inclusión en la Constitución Nacional Venezolana aprobada en 1999 de un capítulo que establece derechos legales para los pueblos y comunidades indígenas en armonía con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llevó a pensar que los pueblos indígenas de ese país estarían en una mejor posición para proteger su ambiente y tradiciones contra los poderosos intereses que, en nombre del "progreso", quieren destruirlos. Sin embargo en la vida real la situación no parece haber cambiado mucho. Los indígenas Pemón siguen luchando contra la construcción de una línea de alto voltaje en el sureste de la región de las Gran Sabana, que atravesará la frontera con Brasil. Cuatro líderes indígenas han pedido recientemente al Presidente Chávez que detenga las obras. "Ellos entienden el mundo como algo que puede ser dividido en pequeñas cajas. Para nosotros el mundo es un espacio circular, donde coexisten dioses, sitios sagrados, grandes rocas, grandes ríos, montañas, plantas y animales. Donde el sol fecunda la tierra para que ésta pueda dar a luz. Y como parte de esa naturaleza está el hombre indígena". Silviano Castro, de San Rafael de Kamoirán; Melchor Flores, de Mapaurí; Cleto Javier Ramírez, de Agua Fría; y Darío Castro, de San Juan de Kamoirán se dirigieron al Presidente venezolano con esta visión cosmológica del mundo, tal como lo perciben los Pemón. El gobierno ha tratado de convencerlos de que la línea de alta tensión es algo bueno para ellos. El vicepresidente Isaías Rodríguez, acompañado por representantes del Ejército y de la Guardia Nacional, organizó un encuentro con el comité ejecutivo de la Federación Indígena de Bolívar. El gobierno les ofreció U$S 200.000 para crear un fondo destinado a la Federación. En una movida para debilitar la oposición al proyecto, el gobierno llevó a Caracas a algunos líderes indígenas que no se oponen a la obra, con el fin de signar un acuerdo. Muchos de ellos ni siquiera hablan castellano. . . EL Presidente Chávez mostró su satisfacción por el acuerdo y agradeció al Vicepresidente por su labor. Los cuatro líderes Pemón consideran que han sido engañados y reclaman "Itachimnak, tatadepurú". "Deténgalo Presidente". Ellos se preguntan de qué sirve tener una nueva constitución, representantes indígenas en la Asamblea Nacional e incluso una mujer indígena como Ministra de Medio Ambiente, si en todo caso los Pemón serán condenados a la desaparición. Los trastornos provocados por las actividades económicas en la zona --bajo la forma de líneas de alto voltaje, minería y turismo de lujo-- implicarían la destrucción de sus medios de vida y cultura, basada en la simplicidad de la naturaleza y en una vida en armonía con ella. No hay dinero en el mundo que pueda sustituir esto. Artículo basado en información obtenida de: Amigos en Defensa de la Gran Sabana. AMIGRANSA/Orinoco Oilwatch, 15/8/2000; correo electrónico: amigrans@ccs.internet.ve AMERICA CENTRAL Belice: la industria camaronera amenaza los manglares de Laguna Placencia En 1999 los residentes de la Laguna Placencia --un cuerpo de agua superficial bordeado de manglares muy rico en fauna y flora terrestre y acuática, localizado en el sur de Belice-- se organizaron para oponerse a un proyecto de construcción de una carretera elevada de doble vía y un puente que atravesaría la laguna. Las obras hubieran ocasionado un impacto ambiental severo, perjudicando el ecoturismo, que es la principal actividad de la zona, así como la pesca artesanal (ver Boletín 23 del WRM). Ahora una nueva amenaza se cierne sobre este rico ecosistema: la industria del camarón. La Laguna Placencia es en gran parte responsable de la existencia de aguas prístinas y de la abundancia de peces en las proximidades de la Barrera Coralina Mesoamericana, que constituye el soporte material de vida de la mayoría de los habitantes de la zona, siendo a la vez un escenario de elevado valor para el ecoturismo. Ultimamente el área ha atraído la atención de empresas camaroneras y promotores del "desarrollo". Actualmente hay instaladas en la laguna cinco empresas dedicadas a la cría del camarón. Existen proyectos para la instalación de dos más, estando ambos en la etapa de solicitud de los permisos de operación. Asimismo, dos de las ya existentes tienen planes de expandirse y están en la fase final de aprobación de sus permisos. Teniendo en cuenta el devastador efecto de la industria camaronera en muchos otros países tropicales y las condiciones específicas del ambiente en la Laguna Placencia --que dados la composición de sus suelos y geología tiene una baja capacidad de carga y una alta susceptibilidad a la contaminación-- puede esperarse que la anunciada expansión lleve a un desastre ambiental. Ya en 1997 un informe preparado por el PNUD para la Oficina de Manejo de la Zona Costera de Belice advertía que la industria camaronera en la Laguna Placencia se estaba acercando rápidamente a los límites de producción sustentable. Ya se están percibiendo signos de los que puede ocurrir en un futuro próximo. Los pobladores locales han detectado una disminución en la población de peces del área y temen que la expansión de las operaciones de esta industria, junto al incremento del desarrollo comercial y residencial, sigan degradando su ambiente y medios de vida. No obstante, el gobierno parece estar más interesado en la promoción de la cría industrial del camarón que en la protección de los manglares. La industria se beneficia de una política impositiva favorable, así como de la falta de regulaciones en lo atinente al control y la mitigación de la contaminación. En la visión oficial, las divisas generadas por las exportaciones de la industria camaronera son más importantes que la conservación de los manglares. Las personas interesadas en expresar su apoyo a las comunidades locales de la Laguna Placencia en pro de la conservación de sus manglares y medios de vida pueden visitar la página: http://www.wrm.org.uy/castellano/bosques_tropicales/pedidos4.html , donde está disponible una carta tipo (en inglés) a ser dirigida a autoridades de ese país. Artículo basado en información de: Late Friday News, 67th Edition, August 2000, correo electrónico: mangroveap@olympus.net Nicaragua: derechos de los pueblos indígenas y la Reserva Bosawas El este de Nicaragua es conocido como la Costa Atlántica, la que está dividida geográficamente en dos regiones, Sur y Norte. Se caracteriza por ser el área mayormente habitada por indígenas, en su mayoría miskitos y por ser la zona de mayor riqueza natural de todo el país. En esta zona (42% del territorio), viven unas 500,000 personas (el 8% de la población nacional) quienes representan a seis grupos étnicos que se dedican a la agricultura y a la pesca. En 1987, durante el Gobierno Sandinista, por primera vez en la historia de América Latina, se aprobó la Ley de Autonomía, donde se reconocen los derechos de esas comunidades de utilizar y beneficiarse de sus recursos naturales y el derecho a practicar sus formas tradicionales de tenencia y transferencia de la tierra. No obstante, aunque esta Ley es una victoria para la lucha indígena, en los últimos años, esos derechos quedan despojados al tener que enfrentar la voracidad de la inversión extranjera y nacional en la sobreexplotación de los bosques y de sus recursos marinos. En octubre de 1991, el Gobierno nicaragüense declaró gran parte del territorio indígena de la Costa Atlántica, Reserva Nacional de Recursos Naturales, hoy ampliamente conocida como Bosawas. Esta reserva es la más extensa en Centroamérica y en enero de 1998, la UNESCO la declaró Reserva de la Biósfera. La zona de Bosawas es el hogar de 12 especies de animales en peligro de extinción y de 18 especies ya extintas en la región centroamericana. El corazón de la reserva comprende 750.000 hectáreas de bosque tropical húmedo virgen y denso. La reserva fue declarada como tal sin consulta con las 34,000 habitantes indígenas de la zona, miskitos y mayagnas, quienes hasta hoy mantienen ese reclamo ante las autoridades gubernamentales. Además mantienen la sospecha de que el Gobierno la declaró área protegida para tomar ventaja de los recursos que ahí se encuentran y siguen considerándolo como una violación a sus derechos