La cría industrial de camarón constituye una causa directa de la deforestación de los manglares en la zona tropical. En Ecuador, el nivel de destrucción provocado por el boom camaronero de los ‘70 a mediados de los ‘80, sigue sin disminuir, pese a que en 1995 se aprobó una ley para la protección de los manglares. Hoy en día hay en ese país 207.000 hectáreas de piscinas de producción de camarón, que han afectado gran parte de la superficie de manglares originalmente existentes y a prácticamente todos los estuarios de la costa del Pacífico. Las economías locales han quedado desarticuladas. Los sucesivos gobiernos han venido apoyando esta destructiva actividad --promocionada como la "Revolución Azul"-- otorgando concesiones para el uso del suelo,  construyendo infraestructura para permitir el transporte de los productos,  ofreciendo subsidios, etc. La Ley "Troley", aprobada en agosto del año pasado, estableció que los actuales beneficiarios de concesiones en manglares y playas donde se han construído piscinas pueden convertirse en propietarios de la tierra. Ello significaba la completa pérdida de soberanía del estado ecuatoriano sobre un recurso tan valioso como éste. En el mes de noviembre, por presión de las comunidades de base, de las organizaciones sociales y ambientalistas esta Ley fue llevada al Tribunal Constitucional y en el mes de Diciembre, 22 artículos de esta ley fueron eliminados por considerarlos inconstitucionales. El artículo 164 fue declarado inconstitucional y por lo tanto removido de la ley.

Recientemente miembros de una asociación local de cangrejeros han denunciado un nuevo caso de destrucción, esta vez en la Parroquia Naranjal, ubicada en la Provincia de Guayas, al este del país. En una localidad denominada Granja del Mar, cerca del río San Pablo, se están cortando los manglares para construir piscinas camaroneras.

Ello está sucediendo a pesar del hecho de que en julio de 2000 la Asociación de Cangrejeros "6 de Julio" recibió por parte del Ministerio de Medio Ambiente una concesión para el uso de 1.666 hectáreas de manglar. Grande fue su sorpresa al comprobar que su concesión --obtenida en forma legal-- estaba siendo invadida por personas presumiblemente vinculadas a la industria camaronera, quienes ya han destruído 70 hectáreas de manglar con la finalidad de instalar infraestructura para dicha producción. Los habitantes de la zona han solicitado la intervención de las autoridades ambientales y de la Oficina Forestal de Guayas, pero hasta ahora nadie ha tomado cartas en el asunto. Entretanto la destrucción continúa.

La Coordinadora Nacional Ecuatoriana para la Defensa de los Manglares --agrupa a las comunidades organizadas de usuarios ancestrales del manglar de la costa ecuatoriana, algunas ONGs que trabajan en el área y personas solidarias con la defensa, conservación y recuperación de este ecosistema.-- está solicitando la solidaridad internacional para defender este valioso ecossitema, que constituye también la fuente de vida para una comunidad local. L@s interesad@s en expresar su apoyo por favor comunicarse con: 
FUNDECOL ( fundecol@ecuanex.net.ec )