a la tierra y sus recursos. La demanda de las comunidades indígenas por la demarcación y legalización de sus tierras, se ha mantenido con mayor fuerza, ya que cada día enfrentan el avance de la colonización espontánea en sus territorios y no consideran que crear parques o reservas contribuya a la protección de sus bosques, sino que les excluye de los derechos legales sobre sus tierras. Por lo tanto, estas comunidades han demandado ante el Gobierno de Nicaragua y las comunidades donantes un proceso de auto demarcación de sus territorios. En este año, el Gobierno presentó la propuesta de Ley para regular la propiedad comunal de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Sin embargo, nuevamente los líderes consideran que fue un Proyecto elaborado sin la participación de las comunidades y pueblos indígenas. Las comunidades que habitan la reserva Bosawas exigen sean reconocidas por si mismas y no por ninguna designación de la reserva, y de esa manera se les garantice su derecho al uso y disfrute de sus recursos naturales y que en ningún momento el Gobierno deba ser el protagonista de la legalización de sus territorios, sino las comunidades mismas. Para mayor información contactarse con la Organización indígena ADEPSIMISUJIN, correo electrónico: pdessost@ibw.com.ni Artículo enviado por: Centro Alexander von Humboldt, 4/9/2000; correo electrónico: humboldt@ibw.com.ni AMERICA DEL NORTE México: la "justicia" encuentra culpable a activista ecologista Una vez más la "justicia" mexicana se ha pronunciado contra la justica. Rodolfo Montiel, un líder campesino, prisionero por conducir un exitoso movimiento de oposición contra las operaciones de madereo de la empresa estadounidense Boise Cascade en el estado de Guerrero (ver Boletín 26 del WRM), fue encontrado culpable y recibió una sentencia de seis años y ocho meses, según el veredicto del Juez de la 5ta. Corte de Distrito Maclovio Murillo. Montiel, junto a su compañero Teodoro Cabrera, han estado detenidos desde hace 15 meses. Cabrera también fue hallado culpable y sentenciado a 10 años de prisión. Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos mexicanas e internacionales reaccionaron contra el veredicto, argumentando que existen evidencias de que las acusaciones contra ellos fueron todas fraguadas y las confesiones obtenidas bajo tortura. El Centro para los Derechos Humanos Miguel Angel Pro Juárez, que representó a los dos inculpados durante el proceso, apelará el veredicto y las sentencias. Esta organización ha solicitado información sobre si se tuvo en cuenta un informe de la comisión gubernamental sobre derechos humanos, en el que se afirma que los dos acusados fueron torturados para que se declararan culpables. Amnesty International adoptó a Montiel y Cabrera como prisioneros de conciencia, en tanto el Sierra Club ya ha iniciado una campaña para lograr su liberación. El caso de Montiel y Cabrera ejemplifica muchas injusticias, entre los cuales deseamos subrayar la diferencia existente --en México y en una gran cantidad de otros países del mundo-- entre ley y justicia. La ley permitió a una empresa estadounidense --Boise Cascade-- destruir bosques y medios de vida de la población en México. La población local reaccionó, creyendo que la justicia estaba de su lado, pero sus acciones fueron declaradas ilegales. Su líder fue ilegalmente arrestado y torturado, como prerrequisito para declararlo "legalmente" culpable de violar la ley. ¡Se hizo justicia! Todo el mundo sabe, sin embargo, que esto no es más que una parodia de justicia y ahora grupos ambientalistas y de derechos humanos están tratando de ejercer presión ante el nuevo presidente electo Fox, a fin de que conceda un indulto a los dos campesinos acusados. Esto sería un auspicioso signo de pacificación y --por fin-- un acto de verdadera justicia. Artículo basado en información obtenida de: "Mexico Finds Activist Guilty In Drug Case. Peasant won Goldman environmental prize" por Wendy Patterson, San Francisco Chronicle, 29/8/2000, enviado por: Pat Rasmussen, Leavenworth Audubon Adopt-a-Forest, 1/9/2000, e-mail: patr@crcwnet.com AFRICA Gabón: polémico acuerdo sobre la Reserva de Lope En julio pasado el gobierno de Gabón, empresas madereras que operan en el país y algunos grupos ambientalistas --entre ellos el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)-- alcanzaron un acuerdo para mantener la Reserva de Lope fuera del alcance del madereo comercial. Sin embargo, el acuerdo incluye una redefinición de los límites de la reserva, sustrayéndole 10.352 hectáreas en la zona sureste --donde se encuentra la mayor cantidad de ejemplares del valioso okumé-- y agregándole alrededor de 5.200 hectáreas de una zona previamente no protegida que comprende bosques primarios en una remota zona de las tierras altas. El acuerdo ha generado reacciones opuestas. Para quienes están a favor, el resultado del acuerdo es positivo, dado que la nueva área incorporada a la reserva constituye un invalorable reservorio de biodiversidad. Se argumenta también que gracias al acuerdo los madereros se han comprometido por primera vez a no violar los límites de un área protegida. Sostiene uno de los defensores del acuerdo que "hemos pasado de una situación en la cual alrededor de las dos terceras partes de la reserva se encontraba de hecho en concesiones madereras, a otra en la que hemos perdido algo de tierra pero donde la reserva en su conjunto estará protegida de la corta para siempre. Para las empresas madereras, la nueva zona protegida en tierras altas presentaba dificultades para su explotación desde el punto de vista logístico, ya que se hubiera requerido la construcción de caminos y costosos métodos de cosecha. A cambio, éstas tendrán ahora el acceso facilitado a los valiosos rodales de okumé. No obstante, grupos ambientalistas como Rainforest Foundation, que han estado luchando contra la corta de madera en la zona, consideran que las empresas madereras --principalmente francesas y malasias-- tienen mucho poder económico e influencia sobre el gobierno como para realmente cumplir con el compromiso establecido. Aducen que la pérdida de un área previamente protegida suena más bien como una renuncia, en tanto lo que el gobierno debería haber hecho es aplicar la legislación vigente. No hay garantía de que --en nombre del "realismo"-- en el futuro no se modifiquen una y otra vez los límites del área protegida. La actitud que las empresas implicadas asumirán en el futuro resulta crucial. Cabe señalar que en 1995 la compañía maderera francesa Rougier Group violó un acuerdo para el desarrollo sustentable de los recursos naturales en la región de Ipassa Mingouli, suscrito por la propia empresa, el gobierno de Gabón y la UICN, y que contaba con el apoyo financiero de la Unión Europea (ver Boletín 15 del WRM). Asimismo, debe subrayarse que el acuerdo no menciona en absoluto cuál es el punto de vista de los pueblos de los bosques que habitan la zona. Artículo basado en información obtenida de: The New York Times, "Pact Is Reached to Save a Rich Tropical Forest" por Andrew Revkin, 1/8/2000, en Worldwide Forest / Biodiversity Campaign News 13/8/2000, enviado por Glen R. Barry, correo electrónico: grbarry@students.wisc.edu Kenia: manglares amenazados por empresa minera canadiense Se estima que en las costas de Kenia yace más del 10% de los depósitos inexplotados de titanio en el mundo. Este metal es utilizado para la industria de los pigmentos, así como para la fabricación de muchos objetos de la vida moderna. A través de una perforación realizada recientemente en la zona de Kwale se descubrió una reserva de 150 millones de toneladas de arena conteniendo rutilo, ilmenita y zircón, minerales utilizados para la obtención de titanio. Esta es una muy mala noticia para las comunidades locales que viven en la costa de manglar localizada cerca de Mombasa, tales como la de la aldea de Tsunza, las cuales están siendo amenazadas por un masivo desarrollo minero para la extracción de titanio a cargo de una empresa canadiense. La posible transformación de miles de hectáreas de granjas y bosques en la costa de Kenia en minas de titanio ha generado críticas a nivel de los líderes de las comunidades locales. Teniendo en cuenta que las empresas extranjeras que operan en el sector minero en el Sur no respetan los mismos estándares comerciales y ambientales que en sus países de origen, se teme que el proyecto provoque la rápida destrucción de este valioso ecosistema. En particular la industria minera canadiense se ha expandido significativamente en el exterior durante la pasada década, causando severos impactos, tanto sobre los bosques como sobre los pueblos que en ellos habitan (detallados en: "Undermining the Forests. The need to control transnational mining companies: a Canadian case study" (en inglés), disponible en: Forest Peoples Programme, correo electrónico: info@fppwrm.gn.apc.org y próximamente disponible en castellano). Articulo basado en información obtenida de: Late Friday News 70th Edition, September 2000; correo electrónico: mangroveap@olympus.net . Por más datos comunciarse con: Ted Kombo, Tsunza Conservation and Community Development Programme, correo electrónico: tsunza@swiftmombasa.com Nigeria: ¿A costa de quienes se extrae petróleo en el Delta del Niger? Los pueblos indígenas de la región rica en petróleo del Delta del Niger siguen sufriendo la degradación ambiental, la pobreza y la violencia provocada por las empresas petroleras que operan en la zona. Los responsables del actual estado de cosas son las propias empresas, junto a los gobiernos de Nigeria y de los países del Norte. Shell, que tiene un triste historial durante su larga permanencia en el Delta del Níger, ha destinado la suma de U$S 1.000 millones para el desarrollo de un campo de explotación de petróleo y gas en la plataforma marítima de la región. Tal proyecto está siendo financiado por un acuerdo entre empresas petroleras que operan en Nigeria y la estatal Nigerian Petroleum Corporation. Como las ventas de petróleo representan el 90% del valor de las exportaciones de Nigeria, el gobierno está interesado en aumentar la producción de crudo a toda costa. Al mismo tiempo, el estado se encuentra a cargo de la "seguridad" en la zona. Esto no significa defender el derecho de las comunidades locales a vivir en paz en un ambiente saludable sino, por el contrario, defender los intereses de las empresas en detrimento de la población del Delta. El gobierno nigeriano no está solo en esta tarea. Recientemente la organización Movimiento por la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP-UK) ha denunciado que el gobierno de EE.UU. ha otorgado ayuda militar a la armada nigeriana, consistente en ocho lanchas de ataque rápido, a fin de patrullar la región. ¿A costa de quienes se extrae petróleo en el Delta del Níger? MOSOP–UK denuncia que "es la población del Delta del Níger la que paga por el costo de oportunidad de la prospección petrolera en Nigeria. El peso de este costo es cada vez más alto y se está volviendo demasiado pesado para el pueblo". Paradójicamente el Delta del Níger significa enormes ganancias para unos pocos y al mismo tiempo pobreza y sufrimiento para la enorme mayoría. "Mientras tanto, nuestros niños y niñas sufren de desnutrición y se mueren de hambre en esta tierra de abundancia; nuestros maridos, padres y hermanos son muertos por protestar contra la injusticia que aquí reina; nuestras mujeres son violadas por los contratistas de las petroleras y los agentes de seguridad; nuestro ambiente es destruído sin dejar esperanzas para las generaciones futuras" afirma Gbenewa Phido, Presidenta de MOSOP-UK. Y agrega: "Es hora de que se proteja el ambiente del pueblo del Delta del Níger. Es tiempo de que se frene el continuo hostigamiento y la continua intimidación a nuestro pueblo por parte de las petroleras y los agentes de seguridad nigerianos. Es el momento de que el pueblo del Delta del Níger sea valorado y respetado como tal, y no tratado como si estuviera compuesto de vándalos y alborotadores, tal como se nos ha pintado recientemente. Es tiempo de que el pueblo del Delta del Níger se ponga de pie y así permanezca hasta que se restauren sus derechos". Artículo basado en información obtenida de: 'Oil Exploration in Niger Delta - at whose expense?' por la Sa. Gbenewa Phido, MOSOP OGONI, 5/9/2000; correo electrónico: mosopgb@hotmail.com Zimbabwe: desmitificando el rol de "los pobres" en la destrucción de los bosques Mucho se ha difundido la imagen del último árbol en una región seca del Africa, siendo cortado por un campesino pobre, responsable último de la destrucción ambiental. No obstante, esta imagen se basa más en propaganda que en evidencia empírica. Por un lado, los datos confiables sobre recursos ambientales claves en ese continente son escasos. Por otro, los estudios de carácter cuantitativo --por ejemplo los realizados para los bosques del Africa Occidental y en Kenia-- han demostrado que el supuesto de una sistemática destrucción ambiental es falso, y que los pequeños campesinos en realidad mejoran los recursos ambientales a través de inversiones en capital natural. Los hogares rurales en el Sur utilizan una gran variedad de recursos ambientales. Su renovabilidad y ocurrencia espontánea, y el hecho de que con frecuencia son manejados mediante regímenes de tenencia comunitarios hace que el uso de estos recursos --incluyendo los productos obtenidos de la recolección y la caza en los bosques-- difiera de otras actividades económicas. Dado que el análisis económico convencional ignora estos aspectos, poco se sabe acerca del valor de estos productos en relación con el bienestar de estos hogares. En Zimbabwe los hogares rurales se encuentran en Areas Comunales, sobre los peores suelos y con precipitaciones de tan sólo 650 mm al año. La población nativa fue relocalizada a la fuerza en estas áreas por parte del gobierno colonial y con la independencia las cosas no cambiaron demasiado. Por otra parte, sus ingresos en dinero son muy bajos, de modo que la economía convencional los incluye en la categoría de "pobres". A mediados de la década de 1990, William Cavendish realizó una investigación ("Empirical Regularities in the Poverty-Environment Relationship of Rural Households: Evidence from Zimbabwe", February 2000) en una típica comunidad rural de Zimbabwe --el distrito de Shindik-- y encontró que promedialmente cada familia obtenía más del 35% de sus ingresos a partir de productos gratuitamente disponibles en el bosque. Alrededor de las tres cuartas partes de sus ingresos proviene de una amplia gama de otros productos naturales. Se demostró que los hogares más pobres son más dependientes de los productos del bosque. Aún así, en términos absolutos, los hogares de mayores ingresos consumen más de estos productos. Mientras que los hombres se dedican más que nada a tareas de caza y corta de madera, las mujeres venden verdura y fruta recolectada en el bosque y recogen leña. Los resultados de la referida investigación admiten diversas lecturas. En lo que respecta a los bosques, el estudio muestra cuán importantes son los denominados "productos forestales menores" o "no madereros" para las comunidades locales de bajos ingresos que habitan en un ambiente adverso. La visión forestal hegemónica, centrada exclusivamente en la producción de madera, ignora este aspecto. Por otra parte, la investigación demuestra que la idea de que los pobres son los responsables de la degradación de los bosques es no sólo falsa, sino también absurda, dado que la destrucción del bosque les significaría el fin de ingreso "oculto" pero esencial, que puede constituir la diferencia entre la vida y la muerte. Artículo basado en información obtenida de: "Southern African forests - the poor people's safety net" por David Kaimowitz, 31/8/2000; correo electrónico: d.kaimowitz@cgiar.org ; Cavendish William, "Empirical Regularities in the Poverty-Environment Relationship of Rural Households: Evidence from Zimbabwe", February 2000; correo electrónico: william.cavendish@new.labour.org.uk ASIA UPM-Kymmene y APRIL: la conexión chino-indonesia La corporación UPM-Kymmene --una de las empresas de fabricación de productos forestales y papel más grande del mundo, con plantas en 15 países--, el grupo APRIL (Asia Pacific Resources International Holdings Ltd.) y la mayoría de los accionistas de APRIL firmaron recientemente un acuerdo para vender el 51% de la parte de APRIL en la fábrica de papel de Changshu (China) a UPM-Kymmene. El valor de la transacción es de U$S 150 millones. Como consecuencia del acuerdo, UPM-Kymmene --con sede en Finlandia-- será de ahora en adelante el único dueño de la planta de Changshu. Al mismo tiempo se suscribió un contrato por seis años y medio con APRIL para que durante ese período ésta provea de celulosa kraft blanqueda a dicha fábrica. La fábrica de papel de Changshu, que comenzó a operar en marzo de 1999, está localizada en el río Yangtze en la Provincia de Jiangsu, a unos 100 kilómetros de Shanghai. La maquinaria de la planta --suministrada por la firma también finlandesa Valmet-- tiene una capacidad de producción de 350.000 toneladas de papel fino. Desde sus inicios, UPM-Kymmene ha tenido la responsabilidad del manejo de la misma. Para el año 2000 la producción estimada de la fábrica es de unas 290.000 toneladas de papel fino y sus exportaciones habrán de representar la mitad de las ventas de papel producido en China a los países vecinos. Es interesante señalar que durante los próximos seis años y medio los dos socios ahora formalmente separados seguirán realizando actividades en conjunto pero en un escenario diferente. UPM-Kymmene producirá papel en su propia planta en China, pero con celulosa suministrada por APRIL. Las fuertes críticas que suscitó la alianza entre ambas empresas se fundamentó básicamente en la mala reputación de APRIL en Indonesia, donde destruyó extensas superficies de selva húmeda y las sustituyó por plantaciones de monocultivo para celulosa. Por otra parte, APRIL generó conflictos de tenencia de la tierra con comunidades locales (ver Boletín 6 del WRM) y entre pobladores y trabajadores de la compañía (ver Boletín 17 del WRM). La nueva situación habrá de permitir a UPM-Kymmene procurar alejarse de esta imagen negativa, y a la vez beneficiarse de comprar celulosa barata a ser utilizada en un proceso más limpio y menos problemático, como lo es la producción de papel. Al mismo tiempo --y de acuerdo con fuentes de la propia empresa-- "la fábrica de papel de Changshu se transformará en una importante plataforma para la estrategia de UPM-Kymmene en Asia. El fuerte incremento del consumo de papel en China y en otros países de Asia genera condiciones favorables para un ulterior desarrollo de la fábrica de Changshu". ¿Será la próxima estrategia la plantación de eucaliptos --con asesoramiento de Jaakko Poyry de Finlandia-- y la producción de celulosa en China? ¿Será esa la razón para el contrato de "seis años y medio" con APRIL? Artículo basado en información obtenida de: "UPM-Kymmene will become a sole owner of Changshu fine paper mill in China" UPM-Kymmene Press Release, 23/8/2000, enviado por: Finnish Nature League, 28/8/2000, correo electrónico: annina@iki.fi India: pueblos indígenas víctimas de la "conservación" en el Parque Nacional Rajive Gandhi En relación con la conservación de las áreas protegidas existen dos visiones encontradas. Una de ellas --originada en los círculos conservacionistas del Norte-- considera que las mismas deben ser mantenidas como escenarios naturales, sin gente. Para hacer esto posible, los pueblos indígenas y otros moradores locales son vistos como una amenaza a ser removida. Desde el punto de vista moderno, la naturaleza es considerada en su coevolución con las culturas humanas. Los pueblos de los bosques constituyen una parte esencial de esa relación y cumplen un papel crucial en la conservación de la biodiversidad de los bosques. La India ha sido y todavía es un típico escenario de este conflicto. En los parques nacionales, santuarios y otros hábitats naturales de ese país son frecuentes los problemas entre funcionarios oficiales y ONGs ocupadas de la conservación de la flora y la fauna por un lado, y pueblos indígenas, comunidades locales y activistas sociales por otro. Si bien hubo una iniciativa desde la sociedad civil a fin de abordar este problema, procurando establecer puentes entre ambas visiones opuestas (ver Boletín 3 del WRM), los pueblos indígenas que históricamente han protegido los bosques siguen siendo víctimas de atropellos y violencia a manos de las autoridades nacionales. Nuevamente se ha dado una situación de este tipo. Tras el brutal desalojo forzado de 51 familias llevado a cabo por personal del Departamento Forestal y la policía en la medianoche del 12 de junio del año pasado, el 23 de julio de 2000 un fuerte contingente del Departamento Forestal llegó a Kolengere, un poblado habitado por un grupo tribal en Nagarhole para desalojar por la fuerza a las 30 familias que allí residían, y llevarles a un nuevo sitio "de rehabilitación" situado en Veeranahosall, en los bordes del Parque Nacional, demoliendo sus viviendas. Los pobladores locales procuraron defenderse del ataque, pero fueron brutalmente reprimidos. Hombres y mujeres fueron golpeados por agentes armados. Algunas personas seriamente heridas fueron internadas en los hospitales de Gonikoppal y Kumara, en tanto otras debieron ser atendidas en el lugar. Algunos medios locales, instigados por el Departamento Forestal, divulgaron la noticia falsa de que los instigadores del incidente habían sido los pobladores locales, con el apoyo de las ONGs CORD, Kushalnagar y DEED, Hunsur. El histórico conflicto entre el Departamento Forestal y las comunidades tradicionales del Parque se intensificó en los últimos años luego de que el Gobierno de Karnataka decidiera implementar en el área el controvertido proyecto de Eco-desarrollo promovido por el Banco Mundial. El plan oficial siguió adelante, incluso violando las directrices operacionales del propio Banco respecto de los pueblos indígenas y tribales, así como sus derechos constitucionales. Los pueblos indígenas afectados han venido sufriendo atropellos en el marco de este proyecto. El panel de inspección del Banco Muncial que visitó la zona del 1ro. al 3 de setiembre de 1998 justificó la oposición de los indígenas. Empero, el gobierno de Karnataka ha preferido cerrar los ojos a la realidad y sigue insistiendo en que no hay tal desalojo forzado, sino que en su accionar cuenta con el pleno consentimiento de las poblaciones implicadas. En India por cierto que existen leyes para salvaguardar la vida de las minorías étnicas, pero las mismas son frecuentemente ignoradas o violadas por los mismos que las confeccionan. Además quienes verdaderamente son víctimas de la violencia oficial son acusados de causar disturbios. ONGs sociales y ambientales indias están reclamando que se realice una investigación de la represión recientemente desatada y que los culpables sean sometidos a juicio. Artículo basado en información suministrada por: Tom Griffiths, 3/8/2000, correo electrónico: tom@fppwrm.gn.apc.org Malasia: bloqueo de los Penán contra madereo en Sarawak Durante años los pueblos de Sarawak han venido luchando en defensa de sus tierras y bosques contra planes de "desarrollo" que incluyen el madereo comercial, plantaciones de palma aceitera, cultivos forestales para celulosa, represas hidroeléctricas, minería y construcción de instalaciones turísticas. Tales actividades, que cuentan con el apoyo de las autoridades nacionales y provinciales, no sólo están destruyendo sus medios de vida sino también --como en el caso del pueblo nómade Penán-- poniendo en peligro su propia existencia como cultura. Hoy en día quedan sólo alrededor de 10.000 Penán en el interior de Sarawak. Así como sucede con otros pueblos Dayak, ellos han sido y siguen siendo víctimas de todo tipo de atropellos --incluyendo violencia física-- por parte de la fuerza policial y de matones al servicio de las empresas madereras. El 11 de agosto ppdo. un grupo de más de cien Penán, conformado por hombres y mujeres provenientes de varios asentamientos de Sungai Apoh/Tutoh en la región de Baram, se reunió en Long Kevok para iniciar una protesta pacífica contra las actividades de madereo en sus tierras y bosques comunitarios. Erigieron una barricada de madera en una ruta de madereo utilizada por las empresas Lajung Lumber (una subsidiaria de Rimbunan Hijau Sdn.Bhd.), Shin Yang y Rawood, a fin de evitar que las mismas continuaran con sus operaciones de corta y transporte de madera en sus territorios tradicionales. Tuvieron que recurrir a esta acción directa dado que, a pesar de la gran cantidad de reclamos realizados, tanto dichas compañías como las más altas autoridades han ignorado sus derechos sobre el territorio y los recursos. Los Penán denunciaron que Rimbunan y Shin Yang invadieron su tierra, arrasando con sus árboles frutales y cementerios. Las empresas también ocuparon sus Reservas Forestales Comunitarias, donde realizaron operaciones de corta, sin hacer ningún tipo de consulta previa a sus legítimos propietarios. El 13 de agosto se hizo presente en el lugar personal de las estaciones de policía de Marudi y Long Lama. Si bien no se realizaron detenciones, se temió que se desatara la violencia contra los pacíficos manifestantes, tal como ha sucedido en otras ocasiones. A finales de agosto el bloqueo fue levantado, dado que los Penán debían regresar a sus respectivas aldeas y asentamientos a fin de completar los trabajos de la estación de plantación de arroz. En caso de no llegarse a una solución entre las partes, los bloqueos podrán ser retomados. Sin embargo, se necesita todavía mucho apoyo a fin de persuadir e influenciar sobre los dirigentes del gobierno para que aborden esta grave y apremiante situación que enfrentan los Penán en relación con su derecho a la tierra y los recursos forestales. Para expresar su apoyo a la lucha de los Penán, por favor diríjase a: http://www.wrm.org.uy/english/tropical_forests/alerts4.html#Penan Artículo basado en información suministrada por: SAM Marudi Office, 16/8/2000; correo electrónico: sammarudi@yahoo.com Filipinas: un nuevo enfoque sobre los bosques en Palawan Palawan es una isla de Filipinas, localizada en la parte occidental del archipiélago y rodeada por el Mar del Sur de China y el Mar de Sulu. Como resultado del proceso democrático iniciado en 1992, el gobierno local en acuerdo con comunidades locales y el sector privado, canceló las concesiones madereras existentes y aprobó una nueva legislación prohibiendo completamente la corta comercial de madera en la isla. Filipinas supo estar densamente cubierta de selva tropical, pero hoy en día queda en pie tan sólo un 3% del área original de bosque. La destrucción y degradación de la selva en ese país ha sido consecuencia del madereo industrial insustentable practicado por empresas privadas --la mayor parte del cual con destino a mercados de exportación-- contando con el apoyo de intereses creados a nivel de los militares y de funcionarios relevantes en los tiempos del ex-dictador Marcos. La prohibición de corta propuesta en noviembre de 1999 nunca fue implementada, dado que el gobierno argüía que ello significaría una disminución de los ingresos del erario público (ver Boletines 27 y 28 del WRM). Teniendo en cuenta estas circunstancias, el caso de Palawan debe ser destacado. En el territorio de Palawan todavía se ven las marcas y las heridas abiertas de los años de la tala comercial, tales como la sedimentación de las lagunas y la muerte de los arrecifes de coral. Aquí ya se ha perdido mucho y en la actualidad grandes tocones marcan el lugar donde alguna vez existió un denso bosque, formado por enormes y viejos árboles. Los loros filipinos, una vez abundantes, hoy raramente se encuentran. Sin embargo, esta isla ha logrado salvarse del colapso ecológico como consecuencia de haber terminado con el madereo antes de llegar a la deforestación total. Ahora el desafío para sus habitantes consiste en encontrar nuevas y sustentables formas de producir y de vivir, con la finalidad de revertir un proceso de destrucción social y ambiental. La creación de puestos de trabajo mediante el ecoturismo es una de las prioridades del gobierno local, basado en un entorno natural espectacular que ahora goza de protección. El manejo de recursos con base local y las actividades de restauración ecológica en bosques y ecosistemas costeros podrían significar también una efectiva diversificación y activación de la economía de la isla. Si estos esfuerzos dan su fruto, Palawan puede convertirse en un ejemplo muy necesario a seguir en la búsqueda de la protección de las selvas remanentes de la Tierra. Artículo basado en información obtenida de: "Philippine island earns rare logging reprieve", Cable News Network, 4/8/2000, enviado por Glen Barry, 5/8/2000, correo electrónico: grbarry@students.wisc.edu Vietnam: ¿Los árboles de quién? Programa de "reforestación" de 5 millones de hectáreas La historia de los programas de plantación de árboles en Vietnam se remonta a 1956. Según un informe de Nguyen Ngoc Lung, Director del Departamento de Desarrollo Forestal de Vietnam, entre 1956 y 1992 fue plantada una superficie superior al millón de hectáreas. Sin embargo, los índices de sobrevivencia fueron pobres y la mayor parte de la madera producida fue exportada bajo forma de astillas a Japón o Taiwan. Aún así, el gobierno vietnamita se propone incrementar el área de plantaciones en el país. En 1992 las autoridades introdujeron el Programa 327, con el objetivo de "reverdecer las colinas desnudas". La agencia noticiosa estatal Vietnam News Agency informa que entre 1988 y1994 se plantaron 115.000 hectáreas al año, cifra que aumentó a 193.000 hectáreas anuales entre 1995 y 1998. Los costos para el estado fueron elevados. Hacia 1998 el Programa 327 le había costado al gobierno alrededor de U$S 273 millones. Tres años antes, el gobierno vietnamita había intentado sin éxito obtener financiamiento del Banco Mundial para dicho programa. En 1998 el Banco Mundial contrata a la consultora forestal Fortech para "describir, analizar y evaluar" el programa. La consultoría de Fortech señaló que durante la implementación del programa la superficie de bosques naturales en Vietnam había seguido descendiendo, y que los programas de plantación de especies de rápido crecimiento habían fallado completamente. Entre los problemas mencionados por el trabajo se encuentran: un enfoque burocrático verticalista, la asignación de tierras sin el involucramiento de la población local, prácticas silviculturales pobres, imposición del proyecto a los hogares pobres sin tener en cuenta sus aportes y el hecho que Vietnam tiene poca superficie disponible para plantaciones forestales a gran escala. Tal vez fue a causa de su fracaso en lograr fondos del Banco Mundial que el gobierno propuso un nuevo programa, aún más ambicioso, para reemplazar el referido 327: el Programa de Reforestación de 5 millones de hectáreas (ver Boletín 14 del WRM). El objetivo de este nuevo programa es aumentar el área "boscosa" del país a 14 millones de hectáreas para el año 2010. El área meta --5 millones de hectáreas-- se originó a partir de una cartografía francesa de 1943, la que indica que en ese entonces el 43% de Vietnam se encontraba cubierto de bosque. Ello equivale a 5 millones de hectáreas más que las cifras oficiales de mediados de 1990, cuando por primera vez se empezó a hablar del programa. El costo estimado del programa es de unos U$S 2.500 millones, de los que U$S 1.500 millones provendrán de agencias internacionales de ayuda. Del total de cinco millones de hectáreas el gobierno planea destinar un millón a plantaciones para celulosa. Seis meses después de que el gobierno aprobara el proyecto en la Décima Asamblea Nacional, agencias bilaterales de ayuda decidieron brindar su apoyo al programa durante el encuentro del Grupo Consultivo (presidido por el Banco Mundial) realizado en diciembre de 1998 en París. Un año más tarde, el 10 de diciembre de 1999, se firmó un memorandum de acuerdo entre Le Huy Ngo, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y 15 representantes de agencias internacionales de ayuda. Posteriormente se estableció un "Comité Ejecutivo de Coparticipación" formado por representantes del gobierno de Vietnam y de dichas agencias. Al mismo tiempo se crearon tres Grupos de Trabajo, con la finalidad de investigar algunos aspectos como política forestal, instituciones, inversiones en el sector forestal, necesidad de ayuda y estrategia de financiamiento. Aparentemente los impactos de las plantaciones a gran escala sobre la gente y el ambiente no formarán parte de la agenda de los Grupos de Trabajo. La Agencia Sueca Internacional para el Desarrollo (SIDA) es una de las agencias implicadas en las negociaciones con el gobierno acerca de este Programa. Rolf Samuelsson, Primer Secretario de la Embajada sueca en Hanoi describió de este modo la actitud de SIDA respecto del proyecto: "Pensamos que tal vez sea un tipo de plan típicamente verticalista en materia de programa, agenda política y demás. Pero como Suecia está decididamente promoviendo enfoques basados en la coparticipación y en programas sectoriales amplios, pensamos que este programa, pese a todas sus limitantes, constituye un buen punto de partida para el diálogo con el gobierno en la temática forestal". SIDA ha solicitado que el Centro para la Investigación Internacional Forestal (CIFOR), con sede en Indonesia, sea involucrado en el proceso de negociación, aduciendo que Hanoi carece de "la masa crítica de expertos que puedan ayudar al Ministerio en la elaboración de esos documentos" según palabras de Samuelsson. Otras agencias involucradas en el "Comité Ejecutivo de Coparticipación" incluyen a Holanda, Alemania, el PNUD y el Banco Mundial. Algunos de ellos ya están financiando o planificando otros proyectos de reforestación en Vietnam. Por ejemplo, el Banco Mundial publicita en su "Monthly Operational Summary" (Resumen Mensual de Operaciones) de mayo del 2000 un proyecto de U$S 75 millones denominado "Forestación de las Colinas Desnudas". Hay pocos detalles disponibles sobre el mismo, pese a que el Banco ha tenido este proyecto en su listado durante varios meses. En marzo de 1997, el Banco de Desarrollo Asiático aprobó un préstamo sin intereses por U$S 33 millones para un Proyecto para el Sector Forestal de cinco años de duración, que incluye la reforestación de áreas montañosas en cuatro provincias. Parte de este proyecto consiste en la plantación de 12.000 hectáreas con especies de rápido crecimiento. La consultora que actúa en el mismo es GFA (Gesellschaft fur Agrarprojekte mbH), una firma alemana con sede en Hamburgo. Mientras las agencias de ayuda y el gobierno vietnamita discuten acerca del futuro financiamiento de proyectos, éste ya ha empezado a plantar. En 1999 se instalaron 206.000 hectáreas de "bosques" sobre un total de 310.000 planeadas. Más de 5.000 hectáreas fueron instaladas mediante siembra aérea de semillas en la provincia de Lai Chau, en el noroeste del país. La meta para este año es de 403.000 hectáreas, para lo que se ha destinado un presupuesto de aproximadamente U$S 25 millones. La lógica subyacente parece ser simplemente que los árboles son buenos. Parece haber poco análisis sobre para quiénes y para qué son los árboles. Una posibilidad es la industria de la celulosa y el papel. Sin embargo, en agosto de 1999 Vietnam News informó que la Corporación Nacional del Papel de Vietnam tenía 18.000 toneladas de papel almacenadas, como consecuencia del bajo consumo. El año pasado, la Corporación fue la que registró los mayores índices de pérdida del país, con nueve de sus compañías en déficit. Un año antes, los proveedores de madera de Vietnam se vieron forzados a almacenar su producto porque el volumen excedía la demanda a nivel nacional (ver Boletín 15 del WRM). En diciembre de 1999 el diario Nhan Dan, con sede en Hanoi, informó que los campesinos estaban vendiendo su producción como leña en los mercados locales en lugar de hacerlo a la industria de la celulosa y el papel, debido a la falta de transporte y al "bajo valor económico de estos árboles". Si bien estos ejemplos no brindan un panorama acabado de la situación, indican claramente que la instalación de un millón de hectáreas de plantaciones adicionales para el suministro de la industria de la celulosa no necesariamente habrá de beneficiar ni a la propia industria de la celulosa y el papel ni a los campesinos en cuyas tierras se plantarán los árboles. Las ambiciosas metas de plantación y el negocio de atraer fondos pueden poner en peligro el potencial de crecimiento del área de bosque nativo y del aumento del bienestar de la población rural, por ejemplo mediante el manejo comunitario de bosques. Vietnam News Agency informó que a principios de este año el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural había señalado que la superficie a ser plantada podría ser reducida a tres millones de hectáreas "para estar de acuerdo con el área disponible para la forestación y con el plan de desarrollo nacional". Tal vez esto sirva para generar el espacio --tanto político como geográfico-- necesario para lograr el involucramiento de las comunidades en el manejo de sus bosques, pasturas, tierras agrícolas y campos de barbecho. Por Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de Para un análisis más detallado de las plantaciones en Vietnam, consultar del mismo autor: "Globalization of the pulp and paper industry" (en inglés), disponible en: http://www.wrm.org.uy/english/plantations/material/Vietnam/vietindex.htm OCEANIA Fiji: plantación de caoba es detonante de golpe de estado Es un hecho conocido que los monocultivos forestales a gran escala provocan un gran número de impactos sociales y ambientales. Sin embargo, nunca habíamos oído hablar de una situación como la de Fiji, donde las plantaciones generaron tensiones sociales y económicas de tal magnitud que condujeron eventualmente a un golpe de estado. Las raíces del conflicto pueden rastrearse a los años 1950 y 1960, cuando la anterior administración colonial británica decidió implementar dos proyectos de plantación a gran escala, uno basado en pinos y el otro en caoba hondureña. La tierra a ser ocupada por las mismas fue arrendada a sus dueños fijianos a un precio nominal anual de unos 10 centavos de dólar por hectárea. Muchos de estos contratos permitían a los propietarios de tierras compartir los beneficios resultantes de la cosecha. La plantación de pinos fue cortada en los años 80 --la década posterior a la salida de los británicos-- por la empresa estatal Fiji Pine creada con ese objetivo. La mayoría de las trozas fue convertida en astillas y exportada a bajo precio. Los dueños de la tierra no ganaron nada. En el año 2000, cuando la plantación de caoba estaba lista para ser cosechada, aparecieron en el escenario una serie de distintos actores. Un grupo de terratenientes fijianos, descontentos con los resultados de la plantación de pinos, había contactado en 1966 a Marshal Pettit, hombre de negocios estadounidense, y lo convenció de involucrarse en la cosecha de las plantaciones de caoba. No obstante, Pettit desconocía completamente el hecho de que la cuestión no era un típico trato de negocios, sino que comprendía derechos territoriales, política local, conflictos étnicos, a una empresa británica y a la política internacional de Fiji. El hombre de negocios estadounidense, en asociación con el nuevo presidente de Fiji Pine --George Speight-- parecía estar a punto de tener éxito en la puja por la cosecha de la plantación, cuando el partido que respaldaba a Speight perdió una elección parlamentaria. Como consecuencia, éste perdió su cargo de presidente y el nuevo gobierno otorgó el contrato a la empresa británica Commonwealth Corporation, a pesar de que la cifra de U$S 65 millones ofrecida por ésta era por lejos inferior a la de U$S 210 millones que estaba dispuesta a pagar la compañía de Pettit, Timber Resources Management. La razón para esta aparentemente absurda decisión fue que el nuevo Primer Ministro --el primero de origen étnico indio en ocupar el cargo después de 13 años-- necesitaba el respaldo del Reino Unido en la Unión Europea para lograr apoyo a la exportación de azúcar, que es la principal industria de Fiji y está dominada por representantes de la etnia india. La decisión ocasionó masivas manifestaciones organizadas por los propietarios de tierras, que fueron alentadas por Pettit y Speight. En mayo de este año, una manifestación en que participaron unas 20.000 personas derivó en disturbios callejeros y en la destrucción de negocios pertenecientes a personas de origen étnico indio. Al mismo tiempo, Speight ocupaba el Parlamento con el apoyo de grupos paramilitares, tras lo cual mantuvo cautivo al Primer Ministro y a su gabinete durante dos meses. En julio el ejército lo detuvo y ahora está esperando ser sometido a juicio. ¿Cuál fue entonces el saldo de toda esta cuestión generada por una plantación? Una empresa británica recibirá la mayor parte de los beneficios. Por otra parte, la división étnica en el pueblo fijiano será mayor que antes, los dueños de la tierra poco recibirán por los árboles plantados en sus propiedades, el sistema democrático del país habrá salido debilitado y la economía nacional no ganará prácticamente nada. Artículo basado en información obtenida de: "Fiji's rich resources became political prize. Plan for timber harvest led to ethnic unrest", por Joseph Kahn, New York Times Service. International Herald Tribune, September 15, 2000 Hawaii: ¿Son los eucaliptos el único cultivo posible en Hamakua? La ONG Amigos de Hamakua está muy preocupada por un proyecto de construcción de una planta de fabricación de madera compensada, así como por el Plan de Manejo Forestal Estatal de Hamakua, que implicaría la corta de 2.160 hectáreas de viejas plantaciones de especies exóticas. Existen varias razones para tal preocupación. En primer lugar, deberán abrirse caminos de acceso a todas las áreas forestadas. Una vez que la cosecha comience, se prohibirá el acceso del público a las rutas por razones de seguridad. A su vez, cuando se haya instalado la caminería se facilitará el acceso a las escasas superficies remanentes de bosque nativo, que, según el Plan, podrían ser cortadas en caso de ser necesario. Durante una reunión de carácter público que tuvo lugar en Laupahoehoe, a la que concurrieron casi un centenar de residentes que se oponen radicalmente a dicho plan, los representantes del gobierno dijeron que las viejas plantaciones de eucalipto tienen un valor de U$S 6 millones. No obstante, en varios estados ya se ha comprobado que el costo de planificar, construir infraestructuras, cosechar y el ocasionado por pérdida de bosques primarios excede ampliamente el monto de los posibles ingresos. La mayor parte de los costos de la nueva industria --tales como la prevención de incendios, la disminución de los impuestos a la propiedad, la infraestructura y posibles futuros subsidios-- será absorbida por los contribuyentes. ¿Por qué piensa el estado de Hawaii que puede hacer ganancias si esta industria sobrevive en otros lugares exclusivamente en base a subsidios? Los planes en curso incluyen la plantación de 57.000 hectáreas adicionales, en su mayor parte con eucalipto (46.000 hectáreas) y sólo 11.000 hectáreas con especies nativas. Frente a esto, Amigos de Hamakua responde: "¡Ya estamos hartos con las 8.000 hectáreas de plantaciones existentes! ¿Realmente queremos dedicar más tierra a este cultivo? No puede ser cierto que la única solución para las tierras no irrigadas donde antes se plantó caña de azúcar sean los eucaliptos. Dado que aquí llueve, debe haber muchos otros cultivos y árboles de más valor capaces de beneficiar al suelo y a la gente. Muchos de nosotros recordamos a Capitol Wood Chips y todo lo que sucedió con ella. Imaginemos un madereo y una fabricación de astillas todavía diez veces mayor a lo largo de todo Hamakua". Amigos de Hamakua manifiesta que habrá de apoyar una industria forestal que promueva metas a largo plazo para el procesamiento de madera dura de mayor valor, a ser manejada en forma selectiva, incorporando prácticas sustentables, para que sus hijos puedan prosperar. Pero no las rotaciones cortas de 4 a 7 años que proponen los planes de Prutimber. Habrán de apoyar una industria forestal que no esparza cantidad de herbicidas sobre sus vecinos, que trate con justicia a los contratistas locales, cuya palabra sea confiable, y que invierta de inmediato en infraestructura adecuada para el combate de incendios. Manifiesta asimismo estar abierta a considerar un Plan Forestal Estatal que considere individualmente cada parcela, sin la amenaza de una sola gran planta procesadora que quiera cosechar la totalidad de los árboles. Teniendo en cuenta que el objetivo del Plan de Manejo Forestal Estatal de Hamakua es suministrar materia prima a la planta de compensado, Amigos de Hamakua reclama que se realice un estudio del impacto ambiental del monocultivo de eucalipto y de la propia planta, antes de que se destine más tierra a la plantación o a la cosecha. Solicitaron que fuera el Consejo del Condado quien realice dicho estudio, pero su Presidente les respondió con los mismos argumentos de la industria forestal y sus aliados. En vista de ello, la organización está haciendo circular una petición para que se realice ese estudio antes de dar un paso más. "¿Cómo podemos apoyar --se preguntan-- a una industria que habrá de ocupar tanto de nuestra tierra, que cambiará nuestra forma de vida y que afectará el valor de nuestras propiedades y de nuestros negocios?" Artículo basado en información suministrada por: Linda Lyerly, Friends of Hamakua, correo electrónico: lindal@interpac.net LOS ARCHIVOS BASURERO DE CARBONO La palabra de los pueblos indígenas en Lyon Las siguientes son expresiones de representantes de los pueblos indígenas en Lyon, quienes --en marcado contraste con los delegados gubernamentales-- abordan las verdaderas cuestiones en juego, en el marco de un proceso de negociaciones sobre cambio climático que hasta ahora ha ignorado a los pueblos indígenas (El Foro de Pueblos Indígenas y comunidades locales sobre el Cambio Climático también emitió una declaración en Lyon, cuyo texto está disponible en: http://www.wrm.org.uy/castellano/IPlyon.htm ): "Las propuestas de los países desarrollados para seguir contaminando la atmósfera mediante la plantación de más árboles hace de las negociaciones sobre el cambio climático una farsa" dijo Héctor Huertas, líder indígena de Panamá. Clark Peteru, de Samoa, advirtió que: "No sólo los pueblos indígenas de los pequeños estados isleños están en peligro de perder sus tierras si aumenta el nivel del mar, sino que todos los pueblos indígenas del mundo --en especial los que habitan los bosques-- corren el riesgo de perder sus tierras y medios de vida frente a las propuestas de plantar miles de hectáreas de árboles para que actúen como gigantescas esponjas de carbono. Los bosques primarios serán talados para liberar espacio para plantaciones de especies de más rápido crecimiento, y las tierras agrícolas serán convertidas en plantaciones forestales". "La propuesta huele muy mal. Da la impresión de que se está haciendo algo, cuando en realidad el saldo neto es que se están empeorando los problemas. Permite que los países industrializados sigan contaminando la atmósfera y el costo social lo pagan las poblaciones marginalizadas" explicó Raymond de Chávez, de Filipinas. "Además, se establece un mercado de emisiones de carbono que tan sólo beneficiará a los países desarrollados. Estos obtendrán ganancias, incluso mientras algunos países desaparecen bajo las aguas o poblaciones enteras pierden sus tierras. ¡Es algo obsceno!" concluyó Chávez. "Lo que se necesita es un cambio fundamental en la filosofía de nuestra relación con la tierra. Sólo entonces los países desarrollados se tomarán las cosas en serio y cumplirán sus compromisos --ya de por si demasiado limitados-- de reducción de emisiones, en lugar de tocar el violín mientras que la Tierra arde", manifestó Antonio Jacanamijoy de Colombia. Artículo basado en información obtenida de: 'Indigenous Strive to Influence Global Climate Talks', por Jaya Ramachandran, IPS, September 13, 2000 Compensando emisiones con sumideros de carbono: una receta para el fraude En el Boletín 35 del WRM expusimos el conflicto de intereses existente a nivel de algunos de los expertos que en junio ppdo. produjeron el informe especial del IPCC sobre uso del suelo, cambio en el uso del suelo y forestación ("Algo huele mal en los sumideros" - http://www.wrm.org.uy/castellano/bulletin/bull%2035.htm#sumideros ), a raíz de su directa vinculación con empresas que habrán de beneficiarse con la inclusión de los sumideros en el Protocolo de Kioto. Uno de los expertos mencionados --Richard Tipper-- responde en el último número de la revista Multinational Monitor que "uno podría decir que todos los científicos tienen intereses creados cuando participan en un panel de este tipo, ya que están interesados en su ascenso profesional o en obtener dinero para investigación". Y agrega: "Si no se está de acuerdo con alguien, entonces se debería ser capaz de presentar un argumento coherente y no hablar pestes de la gente". Creeemos que la mayoría de los científicos no estaría de acuerdo con el punto de vista del Sr. Tipper acerca de la participación en el panel de expertos. Pensamos también que quienes tienen intereses creados no deberían aceptar formar parte de ese tipo de paneles, cuyas conclusiones pueden beneficiarles económicamente. Tampoco deberían ser invitados a participar en los mismos. En relación con la referencia que hace el Sr. Tipper sobre "hablar pestes de la gente", es importante recordar que durante más de un año el Movimiento Mundial por los Bosques ha estado divulgando no uno sino una serie de "argumentos coherentes" contra las plantaciones como sumideros de carbono, lo que el Sr. Tipper parece desconocer (ver todo el material relevante publicado por el WRM en nuestro sitio web: http://www.wrm.org.uy/castellano/clima.htm ). Tal vez él piense que nuestros argumentos no son lo suficientemente "científicos" como para ser tomados en cuenta. Sin embargo, le resultará difícil decir lo mismo acerca de los científicos del International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), con sede en Laxenburg, Austria. El IIASA realizó un detallado estudio de la biósfera en Rusia, donde se encuentra alrededor de la quinta parte de los bosques del mundo. El informe completo, anunciado el 25 de agosto ppdo. con el sugestivo título de "¿Es practicable el Protocolo de Kioto?" cuestiona la idea de utilizar sumideros de carbono como forma de "compensar" las emisiones de CO2. Anatoly Shvidenko, uno de los científicos participantes en el estudio, señaló que según lo establecido en el Protocolo de Kioto, Rusia podría solicitar créditos por mejorar la capacidad de su biósfera de absorber carbono, pero que las incertidumbres en los cálculos de esos créditos son enormes y "exceden grandemente los probables cambios a nivel de las emisiones industriales". En lenguaje corriente, esto significa que la inclusión de los árboles en el Protocolo de Kioto es una receta para la confusión y el fraude. Sten Nilsson, también investigador del IIASA, concluyó que "las incertidumbres científicas de medir los movimientos del carbono hacia y desde los ecosistemas son sencillamente demasiado grandes" y que "al abrir la totalidad de la biósfera a acciones amparadas por el Protocolo de Kioto, los gobiernos han hecho que esas estimaciones sean inverificables". Michel Obersteiner del IIASA resumió la cuestión diciendo que el Protocolo es "realmente una receta para el fraude". Consultado acerca del informe del IIASA, un analista estadounidense del Protocolo de Kioto, David Victor, quien trabaja en el Consejo sobre Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations), con sede en New York, coincidió con sus conclusiones. "Su análisis es básicamente correcto. Es en esencia imposible verificar el cumplimiento de los compromisos si entre las metas se incluye a los bosques", afirmó Victor. Tras analizar el informe del IIASA y otra información y puntos de vista relevantes, el periodista Fred Pearce de "New Scientist" llega a la conclusión de que "el mensaje del IIASA parece claro. La ciencia no está todavía en condiciones de supervisar un sistema de metas referidas a los gases de efecto invernadero incluyendo la biósfera. Hasta que ello sea posible, la única viabilidad del Protocolo de Kioto está en reducir drásticamente el consumo mundial de combustibles fósiles". Con lo que concordamos totalmente. Artículo basado en información obtenida de la página web del IIASA: http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-00-021.pdf (El reciente informe está respaldado por otros análisis del IIASA que se remontan a dos años atrás, disponibles en los siguientes sitios: http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-99-025.pdf http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-99-062.pdf http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-00-043.pdf http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-98-028.pdf y http://www.iiasa.ac.at/admin/pub/documents/ir-00-010.pdf Para una explicación de los resultados científicos del informe, ver Fred Pearce, "Smokescreen Exposed", New Scientist magazine, 26 August 2000, vol 167, issue 2253. Se recomienda consultar también: Larry Lohmann ,"Is Tree Planting a Practicable Way of Meeting Kioto Targets?", Multinational Monitor (de próxima edición). Tanzania: otro caso de CO2lonialismo noruego Un proyecto implementado en Uganda por la compañía noruega Tree Farms para el establecimiento de entre 80.000 y 100.000 hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto como sumideros de carbono ha sido severamente cuestionado por sus negativas consecuencias desde el punto de vista social y ambiental. El proyecto fue definido como negativo en todos los órdenes, dado que es dudoso que la compañía obtenga ganancias, las comunidades locales pierden sus tierras y trabajan por salarios miserables, al tiempo que Uganda pierde su soberanía en relación con el manejo del territorio y de los recursos naturales (ver Boletín 35 del WRM). Un informe publicado en julio de 2000 ("Carbon Upset. Norwegian "Carbon Plantations" in Tanzania" por Jorn Stave, NorWatch) analiza otro proyecto administrado por Tree Farms. Hasta ahora Escarpment Forestry company Ltd., subsidiaria de Tree Farms, ha plantado 1.900 hectáreas de Pinus patula y Eucalyptus saligna en los distritos de Sao Hill, Mufindi y Kilombero en las tierras altas de Tanzania. La empresa se encuentra en un proceso de adquisición de más tierras. Además está financiando las actividades de TAGGAT (Tanzania Greenhouse Gas Action Trust), una fundación que trabaja con ella en el desarrollo de modelos de simulación para la fijación de carbono en la biomasa de los árboles. Si bien este proyecto difiere en varios aspectos del implementado por la misma compañía en Uganda, la investigación concluye que se trata de un nuevo caso de "CO2lonialismo" que está provocando impactos negativos sobre el ambiente, las comunidades locales y Tanzania como país. La biodiversidad a nivel local --que incluye dos especies de orquídeas y una de aloe en peligro de extinción-- será afectada por los monocultivos forestales. Asimismo, no se sabe a ciencia cierta que ha de suceder con el carbono contenido en los suelos y en las raíces de la vegetación natural una vez que se hayan instalado las plantaciones. Si bien Tree Farms realizó consultas con los pobladores locales antes del comienzo de los trabajos, viene utilizando la fuerza de trabajo que ellos proveen pagándoles salarios bien inferiores al salario mínimo recomendado oficialmente. Lo que es más, hay todavía más de cien trabajadores con varios meses de sueldos atrasados. La suma que la empresa está pagando al gobierno de Tanzania por concepto de arrendamiento de la tierra (U$S 1,9/ha/año) es menor que lo que paga el proyecto de Tree Farms en Uganda. No obstante los noruegos están presionando a las autoridades para reducir este precio en un 50%. Al mismo tiempo Tanzania perderá el control de las tierras arrendadas por un período de 99 años. Las actividades de Tree Farms en Tanzania pueden ser consideradas como aún peores que las desarrolladas en Uganda, ya que en este caso la compañía espera amasar enormes ganancias aprovechándose del muy bajo poder de negociación de las comunidades locales y del escaso desarrollo institucional del estado de Tanzania. En tanto el "mercado del carbono" implica un absurdo comercio entre agentes con muy diferente cuota de poder, no es sorprendente que el más fuerte y rico gane, mientras que el más débil y pobre pierda. Definitivamente los sumideros de carbono no constituyen una solución para el cambio climático, sino un problema adicional, tanto a nivel global como local. Artículo basado en información obtenida de: "Carbon Upsets. Norwegian 'Carbon Plantations' in Tanzania" por Jorn Stave, NorWatch, July 2000; correo electrónico: norwatch@fivh.no Brasil: ¡Por favor, tiren aquí su basura de carbono! |
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